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Sentencia CP-488-19 — Registro 19449

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de Homicidio Simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...El recurso no es de recibo. El recurrente denuncia como primer motivo de casación, que la sentencia recurrida violenta la sana critica en relación al postulado de la lógica y el principio de derivación. No identifica de forma clara y precisa cuál es el defecto que le causo agravio tal como ordena el artículo 362 del código procesal penal, el cual establece que, al tratarse de la casación en la forma, se debe exponer con claridad y precisión los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos. el precepto invocado como autorizante por el recurrente contiene argumentos de casación distintos. la no observancia de las reglas de la sana crítica es también un motivo de casación distinto en el cual se debe identificar cuál ha sido la regla considerada como infringida y desarrollar una argumentación orientada en definitiva a comprobar tal alegato. el recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio. En el caso de mérito el ente fiscal para sustentar su tesis acusatorio presento, entre otros los siguientes medios probatorios:1) Testifical a) Jaime Bernardo Ávila Ruiz b) Gerson Roney Maradiaga Ávila c) Anita De Jesús Martínez Ruiz. 2)Documental a) Acta de decomiso o secuestro b) Acta de inspección ocular álbum fotográfico y recolección de indicios 3)Pericial a) dictamen de Autopsia 2016-0801-0401-927 de fecha 18 de mayo del 2016 por la doctora Santa Marilyn Moncada Marzan b)Dictamen Balístico elaborado por Luis Alonzo Ortega Pazzetty 4) prueba Evidencia a) una bolsa plástica trasparente firmada y sellada conteniendo en su interior un arma de fuego tipo fusil marca m4 calibre 5.56mm B) dos sobres de manila uno conteniendo en su interior un casquillo cilíndrico aparente la que corresponde al calibre 5.56 mm-5) Reconstrucción de Hechos el testigo JAIME BERNARDO AVILA RUIZ dice. En la fecha que ocurrió yo estaba con mi hermano Alexis Ávila en el corredor de la casa, ,cuando de repente miraron el grupo de militares, a el lo agarraron primero del Cuello por lo que se rindió y lo enchacharon, lo tiraron al suelo luego le dijeron que se hincara, y el otro grupo viene por el otro lado, de la casa agarraron a su hermano del cuello y como el terreno allí es inclinado, ellos estaban orillados de donde el esta los militares se fueron choyados hacia abajo, luego alguien cerrojeo el arma, luego escucho el disparo del arma, vio que apuntaban a su hermano. Al interrogatorio. Eso ocurrió miércoles 18 de mayo 2016. Entre las 9 a 10 de la mañana primero me salieron a mi uno de ellos es Sánchez lo conocí. Andaban de 7 a 8 militares a su hermano le dispararon con un arma larga, Gerson Roney Maradiaga Ávila. Dice que a su tío lo mataron en casa de su mamá, estaba en el corredor con su tío Jaime, y yo estaba en la finca sembrando frijoles, estaba con un primo, yo estaba como a 15 varas de donde mataron a mi tío, llego un grupo de policías agarraron a mi tío iban 4 con mi tío Alexis, allí escuche el tiro, solo escuche un tiro, andaban vestidos de traje militar, el militar boto el arma, y un militar se para en ella y la recogió,, cuando llegue mi tío estaba boca arriba, era una escuadra cacha de palo. Además, entre las pruebas evacuadas está el Acta de Inspección ocular, elaborado por Armando Carías Cruz, donde describió el lugar como un terreno a desnivel, hay una inclinación un poco considerable porque la zona es montañosa; el lugar donde cayó el cuerpo se encuentra de quince a dieciséis metros, esa calle no es transitable para vehículos. En el acápite de la valoración de la prueba, entre otras cosas el Tribunal estableció lo siguiente: El Acta de decomiso de arma de fuego tipo fusil y cargadores merece credibilidad para el tribunal en virtud de haber sido practicada por una persona capacitada, asimismo, el Acta de inspección ocular y su respectivo álbum fotográfico, si bien al momento de la inspección ya no se encontraba el cuerpo de la víctima en el lugar en que ocurrieron los hechos coincide la declaración de testigos que refieren donde cayó el cuerpo, este medio de prueba merece credibilidad. El dictamen balístico ratificado en juicio, el impetrante hace alegaciones no muy claras, donde se refiere a la violación a las reglas de la sana critica, así mismo argumenta la no aplicación del principio lógico de razón suficiente, aseverando la existencia de una causa de justificación como ser la contemplada en el artículo 24 del código penal, que es la legitima defensa de tal forma que el recurso no es claro, y no se determino específicamente cual es el defecto. Que causo agravio al imputado en el caso de méritos el impetrante desarrollo diferentes aspectos relacionados a la sana critica, y de doctrinas que invoca, con relación a la valoración de los medios de prueba, en tal sentido en ningún momento señala cual fue el defecto que causo agravio a su defendido, por tal razón se dificulta dar respuesta a este recurso. Por todo lo anterior. ...Esta sala penal. Ha establecido en sus sentencias la forma de como se presenta y sustenta un recurso de casación que debe tener claridad para responder los agravios alegados, se procedió a revisar la actuación del A-quo y se concluyó que la valoración a que se refiere el impetrante, hecha por el tribunal, fue claro pertinente suficiente, y se deriva de las pruebas evacuadas en juicio por lo que no comparte el criterio del censor. De esta manera se desestima este recurso. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...". El recurso No es de Recibo. El censor, en la exposición del segundo motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, el principio de debida técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” situación que no se dio en el caso de marras, y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. En el caso de mérito el recurrente presenta una casación por quebrantamiento de forma donde hace alegaciones de sana crítica y también de una legítima defensa y se fundamentó en el artículo 360 del Código Procesal Penal y en el Artículo 24 del Código Penal, en este mismo recurso plantea un segundo motivo por infracción de ley, el cual sustenta en el Artículo 360 del Código Procesal Penal, procedimiento incorrecto ya que esta Sala de lo Penal se ha pronunciado en base al principio de la debida técnica, se desprenden los requisitos formales para la interposición del recurso, los cuales constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación. Tal como se había descrito anteriormente, debieron ser presentados por separados. El censor no realiza un desarrollo adecuado, “Ya que debió indicar separadamente cada motivo de casación” ya que así lo establece el procedimiento y la jurisprudencia. El censor en la presente causa hizo alegaciones solo hace revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con la ley, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. No es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Jacobo Vásquez Pérez, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor José Alonso Miranda Almendarez, una pena principal de reclusión de quince (15) años de reclusión, por el delito de homicidio en perjuicio de Alexis Alberto Avila Ramirez más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de homicidio (Art.192), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado José Alonso Miranda Almendarez, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 15 a 20 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. No es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Jacobo Vásquez Pérez, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor José Alonso Miranda Almendarez, una pena principal de reclusión de quince (15) años de reclusión, por el delito de homicidio en perjuicio de Alexis Alberto Avila Ramirez más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de homicidio (Art.192), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado José Alonso Miranda Almendarez, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 15 a 20 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-488-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil veinticinco el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-488-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Jose Alonso Miranda Almendarez, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública. SEGUNDO: Condenó a Jose Alonso Miranda Almendarez, del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Alexis Alberto Avila Ramirez, a la pena de quince años de reclusión. TERCERO: Condenó a Jose Alonso Miranda Almendarez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. CUARTO. Declaró la responsabilidad civil de Jose Alonso Miranda Almendárez. QUINTO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: El Abogado Jacobo Humberto Salandia Vallecillo, en su condición de defensor privado de José Alonso Miranda Almendárez, como parte recurrente: y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, el ciudadano Santos Francisco Hernández, compareció a la 110 Brigada, con sede en esta ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, a interponer denuncia porque le habían hecho unos disparos que impactaron en su casa de habitación, sita en la aldea La Libertad Azabache, Danlí El Paraíso, razón por la cual la autoridad respectiva ordeno "nada más" patrullar y pasar por el área para verificar la denuncia. SEGUNDO: En cumplimiento a la orden en fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, como a eso de las nueve de la mañana se constituyó el Teniente de Infantería Yonis Roney Ramos Mejía, en compañía del Sargento Raso de Infantería, Edgar David Oyuela C., Sargento Raso de Infantería, Noel Alexis Cruz, Cabo de Infantería, José Alonso Miranda, Soldado de Infantería, Joel Antonio López M., Soldado de Infantería, Héctor Jacobo Cruz P., Soldado de Infantería, Erick Josué Irías, Sargento Segundo de Infantería, Pedro Rafael Ferrufino, todos miembros de la Policía Militar y del Orden Público y el Policía Preventivo Claudio Sánchez Jiménez, en la casa de habitación de la señora Yadira Leticia Ávila Martínez, situada en la aldea La Libertad Azabache, Danlí El Paraíso. TERCERO: En la casa de habitación descrita, se encontraban los hermanos de la propietaria de la vivienda, señores Jaime Bernardo Ávila Cruz y Alexis Alberto Ávila Ramírez, quienes bajo la sospecha de ser los autores del tiroteo a la casa del señor Santos Francisco Hernández, los policías descritos en el hecho segundo, procedieron a su detención, sujetando por la parte de atrás del cuello y tirándolo al suelo al señor Jaime Bernardo Ávila Cruz, y mientras se disponían a capturar al señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, este se deslizó por una pendiente y se lanzaron sobre el cuatro policías militares, uno tras otro y teniéndolo ya sometido, el Cabo de Infantería, José Alonso Miranda Almendarez, disparó con su arma de reglamento, contra la humanidad del señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, causándole una herida por proyectil de arma de fuego que se localiza en la cara anterior del hombro derecho de 0.6x0.4 cm con anillo de contusión de 0.1 cm de ancho, a 6 cm de altura de hombro, que siguió una trayectoria de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo y que produjo herida en la piel, fractura de húmero (hueso del brazo) derecho, tercera y cuarta costillas derechas, laceración y hemorragia de músculos del brazo derecho, músculos del tórax e intercostales, laceración de pulmón derecho, diafragma (musculo que separa tórax de abdomen) e hígado, con hemotórax y hemoperitoneo (Acumulación de sangre en la cavidad del tórax y el abdomen). CUARTO: Una vez herido el señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, los policías lo trasladaron en una patrulla, junto a su madre, al Hospital Gabriel Alvarado, con sede en esta ciudad de Danlí El Paraíso, sin embargo, cuando llegó al Hospital, ya había fallecido, siendo la causa de muerte: Hemotórax acumulación de sangre en tórax).” RECURSO DE CASACIÓN El recurrente Jacobo Humberto Salandia Vallecillo, en su condición de defensor privado de José Alonso Miranda Almendarez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal, mismo que establece que podrá interponerse recurso por quebrantamiento de forma, cuando en la valoración de la prueba no se haya observado las reglas de la sana critica. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Art. 202: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida Por su parte, el párrafo primero, del Art. 336, de la misma ley señala: "El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica". También, el Art. 338, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Tribunal sentenciador, en el numeral 2), Lo siguiente: "...Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados". Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el Tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. - La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera (fundamentación probatoria), el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, porqué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda operación, es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del CPP, ubica dentro de la "fundamentación del fallo" (regla cuarta), la valoración de la prueba.- Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en c:uanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a tas que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202 y 336 CPP y que recalca el Art. 338, sección cuarta, numeral 2 ("'...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio... "), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA) La Casación Penal. a Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando".- Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: A cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados: INDICACION DEL VICIO A. Sobre la ocurrencia del hecho Y la participación del acusado. El defecto de violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, de lesión al principio lógico de razón suficiente, resulta, de las diversas conclusiones probatorias a las que llegó el Tribunal de Sentencia, y que le condujo a establecer que el imputado JOSE ALONZO MIRANDA ALMENDAREZ tuvo participación en los hechos que originaron el deceso del ciudadano ALEXIS ALBERTO AVILA RAMIREZ cuando de las pruebas vertidas en juicio, especialmente la prueba testifical y pericial, la cual objetivamente no es confiable, se constató que mi representado actuó amparado en una Causa de Justificación contenida en el artículo 24 numerales l), 4) y 5) del código penal.- Veamos qué medios de prueba comprueban la existencia de esta causa: PRIMERO: Se declaró como hecho probado el siguiente: " ...los policías descritos en el hecho segundo procediendo a su detención, sujetando por Ja parte de atrás del cuello y tirando al suelo al señor Jaime Bernardo Ávila Cruz y mientras se disponían a capturar al señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, éste se deslizó por una pendiente y se lanzaron sobre el cuatro policías militares, uno tras otro y teniéndolo ya sometido, el cabo de infantería José Alonso Miranda Almendarez disparo con su arma de reglamento contra el señor Alexi Alberto Ávila Ramírez causándole una herida por proyectil de arma de fuego que se localiza en la cara anterior del hombro derecho. sabiendo el suscrito que este hecho es una verdad incuestionable para efectos de este recurso; se transcribe únicamente un fragmento de los hechos probados pertinentes, dada la finalidad del presente recurso es precisamente demostrar que esta "fracción" de hechos probados no responde o se deriva de prueba alguna evacuada en juicio.- Dada la intangibilidad del hecho probado, únicamente y para efectos de claridad del recurso, lo divido en premisas: a) los policías descritos en el hecho segundo procediendo a su detención, sujetando por la parte de atrás del cuello y. tirando al suelo al señor Jaime Bernardo Ávila Cruz; b) mientras se disponían a capturar al señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, éste se deslizó por una pendiente; c) se lanzaron sobre él cuatro policías militares, uno tras otro; d) teniéndolo ya sometido; e) el cabo de infantería José Alonso Miranda Almendrares disparo con su arma de reglamento contra el señor Alexi Alberto Ávila Ramírez. Estas premisas (partes del hecho probado) necesariamente deben derivar de las pruebas practicadas. En la sentencia condenatoria decretada en contra de mi representado, el señor José Alonso Miranda Almendarez, el Tribunal decreto en fallo condenatorio, después de realizar una valoración armónica de la prueba de cargo, (se valoraron varios testimonios y pruebas periciales en su conjunto) pero es precisamente en esta valoración que el Tribunal Sentenciador comete la violación al postulado de la lógica en relación al principio de derivación, que lo lleva a un fallo diferente, de haberse valorado las pruebas en respeto a los principios antes enunciados; estas vicios apreciados en la valoración de la prueba son los siguientes: a) En relación al testimonio del señor Jaime Bernardo Ávila Ruiz, (declaración que obra en [a página número seis vuelto líneas 33, 34 y 35 del acta de debate), este testigo declaró: a preguntas del ministerio público"... usted miró donde lo agarraron R/ si lo agarrón de acá del cuello y como allí el terreno es inclinado supuestamente se chollaron luchando Podrán apreciar los Magistrados de la sala de lo Penal que el testigo citado refiere una lucha entre los policías y su hermano (fallecido) no obstante con la palabra "supuestamente", lo que tiene una perfecta explicación dado que el testigo no observó el hecho a cerca del que está declarando lo que quedo confirmado en la reconstrucción de hechos (véase página ll línea 6 de la sentencia) esto será reforzado más adelante por otros testimonios de cargo a los que nos referiremos de igual forma, no obstante el Tribunal de Sentencia concluyó: para este tribunal el testimonio del señor Jaime Bernardo Ávila Ruiz, merece credibilidad, por cuanto el testigo al momento de su deposición se mostró lucido, ubicado en tiempo y espacio, coherente y concordante con otros medios de prueba... " aun y cuando es un hecho aceptado por el propio tribunal que el testigo no observo el hecho controvertido. Los factores de credibilidad y verosimilitud establecidos por la Sala de lo Penal en fallo anteriores, en efecto establece como criterios de valoración el estado de conciencia del testimonio en función de su percepción de la realidad, así las cosas, un testigo que no está orientado en "tiempo y espacio" o "coherente" por supuesto no puede ser valorado positivamente el problema de violación de las reglas de la sana critica en función del testigo Jaime Bernardo Ávila Ruiz no está en función de su capacidad intelectual o de conciencia en función de momento de la declaración o del momento en que estuvo en los hechos, sino más bien del hecho de no haber podido observar los hechos controvertidos aspecto que fue confirmado en la reconstrucción de hechos así expresado por el Tribunal Sentenciador, no pudiéndose "derivar" de su testimonio el hecho aceptado como verdad intangible, precisamente el reclamo en su valoración... " puede apreciar la Sala de lo Penal que el testigo de igual forma cae en una serie de contradicciones en el momento de su declaración con su testimonio dada en etapas anteriores situación que es evidenciada con la introducción por lectura del secretario aspecto que no es tomado en cuenta al momento de su valoración, a la que se le da total credibilidad; violentando con ello el principio de derivación en la valoración de testimonio el Tribunal acreditados hechos que ni el mismo testigo pudo observar. b) En relación a la valoración del testigo Gerson Roney Maradiaga, visible su declaración en la página numero 8 vuelto del acta de debate, líneas 14, 15, 1 6 y 17 el testigo a preguntas del fiscal declaró: “… su tío Alexis andaba pistola? R/ si, ¿Cómo era? R/ una escuadra. ¿Grande? R/ no, pequeña. ¿Viste que hicieron con esa arma allí? R/ él cuándo iban de rodada él la boto y después yo me fui para la casa y cuando la sacaron para la calle nosotros íbamos un militar se paró en ella y después la junto..."; veamos líneas 25 y 26 de 'a misma página 8 vuelto, siempre a preguntas del fiscal: "…¿miraste a tu tío cuando le pegaron el tiro? R/ llegue como 4 o 5 minutos después...". Se desprende de este testimonio, el testigo Gerson Roney Maradiaga presencia un acto que involucra varias personas, al decir "iban de rodada", aunado al hecho que no termina de ver el desenlace de los hechos controvertidos, dado que llegó "4 o 5 minutos después", el Tribunal de Sentencia en su valoración establece que su testimonio merece "credibilidad por ser congruente con lo declarado por el testigo Jaime Bernardo Ávila Ruiz, además de tener en c:onsideración que al momento de su deposición estaban lucidos, ubicados en tiempo y espacio y su declaración fue coherente "(ver página 14 de la sentencia líneas 22, 23 24 y 25) La sala de lo penal ha establecido como punto jurisprudencial al momento de valorar los testimonios no olvidar análisis de credibilidad y verosimilitud como aspectos a ser valorados al momento de conceder o disminuir valor probatorio a las declaraciones; en la valoración de este testimonio en particular el Tribunal Sentenciador no tomo en consideración que el mismo testigo admitió no haber visto, con sus sentidos los hechos, es más, el testigo es contundente al manifestar que llego de cuatro a cinco minutos después (de que su tío recibiera el disparo); el Tribunal Sentenciador da credibilidad a su testimonio al ser coincidente con el del testigo Jaime Bernardo Ávila Ruiz que, como ya se dijo líneas atrás, no pudo observar los hechos, violentado de esta forma el principio de derivación al momento de construir el hecho probado, no derivándose de prueba presencial, sino de testigos de cargo que en sus deposiciones, posteriormente contrastadas con la reconstrucción de hecho, se admite no observaron los hechos. B.- El INFORME BALISTICO MEDICO LEGAL (AUTOPSIA), INFORME DE INSPECCIONES OCULARES Y ALBUM FOTOGRAFICO ELABORADOS TANTO POR LA DIRECCION DE MEDICINA Y LA AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACIO, que sirvió de base a la acusación. En Una síntesis de los contenidos de estos documentos periciales que fueron incorporados por parte del ente acusador ante los miembros del tribunal de sentencia, expondremos de forma clara y precisa cual era el contenido falacico, incongruente y fuera de toda contextura lógica y creíble: 1. Acta de Decomiso o secuestro del Arma de Fuego de reglamento de JOSE ALONZO MIRANDA, cuya serie corresponde al número AO 398389, y la cual fue entregada por el propio procesado en fecha 18 de mayo del 2018, cuatro (4) horas después del hecho junto con los cargadores y noventa (90) cartuchos; evidencia que fue decomisado en la fecha señalada como a eso de las 4:40p.m. pero esta a su vez comienza la Cadena de Custodia a las 8:18p.m., tal como puede ser apreciada en el documento en mención, de la cual sobresale que no se determina quien o quienes son los funcionarios que realizaron dicho documento, violentándose de inicio los procesos legales establecidos para el manejo de indicios que posteriormente se convertirán en medios probatorios. 2. Acta de Inspección Ocular Numero 1 -81-206 El medio probatorio fue elaborado por el Agente Técnico de Investigación YOSLI CARIAS, quien relaciona en su contenido que se traslada al lugar de los hechos (Aldea de Azabache, Danlí, El Paraíso) como a esos de [as 7:30 p.m., llegando al lugar como a eso de las 9:35p.m. junto con el fiscal German Reyes, a las preguntas de la Defensa acerca si la escena se encontraba acordonada por miembros de la policía nacional de aquella zona: . ...responde que no se encontraba acordonado. - ¿Se le pregunta si la escena cumple con los requisitos establecidos para resguarda la escena? el mismo responde no es confiable? ¿Se le pregunta cómo pudieron identificar el lugar preciso de los hechos? El mismo responde: …fuimos guiados a la escena por YADIRA LETICIA AVILA, pero que no hay lago hemático que determine que ese es el lugar donde fue herido el «señor Alexis Ávila; en este caso Honorables miembros Magistrados no existe ni ha existido un testimonio por parte de la señora Ávila y lo que desacredita este medio probatorio es que aún no se tiene ni se tuvo la certeza el lugar donde se desarrollaron los hechos. 3. Acta del Álbum fotográfico número 1-81-2016: En esta acta en particular que fue elaborada por el técnico DEYVIS ALVAREZ, adscrito a la Agencia Técnica de Investigación (A.T.I.C.) y que complementa el acta relacionada anteriormente tenía el contenido de 21 exposiciones fotográficas, donde sobresalen que las misma fueron tomadas bajo la oscuridad de la noche, donde realmente no podremos despejar ningún tipo de interrogantes acerca del hecho; pero lo sorprendente de esta acta, es que el propio técnico solamente procedió a ratificar 18 fotografías, del Álbum en referencia, en virtud que expuso ante los jueces sentenciadores, que desconocía el origen y lugar de las fotografías restantes, con lo que nos enfrentamos a un documento cuestionado. 4. Dictamen de Autopsia Numero 2016-0801-0401-0927 En esta pericia que es de suma importancia científica por que determina clara y científicamente cual o cuales fueron las causas del fallecimiento de una persona; presento una serie de incongruencias que fueron puestas en conocimiento al ente juzgados; señalaremos en primera instancia que el levantamiento cadavérico número 2016-0703-0701-0057 del señor ALEXIS ALBERTO AVILA RAMIREZ, fue realizado dentro de la Morgue del Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, pero sobresale en este documento que no existe la recolección de la vestimenta del fallecido, la cual es descrita y que resultaba de mucha importancia para evacuar pruebas que nos llevaran a la verdad, pero de la cual ningún funcionario público da cuentas de esas pertenencias, lo que reitera las sendas violaciones a los procedimientos legales establecidos para la custodia y protección de la escena original y modificadas, lo cual nuevamente en tela de duda su credibilidad; refiriéndonos propiamente a la autopsia que se le fue practicada al señor Ávila, nuevamente nos encontramos con la descripción de indicios encontrados y fotografiados por la perito forense SANTA MARILYN MARZAN, donde aparece una fotografía que corresponde a otra autopsia (AT-201 60926 SMM) y de la cual fue retirada por la perito, sin tomar en consideración que era ya conocido por las partes y esta ratifico ante el Tribunal sin realizar la salvedad de los que había extraído; pero al interrogatorio de la defensa, acerca de lo encontrado en el cadáver, esta refiere que el cuerpo venia sin vestimenta, que el mismo presentaba una serie de equimosis y escoriaciones producto de signos de arrastre, pero señala claramente que la herida por arma de fuego se ubica en la cara anterior al hombro derecho, y que el lugar donde se produjo no existe un ORGANO VITAL, ya que no pone en peligro la vida, pero que el proyectil se fragmento por haber impactado en el hueso del brazo, la recuperación de los indicios en el cuerpo y de la cual fueron consignados únicamente DOS (2), pero en los indicios recibidos fueron colocados TRES (3), la funcionaria responde..... no puede determinar cuál de los tres fragmentos no consigno en la preliminar de la autopsia; Nos ataca la duda si la perito forense ha podido confundir fotografías y evidencias, que pueden corresponden a una autopsia distinta a la del fallecido ALEXIS AVILA Tendremos confiabilidad de lo consignado en el mismo, sino ha podido por ética profesional apegarse a las normas legales conocidas ampliamente por la profesional de la medicina, al manifestar que cuenta con casi 25 años de experiencia en la rama; nos preguntamos honorable miembros corresponderán estos indicios encontrados realmente al cao judicial en el cual ha sido condenado nuestro representado, cuando se presentan esas sendas incoherencias que denotan la manifiesta impericia en la recolección de indicios encontrados no solo en este cadáver sino en los anteriores o subsiguientes, sería prudente revisar que paso en la fecha que fue realizados estos procedimientos legales, ya que no tenemos ni siquiera la certeza de que pertenezcan a este dictamen legal. 5. Dictamen Balístico Numero 2016-0801 -0502-3824 Esta pericia que determina claramente a quien corresponde la evidencia decomisada o la posible arma de la cual fue percutido el proyectil que causó la muerte al señor ALEXIS ALBERTO AVILA RAMIREZ, es posiblemente el medio probatorio carente de toda CREDIBILIDAD, debido a las sendas irregularidades de su contenido; señalaremos que el perito balístico encargado de la elaboración del dictamen LUIS GUILLERMO ORTEGA PAZZETTY, describe en el mismo que dicha pericia fue realizada en fecha 23 de mayo del 2016, que recibe para su comparación balística: "un arma de fuego, tipo fusil, modelo m4, calibre 5.56X45mm con serie AO 398389, tres cargadores y noventa cartuchos" y procede a solicitar para la elaboración de la pericia de comparación: 1) Un casquillo encontrado en la escena; 2) Se solicita en calidad de préstamo de la autopsia número 927-2016 practicada al señor ALEXIS ALBERTO AVILA RAMIREZ, un revestimiento de cobre, cilíndrico con rallado y dos fragmentos de plomo en la fecha relacionada el perito balístico procede a realizar disparos con el arma decomisada y practicar el análisis comparativo, el cual sorprendentemente resulta POSITIVO, pero esto no es lo cuestionable miembros de la Sala Penal, Se hace un análisis comparativo entre la Cadena de Custodia iniciada por la autópsiate Marilyn Marzan donde se describen los tres fragmentos de bala encontrados y extraídos del cuerpo del fallecido y se determina que realmente tuvo a disposición los indicios comparativos hasta 10 días después de haber emitido y puesto a disposición de la autoridad el dictamen balístico positivo!!!!! Entonces nos preguntamos: ¿Como hizo el análisis comparativo balístico que resulto POSITIVO, sino tenia los indicios a su disposición? Nos ataca la duda acerca que como tuvo conocimiento de lo encontrado en la autopsia si esta fue impresa hasta el 24 DE MAYO DEL 2016, y el dictamen claramente determina como fecha 23 DE MAYO, si de acuerdo a la Cadena de Custodia el indicio recibido por el Balístico PAZZETY lo recibió en fecha 03 DE JUNIO del 2016, ósea 10 DIAS DESPUES DE ELABORAR EL DICTAMEN BALISTICO POSITIVO y esto nos referimos a documentos públicos, los que presumimos deberían de contar con toda la credibilidad????, entonces estamos frente a la falta de lealtad con la Justicia, a la falta de objetividad del Ministerio Publico, a la Ilegalidad de la Prueba o una prueba ilícita en perjuicio de mi representado, pero sorprendentemente los juzgadores que condenan con este medio probatorio ilícito manifiestan: "no cabe ninguna duda que es un profesional con mucha experiencia sobre la materia que ha dictaminado........" relaciona convenientemente que el arma de reglamento acabo con la vida del señor ALEXIS ALBERTO AVILA RAMIREZ, sin haber un análisis de lo señalado y que fue ampliamente expuesto en la celebración del debate y que dicha experiencia fue puesta en duda, cuando al momento de llevarse a cabo la Reconstrucción de Hechos, el perito Pazzety, se hizo acompañar de otro perito balístico, que nunca fue propuesto y que colaboro para la evacuación de su pericia a la vista y paciencia de los miembros del tribunal sentenciador y el cual se encuentra documentado en las fotografías que fueron tomadas en el lugar de los hechos.- Pero quedo claramente expuesto el perito balístico LUIS GUILLERMO ORTEGA PAZZETTY, en las sendas contradicciones que fueron expuestas al momento de ratificación de SIJ pericia, ya que como se ha señalado no son concordantes las fechas en que se emiten la pericia con el recibimiento del indicio encontrado en la autopsia, tal como se acredita con la Cadena de Custodia, el cual es el documento que certifica la intensidad del manejo de los indicios, este documento presenta sendas irregularidades en su contenido y que producen la nulidad absoluta de oficio debido a que ha violentado las normas esenciales de los procedimientos y sobre todo vulnera Garantías Constitucionales aplicables tanto a funcionarios públicos como a favor de nuestro representado, al contar con un documento falacico en su contendido y de cual no puede dársele ningún tipo de CREDIBILIDAD NI VALOR JURIDICO.- Idéntica suerte concurre en la Prueba Evidencial, en la cual señala en los indicios recolectados en la Autopsia del fallecido la recolección de dos fragmentos pero de acuerdo a los documentos relacionados el perito balístico recibió un revestimiento y dos fragmentos, pero al momento de ser aperturados ante el tribunal de sentencia con la presencia del señor secretario, aparecen únicamente dos fragmentos, y sorprendentemente no existe una explicación acerca de donde se encuentra el revestimiento que resulto positivo al dictamen, y que se ha mantenido en custodia del Ministerio Publico, y del cual en el fallo condenatorio se omite esta circunstancia que se encuentra documentada y grabada en la Audiencia de Juicio Oral y Público. C.- Las declaraciones testificales de la defensa y el testimonio del Acusado. El tribunal de sentencia en su valoración de la prueba testifical de descargo, realiza Una serie de valoraciones que le permiten restar valor probatorio a los testimonios de Yonis Roney Ramos Mejía en función de lo declarado por el imputado; (ver página 47 vuelto de la sentencia) sin embargo las contradicciones señaladas son en función de la dinámica de lucha que existió entre el fallecido y los policías presenciales del hecho; lucha que es referida de igual formo por los testigos de descargo; valoración que encontramos en la página 50 vuelto de la sentencia, en donde el Tribunal establece que la declaración del imputado no tiene credibilidad porque es "incoherente" con lo declarado por el único testigo de cargo, sin referir el tribunal en que consiste tal incoherencia (recordemos que en la valoración del testimonio de Yonis Roney Ramos Mejía refirió ser su testimonio "contradictorio" no incoherente, conceptos que si bien es cierto guardan relación, no son sinónimos), luego en el mismo apartado de la valoración el tribunal sentenciador refiere que la declaración del imputados es "inverosímil" porque los hechos por el narrados violentan el "principio de proporcionalidad" en el uso de la fuerza, lo que denota desconocimiento del tribunal al momento de utilizar conceptos para desvalorar prueba de descargo, ya que la inverosimilitud nada tiene que ver con el' uso excesivo de la fuerza (si ese fuera el caso, estaríamos ante una legítima defensa incompleta) y todo en congruencia con tos medios probatorios científicos, que lograron evidenciar que aun no contando con la credibilidad, si fue rescatable lo vertido y señalado por esta defensa al momento de desarrollarse el debato y el cual puede ser analizado por la Sala de lo Penal.- Teniendo conocimiento esta defensa de la intangibilidad de los hechos probados para efectos de este recurso de casación, no obstante lo anterior, debiendo respetarse en la configuración de estos hechos probados las reglas de la sana critica, la experiencia común, la lógica y las máximas de la experiencia, las que se han violentado según lo hemos desarrollado en el inciso B) de este recurso de casación, violaciones perfectamente verificables con la sola lectura del acta de debate y la sentencia misma que se recurre, reuniéndose así los requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo 362 del código Procesal Penal, siendo de derecho ordenar el quebrantamiento de la sentencia. SEGUNDO MOTIVO: Haber incurrido en la Infracción de precepto penal sustantivo por omisión. Quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal en relación al artículo 24 del Código Penal. Con los medios de prueba evacuados se demostró que el imputado JOSE ALONZO MIRANDA ALMENDAREZ, como miembro de la Policía Militar del Orden Público (P.M.O.P) asignado al destacamento de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que fue enviado junto con otros miembros militares, hacia la Aldea Azabache, Danlí, El Paraíso; atendiendo la denuncia que había sido interpuesta tanto en el Ministerio Publico como en la Dirección Policial de Investigación (D.P.I.) y la cual se hacía acompañar de un proveído de carácter urgente, para la realización de varias diligencias investigativos, tal como presento en el debate, y en la cual consistía entre una de ellas presentarse al lugar de los hechos, para verificar los extremos contenidos en fa denuncia interpuesta por el señor de la tercera edad, Santos Francisco Hernández. Una vez en el lugar, el ahora occiso Alexis Alberto Ávila Ramírez en compañía de su hermano Jaime Bernardo Ávila Cruz, ambos en posesión de armas de fuego, de la cual no portaban ninguna autorización para el uso de las mismas y por la cual este último fue requerido por el Ministerio Publico ante el Juzgado de Letras Seccional de Danlí, por la Portación Ilegal del Arma y siendo requeridos por la autoridad; se va a la lucha con varios policías, donde logra finalmente vencer al policía Yonis Roney, apuntándole con su arma de fuego para causarle un daño corporal irreparable (muerte) es que procede mi representado JOSE ALONZO MIRANDA ALMENDAREZ, a hacer uso de su arma de reglamento, haciéndole un disparo en el hombro de la mano derecha, donde sostenía el arma de fuego que apuntaba a su compañero, para que desistiera de esa acción, ya que no atendía-las advertencias que la soltara y puede denotarse claramente que la herida no va dirigida a dañar ningún órgano vital que pudiese causarle la muerte al ciudadano ALEXIS AVILA, tal como quedo constatado científicamente por la autópsiate en su pericia, tal como se describe en las argumentaciones legales que se exponen a continuación: l . El artículo 24 del Código Penal establece Quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima: b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurran las tres (3) circunstancias respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los indicados lugares; 2) El que obra en defensa de la persona o derecho de su cónyuge o de la persona con quien hace vida marital, de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de los parientes por adopción en los mismos grados, siempre que concurran las circunstancias previstas en los literales a) y b) anteriores, y la de que, en caso de haber precedido provocación suficiente de parte del defendido no haya tenido participación en ella el defensor; 3) El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño siempre que concurran las circunstancias previstas en el numeral anterior y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo; 4) Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otro u otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea proporcionado al peligro.- 5) QUIEN OBRA EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER O EN EL EJERCICIO LEGITIMO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO 2. De la dinámica de los testimonios tanto de cargo como descargo se desprenden la agresión ilegitima que son objetos los policías encargados de realizar el registro al que el señor Alexis Alberto Ávila Ramírez se OPUSO, mismo que PUSO en peligro la vida no solo la vida del señor Yonis Roney Ramos Mejía sino la de todos los policías participantes, misma que era inminente. 3. La proporcionalidad está determinada por la igualdad de armas a utilizar, ambas implicaban un alcance de fuego, por lo que se cumple lo prescrito en la norma sustantiva. 4. La falta de provocación la determina el motivo por los cuales los policías van a lugar, en cargo a su función policial, con lo cual honorable miembros de la Sala de lo Penal nos encontramos frente al Cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo; desestimando cualquier motivo que implique venganza, resentimiento o motivo ilegitimo; y por ende que puedan señalarse en los hechos relatados la ausencia total del DELITO DOLOSO, ya que nunca ha existido ni existió en el momento de suscitarse los hechos el conocimiento y la voluntad (Elemento intelectual o cognoscitivo y Elemento Volitivo) de causarle la muerte al señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, por lo que es de derecho, pronunciarse en aras de una economía procesal, en función de este motivo de casación por infracción de ley. Nuevamente, la resolución recurrida pierde logicidad en la valoración de la prueba referida y a pesar de esa claridad probatoria, el Tribunal Sentenciador se negó a reconocer esa realidad fáctica derivada de la relación de medios de prueba No confiables, como ser DOCUMENTALES, TESTIFICALES, PERICIALES que resultan incoherentes con la realidad de los hechos, De tal forma que al momento de valorarse la prueba, se infringió la regla lógica de la DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente, según el cual el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, siendo eso lo que precisamente escapó al Tribunal recurrido, al no haber extraído conclusiones razonables del la prueba referida. Por el contrario, este Tribunal de Sentencia procedió a obviar las sendas irregularidades expuestas ante los mismas en flagrante violación a Garantías Constituciones adversas a la verdad y al Estado de Inocencia, Debido Proceso y Principio de Legalidad que le asiste a mi representado JOSE ALONZO MIRANDA ALMENDAREZ, y que evidencian su negación absoluta al reconocimiento de la prueba ilícita que es nula de pleno derecho, y que a la vez le hace caer en Un plano de subjetividad que no corresponde ser expresado por Un Tribunal de Justicia, que debe basar sus juicios en valoraciones objetivas de la prueba, y no en actitudes asumidas por las partes, menos cuando esos juicios menoscaban la posibilidad de defensa establecida por la ley.- Conviene a esos propósitos citar al jurista JOSE I. CAFFERATA NORES, quien en "La prueba en el proceso penal", atinadamente señala : "Con relación a la sinceridad del testimonio, son de significativa importancia las siguientes consideraciones: A) Es preciso descubrir si no hay algún interés que pueda influir sobre la voluntad del deponente (v.gr., convivencia, soborno), u otras circunstancias que influyendo en su ánimo (v.gr., relación de familia, afecto, odio, etc.) puedan hacerlo apartar, consciente o inconscientemente, de la verdad...B) El control interno de [a declaración es sumamente eficaz para evaluar la veracidad del testigo. EE relato dubitativo ("me parece..."), contradictorio, o producido por medio de un "discurso premeditado", De toda esa relación probatoria, como lo exigen los Arts. 202, 336 y 338 del CPP, la correcta conclusión fáctica que se extrae es la ocurrencia de un hecho criminoso reñido con la ley que concluyo con la muerte de una persona, ocurrida en la defensa de sus compañeros y en el ejercicio de su cargo, pero el Ministerio Publico se ha llamado a un silencio cómplice de todas las irregularidades señaladas, con el fin de lograr una sentencia condenatoria como un Acusador a ultranza y no como el ente investigador regido por el Principio de Objetiva, ya que ha logrado manipular los medios probatorios que impiden se descubra la verdad sobre los hechos, ya que si, según la regla lógica de la DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, no es posible que en el presente caso la conclusión del hecho se base en medios de prueba tan cuestionables, débiles e inconsistentes, como los estimados para emitir el fallo condenatorio, y opuestos a elementos de convicción que objetivamente no son confiables.- Y esta regla lógica de la DERIVACION, ha sido reconocida como norma de logicidad en las sentencias, como lo expresan las sentencias emitidas por la Sala de lo Penal, y registradas con los números 164-05 (del 13 de diciembre de 2005) y 01-2007 (del 31 de julio de 2007).” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo. • Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas: infracción a las normas de la sana critica. • Concepto de la infracción: la sana critica en relación al postulado de la lógica en relación al principio de derivación. • Pretensión: casar la sentencia El recurrente Abogado Jacobo Humberto Salandia Vallecillo, en su condición de defensor privado de José Alonso Miranda Almendarez, refiere la existencia de un vicio en la sentencia que enmarca en la violación de la regla de sana critica, durante el desarrollo del recurso, no determina específicamente cual es el defecto en concreto, que haya causado una afectación a su representado, ya que el articulo 362 señala los motivos específicos, dice que hay perjuicio por el principio lógico de razón suficiente y que resulto, de las diversas conclusiones probatorias a las que llegó el Tribunal de Sentencia, que condujo a establecer que el imputado José Alonzo miranda Almendares tuvo participación en los hechos que originaron el deceso del ciudadano Alexis Alberto Ávila Ramirez. El censor copio los medios de prueba y relaciono doctrinas existentes en materia penal. Así mismo refiere el impetrante que existe una causa de justificación contenida en el artículo 24 del código penal. El desarrollo del recurso no es claro. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. El recurrente denuncia como primer motivo de casación, que la sentencia recurrida violenta la sana critica en relación al postulado de la lógica y el principio de derivación. No identifica de forma clara y precisa cuál es el defecto que le causo agravio tal como ordena el artículo 362 del código procesal penal, el cual establece que, al tratarse de la casación en la forma, se debe exponer con claridad y precisión los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos. el precepto invocado como autorizante por el recurrente contiene argumentos de casación distintos. la no observancia de las reglas de la sana crítica es también un motivo de casación distinto en el cual se debe identificar cuál ha sido la regla considerada como infringida y desarrollar una argumentación orientada en definitiva a comprobar tal alegato. el recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio. En el caso de mérito el ente fiscal para sustentar su tesis acusatorio presento, entre otros los siguientes medios probatorios:1) Testifical a) Jaime Bernardo Ávila Ruiz b) Gerson Roney Maradiaga Ávila c) Anita De Jesús Martínez Ruiz. 2)Documental a) Acta de decomiso o secuestro b) Acta de inspección ocular álbum fotográfico y recolección de indicios 3)Pericial a) dictamen de Autopsia 2016-0801-0401-927 de fecha 18 de mayo del 2016 por la doctora Santa Marilyn Moncada Marzan b)Dictamen Balístico elaborado por Luis Alonzo Ortega Pazzetty 4) prueba Evidencia a) una bolsa plástica trasparente firmada y sellada conteniendo en su interior un arma de fuego tipo fusil marca m4 calibre 5.56mm B) dos sobres de manila uno conteniendo en su interior un casquillo cilíndrico aparente la que corresponde al calibre 5.56 mm-5) Reconstrucción de Hechos el testigo JAIME BERNARDO AVILA RUIZ dice. En la fecha que ocurrió yo estaba con mi hermano Alexis Ávila en el corredor de la casa, ,cuando de repente miraron el grupo de militares, a el lo agarraron primero del Cuello por lo que se rindió y lo enchacharon, lo tiraron al suelo luego le dijeron que se hincara, y el otro grupo viene por el otro lado, de la casa agarraron a su hermano del cuello y como el terreno allí es inclinado, ellos estaban orillados de donde el esta los militares se fueron choyados hacia abajo, luego alguien cerrojeo el arma, luego escucho el disparo del arma, vio que apuntaban a su hermano. Al interrogatorio. Eso ocurrió miércoles 18 de mayo 2016. Entre las 9 a 10 de la mañana primero me salieron a mi uno de ellos es Sánchez lo conocí. Andaban de 7 a 8 militares a su hermano le dispararon con un arma larga, Gerson Roney Maradiaga Ávila. Dice que a su tío lo mataron en casa de su mamá, estaba en el corredor con su tío Jaime, y yo estaba en la finca sembrando frijoles, estaba con un primo, yo estaba como a 15 varas de donde mataron a mi tío, llego un grupo de policías agarraron a mi tío iban 4 con mi tío Alexis, allí escuche el tiro, solo escuche un tiro, andaban vestidos de traje militar, el militar boto el arma, y un militar se para en ella y la recogió,, cuando llegue mi tío estaba boca arriba, era una escuadra cacha de palo. Además, entre las pruebas evacuadas está el Acta de Inspección ocular, elaborado por Armando Carías Cruz, donde describió el lugar como un terreno a desnivel, hay una inclinación un poco considerable porque la zona es montañosa; el lugar donde cayó el cuerpo se encuentra de quince a dieciséis metros, esa calle no es transitable para vehículos. En el acápite de la valoración de la prueba, entre otras cosas el Tribunal estableció lo siguiente: El Acta de decomiso de arma de fuego tipo fusil y cargadores merece credibilidad para el tribunal en virtud de haber sido practicada por una persona capacitada, asimismo, el Acta de inspección ocular y su respectivo álbum fotográfico, si bien al momento de la inspección ya no se encontraba el cuerpo de la víctima en el lugar en que ocurrieron los hechos coincide la declaración de testigos que refieren donde cayó el cuerpo, este medio de prueba merece credibilidad. El dictamen balístico ratificado en juicio, el impetrante hace alegaciones no muy claras, donde se refiere a la violación a las reglas de la sana critica, así mismo argumenta la no aplicación del principio lógico de razón suficiente, aseverando la existencia de una causa de justificación como ser la contemplada en el artículo 24 del código penal, que es la legitima defensa de tal forma que el recurso no es claro, y no se determino específicamente cual es el defecto. Que causo agravio al imputado en el caso de méritos el impetrante desarrollo diferentes aspectos relacionados a la sana critica, y de doctrinas que invoca, con relación a la valoración de los medios de prueba, en tal sentido en ningún momento señala cual fue el defecto que causo agravio a su defendido, por tal razón se dificulta dar respuesta a este recurso. Por todo lo anterior. Esta sala penal. Ha establecido en sus sentencias la forma de como se presenta y sustenta un recurso de casación que debe tener claridad para responder los agravios alegados, se procedió a revisar la actuación del A-quo y se concluyó que la valoración a que se refiere el impetrante, hecha por el tribunal, fue claro pertinente suficiente, y se deriva de las pruebas evacuadas en juicio por lo que no comparte el criterio del censor. De esta manera se desestima este recurso. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc. Es decir, aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un Recurso de Casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Recurso de Casación por Infracción de Ley presentado por la Defensa Privada. • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: artículo 24 del código penal. • Concepto de la Infracción: falta de aplicación de una causa de justificación. legítima defensa. • Pretensión: que se case la sentencia. El censor en su segundo motivo, refiere de un vicio el cual lo describe como la existencia a favor de su defendido de una causa de justificación siendo esta, la Legitima defensa explicando que el ofendido se fue a la lucha con varios policías, donde logra finalmente vencer al policía Yonis Roney, apuntándole con su arma de fuego para causarle un daño corporal irreparable, por lo que el acusado José Alonzo Miranda Almendares, al hacer uso de su arma de reglamento, disparo al hombro de la mano derecha al ofendido donde sostenía el arma de fuego que apuntaba a su compañero, y con ello desistir de la acción. por qué no atendía las advertencias de soltar el arma. Argumenta el recurrente que se denota claramente que la herida no va dirigida a dañar ningún órgano vital que pudiese causarle la muerte al ciudadano Alexis Avila, y que se reúnen los tres elementos que exige el artículo 24 del código penal para que se dé una causa de justificación como la legitima defensa. El compareciente en su argumentación primero invoca, la causa de justificación, luego se refiere a la valoración de la prueba. haciendo un planteamiento confuso. del principio de debida técnica en el recurso de casación penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez). De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a. Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley. De la Procedencia del Recurso de Casación Por infracción de Ley. El recurso No es de Recibo. El censor, en la exposición del segundo motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, el principio de debida técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” situación que no se dio en el caso de marras, y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. En el caso de mérito el recurrente presenta una casación por quebrantamiento de forma donde hace alegaciones de sana crítica y también de una legítima defensa y se fundamentó en el artículo 360 del Código Procesal Penal y en el Artículo 24 del Código Penal, en este mismo recurso plantea un segundo motivo por infracción de ley, el cual sustenta en el Artículo 360 del Código Procesal Penal, procedimiento incorrecto ya que esta Sala de lo Penal se ha pronunciado en base al principio de la debida técnica, se desprenden los requisitos formales para la interposición del recurso, los cuales constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación. Tal como se había descrito anteriormente, debieron ser presentados por separados. El censor no realiza un desarrollo adecuado, “Ya que debió indicar separadamente cada motivo de casación” ya que así lo establece el procedimiento y la jurisprudencia. El censor en la presente causa hizo alegaciones solo hace revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con la ley, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente. DECISIÓN Se declara No ha Lugar el Recurso De Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo interpuesto por la defensa privada. Se declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo interpuesto por la defensa privada De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. No es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Jacobo Vásquez Pérez, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor José Alonso Miranda Almendarez, una pena principal de reclusión de quince (15) años de reclusión, por el delito de homicidio en perjuicio de Alexis Alberto Avila Ramirez más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de homicidio (Art.192), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado José Alonso Miranda Almendarez, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 15 a 20 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 116 Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo y No Ha Lugar el Recurso por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Abogado Jacobo Humberto Salandia Vallecillo, en su condición de defensor privado del señor José Alonso Miranda Almendarez, a quien se le condenó por el delito de Homicidio simple en perjuicio de Alexis Alberto Ávila Ramirez. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha doce de diciembre del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Rina Koritza Sandoval Navas. – secretaria de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a once de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-488-2019.Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-488-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno de mayo del año dos mil veinticinco el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-488-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Jose Alonso Miranda Almendarez, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública. SEGUNDO: Condenó a Jose Alonso Miranda Almendarez, del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Alexis Alberto Avila Ramirez, a la pena de quince años de reclusión. TERCERO: Condenó a Jose Alonso Miranda Almendarez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. CUARTO. Declaró la responsabilidad civil de Jose Alonso Miranda Almendárez. QUINTO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: El Abogado Jacobo Humberto Salandia Vallecillo, en su condición de defensor privado de José Alonso Miranda Almendárez, como parte recurrente: y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha dieciséis de mayo del dos mil dieciséis, el ciudadano Santos Francisco Hernández, compareció a la 110 Brigada, con sede en esta ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, a interponer denuncia porque le habían hecho unos disparos que impactaron en su casa de habitación, sita en la aldea La Libertad Azabache, Danlí El Paraíso, razón por la cual la autoridad respectiva ordeno "nada más" patrullar y pasar por el área para verificar la denuncia. SEGUNDO: En cumplimiento a la orden en fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, como a eso de las nueve de la mañana se constituyó el Teniente de Infantería Yonis Roney Ramos Mejía, en compañía del Sargento Raso de Infantería, Edgar David Oyuela C., Sargento Raso de Infantería, Noel Alexis Cruz, Cabo de Infantería, José Alonso Miranda, Soldado de Infantería, Joel Antonio López M., Soldado de Infantería, Héctor Jacobo Cruz P., Soldado de Infantería, Erick Josué Irías, Sargento Segundo de Infantería, Pedro Rafael Ferrufino, todos miembros de la Policía Militar y del Orden Público y el Policía Preventivo Claudio Sánchez Jiménez, en la casa de habitación de la señora Yadira Leticia Ávila Martínez, situada en la aldea La Libertad Azabache, Danlí El Paraíso. TERCERO: En la casa de habitación descrita, se encontraban los hermanos de la propietaria de la vivienda, señores Jaime Bernardo Ávila Cruz y Alexis Alberto Ávila Ramírez, quienes bajo la sospecha de ser los autores del tiroteo a la casa del señor Santos Francisco Hernández, los policías descritos en el hecho segundo, procedieron a su detención, sujetando por la parte de atrás del cuello y tirándolo al suelo al señor Jaime Bernardo Ávila Cruz, y mientras se disponían a capturar al señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, este se deslizó por una pendiente y se lanzaron sobre el cuatro policías militares, uno tras otro y teniéndolo ya sometido, el Cabo de Infantería, José Alonso Miranda Almendarez, disparó con su arma de reglamento, contra la humanidad del señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, causándole una herida por proyectil de arma de fuego que se localiza en la cara anterior del hombro derecho de 0.6x0.4 cm con anillo de contusión de 0.1 cm de ancho, a 6 cm de altura de hombro, que siguió una trayectoria de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo y que produjo herida en la piel, fractura de húmero (hueso del brazo) derecho, tercera y cuarta costillas derechas, laceración y hemorragia de músculos del brazo derecho, músculos del tórax e intercostales, laceración de pulmón derecho, diafragma (musculo que separa tórax de abdomen) e hígado, con hemotórax y hemoperitoneo (Acumulación de sangre en la cavidad del tórax y el abdomen). CUARTO: Una vez herido el señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, los policías lo trasladaron en una patrulla, junto a su madre, al Hospital Gabriel Alvarado, con sede en esta ciudad de Danlí El Paraíso, sin embargo, cuando llegó al Hospital, ya había fallecido, siendo la causa de muerte: Hemotórax acumulación de sangre en tórax).” RECURSO DE CASACIÓN El recurrente Jacobo Humberto Salandia Vallecillo, en su condición de defensor privado de José Alonso Miranda Almendarez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal, mismo que establece que podrá interponerse recurso por quebrantamiento de forma, cuando en la valoración de la prueba no se haya observado las reglas de la sana critica. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Art. 202: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida Por su parte, el párrafo primero, del Art. 336, de la misma ley señala: "El Tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica". También, el Art. 338, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Tribunal sentenciador, en el numeral 2), Lo siguiente: "...Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados". Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el Tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. - La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera (fundamentación probatoria), el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece o no confiabilidad, y, además, porqué un elemento de prueba le conduce a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda operación, es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del CPP, ubica dentro de la "fundamentación del fallo" (regla cuarta), la valoración de la prueba.- Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica racional que implementa nuestro sistema procesal penal, en c:uanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los Jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a tas que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los Arts. 202 y 336 CPP y que recalca el Art. 338, sección cuarta, numeral 2 ("'...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio... "), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA) La Casación Penal. a Recurso de Casación Penal en el Nuevo Código Procesal Penal de la Nación), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando".- Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: A cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados: INDICACION DEL VICIO A. Sobre la ocurrencia del hecho Y la participación del acusado. El defecto de violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, de lesión al principio lógico de razón suficiente, resulta, de las diversas conclusiones probatorias a las que llegó el Tribunal de Sentencia, y que le condujo a establecer que el imputado JOSE ALONZO MIRANDA ALMENDAREZ tuvo participación en los hechos que originaron el deceso del ciudadano ALEXIS ALBERTO AVILA RAMIREZ cuando de las pruebas vertidas en juicio, especialmente la prueba testifical y pericial, la cual objetivamente no es confiable, se constató que mi representado actuó amparado en una Causa de Justificación contenida en el artículo 24 numerales l), 4) y 5) del código penal.- Veamos qué medios de prueba comprueban la existencia de esta causa: PRIMERO: Se declaró como hecho probado el siguiente: " ...los policías descritos en el hecho segundo procediendo a su detención, sujetando por Ja parte de atrás del cuello y tirando al suelo al señor Jaime Bernardo Ávila Cruz y mientras se disponían a capturar al señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, éste se deslizó por una pendiente y se lanzaron sobre el cuatro policías militares, uno tras otro y teniéndolo ya sometido, el cabo de infantería José Alonso Miranda Almendarez disparo con su arma de reglamento contra el señor Alexi Alberto Ávila Ramírez causándole una herida por proyectil de arma de fuego que se localiza en la cara anterior del hombro derecho. sabiendo el suscrito que este hecho es una verdad incuestionable para efectos de este recurso; se transcribe únicamente un fragmento de los hechos probados pertinentes, dada la finalidad del presente recurso es precisamente demostrar que esta "fracción" de hechos probados no responde o se deriva de prueba alguna evacuada en juicio.