Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-46-21 — Registro 19338

Resumen

Se condenó al imputado por los delitos de tentativa de homicidio y robo, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."el recurso no es de recibo. En revisión de la foliada judicial la Sala de lo Penal ha constatado que en fecha quince de mayo del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (f. 81), en donde las partes ofertaron la carga probatoria que respaldaría sus respectivas teorías en la etapa de juicio. En fecha veintiséis de noviembre del año dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de debate (f. 116) en el cual se evacuaron los medios de prueba propuestos con excepción del testigo protegido con clave K6 no teniendo objeción la defensa pública de la renuncia expuesta por el Ministerio Público sobre dicho medio de prueba, Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Al analizar la suficiencia de la prueba de cargo evacuada en juicio para declarar el fallo de culpabilidad en contra de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de José Efraín Romero Meza; la Sala de lo Penal concluye que la misma sí cumple con el requisito de suficiencia para colegir razonable y objetivamente que la acusada realizó el delito por el que se le ha condenado. Al remitirnos al acumulado probatorio, se constata que el sentenciador fundó su pronunciamiento condenatorio en la prueba de cargo siguiente: 1. Declaración testifical del testigo José Efraín Romero Meza”. 2. Informe investigativo. 3. Constancia emitida por el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba, Atlántida. 4. Certificación de Acta de Nacimiento. 5. Denuncia de fecha 3 de marzo de 2017. 6. Acta de Inspección Ocular. 7. Dictamen Médico Legal. En la intelectiva el sentenciador colige (f. 127) que el acusado con la intención de darle muerte a la víctima, le dispara 3 veces en distintas partes de su cuerpo tales como el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y una vez en el suelo acciona en dos ocasiones más su arma, pero esta no logra hacer los disparos, siendo esto, actos inequívocos de ejecución, que no se consumaron, en prime lugar por no poder materializar los últimos 2 disparos en contra de la víctima, y el hecho también del auxilio oportuno de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes conducen a la victima al Hospital General Atlántida, para su atención e intervención médica inmediata, por lo que no se consumó la muerte de la victima por causas ajenas a la voluntad del acusado; por todo ello el tribunal considera que los dichos de la víctima merecen plena credibilidad, ya que el mismo era una persona que estaba presente en el lugar de los hechos, al ser empleado del negocio de pollos Marlon, lugar donde se desarrollaron los hechos, que no se denota de la declaración de la víctima algún interés particular en afectar al acusado, sino solamente la intención de manifestar lo que percibió y logro apreciar, siendo coincidente y coherente en sus dichos, concluyendo el a quo que la prueba del testigo coincide con los demás medios de prueba de cargo propuestos. Al analizar por esta superioridad el anterior iter lógico, se concluye que en el mismo se han respetado las reglas de la sana crítica, pues los razonamientos son derivados y concordantes de los elementos probatorios, testifical, documental y pericial, no falsean su contenido y conducen razonablemente a concluir que el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, sí realizó el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa. El tribunal de instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, se constata que existió porque los medios de prueba se obtuvieron lícitamente y se practicaron en el juicio oral bajo la vigencia de los principios que rigen la actividad probatoria, que el razonamiento de convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permiten su consideración de prueba de cargo. La prueba permite, así concluido por el sentenciador, la existencia sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal reprochado al acusado. Ha existido prueba de cargo válida cuya virtualidad provoca el decaimiento del estado de inocencia del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, así como que también se explicitó suficientemente los razonamientos para justificar el decaimiento del estado de inocencia. Como se ha expuesto anteriormente, no puede pretender el recurrente que esta superioridad al abordar su recurso, se forme otro resultado probatorio u otra convicción valorativa de la prueba evacuada en juicio. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde su punto de vista se acomode a su personal interés, sino que habrá que argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por la instancia. Por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el veredicto de culpabilidad proferido por la instancia, respeta el estado constitucional de inocencia y el debido proceso, pues la prueba aportada resultó razonablemente suficiente y categórica para desvanecer el estado de inocencia del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

El Recurso no es de Recibo. El censor del fallo que se impugna aprecia que el fallo incurre en infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 116 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Homicidio Simple. Para lo cual es necesario hacer una revisión detallada de los hechos probados los cuales relatan, en resumen: “Primero: El día 23 de febrero del 2017, a eso de las 3:30 de la tarde, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, llego al negocio denominado Pollos Marlon, ubicado en el Barrio el Centro, frente antiguo local de La Cervecería, en La Ceiba, Atlántida, y saco un arma de fuego con la que apunto a los empleados y clientes del negocio, despojándole al empleado José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00, en efectivo, llevándoselos consigo, y retirándose del lugar en una bicicleta. Segundo: Pasados unos minutos el señor José Efraín Romero Meza, toma una motocicleta marca Yamaha, color rojo y blanco, y se dirige en persecución de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, y a pocas cuadras del lugar frente a la antigua línea del tren en el sector de Barrio Ingles en la misma ciudad, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, se percata que está siendo seguido, por lo que detiene su marcha, y saca un arma de fuego con la que le hace varios disparos a Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos, retirándose con rumbo desconocido. Pasados unos minutos llego un miembro del cuerpo de bomberos al lugar en una motocicleta, y logro conducir al señor Romero Meza, hacia el Hospital General Atlántida, para recibir asistencia médica.” De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Sujeto activo: Cualquier persona sin condición en particular. (Wilmer Orlando Meléndez Maldonado) 2. Sujeto pasivo podrá ser cualquier persona (José Efraín Romero Meza) 3. Objeto material del delito: es la vida independiente de la persona como bien jurídico protegido, (Daniel Adalberto Márquez López y José Ulises Hernández). 4. Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso matar que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de asesinato. Esta Sala de Casación encuentra en el relato de hechos probados, los elementos objetivos del tipo penal de homicidio tentado, pues el ahora imputado Wilmer Orlando Meléndez Maldonado luego de despojar a José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00, en efectivo, y retirarse del lugar en una bicicleta, fue perseguido por el ahora ofendido y al percatarse detiene su marcha, saca un arma de fuego (misma que es letal para cualquier ser humano y es capaz de quitar la vida) arremete contra la integridad física del ofendido, y hace varios disparos a Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos, retirándose con rumbo desconocido, todo lo cual demuestra que el ánimo del acusado no era simplemente herir al ofendido, sino causarle la muerte. Por ello, no cabe duda para este Tribunal de Casación que la intención del acusado era privarle de la vida al ofendido José Efraín Romero Meza, pues realizó hasta su terminación conductas que objetivamente producen la muerte, no dándose ésta por causas ajenas a su voluntad (tentativa acabada); y que la intención del acusado eran privar de la vida al ofendido, pues realizó hasta su terminación conductas que objetivamente producen la muerte. Así las cosas, observa este Supremo Tribunal que los hechos encajan de manera perfecta y armónica en la norma penal del artículo 116 en relación al 15 del Código Penal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

El Recurso no es de Recibo. El censor del fallo que se impugna aprecia que el fallo incurre en infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 116 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Homicidio Simple. Para lo cual es necesario hacer una revisión detallada de los hechos probados los cuales relatan, en resumen: “Primero: El día 23 de febrero del 2017, a eso de las 3:30 de la tarde, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, llego al negocio denominado Pollos Marlon, ubicado en el Barrio el Centro, frente antiguo local de La Cervecería, en La Ceiba, Atlántida, y saco un arma de fuego con la que apunto a los empleados y clientes del negocio, despojándole al empleado José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00, en efectivo, llevándoselos consigo, y retirándose del lugar en una bicicleta. Segundo: Pasados unos minutos el señor José Efraín Romero Meza, toma una motocicleta marca Yamaha, color rojo y blanco, y se dirige en persecución de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, y a pocas cuadras del lugar frente a la antigua línea del tren en el sector de Barrio Ingles en la misma ciudad, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, se percata que está siendo seguido, por lo que detiene su marcha, y saca un arma de fuego con la que le hace varios disparos a Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos, retirándose con rumbo desconocido. Pasados unos minutos llego un miembro del cuerpo de bomberos al lugar en una motocicleta, y logro conducir al señor Romero Meza, hacia el Hospital General Atlántida, para recibir asistencia médica.” De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Sujeto activo: Cualquier persona sin condición en particular. (Wilmer Orlando Meléndez Maldonado) 2. Sujeto pasivo podrá ser cualquier persona (José Efraín Romero Meza) 3. Objeto material del delito: es la vida independiente de la persona como bien jurídico protegido, (Daniel Adalberto Márquez López y José Ulises Hernández). 4. Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso matar que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de asesinato. Esta Sala de Casación encuentra en el relato de hechos probados, los elementos objetivos del tipo penal de homicidio tentado, pues el ahora imputado Wilmer Orlando Meléndez Maldonado luego de despojar a José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00, en efectivo, y retirarse del lugar en una bicicleta, fue perseguido por el ahora ofendido y al percatarse detiene su marcha, saca un arma de fuego (misma que es letal para cualquier ser humano y es capaz de quitar la vida) arremete contra la integridad física del ofendido, y hace varios disparos a Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos, retirándose con rumbo desconocido, todo lo cual demuestra que el ánimo del acusado no era simplemente herir al ofendido, sino causarle la muerte. Por ello, no cabe duda para este Tribunal de Casación que la intención del acusado era privarle de la vida al ofendido José Efraín Romero Meza, pues realizó hasta su terminación conductas que objetivamente producen la muerte, no dándose ésta por causas ajenas a su voluntad (tentativa acabada); y que la intención del acusado eran privar de la vida al ofendido, pues realizó hasta su terminación conductas que objetivamente producen la muerte. Así las cosas, observa este Supremo Tribunal que los hechos encajan de manera perfecta y armónica en la norma penal del artículo 116 en relación al 15 del Código Penal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Delito Continuado la revisión/ponderación debe de hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, se deberá primero hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, las siguientes sanciones: 1- Por el delito de Robo, la pena de cinco años de reclusión. 2- Por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, la pena de diez años de reclusión; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa; y las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el delito de Robo, declaró la responsabilidad civil del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. En suma, se impuso al acusado la pena de 15 años de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas tienen las siguientes penas: i. El delito de robo con violencia o intimidación (Art.361) se sanciona con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión; pena que deberá ser aumentada en 1/3 por la agravante especifica del Art.363 numeral 9) cuando se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, quedando la pena de 8 años a 10 años 8 meses de prisión, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta y suspensión del ejercicio de la ciudadanía; ii. El delito de Homicidio (Art.192), debe de imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años; en el caso examinado las acciones ejecutadas por el imputado provocaron heridas en zona vital del ofendido, sin que pudiera el actor consumar el hecho por causas ajenas a su voluntad, en consecuencia estamos ante la comisión de una tentativa acabada, en razón de lo cual en el caso de autos debe hacerse una rebaja de 1/4, por lo que la pena abstracta para el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, será de once años y tres meses (11 años y 3 meses) a quince (15) años de prisión. En suma, nos da un nuevo margen abstracto de 19 años y 3 meses a treinta 30 años y ocho 08 meses de prisión. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; y, Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública del imputado Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a la ahora condenado Wilmer Orlando Meléndez Maldonado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-46-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-46-2021 por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado del delito de Robo, en perjuicio de José Efraín Romero Meza, a la pena de cinco años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de José Efraín Romero Meza, a la pena de diez años de reclusión. Ambos delitos cometidos en concurso real. Tercero: Condenó al señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado como consecuencia de la pena principal de reclusión a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa; y las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el delito de Robo. Cuarto: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Declaró la responsabilidad civil del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. Sexto: No procedió el comiso de evidencia alguna. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: El día 23 de febrero del 2017, a eso de las 3:30 de la tarde, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, llego al negocio denominado Pollos Marlon, ubicado en el Barrio el Centro, frente antiguo local de La Cervecería, en La Ceiba, Atlántida, y saco un arma de fuego con la que apunto a los empleados y clientes del negocio, despojándole al empleado José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00, en efectivo, llevándoselos consigo, y retirándose del lugar en una bicicleta. SEGUNDO: Pasados unos minutos el señor José Efraín Romero Meza, toma una motocicleta marca Yamaha, color rojo y blanco, y se dirige en persecución de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, y a pocas cuadras del lugar frente a la antigua línea del tren en el sector de Barrio Ingles en la misma ciudad, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, se percata que está siendo seguido, por lo que detiene su marcha, y saca un arma de fuego con la que le hace varios disparos a Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos, retirándose con rumbo desconocido. Pasados unos minutos llego un miembro del cuerpo de bomberos al lugar en una motocicleta, y logro conducir al señor Romero Meza, hacia el Hospital General Atlántida, para recibir asistencia médica.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Ismael Gómez del Arca, en su condición de defensor público del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “UNICO MOTIVO: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 116, en relación al artículo 15 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, es el artículo que nos da el fundamento legal para poder interponer el presente recurso. EXPOSICION DEL MOTIVO. MOTIVO UNICO: El precepto sustantivo penal que se considera se ha infringido por aplicación indebida dispone en su parte conducente Articulo 116: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.......”. En relación con el artículo 15 que dice: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realicen actos inequívocos de ejecución y no se consume por causas ajenas a la voluntad del agente.” Artículo que ha sido aplicado incorrectamente por el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establecen los artículos por las razones siguientes: La declaración de hechos probados constituyen el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de ella se derivan entre esta, la adecuación o no de ese cuadro factico al presupuesto penal que se supone infringido. El Juzgador en referencia declaro como probados el siguiente hecho probado: HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: El día 23 de febrero del 2017, a eso de las 3.30 de la tarde el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, llego al negocio denominado Pollos Marlon, ubicado en el Barrio El Centro, frente antiguo local de la Cervecería en la Ceiba Atlántida y saco un arma de fuego con la que apunto a los empleados y clientes del negocio, despojándole al empleado José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00 en efectivo, llevándoselos consigo y retirándose del lugar en una bicicleta. SEGUNDO: Pasados unos minutos el señor José Efraín Romero Meza, tomo una motocicleta marca Yamaha, color rojo y blanco y se dirige en persecución de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado y a pocas cuadras del lugar frente a la antigua línea del tren en el sector de Barrio Ingles en la misma ciudad, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, se percata que está siendo seguido, por lo que detiene su marcha y saca un arma de fuego con la que hace varios disparos A Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos retirándose con rumbo desconocido. Pasados unos minutos llego un miembro del cuerpo de bomberos al lugar en una motocicleta y logro conducir al señor Romero Meza, hacia el Hospital General Atlántida para recibir asistencia médica” El artículo 360 del Código Procesal Penal, nos explica que habrá lugar al Recurso de Casación, cuando por derivación de los hechos tenidos como probados por el Tribunal sentenciador, este mismo haya infringido una disposición sustantiva de carácter penal necesaria para la aplicación de la misma ley penal, por derivación lógica y legal, los hechos tenidos como probados en cualquier sentencia están sustentados nada más y nada menos que en las pruebas que se hubieren evacuado en el juicio, por tal razón debemos analizar este apartado. -Esta Defensa argumenta que la prueba ofertada por el Ministerio Publico no ha sido suficiente para que dicte un fallo condenatorio por Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en vista de que la intención de mi representado no era dar muerte al ahora ofendido, sino lesionarlo, a efecto de detenerlo y no ser perseguido por lo que se considera que al no haber existido intención de quitar la vida a otra persona la conducta realizada por mi defendido debe subsumirse en el delito de lesiones tipificado en el artículo 136 del Código Penal. Por lo que el Tribunal de Sentencia al condenar al procesado por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa ha incurrido en el vicio in iudicando, inferencia que deviene de las consideraciones de hecho, ya que el a-quo manifiesta en su fundamentación jurídica que el delito de mérito quedo en tentativa al acometimiento del ofendido por el acusado, analizado al tenor del articulo 116 en relación al artículo 15 del Código Penal, y para ello se basó en el testimonio del testigo -Victima, evacuado como medio de prueba testifical, no obstante deja de lado los resultados de los demás medios de prueba, como ser el dictamen de evaluación física N.0101-0100-2017-0170 de fecha 3 de marzo del año 2017 -realizado por el Perito Forense Doctora Suyapa Yamileth Rodezno Méndez, quien lo ratifico concluyendo que lo incapacitaron por 35 días a partir del hecho, estableciendo que no hubo peligro de muerte, expresando en el interrogatorio que le observo heridas con puntos, tenía herida en abdomen no se le observaba bien porque estaba con gasas y que el peligro de muerte se califica porque en sus conclusiones plasmo que no conlleva peligro de muerte, por tal razón su conducta se enmarca en lo dispuesto en el tipo penal de Lesiones, tal como lo consigna el artículo 136 del Código Penal, ya que las heridas y las acciones constituyeron solamente una intención de causar lesiones, al respecto como jurisprudencia la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia N. 1785-04 ha establecido lo siguiente: “Indagar sobre la intención que privaba en el sujeto activo al momento de ejecutar la acción, resulta difícil, por pertenecer a lo más interno del hombre, por lo que hemos de deducirlo a través de los hechos que si pueden ser apreciados por los sentidos, es decir, habrá de deducirse racionalmente de los hechos externos anteriores, posteriores o coetáneos, realizados por el agresor, que permitan descubrir la intencionalidad del autor. Para lo cual la sala ha proporcionado criterios que facilitan esa función deductiva, entre los cuales se han citado los siguientes: El tipo de arma empleada en el ataque, el sitio o lugar del cuerpo que fue lesionado, la cantidad de lesiones producidas, la reiteración en el ataque, así como las manifestaciones con las que el agente demuestre su intención de querer dar muerte a la víctima”.