Sentencia CP-541-19 — Registro 19378
Resumen
En primera instancia el Tribunal de Sentencia condenó al acusado por el delito de asesinato, resolviendo la Sala de lo Penal No Ha Lugar el recurso de casación y la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para fundamentar su impugnación, reclama el impetrante por la vía extraordinaria del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sin embargo señala como norma supuestamente infringida la falta de aplicación del artículo 338 regla cuarta del Código Procesal Penal, el peticionario se fundamenta en los aspectos adjetivos de cómo ser elaborada o redactada la sentencia, del análisis de la exposición del motivo de casación se observa confusión y falta de claridad en el planteamiento del censor, su argumento se pierde en meros alegatos confusos de instancia, alejándose de una correcta técnica recursiva, agregando además elementos de debido proceso y aspectos de prejuzgamiento, los argumentos utilizados por el casacionista no corresponden al motivo invocado, la exposición del recurrente en este motivo de casación debe recaer únicamente en el cuadro fáctico, considerando que esta vía de impugnación se puede interponer, cuando se considera que la decisión del juzgador es incompatible con los hechos probados, se debe fundamentar en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo, es decir en cómo esa norma penal que se considera violentada, o que no es armónica con los hechos probados, pero erróneamente el impetrante en sus argumentos desarrolla normas de procedimentales de cómo debe elaborarse la sentencia, sin hacer su reclamo fundándose en la norma penal que considera vulnerada. Al tratarse de un recurso de casación por infracción de ley, los argumentos del censor deben basarse únicamente en cómo la fundamentación fáctica de la sentencia es armónica o no con la norma penal utilizada por el Juzgador, en el presente caso el censor establece la falta de aplicación del artículo 338 regla cuarta del Código Procesal Penal, faltando así a la correcta técnica necesaria para plantear adecuadamente su recurso de casación por infracción de ley, razones suficientes para desestimar el presente motivo del recurso de casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Como ya se ha señalado en el anterior motivo en lo relativo a la debida técnica recursiva, nuevamente analiza esta Sala de lo Penal que el impetrante no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para fundamentar su impugnación, reclama el impetrante por la vía extraordinaria del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, indican como concepto de la infracción no haber considerado prueba de valor decisivo combinándolo con la no aplicación de las reglas de la sana critica como lo son la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia, señala como violentados los numerales 1, 2, 3, 4 del artículo 362, en el caso actual y concreto, la Sala de lo Penal identifica diáfanamente que el recurrente se aparta totalmente de la debida técnica recursiva al desarrollar un escrito que no obedece a ningún tipo de recurso, ni al mismo quebrantamiento de forma. Sus argumentos ni siquiera deambulan entre un tipo de recurso u otro, sino que se limitan a meras apreciaciones subjetivas que son propios alegatos de instancia para sostener lo espurio de la prueba, reclamar lo errado del Tribunal de Sentencia en su fallo y que se reconozca por esta Sala de lo Penal la inocencia de su representado. En este sentido, esta Sala de Casación observa que el escrito del recurso de casación es una mezcla de inconformidades con el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional, en el cual lastimosamente el impetrante no logra fijar la competencia de esta Sala de lo Penal que permita la elaboración de un pronunciamiento de fondo sobre el sin número de las causales que argumenta estas obedecen a reflexiones propias de su pensamiento La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i.- identificación del razonamiento judicial vicioso; ii.- la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii.- exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv.- la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal.- Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Desafortunadamente el recurrente, no es ordenado en el planteamiento, se da la tarea de exponer lo que considera, limitándose a increpar que los jueces de sentencia no advirtieron éstas en su valoración, el impetrante no procuró reprender en que consistían las faltas de aplicación de reglas de la sana crítica en la sentencia. El recurso del censor contiene un análisis probatorio propio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente fueron falencias en la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, fundamentado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 117 numeral 1 y 2 para el delito de asesinato señala una pena de 20 a 30 años de reclusión, ha dictado una sentencia condenatoria para Edwin Ernesto David Guity, por el delito de tres Asesinatos, en perjuicio de Denis Orlando Evereth, Julio Cesar Alemán Banegas, y Manuel Armando Amaya Andino, imponiendo una pena de 30 años de reclusión por cada uno, haciendo un total de 90 años de reclusión; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 193 párrafo segundo tiene regulado el delito de Asesinato cuando concurra el precio o recompensa que es el caso que nos ocupa, cuya pena es de 25 a 30 años de prisión, el acumulado resultaría de 75 a 90 años. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado mediante el decreto 144-83 al ser en un acumulado de 90 años se encuentra dentro del margen abstracto de la pena establecida conforme al decreto 130-2017 Además, debe considerarse que, conforme al límite objetivo extraordinario, el Código Penal decreto 144-83 contiene un límite de penas acumuladas de 30 años y en el caso de la nueva legislación penal (Decreto 130-2017) las penas acumuladas son de 40 años, por tanto, bajo ninguna perspectiva le beneficia al ahora acusado la aplicación de la nueva legislación penal. conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues no le acarrea ningún beneficio.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, fundamentado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 117 numeral 1 y 2 para el delito de asesinato señala una pena de 20 a 30 años de reclusión, ha dictado una sentencia condenatoria para Edwin Ernesto David Guity, por el delito de tres Asesinatos, en perjuicio de Denis Orlando Evereth, Julio Cesar Alemán Banegas, y Manuel Armando Amaya Andino, imponiendo una pena de 30 años de reclusión por cada uno, haciendo un total de 90 años de reclusión; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 193 párrafo segundo tiene regulado el delito de Asesinato cuando concurra el precio o recompensa que es el caso que nos ocupa, cuya pena es de 25 a 30 años de prisión, el acumulado resultaría de 75 a 90 años. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado mediante el decreto 144-83 al ser en un acumulado de 90 años se encuentra dentro del margen abstracto de la pena establecida conforme al decreto 130-2017 Además, debe considerarse que, conforme al límite objetivo extraordinario, el Código Penal decreto 144-83 contiene un límite de penas acumuladas de 30 años y en el caso de la nueva legislación penal (Decreto 130-2017) las penas acumuladas son de 40 años, por tanto, bajo ninguna perspectiva le beneficia al ahora acusado la aplicación de la nueva legislación penal. conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues no le acarrea ningún beneficio.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-541-2019, que literalmente dice:” SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de abril del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-541-2019 por Infracción de Ley, y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de noviembre del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Edwin Ernesto David Guity, por el delito de Asesinato en perjuicio de Denis Orlando Evereth, a la pena de treinta años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Edwin Ernesto David Guity, por el delito de Asesinato en perjuicio de Julio Cesar Alemán Banegas, a la pena de treinta años de reclusión. TERCERO: Condenó al señor Edwin Ernesto David Guity, por el delito de Asesinato en perjuicio de Manuel Armando Amaya Andino, a la pena de treinta años de reclusión. Haciendo un total de noventa años de reclusión.; Asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción civil, por el tiempo que dure la condena. CUARTO: Absolvió al señor Josè Lino Colón Escoto del delito de Asesinato en perjuicio del señor Denis Orlando Evereth. QUINTO: Declaró al condenado Edwin Ernesto David Guity civilmente responsable. SEXTO: No Procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: El Abogado José Manfredo Ruiz Alvarado, en su condición de Defensor Privado del señor Edwin Ernesto David Guity, como parte recurrente; y El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha 29 de diciembre del año 2016, aproximadamente a las ocho con treinta minutos de la mañana, se realizó en lugar denominado Colonia Casa Blanca el levantamiento del cadáver de una persona que fue identificada como DENIS ORLANDO EVERETH, quien recibió múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo producidas por arma de fuego; hecho cometido por personas desconocidas; muerte que fue coordinada por el señor EDWIN ERNESTO DAVID WUITY. SEGUNDO: En fecha 7 de enero del año 2017, re realizó el levantamiento cadavérico del señor JULIO CESAR ALEMÁN BANEGAS, a quien se le estaba dando seguimiento y vigilancia por varios sujetos siendo coordinadas dichas vigilancias por el imputado EDWIN ERNESTO DAVID GUITY a fin de ejecutar la muerte del señor Alemán, siendo confirmada posteriormente