- Dada la intangibilidad del hecho probado, únicamente y para efectos de claridad del recurso, lo divido en premisas: a) los policías descritos en el hecho segundo procediendo a su detención, sujetando por la parte de atrás del cuello y. tirando al suelo al señor Jaime Bernardo Ávila Cruz; b) mientras se disponían a capturar al señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, éste se deslizó por una pendiente; c) se lanzaron sobre él cuatro policías militares, uno tras otro; d) teniéndolo ya sometido; e) el cabo de infantería José Alonso Miranda Almendrares disparo con su arma de reglamento contra el señor Alexi Alberto Ávila Ramírez. Estas premisas (partes del hecho probado) necesariamente deben derivar de las pruebas practicadas. En la sentencia condenatoria decretada en contra de mi representado, el señor José Alonso Miranda Almendarez, el Tribunal decreto en fallo condenatorio, después de realizar una valoración armónica de la prueba de cargo, (se valoraron varios testimonios y pruebas periciales en su conjunto) pero es precisamente en esta valoración que el Tribunal Sentenciador comete la violación al postulado de la lógica en relación al principio de derivación, que lo lleva a un fallo diferente, de haberse valorado las pruebas en respeto a los principios antes enunciados; estas vicios apreciados en la valoración de la prueba son los siguientes: a) En relación al testimonio del señor Jaime Bernardo Ávila Ruiz, (declaración que obra en [a página número seis vuelto líneas 33, 34 y 35 del acta de debate), este testigo declaró: a preguntas del ministerio público"... usted miró donde lo agarraron R/ si lo agarrón de acá del cuello y como allí el terreno es inclinado supuestamente se chollaron luchando Podrán apreciar los Magistrados de la sala de lo Penal que el testigo citado refiere una lucha entre los policías y su hermano (fallecido) no obstante con la palabra "supuestamente", lo que tiene una perfecta explicación dado que el testigo no observó el hecho a cerca del que está declarando lo que quedo confirmado en la reconstrucción de hechos (véase página ll línea 6 de la sentencia) esto será reforzado más adelante por otros testimonios de cargo a los que nos referiremos de igual forma, no obstante el Tribunal de Sentencia concluyó: para este tribunal el testimonio del señor Jaime Bernardo Ávila Ruiz, merece credibilidad, por cuanto el testigo al momento de su deposición se mostró lucido, ubicado en tiempo y espacio, coherente y concordante con otros medios de prueba... " aun y cuando es un hecho aceptado por el propio tribunal que el testigo no observo el hecho controvertido. Los factores de credibilidad y verosimilitud establecidos por la Sala de lo Penal en fallo anteriores, en efecto establece como criterios de valoración el estado de conciencia del testimonio en función de su percepción de la realidad, así las cosas, un testigo que no está orientado en "tiempo y espacio" o "coherente" por supuesto no puede ser valorado positivamente el problema de violación de las reglas de la sana critica en función del testigo Jaime Bernardo Ávila Ruiz no está en función de su capacidad intelectual o de conciencia en función de momento de la declaración o del momento en que estuvo en los hechos, sino más bien del hecho de no haber podido observar los hechos controvertidos aspecto que fue confirmado en la reconstrucción de hechos así expresado por el Tribunal Sentenciador, no pudiéndose "derivar" de su testimonio el hecho aceptado como verdad intangible, precisamente el reclamo en su valoración... " puede apreciar la Sala de lo Penal que el testigo de igual forma cae en una serie de contradicciones en el momento de su declaración con su testimonio dada en etapas anteriores situación que es evidenciada con la introducción por lectura del secretario aspecto que no es tomado en cuenta al momento de su valoración, a la que se le da total credibilidad; violentando con ello el principio de derivación en la valoración de testimonio el Tribunal acreditados hechos que ni el mismo testigo pudo observar. b) En relación a la valoración del testigo Gerson Roney Maradiaga, visible su declaración en la página numero 8 vuelto del acta de debate, líneas 14, 15, 1 6 y 17 el testigo a preguntas del fiscal declaró: “… su tío Alexis andaba pistola? R/ si, ¿Cómo era? R/ una escuadra. ¿Grande? R/ no, pequeña. ¿Viste que hicieron con esa arma allí? R/ él cuándo iban de rodada él la boto y después yo me fui para la casa y cuando la sacaron para la calle nosotros íbamos un militar se paró en ella y después la junto..."; veamos líneas 25 y 26 de 'a misma página 8 vuelto, siempre a preguntas del fiscal: "…¿miraste a tu tío cuando le pegaron el tiro? R/ llegue como 4 o 5 minutos después...". Se desprende de este testimonio, el testigo Gerson Roney Maradiaga presencia un acto que involucra varias personas, al decir "iban de rodada", aunado al hecho que no termina de ver el desenlace de los hechos controvertidos, dado que llegó "4 o 5 minutos después", el Tribunal de Sentencia en su valoración establece que su testimonio merece "credibilidad por ser congruente con lo declarado por el testigo Jaime Bernardo Ávila Ruiz, además de tener en c:onsideración que al momento de su deposición estaban lucidos, ubicados en tiempo y espacio y su declaración fue coherente "(ver página 14 de la sentencia líneas 22, 23 24 y 25) La sala de lo penal ha establecido como punto jurisprudencial al momento de valorar los testimonios no olvidar análisis de credibilidad y verosimilitud como aspectos a ser valorados al momento de conceder o disminuir valor probatorio a las declaraciones; en la valoración de este testimonio en particular el Tribunal Sentenciador no tomo en consideración que el mismo testigo admitió no haber visto, con sus sentidos los hechos, es más, el testigo es contundente al manifestar que llego de cuatro a cinco minutos después (de que su tío recibiera el disparo); el Tribunal Sentenciador da credibilidad a su testimonio al ser coincidente con el del testigo Jaime Bernardo Ávila Ruiz que, como ya se dijo líneas atrás, no pudo observar los hechos, violentado de esta forma el principio de derivación al momento de construir el hecho probado, no derivándose de prueba presencial, sino de testigos de cargo que en sus deposiciones, posteriormente contrastadas con la reconstrucción de hecho, se admite no observaron los hechos. B.- El INFORME BALISTICO MEDICO LEGAL (AUTOPSIA), INFORME DE INSPECCIONES OCULARES Y ALBUM FOTOGRAFICO ELABORADOS TANTO POR LA DIRECCION DE MEDICINA Y LA AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACIO, que sirvió de base a la acusación. En Una síntesis de los contenidos de estos documentos periciales que fueron incorporados por parte del ente acusador ante los miembros del tribunal de sentencia, expondremos de forma clara y precisa cual era el contenido falacico, incongruente y fuera de toda contextura lógica y creíble: 1. Acta de Decomiso o secuestro del Arma de Fuego de reglamento de JOSE ALONZO MIRANDA, cuya serie corresponde al número AO 398389, y la cual fue entregada por el propio procesado en fecha 18 de mayo del 2018, cuatro (4) horas después del hecho junto con los cargadores y noventa (90) cartuchos; evidencia que fue decomisado en la fecha señalada como a eso de las 4:40p.m. pero esta a su vez comienza la Cadena de Custodia a las 8:18p.m., tal como puede ser apreciada en el documento en mención, de la cual sobresale que no se determina quien o quienes son los funcionarios que realizaron dicho documento, violentándose de inicio los procesos legales establecidos para el manejo de indicios que posteriormente se convertirán en medios probatorios. 2. Acta de Inspección Ocular Numero 1 -81-206 El medio probatorio fue elaborado por el Agente Técnico de Investigación YOSLI CARIAS, quien relaciona en su contenido que se traslada al lugar de los hechos (Aldea de Azabache, Danlí, El Paraíso) como a esos de [as 7:30 p.m., llegando al lugar como a eso de las 9:35p.m. junto con el fiscal German Reyes, a las preguntas de la Defensa acerca si la escena se encontraba acordonada por miembros de la policía nacional de aquella zona: . ...responde que no se encontraba acordonado. - ¿Se le pregunta si la escena cumple con los requisitos establecidos para resguarda la escena? el mismo responde no es confiable? ¿Se le pregunta cómo pudieron identificar el lugar preciso de los hechos? El mismo responde: …fuimos guiados a la escena por YADIRA LETICIA AVILA, pero que no hay lago hemático que determine que ese es el lugar donde fue herido el «señor Alexis Ávila; en este caso Honorables miembros Magistrados no existe ni ha existido un testimonio por parte de la señora Ávila y lo que desacredita este medio probatorio es que aún no se tiene ni se tuvo la certeza el lugar donde se desarrollaron los hechos. 3. Acta del Álbum fotográfico número 1-81-2016: En esta acta en particular que fue elaborada por el técnico DEYVIS ALVAREZ, adscrito a la Agencia Técnica de Investigación (A.T.I.C.) y que complementa el acta relacionada anteriormente tenía el contenido de 21 exposiciones fotográficas, donde sobresalen que las misma fueron tomadas bajo la oscuridad de la noche, donde realmente no podremos despejar ningún tipo de interrogantes acerca del hecho; pero lo sorprendente de esta acta, es que el propio técnico solamente procedió a ratificar 18 fotografías, del Álbum en referencia, en virtud que expuso ante los jueces sentenciadores, que desconocía el origen y lugar de las fotografías restantes, con lo que nos enfrentamos a un documento cuestionado. 4. Dictamen de Autopsia Numero 2016-0801-0401-0927 En esta pericia que es de suma importancia científica por que determina clara y científicamente cual o cuales fueron las causas del fallecimiento de una persona; presento una serie de incongruencias que fueron puestas en conocimiento al ente juzgados; señalaremos en primera instancia que el levantamiento cadavérico número 2016-0703-0701-0057 del señor ALEXIS ALBERTO AVILA RAMIREZ, fue realizado dentro de la Morgue del Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, pero sobresale en este documento que no existe la recolección de la vestimenta del fallecido, la cual es descrita y que resultaba de mucha importancia para evacuar pruebas que nos llevaran a la verdad, pero de la cual ningún funcionario público da cuentas de esas pertenencias, lo que reitera las sendas violaciones a los procedimientos legales establecidos para la custodia y protección de la escena original y modificadas, lo cual nuevamente en tela de duda su credibilidad; refiriéndonos propiamente a la autopsia que se le fue practicada al señor Ávila, nuevamente nos encontramos con la descripción de indicios encontrados y fotografiados por la perito forense SANTA MARILYN MARZAN, donde aparece una fotografía que corresponde a otra autopsia (AT-201 60926 SMM) y de la cual fue retirada por la perito, sin tomar en consideración que era ya conocido por las partes y esta ratifico ante el Tribunal sin realizar la salvedad de los que había extraído; pero al interrogatorio de la defensa, acerca de lo encontrado en el cadáver, esta refiere que el cuerpo venia sin vestimenta, que el mismo presentaba una serie de equimosis y escoriaciones producto de signos de arrastre, pero señala claramente que la herida por arma de fuego se ubica en la cara anterior al hombro derecho, y que el lugar donde se produjo no existe un ORGANO VITAL, ya que no pone en peligro la vida, pero que el proyectil se fragmento por haber impactado en el hueso del brazo, la recuperación de los indicios en el cuerpo y de la cual fueron consignados únicamente DOS (2), pero en los indicios recibidos fueron colocados TRES (3), la funcionaria responde..... no puede determinar cuál de los tres fragmentos no consigno en la preliminar de la autopsia; Nos ataca la duda si la perito forense ha podido confundir fotografías y evidencias, que pueden corresponden a una autopsia distinta a la del fallecido ALEXIS AVILA Tendremos confiabilidad de lo consignado en el mismo, sino ha podido por ética profesional apegarse a las normas legales conocidas ampliamente por la profesional de la medicina, al manifestar que cuenta con casi 25 años de experiencia en la rama; nos preguntamos honorable miembros corresponderán estos indicios encontrados realmente al cao judicial en el cual ha sido condenado nuestro representado, cuando se presentan esas sendas incoherencias que denotan la manifiesta impericia en la recolección de indicios encontrados no solo en este cadáver sino en los anteriores o subsiguientes, sería prudente revisar que paso en la fecha que fue realizados estos procedimientos legales, ya que no tenemos ni siquiera la certeza de que pertenezcan a este dictamen legal. 5. Dictamen Balístico Numero 2016-0801 -0502-3824 Esta pericia que determina claramente a quien corresponde la evidencia decomisada o la posible arma de la cual fue percutido el proyectil que causó la muerte al señor ALEXIS ALBERTO AVILA RAMIREZ, es posiblemente el medio probatorio carente de toda CREDIBILIDAD, debido a las sendas irregularidades de su contenido; señalaremos que el perito balístico encargado de la elaboración del dictamen LUIS GUILLERMO ORTEGA PAZZETTY, describe en el mismo que dicha pericia fue realizada en fecha 23 de mayo del 2016, que recibe para su comparación balística: "un arma de fuego, tipo fusil, modelo m4, calibre 5.56X45mm con serie AO 398389, tres cargadores y noventa cartuchos" y procede a solicitar para la elaboración de la pericia de comparación: 1) Un casquillo encontrado en la escena; 2) Se solicita en calidad de préstamo de la autopsia número 927-2016 practicada al señor ALEXIS ALBERTO AVILA RAMIREZ, un revestimiento de cobre, cilíndrico con rallado y dos fragmentos de plomo en la fecha relacionada el perito balístico procede a realizar disparos con el arma decomisada y practicar el análisis comparativo, el cual sorprendentemente resulta POSITIVO, pero esto no es lo cuestionable miembros de la Sala Penal, Se hace un análisis comparativo entre la Cadena de Custodia iniciada por la autópsiate Marilyn Marzan donde se describen los tres fragmentos de bala encontrados y extraídos del cuerpo del fallecido y se determina que realmente tuvo a disposición los indicios comparativos hasta 10 días después de haber emitido y puesto a disposición de la autoridad el dictamen balístico positivo!!!!! Entonces nos preguntamos: ¿Como hizo el análisis comparativo balístico que resulto POSITIVO, sino tenia los indicios a su disposición? Nos ataca la duda acerca que como tuvo conocimiento de lo encontrado en la autopsia si esta fue impresa hasta el 24 DE MAYO DEL 2016, y el dictamen claramente determina como fecha 23 DE MAYO, si de acuerdo a la Cadena de Custodia el indicio recibido por el Balístico PAZZETY lo recibió en fecha 03 DE JUNIO del 2016, ósea 10 DIAS DESPUES DE ELABORAR EL DICTAMEN BALISTICO POSITIVO y esto nos referimos a documentos públicos, los que presumimos deberían de contar con toda la credibilidad????, entonces estamos frente a la falta de lealtad con la Justicia, a la falta de objetividad del Ministerio Publico, a la Ilegalidad de la Prueba o una prueba ilícita en perjuicio de mi representado, pero sorprendentemente los juzgadores que condenan con este medio probatorio ilícito manifiestan: "no cabe ninguna duda que es un profesional con mucha experiencia sobre la materia que ha dictaminado........" relaciona convenientemente que el arma de reglamento acabo con la vida del señor ALEXIS ALBERTO AVILA RAMIREZ, sin haber un análisis de lo señalado y que fue ampliamente expuesto en la celebración del debate y que dicha experiencia fue puesta en duda, cuando al momento de llevarse a cabo la Reconstrucción de Hechos, el perito Pazzety, se hizo acompañar de otro perito balístico, que nunca fue propuesto y que colaboro para la evacuación de su pericia a la vista y paciencia de los miembros del tribunal sentenciador y el cual se encuentra documentado en las fotografías que fueron tomadas en el lugar de los hechos.- Pero quedo claramente expuesto el perito balístico LUIS GUILLERMO ORTEGA PAZZETTY, en las sendas contradicciones que fueron expuestas al momento de ratificación de SIJ pericia, ya que como se ha señalado no son concordantes las fechas en que se emiten la pericia con el recibimiento del indicio encontrado en la autopsia, tal como se acredita con la Cadena de Custodia, el cual es el documento que certifica la intensidad del manejo de los indicios, este documento presenta sendas irregularidades en su contenido y que producen la nulidad absoluta de oficio debido a que ha violentado las normas esenciales de los procedimientos y sobre todo vulnera Garantías Constitucionales aplicables tanto a funcionarios públicos como a favor de nuestro representado, al contar con un documento falacico en su contendido y de cual no puede dársele ningún tipo de CREDIBILIDAD NI VALOR JURIDICO.- Idéntica suerte concurre en la Prueba Evidencial, en la cual señala en los indicios recolectados en la Autopsia del fallecido la recolección de dos fragmentos pero de acuerdo a los documentos relacionados el perito balístico recibió un revestimiento y dos fragmentos, pero al momento de ser aperturados ante el tribunal de sentencia con la presencia del señor secretario, aparecen únicamente dos fragmentos, y sorprendentemente no existe una explicación acerca de donde se encuentra el revestimiento que resulto positivo al dictamen, y que se ha mantenido en custodia del Ministerio Publico, y del cual en el fallo condenatorio se omite esta circunstancia que se encuentra documentada y grabada en la Audiencia de Juicio Oral y Público. C.- Las declaraciones testificales de la defensa y el testimonio del Acusado. El tribunal de sentencia en su valoración de la prueba testifical de descargo, realiza Una serie de valoraciones que le permiten restar valor probatorio a los testimonios de Yonis Roney Ramos Mejía en función de lo declarado por el imputado; (ver página 47 vuelto de la sentencia) sin embargo las contradicciones señaladas son en función de la dinámica de lucha que existió entre el fallecido y los policías presenciales del hecho; lucha que es referida de igual formo por los testigos de descargo; valoración que encontramos en la página 50 vuelto de la sentencia, en donde el Tribunal establece que la declaración del imputado no tiene credibilidad porque es "incoherente" con lo declarado por el único testigo de cargo, sin referir el tribunal en que consiste tal incoherencia (recordemos que en la valoración del testimonio de Yonis Roney Ramos Mejía refirió ser su testimonio "contradictorio" no incoherente, conceptos que si bien es cierto guardan relación, no son sinónimos), luego en el mismo apartado de la valoración el tribunal sentenciador refiere que la declaración del imputados es "inverosímil" porque los hechos por el narrados violentan el "principio de proporcionalidad" en el uso de la fuerza, lo que denota desconocimiento del tribunal al momento de utilizar conceptos para desvalorar prueba de descargo, ya que la inverosimilitud nada tiene que ver con el' uso excesivo de la fuerza (si ese fuera el caso, estaríamos ante una legítima defensa incompleta) y todo en congruencia con tos medios probatorios científicos, que lograron evidenciar que aun no contando con la credibilidad, si fue rescatable lo vertido y señalado por esta defensa al momento de desarrollarse el debato y el cual puede ser analizado por la Sala de lo Penal.- Teniendo conocimiento esta defensa de la intangibilidad de los hechos probados para efectos de este recurso de casación, no obstante lo anterior, debiendo respetarse en la configuración de estos hechos probados las reglas de la sana critica, la experiencia común, la lógica y las máximas de la experiencia, las que se han violentado según lo hemos desarrollado en el inciso B) de este recurso de casación, violaciones perfectamente verificables con la sola lectura del acta de debate y la sentencia misma que se recurre, reuniéndose así los requisitos establecidos en el numeral 3 del artículo 362 del código Procesal Penal, siendo de derecho ordenar el quebrantamiento de la sentencia. SEGUNDO MOTIVO: Haber incurrido en la Infracción de precepto penal sustantivo por omisión. Quien obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal en relación al artículo 24 del Código Penal. Con los medios de prueba evacuados se demostró que el imputado JOSE ALONZO MIRANDA ALMENDAREZ, como miembro de la Policía Militar del Orden Público (P.M.O.P) asignado al destacamento de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que fue enviado junto con otros miembros militares, hacia la Aldea Azabache, Danlí, El Paraíso; atendiendo la denuncia que había sido interpuesta tanto en el Ministerio Publico como en la Dirección Policial de Investigación (D.P.I.) y la cual se hacía acompañar de un proveído de carácter urgente, para la realización de varias diligencias investigativos, tal como presento en el debate, y en la cual consistía entre una de ellas presentarse al lugar de los hechos, para verificar los extremos contenidos en fa denuncia interpuesta por el señor de la tercera edad, Santos Francisco Hernández. Una vez en el lugar, el ahora occiso Alexis Alberto Ávila Ramírez en compañía de su hermano Jaime Bernardo Ávila Cruz, ambos en posesión de armas de fuego, de la cual no portaban ninguna autorización para el uso de las mismas y por la cual este último fue requerido por el Ministerio Publico ante el Juzgado de Letras Seccional de Danlí, por la Portación Ilegal del Arma y siendo requeridos por la autoridad; se va a la lucha con varios policías, donde logra finalmente vencer al policía Yonis Roney, apuntándole con su arma de fuego para causarle un daño corporal irreparable (muerte) es que procede mi representado JOSE ALONZO MIRANDA ALMENDAREZ, a hacer uso de su arma de reglamento, haciéndole un disparo en el hombro de la mano derecha, donde sostenía el arma de fuego que apuntaba a su compañero, para que desistiera de esa acción, ya que no atendía-las advertencias que la soltara y puede denotarse claramente que la herida no va dirigida a dañar ningún órgano vital que pudiese causarle la muerte al ciudadano ALEXIS AVILA, tal como quedo constatado científicamente por la autópsiate en su pericia, tal como se describe en las argumentaciones legales que se exponen a continuación: l . El artículo 24 del Código Penal establece Quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima: b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurran las tres (3) circunstancias respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los indicados lugares; 2) El que obra en defensa de la persona o derecho de su cónyuge o de la persona con quien hace vida marital, de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o de los parientes por adopción en los mismos grados, siempre que concurran las circunstancias previstas en los literales a) y b) anteriores, y la de que, en caso de haber precedido provocación suficiente de parte del defendido no haya tenido participación en ella el defensor; 3) El que obra en defensa de la persona o derechos de un extraño siempre que concurran las circunstancias previstas en el numeral anterior y la de que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo; 4) Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otro u otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea proporcionado al peligro.- 5) QUIEN OBRA EN CUMPLIMIENTO DE UN DEBER O EN EL EJERCICIO LEGITIMO DE UN DERECHO, OFICIO O CARGO 2. De la dinámica de los testimonios tanto de cargo como descargo se desprenden la agresión ilegitima que son objetos los policías encargados de realizar el registro al que el señor Alexis Alberto Ávila Ramírez se OPUSO, mismo que PUSO en peligro la vida no solo la vida del señor Yonis Roney Ramos Mejía sino la de todos los policías participantes, misma que era inminente. 3. La proporcionalidad está determinada por la igualdad de armas a utilizar, ambas implicaban un alcance de fuego, por lo que se cumple lo prescrito en la norma sustantiva. 4. La falta de provocación la determina el motivo por los cuales los policías van a lugar, en cargo a su función policial, con lo cual honorable miembros de la Sala de lo Penal nos encontramos frente al Cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo; desestimando cualquier motivo que implique venganza, resentimiento o motivo ilegitimo; y por ende que puedan señalarse en los hechos relatados la ausencia total del DELITO DOLOSO, ya que nunca ha existido ni existió en el momento de suscitarse los hechos el conocimiento y la voluntad (Elemento intelectual o cognoscitivo y Elemento Volitivo) de causarle la muerte al señor Alexis Alberto Ávila Ramírez, por lo que es de derecho, pronunciarse en aras de una economía procesal, en función de este motivo de casación por infracción de ley. Nuevamente, la resolución recurrida pierde logicidad en la valoración de la prueba referida y a pesar de esa claridad probatoria, el Tribunal Sentenciador se negó a reconocer esa realidad fáctica derivada de la relación de medios de prueba No confiables, como ser DOCUMENTALES, TESTIFICALES, PERICIALES que resultan incoherentes con la realidad de los hechos, De tal forma que al momento de valorarse la prueba, se infringió la regla lógica de la DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente, según el cual el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, siendo eso lo que precisamente escapó al Tribunal recurrido, al no haber extraído conclusiones razonables del la prueba referida. Por el contrario, este Tribunal de Sentencia procedió a obviar las sendas irregularidades expuestas ante los mismas en flagrante violación a Garantías Constituciones adversas a la verdad y al Estado de Inocencia, Debido Proceso y Principio de Legalidad que le asiste a mi representado JOSE ALONZO MIRANDA ALMENDAREZ, y que evidencian su negación absoluta al reconocimiento de la prueba ilícita que es nula de pleno derecho, y que a la vez le hace caer en Un plano de subjetividad que no corresponde ser expresado por Un Tribunal de Justicia, que debe basar sus juicios en valoraciones objetivas de la prueba, y no en actitudes asumidas por las partes, menos cuando esos juicios menoscaban la posibilidad de defensa establecida por la ley.- Conviene a esos propósitos citar al jurista JOSE I. CAFFERATA NORES, quien en "La prueba en el proceso penal", atinadamente señala : "Con relación a la sinceridad del testimonio, son de significativa importancia las siguientes consideraciones: A) Es preciso descubrir si no hay algún interés que pueda influir sobre la voluntad del deponente (v.gr., convivencia, soborno), u otras circunstancias que influyendo en su ánimo (v.gr., relación de familia, afecto, odio, etc.) puedan hacerlo apartar, consciente o inconscientemente, de la verdad...B) El control interno de [a declaración es sumamente eficaz para evaluar la veracidad del testigo. EE relato dubitativo ("me parece..."), contradictorio, o producido por medio de un "discurso premeditado", De toda esa relación probatoria, como lo exigen los Arts. 202, 336 y 338 del CPP, la correcta conclusión fáctica que se extrae es la ocurrencia de un hecho criminoso reñido con la ley que concluyo con la muerte de una persona, ocurrida en la defensa de sus compañeros y en el ejercicio de su cargo, pero el Ministerio Publico se ha llamado a un silencio cómplice de todas las irregularidades señaladas, con el fin de lograr una sentencia condenatoria como un Acusador a ultranza y no como el ente investigador regido por el Principio de Objetiva, ya que ha logrado manipular los medios probatorios que impiden se descubra la verdad sobre los hechos, ya que si, según la regla lógica de la DERIVACION, informada por el Principio de Razón Suficiente, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, no es posible que en el presente caso la conclusión del hecho se base en medios de prueba tan cuestionables, débiles e inconsistentes, como los estimados para emitir el fallo condenatorio, y opuestos a elementos de convicción que objetivamente no son confiables.- Y esta regla lógica de la DERIVACION, ha sido reconocida como norma de logicidad en las sentencias, como lo expresan las sentencias emitidas por la Sala de lo Penal, y registradas con los números 164-05 (del 13 de diciembre de 2005) y 01-2007 (del 31 de julio de 2007).” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo. • Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas: infracción a las normas de la sana critica. • Concepto de la infracción: la sana critica en relación al postulado de la lógica en relación al principio de derivación. • Pretensión: casar la sentencia El recurrente Abogado Jacobo Humberto Salandia Vallecillo, en su condición de defensor privado de José Alonso Miranda Almendarez, refiere la existencia de un vicio en la sentencia que enmarca en la violación de la regla de sana critica, durante el desarrollo del recurso, no determina específicamente cual es el defecto en concreto, que haya causado una afectación a su representado, ya que el articulo 362 señala los motivos específicos, dice que hay perjuicio por el principio lógico de razón suficiente y que resulto, de las diversas conclusiones probatorias a las que llegó el Tribunal de Sentencia, que condujo a establecer que el imputado José Alonzo miranda Almendares tuvo participación en los hechos que originaron el deceso del ciudadano Alexis Alberto Ávila Ramirez. El censor copio los medios de prueba y relaciono doctrinas existentes en materia penal. Así mismo refiere el impetrante que existe una causa de justificación contenida en el artículo 24 del código penal. El desarrollo del recurso no es claro. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. El recurrente denuncia como primer motivo de casación, que la sentencia recurrida violenta la sana critica en relación al postulado de la lógica y el principio de derivación. No identifica de forma clara y precisa cuál es el defecto que le causo agravio tal como ordena el artículo 362 del código procesal penal, el cual establece que, al tratarse de la casación en la forma, se debe exponer con claridad y precisión los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos. el precepto invocado como autorizante por el recurrente contiene argumentos de casación distintos. la no observancia de las reglas de la sana crítica es también un motivo de casación distinto en el cual se debe identificar cuál ha sido la regla considerada como infringida y desarrollar una argumentación orientada en definitiva a comprobar tal alegato. el recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio. En el caso de mérito el ente fiscal para sustentar su tesis acusatorio presento, entre otros los siguientes medios probatorios:1) Testifical a) Jaime Bernardo Ávila Ruiz b) Gerson Roney Maradiaga Ávila c) Anita De Jesús Martínez Ruiz. 2)Documental a) Acta de decomiso o secuestro b) Acta de inspección ocular álbum fotográfico y recolección de indicios 3)Pericial a) dictamen de Autopsia 2016-0801-0401-927 de fecha 18 de mayo del 2016 por la doctora Santa Marilyn Moncada Marzan b)Dictamen Balístico elaborado por Luis Alonzo Ortega Pazzetty 4) prueba Evidencia a) una bolsa plástica trasparente firmada y sellada conteniendo en su interior un arma de fuego tipo fusil marca m4 calibre 5.56mm B) dos sobres de manila uno conteniendo en su interior un casquillo cilíndrico aparente la que corresponde al calibre 5.56 mm-5) Reconstrucción de Hechos el testigo JAIME BERNARDO AVILA RUIZ dice. En la fecha que ocurrió yo estaba con mi hermano Alexis Ávila en el corredor de la casa, ,cuando de repente miraron el grupo de militares, a el lo agarraron primero del Cuello por lo que se rindió y lo enchacharon, lo tiraron al suelo luego le dijeron que se hincara, y el otro grupo viene por el otro lado, de la casa agarraron a su hermano del cuello y como el terreno allí es inclinado, ellos estaban orillados de donde el esta los militares se fueron choyados hacia abajo, luego alguien cerrojeo el arma, luego escucho el disparo del arma, vio que apuntaban a su hermano. Al interrogatorio. Eso ocurrió miércoles 18 de mayo 2016. Entre las 9 a 10 de la mañana primero me salieron a mi uno de ellos es Sánchez lo conocí. Andaban de 7 a 8 militares a su hermano le dispararon con un arma larga, Gerson Roney Maradiaga Ávila. Dice que a su tío lo mataron en casa de su mamá, estaba en el corredor con su tío Jaime, y yo estaba en la finca sembrando frijoles, estaba con un primo, yo estaba como a 15 varas de donde mataron a mi tío, llego un grupo de policías agarraron a mi tío iban 4 con mi tío Alexis, allí escuche el tiro, solo escuche un tiro, andaban vestidos de traje militar, el militar boto el arma, y un militar se para en ella y la recogió,, cuando llegue mi tío estaba boca arriba, era una escuadra cacha de palo. Además, entre las pruebas evacuadas está el Acta de Inspección ocular, elaborado por Armando Carías Cruz, donde describió el lugar como un terreno a desnivel, hay una inclinación un poco considerable porque la zona es montañosa; el lugar donde cayó el cuerpo se encuentra de quince a dieciséis metros, esa calle no es transitable para vehículos. En el acápite de la valoración de la prueba, entre otras cosas el Tribunal estableció lo siguiente: El Acta de decomiso de arma de fuego tipo fusil y cargadores merece credibilidad para el tribunal en virtud de haber sido practicada por una persona capacitada, asimismo, el Acta de inspección ocular y su respectivo álbum fotográfico, si bien al momento de la inspección ya no se encontraba el cuerpo de la víctima en el lugar en que ocurrieron los hechos coincide la declaración de testigos que refieren donde cayó el cuerpo, este medio de prueba merece credibilidad. El dictamen balístico ratificado en juicio, el impetrante hace alegaciones no muy claras, donde se refiere a la violación a las reglas de la sana critica, así mismo argumenta la no aplicación del principio lógico de razón suficiente, aseverando la existencia de una causa de justificación como ser la contemplada en el artículo 24 del código penal, que es la legitima defensa de tal forma que el recurso no es claro, y no se determino específicamente cual es el defecto. Que causo agravio al imputado en el caso de méritos el impetrante desarrollo diferentes aspectos relacionados a la sana critica, y de doctrinas que invoca, con relación a la valoración de los medios de prueba, en tal sentido en ningún momento señala cual fue el defecto que causo agravio a su defendido, por tal razón se dificulta dar respuesta a este recurso. Por todo lo anterior. Esta sala penal. Ha establecido en sus sentencias la forma de como se presenta y sustenta un recurso de casación que debe tener claridad para responder los agravios alegados, se procedió a revisar la actuación del A-quo y se concluyó que la valoración a que se refiere el impetrante, hecha por el tribunal, fue claro pertinente suficiente, y se deriva de las pruebas evacuadas en juicio por lo que no comparte el criterio del censor. De esta manera se desestima este recurso. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc. Es decir, aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un Recurso de Casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del Juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación por el Juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Recurso de Casación por Infracción de Ley presentado por la Defensa Privada. • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: artículo 24 del código penal. • Concepto de la Infracción: falta de aplicación de una causa de justificación. legítima defensa. • Pretensión: que se case la sentencia. El censor en su segundo motivo, refiere de un vicio el cual lo describe como la existencia a favor de su defendido de una causa de justificación siendo esta, la Legitima defensa explicando que el ofendido se fue a la lucha con varios policías, donde logra finalmente vencer al policía Yonis Roney, apuntándole con su arma de fuego para causarle un daño corporal irreparable, por lo que el acusado José Alonzo Miranda Almendares, al hacer uso de su arma de reglamento, disparo al hombro de la mano derecha al ofendido donde sostenía el arma de fuego que apuntaba a su compañero, y con ello desistir de la acción. por qué no atendía las advertencias de soltar el arma. Argumenta el recurrente que se denota claramente que la herida no va dirigida a dañar ningún órgano vital que pudiese causarle la muerte al ciudadano Alexis Avila, y que se reúnen los tres elementos que exige el artículo 24 del código penal para que se dé una causa de justificación como la legitima defensa. El compareciente en su argumentación primero invoca, la causa de justificación, luego se refiere a la valoración de la prueba. haciendo un planteamiento confuso. del principio de debida técnica en el recurso de casación penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez). De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a. Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley. De la Procedencia del Recurso de Casación Por infracción de Ley. El recurso No es de Recibo. El censor, en la exposición del segundo motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, el principio de debida técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” situación que no se dio en el caso de marras, y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. En el caso de mérito el recurrente presenta una casación por quebrantamiento de forma donde hace alegaciones de sana crítica y también de una legítima defensa y se fundamentó en el artículo 360 del Código Procesal Penal y en el Artículo 24 del Código Penal, en este mismo recurso plantea un segundo motivo por infracción de ley, el cual sustenta en el Artículo 360 del Código Procesal Penal, procedimiento incorrecto ya que esta Sala de lo Penal se ha pronunciado en base al principio de la debida técnica, se desprenden los requisitos formales para la interposición del recurso, los cuales constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación. Tal como se había descrito anteriormente, debieron ser presentados por separados. El censor no realiza un desarrollo adecuado, “Ya que debió indicar separadamente cada motivo de casación” ya que así lo establece el procedimiento y la jurisprudencia. El censor en la presente causa hizo alegaciones solo hace revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con la ley, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por el recurrente. DECISIÓN Se declara No ha Lugar el Recurso De Casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo interpuesto por la defensa privada. Se declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su motivo interpuesto por la defensa privada De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. No es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal del acusado Jacobo Vásquez Pérez, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor José Alonso Miranda Almendarez, una pena principal de reclusión de quince (15) años de reclusión, por el delito de homicidio en perjuicio de Alexis Alberto Avila Ramirez más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, a la persona responsable del delito de homicidio (Art.192), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado José Alonso Miranda Almendarez, conforme el CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 15 a 20 años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 116 Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo y No Ha Lugar el Recurso por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Abogado Jacobo Humberto Salandia Vallecillo, en su condición de defensor privado del señor José Alonso Miranda Almendarez, a quien se le condenó por el delito de Homicidio simple en perjuicio de Alexis Alberto Ávila Ramirez. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha doce de diciembre del dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Rina Koritza Sandoval Navas. – secretaria de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a once de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-488-2019.

Lety Emelda Posadas Rodriguez.

receptora adscrita a sala de lo penal.”