- En el caso que nos ocupa resulta claro que el procesado mostro su intencionalidad para lesionar al ofendido, no para quitarle la vida, así mismo que tampoco concurre el presupuesto que no se consuma el delito por causas ajenas a la voluntad del agente ya que el no intentaba cometer ese delito y por otro lado tuvieron tiempo suficiente para materializarlo si hubiese deseado, por lo que el ofendido únicamente resulto lesionado. Por lo que nos conducen a tener por acreditado que el acusado no tenía la clara intención de producir un resultado más allá de la producción de un daño en el cuerpo o salud física. Por lo que la condena contra mi representado es injusta desde todo punto de vista, lo que deviene a concluir que tal conducta es el tipo penal de Lesiones. En consecuencia, al revisarse el hecho probado plasmado en la sentencia y la calificación arribada por el A-quo, no existe claridad en cuando a que la conducta del encartado WILMER ORLANDO MELENDEZ MALDONADO, sea adecuadamente subsumible en el Delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, y precisamente el agravio ocasionado a mi representada es haberle dictado sentencia por el delito anteriormente relacionado. De lo antes expuesto consideramos que el Tribunal sentenciador al haber condenado al imputado WILMER ORLANDO MELENDEZ MALDONADO por HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, ha producido en consecuencia la aplicación indebida del precepto legal citado como vulnerado. Por lo que se solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. INTERPRETACION PRETENDIDA. Artículo 116: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.......”. En relación con el artículo 15 que dice: "Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realicen actos inequívocos de ejecución y no se consume por causas ajenas a la voluntad del agente, y es del caso mencionar que los hechos declarados y estimados probados no recoge en su contexto intención de causar la muerte, y por parte del Ministerio Publico no logro acreditar el hecho referido, entonces dicha declaración de hechos probados no conduce con absoluta certeza a la calificación por parte del Tribunal a calificar el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, entonces estamos frente al Delito de LESIONES, según el artículo 136 del Código Penal. Continúa manifestando el recurrente en su recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. “UNICO MOTIVO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 89 y 90, (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas entre otras cosas disponen que: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y que ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor WILMER ORLANDO MELENDEZ MALDONADO, por los delitos de Robo en perjuicio de JOSE EFRAIN ROMERO MEZA, infringe gravemente los fundamentales derechos a la presunción de inocencia y debido proceso, que por mandato constitucional le asisten al imputado. El Juzgador declaró terminantemente probado, que el día 23 de febrero del 2017, a eso de las 3.30 de la tarde el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, llego al negocio denominado Pollos Marlon, ubicado en el Barrio El Centro, frente antiguo local de la Cervecería en la Ceiba Atlántida y saco un arma de fuego con la que apunto a los empleados y clientes del negocio, despojándole al empleado José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00 en efectivo, llevándoselos consigo y retirándose del lugar en una bicicleta. El vicio que denunciamos se produce, porque los hechos antes referidos no están respaldados por prueba suficientemente apta para acreditar la participación que en los mismos habría tenido el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, pues, si bien es cierto el ente acusador, en la audiencia de juicio oral y público, ofreció prueba testifical y documental, con la pretensión de acreditar la participación de nuestro representado en los hechos que se le imputan, sin embargo, el dicho del supuesto ofendido testigo no está rodeado de corroboradores periféricos de carácter objetivo que los respalden. El quebranto a los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso del que goza el imputado se produce, porque la declaración del ofendido, como prueba decisiva de cargo, muestra insalvables debilidades e inconsistencias que las vuelven inciertas, fragilidad que se advierte cuando se las confronta con los resultados con el resto de los medios de prueba, que es Documental como ser el informe investigativo ratificado por Reynaldo Ausberto García García, Constancia extendida por el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba Atlántida, Certificación de Acta de nacimiento, Denuncia de fecha 3 de marzo de 2017 y Acta de Inspección Ocular, sin ratificación y periciales Dictamen Médico Legal. ratificado por Suyapa Yamileth Rodezno Méndez, por tanto, inadecuados para servir de soporte a un fallo condenatorio, como indebidamente lo resolvió el Tribunal de juicio. En un Estado de Derecho, como Honduras, la presunción de inocencia y el debido proceso exigen, que cualquier condena penal debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza de la existencia del delito y de la participación dolosa o culposa del imputado; exigencias que no se cumplen en el presente caso en el que se condenó al señor WILMER ORLANDO MELENDEZ MALDONADO, sin una base probatoria apropiada que le de sustento al fallo recurrido. Conscientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad de la sentencia impugnada y del juicio oral y público en el que fue dictada, ordenado la celebración de uno nuevo en el que sean observadas las normas constitucionales denunciadas como infringidas.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; • Norma que se denuncia infringida: Artículo 116 en relación al artículo 15 del Código Penal; • Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Expone el recurrente que, la declaración de hechos probados no conduce con absoluta certeza a la calificación por parte del Tribunal a calificar el delito de homicidio simple en su grado de ejecución de tentativa, que estamos frente al delito de lesiones, según el artículo 136 del Código Penal, que la intención de su representado no era dar muerte al ahora ofendido, sino lesionarlo, a efecto de detenerlo y no ser perseguido por lo que se considera que al no haber existido intención de quitar la vida a otra persona la conducta realizada por su defendido debe subsumirse en el delito de lesiones tipificado en el artículo 136 del Código Penal. Del Delito de Homicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este tribunal de casación afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art. 3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio. El delito de Homicidio, protege la vida independiente como bien jurídico protegido ello obliga a definir cuando inicia y termina ésta a efectos de delimitar claramente el marco de operatividad del tipo penal: A.- Partiendo de una perspectiva legal, la vida independiente inicia a partir del nacimiento que ocurre con el transito del bebé a través del canal de parto hasta su expulsión total del útero materno, es decir inicia en el instante de la salida del bebé del claustro materno con independencia del inicio de la función pulmonar del recién nacido o de la separación del vínculo materno mediante el corte del cordón umbilical y con independencia a la viabilidad del que nace; La Sala de lo Penal conceptualiza así el nacimiento a partir de una interpretación sistemática de las normas penales (Tipología Conglobante), en especial la que define el delito de aborto que sanciona la muerte de un ser humano durante el embarazo o durante el parto, ya que la etapa de parto, conocida como expulsión, es donde termina la protección del tipo penal de aborto e inicia la protección del tipo penal de homicidio; B.- La vida independiente termina con la muerte, ésta en la mayoría de los casos se manifiesta de manera evidente con el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y más concretamente con la suspensión de los tres sistemas sustentadores de la vida: i) Pérdida de presión arterial y ausencia de ritmo cardiaco; ii) Detención de la función pulmonar con ausencia de respiración espontánea; iii) Detención del sistema nervioso, con ausencia de reflejos y pérdida de la función cerebral.- En otros casos, la producción de la muerte no es tan evidente (Ejemplo: la llamada muerte clínica), y por lo tanto su determinación deberá ser con base en lo que determina la ley de Donación y Trasplantes de Órganos Anatómicos en Seres Humanos (Decreto 329-2013), la que señala en el artículo 11 que los órganos y tejidos materiales anatómicos pueden ser extraídos cuando se certifique la muerte encefálica o cerebral, lo cual ocurre, según el artículo 3.11 de la misma ley cuando ocurre la pérdida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas y del tallo cerebral, lo que deberá ser certificado por lo menos por tres médicos que no participen en el proceso de trasplante; tal condición permite declarar a una persona muerta. El delito de Homicidio está tipificado en el artículo 116 que indica que “Quien de muerte a una persona (…) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: i.- Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii.-Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; iii.- Diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras o un jefe de Estado o Jefe de Gobierno de un Estado Extranjero, porque daría paso al delito de Magnicidio; y iv.- Diferente a una mujer, cuando la conducta criminosa la realice un hombre en el marco de una relación desigual de género, pues ello llamaría a aplicar por especialidad la figura delictiva de feminicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso, el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de homicidio para darle paso al delito de asesinato; tampoco mediante una riña tumultuaria, pues ello llamaría a aplicar otra figura penal; f. Punibilidad: está fijada por el legislador con una sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, la cual se verá aumentada de treinta (30) años a reclusión de por vida, cuando se de muerte, con ocasión del desempeño de sus funciones, a cualquiera de las personas que ostenten el cargo de: diputados al Congreso Nacional, director de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados, Jueces o Magistrados del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Defensores Públicos, Agentes de la policía Nacional o de Investigación, Agentes de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y Testigos Protegidos, Militares en Servicio Activo, Director, Subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios o cualquier otro operador de justicia vinculado en el combate contra la criminalidad. Cuando la conducta sea la proposición o la conspiración para dar muerte a alguna de las personas mencionadas, el aumento de la pena del delito de homicidio simple será de un tercio (1/3). Como elemento subjetivo el tipo penal de homicidio, se requiere el dolo específico de matar (animus necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; no constituirá delito de homicidio simple, cuando la intención del sujeto activo sea la de lesionar, pero el resultado sea la muerte del sujeto activo aun cuando el medio empleado objetivamente no debió producirla, lo que deberá ser calificado como homicidio preterintencional. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Homicidio, las siguientes: a. Según su Estructura: i.- Tipo Penal Básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii.- Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; b. Según su Contenido: i.- Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii.- Tipo Penal de Acción porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo Penal Cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; c. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo, al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; d. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal Mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; ii.- Tipo Penal de Lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la Tentativa El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el Derecho Penal, de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1) Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2) Fase Intermedia: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, por lo cual podríamos estar ante un delito o falta, independiente, contemplado en su momento en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal 144-83, respectivamente; 3) Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta fase se divide en tres etapas: Los actos preparatorios y los actos ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como era en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal 144-83; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da inicio a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los actos ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá de si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa, conocida como delito intentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos va encaminada la intención de cometer un delito; el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: La realización de actos de ejecución, son aquellos actos realizados por el sujeto activo para alcanzar la consumación del delito, para ello en cada caso es preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos en el plan delictivo que representaban un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: Los actos deben ser idóneos, que implica que el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, estaríamos frente a una tentativa inidónea; y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe producirse por causas ajenas a la voluntad del agente, es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es así que la tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: *.- El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito sin lograrlo por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada); **.- El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin lograrlo debido a que los actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidonia); ***.- El sujeto activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada).- La Tentativa (siempre punible) se diferencia de los actos preparatorios (punibles solo cuando expresamente determine la ley), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución y el segundo consiste en los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante un peligro concreto para el bien jurídico protegido. a. Delito Consumado: La consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. El censor del fallo que se impugna aprecia que el fallo incurre en infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 116 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Homicidio Simple. Para lo cual es necesario hacer una revisión detallada de los hechos probados los cuales relatan, en resumen: “Primero: El día 23 de febrero del 2017, a eso de las 3:30 de la tarde, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, llego al negocio denominado Pollos Marlon, ubicado en el Barrio el Centro, frente antiguo local de La Cervecería, en La Ceiba, Atlántida, y saco un arma de fuego con la que apunto a los empleados y clientes del negocio, despojándole al empleado José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00, en efectivo, llevándoselos consigo, y retirándose del lugar en una bicicleta. Segundo: Pasados unos minutos el señor José Efraín Romero Meza, toma una motocicleta marca Yamaha, color rojo y blanco, y se dirige en persecución de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, y a pocas cuadras del lugar frente a la antigua línea del tren en el sector de Barrio Ingles en la misma ciudad, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, se percata que está siendo seguido, por lo que detiene su marcha, y saca un arma de fuego con la que le hace varios disparos a Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos, retirándose con rumbo desconocido. Pasados unos minutos llego un miembro del cuerpo de bomberos al lugar en una motocicleta, y logro conducir al señor Romero Meza, hacia el Hospital General Atlántida, para recibir asistencia médica.” De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Sujeto activo: Cualquier persona sin condición en particular. (Wilmer Orlando Meléndez Maldonado) 2. Sujeto pasivo podrá ser cualquier persona (José Efraín Romero Meza) 3. Objeto material del delito: es la vida independiente de la persona como bien jurídico protegido, (Daniel Adalberto Márquez López y José Ulises Hernández). 4. Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso matar que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de asesinato. Esta Sala de Casación encuentra en el relato de hechos probados, los elementos objetivos del tipo penal de homicidio tentado, pues el ahora imputado Wilmer Orlando Meléndez Maldonado luego de despojar a José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00, en efectivo, y retirarse del lugar en una bicicleta, fue perseguido por el ahora ofendido y al percatarse detiene su marcha, saca un arma de fuego (misma que es letal para cualquier ser humano y es capaz de quitar la vida) arremete contra la integridad física del ofendido, y hace varios disparos a Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos, retirándose con rumbo desconocido, todo lo cual demuestra que el ánimo del acusado no era simplemente herir al ofendido, sino causarle la muerte. Por ello, no cabe duda para este Tribunal de Casación que la intención del acusado era privarle de la vida al ofendido José Efraín Romero Meza, pues realizó hasta su terminación conductas que objetivamente producen la muerte, no dándose ésta por causas ajenas a su voluntad (tentativa acabada); y que la intención del acusado eran privar de la vida al ofendido, pues realizó hasta su terminación conductas que objetivamente producen la muerte. Así las cosas, observa este Supremo Tribunal que los hechos encajan de manera perfecta y armónica en la norma penal del artículo 116 en relación al 15 del Código Penal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal; • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89 y 90 de la Constitución de la Republica en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia y Debido Proceso; • Pretensión: que se case la sentencia declarando la inocencia del imputado. Establece el recurrente que, el vicio que denunciamos se produce, porque los hechos antes referidos no están respaldados por prueba suficientemente apta para acreditar la participación que en los mismos habría tenido el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, pues, si bien es cierto el ente acusador, en la audiencia de juicio oral y público, ofreció prueba testifical y documental, con la pretensión de acreditar la participación de nuestro representado en los hechos que se le imputan, sin embargo, el dicho del supuesto ofendido testigo no está rodeado de corroboradores periféricos de carácter objetivo que los respalden. El quebranto a los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso del que goza el imputado se produce, porque la declaración del ofendido, como prueba decisiva de cargo, muestra insalvables debilidades e inconsistencias que las vuelven inciertas, fragilidad que se advierte cuando se las confronta con los resultados con el resto de los medios de prueba, que es Documental como ser el informe investigativo ratificado por Reynaldo Ausberto García García, Constancia extendida por el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba Atlántida, Certificación de Acta de nacimiento, Denuncia de fecha 3 de marzo de 2017 y Acta de Inspección Ocular, sin ratificación y periciales Dictamen Médico Legal. ratificado por Suyapa Yamileth Rodezno Méndez.Por tanto, inadecuados para servir de soporte a un fallo condenatorio, como indebidamente lo resolvió el Tribunal de juicio. En un Estado de Derecho, como Honduras, la presunción de inocencia y el debido proceso exigen, que cualquier condena penal debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza de la existencia del delito y de la participación dolosa o culposa del imputado; exigencias que no se cumplen en el presente caso en el que se condenó al señor Wilmer Orlando Melendez Maldonado, sin una base probatoria apropiada que le de sustento al fallo recurrido. Conscientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad de la sentencia impugnada y del juicio oral y público en el que fue dictada, ordenado la celebración de uno nuevo en el que sean observadas las normas constitucionales denunciadas como infringidas.” Del estado de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en expediente SP 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio del estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”;por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente SP 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (artículo 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (artículo 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar, además, que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente SP 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte, a la defensa del acusado, le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el expediente SP 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto, la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”.Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. En revisión de la foliada judicial la Sala de lo Penal ha constatado que en fecha quince de mayo del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (f. 81), en donde las partes ofertaron la carga probatoria que respaldaría sus respectivas teorías en la etapa de juicio. En fecha veintiséis de noviembre del año dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de debate (f. 116) en el cual se evacuaron los medios de prueba propuestos con excepción del testigo protegido con clave K6 no teniendo objeción la defensa pública de la renuncia expuesta por el Ministerio Público sobre dicho medio de prueba, Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Al analizar la suficiencia de la prueba de cargo evacuada en juicio para declarar el fallo de culpabilidad en contra de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de José Efraín Romero Meza; la Sala de lo Penal concluye que la misma sí cumple con el requisito de suficiencia para colegir razonable y objetivamente que la acusada realizó el delito por el que se le ha condenado. Al remitirnos al acumulado probatorio, se constata que el sentenciador fundó su pronunciamiento condenatorio en la prueba de cargo siguiente: 1. Declaración testifical del testigo José Efraín Romero Meza”. 2. Informe investigativo. 3. Constancia emitida por el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba, Atlántida. 4. Certificación de Acta de Nacimiento. 5. Denuncia de fecha 3 de marzo de 2017. 6. Acta de Inspección Ocular. 7. Dictamen Médico Legal. En la intelectiva el sentenciador colige (f. 127) que el acusado con la intención de darle muerte a la víctima, le dispara 3 veces en distintas partes de su cuerpo tales como el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y una vez en el suelo acciona en dos ocasiones más su arma, pero esta no logra hacer los disparos, siendo esto, actos inequívocos de ejecución, que no se consumaron, en prime lugar por no poder materializar los últimos 2 disparos en contra de la víctima, y el hecho también del auxilio oportuno de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes conducen a la victima al Hospital General Atlántida, para su atención e intervención médica inmediata, por lo que no se consumó la muerte de la victima por causas ajenas a la voluntad del acusado; por todo ello el tribunal considera que los dichos de la víctima merecen plena credibilidad, ya que el mismo era una persona que estaba presente en el lugar de los hechos, al ser empleado del negocio de pollos Marlon, lugar donde se desarrollaron los hechos, que no se denota de la declaración de la víctima algún interés particular en afectar al acusado, sino solamente la intención de manifestar lo que percibió y logro apreciar, siendo coincidente y coherente en sus dichos, concluyendo el a quo que la prueba del testigo coincide con los demás medios de prueba de cargo propuestos. Al analizar por esta superioridad el anterior iter lógico, se concluye que en el mismo se han respetado las reglas de la sana crítica, pues los razonamientos son derivados y concordantes de los elementos probatorios, testifical, documental y pericial, no falsean su contenido y conducen razonablemente a concluir que el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, sí realizó el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa. El tribunal de instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, se constata que existió porque los medios de prueba se obtuvieron lícitamente y se practicaron en el juicio oral bajo la vigencia de los principios que rigen la actividad probatoria, que el razonamiento de convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permiten su consideración de prueba de cargo. La prueba permite, así concluido por el sentenciador, la existencia sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal reprochado al acusado. Ha existido prueba de cargo válida cuya virtualidad provoca el decaimiento del estado de inocencia del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, así como que también se explicitó suficientemente los razonamientos para justificar el decaimiento del estado de inocencia. Como se ha expuesto anteriormente, no puede pretender el recurrente que esta superioridad al abordar su recurso, se forme otro resultado probatorio u otra convicción valorativa de la prueba evacuada en juicio. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde su punto de vista se acomode a su personal interés, sino que habrá que argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por la instancia. Por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el veredicto de culpabilidad proferido por la instancia, respeta el estado constitucional de inocencia y el debido proceso, pues la prueba aportada resultó razonablemente suficiente y categórica para desvanecer el estado de inocencia del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Delito Continuado la revisión/ponderación debe de hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, se deberá primero hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, las siguientes sanciones: 1- Por el delito de Robo, la pena de cinco años de reclusión. 2- Por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, la pena de diez años de reclusión; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa; y las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el delito de Robo, declaró la responsabilidad civil del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. En suma, se impuso al acusado la pena de 15 años de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas tienen las siguientes penas: i. El delito de robo con violencia o intimidación (Art.361) se sanciona con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión; pena que deberá ser aumentada en 1/3 por la agravante especifica del Art.363 numeral 9) cuando se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, quedando la pena de 8 años a 10 años 8 meses de prisión, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta y suspensión del ejercicio de la ciudadanía; ii. El delito de Homicidio (Art.192), debe de imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años; en el caso examinado las acciones ejecutadas por el imputado provocaron heridas en zona vital del ofendido, sin que pudiera el actor consumar el hecho por causas ajenas a su voluntad, en consecuencia estamos ante la comisión de una tentativa acabada, en razón de lo cual en el caso de autos debe hacerse una rebaja de 1/4, por lo que la pena abstracta para el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, será de once años y tres meses (11 años y 3 meses) a quince (15) años de prisión. En suma, nos da un nuevo margen abstracto de 19 años y 3 meses a treinta 30 años y ocho 08 meses de prisión. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; y, Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública del imputado Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a la ahora condenado Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Mairena Franco.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-46-2021.LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-46-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-46-2021 por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado del delito de Robo, en perjuicio de José Efraín Romero Meza, a la pena de cinco años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de José Efraín Romero Meza, a la pena de diez años de reclusión. Ambos delitos cometidos en concurso real. Tercero: Condenó al señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado como consecuencia de la pena principal de reclusión a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa; y las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el delito de Robo. Cuarto: No Procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Quinto: Declaró la responsabilidad civil del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. Sexto: No procedió el comiso de evidencia alguna. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: El día 23 de febrero del 2017, a eso de las 3:30 de la tarde, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, llego al negocio denominado Pollos Marlon, ubicado en el Barrio el Centro, frente antiguo local de La Cervecería, en La Ceiba, Atlántida, y saco un arma de fuego con la que apunto a los empleados y clientes del negocio, despojándole al empleado José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00, en efectivo, llevándoselos consigo, y retirándose del lugar en una bicicleta. SEGUNDO: Pasados unos minutos el señor José Efraín Romero Meza, toma una motocicleta marca Yamaha, color rojo y blanco, y se dirige en persecución de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, y a pocas cuadras del lugar frente a la antigua línea del tren en el sector de Barrio Ingles en la misma ciudad, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, se percata que está siendo seguido, por lo que detiene su marcha, y saca un arma de fuego con la que le hace varios disparos a Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos, retirándose con rumbo desconocido. Pasados unos minutos llego un miembro del cuerpo de bomberos al lugar en una motocicleta, y logro conducir al señor Romero Meza, hacia el Hospital General Atlántida, para recibir asistencia médica.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Ismael Gómez del Arca, en su condición de defensor público del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “UNICO MOTIVO: Infracción de ley por aplicación indebida del artículo 116, en relación al artículo 15 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal, es el artículo que nos da el fundamento legal para poder interponer el presente recurso. EXPOSICION DEL MOTIVO. MOTIVO UNICO: El precepto sustantivo penal que se considera se ha infringido por aplicación indebida dispone en su parte conducente Articulo 116: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.......”. En relación con el artículo 15 que dice: “Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realicen actos inequívocos de ejecución y no se consume por causas ajenas a la voluntad del agente.” Artículo que ha sido aplicado incorrectamente por el Tribunal de Sentencias, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establecen los artículos por las razones siguientes: La declaración de hechos probados constituyen el cimiento de la sentencia penal, en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, de ella se derivan entre esta, la adecuación o no de ese cuadro factico al presupuesto penal que se supone infringido. El Juzgador en referencia declaro como probados el siguiente hecho probado: HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: El día 23 de febrero del 2017, a eso de las 3.30 de la tarde el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, llego al negocio denominado Pollos Marlon, ubicado en el Barrio El Centro, frente antiguo local de la Cervecería en la Ceiba Atlántida y saco un arma de fuego con la que apunto a los empleados y clientes del negocio, despojándole al empleado José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00 en efectivo, llevándoselos consigo y retirándose del lugar en una bicicleta. SEGUNDO: Pasados unos minutos el señor José Efraín Romero Meza, tomo una motocicleta marca Yamaha, color rojo y blanco y se dirige en persecución de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado y a pocas cuadras del lugar frente a la antigua línea del tren en el sector de Barrio Ingles en la misma ciudad, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, se percata que está siendo seguido, por lo que detiene su marcha y saca un arma de fuego con la que hace varios disparos A Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos retirándose con rumbo desconocido. Pasados unos minutos llego un miembro del cuerpo de bomberos al lugar en una motocicleta y logro conducir al señor Romero Meza, hacia el Hospital General Atlántida para recibir asistencia médica” El artículo 360 del Código Procesal Penal, nos explica que habrá lugar al Recurso de Casación, cuando por derivación de los hechos tenidos como probados por el Tribunal sentenciador, este mismo haya infringido una disposición sustantiva de carácter penal necesaria para la aplicación de la misma ley penal, por derivación lógica y legal, los hechos tenidos como probados en cualquier sentencia están sustentados nada más y nada menos que en las pruebas que se hubieren evacuado en el juicio, por tal razón debemos analizar este apartado. -Esta Defensa argumenta que la prueba ofertada por el Ministerio Publico no ha sido suficiente para que dicte un fallo condenatorio por Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en vista de que la intención de mi representado no era dar muerte al ahora ofendido, sino lesionarlo, a efecto de detenerlo y no ser perseguido por lo que se considera que al no haber existido intención de quitar la vida a otra persona la conducta realizada por mi defendido debe subsumirse en el delito de lesiones tipificado en el artículo 136 del Código Penal. Por lo que el Tribunal de Sentencia al condenar al procesado por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa ha incurrido en el vicio in iudicando, inferencia que deviene de las consideraciones de hecho, ya que el a-quo manifiesta en su fundamentación jurídica que el delito de mérito quedo en tentativa al acometimiento del ofendido por el acusado, analizado al tenor del articulo 116 en relación al artículo 15 del Código Penal, y para ello se basó en el testimonio del testigo -Victima, evacuado como medio de prueba testifical, no obstante deja de lado los resultados de los demás medios de prueba, como ser el dictamen de evaluación física N.0101-0100-2017-0170 de fecha 3 de marzo del año 2017 -realizado por el Perito Forense Doctora Suyapa Yamileth Rodezno Méndez, quien lo ratifico concluyendo que lo incapacitaron por 35 días a partir del hecho, estableciendo que no hubo peligro de muerte, expresando en el interrogatorio que le observo heridas con puntos, tenía herida en abdomen no se le observaba bien porque estaba con gasas y que el peligro de muerte se califica porque en sus conclusiones plasmo que no conlleva peligro de muerte, por tal razón su conducta se enmarca en lo dispuesto en el tipo penal de Lesiones, tal como lo consigna el artículo 136 del Código Penal, ya que las heridas y las acciones constituyeron solamente una intención de causar lesiones, al respecto como jurisprudencia la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia N. 1785-04 ha establecido lo siguiente: “Indagar sobre la intención que privaba en el sujeto activo al momento de ejecutar la acción, resulta difícil, por pertenecer a lo más interno del hombre, por lo que hemos de deducirlo a través de los hechos que si pueden ser apreciados por los sentidos, es decir, habrá de deducirse racionalmente de los hechos externos anteriores, posteriores o coetáneos, realizados por el agresor, que permitan descubrir la intencionalidad del autor. Para lo cual la sala ha proporcionado criterios que facilitan esa función deductiva, entre los cuales se han citado los siguientes: El tipo de arma empleada en el ataque, el sitio o lugar del cuerpo que fue lesionado, la cantidad de lesiones producidas, la reiteración en el ataque, así como las manifestaciones con las que el agente demuestre su intención de querer dar muerte a la víctima”.- En el caso que nos ocupa resulta claro que el procesado mostro su intencionalidad para lesionar al ofendido, no para quitarle la vida, así mismo que tampoco concurre el presupuesto que no se consuma el delito por causas ajenas a la voluntad del agente ya que el no intentaba cometer ese delito y por otro lado tuvieron tiempo suficiente para materializarlo si hubiese deseado, por lo que el ofendido únicamente resulto lesionado. Por lo que nos conducen a tener por acreditado que el acusado no tenía la clara intención de producir un resultado más allá de la producción de un daño en el cuerpo o salud física. Por lo que la condena contra mi representado es injusta desde todo punto de vista, lo que deviene a concluir que tal conducta es el tipo penal de Lesiones. En consecuencia, al revisarse el hecho probado plasmado en la sentencia y la calificación arribada por el A-quo, no existe claridad en cuando a que la conducta del encartado WILMER ORLANDO MELENDEZ MALDONADO, sea adecuadamente subsumible en el Delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, y precisamente el agravio ocasionado a mi representada es haberle dictado sentencia por el delito anteriormente relacionado. De lo antes expuesto consideramos que el Tribunal sentenciador al haber condenado al imputado WILMER ORLANDO MELENDEZ MALDONADO por HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, ha producido en consecuencia la aplicación indebida del precepto legal citado como vulnerado. Por lo que se solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. INTERPRETACION PRETENDIDA. Artículo 116: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.......”. En relación con el artículo 15 que dice: "Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realicen actos inequívocos de ejecución y no se consume por causas ajenas a la voluntad del agente, y es del caso mencionar que los hechos declarados y estimados probados no recoge en su contexto intención de causar la muerte, y por parte del Ministerio Publico no logro acreditar el hecho referido, entonces dicha declaración de hechos probados no conduce con absoluta certeza a la calificación por parte del Tribunal a calificar el delito de HOMICIDIO SIMPLE EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, entonces estamos frente al Delito de LESIONES, según el artículo 136 del Código Penal. Continúa manifestando el recurrente en su recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. “UNICO MOTIVO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 89 y 90, (PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas entre otras cosas disponen que: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece y que ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal. El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor WILMER ORLANDO MELENDEZ MALDONADO, por los delitos de Robo en perjuicio de JOSE EFRAIN ROMERO MEZA, infringe gravemente los fundamentales derechos a la presunción de inocencia y debido proceso, que por mandato constitucional le asisten al imputado. El Juzgador declaró terminantemente probado, que el día 23 de febrero del 2017, a eso de las 3.30 de la tarde el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, llego al negocio denominado Pollos Marlon, ubicado en el Barrio El Centro, frente antiguo local de la Cervecería en la Ceiba Atlántida y saco un arma de fuego con la que apunto a los empleados y clientes del negocio, despojándole al empleado José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00 en efectivo, llevándoselos consigo y retirándose del lugar en una bicicleta. El vicio que denunciamos se produce, porque los hechos antes referidos no están respaldados por prueba suficientemente apta para acreditar la participación que en los mismos habría tenido el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, pues, si bien es cierto el ente acusador, en la audiencia de juicio oral y público, ofreció prueba testifical y documental, con la pretensión de acreditar la participación de nuestro representado en los hechos que se le imputan, sin embargo, el dicho del supuesto ofendido testigo no está rodeado de corroboradores periféricos de carácter objetivo que los respalden. El quebranto a los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso del que goza el imputado se produce, porque la declaración del ofendido, como prueba decisiva de cargo, muestra insalvables debilidades e inconsistencias que las vuelven inciertas, fragilidad que se advierte cuando se las confronta con los resultados con el resto de los medios de prueba, que es Documental como ser el informe investigativo ratificado por Reynaldo Ausberto García García, Constancia extendida por el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba Atlántida, Certificación de Acta de nacimiento, Denuncia de fecha 3 de marzo de 2017 y Acta de Inspección Ocular, sin ratificación y periciales Dictamen Médico Legal. ratificado por Suyapa Yamileth Rodezno Méndez, por tanto, inadecuados para servir de soporte a un fallo condenatorio, como indebidamente lo resolvió el Tribunal de juicio. En un Estado de Derecho, como Honduras, la presunción de inocencia y el debido proceso exigen, que cualquier condena penal debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza de la existencia del delito y de la participación dolosa o culposa del imputado; exigencias que no se cumplen en el presente caso en el que se condenó al señor WILMER ORLANDO MELENDEZ MALDONADO, sin una base probatoria apropiada que le de sustento al fallo recurrido. Conscientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad de la sentencia impugnada y del juicio oral y público en el que fue dictada, ordenado la celebración de uno nuevo en el que sean observadas las normas constitucionales denunciadas como infringidas.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; • Norma que se denuncia infringida: Artículo 116 en relación al artículo 15 del Código Penal; • Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Expone el recurrente que, la declaración de hechos probados no conduce con absoluta certeza a la calificación por parte del Tribunal a calificar el delito de homicidio simple en su grado de ejecución de tentativa, que estamos frente al delito de lesiones, según el artículo 136 del Código Penal, que la intención de su representado no era dar muerte al ahora ofendido, sino lesionarlo, a efecto de detenerlo y no ser perseguido por lo que se considera que al no haber existido intención de quitar la vida a otra persona la conducta realizada por su defendido debe subsumirse en el delito de lesiones tipificado en el artículo 136 del Código Penal. Del Delito de Homicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este tribunal de casación afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art. 3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio. El delito de Homicidio, protege la vida independiente como bien jurídico protegido ello obliga a definir cuando inicia y termina ésta a efectos de delimitar claramente el marco de operatividad del tipo penal: A.- Partiendo de una perspectiva legal, la vida independiente inicia a partir del nacimiento que ocurre con el transito del bebé a través del canal de parto hasta su expulsión total del útero materno, es decir inicia en el instante de la salida del bebé del claustro materno con independencia del inicio de la función pulmonar del recién nacido o de la separación del vínculo materno mediante el corte del cordón umbilical y con independencia a la viabilidad del que nace; La Sala de lo Penal conceptualiza así el nacimiento a partir de una interpretación sistemática de las normas penales (Tipología Conglobante), en especial la que define el delito de aborto que sanciona la muerte de un ser humano durante el embarazo o durante el parto, ya que la etapa de parto, conocida como expulsión, es donde termina la protección del tipo penal de aborto e inicia la protección del tipo penal de homicidio; B.- La vida independiente termina con la muerte, ésta en la mayoría de los casos se manifiesta de manera evidente con el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y más concretamente con la suspensión de los tres sistemas sustentadores de la vida: i) Pérdida de presión arterial y ausencia de ritmo cardiaco; ii) Detención de la función pulmonar con ausencia de respiración espontánea; iii) Detención del sistema nervioso, con ausencia de reflejos y pérdida de la función cerebral.- En otros casos, la producción de la muerte no es tan evidente (Ejemplo: la llamada muerte clínica), y por lo tanto su determinación deberá ser con base en lo que determina la ley de Donación y Trasplantes de Órganos Anatómicos en Seres Humanos (Decreto 329-2013), la que señala en el artículo 11 que los órganos y tejidos materiales anatómicos pueden ser extraídos cuando se certifique la muerte encefálica o cerebral, lo cual ocurre, según el artículo 3.11 de la misma ley cuando ocurre la pérdida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas y del tallo cerebral, lo que deberá ser certificado por lo menos por tres médicos que no participen en el proceso de trasplante; tal condición permite declarar a una persona muerta. El delito de Homicidio está tipificado en el artículo 116 que indica que “Quien de muerte a una persona (…) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: i.- Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); ii.-Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; iii.- Diferente al Presidente de un Poder del Estado de Honduras o un jefe de Estado o Jefe de Gobierno de un Estado Extranjero, porque daría paso al delito de Magnicidio; y iv.- Diferente a una mujer, cuando la conducta criminosa la realice un hombre en el marco de una relación desigual de género, pues ello llamaría a aplicar por especialidad la figura delictiva de feminicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso, el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de homicidio para darle paso al delito de asesinato; tampoco mediante una riña tumultuaria, pues ello llamaría a aplicar otra figura penal; f. Punibilidad: está fijada por el legislador con una sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, la cual se verá aumentada de treinta (30) años a reclusión de por vida, cuando se de muerte, con ocasión del desempeño de sus funciones, a cualquiera de las personas que ostenten el cargo de: diputados al Congreso Nacional, director de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados, Jueces o Magistrados del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Defensores Públicos, Agentes de la policía Nacional o de Investigación, Agentes de la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y Testigos Protegidos, Militares en Servicio Activo, Director, Subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios o cualquier otro operador de justicia vinculado en el combate contra la criminalidad. Cuando la conducta sea la proposición o la conspiración para dar muerte a alguna de las personas mencionadas, el aumento de la pena del delito de homicidio simple será de un tercio (1/3). Como elemento subjetivo el tipo penal de homicidio, se requiere el dolo específico de matar (animus necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; no constituirá delito de homicidio simple, cuando la intención del sujeto activo sea la de lesionar, pero el resultado sea la muerte del sujeto activo aun cuando el medio empleado objetivamente no debió producirla, lo que deberá ser calificado como homicidio preterintencional. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Homicidio, las siguientes: a. Según su Estructura: i.- Tipo Penal Básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii.- Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; b. Según su Contenido: i.- Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii.- Tipo Penal de Acción porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo Penal Cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; c. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo, al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; d. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal Mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; ii.- Tipo Penal de Lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la Tentativa El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el Derecho Penal, de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1) Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2) Fase Intermedia: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, por lo cual podríamos estar ante un delito o falta, independiente, contemplado en su momento en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal 144-83, respectivamente; 3) Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta fase se divide en tres etapas: Los actos preparatorios y los actos ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como era en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal 144-83; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da inicio a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los actos ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá de si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa, conocida como delito intentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos va encaminada la intención de cometer un delito; el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: La realización de actos de ejecución, son aquellos actos realizados por el sujeto activo para alcanzar la consumación del delito, para ello en cada caso es preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos en el plan delictivo que representaban un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: Los actos deben ser idóneos, que implica que el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, estaríamos frente a una tentativa inidónea; y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe producirse por causas ajenas a la voluntad del agente, es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es así que la tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: *.- El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito sin lograrlo por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada); **.- El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin lograrlo debido a que los actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidonia); ***.- El sujeto activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada).- La Tentativa (siempre punible) se diferencia de los actos preparatorios (punibles solo cuando expresamente determine la ley), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución y el segundo consiste en los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante un peligro concreto para el bien jurídico protegido. a. Delito Consumado: La consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal. De la Procedencia del Recurso. El Recurso no es de Recibo. El censor del fallo que se impugna aprecia que el fallo incurre en infracción de ley por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 116 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Homicidio Simple. Para lo cual es necesario hacer una revisión detallada de los hechos probados los cuales relatan, en resumen: “Primero: El día 23 de febrero del 2017, a eso de las 3:30 de la tarde, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, llego al negocio denominado Pollos Marlon, ubicado en el Barrio el Centro, frente antiguo local de La Cervecería, en La Ceiba, Atlántida, y saco un arma de fuego con la que apunto a los empleados y clientes del negocio, despojándole al empleado José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00, en efectivo, llevándoselos consigo, y retirándose del lugar en una bicicleta. Segundo: Pasados unos minutos el señor José Efraín Romero Meza, toma una motocicleta marca Yamaha, color rojo y blanco, y se dirige en persecución de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, y a pocas cuadras del lugar frente a la antigua línea del tren en el sector de Barrio Ingles en la misma ciudad, el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, se percata que está siendo seguido, por lo que detiene su marcha, y saca un arma de fuego con la que le hace varios disparos a Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos, retirándose con rumbo desconocido. Pasados unos minutos llego un miembro del cuerpo de bomberos al lugar en una motocicleta, y logro conducir al señor Romero Meza, hacia el Hospital General Atlántida, para recibir asistencia médica.” De la configuración jurídica del tipo penal, se determina que: 1. Sujeto activo: Cualquier persona sin condición en particular. (Wilmer Orlando Meléndez Maldonado) 2. Sujeto pasivo podrá ser cualquier persona (José Efraín Romero Meza) 3. Objeto material del delito: es la vida independiente de la persona como bien jurídico protegido, (Daniel Adalberto Márquez López y José Ulises Hernández). 4. Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso matar que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de asesinato. Esta Sala de Casación encuentra en el relato de hechos probados, los elementos objetivos del tipo penal de homicidio tentado, pues el ahora imputado Wilmer Orlando Meléndez Maldonado luego de despojar a José Efraín Romero Meza, de la cantidad de L. 600.00, en efectivo, y retirarse del lugar en una bicicleta, fue perseguido por el ahora ofendido y al percatarse detiene su marcha, saca un arma de fuego (misma que es letal para cualquier ser humano y es capaz de quitar la vida) arremete contra la integridad física del ofendido, y hace varios disparos a Romero Meza, logrando impactarle en el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y accionando un par de veces más el arma en su contra, cuando ya estaba en el suelo Romero Meza, pero no logro hacer los disparos, retirándose con rumbo desconocido, todo lo cual demuestra que el ánimo del acusado no era simplemente herir al ofendido, sino causarle la muerte. Por ello, no cabe duda para este Tribunal de Casación que la intención del acusado era privarle de la vida al ofendido José Efraín Romero Meza, pues realizó hasta su terminación conductas que objetivamente producen la muerte, no dándose ésta por causas ajenas a su voluntad (tentativa acabada); y que la intención del acusado eran privar de la vida al ofendido, pues realizó hasta su terminación conductas que objetivamente producen la muerte. Así las cosas, observa este Supremo Tribunal que los hechos encajan de manera perfecta y armónica en la norma penal del artículo 116 en relación al 15 del Código Penal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal; • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89 y 90 de la Constitución de la Republica en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia y Debido Proceso; • Pretensión: que se case la sentencia declarando la inocencia del imputado. Establece el recurrente que, el vicio que denunciamos se produce, porque los hechos antes referidos no están respaldados por prueba suficientemente apta para acreditar la participación que en los mismos habría tenido el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, pues, si bien es cierto el ente acusador, en la audiencia de juicio oral y público, ofreció prueba testifical y documental, con la pretensión de acreditar la participación de nuestro representado en los hechos que se le imputan, sin embargo, el dicho del supuesto ofendido testigo no está rodeado de corroboradores periféricos de carácter objetivo que los respalden. El quebranto a los fundamentales derechos de presunción de inocencia y debido proceso del que goza el imputado se produce, porque la declaración del ofendido, como prueba decisiva de cargo, muestra insalvables debilidades e inconsistencias que las vuelven inciertas, fragilidad que se advierte cuando se las confronta con los resultados con el resto de los medios de prueba, que es Documental como ser el informe investigativo ratificado por Reynaldo Ausberto García García, Constancia extendida por el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba Atlántida, Certificación de Acta de nacimiento, Denuncia de fecha 3 de marzo de 2017 y Acta de Inspección Ocular, sin ratificación y periciales Dictamen Médico Legal. ratificado por Suyapa Yamileth Rodezno Méndez.Por tanto, inadecuados para servir de soporte a un fallo condenatorio, como indebidamente lo resolvió el Tribunal de juicio. En un Estado de Derecho, como Honduras, la presunción de inocencia y el debido proceso exigen, que cualquier condena penal debe fundarse en pruebas concluyentes que den certeza de la existencia del delito y de la participación dolosa o culposa del imputado; exigencias que no se cumplen en el presente caso en el que se condenó al señor Wilmer Orlando Melendez Maldonado, sin una base probatoria apropiada que le de sustento al fallo recurrido. Conscientes estamos de que al Tribunal de casación no le es dable realizar una valoración probatoria alternativa, sin embargo, de las constancias que obran en el presente caso se hace patente el vicio denunciado, por lo que resulta justo y procedente declarar la nulidad de la sentencia impugnada y del juicio oral y público en el que fue dictada, ordenado la celebración de uno nuevo en el que sean observadas las normas constitucionales denunciadas como infringidas.” Del estado de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en expediente SP 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio del estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”;por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente SP 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (artículo 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (artículo 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar, además, que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente SP 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte, a la defensa del acusado, le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el expediente SP 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto, la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”.Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. En revisión de la foliada judicial la Sala de lo Penal ha constatado que en fecha quince de mayo del año dos mil diecinueve, el Tribunal de Sentencia celebró la audiencia de proposición de medios de prueba (f. 81), en donde las partes ofertaron la carga probatoria que respaldaría sus respectivas teorías en la etapa de juicio. En fecha veintiséis de noviembre del año dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de debate (f. 116) en el cual se evacuaron los medios de prueba propuestos con excepción del testigo protegido con clave K6 no teniendo objeción la defensa pública de la renuncia expuesta por el Ministerio Público sobre dicho medio de prueba, Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Al analizar la suficiencia de la prueba de cargo evacuada en juicio para declarar el fallo de culpabilidad en contra de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de José Efraín Romero Meza; la Sala de lo Penal concluye que la misma sí cumple con el requisito de suficiencia para colegir razonable y objetivamente que la acusada realizó el delito por el que se le ha condenado. Al remitirnos al acumulado probatorio, se constata que el sentenciador fundó su pronunciamiento condenatorio en la prueba de cargo siguiente: 1. Declaración testifical del testigo José Efraín Romero Meza”. 2. Informe investigativo. 3. Constancia emitida por el Cuerpo de Bomberos de La Ceiba, Atlántida. 4. Certificación de Acta de Nacimiento. 5. Denuncia de fecha 3 de marzo de 2017. 6. Acta de Inspección Ocular. 7. Dictamen Médico Legal. En la intelectiva el sentenciador colige (f. 127) que el acusado con la intención de darle muerte a la víctima, le dispara 3 veces en distintas partes de su cuerpo tales como el cuello, hombro izquierdo y abdomen, y una vez en el suelo acciona en dos ocasiones más su arma, pero esta no logra hacer los disparos, siendo esto, actos inequívocos de ejecución, que no se consumaron, en prime lugar por no poder materializar los últimos 2 disparos en contra de la víctima, y el hecho también del auxilio oportuno de elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes conducen a la victima al Hospital General Atlántida, para su atención e intervención médica inmediata, por lo que no se consumó la muerte de la victima por causas ajenas a la voluntad del acusado; por todo ello el tribunal considera que los dichos de la víctima merecen plena credibilidad, ya que el mismo era una persona que estaba presente en el lugar de los hechos, al ser empleado del negocio de pollos Marlon, lugar donde se desarrollaron los hechos, que no se denota de la declaración de la víctima algún interés particular en afectar al acusado, sino solamente la intención de manifestar lo que percibió y logro apreciar, siendo coincidente y coherente en sus dichos, concluyendo el a quo que la prueba del testigo coincide con los demás medios de prueba de cargo propuestos. Al analizar por esta superioridad el anterior iter lógico, se concluye que en el mismo se han respetado las reglas de la sana crítica, pues los razonamientos son derivados y concordantes de los elementos probatorios, testifical, documental y pericial, no falsean su contenido y conducen razonablemente a concluir que el señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, sí realizó el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa. El tribunal de instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, se constata que existió porque los medios de prueba se obtuvieron lícitamente y se practicaron en el juicio oral bajo la vigencia de los principios que rigen la actividad probatoria, que el razonamiento de convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permiten su consideración de prueba de cargo. La prueba permite, así concluido por el sentenciador, la existencia sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal reprochado al acusado. Ha existido prueba de cargo válida cuya virtualidad provoca el decaimiento del estado de inocencia del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, así como que también se explicitó suficientemente los razonamientos para justificar el decaimiento del estado de inocencia. Como se ha expuesto anteriormente, no puede pretender el recurrente que esta superioridad al abordar su recurso, se forme otro resultado probatorio u otra convicción valorativa de la prueba evacuada en juicio. El objeto de control es la racionalidad misma de la valoración elaborada por éste a partir del resultado de las pruebas que presenció. No procede por tanto que el recurrente sugiera o proponga otra valoración distinta que desde su punto de vista se acomode a su personal interés, sino que habrá que argumentar que es irracional o carente de lógica el juicio valorativo expresado por la instancia. Por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el veredicto de culpabilidad proferido por la instancia, respeta el estado constitucional de inocencia y el debido proceso, pues la prueba aportada resultó razonablemente suficiente y categórica para desvanecer el estado de inocencia del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Delito Continuado la revisión/ponderación debe de hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, se deberá primero hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa de Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado, las siguientes sanciones: 1- Por el delito de Robo, la pena de cinco años de reclusión. 2- Por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, la pena de diez años de reclusión; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa; y las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el delito de Robo, declaró la responsabilidad civil del señor Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. En suma, se impuso al acusado la pena de 15 años de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas tienen las siguientes penas: i. El delito de robo con violencia o intimidación (Art.361) se sanciona con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión; pena que deberá ser aumentada en 1/3 por la agravante especifica del Art.363 numeral 9) cuando se cometen los hechos empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, quedando la pena de 8 años a 10 años 8 meses de prisión, más la pena accesoria de inhabilitación absoluta y suspensión del ejercicio de la ciudadanía; ii. El delito de Homicidio (Art.192), debe de imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años; en el caso examinado las acciones ejecutadas por el imputado provocaron heridas en zona vital del ofendido, sin que pudiera el actor consumar el hecho por causas ajenas a su voluntad, en consecuencia estamos ante la comisión de una tentativa acabada, en razón de lo cual en el caso de autos debe hacerse una rebaja de 1/4, por lo que la pena abstracta para el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, será de once años y tres meses (11 años y 3 meses) a quince (15) años de prisión. En suma, nos da un nuevo margen abstracto de 19 años y 3 meses a treinta 30 años y ocho 08 meses de prisión. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; y, Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública del imputado Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a la ahora condenado Wilmer Orlando Meléndez Maldonado. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha siete de mayo del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Mairena Franco.-NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-46-2021.

LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ

Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal.