Sentencia CP-493-19 — Registro 19339
Resumen
En primera instancia el Tribunal de Sentencia condenó al acusado por el delito de usurpación de un dominio pleno del predio situado en la Aldea los Horcones, Jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de la Paz. resolviendo la Sala de lo Penal Ha lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. La recurrente alega vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos; como lo ha expuesto la recurrente, las contradicciones han sido esenciales, dejando un vacío de información en cuanto a la decisión adoptada por los juzgadores. Al examen de la sentencia impugnada, el Tribunal de Casación constató en el acápite “VALORACIÓN DE LA PRUEBA” que los juzgadores han descrito lo siguiente: En relación a la declaración rendida por el acusado José Martín Euceda se ha señalado: “Como antes lo inferimos el imputado se ubica en espacio, tiempo y forma si bien el alega una venta la cual se supone le vendió la propiedad daña ESTANISLAO EUCEDA, no es menos cierto que no presento documento alguno que acredite dicho extremo por lo tanto el aquí enjuiciable, se encuentra en calidad de usurpador del inmueble objeto de enjuiciamiento” (F.82v) En relación a la declaración de Gonzalo Santo Euceda se ha descrito intelectivamente: “Si bien tanto don JOSÉ MARTIN EUCEDA como GONZALO SANTOS EUCEDA, son contestes en que este ultima le compro la propiedad a JOSÉ MARTIN EUCEDA no es menos cierto que no existe documento alguno que acredite la compra y venta del inmueble, empero, si se acredita como propietario del inmueble a FERNANDO EUCEDA otorgada por los Honorables miembros de la Corporación Municipal, en la Aldea los Horcones, Jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de La Paz, el cual tiene un área total de 32,410.80 vrs2 equivalente a 22, 597.62 mts cuadrados; acreditándose con dicho medio probatorio la propiedad del pasivo de autos y que según acta de inspección la misma se sujeta a la usurpación por parte del aquí enjuiciable, quien no a sostenido mediante documento alguna ser legítimo propietario” (F. 83v) Respecto al medio de prueba documental denominado Documento Privado de compra-venta de lote de terreno (F. 24 primera pieza): “Con el anterior documento se acredita el tracto sucesivo del terreno propiedad de don JOSÉ MARTIN EUCEDA, objeto de la presente causa y quien le vendió ESTANISLAO SANTOS EUCEDA, quien a su vez la obtuvo por herencia de sus padres TRANSITO SANTOS y SANTOS EUCEDA HERNÁNDEZ” Finalmente, Copia de Carta Poder extendida por el señor Ángel Euceda (F.27 primera pieza) “El anterior documento es una copia de carta poder extendida por ÁNGEL EUCEDA quien autoriza a sus cuatro hermanos FERNANDO EUCEDA, LUIS EUCEDA, GENOVEVA EUCEDA y ESTANISLAO SANTOS EUCEDA, para realizar trámites correspondientes a la venta de un lote de terreno que obtuvo por parte de sus padres TRANSITO SANTOS y SANTOS EUCEDA HERNÁNDEZ, este tribunal no duda del documento, empero la defensa no acredito la venta de dicha propiedad al aquí enjuiciable por ende somos del parecer que el mismo se encuentra en calidad de usurpador” (F.84) Como se puede colegir, claramente los juzgadores por una parte señalan que el acusado José Martín Euceda alega una venta que se supone vendió Estanislao Euceda, por otra, que no es menos cierto que no se presentó documento alguno que acredite dicho extremo, es decir, que es cierto lo dicho por el acusado y a la vez es cierto de la no existencia de documento; luego en otro apartado de la sentencia (F.83v) ha descrito el juzgador, que tanto la declaración de José Martín Euceda como de Gonzalo Santos Euceda son contestes en cuanto a la compra de la propiedad, nuevamente señala el sentenciador que no es menos cierto de la no existencia de documento, pues la única acreditación como propietario del inmueble corresponde a Fernando Euceda, a quien la Corporación Municipal de San Juan, departamento de La Paz le concedió un dominio pleno en el año 2009. El Juzgador insistió en señalar lo declarado por el acusado José Martín Euceda, que esa manzana se la compro a la Señora Estanislao Santos, hermana del ofendido Fernando Euceda, en el año 2009, a la vez, el mismo juzgador concluye intelectivamente que ese extremo la defensa no pudo acreditar, a la vez, al valorar intelectivamente el medio de prueba documental denominado Copia de documento privado de compra venta del lote de terreno y copia de carta poder extendida por Ángel Euceda, el mismo juzgador, da por acreditado el tracto sucesivo del terreno propiedad del acusado José Martín Euceda, objeto de la presente causa y que quien le vendió fue Estanislao Santos Euceda; finalmente, que no duda del documento carta poder, que autoriza a los hermanos Fernando Euceda, Luis Euceda, Genoveva Euceda y Estanislao Santos Euceda para realizar trámites correspondientes a la venta de un lote de terreno, pero luego concluye el juzgador, “la defensa no acredito la venta de dicha propiedad al aquí enjuiciable por ende somos del parecer que el mismo se encuentra en calidad de usurpador” Como bien lo denuncia la recurrente, la valoración intelectiva del juzgador no guarda coherencia, pues, por una parte señala intelectivamente como cierto la venta del inmueble por la señora Estanislao Santos Euceda, pero por otra parte, refiere que no se acredita tal extremo, aun y cuando de la prueba documental denominado copia de documento privado de compra venta del lote de terreno, da por acreditado el tracto sucesivo del terreno propiedad del acusado José Martín Euceda, objeto de la presente causa y que quien le vendió fue Estanislao Santos Euceda, desconociéndose si la decisión judicial de condenar al imputado ha devenido por haber despojado de la posesión o tenencia de un inmueble que no le pertenecía, cuando a la vez, se da por cierto que dicho inmueble fue comprado mediante documento privado a la señora Estanislao Santos Euceda, quien es hermana del ofendido Fernando Euceda, menos, si se trata del mismo inmueble, dejando un vacío de información. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración fáctica que afirma y niega al mismo tiempo una misma realidad. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-493-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP-493-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a José Martin Euceda, como autor del delito de Usurpación, en perjuicio de Fernando Euceda, a la pena de dos años de reclusión, así como a las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y a trabajos en obras públicas o labores dentro del centro penal durante el tiempo de las penas principales. SEGUNDO: Ordenó se mantuvieran las medidas cautelares impuestas. TERCERO: Se declaró a José Martin Euceda, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido. CUARTO. No procedió condenar en costas a Jose Martin Euceda. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Salma Vanesa González, en su condición de defensora pública del encartado. Son partes en única instancia: Los Abogados Jose Roberto Izaguirre y Alba Regina Paniagua Pacheco, Defensores Públicos, en sus condiciones de recurrentes y la abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, Agente Fiscal del Ministerio Público; y, el Abogado Víctor Manuel Cruz Murillo, acusador privado, en su condiciones de parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: en fecha quince de agosto del año dos mil ocho (15/08/2008), la alcaldía Municipal del Municipio de San Juan, Departamento de la Paz, mediante acta número 54 se le otorgo dominio pleno del predio situado en la Aldea los Horcones, Jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de la Paz, el cual tiene un are total de treinta dos mil cuatrocientos diez punto ochenta (32,410.80 Vrs 2) equivalente a veintidós mil quinientos noventa siete punto sesenta y dos metros cuadrados (22,597.62 mts) al señor FERNANDO EUCEDA.- SEGUNDO: En fecha siete de abril del dos mil nueve (7/04/2009), en la Aldea los Horcones de la ciudad de la Paz, del Departamento de la Paz, se practicó inspección en la propiedad antes descrita en la cual se constató que el señor JOSE MARTIN EUCEDA se encontraba posesión de dicha propiedad, y en la cual la cerco con alambre de púas y postes de madera además realizo cultivo de maíz como de cuatro tareas y cultivo de sandilla como de tres tareas aproximadamente, en una extensión de terreno de manzana y en el cual también se encuentra una casa en construcción.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Salma Vanesa González, defensora publica, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION PRIMER MOTIVO: Infracción de los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. – Artículo 2.-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. Todo esto relacionado con lo establecido en la mayoría de los convenios internacionales que Honduras ha suscrito, es así que en el artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos o pacto de San José señala: "Que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad" Por otra parte la declaración universal de Derechos Humanos en su artículo 11 determina: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa", y, El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 número 2 prescribe: "Toda persona acusada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la Ley" La Presunción de Inocencia, como garantía consagrada en nuestra Carta Magna, que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales suscritos por Honduras. La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. El Estado de inocencia es "...un estado inherente a la persona humana... ", e derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos ( art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (art. 89) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (art. 1 y 2 del Código Procesal Penal), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una actividad probatoria de cargo suficiente y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. "La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor de aquel. Lo anterior, no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra". El tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; al proferir su fallo estableció como hecho probado: "PRIMERO: En fecha quince de agosto del año dos mil ocho (15/08/2008), la alcaldía Municipal del Municipio de San Juan, Departamento de La Paz, mediante acta número 54 se le otorgo dominio pleno del predio situado en la Aldea Los Horcones, Jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de La Paz, el cual tiene una área total dos mil cuatrocientos diez punto ochenta (32,410.80 Vrs 2) equivalente a veintidós mil quinientos noventa y siete punto sesenta y dos metros cuadrados (22,597.62 mts) al señor FERNANDO EUCEDA. SEGUNDO: En fecha siete del dos mil nueve (07l04l2009), en la Aldea Los Horcones de la ciudad de La Paz, del Departamento de La Paz, se practicó inspección en la propiedad antes descrita, en la cual se constató que el señor JOSE MARTIN EUCEDA se encontraba en posesión de dicha propiedad, y en la cual la cerco con alambre de púas y postes de madera, además realizó cultivo de maíz como de cuatro tareas y cultivo de sandía como de tres tareas aproximadamente, en una extensión de terreno de una manzana y en el cual también se encuentra una casa en construcción"' En el juicio oral y público mi representado haciendo uso de su derecho de declarar manifestó. "Yo compre las manzanas, esas manzanas quedan en la entrada de la aldea de horcones. A pregunta del fiscal responde: Esa manzana se la compré a la Sra de Estanislao Santos, hermana de Fernando Euceda, la compre ya día no recuerdo el año como el 2009, la compre en 120,000 firme documento yo tengo papeles, la propiedad la tengo cercada con casa, cerque como en el 2009, la construí la casa la misma fecha, Fernando Euceda es tío mío, hemos platicado él dice que arrepiente haber tenido problemas conmigo. Haciendo una análisis de la declaración de mi representado este manifestó que esa propiedad se la compró a la señora Estanislao Santos hermana de Fernando Euceda, dicha versión tiene prueba periférica de confirmación pues con la copia del documento privado de compra venta del lote de terreno (folio 24 al 26 de la primera pieza de autos) se acreditó el tracto sucesivo del terreno objeto de la presente causa y que es propiedad de don JOSE MARTIN EUCEDA, mismo que fue vendido a mi representado por la señora ESTANISLAO SANTOS EUCEDA, y esta lo obtuvo a su vez mediante herencia de sus padres TRANSITO SANTOS Y SANTOS EUCEDA HERNANDEZ. Mi representado de buena fe compró dicho terreno pues como lo ratifica el señor Fernando Euceda la señora Estanislao a Martien Euceda le vendió la propiedad no sabe cómo se la vendió, que tiene una escritura y dominio pleno, Estanislao la vendió en escondida (ver declaración en el acta del debate). En la dogmática penal se han presentado diversos posicionamientos sobre la estructura del delito, sin embargo, la estructura que consideramos más eficaz para el estudio dogmático de los casos penales, deriva de la teoría pentatónica de cinco elementos, de acuerdo con esta podemos definir al delito como una conducta o hecho típico, antijurídico, culpable y punible. En primer lugar, para que el delito exista es que se produzca una conducta, este es el elemento básico del delito, consistente en un hecho material, exterior, positivo o negativo, producido por el hombre. La conducta es una actividad o inactividad voluntaria, que está compuesta por dos elementos: 1. Elemento psíquico. Se presenta cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo. Por ejemplo, querer accionar un arma de fuego, lanzar un golpe a otra persona o querer apoderarse de una cosa mueble ajena, etc. 2. Elemento físico: Consiste en hacer u omitir algo; en el caso de la omisión debe ser respecto a una conducta obligatoria. Por ejemplo, el salvavida que no socorre a una persona que se encuentra en estado de peligro, no pagar la pensión alimenticia, etc. Ya en nuestro caso no se presenta el elemento dolo, pues en ningún momento mi defendido ha tenido la intención de usurpar el terreno objeto de litigio. Pues se acreditó con prueba que mi defendido lo obtuvo mediante la venta que le hizo la señora Estanislao Euceda por la cantidad de 120,000 lempiras, acto que es confirmado por el mismo supuesto ofendido. Es así que hay duda de quién es el legítimo propietario de dicho bien, pues mi representado tiene un título de compra y el supuesto ofendido tiene un documento de dominio pleno extendido por la Corporación Municipal en la aldea Los Horcones, Municipio de San Juan, departamento de La Paz, situación que en todo caso debe ser resuelto en otra jurisdicción, al tenor de lo establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal en el caso al derecho de propiedad en el delito de usurpación solo podrá ser resuelta por los juzgados civiles. Como lo establece el artículo 339 del Código Procesal Penal, si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso. La Sala de lo Penal ha establecido: La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere.- Concluimos que a mi defendido se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y vencimiento en juicio, al condenársele con prueba que arroja duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos acusados. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo absolviendo de toda responsabilidad al señor JOSE MARTIN EUCEDA por el delito de USURPACION en perjuicio de FERNANDO EUCEDA.” Continúa manifestando la recurrente en su recurso de casación: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION SEGUNDO MOTIVO: Motivación fáctica contradictoria PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que una sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes y la rectitud del juicio. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formales procesales debidas, fijadas en la ley. Es importante mencionar que las sentencias deben de contar con la cualidad de logicidad, de modo que, de contener argumentos coherentes, comitantes y derivados de toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintos apartados de la misma sentencia, como los que se encuentren en la motivación punitiva y en parte dispositiva del fallo. La consecuencia de que una sentencia declarada nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. La motivación contradictoria, la cual concurre cuando se da una dualidad autoexcluyente lesionándose las reglas de la lógica deductiva de no contradicción. Los fundamentos plasmados en la sentencia no respetan el principio de coherencia, ya que el contenido de un fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, por lo que no le es permitido al juzgador expresar juicios contradictorios entre lo relatado en el cuadro factico y lo afirmado en la valoración de las pruebas o la fundamentación jurídica. El vicio que hoy se alega se pone de manifiesto en la sentencia cuestionada, cuando en la valoración fáctica de los medios probatorios evacuados en el juicio, el sentenciador establece: "Si bien tanto don JOSE MARTIN EUCEDA como GONZ4LO EUCEDA, son contestes en que este último le compró la propiedad a JOSE MARTIN EUCEDA no es menos cierto que no existe documento alguno que acredite la compra y venta del inmueble, empero, si se acredito como propietario del inmueble a FERNANDO EUCEDA otorgado por los Honorables miembros de la Corporación Municipal, en la Aldea los Horcones, jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de La Paz, el cual tiene un área total de 32,410.80 vrs2 equivalente a 22.597.62 mts cuadrados: acreditándose con dicho medio probatorio la propiedad del pasivo de autos y que según acta de inspección la misma se sujeta a la usurpación por parte del aquí enjuiciable, quien no a sostenido mediante documento alguno ser legítimo propietario"' Al hacer un análisis de esta valoración probatoria se puede apreciar que el Tribunal Sentenciador da total credibilidad a la prueba aportada por el ente acusador, ya que da por acreditado que el señor Fernando Euceda es el propietario del bien supuestamente usurpado. La parte defensora propuso como medio probatorio una copia de documento privado de compra y venta del lote de terreno (foll0 14 al 26 de la primera pieza de autos). De este medio probatorio el Tribunal Sentenciador hace la siguiente valoración analítica: “Con el anterior documento se acredita el tracto sucesivo del terreno propiedad de don JOSE MARTIN EUCEDA, objeto de la presente causa y quien le vendió ESTANISLAO SANTOS EUCEDA, quien a su vez lo obtuvo por herencia de sus padres TRANSITO SANTOS y SANTOS EUCEDA HERNANDEZ. con esta apreciación intelectiva se da por acreditado con dicho medio probatorio el tracto sucesivo del terreno objeto de litigio y que mi defendido lo obtuvo por la venta efectuada por la señora Estanislao Santos Euceda, quien a su vez lo obtuvo por herencia de sus padres Transito Santos y Santos Euceda Hernandez. Para el Tribunal Sentenciador este medio probatorio merece valor probatorio y en consecuencia confirma lo manifestado por mi representado en su declaración al manifestar que compró las manzanas a la señora Estanislao Santos hermana de Fernando Euceda, en el año 2009, la compró por 120,000 lempiras, mediante un documento privado que le extendió doña Estinaslao Euceda que a su vez la obtuvo por herencia de sus padres. La contradicción ocurre cuando el juzgador afirma o niega cuestiones de hecho a la hora de establecer el marco factico en un primer "considerando" y luego, al valorar la prueba, entra en abierta contradicción con lo que ha establecido, ya sea negando expresamente lo que antes afirmaba, ya sea introduciendo la duda o consideraciones que oscurecen el razonamiento. Tal como ocurre en nuestro caso pues el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Sentencia es contradictorio en la valoración de los medios probatorios del Ministerio Público, al afirmar que se acreditó que el señor Fernando Euceda es el propietario de dichos terrenos pues así lo demostró con el dominio pleno extendido por la Corporación Municipal de Los horcones. Municipio de La Paz, pero, en la valoración efectuada a la prueba de la defensa también da por acreditado que dicho terreno es propiedad de mi defendido y que se demostró con un documento privado extendido por la señora Estanislao Santos Euceda (ver página 7 de la sentencia condenatoria), creando la duda de quién es el verdadero propietario del bien supuestamente usurpado. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa Pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, en virtud de contener la sentencia motivaciones fácticas contradictorias, en tal sentido que se anule el fallo recurrido y se lleve acabo un nuevo debate con nuevos jueces, por lo que solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Considera esta Sala de lo Penal, que la respuesta a cada recurso debe de realizarse en consideración a su naturaleza y principalmente en razón de su incidencia en la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Es por ello, que el orden de respuesta al recurrente, haciendo pronunciamiento de cada recurso, será en el siguiente orden: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente. • Concepto de la infracción expuesto: Motivación Fáctica contradictoria; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Nulidad de la sentencia impugnada y del proceso en que se dictó. La censora del fallo, luego de señalar doctrina en relación a la infracción señalada, arguye que el vicio se pone de manifiesto en la sentencia impugnada cuando en la valoración fáctica de los medios probatorios, el juzgador por una parte ha referido que la declaración del acusado José Martín Euceda como de Gonzalo Euceda, fueron contestes en que el acusado le compro a Gonzalo, pero que tampoco es menos cierto de la existencia de documento que acredite la compra-venta del inmueble, empero, si se acreditó como propietario del inmueble al ofendido Fernando Euceda. Señala la recurrente, que propuso como medio de prueba documental un documento privado de compra-venta, del cual los juzgadores señalaron, acreditarse el tracto sucesivo del terreno propiedad de Don José Martín Euceda y objeto de la presente causa, vendido por Estanislao Santos Euceda, quien a su vez lo obtuvo por herencia de sus padres. Concluye la recurrente, que el razonamiento intelectivo es contradictorio, al afirmar que se acreditó que el ofendido es el propietario de dicho inmueble, al demostrarlo el dominio pleno que le otorgo la Alcaldía Municipal del Municipio de La Paz, pero por otro lado da por acreditado que el inmueble es propiedad de su representado, creando la duda de quien es el verdadero propietario. Concepto de motivación contradictoria. La sentencia judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guarda coherencia entre cada parte y éstas con el todo. Las sentencias deben de contar con la cualidad de logicidad, de modo que de contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. La sentencia, para que se revista de validez, debe de contener una adecuada y suficiente motivación, la cual es un producto intelectual de los juzgadores en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación los juzgadores demuestran que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. La motivación demuestra su eficiencia cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber el por qué el órgano Sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, enterándose del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso y a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente. Es tanta la importancia que tiene una debida motivación que el legislador determinó en el artículo 141 del Código Procesal Penal, sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, coherente, nulidad que puede ser decretada como consecuencia de un recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales, así el artículo 362.3 del mismo cuerpo legal advierte como vicios, entre otros, una motivación contradictoria. La cualidad de logicidad, exigida en las actividades particulares como la construcción de los hechos declarados probados (artículo 362.1 del Código Procesal Penal) o en el proceso de razonamiento valorativo de la prueba (artículo 362.3 del Código Procesal Penal), igualmente es exigido como requisito general en la construcción de la sentencia, pues esta como un todo único debe de contener pronunciamientos coherentes y articulados, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. Para que el vicio sea atendible la contradicción debe de ser esencial, es pues que se trate de manifestaciones esenciales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento son afirmaciones colisionantes, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, con planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí, es la imposibilidad de definir cuáles de dichos planteamientos es el correcto, o cuáles de ellos apuntalan la decisión adoptada, provocando su validez y consecuentemente la necesidad de declararla nula para que tal vicio sea corregido, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. La recurrente alega vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos; como lo ha expuesto la recurrente, las contradicciones han sido esenciales, dejando un vacío de información en cuanto a la decisión adoptada por los juzgadores. Al examen de la sentencia impugnada, el Tribunal de Casación constató en el acápite “VALORACIÓN DE LA PRUEBA” que los juzgadores han descrito lo siguiente: En relación a la declaración rendida por el acusado José Martín Euceda se ha señalado: “Como antes lo inferimos el imputado se ubica en espacio, tiempo y forma si bien el alega una venta la cual se supone le vendió la propiedad daña ESTANISLAO EUCEDA, no es menos cierto que no presento documento alguno que acredite dicho extremo por lo tanto el aquí enjuiciable, se encuentra en calidad de usurpador del inmueble objeto de enjuiciamiento” (F.82v) En relación a la declaración de Gonzalo Santo Euceda se ha descrito intelectivamente: “Si bien tanto don JOSÉ MARTIN EUCEDA como GONZALO SANTOS EUCEDA, son contestes en que este ultima le compro la propiedad a JOSÉ MARTIN EUCEDA no es menos cierto que no existe documento alguno que acredite la compra y venta del inmueble, empero, si se acredita como propietario del inmueble a FERNANDO EUCEDA otorgada por los Honorables miembros de la Corporación Municipal, en la Aldea los Horcones, Jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de La Paz, el cual tiene un área total de 32,410.80 vrs2 equivalente a 22, 597.62 mts cuadrados; acreditándose con dicho medio probatorio la propiedad del pasivo de autos y que según acta de inspección la misma se sujeta a la usurpación por parte del aquí enjuiciable, quien no a sostenido mediante documento alguna ser legítimo propietario” (F. 83v) Respecto al medio de prueba documental denominado Documento Privado de compra-venta de lote de terreno (F. 24 primera pieza): “Con el anterior documento se acredita el tracto sucesivo del terreno propiedad de don JOSÉ MARTIN EUCEDA, objeto de la presente causa y quien le vendió ESTANISLAO SANTOS EUCEDA, quien a su vez la obtuvo por herencia de sus padres TRANSITO SANTOS y SANTOS EUCEDA HERNÁNDEZ” Finalmente, Copia de Carta Poder extendida por el señor Ángel Euceda (F.27 primera pieza) “El anterior documento es una copia de carta poder extendida por ÁNGEL EUCEDA quien autoriza a sus cuatro hermanos FERNANDO EUCEDA, LUIS EUCEDA, GENOVEVA EUCEDA y ESTANISLAO SANTOS EUCEDA, para realizar trámites correspondientes a la venta de un lote de terreno que obtuvo por parte de sus padres TRANSITO SANTOS y SANTOS EUCEDA HERNÁNDEZ, este tribunal no duda del documento, empero la defensa no acredito la venta de dicha propiedad al aquí enjuiciable por ende somos del parecer que el mismo se encuentra en calidad de usurpador” (F.84) Como se puede colegir, claramente los juzgadores por una parte señalan que el acusado José Martín Euceda alega una venta que se supone vendió Estanislao Euceda, por otra, que no es menos cierto que no se presentó documento alguno que acredite dicho extremo, es decir, que es cierto lo dicho por el acusado y a la vez es cierto de la no existencia de documento; luego en otro apartado de la sentencia (F.83v) ha descrito el juzgador, que tanto la declaración de José Martín Euceda como de Gonzalo Santos Euceda son contestes en cuanto a la compra de la propiedad, nuevamente señala el sentenciador que no es menos cierto de la no existencia de documento, pues la única acreditación como propietario del inmueble corresponde a Fernando Euceda, a quien la Corporación Municipal de San Juan, departamento de La Paz le concedió un dominio pleno en el año 2009. El Juzgador insistió en señalar lo declarado por el acusado José Martín Euceda, que esa manzana se la compro a la Señora Estanislao Santos, hermana del ofendido Fernando Euceda, en el año 2009, a la vez, el mismo juzgador concluye intelectivamente que ese extremo la defensa no pudo acreditar, a la vez, al valorar intelectivamente el medio de prueba documental denominado Copia de documento privado de compra venta del lote de terreno y copia de carta poder extendida por Ángel Euceda, el mismo juzgador, da por acreditado el tracto sucesivo del terreno propiedad del acusado José Martín Euceda, objeto de la presente causa y que quien le vendió fue Estanislao Santos Euceda; finalmente, que no duda del documento carta poder, que autoriza a los hermanos Fernando Euceda, Luis Euceda, Genoveva Euceda y Estanislao Santos Euceda para realizar trámites correspondientes a la venta de un lote de terreno, pero luego concluye el juzgador, “la defensa no acredito la venta de dicha propiedad al aquí enjuiciable por ende somos del parecer que el mismo se encuentra en calidad de usurpador” Como bien lo denuncia la recurrente, la valoración intelectiva del juzgador no guarda coherencia, pues, por una parte señala intelectivamente como cierto la venta del inmueble por la señora Estanislao Santos Euceda, pero por otra parte, refiere que no se acredita tal extremo, aun y cuando de la prueba documental denominado copia de documento privado de compra venta del lote de terreno, da por acreditado el tracto sucesivo del terreno propiedad del acusado José Martín Euceda, objeto de la presente causa y que quien le vendió fue Estanislao Santos Euceda, desconociéndose si la decisión judicial de condenar al imputado ha devenido por haber despojado de la posesión o tenencia de un inmueble que no le pertenecía, cuando a la vez, se da por cierto que dicho inmueble fue comprado mediante documento privado a la señora Estanislao Santos Euceda, quien es hermana del ofendido Fernando Euceda, menos, si se trata del mismo inmueble, dejando un vacío de información. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración fáctica que afirma y niega al mismo tiempo una misma realidad. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado. La Sala de lo Penal se abstiene de emitir pronunciamiento sobre el recurso por Infracción de Precepto Constitucional, al ser de recibo el presente motivo por el recurso planteado por Quebrantamiento de Forma, se ha provocado la realización de un nuevo juicio en el cual se pueden corregir los vicios encontrados, resultando inoportuno hacer análisis del mismo, al lograrse la finalidad requerida en su interposición. DECISIÓN • Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Salma Vanesa González, en su condición de defensora pública del encartado José Martin Euceda. Segundo: En consecuencia Casa la sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor José Martin Euceda, por el delito de Usurpación, en perjuicio de Fernando Euceda; decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina de fecha treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, asimismo de la audiencia de determinación de pena de fecha doce de marzo del año dos mil diecinueve. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del acusado José Martin Euceda, como autor del delito de Usurpación, en perjuicio de Fernando Euceda, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintisiete de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-493-2019.Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-493-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP-493-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a José Martin Euceda, como autor del delito de Usurpación, en perjuicio de Fernando Euceda, a la pena de dos años de reclusión, así como a las accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y a trabajos en obras públicas o labores dentro del centro penal durante el tiempo de las penas principales. SEGUNDO: Ordenó se mantuvieran las medidas cautelares impuestas. TERCERO: Se declaró a José Martin Euceda, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por el delito cometido. CUARTO. No procedió condenar en costas a Jose Martin Euceda. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Salma Vanesa González, en su condición de defensora pública del encartado. Son partes en única instancia: Los Abogados Jose Roberto Izaguirre y Alba Regina Paniagua Pacheco, Defensores Públicos, en sus condiciones de recurrentes y la abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, Agente Fiscal del Ministerio Público; y, el Abogado Víctor Manuel Cruz Murillo, acusador privado, en su condiciones de parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: en fecha quince de agosto del año dos mil ocho (15/08/2008), la alcaldía Municipal del Municipio de San Juan, Departamento de la Paz, mediante acta número 54 se le otorgo dominio pleno del predio situado en la Aldea los Horcones, Jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de la Paz, el cual tiene un are total de treinta dos mil cuatrocientos diez punto ochenta (32,410.80 Vrs 2) equivalente a veintidós mil quinientos noventa siete punto sesenta y dos metros cuadrados (22,597.62 mts) al señor FERNANDO EUCEDA.- SEGUNDO: En fecha siete de abril del dos mil nueve (7/04/2009), en la Aldea los Horcones de la ciudad de la Paz, del Departamento de la Paz, se practicó inspección en la propiedad antes descrita en la cual se constató que el señor JOSE MARTIN EUCEDA se encontraba posesión de dicha propiedad, y en la cual la cerco con alambre de púas y postes de madera además realizo cultivo de maíz como de cuatro tareas y cultivo de sandilla como de tres tareas aproximadamente, en una extensión de terreno de manzana y en el cual también se encuentra una casa en construcción.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Salma Vanesa González, defensora publica, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION PRIMER MOTIVO: Infracción de los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 94 de la Constitución de la República que rezan: Artículo 89, Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, artículo 94, A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente.- Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que establece: Artículo 1.) JUICIO PREVIO. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respeto estricto de los derechos del imputado. – Artículo 2.-) ESTADO DE INOCENCIA. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. Todo esto relacionado con lo establecido en la mayoría de los convenios internacionales que Honduras ha suscrito, es así que en el artículo 8 inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos o pacto de San José señala: "Que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad" Por otra parte la declaración universal de Derechos Humanos en su artículo 11 determina: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la Ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa", y, El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14 número 2 prescribe: "Toda persona acusada de un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad conforme a la Ley" La Presunción de Inocencia, como garantía consagrada en nuestra Carta Magna, que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales de la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales suscritos por Honduras. La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. El Estado de inocencia es "...un estado inherente a la persona humana... ", e derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos ( art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (art. 89) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (art. 1 y 2 del Código Procesal Penal), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una actividad probatoria de cargo suficiente y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. "La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor de aquel. Lo anterior, no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra". El tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; al proferir su fallo estableció como hecho probado: "PRIMERO: En fecha quince de agosto del año dos mil ocho (15/08/2008), la alcaldía Municipal del Municipio de San Juan, Departamento de La Paz, mediante acta número 54 se le otorgo dominio pleno del predio situado en la Aldea Los Horcones, Jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de La Paz, el cual tiene una área total dos mil cuatrocientos diez punto ochenta (32,410.80 Vrs 2) equivalente a veintidós mil quinientos noventa y siete punto sesenta y dos metros cuadrados (22,597.62 mts) al señor FERNANDO EUCEDA. SEGUNDO: En fecha siete del dos mil nueve (07l04l2009), en la Aldea Los Horcones de la ciudad de La Paz, del Departamento de La Paz, se practicó inspección en la propiedad antes descrita, en la cual se constató que el señor JOSE MARTIN EUCEDA se encontraba en posesión de dicha propiedad, y en la cual la cerco con alambre de púas y postes de madera, además realizó cultivo de maíz como de cuatro tareas y cultivo de sandía como de tres tareas aproximadamente, en una extensión de terreno de una manzana y en el cual también se encuentra una casa en construcción"' En el juicio oral y público mi representado haciendo uso de su derecho de declarar manifestó. "Yo compre las manzanas, esas manzanas quedan en la entrada de la aldea de horcones. A pregunta del fiscal responde: Esa manzana se la compré a la Sra de Estanislao Santos, hermana de Fernando Euceda, la compre ya día no recuerdo el año como el 2009, la compre en 120,000 firme documento yo tengo papeles, la propiedad la tengo cercada con casa, cerque como en el 2009, la construí la casa la misma fecha, Fernando Euceda es tío mío, hemos platicado él dice que arrepiente haber tenido problemas conmigo. Haciendo una análisis de la declaración de mi representado este manifestó que esa propiedad se la compró a la señora Estanislao Santos hermana de Fernando Euceda, dicha versión tiene prueba periférica de confirmación pues con la copia del documento privado de compra venta del lote de terreno (folio 24 al 26 de la primera pieza de autos) se acreditó el tracto sucesivo del terreno objeto de la presente causa y que es propiedad de don JOSE MARTIN EUCEDA, mismo que fue vendido a mi representado por la señora ESTANISLAO SANTOS EUCEDA, y esta lo obtuvo a su vez mediante herencia de sus padres TRANSITO SANTOS Y SANTOS EUCEDA HERNANDEZ. Mi representado de buena fe compró dicho terreno pues como lo ratifica el señor Fernando Euceda la señora Estanislao a Martien Euceda le vendió la propiedad no sabe cómo se la vendió, que tiene una escritura y dominio pleno, Estanislao la vendió en escondida (ver declaración en el acta del debate). En la dogmática penal se han presentado diversos posicionamientos sobre la estructura del delito, sin embargo, la estructura que consideramos más eficaz para el estudio dogmático de los casos penales, deriva de la teoría pentatónica de cinco elementos, de acuerdo con esta podemos definir al delito como una conducta o hecho típico, antijurídico, culpable y punible. En primer lugar, para que el delito exista es que se produzca una conducta, este es el elemento básico del delito, consistente en un hecho material, exterior, positivo o negativo, producido por el hombre. La conducta es una actividad o inactividad voluntaria, que está compuesta por dos elementos: 1. Elemento psíquico. Se presenta cuando el sujeto activo ha querido mentalmente hacer u omitir algo. Por ejemplo, querer accionar un arma de fuego, lanzar un golpe a otra persona o querer apoderarse de una cosa mueble ajena, etc. 2. Elemento físico: Consiste en hacer u omitir algo; en el caso de la omisión debe ser respecto a una conducta obligatoria. Por ejemplo, el salvavida que no socorre a una persona que se encuentra en estado de peligro, no pagar la pensión alimenticia, etc. Ya en nuestro caso no se presenta el elemento dolo, pues en ningún momento mi defendido ha tenido la intención de usurpar el terreno objeto de litigio. Pues se acreditó con prueba que mi defendido lo obtuvo mediante la venta que le hizo la señora Estanislao Euceda por la cantidad de 120,000 lempiras, acto que es confirmado por el mismo supuesto ofendido. Es así que hay duda de quién es el legítimo propietario de dicho bien, pues mi representado tiene un título de compra y el supuesto ofendido tiene un documento de dominio pleno extendido por la Corporación Municipal en la aldea Los Horcones, Municipio de San Juan, departamento de La Paz, situación que en todo caso debe ser resuelto en otra jurisdicción, al tenor de lo establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal en el caso al derecho de propiedad en el delito de usurpación solo podrá ser resuelta por los juzgados civiles. Como lo establece el artículo 339 del Código Procesal Penal, si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable, cosa que no hizo el Tribunal Sentenciador en este caso. La Sala de lo Penal ha establecido: La construcción de culpabilidad exige precisión que implica certeza, pues caso contrario se preserva la no culpabilidad del acusado y con ello su estado de inocencia, al convencimiento de que un acusado es culpable se puede llegar, no solo por la existencia de dudas, sino también por su superación, pero ciertamente la superación posibles dudas, no obedece a la pura voluntad subjetiva del Juez, sino que debe surgir con el razonamiento coherente que solo se logra con la consideración racional de las pruebas que acreditan la culpabilidad del acusado y con ello la disipación de las posibles dudas si las hubiere.- Concluimos que a mi defendido se le violentó su derecho constitucional de presunción de inocencia y vencimiento en juicio, al condenársele con prueba que arroja duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos acusados. Por lo anterior, resulta procedente que la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declare con lugar el presente motivo absolviendo de toda responsabilidad al señor JOSE MARTIN EUCEDA por el delito de USURPACION en perjuicio de FERNANDO EUCEDA.” Continúa manifestando la recurrente en su recurso de casación: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION SEGUNDO MOTIVO: Motivación fáctica contradictoria PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362, numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que una sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes y la rectitud del juicio. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formales procesales debidas, fijadas en la ley. Es importante mencionar que las sentencias deben de contar con la cualidad de logicidad, de modo que, de contener argumentos coherentes, comitantes y derivados de toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintos apartados de la misma sentencia, como los que se encuentren en la motivación punitiva y en parte dispositiva del fallo. La consecuencia de que una sentencia declarada nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. La motivación contradictoria, la cual concurre cuando se da una dualidad autoexcluyente lesionándose las reglas de la lógica deductiva de no contradicción. Los fundamentos plasmados en la sentencia no respetan el principio de coherencia, ya que el contenido de un fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, por lo que no le es permitido al juzgador expresar juicios contradictorios entre lo relatado en el cuadro factico y lo afirmado en la valoración de las pruebas o la fundamentación jurídica. El vicio que hoy se alega se pone de manifiesto en la sentencia cuestionada, cuando en la valoración fáctica de los medios probatorios evacuados en el juicio, el sentenciador establece: "Si bien tanto don JOSE MARTIN EUCEDA como GONZ4LO EUCEDA, son contestes en que este último le compró la propiedad a JOSE MARTIN EUCEDA no es menos cierto que no existe documento alguno que acredite la compra y venta del inmueble, empero, si se acredito como propietario del inmueble a FERNANDO EUCEDA otorgado por los Honorables miembros de la Corporación Municipal, en la Aldea los Horcones, jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de La Paz, el cual tiene un área total de 32,410.80 vrs2 equivalente a 22.597.62 mts cuadrados: acreditándose con dicho medio probatorio la propiedad del pasivo de autos y que según acta de inspección la misma se sujeta a la usurpación por parte del aquí enjuiciable, quien no a sostenido mediante documento alguno ser legítimo propietario"' Al hacer un análisis de esta valoración probatoria se puede apreciar que el Tribunal Sentenciador da total credibilidad a la prueba aportada por el ente acusador, ya que da por acreditado que el señor Fernando Euceda es el propietario del bien supuestamente usurpado. La parte defensora propuso como medio probatorio una copia de documento privado de compra y venta del lote de terreno (foll0 14 al 26 de la primera pieza de autos). De este medio probatorio el Tribunal Sentenciador hace la siguiente valoración analítica: “Con el anterior documento se acredita el tracto sucesivo del terreno propiedad de don JOSE MARTIN EUCEDA, objeto de la presente causa y quien le vendió ESTANISLAO SANTOS EUCEDA, quien a su vez lo obtuvo por herencia de sus padres TRANSITO SANTOS y SANTOS EUCEDA HERNANDEZ. con esta apreciación intelectiva se da por acreditado con dicho medio probatorio el tracto sucesivo del terreno objeto de litigio y que mi defendido lo obtuvo por la venta efectuada por la señora Estanislao Santos Euceda, quien a su vez lo obtuvo por herencia de sus padres Transito Santos y Santos Euceda Hernandez. Para el Tribunal Sentenciador este medio probatorio merece valor probatorio y en consecuencia confirma lo manifestado por mi representado en su declaración al manifestar que compró las manzanas a la señora Estanislao Santos hermana de Fernando Euceda, en el año 2009, la compró por 120,000 lempiras, mediante un documento privado que le extendió doña Estinaslao Euceda que a su vez la obtuvo por herencia de sus padres. La contradicción ocurre cuando el juzgador afirma o niega cuestiones de hecho a la hora de establecer el marco factico en un primer "considerando" y luego, al valorar la prueba, entra en abierta contradicción con lo que ha establecido, ya sea negando expresamente lo que antes afirmaba, ya sea introduciendo la duda o consideraciones que oscurecen el razonamiento. Tal como ocurre en nuestro caso pues el razonamiento esgrimido por el Tribunal de Sentencia es contradictorio en la valoración de los medios probatorios del Ministerio Público, al afirmar que se acreditó que el señor Fernando Euceda es el propietario de dichos terrenos pues así lo demostró con el dominio pleno extendido por la Corporación Municipal de Los horcones. Municipio de La Paz, pero, en la valoración efectuada a la prueba de la defensa también da por acreditado que dicho terreno es propiedad de mi defendido y que se demostró con un documento privado extendido por la señora Estanislao Santos Euceda (ver página 7 de la sentencia condenatoria), creando la duda de quién es el verdadero propietario del bien supuestamente usurpado. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Defensa Pública considera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia debe anular el fallo, en virtud de contener la sentencia motivaciones fácticas contradictorias, en tal sentido que se anule el fallo recurrido y se lleve acabo un nuevo debate con nuevos jueces, por lo que solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Considera esta Sala de lo Penal, que la respuesta a cada recurso debe de realizarse en consideración a su naturaleza y principalmente en razón de su incidencia en la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Es por ello, que el orden de respuesta al recurrente, haciendo pronunciamiento de cada recurso, será en el siguiente orden: Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente. • Concepto de la infracción expuesto: Motivación Fáctica contradictoria; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Nulidad de la sentencia impugnada y del proceso en que se dictó. La censora del fallo, luego de señalar doctrina en relación a la infracción señalada, arguye que el vicio se pone de manifiesto en la sentencia impugnada cuando en la valoración fáctica de los medios probatorios, el juzgador por una parte ha referido que la declaración del acusado José Martín Euceda como de Gonzalo Euceda, fueron contestes en que el acusado le compro a Gonzalo, pero que tampoco es menos cierto de la existencia de documento que acredite la compra-venta del inmueble, empero, si se acreditó como propietario del inmueble al ofendido Fernando Euceda. Señala la recurrente, que propuso como medio de prueba documental un documento privado de compra-venta, del cual los juzgadores señalaron, acreditarse el tracto sucesivo del terreno propiedad de Don José Martín Euceda y objeto de la presente causa, vendido por Estanislao Santos Euceda, quien a su vez lo obtuvo por herencia de sus padres. Concluye la recurrente, que el razonamiento intelectivo es contradictorio, al afirmar que se acreditó que el ofendido es el propietario de dicho inmueble, al demostrarlo el dominio pleno que le otorgo la Alcaldía Municipal del Municipio de La Paz, pero por otro lado da por acreditado que el inmueble es propiedad de su representado, creando la duda de quien es el verdadero propietario. Concepto de motivación contradictoria. La sentencia judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guarda coherencia entre cada parte y éstas con el todo. Las sentencias deben de contar con la cualidad de logicidad, de modo que de contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. La sentencia, para que se revista de validez, debe de contener una adecuada y suficiente motivación, la cual es un producto intelectual de los juzgadores en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación los juzgadores demuestran que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. La motivación demuestra su eficiencia cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber el por qué el órgano Sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, enterándose del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso y a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente. Es tanta la importancia que tiene una debida motivación que el legislador determinó en el artículo 141 del Código Procesal Penal, sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, coherente, nulidad que puede ser decretada como consecuencia de un recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales, así el artículo 362.3 del mismo cuerpo legal advierte como vicios, entre otros, una motivación contradictoria. La cualidad de logicidad, exigida en las actividades particulares como la construcción de los hechos declarados probados (artículo 362.1 del Código Procesal Penal) o en el proceso de razonamiento valorativo de la prueba (artículo 362.3 del Código Procesal Penal), igualmente es exigido como requisito general en la construcción de la sentencia, pues esta como un todo único debe de contener pronunciamientos coherentes y articulados, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. Para que el vicio sea atendible la contradicción debe de ser esencial, es pues que se trate de manifestaciones esenciales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria es su invalidación declarándola nula, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento son afirmaciones colisionantes, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, con planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí, es la imposibilidad de definir cuáles de dichos planteamientos es el correcto, o cuáles de ellos apuntalan la decisión adoptada, provocando su validez y consecuentemente la necesidad de declararla nula para que tal vicio sea corregido, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. La recurrente alega vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos; como lo ha expuesto la recurrente, las contradicciones han sido esenciales, dejando un vacío de información en cuanto a la decisión adoptada por los juzgadores. Al examen de la sentencia impugnada, el Tribunal de Casación constató en el acápite “VALORACIÓN DE LA PRUEBA” que los juzgadores han descrito lo siguiente: En relación a la declaración rendida por el acusado José Martín Euceda se ha señalado: “Como antes lo inferimos el imputado se ubica en espacio, tiempo y forma si bien el alega una venta la cual se supone le vendió la propiedad daña ESTANISLAO EUCEDA, no es menos cierto que no presento documento alguno que acredite dicho extremo por lo tanto el aquí enjuiciable, se encuentra en calidad de usurpador del inmueble objeto de enjuiciamiento” (F.82v) En relación a la declaración de Gonzalo Santo Euceda se ha descrito intelectivamente: “Si bien tanto don JOSÉ MARTIN EUCEDA como GONZALO SANTOS EUCEDA, son contestes en que este ultima le compro la propiedad a JOSÉ MARTIN EUCEDA no es menos cierto que no existe documento alguno que acredite la compra y venta del inmueble, empero, si se acredita como propietario del inmueble a FERNANDO EUCEDA otorgada por los Honorables miembros de la Corporación Municipal, en la Aldea los Horcones, Jurisdicción del Municipio de San Juan, Departamento de La Paz, el cual tiene un área total de 32,410.80 vrs2 equivalente a 22, 597.62 mts cuadrados; acreditándose con dicho medio probatorio la propiedad del pasivo de autos y que según acta de inspección la misma se sujeta a la usurpación por parte del aquí enjuiciable, quien no a sostenido mediante documento alguna ser legítimo propietario” (F. 83v) Respecto al medio de prueba documental denominado Documento Privado de compra-venta de lote de terreno (F. 24 primera pieza): “Con el anterior documento se acredita el tracto sucesivo del terreno propiedad de don JOSÉ MARTIN EUCEDA, objeto de la presente causa y quien le vendió ESTANISLAO SANTOS EUCEDA, quien a su vez la obtuvo por herencia de sus padres TRANSITO SANTOS y SANTOS EUCEDA HERNÁNDEZ” Finalmente, Copia de Carta Poder extendida por el señor Ángel Euceda (F.27 primera pieza) “El anterior documento es una copia de carta poder extendida por ÁNGEL EUCEDA quien autoriza a sus cuatro hermanos FERNANDO EUCEDA, LUIS EUCEDA, GENOVEVA EUCEDA y ESTANISLAO SANTOS EUCEDA, para realizar trámites correspondientes a la venta de un lote de terreno que obtuvo por parte de sus padres TRANSITO SANTOS y SANTOS EUCEDA HERNÁNDEZ, este tribunal no duda del documento, empero la defensa no acredito la venta de dicha propiedad al aquí enjuiciable por ende somos del parecer que el mismo se encuentra en calidad de usurpador” (F.84) Como se puede colegir, claramente los juzgadores por una parte señalan que el acusado José Martín Euceda alega una venta que se supone vendió Estanislao Euceda, por otra, que no es menos cierto que no se presentó documento alguno que acredite dicho extremo, es decir, que es cierto lo dicho por el acusado y a la vez es cierto de la no existencia de documento; luego en otro apartado de la sentencia (F.83v) ha descrito el juzgador, que tanto la declaración de José Martín Euceda como de Gonzalo Santos Euceda son contestes en cuanto a la compra de la propiedad, nuevamente señala el sentenciador que no es menos cierto de la no existencia de documento, pues la única acreditación como propietario del inmueble corresponde a Fernando Euceda, a quien la Corporación Municipal de San Juan, departamento de La Paz le concedió un dominio pleno en el año 2009. El Juzgador insistió en señalar lo declarado por el acusado José Martín Euceda, que esa manzana se la compro a la Señora Estanislao Santos, hermana del ofendido Fernando Euceda, en el año 2009, a la vez, el mismo juzgador concluye intelectivamente que ese extremo la defensa no pudo acreditar, a la vez, al valorar intelectivamente el medio de prueba documental denominado Copia de documento privado de compra venta del lote de terreno y copia de carta poder extendida por Ángel Euceda, el mismo juzgador, da por acreditado el tracto sucesivo del terreno propiedad del acusado José Martín Euceda, objeto de la presente causa y que quien le vendió fue Estanislao Santos Euceda; finalmente, que no duda del documento carta poder, que autoriza a los hermanos Fernando Euceda, Luis Euceda, Genoveva Euceda y Estanislao Santos Euceda para realizar trámites correspondientes a la venta de un lote de terreno, pero luego concluye el juzgador, “la defensa no acredito la venta de dicha propiedad al aquí enjuiciable por ende somos del parecer que el mismo se encuentra en calidad de usurpador” Como bien lo denuncia la recurrente, la valoración intelectiva del juzgador no guarda coherencia, pues, por una parte señala intelectivamente como cierto la venta del inmueble por la señora Estanislao Santos Euceda, pero por otra parte, refiere que no se acredita tal extremo, aun y cuando de la prueba documental denominado copia de documento privado de compra venta del lote de terreno, da por acreditado el tracto sucesivo del terreno propiedad del acusado José Martín Euceda, objeto de la presente causa y que quien le vendió fue Estanislao Santos Euceda, desconociéndose si la decisión judicial de condenar al imputado ha devenido por haber despojado de la posesión o tenencia de un inmueble que no le pertenecía, cuando a la vez, se da por cierto que dicho inmueble fue comprado mediante documento privado a la señora Estanislao Santos Euceda, quien es hermana del ofendido Fernando Euceda, menos, si se trata del mismo inmueble, dejando un vacío de información. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración fáctica que afirma y niega al mismo tiempo una misma realidad. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado. La Sala de lo Penal se abstiene de emitir pronunciamiento sobre el recurso por Infracción de Precepto Constitucional, al ser de recibo el presente motivo por el recurso planteado por Quebrantamiento de Forma, se ha provocado la realización de un nuevo juicio en el cual se pueden corregir los vicios encontrados, resultando inoportuno hacer análisis del mismo, al lograrse la finalidad requerida en su interposición. DECISIÓN • Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Salma Vanesa González, en su condición de defensora pública del encartado José Martin Euceda. Segundo: En consecuencia Casa la sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor José Martin Euceda, por el delito de Usurpación, en perjuicio de Fernando Euceda; decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina de fecha treinta y uno de enero del año dos mil dieciocho, asimismo de la audiencia de determinación de pena de fecha doce de marzo del año dos mil diecinueve. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra del acusado José Martin Euceda, como autor del delito de Usurpación, en perjuicio de Fernando Euceda, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Firma y Sello. Lety Emelda Posadas. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintisiete de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-493-2019.
Lety Emelda Posadas
receptora adscrita a sala de lo penal.”