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Sentencia CP-526-19 — Registro 19788

Resumen

En primer instancia se condena a imputada (jueza) por el delito de abuso de autoridad, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. Procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el recurso no es de recibo. Luego de visto y analizado el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por los abogados Iván Adán Martínez Ordoñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de abogados privados de la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona la Sala de lo Penal, identifica que el alegato central de los censores consiste en denunciar que el sentenciador infringió el principio del estado de inocencia, al hacer uso de disposiciones convencionales para según él, darles contenido al tipo penal de abuso de autoridad, establecido en el artículo 349 código penal. Como se ha señalado ut supra, el principio de inocencia exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley, y en el caso presente, las conductas comisivas realizadas por la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, se encontraban previamente establecidas en la ley penal, de modo que, sabía que su actuar era penalmente reprochable. También se ha mencionado que el tipo penal de abuso de autoridad se caracteriza por ser abierto, por cuanto el acto reprochado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público; además, es un tipo penal de mera actividad, por cuanto su consumación acontece con la acción contraria a la norma, sin importar si existe o no resultado dañoso. de conducta instantánea, exige la cualificación del sujeto activo, tiene identidad del bien jurídico protegido (la administración pública) y el sujeto pasivo. Dicho lo anterior, se destaca que el sentenciador no realizó alguna interpretación analógica para llenar de contenido el tipo penal en cuestión, pero sí hizo una labor de hermenéutica jurídica la cual tiene permitido realizar en su labor de motivación de las resoluciones judiciales- con el objetivo de explicar la naturaleza del tipo penal de abuso de autoridad, y del cual concluye acertadamente que es un delito de mera actividad y no de resultado. Tampoco se infringe el principio constitucional comprendido en el Artículo 89, relacionado al estado de inocencia, tomando en consideración que el derecho tiene implicaciones en todo el sistema legal, y por supuesto tanto en la aplicación del derecho sustantivo penal como derecho procesal penal. La presunción de inocencia (iuris tantum) solo puede ser destruida como consecuencia de una declaratoria de culpabilidad emitida por un tribunal, posterior a una actividad probatoria de cargo que cubra los elementos que configuran el tipo penal sancionable. en esta causa durante el juicio oral y público se evacuaron entre otras pruebas las siguientes. 1) testificales, a) Ada Margot Mass b) Víctor Cerna, c) Ronal Benegas, 2) documentales a) fotocopia debidamente autenticada por la secretaria ,del juzgado de ejecución del acuerdo del nombramiento a favor de la abogada Liz María Núñez b) Decreto Legislativo 215-2013 mediante el cual fue nombrado el abogado Teodoro Bonilla en el consejo de la judicatura, c) copia de acuerdo del nombramiento debidamente autenticado a favor de Delmy Elizabet López donde se le ascendió de juez de letras seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés a cargo de juez de letras con competencia territorial. d) copia del acuerdo del nombramiento número 651 de fecha 19 de julio de 2015 a favor de Delmy Elizabeth López Paz, a magistrada integrante de Corte de Apelaciones.- En el acápite relacionado a la valoración de las pruebas el A Quo estableció que la declaración de Ada Margot Mass es importante para conocer la forma en que se inició la investigación, en relación al señor Jonathan Molina, secretario de jurisdicción nacional quien llegó a su despacho a pedir información sobre un caso de privación de dominio, dejando entrever que personas ligadas a cargos altos en la administración de justicia estaban involucrados por estos testimonios. También se corroboró las llamadas recibidas por la fiscal Victoria Cerna, por parte de la imputada Liz María Núñez, solicitándole que interpusiera un recurso de reposición, sobre el auto de fecha diez de diciembre del 2014 el cual se lo declararía con lugar, expresándole asimismo que había recibido llamadas de atención de sus superiores por esa resolución y que rectificaría la misma, lo cual deja entrever una anormalidad por la total parcialidad, y en cuanto a la manera en que dicha juez evacuó dicho caso con total conciencia, de que había faltado al deber de imparcialidad e independencia judicial, a los que está obligada como funcionaria, con los acuerdos de nombramientos se acredita la condición de jueza de la imputada, Liz María Núñez así como también la imputada Delmy López ambas jueces de letras jurisdicción nacional de igual Teodoro Bonilla nombrado por el Congreso Nacional como Vicepresidente del Consejo de la Judicatura. En cuanto a Las pruebas periciales, ratificadas por la perito Norma Garay a través de dichos dictámenes se reprodujeron audios, en el juicio oral pudiendo escuchar y tener a la vista, transcripción de las conversaciones sostenidas entre la imputada Liz María Núñez, la juez Delmi López y Teodoro Bonilla, para el Tribunal de Sentencia esos dictámenes fueron contundentes en su análisis para establecer la existencia de un interés de la acusada Liz María Ernestina Núñez en querer favorecer con sus resoluciones, a los señores Carlos Roberto Bonilla y Denis Dodany Bonilla, en el caso 001-014 conocido como shalom por ser parientes del Vicepresidente del Consejo de la Judicatura Teodoro Bonilla, mereciendo dichos dictámenes valor probatorio. Los recurrentes cuestionan en su recurso la forma de sustanciación y argumentos del tribunal de sentencia en lo relacionado a la valoración que hizo de los medios de prueba sosteniendo (que esa motivación , son opiniones y especulaciones sobre criterios jurídicos ).agregando que,( El ente sentenciador para llegar a la conclusión de culpabilidad de nuestra representada la abogada Liz María Núñez Cardona, basó sus conclusiones en meras suposiciones, y especulaciones, que no cumple con las expectativas o condiciones que tanto la ley procesal) si bien es cierto que los recurrentes en su recurso lo plantean como la violación de una norma constitucional ya en el desarrollo se refieren a la valoración hecha por el tribunal y de aspectos meramente subjetivos al puntualizar que dicho fallo se basa en especulaciones, no desarrollando en si el artículo 89 constitucional que versa sobre el principio de inocencia. Esta Sala Penal, ha establecido a través de su jurisprudencia, que el estado de inocencia puede ser quebrantado en una o varias de sus diferentes vertientes, bien por licitud de la prueba, bien por el debido proceso probatorio, bien por la debida motivación, bien por el debido razonamiento probatorio, o bien, por la suficiencia de carga probatoria. Cualquiera de las vertientes mencionadas debe ser precisada por los recurrentes al momento de interponer su recurso y desarrollada argumentalmente para el sostenimiento de su tesis, labor que no ha sido llevada a cabo en manera alguna en el presente caso, porque la exposición se ve acompañada de apreciaciones propias de instancia y ajenas al motivo invocado, los censores se han enfocado a cuestionar las conclusiones al que llega el A-quo, además hacen énfasis en la sana critica, finalizando sus exposiciones en un análisis de la valoración conjunta que el sentenciador hizo de la prueba, esta Sala de Casación no comparte con los censores los argumentos esgrimidos, tomando en consideración que el fallo reúne con todos los requisitos que la Constitución de la República establece, y a la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona, se le garantizaron todos sus derechos y garantías, por lo que se declara improcedente este motivo de casación .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."el recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es: si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado -es o no- correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en el que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse o se invocan las normas que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso de méritos los impetrantes invocan la aplicación indebida de una norma, siendo esta mencionada en el artículo 349 del Código Penal, el cual regula y reúne los elementos del tipo penal de Abuso de Autoridad, los censores al desarrollar su recurso no pudieron acreditar la ausencia de algunos de sus elementos que configuran esta figura. La sala de lo penal ha realizado un examen de juricidad de la plataforma fáctica contenida en la sentencia; se determina por lo anteriormente descrito, que se reproduce cada elemento del tipo penal en análisis y se satisface la exigencia gramatical del artículo 349 numeral 2 del código penal que tipifica el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública y según el sentenciador con una participación de la acusada en su condición de autora, el delito que es de carácter consumado se plasma la inalterabilidad de los hechos probados, concordando con los elementos del tipo penal. por todo lo anterior se declara improcedente el recurso..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-526-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de abril de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, , Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Francisca Villela Zavala, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-526-2019 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Liz María Ernestina Núñez Cardona, como autora, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años, más la pena de Inhabilitación Especial, por el doble del tiempo de la pena de prisión, es decir, seis años. Segundo: Condenó a Liz María Ernestina Cardona, a la pena accesoria de Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil a Liz María Ernestina Cardona. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a la condenada. Quinto: Se ordenó la devolución del libro de novedades al Ministerio Público para que continúe con las diligencias que se le siguen a la acusada Delmy López. Sexto: Absolvió a Liz María Ernestina Núñez Cardona, del delito de Prevaricato en virtud de haber sido modificado el mismo delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Pública. Séptimo: Absolvió a Liz María Ernestina Núñez Cardona, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, en relación a la resolución de fecha diez de diciembre de dos mil catorce. Son partes en única instancia: Los Abogados Iván Adán Martínez Ordoñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de defensores privados de Liz María Ernestina Núñez Cardona, como parte recurrente; y la Abogada Ilse Adela Fuentes, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; y el Abogado Guillermo Carlos Maradiaga Peña, en su condición de Procurador Judicial, ambos como parte recurridos. HECHOS PROBADOS “Primero: mediante Acuerdo no.82 de fecha 26 de enero del año 2012, la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, quien se desempeñaba como secretaria de juzgados y tribunales del tribunal de sentencia de la sección judicial de Tegucigalpa fue ascendida al cargo de jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal, en el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional, siendo creada la plaza mediante acuerdo no. 1097 de fecha 07 de octubre del 2011. Segundo: en fecha 21 de enero del 2014 fue presentado requerimiento fiscal entre otros, en contra de los señores Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento de armas de uso comercial y municiones, almacenamiento de armas de uso prohibido, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; y asimismo contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, registrado este bajo expediente no.012014 conocido como caso shalom ante el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional de la Ciudad de San Pedro Sula, correspondiendo por ende conocer de dicha causa a la jueza Delmy López quien celebró las audiencias de declaración de imputados en la cual ordenó la detención judicial de los mismos y la audiencia inicial en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce en la cual decretó auto de formal procesamiento en contra de los imputados ya mencionados por los delitos ya referidos, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva. Tercero: la abogada Delmy López jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal de San Pedro Sula, fue ascendida al cargo mediante acuerdo no. 1006 de fecha 10 de octubre del 2013, dicha profesional sostenía una relación sentimental con el señor Teodoro Bonilla, vicepresidente del consejo de la judicatura con quien mantenía comunicación sobre la forma en que debía resolver en dicho expediente en vista de que los imputados son parientes de este dentro del 4to y 5to grado de consanguinidad. Cuarto: el señor Teodoro Bonilla, fue nombrado por el Congreso Nacional como concejal propietario del consejo de la judicatura mediante Decreto Legislativo no.215-2013 publicado en La Gaceta el 02 de octubre del 2013 y en virtud de la relación que este mantenía con la señora Delmy López quien a su vez mantenía una amistad con la acusada Liz María Núñez, la señora Delmy López procedió en fecha 29 de julio del 2014 a señalar de oficio fecha para la celebración de la audiencia preliminar y emitió un auto en el aludido expediente, aduciendo que no podía cubrir la audiencia preliminar en dicha causa por encontrarse con excesiva carga de trabajo y ordenó la remisión de las diligencias a la juez con jurisdicción nacional de Tegucigalpa Liz María Núñez, a fin de que ésta llevara a cabo dicha audiencia, haciéndole creer que esas eran las directrices del presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilez manifestándole que este se había comunicado con ella para tal fin, manteniendo ambas comunicación vía teléfono sobre las resoluciones e incidencias que se daban en el referido proceso, con el conocimiento de ambas juezas de que en dicho expediente se encontraban involucrados dos parientes del abogado Teodoro Bonilla. Quinto: fue así que en fecha treinta y uno (31) de julio de ese mismo año (2014), la jueza Liz María Núñez procedió a celebrar la audiencia preliminar en la cual tuvo por formalizada la acusación contra Carlos Roberto Bonilla por los delitos de lavado de activos y almacenamiento ilegal de arma, municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y la seguridad interior del Estado de Honduras respectivamente, y contra Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comer ilegales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, como también tuvo por contestados los cargos por parte de los defensores de dichos imputados, argumentando el defensor del imputado Carlos Roberto Bonilla que presentó una prueba documental que acreditaba la procedencia lícita de los bienes de su representado como también que le presentó al Ministerio Público un informe financiero, pero que el mismo no había sido llevado a dicha audiencia, solicitando ambos defensores el sobreseimiento de las causas, luego de lo cual la juez Liz maría Núñez procedió a señalar audiencia dentro de los tres días siguientes para resolver lo correspondiente. Sexto: en fecha cinco de agosto del año 2014 la juez Liz María Núñez emitió una resolución favorable a los intereses del señor Teodoro Bonilla quien como vicepresidente del consejo de la judicatura poseía facultades que la podrían beneficiar dentro de la carrera judicial, y dicha juez procedió a dictar un sobreseimiento provisional a favor del señor Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y auto de apertura a juicio en contra de este mismo imputado, por los delitos de posesión ilegal de arma, municiones comerciales y posesión de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado, como también dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, apartándose de la independencia judicial e imparcialidad con la que estaba obligada a actuar. Apelación interpuesta resolución el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Ciudad de Tegucigalpa, el cual fue resuelto en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil catorce, pronunciándose dicho tribunal únicamente en la forma y no en el fondo del asunto, argumentando que dicha resolución emitida por la juez Liz María era contradictoria en su motivación y por ende violatoria del debido proceso, resolviendo en la parte dispositiva: 1. declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Victoria Cerna, fiscal del Ministerio Público.2. Revocar la resolución apelada.3. que se dé cumplimiento al artículo 302 y 337 del código procesal penal. Octavo: en fecha 10 de diciembre de 2014 la jueza Liz maría Núñez procedió a comunicarse vía teléfono con la magistrada Emily Page quien a su vez le paso la llamada a la magistrada Ericka Dubón ambas de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán con el fin de solicitar le aclarara la resolución dictada en recurso de apelación sobre el auto de fecha 05 de agosto del año 2014 en el caso del expediente 01-2014 conocido como Shalom, ya que para ella no estaba clara la parte dispositiva de dicha resolución, manifestándole a la magistrada Dubón que en vista de que el Ministerio Público había presentado dos agravios, uno referente a la valoración de la prueba de un informe financiero y el segundo en cuanto a una contradicción en la motivación, en base a ello la Corte había optado por no pronunciarse sobre el fondo del asunto haciéndolo únicamente por la forma, en vista de dicha contradicción que vulnera el debido proceso, por lo que dicha magistrada le recalcó que cualquier tipo de resolución que decidiera emitir lo hiciera de forma motivada y congruente. Noveno: en fecha 10 de diciembre del 2014, la acusada Liz María Núñez, junto con la juez Delmy López, visitaron al entonces concejal Teodoro Bonilla a las 14:01 en su despacho de la Corte Suprema de Justicia, recibiendo instrucciones de este sobre cómo debía resolver el caso. En esa misma fecha, la jueza Liz María Núñez habiendo recibido la certificación de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones y teniendo por aclarada la parte resolutiva de dicho tribunal cuyo pronunciamiento lo hizo únicamente en la forma, procedió a dictar nuevamente resolución manteniendo los sobreseimientos anteriormente emitidos en los mismos términos, el sobreseimientos provisional a favor del imputado Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, como también mantuvo el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, excluyendo únicamente el párrafo cuarto de la resolución anterior de fecha cinco de agosto del mismo año 2014, el cual fue señalado por la Corte de Apelaciones como contradictorio, manteniendo en lo demás dicha jueza la misma motivación, y parte dispositiva de su anterior resolución. Décimo: conocida la resolución emitida por la juez Liz María Núñez por el entonces presidente de la Corte Suprema Jorge Rivera Avilez en fecha 22 de diciembre de 2014 procedió a llamar vía teléfono a la señora Liz María Núñez, aclarándole que él no había hablado con la juez Delmy López ni había dado instrucciones que ella conociera del caso de los Bonilla, expresándole que esta había sido sorprendida por Delmy López en vista de que ella le había tenido miedo al concejal Teodoro Bonilla porque sabía que los imputados del caso eran sus familiares, aconsejándole que no se dejara influenciar por Delmy López ni por Teodoro Bonilla y que debía enmendar la resolución de los sobreseimientos por ella dictados, manifestándole que se fuera por la línea correcta, y que él la apoyaría en el consejo de la judicatura, siempre y cuando hiciera las cosas correctamente. Décimo Primero: en vista de lo anterior, la juez Liz María Núñez mediante llamadas telefónicas procedió a hacer del conocimiento de Delmy López como del vicepresidente del consejo de la judicatura Teodoro Bonilla las llamadas recibidas del señor Rivera Avilez, alterando lo expresado por éste, manifestándoles que éste le había ordenado revocar los sobreseimientos antes dictados a favor de los señores Carlos Roberto Bonilla y Dennis Donadin Bonilla, y ordenar la apertura a juicio en contra de estos, expresándoles que dichos lineamientos habían cambiado y que seguramente obedecían a que el fiscal general se había enterado a través del fiscal del caso y que a su parecer este había llamado al presidente Jorge Rivera Avilez para darle nueva línea de cómo resolver el caso shalom, expresándoles a Delmy López como al concejal Teodoro Bonilla, que ella le hizo el favor, que quiso ayudar pero que ya no podía seguir, dados los nuevos lineamientos recibidos por el jefe (Rivera Avilez) a quien no podía desobedecer porque necesitaba de su trabajo. posteriormente la señora Liz María Núñez recibió nuevamente llamada del entonces presidente señor Rivera Avilez en la cual le expresaba que tenía presiones de Teodoro Bonilla y que, si él la llamaba dándole una contraorden del caso Shalom, que no la acatara, y que se mantuviera en lo que ya le habían hablado. Decimo Segundo: fue así como la juez Liz María Núñez procedió a enviarle un mensaje a la fiscal Victoria Cerna solicitándole que interpusiera un recurso de reposición sobre los sobreseimientos por ella dictados, expresándole que se lo declararía con lugar, en vista de que había sido increpada por el presidente Jorge Rivera por su resolución. procediendo entonces la fiscal en referencia a interponer el recurso de reposición en fecha cinco de enero del año dos mil quince en contra de la resolución dictada por dicha juez en fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, resolviendo el mismo mediante resolución de fecha seis de enero del año dos mil quince, declarando con lugar el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público y procediendo a decretar el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y contra Dennis Dodany Bonilla García por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.” RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes abogados Iván Adán Martínez Ordoñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de defensor privado Liz María Ernestina Núñez cardona, procedió a formalizar su recurso de casación de la manera siguiente: “exposición de motivos de casación. casación por infracción de precepto constitucional. único motivo: precepto constitucional. el tribunal de sentencia de Francisco Morazán, en la sentencia condenatoria dictada contra la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona, cometió infracción del precepto constitucional comprendido en el artículo 89, que literalmente establece: "toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente." vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley constitucional vigente y relacionada con los artículos 2 del Código Procesal Penal. precepto autorizante en el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la sentencia definitiva cuando se comete infracción del precepto constitucional, veamos: explicación del motivo: el precepto constitucional que se invoca como infringido prescribe lo siguiente: artículo 89 "toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". la norma que se cita como infringida en relación al anterior prescribe: artículo 2 estado de inocencia: "todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código" el tribunal de sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán; al proferir su fallo estableció como hechos probados los siguientes: hechos probados “Primero: “Primero: mediante Acuerdo no.82 de fecha 26 de enero del año 2012, la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, quien se desempeñaba como secretaria de juzgados y tribunales del tribunal de sentencia de la sección judicial de Tegucigalpa fue ascendida al cargo de jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal, en el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional, siendo creada la plaza mediante acuerdo no. 1097 de fecha 07 de octubre del 2011. Segundo: en fecha 21 de enero del 2014 fue presentado requerimiento fiscal entre otros, en contra de los señores Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento de armas de uso comercial y municiones, almacenamiento de armas de uso prohibido, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; y asimismo contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de honduras, registrado este bajo expediente no.012014 conocido como caso shalom ante el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional de la ciudad de San Pedro Sula, correspondiendo por ende conocer de dicha causa a la jueza Delmy López quien celebró las audiencias de declaración de imputados en la cual ordenó la detención judicial de los mismos y la audiencia inicial en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce en la cual decretó auto de formal procesamiento en contra de los imputados ya mencionados por los delitos ya referidos, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva. Tercero: la abogada Delmy López jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal de san pedro sula, fue ascendida al cargo mediante acuerdo no. 1006 de fecha 10 de octubre del 2013, dicha profesional sostenía una relación sentimental con el señor Teodoro Bonilla, vicepresidente del consejo de la judicatura con quien mantenía comunicación sobre la forma en que debía resolver en dicho expediente en vista de que los imputados son parientes de este dentro del 4to y 5to grado de consanguinidad. Cuarto: el señor Teodoro Bonilla, fue nombrado por el Congreso Nacional como concejal propietario del consejo de la judicatura mediante Decreto Legislativo no.215-2013 publicado en La Gaceta el 02 de octubre del 2013 y en virtud de la relación que este mantenía con la señora Delmy López quien a su vez mantenía una amistad con la acusada Liz María Núñez, la señora Delmy López procedió en fecha 29 de julio del 2014 a señalar de oficio fecha para la celebración de la audiencia preliminar y emitió un auto en el aludido expediente, aduciendo que no podía cubrir la audiencia preliminar en dicha causa por encontrarse con excesiva carga de trabajo y ordenó la remisión de las diligencias a la juez con jurisdicción nacional de Tegucigalpa Liz María Núñez, a fin de que ésta llevara a cabo dicha audiencia, haciéndole creer que esas eran las directrices del presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilez manifestándole que este se había comunicado con ella para tal fin, manteniendo ambas comunicación vía teléfono sobre las resoluciones e incidencias que se daban en el referido proceso, con el conocimiento de ambas juezas de que en dicho expediente se encontraban involucrados dos parientes del abogado Teodoro Bonilla. Quinto: fue así que en fecha treinta y uno (31) de julio de ese mismo año (2014), la jueza Liz María Núñez procedió a celebrar la audiencia preliminar en la cual tuvo por formalizada la acusación contra Carlos Roberto Bonilla por los delitos de lavado de activos y almacenamiento ilegal de arma, municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y la seguridad interior del Estado de Honduras respectivamente, y contra Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comer ilegales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, como también tuvo por contestados los cargos por parte de los defensores de dichos imputados, argumentando el defensor del imputado Carlos Roberto Bonilla que presentó una prueba documental que acreditaba la procedencia lícita de los bienes de su representado como también que le presentó al Ministerio Público un informe financiero, pero que el mismo no había sido llevado a dicha audiencia, solicitando ambos defensores el sobreseimiento de las causas, luego de lo cual la juez Liz maría Núñez procedió a señalar audiencia dentro de los tres días siguientes para resolver lo correspondiente. Sexto: en fecha cinco de agosto del año 2014 la juez Liz María Núñez emitió una resolución favorable a los intereses del señor Teodoro Bonilla quien como vicepresidente del consejo de la judicatura poseía facultades que la podrían beneficiar dentro de la carrera judicial, y dicha juez procedió a dictar un sobreseimiento provisional a favor del señor Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y auto de apertura a juicio en contra de este mismo imputado, por los delitos de posesión ilegal de arma, municiones comerciales y posesión de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado, como también dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, apartándose de la independencia judicial e imparcialidad con la que estaba obligada a actuar. Apelación interpuesta resolución el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Ciudad de Tegucigalpa, el cual fue resuelto en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil catorce, pronunciándose dicho tribunal únicamente en la forma y no en el fondo del asunto, argumentando que dicha resolución emitida por la juez Liz María era contradictoria en su motivación y por ende violatoria del debido proceso, resolviendo en la parte dispositiva: 1. declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Victoria Cerna, fiscal del Ministerio Público.2. Revocar la resolución apelada.3. que se dé cumplimiento al artículo 302 y 337 del Código Procesal Penal. Octavo: en fecha 10 de diciembre de 2014 la jueza Liz maría Núñez procedió a comunicarse vía teléfono con la magistrada Emily Page quien a su vez le paso la llamada a la magistrada Ericka Dubón ambas de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán con el fin de solicitar le aclarara la resolución dictada en recurso de apelación sobre el auto de fecha 05 de agosto del año 2014 en el caso del expediente 01-2014 conocido como Shalom, ya que para ella no estaba clara la parte dispositiva de dicha resolución, manifestándole a la magistrada Dubón que en vista de que el Ministerio Público había presentado dos agravios, uno referente a la valoración de la prueba de un informe financiero y el segundo en cuanto a una contradicción en la motivación, en base a ello la Corte había optado por no pronunciarse sobre el fondo del asunto haciéndolo únicamente por la forma, en vista de dicha contradicción que vulnera el debido proceso, por lo que dicha magistrada le recalcó que cualquier tipo de resolución que decidiera emitir lo hiciera de forma motivada y congruente. Noveno: en fecha 10 de diciembre del 2014, la acusada Liz María Núñez, junto con la juez Delmy López, visitaron al entonces concejal Teodoro Bonilla a las 14:01 en su despacho de la Corte Suprema de Justicia, recibiendo instrucciones de este sobre cómo debía resolver el caso. En esa misma fecha, la jueza Liz María Núñez habiendo recibido la certificación de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones y teniendo por aclarada la parte resolutiva de dicho tribunal cuyo pronunciamiento lo hizo únicamente en la forma, procedió a dictar nuevamente resolución manteniendo los sobreseimientos anteriormente emitidos en los mismos términos, el sobreseimiento provisional a favor del imputado Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de honduras, y el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras, como también mantuvo el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, excluyendo únicamente el párrafo cuarto de la resolución anterior de fecha cinco de agosto del mismo año 2014, el cual fue señalado por la corte de apelaciones como contradictorio, manteniendo en lo demás dicha jueza la misma motivación, y parte dispositiva de su anterior resolución. Décimo: conocida la resolución emitida por la juez Liz María Núñez por el entonces presidente de la Corte Suprema Jorge Rivera Avilez en fecha 22 de diciembre de 2014 procedió a llamar vía teléfono a la señora Liz María Núñez, aclarándole que él no había hablado con la juez Delmy López ni había dado instrucciones que ella conociera del caso de los Bonilla, expresándole que esta había sido sorprendida por Delmy López en vista de que ella le había tenido miedo al concejal Teodoro Bonilla porque sabía que los imputados del caso eran sus familiares, aconsejándole que no se dejara influenciar por Delmy López ni por Teodoro Bonilla y que debía enmendar la resolución de los sobreseimientos por ella dictados, manifestándole que se fuera por la línea correcta, y que él la apoyaría en el consejo de la judicatura, siempre y cuando hiciera las cosas correctamente. Décimo Primero: en vista de lo anterior, la juez Liz María Núñez mediante llamadas telefónicas procedió a hacer del conocimiento de Delmy López como del vicepresidente del consejo de la judicatura Teodoro Bonilla las llamadas recibidas del señor Rivera Avilez, alterando lo expresado por éste, manifestándoles que éste le había ordenado revocar los sobreseimientos antes dictados a favor de los señores Carlos Roberto Bonilla y Dennis Donadin Bonilla, y ordenar la apertura a juicio en contra de estos, expresándoles que dichos lineamientos habían cambiado y que seguramente obedecían a que el fiscal general se había enterado a través del fiscal del caso y que a su parecer este había llamado al presidente Jorge Rivera Avilez para darle nueva línea de cómo resolver el caso shalom, expresándoles a Delmy López como al concejal Teodoro Bonilla, que ella le hizo el favor, que quiso ayudar pero que ya no podía seguir, dados los nuevos lineamientos recibidos por el jefe (Rivera Avilez) a quien no podía desobedecer porque necesitaba de su trabajo. posteriormente la señora Liz María Núñez recibió nuevamente llamada del entonces presidente señor Rivera Avilez en la cual le expresaba que tenía presiones de Teodoro Bonilla y que, si él la llamaba dándole una contraorden del caso Shalom, que no la acatara, y que se mantuviera en lo que ya le habían hablado. Decimo Segundo: fue así como la juez Liz María Núñez procedió a enviarle un mensaje a la fiscal Victoria Cerna solicitándole que interpusiera un recurso de reposición sobre los sobreseimientos por ella dictados, expresándole que se lo declararía con lugar, en vista de que había sido increpada por el presidente Jorge Rivera por su resolución. procediendo entonces la fiscal en referencia a interponer el recurso de reposición en fecha cinco de enero del año dos mil quince en contra de la resolución dictada por dicha juez en fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, resolviendo el mismo mediante resolución de fecha seis de enero del año dos mil quince, declarando con lugar el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público y procediendo a decretar el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y contra Dennis Dodany Bonilla García por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.” El ente sentenciador para llegar a la conclusión de culpabilidad de nuestra representada la abogada Liz María Núñez Cardona, basó sus conclusiones en meras suposiciones, y especulaciones, que no cumple con las expectativas o condiciones que tanto la ley procesal (reglas de la sana crítica) como la doctrina exige para que tales medios probatorios puedan dar por acreditado un hecho. de esta forma, se puede determinar en el acápite de valoración conjunta de la prueba, el tribunal de sentencia basa su condena, utilizando verbos como "podría" "pudo" "supone", que son especulaciones no probas que infiere el tribunal, sin fundamento para llegar a esa deducción.- veamos en la página 23 de la sentencia establece el tribunal de manera taxativa "parientes del concejal Teodoro Bonilla, quien por su cargo tienen facultades de decisión de tipo administrativas que le podrían generar beneficios laborales a la acusada Liz María Núñez, dentro de ellos ascensos en su trabajo dentro del poder judicial...” y bajo esta suposición se concluye que la abogada falto a su independencia judicial, y supuestamente favoreció de manera maliciosa y abusiva en el proceso que estaba conociendo. de igual manera en el acápite número cuarto, donde se valora la foliada del expediente número 20-80-2014, el tribunal de sentencias, con meras especulaciones no legales, reprocha la valoración de las pruebas que la jueza Liz María Núñez Cardona, realizó sobre los medios de prueba que se evacuaron en la audiencia que ella presidía, atribuyéndose en tribunal sentenciador, facultades de órgano superior revisor de las resoluciones de los inferiores, llegando al extremo de especular, sobre el fondo de un proceso que no estaba sometido a su conocimiento como jueces, ya que el conocimiento del expediente número 20-80-2014, que tiene el tribunal de sentencias, sentenciados, no puede interferir u opinar sobre las facultades que tenía la abogada Liz María Núñez, sobre la resolución emitida por ella como juez; equivocando su labor como tribunal sentenciador, y convirtiéndose en un tribunal de alzada revisando el fondo de dicha resolución, por lo que las conclusiones a que llega con relación a dicha folia, no resulta de una valoración de prueba, sino de opiniones y especulaciones sobre criterios jurídicos. este tipo de valoración de la prueba, violenta el estado constitucional de inocencia, porque sin prueba, y por medios no permitidos se llega a conclusiones de condena, que en el caso como el que nos ocupa no es permitido ya que "todas estas actuaciones son adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces República, no siendo posible imputar dichas resoluciones dentro de hechos delictivos, por cuanto las mismas son producto del razonamiento en apariencia lógico y coherente del juez denunciado, y en todo caso las mismas podían ser objeto del control de los órganos jerárquicamente superiores a través del recurso de apelación al ser de las resoluciones contra las que puede interponerse dicho recurso."de igual manera, se toma como base para la condena, una situación eminentemente jurídica, ya determina en la ley, incluyendo en la valoración de pruebas, un fundamentación jurídica falas, como ser el hecho de que la abogada Liz María Núñez Cardona, como jueza de jurisdicción nacional no debía conocer la audiencia preliminar reprochada como abusiva, por ser del conocimiento de otra jueza y que la audiencia preliminar debe ser conocida por el juez que conoció desde el requerimiento y que por tanto ella pudo, rechazar el conocimiento de la causa.- en su afán de lograr vincular esta afirmación el tribunal sentenciador transcribe artículos del Código Procesal Penal, donde establecen detallan las etapas del debate, y al ser una transcripción literal de los artículos forman parte de la ley y deben así cumplirse, por lo que conforme a esa ley la audiencia inicial se encuentra comprendida en la etapa preparatoria y la audiencia preliminar está comprendida en la etapa intermedia. (conclusión compartida en la sentencia). sobre este aspecto y el conocimiento que pueden tener los jueces sobre expediente que administrativamente no estén asignados a su persona, ya ha se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia (Sala Penal) en recurso; como el recurso de casación número 243=2005 que en su parte conducente dice: "que la resolución dictada por el juez z., file decretada dentro de la esfera de sus atribuciones como juez penal tal como se demostró con el acuerdo de nombramiento del juez z., que lo legitimaba para emitir la resolución que origina la acción penal en su contra. no obstante, considerar la sala de que el haber dictado el imputado una resolución en un expediente que administrativamente no estaba a él asignado, pueda ser considerada una actuación éticamente reñida con el perfil idóneo de cualquier juez, pero la misma, no alcanza para calificar la imputación penal pretendida en el presente caso, tal como efectivamente resulta de conformidad a las valoraciones propias de las pruebas producidas en juicio. “. - por lo que dicho aspecto señalado en la valoración de la prueba no puede ser tomando como elemento de prueba que pueda quebrantar la presunción de inocencia. vistas así las cosas, lo esgrimido por el tribunal sentenciador, que el juez que conoce la audiencia inicial, debe ser el mismo que conoce la audiencia preliminar (que es una práctica procesal común) es contrario a lo establecido en el artículo 83 numeral 3 del código procesal penal, donde establece que es causa legitima de recusación "haber sido juez o integrante de un tribunal en una etapa anterior del proceso", por lo que las conclusiones a que llega el tribunal de sentencias para suponer que la abogada Liz María Núñez Cardona, podía en primer lugar rechazar conocer la audiencia preliminar, es contraria de derecho, y en segundo lugar que conoció la audiencia preliminar para favorecer a los procesados en busca de ascensos laborales, resulta de la afirmaciones subjetivas de los sentenciadores sin prueba que lo reafirme; y sin prueba no se puede quebrantar la presunción de inocencia, que constitucionalmente se consagra en el artículo 89; más aún cuando antes de la fecha de la resolución que se considera abusiva, no existe ninguna prueba relacionada a intervenciones telefónicas, denuncia, etc. sobre este aspecto y la valoración de la prueba ya se ha pronunciado la Sala Penal, de la honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencias y para efectos de ilustración se transcribe la parte conducente: "la defensa cuestiona que los indicios declarados como tales en la sentencia, porque no cumplen las condiciones de concordancia, precisión y probanza. á efectos, de la valoración de indicios admitidos para sustentar un fallo, la sala entiende que, el control casacional debe efectuarse y ser riguroso comprobando una serie de parámetros exigibles para la aplicación correcta de los mismos, entre ellos; desde un punto de vista formal: la sentencia debe expresar cuales son los hechos bases o indicios acreditados en los cuales se fundamenta para las deducciones o inferencias y debe hacer explícito el razonamiento a través del cual partiendo de los indicios llega a la convicción del hecho punible y la participación del imputado, para poder permitir el control casacional correcta racionalidad de la inferencia. desde un punto de vista material: los indicios deben estar acreditados, ser plurales o muy excepcionalmente uno, pero con una singular potencia acreditativa, ser "concomitantes" al hecho que se trata de probar y deben interrelacionarse cuando son varios de modo que se refuercen entre sí, todo a efectos de que la inducción o inferencia sea razonable y se pueda excluir así la posibilidad de ser arbitraria, ilógica o infundada." (sentencias de casación penal CP 120-2008) entonces en el caso que nos ocupa, la total valoración de la prueba realizada, por el tribunal de sentencias, que lo lleva a concluir la supuesta falta de independencia y el supuesto de favorecer a los imputados en el proceso, por parte de la abogada jueza Liz María Núñez Cardona, no es producto de prueba o indicio, sino de meras especulaciones que ni pueden servir para conculcar la presunción de inocencia y crear certeza a los juzgadores de la culpabilidad de nuestra representada, como se ha establecido. por lo que es evidente por parte del sentenciador la violación o infracción del principio y a la vez derecho constitucional de inocencia ya que fue declarada culpable sin la concurrencia de un acervo probatorio suficiente que determinara con certeza su participación en un delito, en apoyo a lo expuesto anteriormente la mayoría de los Convenios Internacionales que Honduras ha suscrito con la comunidad internacional defienden enérgicamente la violación al derecho de inocencia, así la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José en su Artículo 8 inciso 2 señala: "que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad." por otra parte la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 11 determina "toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa"; y, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 número 2 prescribe: "toda persona acusada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley". así pudiendo citar más instrumentos que obligan para conculcar la presunción de inocencia, necesita una mínima actividad probatoria, no entendemos las razones o los motivos que los miembros del tribunal de sentencia tuvieron para condenar a nuestra representada. en este sentido, ya se ha pronunciado la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Penal en sentencia dictada: casación penal s. p. no.03-2011. del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por la parte defensora. 1. la recurrente, plantea que se ha violentado la garantía constitucional de "presunción de inocencia" infringido el artículo 89 de la constitución de la república, en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal, consignando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. explica la deponente, que el a-quo llegó a la conclusión de culpabilidad de su representado el señor f. e. p. l. de una serie de supuestos indicios o prueba circunstancial que apenas sirven para producir probabilidad, por lo que no se pudo enervar el estado de inocencia de su representado, ya que la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de sentencia, no se fundamenta en auténticos actos de prueba y dicha actividad probatoria no es incriminatoria para determinar la participación del imputado en los hechos sometidos a juzgamiento. ii. esta Sala de lo Penal, comparte el criterio que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, siendo que, por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, justamente, de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas y procedimientos que enmarcan el debido proceso. se ha denunciado la violación de una garantía consignada en nuestra carta magna como lo es la "presunción de inocencia" que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por Honduras. la presunción de inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la presunción de inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. iii.. en el caso examiné, la reclamante advierte que el tribunal de sentencia lesionó ese derecho fundamental a su representado, al emitir fallo condenatorio teniendo como base prueba indiciaria que no cumple con los requisitos para la utilización de pruebas en base a indicios; al respecto, debemos advertir que la doctrina admite la prueba indiciaria -en casos que no es posible utilizar prueba directa- siempre y cuando aquella parta de unos hechos indiciariamente probados penalmente, ya que no contiene fundar veracidades sobre el asiento de escuetas sospechas; sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria, por eso, la doctrina establece ciertos requisitos que debe tomarse en cuenta para la correcta utilización de la prueba indiciaria como base de una sentencia condenatoria, tales como: a) los indicios han de estar plenamente probados, no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios. b) pluralidad de indicios, la virtualidad de los indicios reside precisamente en su acumulación, su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación efecto-causa. c) el nexo causal ha de ser racional y lógico, la prueba indiciaria requiere, por consiguiente, un proceso de inferencia (inductivo) que aúne el indicio (hecho base) con el hecho presunto. d) motivación en la sentencia, cuando se trata de una codena basada en hechos indiciarios, la motivación expresa sobre las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración es una exigencia básica para poder determinar si existió verdadera prueba indiciaria o si lo único que se produjo fue una actividad que tan solo logró arrojar sospechas o sugerir conjetura sobre la culpabilidad del acusado 1. iv. sobre la base de los requisitos mencionados, esta Sala de lo Penal, analizará la sentencia recurrida y determinará si en efecto los argumentos de la recurrente son acertados, en el sentido de que la prueba aportada en juicio no cumple con los requisitos para considerarla como indiciaria, sino que solo lleva a meras sospechas que por sí solas no pueden enervar la presunción de inocencia... vi. concluimos, por tanto, que los indicios que escuetamente motiva el tribunal de sentencia, no cuentan con los requisitos que la doctrina señala para considerarlos como una prueba indiciaria suficiente para enervar la presunción de inocencia, no siendo la misma racionalmente valorada por el a-quo, que es lo que procede determinar a la Sala cuando se invoca recurso por infracción de precepto constitucional, invocando vulneración del estado de inocencia; porque si bien se acreditó que en efecto se suscitó un hecho punible penalmente... , no se logró establecer a manera de certeza… sea el responsable de dicho deceso, las pruebas evacuadas y las conclusiones a las que amiba el tribunal nos llevan a meras sospechas que no alcanzan a quebrantar la presunción de inocencia del acusado que protege al ciudadano(a) durante es objeto de un proceso penal; por tanto, es procedente declarar con lugar el presente motivo de casación, revocar el fallo condenatorio emitido... al observar la demostración idónea del vicio en la sentencia impugnada, resulta evidente, la violación a la presunción de inocencia, alegada, lo que se en la violación del artículo 89 de la Constitución de la República. se vulnera el estado de inocencia consagrado en nuestra carta magna: a) cuando se condena sin pruebas, entendiendo por tales solamente las evacuadas en el juicio oral y público, conforme a las reglas establecidas al efecto por la ley; y, b) cuando las pruebas producidas en el juicio son insuficientes, y esto se da cuando no evidencian la concurrencia de los elementos que configuran el tipo objetivo. Casación penal número 336-2009. del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo segundo interpuesto por la defensa. el segundo motivo de casación invocado por el recurrente es también infracción de precepto constitucional, invocando como precepto infringido el artículo 89 de la Constitución de la República, señalando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. esta Sala de lo Penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: l) ya la sala ha hecho referencia a los preceptos constitucionales atacables mediante el recurso extraordinario de casación, por ello es que Javier Vecina Cifuentes enfatiza que "el control judicial se plasma sobre todo en la fiscalización del respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y muy especialmente al derecho de presunción de inocencia "1. es factible por esta vía recursiva, atacar la resolución recurrida, por estimarse que los hechos probados en los que se apoya no son producto de una actividad probatoria mínima y suficiente, revestida de las garantías constitucionales y procesales que tiendan a legitimarla; si bien los hechos probados son intangibles, se trata de ejercer un control externo para la constatación de los mismos, hablamos de "un juicio crítico que recae no sobre los hechos sino sobre el juicio de hecho realizado por el tribunal sentenciador y que éste ha reflejado en su sentencia; en definitiva, un juicio sobre el juicio, un metajuicio si se prefiere decir así, que pretende garantizar la racionalidad de la decisión judicial y su adecuación a la legalidad constitucional" 2) ciertamente la doctrina enseña sobre este especial motivo de casación, (vulneración del principio de inocencia o mejor dicho estado de inocencia para ser congruentes con la constitución) que se vulnera el estado de inocencia consagrado en la primera ley de la república, cuando se ha condenado sin pruebas o bien cuando hay insuficiencia probatoria que no conduzca a la configuración del tipo objetivo que se persigue. delimitados los presupuestos de la concurrencia de la causal de infracción al estado de inocencia, se impone examinar detenidamente si concurre el tipo especial de violación por el que se sometió a juicio al imputado, describiéndose la conducta como acceso carnal con otra persona, sin mediar violación o amenaza, cuando la víctima se encuentre privada de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia, según está regulado en el artículo 140 numeral 2 del código penal. se pone de manifiesto luego, la necesidad de determinar si las pruebas vertidas en el juicio oral y público han servido para demostrar en grado de certeza y consiguientemente puntualizar la convicción del juzgador como para no dudar que el acceso carnal, aceptado por el procesado, se produjo mientras la supuesta víctima se encontraba privada de razón o de voluntad o que no haya podido oponer resistencia, quebrantándose con ello el estado de inocencia que goza el encartado. 3)… 5) realizado el estudio de los medios de pruebas técnico científicos se hace notar una insuficiencia probatoria que no permite alcanzar el grado de convicción necesario para determinar. resulta imposible concluir que se haya quebrantado el estado de inocencia del procesado. 6) una situación muy particular presenta el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y es que el artículo 369 del Código Procesal Penal, atendiendo a su literalidad, lo incorpora con los mismos efectos de la casación por infracción de ley o doctrina legal, pues señala que de ser observada la infracción, la Corte Suprema de Justicia dictará la sentencia en la cual casará el fallo recurrido y resolverá el caso con la ley aplicable, teniéndose el sumo cuidado de examinar cuales son esos casos en que puede darse ese efecto en el fondo, debiendo valorar el tribunal cada caso en particular tomando en cuenta la naturaleza del precepto infringido, pues habrá casos en que será necesario el reenvío como cuando se invoque infracción al debido proceso que implique la violación de normas procesales que requieran su enmienda para conocer adecuadamente sobre el fondo. 7)… por las razones antes expuestas es procedente el motivo de casación invocado y consecuentemente por disposición del artículo 339 del Código Procesal Penal, procede absolver al imputado.” en este orden de ideas se solicita que conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal se declara con lugar el motivo alegado. reclamaciones hechas para subsanar el vicio procesal. el vicio procesal que da fundamento a la infracción de precepto constitucional expuesto en el presente recurso fue cometido en el acto mismo de la sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación. alcance de la petición del recurrente: a la honorable Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pedimos, declarar ha lugar el único motivo de casación por infracción de precepto constitucional, y que se absuelva a nuestra representada Liz María Núñez Cardona.Continúan manifestando los recurrentes en su recurso de casación: “casación por infracción de ley. motivo primero: infracción, por falta de aplicación, del artículo 2-c del Código Penal, que, a la letra, y en la parte conducente, dispone lo que sigue: "no podrá imponerse pena…, alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal.' precepto autorizante. este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 360, párrafo primero, del código procesal penal, en la parte que se lee así: "habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley... cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal... de carácter sustantivo...” explicación del motivo para los efectos de este recurso, se acepta como verdad los hechos plasmados en la sentencia, que ya se encuentran transcritos en este recurso, y de los cuales resulta, que no aparece ningún elemento que implique, siquiera lejanamente, lesión o puesta en peligro de la administración pública, como bien jurídico protegido, por lo que al haberse condenado a la abogada Liz María Ernestina Núñez Cardona, sin haberse declarado probada una situación de lesión o puesta en peligro del indicado bien jurídico, resulta más que clara la infracción, por aplicación indebida del precepto invocado en el planteamiento de este motivo. la Administración Pública como bien jurídico protegido, debe de conceptualizarse, para efectos penales en un sentido lato, como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza que tiene como fin procurar el bienestar individual y social, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado social de derecho; ahora bien en el sentido de la administración de justicia, debe patentizarse en que la supuesta resolución, causó o puso en peligro el bien jurídico protegido, en el caso que nos ocupa de conformidad a los hechos probados, nuestra representada emitió dos resoluciones, una consignada en el numeral sexto de los hechos probados en fecha cinco de agosto de 2014 y la otra según consta en el hecho probado noveno, en fecha 10 de diciembre de 2014. del texto donde relatan los hechos probados, la primera resolución (5 de agosto de 2014) fue revocada en recurso de apelación por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, y la segunda fue repuesta por la propia jueza, Liz María Núñez Cardona, en recurso de reposición interpuesto por la fiscalía del Ministerio Público, es decir que ninguna de las dos resoluciones emitidas por ella, fueron firmes y ejecutoriales, por lo que no causaron o pusieron nunca en peligro ningún bien jurídico protegido por la ley. Reclamaciones hechas para subsanar el vicio procesal. el vicio procesal que da fundamento a la infracción de ley expuesto en el presente recurso fue cometido en el acto mismo de la sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación. alcance de la petición del recurrente: a la honorable Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pedimos, declarar ha lugar el primer motivo de casación por infracción de ley, y que se absuelva a nuestra representada Liz María Núñez Cardona. motivo segundo: infracción, por aplicación indebida, del artículo 349 numeral 2 del Código Penal, que se lee así: "será castigado con reclusión de tres a seis años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: … 2) dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la constitución de la república o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos", comprendido este precepto en el capítulo iii del título xiii, cuya rúbrica es "delitos contra la administración pública", libro segundo del mencionado ordenamiento jurídico. precepto autorizante. este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 360, párrafo primero, del Código Procesal Penal, en la parte que se lee así: "habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley... cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal de carácter sustantivo...” explicación del motivo para entrar a explicar el presente motivo, transcribiremos nuevamente los hechos probados contenido en la sentencia, el que tal como anteriormente hemos expresado y para los efectos de esta impugnación, aceptamos como verdad: hechos probados “Primero: mediante Acuerdo no.82 de fecha 26 de enero del año 2012, la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, quien se desempeñaba como secretaria de juzgados y tribunales del tribunal de sentencia de la sección judicial de Tegucigalpa fue ascendida al cargo de jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal, en el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional, siendo creada la plaza mediante acuerdo no. 1097 de fecha 07 de octubre del 2011. Segundo: en fecha 21 de enero del 2014 fue presentado requerimiento fiscal entre otros, en contra de los señores Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento de armas de uso comercial y municiones, almacenamiento de armas de uso prohibido, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; y asimismo contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de honduras, registrado este bajo expediente no.012014 conocido como caso shalom ante el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional de la ciudad de San Pedro Sula, correspondiendo por ende conocer de dicha causa a la jueza Delmy López quien celebró las audiencias de declaración de imputados en la cual ordenó la detención judicial de los mismos y la audiencia inicial en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce en la cual decretó auto de formal procesamiento en contra de los imputados ya mencionados por los delitos ya referidos, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva. Tercero: la abogada Delmy López jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal de San Pedro Sula, fue ascendida al cargo mediante acuerdo no. 1006 de fecha 10 de octubre del 2013, dicha profesional sostenía una relación sentimental con el señor Teodoro Bonilla, vicepresidente del consejo de la judicatura con quien mantenía comunicación sobre la forma en que debía resolver en dicho expediente en vista de que los imputados son parientes de este dentro del 4to y 5to grado de consanguinidad. Cuarto: el señor Teodoro Bonilla, fue nombrado por el Congreso Nacional como concejal propietario del consejo de la judicatura mediante Decreto Legislativo no.215-2013 publicado en La Gaceta el 02 de octubre del 2013 y en virtud de la relación que este mantenía con la señora Delmy López quien a su vez mantenía una amistad con la acusada Liz María Núñez, la señora Delmy López procedió en fecha 29 de julio del 2014 a señalar de oficio fecha para la celebración de la audiencia preliminar y emitió un auto en el aludido expediente, aduciendo que no podía cubrir la audiencia preliminar en dicha causa por encontrarse con excesiva carga de trabajo y ordenó la remisión de las diligencias a la juez con jurisdicción nacional de Tegucigalpa Liz María Núñez, a fin de que ésta llevara a cabo dicha audiencia, haciéndole creer que esas eran las directrices del presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilez manifestándole que este se había comunicado con ella para tal fin, manteniendo ambas comunicación vía teléfono sobre las resoluciones e incidencias que se daban en el referido proceso, con el conocimiento de ambas juezas de que en dicho expediente se encontraban involucrados dos parientes del abogado Teodoro Bonilla. Quinto: fue así que en fecha treinta y uno (31) de julio de ese mismo año (2014), la jueza Liz María Núñez procedió a celebrar la audiencia preliminar en la cual tuvo por formalizada la acusación contra Carlos Roberto Bonilla por los delitos de lavado de activos y almacenamiento ilegal de arma, municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y la seguridad interior del Estado de Honduras respectivamente, y contra Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comer ilegales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, como también tuvo por contestados los cargos por parte de los defensores de dichos imputados, argumentando el defensor del imputado Carlos Roberto Bonilla que presentó una prueba documental que acreditaba la procedencia lícita de los bienes de su representado como también que le presentó al Ministerio Público un informe financiero, pero que el mismo no había sido llevado a dicha audiencia, solicitando ambos defensores el sobreseimiento de las causas, luego de lo cual la juez Liz maría Núñez procedió a señalar audiencia dentro de los tres días siguientes para resolver lo correspondiente. Sexto: en fecha cinco de agosto del año 2014 la juez Liz María Núñez emitió una resolución favorable a los intereses del señor Teodoro Bonilla quien como vicepresidente del consejo de la judicatura poseía facultades que la podrían beneficiar dentro de la carrera judicial, y dicha juez procedió a dictar un sobreseimiento provisional a favor del señor Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de honduras y auto de apertura a juicio en contra de este mismo imputado, por los delitos de posesión ilegal de arma, municiones comerciales y posesión de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado, como también dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, apartándose de la independencia judicial e imparcialidad con la que estaba obligada a actuar. Apelación interpuesta resolución el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Ciudad de Tegucigalpa, el cual fue resuelto en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil catorce, pronunciándose dicho tribunal únicamente en la forma y no en el fondo del asunto, argumentando que dicha resolución emitida por la juez Liz María era contradictoria en su motivación y por ende violatoria del debido proceso, resolviendo en la parte dispositiva: 1. declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Victoria Cerna, fiscal del Ministerio Público.2. Revocar la resolución apelada.3. que se dé cumplimiento al artículo 302 y 337 del Código Procesal Penal. Octavo: en fecha 10 de diciembre de 2014 la jueza Liz maría Núñez procedió a comunicarse vía teléfono con la magistrada Emily Page quien a su vez le pasó la llamada a la magistrada Ericka Dubón ambas de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán con el fin de solicitar le aclarara la resolución dictada en recurso de apelación sobre el auto de fecha 05 de agosto del año 2014 en el caso del expediente 01-2014 conocido como Shalom, ya que para ella no estaba clara la parte dispositiva de dicha resolución, manifestándole a la magistrada Dubón que en vista de que el Ministerio Público había presentado dos agravios, uno referente a la valoración de la prueba de un informe financiero y el segundo en cuanto a una contradicción en la motivación, en base a ello la Corte había optado por no pronunciarse sobre el fondo del asunto haciéndolo únicamente por la forma, en vista de dicha contradicción que vulnera el debido proceso, por lo que dicha magistrada le recalcó que cualquier tipo de resolución que decidiera emitir lo hiciera de forma motivada y congruente. Noveno: en fecha 10 de diciembre del 2014, la acusada Liz María Núñez, junto con la juez Delmy López, visitaron al entonces concejal Teodoro Bonilla a las 14:01 en su despacho de la Corte Suprema de Justicia, recibiendo instrucciones de este sobre cómo debía resolver el caso. En esa misma fecha, la jueza Liz María Núñez habiendo recibido la certificación de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones y teniendo por aclarada la parte resolutiva de dicho tribunal cuyo pronunciamiento lo hizo únicamente en la forma, procedió a dictar nuevamente resolución manteniendo los sobreseimientos anteriormente emitidos en los mismos términos, el sobreseimiento provisional a favor del imputado Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras, como también mantuvo el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, excluyendo únicamente el párrafo cuarto de la resolución anterior de fecha cinco de agosto del mismo año 2014, el cual fue señalado por la corte de apelaciones como contradictorio, manteniendo en lo demás dicha jueza la misma motivación, y parte dispositiva de su anterior resolución. Décimo: conocida la resolución emitida por la juez Liz María Núñez por el entonces presidente de la Corte Suprema Jorge Rivera Avilez en fecha 22 de diciembre de 2014 procedió a llamar vía teléfono a la señora Liz María Núñez, aclarándole que él no había hablado con la juez Delmy López ni había dado instrucciones que ella conociera del caso de los Bonilla, expresándole que esta había sido sorprendida por Delmy López en vista de que ella le había tenido miedo al concejal Teodoro Bonilla porque sabía que los imputados del caso eran sus familiares, aconsejándole que no se dejara influenciar por Delmy López ni por Teodoro Bonilla y que debía enmendar la resolución de los sobreseimientos por ella dictados, manifestándole que se fuera por la línea correcta, y que él la apoyaría en el consejo de la judicatura, siempre y cuando hiciera las cosas correctamente. Décimo Primero: en vista de lo anterior, la juez Liz María Núñez mediante llamadas telefónicas procedió a hacer del conocimiento de Delmy López como del vicepresidente del consejo de la judicatura Teodoro Bonilla las llamadas recibidas del señor Rivera Avilez, alterando lo expresado por éste, manifestándoles que éste le había ordenado revocar los sobreseimientos antes dictados a favor de los señores Carlos Roberto Bonilla y Dennis Donadin Bonilla, y ordenar la apertura a juicio en contra de estos, expresándoles que dichos lineamientos habían cambiado y que seguramente obedecían a que el fiscal general se había enterado a través del fiscal del caso y que a su parecer este había llamado al presidente Jorge Rivera Avilez para darle nueva línea de cómo resolver el caso shalom, expresándoles a Delmy López como al concejal Teodoro Bonilla, que ella le hizo el favor, que quiso ayudar pero que ya no podía seguir, dados los nuevos lineamientos recibidos por el jefe (Rivera Avilez) a quien no podía desobedecer porque necesitaba de su trabajo. Posteriormente la señora Liz María Núñez recibió nuevamente llamada del entonces presidente señor Rivera Avilez en la cual le expresaba que tenía presiones de Teodoro Bonilla y que, si él la llamaba dándole una contraorden del caso Shalom, que no la acatara, y que se mantuviera en lo que ya le habían hablado. Decimo Segundo: fue así como la juez Liz María Núñez procedió a enviarle un mensaje a la fiscal Victoria Cerna solicitándole que interpusiera un recurso de reposición sobre los sobreseimientos por ella dictados, expresándole que se lo declararía con lugar, en vista de que había sido increpada por el presidente Jorge Rivera por su resolución. procediendo entonces la fiscal en referencia a interponer el recurso de reposición en fecha cinco de enero del año dos mil quince en contra de la resolución dictada por dicha juez en fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, resolviendo el mismo mediante resolución de fecha seis de enero del año dos mil quince, declarando con lugar el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público y procediendo a decretar el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y contra Dennis Dodany Bonilla García por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.” Hemos visto que el precepto en que se tipifica el delito de abuso de autoridad está comprendido en el apartado que en el Código Penal corresponde a los que se cometen contra la Administración Pública, que es el bien jurídico protegido por esa figura, o, expresado con más precisión, es el correcto funcionamiento de esa administración. se impone, en consecuencia, determinar si del hecho probado en que se funda el fallo recurrido resulta alguna lesión para ese bien jurídico. Pero antes veamos en qué consiste la administración pública: "es el poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos"; así la define el maestro Cabanellas en su diccionario enciclopédico de derecho usual. Gabino Fraga en su "Derecho Administrativo" nos dice que "la organización especial para la satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa constituye la administración pública", la cual "desde el punto de vista formal es parte, quizás la más importante, de uno de los poderes del estado en los que se halla depositada la soberanía del estado, es decir, del poder ejecutivo". para Antonio Canasi, en la obra "Derecho Administrativo", "es Administración Pública la actividad práctica que el estado desarrolla para atender de manera inmediata los intereses públicos que tomó a su cargo para el cumplimiento de sus fines". pero para salimos de la doctrina y echar mano de nuestro derecho positivo, tenemos que en la ley general de la Administración Pública se dispone: "Artículo 2. la Administración Pública puede ser centralizada y descentralizada. artículo 9. la Administración Pública centralizada está constituida por los órganos del poder ejecutivo. artículo 10. son órganos del poder ejecutivo: a) la presidencia de la república; b) el consejo de ministros; y, c) las secretarías de estado. artículo 49. la administración descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: a) instituciones autónomas, y, b) municipalidades o corporaciones municipales." si hacemos un análisis de los hechos declarado en el fallo impugnado frente a lo que la doctrina y la ley nos dicen acerca de lo que es Administración Pública, encontramos con que ahí no se declara probado ni el más mínimo elemento que haga la más mínima relación a la administración pública como bien jurídico protegido por el delito objeto del proceso. Así las cosas, nos encontramos con que la situación fáctica configurada en los hechos probados, no se subsume en la figura del delito de abuso de autoridad, y si es así, dados los hechos probados de la sentencia es evidente la infracción, por aplicación indebida, del Artículo 349 numeral 2 del Código Penal. De tal suerte entonces que debe analizarse cuál es la resolución que se considera arbitraria o al margen de la ley, está conforme a la sentencia impugnada es la dictada por nuestra representada en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, sobre esta resolución es importante establecer dos aspectos: l) esta resolución responde a las facultades que conforme a la ley en el Artículo 302 del Código Procesal Penal, es permitido emitir los jueces, esto tomando en cuenta no solo lo establecido en el Código Procesal Penal sino también es sentencias por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que en sentencia número CP 289-2008, en su parte conducente dice: "...el criterio de la sala. son tres los momentos procesales autorizados por el código procesal penal, en los que se puede dictar sobreseimiento definitivo y son: a) luego de concluida la investigación fiscal inicial y a petición de este. b) en la audiencia inicial. c) en el auto posterior a la audiencia preliminar. en todos los casos se entienden que deberán concurrir a lo menos los supuestos previstos en los artículos 296 y párrafo último del artículo 302 del Código Procesal Penal, esto es: a) que resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión. b) que no existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito. c) que se haya extinguido la acción penal y d) que en base a la formalización de acusación y contestación de cargos, el juez considere que no hay fundamentos razonables para el desarrollo del juicio... por lo que dictar un sobreseimiento definitivo o provisional luego de la audiencia preliminar es una facultad que la ley permite por lo que de conformidad a la a la sentencia penal número SP 202- 2008 que en su parte conducente dice:”… segundo: esta Sala de lo Penal del estudio de los antecedentes y del fallo recurrido, considera que las actuaciones del juez al que se le imputa un hecho delictivo en el antejuicio, se enmarcan dentro de las facultades que le han sido otorgadas para el ejercicio de sus funciones... todas estas actuaciones son adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces de la república, no siendo posible imputar dichas resoluciones dentro de hechos delictivos, por cuanto las mismas son producto del razonamiento en apariencia lógico y coherente del juez denunciado, y en todo caso las mismas podían ser objeto del control de los órganos jerárquicamente superiores a través del recurso de apelación al ser de las resoluciones contra las que puede interponerse dicho recurso..." 2) en segundo lugar dicha resolución no llegó a tener ningún efecto jurídico, en vista de que fue revocado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en resolución de fecha seis de noviembre del año dos mil catorce. de esto resulta, que la resolución no tuvo consecuencias jurídicas ya que fue revocada, como se expresó en el motivo anterior y tampoco existe prueba de que mi persona hubiera dictada dicha resolución con malicia o conciencia de injusticia, en abuso de autoridad violentando la" independencia judicial. en relación al delito de abuso de autoridad, por el cual se ha declarado la condena; al respecto haciendo acopio, de sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que en lo conducente dicen: sentencia CP 218-2010 “…en sentido jurídico se abusa de una cosa, aunque se la emplee según su destino si esto se hace de modo ilícito o por fines ilícitos" (vid. Carrara, Francesco: programa de derecho criminal-parte especial, volumen v, Temis-Depalma. 1977, &2514, p. 58), añadiendo que "puede abusarse de la autoridad en sentido ontológico cuando se usa de un poder público traspasando los límites que el cargo concede, y a pesar de esto puede no cometerse delito, es decir. no haberse abusado en sentido jurídico, por no ser criminosos ni el fin ni los medios.... en cambio. puede no haber abuso en sentido ontológico porque la autoridad concedida se ejerce dentro de los límites del poder respectivo, y sin embargo hay abuso de autoridad en sentido jurídico por la maldad del fin o de los medios" ...a idéntica conclusión arriba Sebastián Soler cuando señala que es preciso señalar el límite mínimo. lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcionarial que determina a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria. en otros términos “... el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas. según los supuestos de que se trate " (vid. Donna, Edgardo Alberto: delitos contra la administración pública, colección autores de derecho penal, Rubinzal Culzoni, 2 0 edición actualizada. 2008, p. 190) ". "por consiguiente, el interés se concentra en los supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso, esto es. "en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica" (Soler, Sebastián: ob. cit., p. 138) "es decir, la expresión "acto arbitrario " puede interpretarse correctamente sólo sí se toman en consideración su sentido objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay "abuso" o "arbitrariedad" allí donde el funcionario de que se trate disponga de poderes discrecionales y los emplee maliciosamente ...argumentan los recurrentes que el precepto que tipifica el delito de abuso de autoridad, está comprendido en el código penal entre los delitos que se cometen contra la administración pública, que es el bien jurídico protegido por esa figura. analiza el hecho probado y refiere que del mismo no resulta lesión de dicho bien jurídico. después de citar diversas mentes doctrinarias sobre el concepto de la Administración Pública. concluye que esta reside en el Poder Ejecutivo. Asimismo, considera que la propia Ley General de la Administración Pública. dispone en su artículo 2 que: "la Administración Pública puede ser centralizada descentralizada". el artículo 9. la Administración Pública centralizada está constituida por los órganos del Poder Ejecutivo. Artículo 10. son órganos del Poder Ejecutivo: a) la presidencia de la república; b) el consejo de ministros: y, c) las secretarías de estado. artículo 49. la administración descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: a) instituciones autónomas, y, b) municipalidades o corporaciones municipales. " del análisis que realiza al hecho único declarado robado por el juzgador ente a la doctrina p ley enunciada, estima que no establece la más mínima relación con la Administración Pública, como el bien jurídico protegido del delito objeto del proceso. concluye que el cuadro fáctico de la sentencia impugnada no subsume la figura del delito de abuso de autoridad siendo por ello evidente la inacción por aplicación indebida, al artículo 349. 2 del código penal. esta Sala de lo Penal, es del criterio que el presente motivo debe ser declarado con lugar, debiendo estarse el recurrente a lo expuesto por este tribunal supremo al resolver el recurso de casación que por infracción de ley promoviera la acusación particular...” sentencia CP 202-2008 es por todo lo anterior. que este tribunal de alzada, no encuentra que los hechos que el Ministerio Público le imputa al antejuiciado puedan ser subsumidos dentro de los elementos objetivos del delito de abuso de autoridad por ende no concurren suficientes méritos para iniciar una causa penal por estos hechos, o dicho de otra manera, para proceder criminalmente contra el juez por razón de su cargo pues no existen suficientes elementos para poder concluir que el antejuiciado dictó providencias o resoluciones contrarios a la Constitución de la República o a las leves o que se abstuvo de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. es oportuno reiterar que la Sala de lo Penal ha sostenido que el: "delito de abuso de autoridad uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer un exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo..." recurso de casación número 243=2005 esta Sala de lo Penal procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: i.- aprecia que el tribunal de instancia ha dado razones suficientes y debidamente fundadas en orden de dejar claramente establecido por medio de las reglas de la sana crítica que, al margen de que el acusado pudo haber dictado una resolución en un expediente que administrativamente no estaba a él asignado, como juez de lo penal, sin duda alguna tenía competencia y jurisdicción para conocer del mismo. la tarea del juzgador implica un razonamiento a efecto de determinar los presupuestos procesales v constitucionales para sustanciar una causa penal, pero es claro que la actividad jurisdiccional implica la posibilidad de incurrir en un error de apreciación o de valoración de los elementos en consideración, no obstante ese ejercicio intelectivo es independiente e inmanente a cada juzgador, por ello la ley ha establecido los recursos para enmendar los eventuales errores en que incurra una autoridad judicial. lo cual no implica necesariamente suponer una actitud dolosa en su ejercicio, de lo contrario habría que asumir que todo órgano jurisdiccional al que un tribunal de alzada le revoque una resolución. incurriría en responsabilidad penal. en virtud de esto, la resolución por nuestra representada en su condición de jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal, es una facultad concedida a ella como juez, ya que la ley permite que emita en ese momento procesal el sobreseimiento definitivo o provisional, tal resolución no responde a ninguna injerencia o arbitrariedad, dicha resolución podía como en efecto lo fue, y fue por medio de recurso que fue revocada, por lo que puede configurase el delito de abuso de autoridad por el que fue condenada, por lo que se ha aplicado indebidamente el precepto penal. reclamaciones hechas para subsanar el vicio procesal. el vicio procesal que da fundamento a la infracción de ley expuesto en el presente recurso fue cometido en el acto mismo de la sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación. alcance de la petición del recurrente: a la honorable Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pedimos, declarar ha lugar el primer motivo de casación por infracción de ley, y que se absuelva a nuestra representada Liz María Núñez Cardona FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del código procesal penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la convención americana sobre derechos humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la reguera, ángel, en los recursos, cuadernos de estudios judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. • Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas constitucionales que se denuncian infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: Violación al principio de estado de inocencia. • Pretensión: subsanar el vicio y absolver a la acusada. Los censores del fallo establecen en su recurso que, el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, en la sentencia condenatoria dictada contra la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona, cometió infracción del precepto constitucional comprendido en el Artículo 89, manifiestan que ese vicio violenta lineamientos de la Ley Constitucional vigente, argumentan los censores que el tribunal de sentencias con meras especulaciones no legales, reprochó una valoración de las pruebas que la jueza Liz María Núñez Cardona, realizó y se evacuaron en la audiencia que ella presidía, atribuyéndose en tribunal sentenciador, facultades de órgano superior revisor de las resoluciones de los inferiores al extremo de especular, sobre el fondo de un proceso que no estaba sometido a su conocimiento como jueces, los recurrentes establecen que el A Quo en su valoración no puede interferir u opinar sobre las facultades que tenía la abogada Liz María Núñez, por lo que las conclusiones a que llega con relación a dicha foliada, no resulta de una valoración de prueba, sino de opiniones y especulaciones sobre criterios jurídicos. Violentando el estado constitucional de inocencia, porque sin prueba, y por medios no permitidos se llegó a conclusiones de condena, que en el caso no es legal ya que "todas estas actuaciones de la acusada son adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces de la República, no siendo posible imputar dichos actos dentro de hechos delictivos. De tal manera los recurrentes expresan que se tomó como base para la condena, una situación eminentemente jurídica y solicitan que a través del presente recurso se falle con lugar y absolver a la acusada. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el Artículo 84 dice: "nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley". norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el Artículo 1: “nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” en consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. el problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad, son: 1. cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años una pena de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que esta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). en el texto del artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: i. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. ii. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. iii. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive, cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. en los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. del derecho/principio del estado material de inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos en el Artículo 11.1, reglado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Artículo 14.2, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su Artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. El derecho que estudiamos es un derecho fundamental de carácter general que tiene las siguientes características: • Es una presunción legal, preordenada por la norma constitucional, no sujeta a acreditación por parte de la persona sospechosa o imputada; • Es un derecho fundamental de carácter personal, que obliga a los representantes del estado a tratar de una manera específica (como inocente) a aquella persona sospechosa o imputada; • Es una presunción iuris tantum, que puede destruirse a razón de prueba en contrario; y • Es un derecho que opera dentro de los límites del derecho probatorio, no teniendo vinculación con la calificación jurídica o la pena que debe de imponerse. El derecho tiene implicaciones en todo el sistema legal, y por supuesto tanto en la aplicación del derecho sustantivo penal como derecho procesal penal. la presunción de inocencia (iuris tantum) solo puede ser destruida como consecuencia de una declaratoria de culpabilidad emitida por un tribunal, emitida como consecuencia de una actividad probatoria de cargo que cubra los elementos que configuran el tipo penal sancionable, con suficiente entidad y practicada con las garantías legales. este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando al derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. En el informe no. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] de todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este tribunal de casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- en el ámbito penal esta corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. la presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. el recurso no es de recibo. Luego de visto y analizado el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por los abogados Iván Adán Martínez Ordoñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de abogados privados de la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona la Sala de lo Penal, identifica que el alegato central de los censores consiste en denunciar que el sentenciador infringió el principio del estado de inocencia, al hacer uso de disposiciones convencionales para según él, darles contenido al tipo penal de abuso de autoridad, establecido en el artículo 349 código penal. Como se ha señalado ut supra, el principio de inocencia exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley, y en el caso presente, las conductas comisivas realizadas por la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, se encontraban previamente establecidas en la ley penal, de modo que, sabía que su actuar era penalmente reprochable. También se ha mencionado que el tipo penal de abuso de autoridad se caracteriza por ser abierto, por cuanto el acto reprochado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público; además, es un tipo penal de mera actividad, por cuanto su consumación acontece con la acción contraria a la norma, sin importar si existe o no resultado dañoso. de conducta instantánea, exige la cualificación del sujeto activo, tiene identidad del bien jurídico protegido (la administración pública) y el sujeto pasivo. Dicho lo anterior, se destaca que el sentenciador no realizó alguna interpretación analógica para llenar de contenido el tipo penal en cuestión, pero sí hizo una labor de hermenéutica jurídica la cual tiene permitido realizar en su labor de motivación de las resoluciones judiciales- con el objetivo de explicar la naturaleza del tipo penal de abuso de autoridad, y del cual concluye acertadamente que es un delito de mera actividad y no de resultado. Tampoco se infringe el principio constitucional comprendido en el Artículo 89, relacionado al estado de inocencia, tomando en consideración que el derecho tiene implicaciones en todo el sistema legal, y por supuesto tanto en la aplicación del derecho sustantivo penal como derecho procesal penal. La presunción de inocencia (iuris tantum) solo puede ser destruida como consecuencia de una declaratoria de culpabilidad emitida por un tribunal, posterior a una actividad probatoria de cargo que cubra los elementos que configuran el tipo penal sancionable. en esta causa durante el juicio oral y público se evacuaron entre otras pruebas las siguientes. 1) testificales, a) Ada Margot Mass b) Víctor Cerna, c) Ronal Benegas, 2) documentales a) fotocopia debidamente autenticada por la secretaria ,del juzgado de ejecución del acuerdo del nombramiento a favor de la abogada Liz María Núñez b) Decreto Legislativo 215-2013 mediante el cual fue nombrado el abogado Teodoro Bonilla en el consejo de la judicatura, c) copia de acuerdo del nombramiento debidamente autenticado a favor de Delmy Elizabet López donde se le ascendió de juez de letras seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés a cargo de juez de letras con competencia territorial. d) copia del acuerdo del nombramiento número 651 de fecha 19 de julio de 2015 a favor de Delmy Elizabeth López Paz, a magistrada integrante de Corte de Apelaciones.- En el acápite relacionado a la valoración de las pruebas el A Quo estableció que la declaración de Ada Margot Mass es importante para conocer la forma en que se inició la investigación, en relación al señor Jonathan Molina, secretario de jurisdicción nacional quien llegó a su despacho a pedir información sobre un caso de privación de dominio, dejando entrever que personas ligadas a cargos altos en la administración de justicia estaban involucrados por estos testimonios. También se corroboró las llamadas recibidas por la fiscal Victoria Cerna, por parte de la imputada Liz María Núñez, solicitándole que interpusiera un recurso de reposición, sobre el auto de fecha diez de diciembre del 2014 el cual se lo declararía con lugar, expresándole asimismo que había recibido llamadas de atención de sus superiores por esa resolución y que rectificaría la misma, lo cual deja entrever una anormalidad por la total parcialidad, y en cuanto a la manera en que dicha juez evacuó dicho caso con total conciencia, de que había faltado al deber de imparcialidad e independencia judicial, a los que está obligada como funcionaria, con los acuerdos de nombramientos se acredita la condición de jueza de la imputada, Liz María Núñez así como también la imputada Delmy López ambas jueces de letras jurisdicción nacional de igual Teodoro Bonilla nombrado por el Congreso Nacional como Vicepresidente del Consejo de la Judicatura. En cuanto a Las pruebas periciales, ratificadas por la perito Norma Garay a través de dichos dictámenes se reprodujeron audios, en el juicio oral pudiendo escuchar y tener a la vista, transcripción de las conversaciones sostenidas entre la imputada Liz María Núñez, la juez Delmi López y Teodoro Bonilla, para el Tribunal de Sentencia esos dictámenes fueron contundentes en su análisis para establecer la existencia de un interés de la acusada Liz María Ernestina Núñez en querer favorecer con sus resoluciones, a los señores Carlos Roberto Bonilla y Denis Dodany Bonilla, en el caso 001-014 conocido como shalom por ser parientes del Vicepresidente del Consejo de la Judicatura Teodoro Bonilla, mereciendo dichos dictámenes valor probatorio. Los recurrentes cuestionan en su recurso la forma de sustanciación y argumentos del tribunal de sentencia en lo relacionado a la valoración que hizo de los medios de prueba sosteniendo (que esa motivación , son opiniones y especulaciones sobre criterios jurídicos ).agregando que,( El ente sentenciador para llegar a la conclusión de culpabilidad de nuestra representada la abogada Liz María Núñez Cardona, basó sus conclusiones en meras suposiciones, y especulaciones, que no cumple con las expectativas o condiciones que tanto la ley procesal) si bien es cierto que los recurrentes en su recurso lo plantean como la violación de una norma constitucional ya en el desarrollo se refieren a la valoración hecha por el tribunal y de aspectos meramente subjetivos al puntualizar que dicho fallo se basa en especulaciones, no desarrollando en si el artículo 89 constitucional que versa sobre el principio de inocencia. Esta Sala Penal, ha establecido a través de su jurisprudencia, que el estado de inocencia puede ser quebrantado en una o varias de sus diferentes vertientes, bien por licitud de la prueba, bien por el debido proceso probatorio, bien por la debida motivación, bien por el debido razonamiento probatorio, o bien, por la suficiencia de carga probatoria. Cualquiera de las vertientes mencionadas debe ser precisada por los recurrentes al momento de interponer su recurso y desarrollada argumentalmente para el sostenimiento de su tesis, labor que no ha sido llevada a cabo en manera alguna en el presente caso, porque la exposición se ve acompañada de apreciaciones propias de instancia y ajenas al motivo invocado, los censores se han enfocado a cuestionar las conclusiones al que llega el A-quo, además hacen énfasis en la sana critica, finalizando sus exposiciones en un análisis de la valoración conjunta que el sentenciador hizo de la prueba, esta Sala de Casación no comparte con los censores los argumentos esgrimidos, tomando en consideración que el fallo reúne con todos los requisitos que la Constitución de la República establece, y a la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona, se le garantizaron todos sus derechos y garantías, por lo que se declara improcedente este motivo de casación FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo” (lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el tribunal de sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del código de rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al tribunal de casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados; 2. falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o doctrina legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de doctrina legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del principio fijado en la doctrina legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la doctrina legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la doctrina legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el tribunal de sentencia o de la doctrina legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo • Precepto autorizante: artículo 360 del código procesal penal.• Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 349.2 del código penal. • Concepto de la infracción: aplicación indebida del artículo 349.2 del código penal. • Pretensión: se declare a lugar el motivo y absolver a la acusada. Los censores aducen que el tribunal de sentencia incurrió en un vicio al momento de la sentencia y que para los efectos del presente recurso, se acepta como verdad los hechos plasmados en la misma, ya que se encuentran transcritos en este recurso, expresan los recurrentes que no aparece ningún elemento que implique, siquiera lejanamente, lesión o puesta en peligro de la Administración Pública, como bien jurídico protegido, por lo que al haberse condenado a la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona, sin haberse declarado probada una situación de lesión o puesta en peligro el bien jurídico, resulta más que clara la infracción del A-quo, enmarcan el vicio en la aplicación indebida del precepto invocado en el planteamiento de este motivo. Los impetrantes señalan que su representada emitió dos resoluciones, una consignada en el numeral sexto de los hechos probados en fecha cinco de agosto de 2014 y la otra según consta en el hecho probado noveno, en fecha 10 de diciembre de 2014.por lo que se solicitan subsanar y absolver. delito de abuso de autoridad “El delito de abuso de autoridad es uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer un exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de abuso de autoridad lo es la Administración Pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la Administración Pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquéllas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública.” (véase sentencia 56-2005 del 26 de agosto del 2009). El delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 349 no. 2) del Código Penal en el que se describe el comportamiento del funcionario o empleado público que “dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la constitución de la república o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos.” para llevar a cabo una correcta interpretación de la norma contenida en el artículo aludido, es conveniente determinar cuál es el alcance o el sentido otorgado a la palabra “abuso”. Al respecto, cabe recordar las palabras de Carrara, para quien ese término contempla en sí mismo dos significados diversos sumamente diferentes, denominándose a uno de ellos “sentido ontológico” y al otro “sentido jurídico”. “en sentido ontológico se abusa de una cosa siempre que se emplea para un servicio diverso de su destino natural. en sentido jurídico se abusa de una cosa, aunque se la emplee según su destino, si esto se hace de modo ilícito o por fines ilícitos” ( Vid. Carrara, Francesco; programa de derecho criminal-parte especial, volumen v, Temis-Depalma, 1977, &2514, p. 58), añadiendo que “puede abusarse de la autoridad en sentido ontológico cuando se usa de un poder público traspasando los límites que el cargo concede, y a pesar de esto puede no cometerse delito, es decir, no haberse abusado en sentido jurídico, por no ser criminosos ni el fin ni los medios. En cambio, puede no haber abuso en sentido ontológico porque la autoridad concedida se ejerce dentro de los límites del poder respectivo, y sin embargo hay abuso de autoridad en sentido jurídico por la maldad del fin o de los medios” (ob. cit. pp. 58/59). a idéntica conclusión arriba Sebastián Soler, cuando señala que “…es preciso señalar el límite mínimo, lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional que determina a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria. este límite mínimo está señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar in Fraudem Legis. solamente discerniendo que el presupuesto del abuso es una falsedad se comprende el delito en todos sus aspectos, porque no existe falsedad inconsciente: lo inexacto se transforma en falso sólo cuando a él se agrega el conocimiento, de la inexactitud” (vid. derecho penal argentino, t. v, tea, buenos aires, 1978, p. 139)”. “por su parte, Creus sostiene que no es exacto exigir para su configuración una determinada forma de malicia, sin embargo afirma que este tipo penal sólo se configura con dolo directo, en virtud de que además de requerirse el conocimiento por parte del autor de la oposición a la ley, la resolución o la orden; en su aspecto volitivo el agente debe querer oponerse a la ley, desconociéndola, pues quedan descartados aquellos supuestos de aplicación incorrecta de la ley por una interpretación errónea (cfr. Creus, Carlos; Derecho Penal- parte especial, tomo 2, astrea, 5° edición actualizada, 1° reimpresión, buenos aires, 1996, p. 260)”. “en el mismo sentido, Donna refiere que uno de los requisitos esenciales que debe contener este tipo penal es la existencia de dolo directo, pues para su configuración resulta indispensable la existencia del propósito de violentar la ley de modo tal de menoscabarla mediante el empleo abusivo de la autoridad. en otros términos “…el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos de que se trate” (Vid. Donna, Edgardo a.: delitos contra la Administración Pública, colección autores de derecho penal, Rubinzal Culzoni, 2° edición actualizada, 2008, p. 190)”. “por consiguiente, el interés se concentra en los supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso, esto es, “en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica” (Soler, Sebastián; ob. cit., p. 138)”. “es decir, la expresión “acto arbitrario” puede interpretarse correctamente sólo sí se toma en consideración su sentido objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay “abuso” o “arbitrariedad” allí donde el funcionario de que se trate disponga de poderes discrecionales y los emplee maliciosamente con un fin diverso a aquél perseguido por la ley”. “resulta absolutamente irrelevante cuál sea la suerte que corra una resolución cuyo origen ha sido subjetivamente honesto, pues no adquiere el carácter de arbitrario por el mero hecho de que con posterioridad sea declarada su ilegalidad objetiva. a su vez, el funcionario que incurre en un error de derecho no comete abuso, en tanto aun cuando pueda afirmarse la existencia de ese error, no podrá decirse que hay falsedad, mentira y, en consecuencia, malicia”. “en palabras de Soler, “…en ningún caso se castigará la buena fe” (ob. cit., p. 140)”. De La Procedencia del Recurso de Casación. el recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es: si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado -es o no- correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en el que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse o se invocan las normas que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso de méritos los impetrantes invocan la aplicación indebida de una norma, siendo esta mencionada en el artículo 349 del Código Penal, el cual regula y reúne los elementos del tipo penal de Abuso de Autoridad, los censores al desarrollar su recurso no pudieron acreditar la ausencia de algunos de sus elementos que configuran esta figura. La sala de lo penal ha realizado un examen de juricidad de la plataforma fáctica contenida en la sentencia; se determina por lo anteriormente descrito, que se reproduce cada elemento del tipo penal en análisis y se satisface la exigencia gramatical del artículo 349 numeral 2 del código penal que tipifica el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública y según el sentenciador con una participación de la acusada en su condición de autora, el delito que es de carácter consumado se plasma la inalterabilidad de los hechos probados, concordando con los elementos del tipo penal. por todo lo anterior se declara improcedente el recurso. DECISIÓN No Ha Lugar el recurso de casación por Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. a. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.2) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9). de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el Artículo 84 que dice: "nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley". norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” en consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. el problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : derecho penal parte general, tomo i, fundamentos. la estructura de la teoría del delito. 1997, editorial Civitas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. la nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). en el texto del artículo 96 de la constitución política de honduras establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: 1. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. 2. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. 3. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. en los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. b. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (art. 615, 1er párrafo NCP). corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo código penal (art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (art. 624.3 NCP). el órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del código penal 144-1983 con las del código 130-2017. cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. la ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- la ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al cp-144-83 y los límites del concurso real que regula el cp-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. límite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. límite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. límite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. c. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por el Ministerio Público ni por las distintas representaciones legales de los acusados, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. d. PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, como autora del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de tres (3) años, más la pena de Inhabilitación Especial por el doble del tiempo de la pena de su condena, es decir seis (6). También se declaró civilmente responsable. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de abuso de autoridad (artículo 499.2), cuya pena es de tres (3) a seis (6) años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; según el artículo 255 del NCP que establece las agravantes específicas, en la presente causa no hay agravantes .ni atenuantes establecidas. Por tanto, corresponde para la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo código penal. El inciso dos de este artículo aumenta en un tercio la pena cuando en el caso de que los actos se refieran a tareas de justicia, orden publico educación, o salud publica y exijan un cumplimiento inmediato. De tal manera al aumentar 1/3 a la pena principal de inhabilitación quedaría de cuatro (4) a ocho años (8). Concluye esta Sala de lo Penal que en el caso de la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo código penal. Queda la pena abstracta en inhabilitación a cuatro (4) años para ejercer empleos a cargos públicos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de honduras, por unanimidad de votos de la sala de lo penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la constitución de la república; 1 y 80 numeral 1 de la ley de organización y atribuciones de los tribunales; 142, 360, 361, 362, 363 y 369 del código procesal penal; 31, 32, 68, 70, 482, 499 y 513 del código penal 130-2017; falla: 1) Declara No Ha Lugar los recursos de casación por infracción de precepto constitucional y por infracción de Ley, ambos en su único motivo, interpuestos por los Abogados Iván Adán Martinez Ordoñez y Rosa Elena Helena Bonilla Galindo, en su condición de Defensores Privados de la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, en la causa que se le sigue por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública; 2) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal 130-2017, a la conducta reprochada a la ahora condenada la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona; en consecuencia, reforma el pronunciamiento primero, quedando incólumes los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto séptimo de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: Primero: que debemos condenar y condenamos a la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autora penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública, a la pena principal de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público por el tiempo cuatro (4) años. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la secretaría del despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el magistrado Mairena Franco Notifíquese.- Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador por Ley. Firma y Sello. Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Francisca Villela Zavala Magistrada Lety Emelda Posadas. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a uno de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-526-2019.Rina Koritza Sandoval Navas. Secretaria de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-526-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de abril de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, , Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Francisca Villela Zavala, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-526-2019 por Infracción de Precepto Constitucional y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha once de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Liz María Ernestina Núñez Cardona, como autora, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años, más la pena de Inhabilitación Especial, por el doble del tiempo de la pena de prisión, es decir, seis años. Segundo: Condenó a Liz María Ernestina Cardona, a la pena accesoria de Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil a Liz María Ernestina Cardona. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a la condenada. Quinto: Se ordenó la devolución del libro de novedades al Ministerio Público para que continúe con las diligencias que se le siguen a la acusada Delmy López. Sexto: Absolvió a Liz María Ernestina Núñez Cardona, del delito de Prevaricato en virtud de haber sido modificado el mismo delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Pública. Séptimo: Absolvió a Liz María Ernestina Núñez Cardona, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, en relación a la resolución de fecha diez de diciembre de dos mil catorce. Son partes en única instancia: Los Abogados Iván Adán Martínez Ordoñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de defensores privados de Liz María Ernestina Núñez Cardona, como parte recurrente; y la Abogada Ilse Adela Fuentes, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; y el Abogado Guillermo Carlos Maradiaga Peña, en su condición de Procurador Judicial, ambos como parte recurridos. HECHOS PROBADOS “Primero: mediante Acuerdo no.82 de fecha 26 de enero del año 2012, la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, quien se desempeñaba como secretaria de juzgados y tribunales del tribunal de sentencia de la sección judicial de Tegucigalpa fue ascendida al cargo de jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal, en el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional, siendo creada la plaza mediante acuerdo no. 1097 de fecha 07 de octubre del 2011. Segundo: en fecha 21 de enero del 2014 fue presentado requerimiento fiscal entre otros, en contra de los señores Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento de armas de uso comercial y municiones, almacenamiento de armas de uso prohibido, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; y asimismo contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, registrado este bajo expediente no.012014 conocido como caso shalom ante el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional de la Ciudad de San Pedro Sula, correspondiendo por ende conocer de dicha causa a la jueza Delmy López quien celebró las audiencias de declaración de imputados en la cual ordenó la detención judicial de los mismos y la audiencia inicial en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce en la cual decretó auto de formal procesamiento en contra de los imputados ya mencionados por los delitos ya referidos, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva. Tercero: la abogada Delmy López jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal de San Pedro Sula, fue ascendida al cargo mediante acuerdo no. 1006 de fecha 10 de octubre del 2013, dicha profesional sostenía una relación sentimental con el señor Teodoro Bonilla, vicepresidente del consejo de la judicatura con quien mantenía comunicación sobre la forma en que debía resolver en dicho expediente en vista de que los imputados son parientes de este dentro del 4to y 5to grado de consanguinidad. Cuarto: el señor Teodoro Bonilla, fue nombrado por el Congreso Nacional como concejal propietario del consejo de la judicatura mediante Decreto Legislativo no.215-2013 publicado en La Gaceta el 02 de octubre del 2013 y en virtud de la relación que este mantenía con la señora Delmy López quien a su vez mantenía una amistad con la acusada Liz María Núñez, la señora Delmy López procedió en fecha 29 de julio del 2014 a señalar de oficio fecha para la celebración de la audiencia preliminar y emitió un auto en el aludido expediente, aduciendo que no podía cubrir la audiencia preliminar en dicha causa por encontrarse con excesiva carga de trabajo y ordenó la remisión de las diligencias a la juez con jurisdicción nacional de Tegucigalpa Liz María Núñez, a fin de que ésta llevara a cabo dicha audiencia, haciéndole creer que esas eran las directrices del presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilez manifestándole que este se había comunicado con ella para tal fin, manteniendo ambas comunicación vía teléfono sobre las resoluciones e incidencias que se daban en el referido proceso, con el conocimiento de ambas juezas de que en dicho expediente se encontraban involucrados dos parientes del abogado Teodoro Bonilla. Quinto: fue así que en fecha treinta y uno (31) de julio de ese mismo año (2014), la jueza Liz María Núñez procedió a celebrar la audiencia preliminar en la cual tuvo por formalizada la acusación contra Carlos Roberto Bonilla por los delitos de lavado de activos y almacenamiento ilegal de arma, municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y la seguridad interior del Estado de Honduras respectivamente, y contra Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comer ilegales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, como también tuvo por contestados los cargos por parte de los defensores de dichos imputados, argumentando el defensor del imputado Carlos Roberto Bonilla que presentó una prueba documental que acreditaba la procedencia lícita de los bienes de su representado como también que le presentó al Ministerio Público un informe financiero, pero que el mismo no había sido llevado a dicha audiencia, solicitando ambos defensores el sobreseimiento de las causas, luego de lo cual la juez Liz maría Núñez procedió a señalar audiencia dentro de los tres días siguientes para resolver lo correspondiente. Sexto: en fecha cinco de agosto del año 2014 la juez Liz María Núñez emitió una resolución favorable a los intereses del señor Teodoro Bonilla quien como vicepresidente del consejo de la judicatura poseía facultades que la podrían beneficiar dentro de la carrera judicial, y dicha juez procedió a dictar un sobreseimiento provisional a favor del señor Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y auto de apertura a juicio en contra de este mismo imputado, por los delitos de posesión ilegal de arma, municiones comerciales y posesión de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado, como también dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, apartándose de la independencia judicial e imparcialidad con la que estaba obligada a actuar. Apelación interpuesta resolución el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Ciudad de Tegucigalpa, el cual fue resuelto en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil catorce, pronunciándose dicho tribunal únicamente en la forma y no en el fondo del asunto, argumentando que dicha resolución emitida por la juez Liz María era contradictoria en su motivación y por ende violatoria del debido proceso, resolviendo en la parte dispositiva: 1. declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Victoria Cerna, fiscal del Ministerio Público.2. Revocar la resolución apelada.3. que se dé cumplimiento al artículo 302 y 337 del código procesal penal. Octavo: en fecha 10 de diciembre de 2014 la jueza Liz maría Núñez procedió a comunicarse vía teléfono con la magistrada Emily Page quien a su vez le paso la llamada a la magistrada Ericka Dubón ambas de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán con el fin de solicitar le aclarara la resolución dictada en recurso de apelación sobre el auto de fecha 05 de agosto del año 2014 en el caso del expediente 01-2014 conocido como Shalom, ya que para ella no estaba clara la parte dispositiva de dicha resolución, manifestándole a la magistrada Dubón que en vista de que el Ministerio Público había presentado dos agravios, uno referente a la valoración de la prueba de un informe financiero y el segundo en cuanto a una contradicción en la motivación, en base a ello la Corte había optado por no pronunciarse sobre el fondo del asunto haciéndolo únicamente por la forma, en vista de dicha contradicción que vulnera el debido proceso, por lo que dicha magistrada le recalcó que cualquier tipo de resolución que decidiera emitir lo hiciera de forma motivada y congruente. Noveno: en fecha 10 de diciembre del 2014, la acusada Liz María Núñez, junto con la juez Delmy López, visitaron al entonces concejal Teodoro Bonilla a las 14:01 en su despacho de la Corte Suprema de Justicia, recibiendo instrucciones de este sobre cómo debía resolver el caso. En esa misma fecha, la jueza Liz María Núñez habiendo recibido la certificación de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones y teniendo por aclarada la parte resolutiva de dicho tribunal cuyo pronunciamiento lo hizo únicamente en la forma, procedió a dictar nuevamente resolución manteniendo los sobreseimientos anteriormente emitidos en los mismos términos, el sobreseimientos provisional a favor del imputado Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, como también mantuvo el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, excluyendo únicamente el párrafo cuarto de la resolución anterior de fecha cinco de agosto del mismo año 2014, el cual fue señalado por la Corte de Apelaciones como contradictorio, manteniendo en lo demás dicha jueza la misma motivación, y parte dispositiva de su anterior resolución. Décimo: conocida la resolución emitida por la juez Liz María Núñez por el entonces presidente de la Corte Suprema Jorge Rivera Avilez en fecha 22 de diciembre de 2014 procedió a llamar vía teléfono a la señora Liz María Núñez, aclarándole que él no había hablado con la juez Delmy López ni había dado instrucciones que ella conociera del caso de los Bonilla, expresándole que esta había sido sorprendida por Delmy López en vista de que ella le había tenido miedo al concejal Teodoro Bonilla porque sabía que los imputados del caso eran sus familiares, aconsejándole que no se dejara influenciar por Delmy López ni por Teodoro Bonilla y que debía enmendar la resolución de los sobreseimientos por ella dictados, manifestándole que se fuera por la línea correcta, y que él la apoyaría en el consejo de la judicatura, siempre y cuando hiciera las cosas correctamente. Décimo Primero: en vista de lo anterior, la juez Liz María Núñez mediante llamadas telefónicas procedió a hacer del conocimiento de Delmy López como del vicepresidente del consejo de la judicatura Teodoro Bonilla las llamadas recibidas del señor Rivera Avilez, alterando lo expresado por éste, manifestándoles que éste le había ordenado revocar los sobreseimientos antes dictados a favor de los señores Carlos Roberto Bonilla y Dennis Donadin Bonilla, y ordenar la apertura a juicio en contra de estos, expresándoles que dichos lineamientos habían cambiado y que seguramente obedecían a que el fiscal general se había enterado a través del fiscal del caso y que a su parecer este había llamado al presidente Jorge Rivera Avilez para darle nueva línea de cómo resolver el caso shalom, expresándoles a Delmy López como al concejal Teodoro Bonilla, que ella le hizo el favor, que quiso ayudar pero que ya no podía seguir, dados los nuevos lineamientos recibidos por el jefe (Rivera Avilez) a quien no podía desobedecer porque necesitaba de su trabajo. posteriormente la señora Liz María Núñez recibió nuevamente llamada del entonces presidente señor Rivera Avilez en la cual le expresaba que tenía presiones de Teodoro Bonilla y que, si él la llamaba dándole una contraorden del caso Shalom, que no la acatara, y que se mantuviera en lo que ya le habían hablado. Decimo Segundo: fue así como la juez Liz María Núñez procedió a enviarle un mensaje a la fiscal Victoria Cerna solicitándole que interpusiera un recurso de reposición sobre los sobreseimientos por ella dictados, expresándole que se lo declararía con lugar, en vista de que había sido increpada por el presidente Jorge Rivera por su resolución. procediendo entonces la fiscal en referencia a interponer el recurso de reposición en fecha cinco de enero del año dos mil quince en contra de la resolución dictada por dicha juez en fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, resolviendo el mismo mediante resolución de fecha seis de enero del año dos mil quince, declarando con lugar el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público y procediendo a decretar el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y contra Dennis Dodany Bonilla García por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.” RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes abogados Iván Adán Martínez Ordoñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de defensor privado Liz María Ernestina Núñez cardona, procedió a formalizar su recurso de casación de la manera siguiente: “exposición de motivos de casación. casación por infracción de precepto constitucional. único motivo: precepto constitucional. el tribunal de sentencia de Francisco Morazán, en la sentencia condenatoria dictada contra la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona, cometió infracción del precepto constitucional comprendido en el artículo 89, que literalmente establece: "toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente." vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley constitucional vigente y relacionada con los artículos 2 del Código Procesal Penal. precepto autorizante en el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la sentencia definitiva cuando se comete infracción del precepto constitucional, veamos: explicación del motivo: el precepto constitucional que se invoca como infringido prescribe lo siguiente: artículo 89 "toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". la norma que se cita como infringida en relación al anterior prescribe: artículo 2 estado de inocencia: "todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código" el tribunal de sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán; al proferir su fallo estableció como hechos probados los siguientes: hechos probados “Primero: “Primero: mediante Acuerdo no.82 de fecha 26 de enero del año 2012, la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, quien se desempeñaba como secretaria de juzgados y tribunales del tribunal de sentencia de la sección judicial de Tegucigalpa fue ascendida al cargo de jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal, en el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional, siendo creada la plaza mediante acuerdo no. 1097 de fecha 07 de octubre del 2011. Segundo: en fecha 21 de enero del 2014 fue presentado requerimiento fiscal entre otros, en contra de los señores Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento de armas de uso comercial y municiones, almacenamiento de armas de uso prohibido, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; y asimismo contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de honduras, registrado este bajo expediente no.012014 conocido como caso shalom ante el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional de la ciudad de San Pedro Sula, correspondiendo por ende conocer de dicha causa a la jueza Delmy López quien celebró las audiencias de declaración de imputados en la cual ordenó la detención judicial de los mismos y la audiencia inicial en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce en la cual decretó auto de formal procesamiento en contra de los imputados ya mencionados por los delitos ya referidos, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva. Tercero: la abogada Delmy López jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal de san pedro sula, fue ascendida al cargo mediante acuerdo no. 1006 de fecha 10 de octubre del 2013, dicha profesional sostenía una relación sentimental con el señor Teodoro Bonilla, vicepresidente del consejo de la judicatura con quien mantenía comunicación sobre la forma en que debía resolver en dicho expediente en vista de que los imputados son parientes de este dentro del 4to y 5to grado de consanguinidad. Cuarto: el señor Teodoro Bonilla, fue nombrado por el Congreso Nacional como concejal propietario del consejo de la judicatura mediante Decreto Legislativo no.215-2013 publicado en La Gaceta el 02 de octubre del 2013 y en virtud de la relación que este mantenía con la señora Delmy López quien a su vez mantenía una amistad con la acusada Liz María Núñez, la señora Delmy López procedió en fecha 29 de julio del 2014 a señalar de oficio fecha para la celebración de la audiencia preliminar y emitió un auto en el aludido expediente, aduciendo que no podía cubrir la audiencia preliminar en dicha causa por encontrarse con excesiva carga de trabajo y ordenó la remisión de las diligencias a la juez con jurisdicción nacional de Tegucigalpa Liz María Núñez, a fin de que ésta llevara a cabo dicha audiencia, haciéndole creer que esas eran las directrices del presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilez manifestándole que este se había comunicado con ella para tal fin, manteniendo ambas comunicación vía teléfono sobre las resoluciones e incidencias que se daban en el referido proceso, con el conocimiento de ambas juezas de que en dicho expediente se encontraban involucrados dos parientes del abogado Teodoro Bonilla. Quinto: fue así que en fecha treinta y uno (31) de julio de ese mismo año (2014), la jueza Liz María Núñez procedió a celebrar la audiencia preliminar en la cual tuvo por formalizada la acusación contra Carlos Roberto Bonilla por los delitos de lavado de activos y almacenamiento ilegal de arma, municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y la seguridad interior del Estado de Honduras respectivamente, y contra Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comer ilegales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, como también tuvo por contestados los cargos por parte de los defensores de dichos imputados, argumentando el defensor del imputado Carlos Roberto Bonilla que presentó una prueba documental que acreditaba la procedencia lícita de los bienes de su representado como también que le presentó al Ministerio Público un informe financiero, pero que el mismo no había sido llevado a dicha audiencia, solicitando ambos defensores el sobreseimiento de las causas, luego de lo cual la juez Liz maría Núñez procedió a señalar audiencia dentro de los tres días siguientes para resolver lo correspondiente. Sexto: en fecha cinco de agosto del año 2014 la juez Liz María Núñez emitió una resolución favorable a los intereses del señor Teodoro Bonilla quien como vicepresidente del consejo de la judicatura poseía facultades que la podrían beneficiar dentro de la carrera judicial, y dicha juez procedió a dictar un sobreseimiento provisional a favor del señor Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y auto de apertura a juicio en contra de este mismo imputado, por los delitos de posesión ilegal de arma, municiones comerciales y posesión de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado, como también dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, apartándose de la independencia judicial e imparcialidad con la que estaba obligada a actuar. Apelación interpuesta resolución el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Ciudad de Tegucigalpa, el cual fue resuelto en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil catorce, pronunciándose dicho tribunal únicamente en la forma y no en el fondo del asunto, argumentando que dicha resolución emitida por la juez Liz María era contradictoria en su motivación y por ende violatoria del debido proceso, resolviendo en la parte dispositiva: 1. declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Victoria Cerna, fiscal del Ministerio Público.2. Revocar la resolución apelada.3. que se dé cumplimiento al artículo 302 y 337 del Código Procesal Penal. Octavo: en fecha 10 de diciembre de 2014 la jueza Liz maría Núñez procedió a comunicarse vía teléfono con la magistrada Emily Page quien a su vez le paso la llamada a la magistrada Ericka Dubón ambas de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán con el fin de solicitar le aclarara la resolución dictada en recurso de apelación sobre el auto de fecha 05 de agosto del año 2014 en el caso del expediente 01-2014 conocido como Shalom, ya que para ella no estaba clara la parte dispositiva de dicha resolución, manifestándole a la magistrada Dubón que en vista de que el Ministerio Público había presentado dos agravios, uno referente a la valoración de la prueba de un informe financiero y el segundo en cuanto a una contradicción en la motivación, en base a ello la Corte había optado por no pronunciarse sobre el fondo del asunto haciéndolo únicamente por la forma, en vista de dicha contradicción que vulnera el debido proceso, por lo que dicha magistrada le recalcó que cualquier tipo de resolución que decidiera emitir lo hiciera de forma motivada y congruente. Noveno: en fecha 10 de diciembre del 2014, la acusada Liz María Núñez, junto con la juez Delmy López, visitaron al entonces concejal Teodoro Bonilla a las 14:01 en su despacho de la Corte Suprema de Justicia, recibiendo instrucciones de este sobre cómo debía resolver el caso. En esa misma fecha, la jueza Liz María Núñez habiendo recibido la certificación de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones y teniendo por aclarada la parte resolutiva de dicho tribunal cuyo pronunciamiento lo hizo únicamente en la forma, procedió a dictar nuevamente resolución manteniendo los sobreseimientos anteriormente emitidos en los mismos términos, el sobreseimiento provisional a favor del imputado Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de honduras, y el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras, como también mantuvo el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, excluyendo únicamente el párrafo cuarto de la resolución anterior de fecha cinco de agosto del mismo año 2014, el cual fue señalado por la corte de apelaciones como contradictorio, manteniendo en lo demás dicha jueza la misma motivación, y parte dispositiva de su anterior resolución. Décimo: conocida la resolución emitida por la juez Liz María Núñez por el entonces presidente de la Corte Suprema Jorge Rivera Avilez en fecha 22 de diciembre de 2014 procedió a llamar vía teléfono a la señora Liz María Núñez, aclarándole que él no había hablado con la juez Delmy López ni había dado instrucciones que ella conociera del caso de los Bonilla, expresándole que esta había sido sorprendida por Delmy López en vista de que ella le había tenido miedo al concejal Teodoro Bonilla porque sabía que los imputados del caso eran sus familiares, aconsejándole que no se dejara influenciar por Delmy López ni por Teodoro Bonilla y que debía enmendar la resolución de los sobreseimientos por ella dictados, manifestándole que se fuera por la línea correcta, y que él la apoyaría en el consejo de la judicatura, siempre y cuando hiciera las cosas correctamente. Décimo Primero: en vista de lo anterior, la juez Liz María Núñez mediante llamadas telefónicas procedió a hacer del conocimiento de Delmy López como del vicepresidente del consejo de la judicatura Teodoro Bonilla las llamadas recibidas del señor Rivera Avilez, alterando lo expresado por éste, manifestándoles que éste le había ordenado revocar los sobreseimientos antes dictados a favor de los señores Carlos Roberto Bonilla y Dennis Donadin Bonilla, y ordenar la apertura a juicio en contra de estos, expresándoles que dichos lineamientos habían cambiado y que seguramente obedecían a que el fiscal general se había enterado a través del fiscal del caso y que a su parecer este había llamado al presidente Jorge Rivera Avilez para darle nueva línea de cómo resolver el caso shalom, expresándoles a Delmy López como al concejal Teodoro Bonilla, que ella le hizo el favor, que quiso ayudar pero que ya no podía seguir, dados los nuevos lineamientos recibidos por el jefe (Rivera Avilez) a quien no podía desobedecer porque necesitaba de su trabajo. posteriormente la señora Liz María Núñez recibió nuevamente llamada del entonces presidente señor Rivera Avilez en la cual le expresaba que tenía presiones de Teodoro Bonilla y que, si él la llamaba dándole una contraorden del caso Shalom, que no la acatara, y que se mantuviera en lo que ya le habían hablado. Decimo Segundo: fue así como la juez Liz María Núñez procedió a enviarle un mensaje a la fiscal Victoria Cerna solicitándole que interpusiera un recurso de reposición sobre los sobreseimientos por ella dictados, expresándole que se lo declararía con lugar, en vista de que había sido increpada por el presidente Jorge Rivera por su resolución. procediendo entonces la fiscal en referencia a interponer el recurso de reposición en fecha cinco de enero del año dos mil quince en contra de la resolución dictada por dicha juez en fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, resolviendo el mismo mediante resolución de fecha seis de enero del año dos mil quince, declarando con lugar el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público y procediendo a decretar el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y contra Dennis Dodany Bonilla García por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.” El ente sentenciador para llegar a la conclusión de culpabilidad de nuestra representada la abogada Liz María Núñez Cardona, basó sus conclusiones en meras suposiciones, y especulaciones, que no cumple con las expectativas o condiciones que tanto la ley procesal (reglas de la sana crítica) como la doctrina exige para que tales medios probatorios puedan dar por acreditado un hecho. de esta forma, se puede determinar en el acápite de valoración conjunta de la prueba, el tribunal de sentencia basa su condena, utilizando verbos como "podría" "pudo" "supone", que son especulaciones no probas que infiere el tribunal, sin fundamento para llegar a esa deducción.- veamos en la página 23 de la sentencia establece el tribunal de manera taxativa "parientes del concejal Teodoro Bonilla, quien por su cargo tienen facultades de decisión de tipo administrativas que le podrían generar beneficios laborales a la acusada Liz María Núñez, dentro de ellos ascensos en su trabajo dentro del poder judicial...” y bajo esta suposición se concluye que la abogada falto a su independencia judicial, y supuestamente favoreció de manera maliciosa y abusiva en el proceso que estaba conociendo. de igual manera en el acápite número cuarto, donde se valora la foliada del expediente número 20-80-2014, el tribunal de sentencias, con meras especulaciones no legales, reprocha la valoración de las pruebas que la jueza Liz María Núñez Cardona, realizó sobre los medios de prueba que se evacuaron en la audiencia que ella presidía, atribuyéndose en tribunal sentenciador, facultades de órgano superior revisor de las resoluciones de los inferiores, llegando al extremo de especular, sobre el fondo de un proceso que no estaba sometido a su conocimiento como jueces, ya que el conocimiento del expediente número 20-80-2014, que tiene el tribunal de sentencias, sentenciados, no puede interferir u opinar sobre las facultades que tenía la abogada Liz María Núñez, sobre la resolución emitida por ella como juez; equivocando su labor como tribunal sentenciador, y convirtiéndose en un tribunal de alzada revisando el fondo de dicha resolución, por lo que las conclusiones a que llega con relación a dicha folia, no resulta de una valoración de prueba, sino de opiniones y especulaciones sobre criterios jurídicos. este tipo de valoración de la prueba, violenta el estado constitucional de inocencia, porque sin prueba, y por medios no permitidos se llega a conclusiones de condena, que en el caso como el que nos ocupa no es permitido ya que "todas estas actuaciones son adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces República, no siendo posible imputar dichas resoluciones dentro de hechos delictivos, por cuanto las mismas son producto del razonamiento en apariencia lógico y coherente del juez denunciado, y en todo caso las mismas podían ser objeto del control de los órganos jerárquicamente superiores a través del recurso de apelación al ser de las resoluciones contra las que puede interponerse dicho recurso."de igual manera, se toma como base para la condena, una situación eminentemente jurídica, ya determina en la ley, incluyendo en la valoración de pruebas, un fundamentación jurídica falas, como ser el hecho de que la abogada Liz María Núñez Cardona, como jueza de jurisdicción nacional no debía conocer la audiencia preliminar reprochada como abusiva, por ser del conocimiento de otra jueza y que la audiencia preliminar debe ser conocida por el juez que conoció desde el requerimiento y que por tanto ella pudo, rechazar el conocimiento de la causa.- en su afán de lograr vincular esta afirmación el tribunal sentenciador transcribe artículos del Código Procesal Penal, donde establecen detallan las etapas del debate, y al ser una transcripción literal de los artículos forman parte de la ley y deben así cumplirse, por lo que conforme a esa ley la audiencia inicial se encuentra comprendida en la etapa preparatoria y la audiencia preliminar está comprendida en la etapa intermedia. (conclusión compartida en la sentencia). sobre este aspecto y el conocimiento que pueden tener los jueces sobre expediente que administrativamente no estén asignados a su persona, ya ha se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia (Sala Penal) en recurso; como el recurso de casación número 243=2005 que en su parte conducente dice: "que la resolución dictada por el juez z., file decretada dentro de la esfera de sus atribuciones como juez penal tal como se demostró con el acuerdo de nombramiento del juez z., que lo legitimaba para emitir la resolución que origina la acción penal en su contra. no obstante, considerar la sala de que el haber dictado el imputado una resolución en un expediente que administrativamente no estaba a él asignado, pueda ser considerada una actuación éticamente reñida con el perfil idóneo de cualquier juez, pero la misma, no alcanza para calificar la imputación penal pretendida en el presente caso, tal como efectivamente resulta de conformidad a las valoraciones propias de las pruebas producidas en juicio. “. - por lo que dicho aspecto señalado en la valoración de la prueba no puede ser tomando como elemento de prueba que pueda quebrantar la presunción de inocencia. vistas así las cosas, lo esgrimido por el tribunal sentenciador, que el juez que conoce la audiencia inicial, debe ser el mismo que conoce la audiencia preliminar (que es una práctica procesal común) es contrario a lo establecido en el artículo 83 numeral 3 del código procesal penal, donde establece que es causa legitima de recusación "haber sido juez o integrante de un tribunal en una etapa anterior del proceso", por lo que las conclusiones a que llega el tribunal de sentencias para suponer que la abogada Liz María Núñez Cardona, podía en primer lugar rechazar conocer la audiencia preliminar, es contraria de derecho, y en segundo lugar que conoció la audiencia preliminar para favorecer a los procesados en busca de ascensos laborales, resulta de la afirmaciones subjetivas de los sentenciadores sin prueba que lo reafirme; y sin prueba no se puede quebrantar la presunción de inocencia, que constitucionalmente se consagra en el artículo 89; más aún cuando antes de la fecha de la resolución que se considera abusiva, no existe ninguna prueba relacionada a intervenciones telefónicas, denuncia, etc. sobre este aspecto y la valoración de la prueba ya se ha pronunciado la Sala Penal, de la honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencias y para efectos de ilustración se transcribe la parte conducente: "la defensa cuestiona que los indicios declarados como tales en la sentencia, porque no cumplen las condiciones de concordancia, precisión y probanza. á efectos, de la valoración de indicios admitidos para sustentar un fallo, la sala entiende que, el control casacional debe efectuarse y ser riguroso comprobando una serie de parámetros exigibles para la aplicación correcta de los mismos, entre ellos; desde un punto de vista formal: la sentencia debe expresar cuales son los hechos bases o indicios acreditados en los cuales se fundamenta para las deducciones o inferencias y debe hacer explícito el razonamiento a través del cual partiendo de los indicios llega a la convicción del hecho punible y la participación del imputado, para poder permitir el control casacional correcta racionalidad de la inferencia. desde un punto de vista material: los indicios deben estar acreditados, ser plurales o muy excepcionalmente uno, pero con una singular potencia acreditativa, ser "concomitantes" al hecho que se trata de probar y deben interrelacionarse cuando son varios de modo que se refuercen entre sí, todo a efectos de que la inducción o inferencia sea razonable y se pueda excluir así la posibilidad de ser arbitraria, ilógica o infundada." (sentencias de casación penal CP 120-2008) entonces en el caso que nos ocupa, la total valoración de la prueba realizada, por el tribunal de sentencias, que lo lleva a concluir la supuesta falta de independencia y el supuesto de favorecer a los imputados en el proceso, por parte de la abogada jueza Liz María Núñez Cardona, no es producto de prueba o indicio, sino de meras especulaciones que ni pueden servir para conculcar la presunción de inocencia y crear certeza a los juzgadores de la culpabilidad de nuestra representada, como se ha establecido. por lo que es evidente por parte del sentenciador la violación o infracción del principio y a la vez derecho constitucional de inocencia ya que fue declarada culpable sin la concurrencia de un acervo probatorio suficiente que determinara con certeza su participación en un delito, en apoyo a lo expuesto anteriormente la mayoría de los Convenios Internacionales que Honduras ha suscrito con la comunidad internacional defienden enérgicamente la violación al derecho de inocencia, así la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José en su Artículo 8 inciso 2 señala: "que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad." por otra parte la Declaración Universal de Derechos Humanos en su Artículo 11 determina "toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa"; y, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 número 2 prescribe: "toda persona acusada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la ley". así pudiendo citar más instrumentos que obligan para conculcar la presunción de inocencia, necesita una mínima actividad probatoria, no entendemos las razones o los motivos que los miembros del tribunal de sentencia tuvieron para condenar a nuestra representada. en este sentido, ya se ha pronunciado la honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Penal en sentencia dictada: casación penal s. p. no.03-2011. del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo interpuesto por la parte defensora. 1. la recurrente, plantea que se ha violentado la garantía constitucional de "presunción de inocencia" infringido el artículo 89 de la constitución de la república, en relación al artículo 2 del Código Procesal Penal, consignando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. explica la deponente, que el a-quo llegó a la conclusión de culpabilidad de su representado el señor f. e. p. l. de una serie de supuestos indicios o prueba circunstancial que apenas sirven para producir probabilidad, por lo que no se pudo enervar el estado de inocencia de su representado, ya que la sentencia condenatoria dictada por el tribunal de sentencia, no se fundamenta en auténticos actos de prueba y dicha actividad probatoria no es incriminatoria para determinar la participación del imputado en los hechos sometidos a juzgamiento. ii. esta Sala de lo Penal, comparte el criterio que la esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, siendo que, por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, justamente, de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas y procedimientos que enmarcan el debido proceso. se ha denunciado la violación de una garantía consignada en nuestra carta magna como lo es la "presunción de inocencia" que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por Honduras. la presunción de inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la presunción de inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. iii.. en el caso examiné, la reclamante advierte que el tribunal de sentencia lesionó ese derecho fundamental a su representado, al emitir fallo condenatorio teniendo como base prueba indiciaria que no cumple con los requisitos para la utilización de pruebas en base a indicios; al respecto, debemos advertir que la doctrina admite la prueba indiciaria -en casos que no es posible utilizar prueba directa- siempre y cuando aquella parta de unos hechos indiciariamente probados penalmente, ya que no contiene fundar veracidades sobre el asiento de escuetas sospechas; sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria, por eso, la doctrina establece ciertos requisitos que debe tomarse en cuenta para la correcta utilización de la prueba indiciaria como base de una sentencia condenatoria, tales como: a) los indicios han de estar plenamente probados, no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios. b) pluralidad de indicios, la virtualidad de los indicios reside precisamente en su acumulación, su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación efecto-causa. c) el nexo causal ha de ser racional y lógico, la prueba indiciaria requiere, por consiguiente, un proceso de inferencia (inductivo) que aúne el indicio (hecho base) con el hecho presunto. d) motivación en la sentencia, cuando se trata de una codena basada en hechos indiciarios, la motivación expresa sobre las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración es una exigencia básica para poder determinar si existió verdadera prueba indiciaria o si lo único que se produjo fue una actividad que tan solo logró arrojar sospechas o sugerir conjetura sobre la culpabilidad del acusado 1. iv. sobre la base de los requisitos mencionados, esta Sala de lo Penal, analizará la sentencia recurrida y determinará si en efecto los argumentos de la recurrente son acertados, en el sentido de que la prueba aportada en juicio no cumple con los requisitos para considerarla como indiciaria, sino que solo lleva a meras sospechas que por sí solas no pueden enervar la presunción de inocencia... vi. concluimos, por tanto, que los indicios que escuetamente motiva el tribunal de sentencia, no cuentan con los requisitos que la doctrina señala para considerarlos como una prueba indiciaria suficiente para enervar la presunción de inocencia, no siendo la misma racionalmente valorada por el a-quo, que es lo que procede determinar a la Sala cuando se invoca recurso por infracción de precepto constitucional, invocando vulneración del estado de inocencia; porque si bien se acreditó que en efecto se suscitó un hecho punible penalmente... , no se logró establecer a manera de certeza… sea el responsable de dicho deceso, las pruebas evacuadas y las conclusiones a las que amiba el tribunal nos llevan a meras sospechas que no alcanzan a quebrantar la presunción de inocencia del acusado que protege al ciudadano(a) durante es objeto de un proceso penal; por tanto, es procedente declarar con lugar el presente motivo de casación, revocar el fallo condenatorio emitido... al observar la demostración idónea del vicio en la sentencia impugnada, resulta evidente, la violación a la presunción de inocencia, alegada, lo que se en la violación del artículo 89 de la Constitución de la República. se vulnera el estado de inocencia consagrado en nuestra carta magna: a) cuando se condena sin pruebas, entendiendo por tales solamente las evacuadas en el juicio oral y público, conforme a las reglas establecidas al efecto por la ley; y, b) cuando las pruebas producidas en el juicio son insuficientes, y esto se da cuando no evidencian la concurrencia de los elementos que configuran el tipo objetivo. Casación penal número 336-2009. del recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo segundo interpuesto por la defensa. el segundo motivo de casación invocado por el recurrente es también infracción de precepto constitucional, invocando como precepto infringido el artículo 89 de la Constitución de la República, señalando como precepto autorizante el artículo 361 del Código Procesal Penal. esta Sala de lo Penal analizado el precepto invocado por el censor, procede a resolver el recurso en base a las consideraciones siguientes: l) ya la sala ha hecho referencia a los preceptos constitucionales atacables mediante el recurso extraordinario de casación, por ello es que Javier Vecina Cifuentes enfatiza que "el control judicial se plasma sobre todo en la fiscalización del respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y muy especialmente al derecho de presunción de inocencia "1. es factible por esta vía recursiva, atacar la resolución recurrida, por estimarse que los hechos probados en los que se apoya no son producto de una actividad probatoria mínima y suficiente, revestida de las garantías constitucionales y procesales que tiendan a legitimarla; si bien los hechos probados son intangibles, se trata de ejercer un control externo para la constatación de los mismos, hablamos de "un juicio crítico que recae no sobre los hechos sino sobre el juicio de hecho realizado por el tribunal sentenciador y que éste ha reflejado en su sentencia; en definitiva, un juicio sobre el juicio, un metajuicio si se prefiere decir así, que pretende garantizar la racionalidad de la decisión judicial y su adecuación a la legalidad constitucional" 2) ciertamente la doctrina enseña sobre este especial motivo de casación, (vulneración del principio de inocencia o mejor dicho estado de inocencia para ser congruentes con la constitución) que se vulnera el estado de inocencia consagrado en la primera ley de la república, cuando se ha condenado sin pruebas o bien cuando hay insuficiencia probatoria que no conduzca a la configuración del tipo objetivo que se persigue. delimitados los presupuestos de la concurrencia de la causal de infracción al estado de inocencia, se impone examinar detenidamente si concurre el tipo especial de violación por el que se sometió a juicio al imputado, describiéndose la conducta como acceso carnal con otra persona, sin mediar violación o amenaza, cuando la víctima se encuentre privada de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia, según está regulado en el artículo 140 numeral 2 del código penal. se pone de manifiesto luego, la necesidad de determinar si las pruebas vertidas en el juicio oral y público han servido para demostrar en grado de certeza y consiguientemente puntualizar la convicción del juzgador como para no dudar que el acceso carnal, aceptado por el procesado, se produjo mientras la supuesta víctima se encontraba privada de razón o de voluntad o que no haya podido oponer resistencia, quebrantándose con ello el estado de inocencia que goza el encartado. 3)… 5) realizado el estudio de los medios de pruebas técnico científicos se hace notar una insuficiencia probatoria que no permite alcanzar el grado de convicción necesario para determinar. resulta imposible concluir que se haya quebrantado el estado de inocencia del procesado. 6) una situación muy particular presenta el recurso de casación por infracción de precepto constitucional y es que el artículo 369 del Código Procesal Penal, atendiendo a su literalidad, lo incorpora con los mismos efectos de la casación por infracción de ley o doctrina legal, pues señala que de ser observada la infracción, la Corte Suprema de Justicia dictará la sentencia en la cual casará el fallo recurrido y resolverá el caso con la ley aplicable, teniéndose el sumo cuidado de examinar cuales son esos casos en que puede darse ese efecto en el fondo, debiendo valorar el tribunal cada caso en particular tomando en cuenta la naturaleza del precepto infringido, pues habrá casos en que será necesario el reenvío como cuando se invoque infracción al debido proceso que implique la violación de normas procesales que requieran su enmienda para conocer adecuadamente sobre el fondo. 7)… por las razones antes expuestas es procedente el motivo de casación invocado y consecuentemente por disposición del artículo 339 del Código Procesal Penal, procede absolver al imputado.” en este orden de ideas se solicita que conforme a la jurisprudencia de la Sala Penal se declara con lugar el motivo alegado. reclamaciones hechas para subsanar el vicio procesal. el vicio procesal que da fundamento a la infracción de precepto constitucional expuesto en el presente recurso fue cometido en el acto mismo de la sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación. alcance de la petición del recurrente: a la honorable Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pedimos, declarar ha lugar el único motivo de casación por infracción de precepto constitucional, y que se absuelva a nuestra representada Liz María Núñez Cardona.Continúan manifestando los recurrentes en su recurso de casación: “casación por infracción de ley. motivo primero: infracción, por falta de aplicación, del artículo 2-c del Código Penal, que, a la letra, y en la parte conducente, dispone lo que sigue: "no podrá imponerse pena…, alguna si la acción u omisión no lesiona o pone en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal.' precepto autorizante. este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 360, párrafo primero, del código procesal penal, en la parte que se lee así: "habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley... cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal... de carácter sustantivo...” explicación del motivo para los efectos de este recurso, se acepta como verdad los hechos plasmados en la sentencia, que ya se encuentran transcritos en este recurso, y de los cuales resulta, que no aparece ningún elemento que implique, siquiera lejanamente, lesión o puesta en peligro de la administración pública, como bien jurídico protegido, por lo que al haberse condenado a la abogada Liz María Ernestina Núñez Cardona, sin haberse declarado probada una situación de lesión o puesta en peligro del indicado bien jurídico, resulta más que clara la infracción, por aplicación indebida del precepto invocado en el planteamiento de este motivo. la Administración Pública como bien jurídico protegido, debe de conceptualizarse, para efectos penales en un sentido lato, como el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza que tiene como fin procurar el bienestar individual y social, las que deben de caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, igualdad y publicidad, que son la letra viva de un Estado social de derecho; ahora bien en el sentido de la administración de justicia, debe patentizarse en que la supuesta resolución, causó o puso en peligro el bien jurídico protegido, en el caso que nos ocupa de conformidad a los hechos probados, nuestra representada emitió dos resoluciones, una consignada en el numeral sexto de los hechos probados en fecha cinco de agosto de 2014 y la otra según consta en el hecho probado noveno, en fecha 10 de diciembre de 2014. del texto donde relatan los hechos probados, la primera resolución (5 de agosto de 2014) fue revocada en recurso de apelación por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, y la segunda fue repuesta por la propia jueza, Liz María Núñez Cardona, en recurso de reposición interpuesto por la fiscalía del Ministerio Público, es decir que ninguna de las dos resoluciones emitidas por ella, fueron firmes y ejecutoriales, por lo que no causaron o pusieron nunca en peligro ningún bien jurídico protegido por la ley. Reclamaciones hechas para subsanar el vicio procesal. el vicio procesal que da fundamento a la infracción de ley expuesto en el presente recurso fue cometido en el acto mismo de la sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación. alcance de la petición del recurrente: a la honorable Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pedimos, declarar ha lugar el primer motivo de casación por infracción de ley, y que se absuelva a nuestra representada Liz María Núñez Cardona. motivo segundo: infracción, por aplicación indebida, del artículo 349 numeral 2 del Código Penal, que se lee así: "será castigado con reclusión de tres a seis años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: … 2) dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la constitución de la república o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos", comprendido este precepto en el capítulo iii del título xiii, cuya rúbrica es "delitos contra la administración pública", libro segundo del mencionado ordenamiento jurídico. precepto autorizante. este motivo se encuentra comprendido en lo que dispone el artículo 360, párrafo primero, del Código Procesal Penal, en la parte que se lee así: "habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley... cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal de carácter sustantivo...” explicación del motivo para entrar a explicar el presente motivo, transcribiremos nuevamente los hechos probados contenido en la sentencia, el que tal como anteriormente hemos expresado y para los efectos de esta impugnación, aceptamos como verdad: hechos probados “Primero: mediante Acuerdo no.82 de fecha 26 de enero del año 2012, la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, quien se desempeñaba como secretaria de juzgados y tribunales del tribunal de sentencia de la sección judicial de Tegucigalpa fue ascendida al cargo de jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal, en el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional, siendo creada la plaza mediante acuerdo no. 1097 de fecha 07 de octubre del 2011. Segundo: en fecha 21 de enero del 2014 fue presentado requerimiento fiscal entre otros, en contra de los señores Carlos Roberto Bonilla y Denis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento de armas de uso comercial y municiones, almacenamiento de armas de uso prohibido, en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras; y asimismo contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de honduras, registrado este bajo expediente no.012014 conocido como caso shalom ante el juzgado de letras penal con jurisdicción nacional de la ciudad de San Pedro Sula, correspondiendo por ende conocer de dicha causa a la jueza Delmy López quien celebró las audiencias de declaración de imputados en la cual ordenó la detención judicial de los mismos y la audiencia inicial en fecha veinticuatro (24) de enero del año dos mil catorce en la cual decretó auto de formal procesamiento en contra de los imputados ya mencionados por los delitos ya referidos, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva. Tercero: la abogada Delmy López jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal de San Pedro Sula, fue ascendida al cargo mediante acuerdo no. 1006 de fecha 10 de octubre del 2013, dicha profesional sostenía una relación sentimental con el señor Teodoro Bonilla, vicepresidente del consejo de la judicatura con quien mantenía comunicación sobre la forma en que debía resolver en dicho expediente en vista de que los imputados son parientes de este dentro del 4to y 5to grado de consanguinidad. Cuarto: el señor Teodoro Bonilla, fue nombrado por el Congreso Nacional como concejal propietario del consejo de la judicatura mediante Decreto Legislativo no.215-2013 publicado en La Gaceta el 02 de octubre del 2013 y en virtud de la relación que este mantenía con la señora Delmy López quien a su vez mantenía una amistad con la acusada Liz María Núñez, la señora Delmy López procedió en fecha 29 de julio del 2014 a señalar de oficio fecha para la celebración de la audiencia preliminar y emitió un auto en el aludido expediente, aduciendo que no podía cubrir la audiencia preliminar en dicha causa por encontrarse con excesiva carga de trabajo y ordenó la remisión de las diligencias a la juez con jurisdicción nacional de Tegucigalpa Liz María Núñez, a fin de que ésta llevara a cabo dicha audiencia, haciéndole creer que esas eran las directrices del presidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilez manifestándole que este se había comunicado con ella para tal fin, manteniendo ambas comunicación vía teléfono sobre las resoluciones e incidencias que se daban en el referido proceso, con el conocimiento de ambas juezas de que en dicho expediente se encontraban involucrados dos parientes del abogado Teodoro Bonilla. Quinto: fue así que en fecha treinta y uno (31) de julio de ese mismo año (2014), la jueza Liz María Núñez procedió a celebrar la audiencia preliminar en la cual tuvo por formalizada la acusación contra Carlos Roberto Bonilla por los delitos de lavado de activos y almacenamiento ilegal de arma, municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y la seguridad interior del Estado de Honduras respectivamente, y contra Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comer ilegales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, como también tuvo por contestados los cargos por parte de los defensores de dichos imputados, argumentando el defensor del imputado Carlos Roberto Bonilla que presentó una prueba documental que acreditaba la procedencia lícita de los bienes de su representado como también que le presentó al Ministerio Público un informe financiero, pero que el mismo no había sido llevado a dicha audiencia, solicitando ambos defensores el sobreseimiento de las causas, luego de lo cual la juez Liz maría Núñez procedió a señalar audiencia dentro de los tres días siguientes para resolver lo correspondiente. Sexto: en fecha cinco de agosto del año 2014 la juez Liz María Núñez emitió una resolución favorable a los intereses del señor Teodoro Bonilla quien como vicepresidente del consejo de la judicatura poseía facultades que la podrían beneficiar dentro de la carrera judicial, y dicha juez procedió a dictar un sobreseimiento provisional a favor del señor Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de honduras y auto de apertura a juicio en contra de este mismo imputado, por los delitos de posesión ilegal de arma, municiones comerciales y posesión de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado, como también dictó sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, apartándose de la independencia judicial e imparcialidad con la que estaba obligada a actuar. Apelación interpuesta resolución el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Ciudad de Tegucigalpa, el cual fue resuelto en fecha seis (6) de noviembre del año dos mil catorce, pronunciándose dicho tribunal únicamente en la forma y no en el fondo del asunto, argumentando que dicha resolución emitida por la juez Liz María era contradictoria en su motivación y por ende violatoria del debido proceso, resolviendo en la parte dispositiva: 1. declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada María Victoria Cerna, fiscal del Ministerio Público.2. Revocar la resolución apelada.3. que se dé cumplimiento al artículo 302 y 337 del Código Procesal Penal. Octavo: en fecha 10 de diciembre de 2014 la jueza Liz maría Núñez procedió a comunicarse vía teléfono con la magistrada Emily Page quien a su vez le pasó la llamada a la magistrada Ericka Dubón ambas de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán con el fin de solicitar le aclarara la resolución dictada en recurso de apelación sobre el auto de fecha 05 de agosto del año 2014 en el caso del expediente 01-2014 conocido como Shalom, ya que para ella no estaba clara la parte dispositiva de dicha resolución, manifestándole a la magistrada Dubón que en vista de que el Ministerio Público había presentado dos agravios, uno referente a la valoración de la prueba de un informe financiero y el segundo en cuanto a una contradicción en la motivación, en base a ello la Corte había optado por no pronunciarse sobre el fondo del asunto haciéndolo únicamente por la forma, en vista de dicha contradicción que vulnera el debido proceso, por lo que dicha magistrada le recalcó que cualquier tipo de resolución que decidiera emitir lo hiciera de forma motivada y congruente. Noveno: en fecha 10 de diciembre del 2014, la acusada Liz María Núñez, junto con la juez Delmy López, visitaron al entonces concejal Teodoro Bonilla a las 14:01 en su despacho de la Corte Suprema de Justicia, recibiendo instrucciones de este sobre cómo debía resolver el caso. En esa misma fecha, la jueza Liz María Núñez habiendo recibido la certificación de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones y teniendo por aclarada la parte resolutiva de dicho tribunal cuyo pronunciamiento lo hizo únicamente en la forma, procedió a dictar nuevamente resolución manteniendo los sobreseimientos anteriormente emitidos en los mismos términos, el sobreseimiento provisional a favor del imputado Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y el sobreseimiento definitivo a favor del imputado Dennis Donadin Bonilla García por los delitos de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado de honduras, como también mantuvo el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras, excluyendo únicamente el párrafo cuarto de la resolución anterior de fecha cinco de agosto del mismo año 2014, el cual fue señalado por la corte de apelaciones como contradictorio, manteniendo en lo demás dicha jueza la misma motivación, y parte dispositiva de su anterior resolución. Décimo: conocida la resolución emitida por la juez Liz María Núñez por el entonces presidente de la Corte Suprema Jorge Rivera Avilez en fecha 22 de diciembre de 2014 procedió a llamar vía teléfono a la señora Liz María Núñez, aclarándole que él no había hablado con la juez Delmy López ni había dado instrucciones que ella conociera del caso de los Bonilla, expresándole que esta había sido sorprendida por Delmy López en vista de que ella le había tenido miedo al concejal Teodoro Bonilla porque sabía que los imputados del caso eran sus familiares, aconsejándole que no se dejara influenciar por Delmy López ni por Teodoro Bonilla y que debía enmendar la resolución de los sobreseimientos por ella dictados, manifestándole que se fuera por la línea correcta, y que él la apoyaría en el consejo de la judicatura, siempre y cuando hiciera las cosas correctamente. Décimo Primero: en vista de lo anterior, la juez Liz María Núñez mediante llamadas telefónicas procedió a hacer del conocimiento de Delmy López como del vicepresidente del consejo de la judicatura Teodoro Bonilla las llamadas recibidas del señor Rivera Avilez, alterando lo expresado por éste, manifestándoles que éste le había ordenado revocar los sobreseimientos antes dictados a favor de los señores Carlos Roberto Bonilla y Dennis Donadin Bonilla, y ordenar la apertura a juicio en contra de estos, expresándoles que dichos lineamientos habían cambiado y que seguramente obedecían a que el fiscal general se había enterado a través del fiscal del caso y que a su parecer este había llamado al presidente Jorge Rivera Avilez para darle nueva línea de cómo resolver el caso shalom, expresándoles a Delmy López como al concejal Teodoro Bonilla, que ella le hizo el favor, que quiso ayudar pero que ya no podía seguir, dados los nuevos lineamientos recibidos por el jefe (Rivera Avilez) a quien no podía desobedecer porque necesitaba de su trabajo. Posteriormente la señora Liz María Núñez recibió nuevamente llamada del entonces presidente señor Rivera Avilez en la cual le expresaba que tenía presiones de Teodoro Bonilla y que, si él la llamaba dándole una contraorden del caso Shalom, que no la acatara, y que se mantuviera en lo que ya le habían hablado. Decimo Segundo: fue así como la juez Liz María Núñez procedió a enviarle un mensaje a la fiscal Victoria Cerna solicitándole que interpusiera un recurso de reposición sobre los sobreseimientos por ella dictados, expresándole que se lo declararía con lugar, en vista de que había sido increpada por el presidente Jorge Rivera por su resolución. procediendo entonces la fiscal en referencia a interponer el recurso de reposición en fecha cinco de enero del año dos mil quince en contra de la resolución dictada por dicha juez en fecha diez de diciembre del año dos mil catorce, resolviendo el mismo mediante resolución de fecha seis de enero del año dos mil quince, declarando con lugar el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público y procediendo a decretar el auto de apertura a juicio contra Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras, y contra Dennis Dodany Bonilla García por el delito de almacenamiento ilegal de arma y municiones comerciales y almacenamiento de arma prohibida en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras.” Hemos visto que el precepto en que se tipifica el delito de abuso de autoridad está comprendido en el apartado que en el Código Penal corresponde a los que se cometen contra la Administración Pública, que es el bien jurídico protegido por esa figura, o, expresado con más precisión, es el correcto funcionamiento de esa administración. se impone, en consecuencia, determinar si del hecho probado en que se funda el fallo recurrido resulta alguna lesión para ese bien jurídico. Pero antes veamos en qué consiste la administración pública: "es el poder ejecutivo en acción, con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las actividades y servicios públicos"; así la define el maestro Cabanellas en su diccionario enciclopédico de derecho usual. Gabino Fraga en su "Derecho Administrativo" nos dice que "la organización especial para la satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa constituye la administración pública", la cual "desde el punto de vista formal es parte, quizás la más importante, de uno de los poderes del estado en los que se halla depositada la soberanía del estado, es decir, del poder ejecutivo". para Antonio Canasi, en la obra "Derecho Administrativo", "es Administración Pública la actividad práctica que el estado desarrolla para atender de manera inmediata los intereses públicos que tomó a su cargo para el cumplimiento de sus fines". pero para salimos de la doctrina y echar mano de nuestro derecho positivo, tenemos que en la ley general de la Administración Pública se dispone: "Artículo 2. la Administración Pública puede ser centralizada y descentralizada. artículo 9. la Administración Pública centralizada está constituida por los órganos del poder ejecutivo. artículo 10. son órganos del poder ejecutivo: a) la presidencia de la república; b) el consejo de ministros; y, c) las secretarías de estado. artículo 49. la administración descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: a) instituciones autónomas, y, b) municipalidades o corporaciones municipales." si hacemos un análisis de los hechos declarado en el fallo impugnado frente a lo que la doctrina y la ley nos dicen acerca de lo que es Administración Pública, encontramos con que ahí no se declara probado ni el más mínimo elemento que haga la más mínima relación a la administración pública como bien jurídico protegido por el delito objeto del proceso. Así las cosas, nos encontramos con que la situación fáctica configurada en los hechos probados, no se subsume en la figura del delito de abuso de autoridad, y si es así, dados los hechos probados de la sentencia es evidente la infracción, por aplicación indebida, del Artículo 349 numeral 2 del Código Penal. De tal suerte entonces que debe analizarse cuál es la resolución que se considera arbitraria o al margen de la ley, está conforme a la sentencia impugnada es la dictada por nuestra representada en fecha cinco de agosto del año dos mil catorce, sobre esta resolución es importante establecer dos aspectos: l) esta resolución responde a las facultades que conforme a la ley en el Artículo 302 del Código Procesal Penal, es permitido emitir los jueces, esto tomando en cuenta no solo lo establecido en el Código Procesal Penal sino también es sentencias por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que en sentencia número CP 289-2008, en su parte conducente dice: "...el criterio de la sala. son tres los momentos procesales autorizados por el código procesal penal, en los que se puede dictar sobreseimiento definitivo y son: a) luego de concluida la investigación fiscal inicial y a petición de este. b) en la audiencia inicial. c) en el auto posterior a la audiencia preliminar. en todos los casos se entienden que deberán concurrir a lo menos los supuestos previstos en los artículos 296 y párrafo último del artículo 302 del Código Procesal Penal, esto es: a) que resulte probado que el hecho no ha existido o que no está tipificado como delito o que el imputado no participó en su comisión. b) que no existan fundamentos suficientes para decretar auto de prisión o declaratoria de reo y no haya motivos para sospechar que el imputado tuvo participación en el delito. c) que se haya extinguido la acción penal y d) que en base a la formalización de acusación y contestación de cargos, el juez considere que no hay fundamentos razonables para el desarrollo del juicio... por lo que dictar un sobreseimiento definitivo o provisional luego de la audiencia preliminar es una facultad que la ley permite por lo que de conformidad a la a la sentencia penal número SP 202- 2008 que en su parte conducente dice:”… segundo: esta Sala de lo Penal del estudio de los antecedentes y del fallo recurrido, considera que las actuaciones del juez al que se le imputa un hecho delictivo en el antejuicio, se enmarcan dentro de las facultades que le han sido otorgadas para el ejercicio de sus funciones... todas estas actuaciones son adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces de la república, no siendo posible imputar dichas resoluciones dentro de hechos delictivos, por cuanto las mismas son producto del razonamiento en apariencia lógico y coherente del juez denunciado, y en todo caso las mismas podían ser objeto del control de los órganos jerárquicamente superiores a través del recurso de apelación al ser de las resoluciones contra las que puede interponerse dicho recurso..." 2) en segundo lugar dicha resolución no llegó a tener ningún efecto jurídico, en vista de que fue revocado por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en resolución de fecha seis de noviembre del año dos mil catorce. de esto resulta, que la resolución no tuvo consecuencias jurídicas ya que fue revocada, como se expresó en el motivo anterior y tampoco existe prueba de que mi persona hubiera dictada dicha resolución con malicia o conciencia de injusticia, en abuso de autoridad violentando la" independencia judicial. en relación al delito de abuso de autoridad, por el cual se ha declarado la condena; al respecto haciendo acopio, de sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que en lo conducente dicen: sentencia CP 218-2010 “…en sentido jurídico se abusa de una cosa, aunque se la emplee según su destino si esto se hace de modo ilícito o por fines ilícitos" (vid. Carrara, Francesco: programa de derecho criminal-parte especial, volumen v, Temis-Depalma. 1977, &2514, p. 58), añadiendo que "puede abusarse de la autoridad en sentido ontológico cuando se usa de un poder público traspasando los límites que el cargo concede, y a pesar de esto puede no cometerse delito, es decir. no haberse abusado en sentido jurídico, por no ser criminosos ni el fin ni los medios.... en cambio. puede no haber abuso en sentido ontológico porque la autoridad concedida se ejerce dentro de los límites del poder respectivo, y sin embargo hay abuso de autoridad en sentido jurídico por la maldad del fin o de los medios" ...a idéntica conclusión arriba Sebastián Soler cuando señala que es preciso señalar el límite mínimo. lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcionarial que determina a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria. en otros términos “... el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas. según los supuestos de que se trate " (vid. Donna, Edgardo Alberto: delitos contra la administración pública, colección autores de derecho penal, Rubinzal Culzoni, 2 0 edición actualizada. 2008, p. 190) ". "por consiguiente, el interés se concentra en los supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso, esto es. "en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica" (Soler, Sebastián: ob. cit., p. 138) "es decir, la expresión "acto arbitrario " puede interpretarse correctamente sólo sí se toman en consideración su sentido objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay "abuso" o "arbitrariedad" allí donde el funcionario de que se trate disponga de poderes discrecionales y los emplee maliciosamente ...argumentan los recurrentes que el precepto que tipifica el delito de abuso de autoridad, está comprendido en el código penal entre los delitos que se cometen contra la administración pública, que es el bien jurídico protegido por esa figura. analiza el hecho probado y refiere que del mismo no resulta lesión de dicho bien jurídico. después de citar diversas mentes doctrinarias sobre el concepto de la Administración Pública. concluye que esta reside en el Poder Ejecutivo. Asimismo, considera que la propia Ley General de la Administración Pública. dispone en su artículo 2 que: "la Administración Pública puede ser centralizada descentralizada". el artículo 9. la Administración Pública centralizada está constituida por los órganos del Poder Ejecutivo. Artículo 10. son órganos del Poder Ejecutivo: a) la presidencia de la república; b) el consejo de ministros: y, c) las secretarías de estado. artículo 49. la administración descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: a) instituciones autónomas, y, b) municipalidades o corporaciones municipales. " del análisis que realiza al hecho único declarado robado por el juzgador ente a la doctrina p ley enunciada, estima que no establece la más mínima relación con la Administración Pública, como el bien jurídico protegido del delito objeto del proceso. concluye que el cuadro fáctico de la sentencia impugnada no subsume la figura del delito de abuso de autoridad siendo por ello evidente la inacción por aplicación indebida, al artículo 349. 2 del código penal. esta Sala de lo Penal, es del criterio que el presente motivo debe ser declarado con lugar, debiendo estarse el recurrente a lo expuesto por este tribunal supremo al resolver el recurso de casación que por infracción de ley promoviera la acusación particular...” sentencia CP 202-2008 es por todo lo anterior. que este tribunal de alzada, no encuentra que los hechos que el Ministerio Público le imputa al antejuiciado puedan ser subsumidos dentro de los elementos objetivos del delito de abuso de autoridad por ende no concurren suficientes méritos para iniciar una causa penal por estos hechos, o dicho de otra manera, para proceder criminalmente contra el juez por razón de su cargo pues no existen suficientes elementos para poder concluir que el antejuiciado dictó providencias o resoluciones contrarios a la Constitución de la República o a las leves o que se abstuvo de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. es oportuno reiterar que la Sala de lo Penal ha sostenido que el: "delito de abuso de autoridad uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer un exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo..." recurso de casación número 243=2005 esta Sala de lo Penal procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: i.- aprecia que el tribunal de instancia ha dado razones suficientes y debidamente fundadas en orden de dejar claramente establecido por medio de las reglas de la sana crítica que, al margen de que el acusado pudo haber dictado una resolución en un expediente que administrativamente no estaba a él asignado, como juez de lo penal, sin duda alguna tenía competencia y jurisdicción para conocer del mismo. la tarea del juzgador implica un razonamiento a efecto de determinar los presupuestos procesales v constitucionales para sustanciar una causa penal, pero es claro que la actividad jurisdiccional implica la posibilidad de incurrir en un error de apreciación o de valoración de los elementos en consideración, no obstante ese ejercicio intelectivo es independiente e inmanente a cada juzgador, por ello la ley ha establecido los recursos para enmendar los eventuales errores en que incurra una autoridad judicial. lo cual no implica necesariamente suponer una actitud dolosa en su ejercicio, de lo contrario habría que asumir que todo órgano jurisdiccional al que un tribunal de alzada le revoque una resolución. incurriría en responsabilidad penal. en virtud de esto, la resolución por nuestra representada en su condición de jueza de letras con competencia territorial nacional en materia penal, es una facultad concedida a ella como juez, ya que la ley permite que emita en ese momento procesal el sobreseimiento definitivo o provisional, tal resolución no responde a ninguna injerencia o arbitrariedad, dicha resolución podía como en efecto lo fue, y fue por medio de recurso que fue revocada, por lo que puede configurase el delito de abuso de autoridad por el que fue condenada, por lo que se ha aplicado indebidamente el precepto penal. reclamaciones hechas para subsanar el vicio procesal. el vicio procesal que da fundamento a la infracción de ley expuesto en el presente recurso fue cometido en el acto mismo de la sentencia, siendo imposible intentar reclamo para su subsanación. alcance de la petición del recurrente: a la honorable Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, respetuosamente pedimos, declarar ha lugar el primer motivo de casación por infracción de ley, y que se absuelva a nuestra representada Liz María Núñez Cardona FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del código procesal penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la convención americana sobre derechos humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la reguera, ángel, en los recursos, cuadernos de estudios judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de casación por infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. • Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas constitucionales que se denuncian infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: Violación al principio de estado de inocencia. • Pretensión: subsanar el vicio y absolver a la acusada. Los censores del fallo establecen en su recurso que, el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, en la sentencia condenatoria dictada contra la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona, cometió infracción del precepto constitucional comprendido en el Artículo 89, manifiestan que ese vicio violenta lineamientos de la Ley Constitucional vigente, argumentan los censores que el tribunal de sentencias con meras especulaciones no legales, reprochó una valoración de las pruebas que la jueza Liz María Núñez Cardona, realizó y se evacuaron en la audiencia que ella presidía, atribuyéndose en tribunal sentenciador, facultades de órgano superior revisor de las resoluciones de los inferiores al extremo de especular, sobre el fondo de un proceso que no estaba sometido a su conocimiento como jueces, los recurrentes establecen que el A Quo en su valoración no puede interferir u opinar sobre las facultades que tenía la abogada Liz María Núñez, por lo que las conclusiones a que llega con relación a dicha foliada, no resulta de una valoración de prueba, sino de opiniones y especulaciones sobre criterios jurídicos. Violentando el estado constitucional de inocencia, porque sin prueba, y por medios no permitidos se llegó a conclusiones de condena, que en el caso no es legal ya que "todas estas actuaciones de la acusada son adoptadas dentro de las facultades jurisdiccionales otorgadas a los jueces de la República, no siendo posible imputar dichos actos dentro de hechos delictivos. De tal manera los recurrentes expresan que se tomó como base para la condena, una situación eminentemente jurídica y solicitan que a través del presente recurso se falle con lugar y absolver a la acusada. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el Artículo 84 dice: "nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley". norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el Artículo 1: “nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” en consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. el problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad, son: 1. cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años una pena de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que esta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). en el texto del artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: i. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. ii. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. iii. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive, cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. en los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. del derecho/principio del estado material de inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos en el Artículo 11.1, reglado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el Artículo 14.2, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su Artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. El derecho que estudiamos es un derecho fundamental de carácter general que tiene las siguientes características: • Es una presunción legal, preordenada por la norma constitucional, no sujeta a acreditación por parte de la persona sospechosa o imputada; • Es un derecho fundamental de carácter personal, que obliga a los representantes del estado a tratar de una manera específica (como inocente) a aquella persona sospechosa o imputada; • Es una presunción iuris tantum, que puede destruirse a razón de prueba en contrario; y • Es un derecho que opera dentro de los límites del derecho probatorio, no teniendo vinculación con la calificación jurídica o la pena que debe de imponerse. El derecho tiene implicaciones en todo el sistema legal, y por supuesto tanto en la aplicación del derecho sustantivo penal como derecho procesal penal. la presunción de inocencia (iuris tantum) solo puede ser destruida como consecuencia de una declaratoria de culpabilidad emitida por un tribunal, emitida como consecuencia de una actividad probatoria de cargo que cubra los elementos que configuran el tipo penal sancionable, con suficiente entidad y practicada con las garantías legales. este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando al derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. En el informe no. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] de todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este tribunal de casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- en el ámbito penal esta corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. la presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. el recurso no es de recibo. Luego de visto y analizado el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por los abogados Iván Adán Martínez Ordoñez y Rosa Helena Bonilla Galindo, en su condición de abogados privados de la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona la Sala de lo Penal, identifica que el alegato central de los censores consiste en denunciar que el sentenciador infringió el principio del estado de inocencia, al hacer uso de disposiciones convencionales para según él, darles contenido al tipo penal de abuso de autoridad, establecido en el artículo 349 código penal. Como se ha señalado ut supra, el principio de inocencia exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley, y en el caso presente, las conductas comisivas realizadas por la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, se encontraban previamente establecidas en la ley penal, de modo que, sabía que su actuar era penalmente reprochable. También se ha mencionado que el tipo penal de abuso de autoridad se caracteriza por ser abierto, por cuanto el acto reprochado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público; además, es un tipo penal de mera actividad, por cuanto su consumación acontece con la acción contraria a la norma, sin importar si existe o no resultado dañoso. de conducta instantánea, exige la cualificación del sujeto activo, tiene identidad del bien jurídico protegido (la administración pública) y el sujeto pasivo. Dicho lo anterior, se destaca que el sentenciador no realizó alguna interpretación analógica para llenar de contenido el tipo penal en cuestión, pero sí hizo una labor de hermenéutica jurídica la cual tiene permitido realizar en su labor de motivación de las resoluciones judiciales- con el objetivo de explicar la naturaleza del tipo penal de abuso de autoridad, y del cual concluye acertadamente que es un delito de mera actividad y no de resultado. Tampoco se infringe el principio constitucional comprendido en el Artículo 89, relacionado al estado de inocencia, tomando en consideración que el derecho tiene implicaciones en todo el sistema legal, y por supuesto tanto en la aplicación del derecho sustantivo penal como derecho procesal penal. La presunción de inocencia (iuris tantum) solo puede ser destruida como consecuencia de una declaratoria de culpabilidad emitida por un tribunal, posterior a una actividad probatoria de cargo que cubra los elementos que configuran el tipo penal sancionable. en esta causa durante el juicio oral y público se evacuaron entre otras pruebas las siguientes. 1) testificales, a) Ada Margot Mass b) Víctor Cerna, c) Ronal Benegas, 2) documentales a) fotocopia debidamente autenticada por la secretaria ,del juzgado de ejecución del acuerdo del nombramiento a favor de la abogada Liz María Núñez b) Decreto Legislativo 215-2013 mediante el cual fue nombrado el abogado Teodoro Bonilla en el consejo de la judicatura, c) copia de acuerdo del nombramiento debidamente autenticado a favor de Delmy Elizabet López donde se le ascendió de juez de letras seccional de San Pedro Sula, departamento de Cortés a cargo de juez de letras con competencia territorial. d) copia del acuerdo del nombramiento número 651 de fecha 19 de julio de 2015 a favor de Delmy Elizabeth López Paz, a magistrada integrante de Corte de Apelaciones.- En el acápite relacionado a la valoración de las pruebas el A Quo estableció que la declaración de Ada Margot Mass es importante para conocer la forma en que se inició la investigación, en relación al señor Jonathan Molina, secretario de jurisdicción nacional quien llegó a su despacho a pedir información sobre un caso de privación de dominio, dejando entrever que personas ligadas a cargos altos en la administración de justicia estaban involucrados por estos testimonios. También se corroboró las llamadas recibidas por la fiscal Victoria Cerna, por parte de la imputada Liz María Núñez, solicitándole que interpusiera un recurso de reposición, sobre el auto de fecha diez de diciembre del 2014 el cual se lo declararía con lugar, expresándole asimismo que había recibido llamadas de atención de sus superiores por esa resolución y que rectificaría la misma, lo cual deja entrever una anormalidad por la total parcialidad, y en cuanto a la manera en que dicha juez evacuó dicho caso con total conciencia, de que había faltado al deber de imparcialidad e independencia judicial, a los que está obligada como funcionaria, con los acuerdos de nombramientos se acredita la condición de jueza de la imputada, Liz María Núñez así como también la imputada Delmy López ambas jueces de letras jurisdicción nacional de igual Teodoro Bonilla nombrado por el Congreso Nacional como Vicepresidente del Consejo de la Judicatura. En cuanto a Las pruebas periciales, ratificadas por la perito Norma Garay a través de dichos dictámenes se reprodujeron audios, en el juicio oral pudiendo escuchar y tener a la vista, transcripción de las conversaciones sostenidas entre la imputada Liz María Núñez, la juez Delmi López y Teodoro Bonilla, para el Tribunal de Sentencia esos dictámenes fueron contundentes en su análisis para establecer la existencia de un interés de la acusada Liz María Ernestina Núñez en querer favorecer con sus resoluciones, a los señores Carlos Roberto Bonilla y Denis Dodany Bonilla, en el caso 001-014 conocido como shalom por ser parientes del Vicepresidente del Consejo de la Judicatura Teodoro Bonilla, mereciendo dichos dictámenes valor probatorio. Los recurrentes cuestionan en su recurso la forma de sustanciación y argumentos del tribunal de sentencia en lo relacionado a la valoración que hizo de los medios de prueba sosteniendo (que esa motivación , son opiniones y especulaciones sobre criterios jurídicos ).agregando que,( El ente sentenciador para llegar a la conclusión de culpabilidad de nuestra representada la abogada Liz María Núñez Cardona, basó sus conclusiones en meras suposiciones, y especulaciones, que no cumple con las expectativas o condiciones que tanto la ley procesal) si bien es cierto que los recurrentes en su recurso lo plantean como la violación de una norma constitucional ya en el desarrollo se refieren a la valoración hecha por el tribunal y de aspectos meramente subjetivos al puntualizar que dicho fallo se basa en especulaciones, no desarrollando en si el artículo 89 constitucional que versa sobre el principio de inocencia. Esta Sala Penal, ha establecido a través de su jurisprudencia, que el estado de inocencia puede ser quebrantado en una o varias de sus diferentes vertientes, bien por licitud de la prueba, bien por el debido proceso probatorio, bien por la debida motivación, bien por el debido razonamiento probatorio, o bien, por la suficiencia de carga probatoria. Cualquiera de las vertientes mencionadas debe ser precisada por los recurrentes al momento de interponer su recurso y desarrollada argumentalmente para el sostenimiento de su tesis, labor que no ha sido llevada a cabo en manera alguna en el presente caso, porque la exposición se ve acompañada de apreciaciones propias de instancia y ajenas al motivo invocado, los censores se han enfocado a cuestionar las conclusiones al que llega el A-quo, además hacen énfasis en la sana critica, finalizando sus exposiciones en un análisis de la valoración conjunta que el sentenciador hizo de la prueba, esta Sala de Casación no comparte con los censores los argumentos esgrimidos, tomando en consideración que el fallo reúne con todos los requisitos que la Constitución de la República establece, y a la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona, se le garantizaron todos sus derechos y garantías, por lo que se declara improcedente este motivo de casación FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo” (lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el tribunal de sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del código de rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al tribunal de casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados; 2. falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o doctrina legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de doctrina legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del principio fijado en la doctrina legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la doctrina legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la doctrina legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el tribunal de sentencia o de la doctrina legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo • Precepto autorizante: artículo 360 del código procesal penal.• Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 349.2 del código penal. • Concepto de la infracción: aplicación indebida del artículo 349.2 del código penal. • Pretensión: se declare a lugar el motivo y absolver a la acusada. Los censores aducen que el tribunal de sentencia incurrió en un vicio al momento de la sentencia y que para los efectos del presente recurso, se acepta como verdad los hechos plasmados en la misma, ya que se encuentran transcritos en este recurso, expresan los recurrentes que no aparece ningún elemento que implique, siquiera lejanamente, lesión o puesta en peligro de la Administración Pública, como bien jurídico protegido, por lo que al haberse condenado a la imputada Liz María Ernestina Núñez Cardona, sin haberse declarado probada una situación de lesión o puesta en peligro el bien jurídico, resulta más que clara la infracción del A-quo, enmarcan el vicio en la aplicación indebida del precepto invocado en el planteamiento de este motivo. Los impetrantes señalan que su representada emitió dos resoluciones, una consignada en el numeral sexto de los hechos probados en fecha cinco de agosto de 2014 y la otra según consta en el hecho probado noveno, en fecha 10 de diciembre de 2014.por lo que se solicitan subsanar y absolver. delito de abuso de autoridad “El delito de abuso de autoridad es uno de los tipos penales más abiertos que se regulan en nuestra normativa penal, ello obliga a que en cada caso concreto se deba hacer un exhaustivo análisis a fin de hacer una aplicación circunscrita a las exigencias propias del principio de legalidad y la exigencia de taxatividad que impone el mismo, al amparo de su extensa amplitud conceptual el objeto de tutela penal en el delito de abuso de autoridad lo es la Administración Pública, que busca tutelar la actuación del Estado, pues el bien jurídico protegido dentro de los delitos contra la Administración Pública, es el correcto y adecuado funcionamiento de las diferentes actividades de prestación que brinda el estado a través de la administración pública, en consecuencia, el derecho penal aparece en su manifestación fragmentaria y de última ratio cuando se dan aquéllas conductas graves que afectan el normal y buen desarrollo de la administración pública.” (véase sentencia 56-2005 del 26 de agosto del 2009). El delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 349 no. 2) del Código Penal en el que se describe el comportamiento del funcionario o empleado público que “dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la constitución de la república o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos.” para llevar a cabo una correcta interpretación de la norma contenida en el artículo aludido, es conveniente determinar cuál es el alcance o el sentido otorgado a la palabra “abuso”. Al respecto, cabe recordar las palabras de Carrara, para quien ese término contempla en sí mismo dos significados diversos sumamente diferentes, denominándose a uno de ellos “sentido ontológico” y al otro “sentido jurídico”. “en sentido ontológico se abusa de una cosa siempre que se emplea para un servicio diverso de su destino natural. en sentido jurídico se abusa de una cosa, aunque se la emplee según su destino, si esto se hace de modo ilícito o por fines ilícitos” ( Vid. Carrara, Francesco; programa de derecho criminal-parte especial, volumen v, Temis-Depalma, 1977, &2514, p. 58), añadiendo que “puede abusarse de la autoridad en sentido ontológico cuando se usa de un poder público traspasando los límites que el cargo concede, y a pesar de esto puede no cometerse delito, es decir, no haberse abusado en sentido jurídico, por no ser criminosos ni el fin ni los medios. En cambio, puede no haber abuso en sentido ontológico porque la autoridad concedida se ejerce dentro de los límites del poder respectivo, y sin embargo hay abuso de autoridad en sentido jurídico por la maldad del fin o de los medios” (ob. cit. pp. 58/59). a idéntica conclusión arriba Sebastián Soler, cuando señala que “…es preciso señalar el límite mínimo, lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional que determina a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria. este límite mínimo está señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar in Fraudem Legis. solamente discerniendo que el presupuesto del abuso es una falsedad se comprende el delito en todos sus aspectos, porque no existe falsedad inconsciente: lo inexacto se transforma en falso sólo cuando a él se agrega el conocimiento, de la inexactitud” (vid. derecho penal argentino, t. v, tea, buenos aires, 1978, p. 139)”. “por su parte, Creus sostiene que no es exacto exigir para su configuración una determinada forma de malicia, sin embargo afirma que este tipo penal sólo se configura con dolo directo, en virtud de que además de requerirse el conocimiento por parte del autor de la oposición a la ley, la resolución o la orden; en su aspecto volitivo el agente debe querer oponerse a la ley, desconociéndola, pues quedan descartados aquellos supuestos de aplicación incorrecta de la ley por una interpretación errónea (cfr. Creus, Carlos; Derecho Penal- parte especial, tomo 2, astrea, 5° edición actualizada, 1° reimpresión, buenos aires, 1996, p. 260)”. “en el mismo sentido, Donna refiere que uno de los requisitos esenciales que debe contener este tipo penal es la existencia de dolo directo, pues para su configuración resulta indispensable la existencia del propósito de violentar la ley de modo tal de menoscabarla mediante el empleo abusivo de la autoridad. en otros términos “…el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos de que se trate” (Vid. Donna, Edgardo a.: delitos contra la Administración Pública, colección autores de derecho penal, Rubinzal Culzoni, 2° edición actualizada, 2008, p. 190)”. “por consiguiente, el interés se concentra en los supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso, esto es, “en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica” (Soler, Sebastián; ob. cit., p. 138)”. “es decir, la expresión “acto arbitrario” puede interpretarse correctamente sólo sí se toma en consideración su sentido objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay “abuso” o “arbitrariedad” allí donde el funcionario de que se trate disponga de poderes discrecionales y los emplee maliciosamente con un fin diverso a aquél perseguido por la ley”. “resulta absolutamente irrelevante cuál sea la suerte que corra una resolución cuyo origen ha sido subjetivamente honesto, pues no adquiere el carácter de arbitrario por el mero hecho de que con posterioridad sea declarada su ilegalidad objetiva. a su vez, el funcionario que incurre en un error de derecho no comete abuso, en tanto aun cuando pueda afirmarse la existencia de ese error, no podrá decirse que hay falsedad, mentira y, en consecuencia, malicia”. “en palabras de Soler, “…en ningún caso se castigará la buena fe” (ob. cit., p. 140)”. De La Procedencia del Recurso de Casación. el recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es: si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado -es o no- correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en el que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse o se invocan las normas que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso de méritos los impetrantes invocan la aplicación indebida de una norma, siendo esta mencionada en el artículo 349 del Código Penal, el cual regula y reúne los elementos del tipo penal de Abuso de Autoridad, los censores al desarrollar su recurso no pudieron acreditar la ausencia de algunos de sus elementos que configuran esta figura. La sala de lo penal ha realizado un examen de juricidad de la plataforma fáctica contenida en la sentencia; se determina por lo anteriormente descrito, que se reproduce cada elemento del tipo penal en análisis y se satisface la exigencia gramatical del artículo 349 numeral 2 del código penal que tipifica el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública y según el sentenciador con una participación de la acusada en su condición de autora, el delito que es de carácter consumado se plasma la inalterabilidad de los hechos probados, concordando con los elementos del tipo penal. por todo lo anterior se declara improcedente el recurso. DECISIÓN No Ha Lugar el recurso de casación por Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. a. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.2) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9). de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el Artículo 84 que dice: "nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley". norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” en consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. el problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : derecho penal parte general, tomo i, fundamentos. la estructura de la teoría del delito. 1997, editorial Civitas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. la nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). en el texto del artículo 96 de la constitución política de honduras establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: 1. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. 2. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. 3. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. en los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. b. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (art. 615, 1er párrafo NCP). corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo código penal (art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (art. 624.3 NCP). el órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del código penal 144-1983 con las del código 130-2017. cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. la ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- la ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al cp-144-83 y los límites del concurso real que regula el cp-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. límite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. límite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. límite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. c. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por el Ministerio Público ni por las distintas representaciones legales de los acusados, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. d. PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, como autora del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de tres (3) años, más la pena de Inhabilitación Especial por el doble del tiempo de la pena de su condena, es decir seis (6). También se declaró civilmente responsable. La conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de abuso de autoridad (artículo 499.2), cuya pena es de tres (3) a seis (6) años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; según el artículo 255 del NCP que establece las agravantes específicas, en la presente causa no hay agravantes .ni atenuantes establecidas. Por tanto, corresponde para la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo código penal. El inciso dos de este artículo aumenta en un tercio la pena cuando en el caso de que los actos se refieran a tareas de justicia, orden publico educación, o salud publica y exijan un cumplimiento inmediato. De tal manera al aumentar 1/3 a la pena principal de inhabilitación quedaría de cuatro (4) a ocho años (8). Concluye esta Sala de lo Penal que en el caso de la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo código penal. Queda la pena abstracta en inhabilitación a cuatro (4) años para ejercer empleos a cargos públicos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de honduras, por unanimidad de votos de la sala de lo penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la constitución de la república; 1 y 80 numeral 1 de la ley de organización y atribuciones de los tribunales; 142, 360, 361, 362, 363 y 369 del código procesal penal; 31, 32, 68, 70, 482, 499 y 513 del código penal 130-2017; falla: 1) Declara No Ha Lugar los recursos de casación por infracción de precepto constitucional y por infracción de Ley, ambos en su único motivo, interpuestos por los Abogados Iván Adán Martinez Ordoñez y Rosa Elena Helena Bonilla Galindo, en su condición de Defensores Privados de la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, en la causa que se le sigue por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública; 2) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal 130-2017, a la conducta reprochada a la ahora condenada la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona; en consecuencia, reforma el pronunciamiento primero, quedando incólumes los numerales segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto séptimo de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: Primero: que debemos condenar y condenamos a la señora Liz María Ernestina Núñez Cardona, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autora penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública, a la pena principal de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público por el tiempo cuatro (4) años. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la secretaría del despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el magistrado Mairena Franco Notifíquese.- Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador por Ley. Firma y Sello. Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Francisca Villela Zavala Magistrada Lety Emelda Posadas. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a uno de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-526-2019.

Rina Koritza Sandoval Navas

Secretaria sala de lo penal.”