la muerte del ofendido. TERCERO: En fecha 20 de enero del año 2017 a eso de las cuatro con veintisiete minutos de la tarde, en la avenida 14 de Julio frente a Bodega la Norteña, se efectuó el levantamiento del señor MANUEL ARMANDO AMAYA ANDINO, quien falleció a consecuencia de múltiples disparos en diferentes partes del cuerpo, con las investigaciones se determinó que la persona que organizó, coordinó y tiene dominio del hecho es el señor EDWIN ERNESTO DAVID GUITY, quien instruye a una tercera persona para ejecutar la muerte del ofendido, y luego se le reporta la muerte de la víctima. CUARTO: Mediante autorización del Juzgado de Garantías Penal en los expedientes números 915-2016 y 953-2016, bajo la Unidad de la Intervención de la Comunicación UIC, se autorizó la intervención de los números que fueron individualizados 9741-1650, 9543-4338, los cuales se encontraban en posesión y uso de los señores EDWIN ERNESTO DAVID GUITY y JOSE LINO COLON FREDERICK quienes los usaban, determinándose que se trataba de un grupo que conforman una estructura criminal, la cual se dedicaba a la comisión de conductas delictivas bajo distintas modalidades como Asesinatos, Almacenamiento y uso de Armas comerciales, prohibidas a fin de obtener beneficios económicos.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Josè Manfredo Ruiz Alvarado, en su condición de Defensor Privado del señor Edwin Ernesto David Guity, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Error de Derecho, por no haber aplicado El Tribunal Sentenciador uno de los Requisitos o Reglas que son exigidas por la Norma Procesal Penal aplicable a nuestro sistema Penal, para la redacción por escrito de la sentencia, así como cuando dado los hechos que fueron declarados como probados en la Sentencia se ha infringido tal requisito o regla. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 338 del Código Procesal Penal, específicamente en su párrafo primero, regla CUARTA en su parte que reza: “Articulo 338.- Requisitos de la Sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera: ... Segunda: ... Tercera: ... Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1. Declaración de Hechos Probados. En párrafos separados y enumerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.” EXPOSICION DEL MOTIVO: Para desarrollar este motivo, es conveniente recordar algunos aspectos importantes sobre su fundamentación fáctica y jurídica, así como los Requisitos que deben de contener la redacción de las sentencias que dan contenido al sistema de valoración y predeterminan el fallo que ha de dictarse. Según lo tutelado en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, específicamente en su párrafo primero, regla CUARTA, el cual establece de manera plena y precisa, los requisitos que debe de tener el Tribunal para redactar una sentencia, y es que en la sección de “Hechos Probados” dicho párrafo quinto indica que el sentenciador no debe de redactar la sentencia empleando conceptos que predeterminan el fallo que se dicta, sin embargo es evidente que el Tribunal de Sentencias en la sentencia que hoy es objeto de Casación, el mismo al momento de redactar la misma (Sentencia recurrida) en la sección de Hechos Probados, señala cuatro (04) “Hechos Probados” y de dos ellos se evidencia claramente, que el mismo considera como hechos probados todos los hechos narrados por el Ministerio Público en su formalización de Acusación, ya que el mismo (Tribunal de sentencias), y que en su sentencia refirió como “Hechos Probados” esto nos indica claramente que el sentenciador no ha tenido aplicabilidad de los requisitos exigidos por nuestra norma procesal penal, ello conlleva a una clara violación a la garantía Constitucional consagrada en el Artículo 90 de La Constitución de La República, el cual exige la aplicabilidad de un debido proceso con garantías ya establecidas en la ley, por lo que al hacer un análisis de lo peticionado por la representante del Ministerio Público al momento de hacer la formalización de acusación, así como de sus conclusiones en el relato de los supuestos hechos, mismos que fueron copiados de manera expresa por el Tribunal en su sentencia en el apartado de “Hechos Probados” y que ello predetermina que el fallo será en contra del procesado, ya que son los mismos hechos narrados por la fiscalía y vuelve evidente que el mismo (fallo) es condenatorio, aunque los hechos probados deben tener congruencia con la Acusación, pero nunca debe de determinar el fallo, es por ello que consideramos existe este motivo para que la sentencia recurrida sea casada por la Honorable Sala de lo Penal, además al hacer análisis de lo preceptuado en el citado artículo 338 del Código Procesal Penal, nos damos cuenta que como norma o regla para la redacción de la Sentencia que ha de emitirse por parte del Tribunal Sentenciador, es requisito esencial que en el apartado que todos conocemos hoy como “Hechos Probados” de una Sentencia debe de redactarse con SUJECION (dice el Articulo) a esta regla que no es más que una exigencia del Legislador con el propósito de evitar que una vez que sea sometida la sentencia vía recurso ante el Órgano Superior, éste no pueda cambiar los Hechos que se consideran como probados, más sí, darle la facultad de casar el fallo y ordenar la repetición del juicio o en su defecto ordenar lo que a juicio del órgano superior, que en este caso es la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, considere proceder en derecho, puesto que la SUJECION significa una unión con que algo está sujeto de modo que no puede separarse, dividirse o inclinarse. Al apreciar en el libelo de lo preceptuado por el Honorable Tribunal de sentencias en el PRIMER hecho considerado como probado, específicamente en donde establece, entre otras cosas “...; muerte que fue coordinada por el señor EDWIN ERNESTO DAVID GÜITY.” De ello se desprende el motivo, que como prohibición formal exige nuestra norma procesal. También en el SEGUNDO hecho probado, se erra por parte del Honorable Tribunal de Sentencias conocedor de la causa, al establecer en el libelo de dicho párrafo la determinación del fallo condenatorio, ya que entre otras cosas se establece “En fecha 7 de enero del año 2017, se realizó levantamiento cadavérico del señor JULIO CESAR ALEMAN BANEGAS, a quien se le estaba dando seguimiento y vigilancia por varios sujetos siendo coordinadas dichas vigilancias por el imputado EDWIN ERNESTO DAVID GÜITY a fin de ejecutar la muerte del señor Alemán...” como podéis apreciar aquí también deviene una clara violación a lo exigido por la norma procesal penal al referir dicho Tribunal que “las vigilancias fueron coordinadas por mi defendido con el propósito de ejecutar la muerte del señor Alemán.” Así mismo en el TERCER de los hechos probados se comete la misma violación al señalar el Honorable Tribunal de Sentencias que “...con las investigaciones se determinó que la persona que organizo, coordino y tiene dominio del hecho es el señor EDWIN ERNESTO DAVID GÜITY...” Esto denota inmejorablemente la falta de conocimiento que se tienen al momento de la redacción de la sentencia, ya que no es de manera independiente, sino sujeta a lo establecido en la norma procesal penal. SEGUNDO MOTIVO: Error de hecho, por no haber considerado el órgano recurrido, prueba de valor decisivo y fundamental en toda su dimensión, además de no haber aplicado las reglas de la Sana Critica como lo son la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numerales 1, 2, 3 y 4 del Código Procesal Penal; en su parte que reza: “Art. 362. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma.- El Recurso de Casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1) Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, Que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria 2) Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo; 3) Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la Sana Crítica. 4) Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena...” EXPOSICION DEL MOTIVO: 1) En primer lugar, tenemos que aunque esta defensa del imputado ha señalado como motivo de Casación lo que es el hecho de que el Tribunal ha señalado los hechos probados como violatorios ya que reflejan lo que es la condena del procesado, no es menos cierto que, tanto en la redacción de dichos hechos probados, como en la valoración fáctica en toda su dimensión de la prueba evacuada, el Honorable Tribunal, ni siquiera ha sido capaz de poder especificar o individualizar que o cual fue la participación del condenado en los hechos en donde lo señala como participe de la ejecución de todas y cada una de las muertes de las víctimas, ya que lo que se desprende de cada una de las ejecuciones que se dieron en perjuicio de las víctimas, el Tribunal de Sentencias se limita a establecer que los hechos fueron ejecutados por personas desconocidas pero que fueron coordinadas por mi defendido, sin embargo no establece ello, como dice que fueron coordinadas, ya que en el punto “3.8) SINOPSIS DE ESCUCHAS” de la sentencia recurrida, señala el honorable Tribunal de sentencias y redacta 15 supuestas conversaciones de las supuestas conversaciones que tuvo mi defendido al momento de que se supone iban a ejecutar muertes de las víctimas, sin embargo Honorable Sala de lo Penal es deber de mi persona manifestar claramente que en ninguna de esas supuestas conversaciones se determina a que se refieren las mismas, puesto que las mismas, fueron redactadas por el encargado de la UIC y se entregó al fiscal del caso vía informe tales redacciones, que al momento de escuchar los audios, no son congruentes con la redacción, entonces no salta la duda de porque el Tribunal entonces considera que si tienen credibilidad tales redacciones si no son congruentes con los audios en donde se señalas tales acciones, además que las mismas no están completas y son cortadas por quien sabe, pero la lógica nos indica que fue por la persona que redacto tales “Escuchas” ya que en primer lugar: en la escucha: con ID/1612291373045450274 se refleja una conversación entre dos personas y en donde no determina nunca la participación de ninguna persona en la ejecución del hecho, es decir en la muerte de la primera víctima como lo es el señor DENIS ORLANDO EVERETH, sin embargo lo que se puede apreciar es que, luego en lo sucesivo el Honorable Tribunal de Sentencias no especifica que contienen ni a que se refieren todas y cada una de esas “escuchas” puesto que no existe prueba alguna que pueda determinar que el señor EDWIN ERNESTO DAVID GÜITY fue quien ejecuto esas muertes. 2) Aquí, lo que podemos apreciar Honorable Sala es que a través de la prueba denominada intervención de las comunicaciones, se trajo a el Estrado del Honorable Tribunal de sentencias, una prueba que a todas luces es espuria, en virtud de que a través de la redacción del cuarto Hecho que se considera Probado, el Honorable Tribunal de Sentencias, establece que en los expedientes número 915-2016 γ 953-2016, se “autorizo” la intervención de los números telefónicos 9741-1650 у 9543-4338, sin establecer de manera clara y precisa como, cuando y porque dan inicio a esas diligencias de intervención de esos números telefónicos, ni mucho menos, si esa autorización fue ampliada, contra quién y por cuanto tiempo, argumentando el Honorable Tribunal de Sentencias que ni siquiera podían pedir la certificación de los expedientes en alusión, ya que NUNCA se tenía repuesta por parte de este “Juzgado de Garantías” cometiendo verdaderamente una grave violación al derecho de Defensa, además de ser un atropello para con la Justicia Hondureña, ya que no es posible que un Tribunal e Sentencias considere que no es facultad de ellos pedir u ordenar a aplicación de justicia, pero ello nos denota que a todas luces esas escuchas han sido manipuladas por los órganos encargados de la intervención, ya que nunca entregan un documento en donde refleje la legalidad de tales intervenciones, entonces caemos a la indefensión y al sometimiento de un ente que no es autónomo ni mucho menos jerárquicamente superior a otro, (Tribunal de Sentencias), como para no querer de manera antojadiza enviar la información que se requiere, ya que ni siquiera los abogados defensores, tenemos acceso a esos “Juzgados de Garantías” es por ello que consideramos que se convierte esta conducta en un motivo del presente recurso. Cabe señalar que el artículo 1 de la Constitución de La República, el cual establece de manera clara y precisa que "Articulo 1.- Honduras es un Estado de Derecho, Soberano, constituido como República Libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia...” y es que esto no es más que a través del Poder Judicial, el Estado viene en la obligación de brindar JUSTICIA a todos los ciudadanos, es por ello que nos remite al 90 de la misma Constitución en donde nos manda a que: “Articulo 90.- Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.” De allí se desprende que la Ley a la que nos remite ese articulado (90) es el Código Procesal Penal y la Ley especial de la Intervención de las comunicaciones 3) Una vez que se emite el fallo y el mismo es condenatorio, la ley procesal penal exige que dentro de la Sentencia la cual puede ser sometida a un examen de un órgano superior vía recurso, nos damos cuenta que para emitir dicho fallo debe de tomarse en consideración lo preceptuado en el numeral 3 del referido artículo 362 del código Procesal Penal, el cual establece de manera clara y precisa que es motivo de recurso, la sentencia “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas: y al definir de manera clara la palabra FACTICA no es más que establecer algo Que está basado en los hechos o limitado a ellos, y no en lo teórico o imaginario esto nos da la claridad de que el Honorable Tribunal de Sentencias para poder tomar una decisión o emitir un fallo, más aun cuando el mismo es condenatorio, debe de tener de manera clara, precisa, armónica y congruente lo que considera que ha ocurrido, sin embargo cabe notar que en el presente juicio el mismo Tribunal señala en su apartado denominado “Valoración de la prueba” el Tribunal descansa en las actas de levantamiento cadavérico, considerando que a través de las mismas son objetivamente confiables, "pese a que no fueron ratificados por el funcionario responsable," entonces si las mismas no han sido ratificadas como determina el Tribunal Sentenciador que dichos documentos son los que demuestran la culpabilidad de mi defendido, si ni siquiera el objetivo de dicha diligencia es de determinar la participación del acusado, esto denota a todas luces un panorama en donde los Tribunales de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, tienen la OBLIGACION de condenar a cualquier acusado sometido a su jurisdicción con cualquier medio probatorio así éste no reúna los requisitos esenciales para su legalidad, exigidos en nuestra Constitución de La República y los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte y es donde volvemos a caer a lo referido anteriormente en los artículos 1 y 90 de la Constitución de La República. Ya cuando el Legislador nos define la parte Jurídica, nos exige que debemos de establecer de manera clara y precisa la existencia de un tipo penal como lo ha venido sustentando el Ministerio Público como lo es la existencia de tres ASESINATOS, y como podemos ver en la presente sentencia no se logra determinar con los medios probatorios evacuados, la participación directa de mi defendido, por lo que desconocemos por qué el Tribunal llega a la conclusión o determinación de que el señor EDWIN ERNESTO DAVID GÜITY estuvo en todos y cada uno de los eventos en donde se le cegó la vida a tres personas, por lo que la lógica nos indica que la posible participación del acusado debía de ser a título de autor intelectual o un cómplice necesario, puesto que el Tribunal establece en la misma sentencia que para la aplicabilidad del tipo penal de ASESINATO se conjugan los mismos elementos para el tipo penal de HOMICIDIO tutelado bajo el artículo 116 del Código Penal Vigente, y ese tipo penal exige dentro de uno de los elementos para su tipificación que exista la acción de “dar muerte” a un persona, puesto que el Articulo 116, como también lo exige el tipo penal de ASESINATO en su artículo precedente del mismo cuerpo legal referido (código Penal) solo que para el tipo penal de ASESINATO deben de existir la concurrencia de otras circunstancias; sin embargo en la presente causa, se nos da a entender según la sentencia emitida por el Tribunal Sentenciador, es que mi defendido tuvo participación de manera directa y material, es por ello que carece de motivación jurídica para la determinación en cuanto a la participación del acusado, ya que ningún elemento probatorio nos indica la determinación de dicha participación, puesto que también en el código Penal Vigente nos indica el grado de participación de cada uno de los acusados, el cual debe de quedar también como un hecho en el que no se tenga margen de duda alguna, en cuanto a la participación, ya que en el referido asidero legal, específicamente en el artículo 32 nos establece de manera clara que “Articulo 32. Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.” Aquí en este artículo nos señala tres tipos de autorías y son los que 1) toman parte directa en la ejecución del hecho, 2) los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo; y 3) los que cooperan a la ejecución del hecho, de allí es que se desprende que el Tribunal debe de señalar cual fue la participación de mi defendido en los hechos ya que al tratar de concatenar todos y cada uno de ellos vemos que el mismo (Acusado) no ha tenido participación en ninguno de los hechos. 4) En este numeral suceden dos circunstancias en la presente Sentencia objeto de este recurso; una que es referente a la individualización precisa del imputado, ya que como advertimos anteriormente, el Honorable Tribunal de Sentencias no ha establecido cual ha sido la participación de nuestro defendido al momento en que se ejecutan los actos tendientes a la ejecución de quitarles la vida a las supuestas víctimas, tales como, no se ha determinado, lugar ni mucho menos, cuantas personas son las que supuestamente utilizaron para la ejecución de los actos que se consideran por parte del Sentenciador, ejecuto mi defendido, peor aún si este mismo, estuvo o no en la ejecución de tales actos, puesto que se debe de determinar que el acusado es autor material o intelectual en la ejecución de tales actos ya que el Tribunal establece en la sentencia recurrida entre otras cosas, que mi defendido ha tenido pleno dominio de cada uno de los escenarios, es por ello que salta una interrogante en donde nos deja sin poder determinar porque el Sentenciador llega a esa determinación si nunca mi defendido ha sido ubicado en los escenarios en donde ocurrieron esos eventos, puesto que trajeron al estrado del Tribunal o la vista del juicio público unas escuchas que no están completas, desconocemos la procedencia licita de cada una de ellas, ni mucho menos que el señor EDWIN ERNESTO DAVID GÜITY es quien coordina una supuesta banda criminal denominada “Los Niuyorquinos” puesto en que en su totalidad de la prueba el Honorable Tribunal de Sentencias establece que en la prueba documental es donde descansa”FUNDAMENTACIÓN JURICA. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizadapor el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Motivo Único. Precepto Autorizante: 388 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: no determinada por el censor. Concepto de la Infracción del Primer Motivo: No haber aplicado el Tribunal Sentenciador la norma procesal penal para la redacción por escrito de la sentencia. Reclamación Ex Ante: No determinado por el censor. Pretensión: No determinado por el censor. Analiza el censor que el A-quo en la sentencia objeto de reclamo, no aplico lo contentivo a lo señalado en el artículo 338 párrafo primero regla cuarta, explica el recurrente los aspectos importantes sobre la fundamentación fáctica y jurídica así como los requisitos que se deben contener para la redacción de la sentencia, reclama el impetrante que dos de los cuatro hechos probados son los mismos hechos narrados por el Ministerio Publico por lo que se ha violado el artículo 90 de un debido proceso, insiste el recurrente que al hacer un análisis en lo peticionado por el Ministerio Publico al hacer la formalización de la acusación así como de las conclusiones en el relato de los supuestos hechos, estos fueron copiados de manera expresa por el Tribunal de Sentencia, y con ello se predetermina el fallo en contra de su representado. De la debida técnica recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, la pretensora deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte de la recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la parte pretensora deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la pretensora deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva a la pretensora a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la pretensora señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 1. Explicación del vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del vicio: La recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para fundamentar su impugnación, reclama el impetrante por la vía extraordinaria del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sin embargo señala como norma supuestamente infringida la falta de aplicación del artículo 338 regla cuarta del Código Procesal Penal, el peticionario se fundamenta en los aspectos adjetivos de cómo ser elaborada o redactada la sentencia, del análisis de la exposición del motivo de casación se observa confusión y falta de claridad en el planteamiento del censor, su argumento se pierde en meros alegatos confusos de instancia, alejándose de una correcta técnica recursiva, agregando además elementos de debido proceso y aspectos de prejuzgamiento, los argumentos utilizados por el casacionista no corresponden al motivo invocado, la exposición del recurrente en este motivo de casación debe recaer únicamente en el cuadro fáctico, considerando que esta vía de impugnación se puede interponer, cuando se considera que la decisión del juzgador es incompatible con los hechos probados, se debe fundamentar en la infracción de un precepto penal de carácter sustantivo, es decir en cómo esa norma penal que se considera violentada, o que no es armónica con los hechos probados, pero erróneamente el impetrante en sus argumentos desarrolla normas de procedimentales de cómo debe elaborarse la sentencia, sin hacer su reclamo fundándose en la norma penal que considera vulnerada. Al tratarse de un recurso de casación por infracción de ley, los argumentos del censor deben basarse únicamente en cómo la fundamentación fáctica de la sentencia es armónica o no con la norma penal utilizada por el Juzgador, en el presente caso el censor establece la falta de aplicación del artículo 338 regla cuarta del Código Procesal Penal, faltando así a la correcta técnica necesaria para plantear adecuadamente su recurso de casación por infracción de ley, razones suficientes para desestimar el presente motivo del recurso de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 1, 2, 3, 4 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: 362 numeral 1 del Código Penal. Concepto de la infracción: No haber considerado prueba de valor decisivo y fundamental y no haber aplicado las reglas de la sana critica. Reclamación Ex Ante: no determinada por el censor Pretensión: Se resuelva ha lugar, declarando la inocencia de su representado. Establece el recurrente una serie de argumentos entre ellos: 1.- El Tribunal de Sentencia no ha podido individualizar en los hechos probados y en la motivación fáctica la participación de su representado, 2. Manifiesta el recurrente que ninguna de las conversaciones de las escuchas telefónicas determinan la participación de su poderdante, y que las mismas no son congruentes y que no existe prueba alguna que pueda determinar que el señor Edwin Ernesto David Guity fue quien ejecuto esas muertes, 3. Alega que la intervenciones telefónicas son espurias, agrega el impetrante que se ha violentado el derecho a defensa pues al pedir certificación de tales escuchas no se les entrego certificación de las misma, 4. Reclama el casacionista que la sentencia no es clara por con los medios probatorios no puede determinarse participación directa de su representado. De la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Como ya se ha señalado en el anterior motivo en lo relativo a la debida técnica recursiva, nuevamente analiza esta Sala de lo Penal que el impetrante no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para fundamentar su impugnación, reclama el impetrante por la vía extraordinaria del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma, indican como concepto de la infracción no haber considerado prueba de valor decisivo combinándolo con la no aplicación de las reglas de la sana critica como lo son la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia, señala como violentados los numerales 1, 2, 3, 4 del artículo 362, en el caso actual y concreto, la Sala de lo Penal identifica diáfanamente que el recurrente se aparta totalmente de la debida técnica recursiva al desarrollar un escrito que no obedece a ningún tipo de recurso, ni al mismo quebrantamiento de forma. Sus argumentos ni siquiera deambulan entre un tipo de recurso u otro, sino que se limitan a meras apreciaciones subjetivas que son propios alegatos de instancia para sostener lo espurio de la prueba, reclamar lo errado del Tribunal de Sentencia en su fallo y que se reconozca por esta Sala de lo Penal la inocencia de su representado. En este sentido, esta Sala de Casación observa que el escrito del recurso de casación es una mezcla de inconformidades con el fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia con competencia Territorial Nacional, en el cual lastimosamente el impetrante no logra fijar la competencia de esta Sala de lo Penal que permita la elaboración de un pronunciamiento de fondo sobre el sin número de las causales que argumenta estas obedecen a reflexiones propias de su pensamiento La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i.- identificación del razonamiento judicial vicioso; ii.- la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii.- exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv.- la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal.- Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Desafortunadamente el recurrente, no es ordenado en el planteamiento, se da la tarea de exponer lo que considera, limitándose a increpar que los jueces de sentencia no advirtieron éstas en su valoración, el impetrante no procuró reprender en que consistían las faltas de aplicación de reglas de la sana crítica en la sentencia. El recurso del censor contiene un análisis probatorio propio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente fueron falencias en la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado. Decisión: Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo. Declarar NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, fundamentado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 117 numeral 1 y 2 para el delito de asesinato señala una pena de 20 a 30 años de reclusión, ha dictado una sentencia condenatoria para Edwin Ernesto David Guity, por el delito de tres Asesinatos, en perjuicio de Denis Orlando Evereth, Julio Cesar Alemán Banegas, y Manuel Armando Amaya Andino, imponiendo una pena de 30 años de reclusión por cada uno, haciendo un total de 90 años de reclusión; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 193 párrafo segundo tiene regulado el delito de Asesinato cuando concurra el precio o recompensa que es el caso que nos ocupa, cuya pena es de 25 a 30 años de prisión, el acumulado resultaría de 75 a 90 años. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado mediante el decreto 144-83 al ser en un acumulado de 90 años se encuentra dentro del margen abstracto de la pena establecida conforme al decreto 130-2017 Además, debe considerarse que, conforme al límite objetivo extraordinario, el Código Penal decreto 144-83 contiene un límite de penas acumuladas de 30 años y en el caso de la nueva legislación penal (Decreto 130-2017) las penas acumuladas son de 40 años, por tanto, bajo ninguna perspectiva le beneficia al ahora acusado la aplicación de la nueva legislación penal. conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues no le acarrea ningún beneficio. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado José Manfredo Ruiz Alvarado, en su condición de Defensor Privado del señor Edwin Ernesto David Guity, a quien se le condenó por el delito de Asesinato, en perjuicio de los señores Denis Orlando Evereth, Julio Cesar Alemán Banegas y Manuel Armando Amaya Andino. Cuarto: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017 para el ahora condenado Edwin Ernesto David Guity. Quinto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha seis de noviembre del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – rina koritza sandoval navas. secretaria Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiuno del mes de agosto de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiocho días del mes de abril de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-541-2019.
LETY EMELDA POSADAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL