Sentencia CP-455-21 — Registro 20159
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primer instancia que absuelve al acusado por los delitos de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas y Uso Indebido de Nombre.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal analiza el motivo de casación presentado por el ente acusador y en efecto considera que el Tribunal Sentenciador ha incurrido en vicio casacional, al haber excluido prueba de valor decisivo para el proceso, en el presente caso, el A-quo excluye el Acta de Allanamiento, Acta de Inspección Ocular practicado en la vivienda del acusado José Manuel Bustillo Bardales por los agentes de investigación Adonis Suarez, Yefrin Centeno y Luis Ordoñez, así como el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son: el Acta de Decomiso, Dictamen Toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada, evidencia física: Una bolsa plástica color negro, conteniendo en su interior polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta piedras de crack y 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana; pues considera que el allanamiento realizado en la vivienda del acusado es prueba ilícita ya que vulnera el derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio, establecido en el artículo 99 de la Constitución de la República, pues no cumplieron con el procedimiento establecido en los artículos 211 y 212 del Código Procesal Penal. En fecha 17 de marzo de 2020 el Ministerio Público solicitó autorización judicial para la práctica de allanamiento de morada en la vivienda del señor José Manuel Bustillo Bardales, alias “El Tatuado” por los suponerlo responsable de los delitos de Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud Pública y Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de El Orden Público; en fecha 24 de agosto del año 2020, el Juzgado de Letras Seccional de la Paz, departamento de la Paz, resolvió conceder la autorización al Ministerio Público para practicar allanamiento de morada y el registro de morada solicitado a la casa de habitación del señor José Manuel Bustillo Bardales, designando el respectivo Juez Ejecutor; en fecha 25 de agosto de 2020 se realizó la presentación del requerimiento fiscal al que se acompañó entre otros medios de prueba el acta de allanamiento. Habiendo continuado el proceso penal en su curso, se llegó a celebrar la audiencia de Proposición de Medios de Prueba en fecha 29 de enero del año 2021, en donde el Ministerio Público ofertó sus respectivos medios de prueba para a ser evacuados en la audiencia de debate, siendo admitidos en su totalidad los medios de prueba por el Tribunal de Sentencia, de tal propuesta la defensa no presentó objeción alguna; en fechas 19 de marzo, 07 y 20 de abril del 2021 se celebró el juicio oral y público. El Sentenciador plasmó y fundamentó su decisión de absolución haciendo una relación del Código Procesal Penal y de la Constitución de la República referente al derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho de inocencia y al debido proceso, raciocinios que esta Sala de lo Penal comparte, pero no en toda su extensión e interpretación. El Sentenciador explica en su fallo, en el acápite Valoración de la Prueba lo siguiente: “Indudablemente se trata de una resolución judicial carente de justificación que fundamenten la decisión, la juez únicamente hace relacion de la solicitud, luego agrega transcripciones del contenido de las disposiciones legales aplicables; pero para el caso no señala cuál de las circunstancias del artículo 212 del código Procesal, que concurren para acceder a la solicitud del Ministerio público para realizar un ingreso y registro a la vivienda donde estaba el acusado, sin motivación alguna en la resolución ni indicando cuales fueron los presupuestos desarrollados que concurren las circunstancias de hechos que permiten llegar a esta conclusión, al adolecer dicha resolución de motivación, no es posible dar por ejecutado el allanamiento en legal y debida forma pues se ignoró los presupuestos y requisitos legales para su mandamiento…” El artículo 99 de la Constitución de la República, dispone que: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el registro, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleva a cabo”. El Artículo 177 del Código Procesal Penal. El allanamiento. “Si la persona que deba ser aprehendida o detenida preventivamente se encuentra en una casa de habitación propia o ajena, el allanamiento para su captura solo podrá verificarse con el consentimiento de quien habite en aquélla o mediante autorización judicial. Con todo, la casa en referencia podrá ser allanada, en los casos y con las condiciones establecidas por el artículo 212 de este Código. Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior no serán necesarias para entrar en establecimientos públicos, negocios, comercios, centros de reunión o recreo y, en general, en cualquier lugar urbano o rural, que no sirva de casa de habitación, residencia o domicilio de una persona”. El Artículo 212. Requisitos para practicar allanamiento de moradas. El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República. Quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto por el párrafo anterior, los casos siguientes: 1) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 2) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; 3) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; y, 4) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. En los casos contemplados en los numerales precedentes, la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad, que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento, se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negaren a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razones que aduzcan para ello. Esta Sala de lo Penal, considera que la normativa constitucional y procesal penal, define tres formas en la autoridad puede ingresar a una vivienda: 1) Por autorización de una persona que habite la vivienda; 2) Por orden de autoridad competente; y, 3) En casos calificados de urgencia, y una vez practicado el ingreso a la vivienda, presentando de inmediato las actuaciones a convalidación ante la autoridad jurisdiccional respectiva. Después de haber hecho un análisis del caso, esta Sala de lo Penal aprecia que las razones vertidas por el juzgador de instancia se hicieron respetando las garantías fundamentales establecidas por la Constitución de la República, ya que se logró que el allanamiento y registro de morada se realizó cumpliendo los cánones ya establecidos en el párrafo primero del artículo 212 del Código Procesal Penal, estableciendo: “ El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso…Cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial…”; tal y como ocurrió en el presente caso. De ahí podemos inferir que todos los ciudadanos de un país somos sujetos de derechos y garantías inherentes al ser humano, pero también poseemos límites a nuestras acciones, a nuestras conductas, es decir poseemos obligaciones que emanan de las leyes para mantener una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos; en ese sentido, podemos afirmar que los derechos humanos si bien son inalienables e irrenunciables, los mismos no son absolutos y no podemos utilizarlos para cometer acciones contrarias a la ley; todos los habitantes de la República saben que no les es permitido el trasladar, cultivar, poseer drogas o estupefacientes que dañen la Salud de la Población del Estado de Honduras, por tanto mis derechos se ven limitados por los derechos de otros, es así que la Salud de muchos hondureños también debe resguardarse y protegerse ante ataques y acciones tendientes a dañarlas, como de las personas que se dedican a la venta de todo tipo de drogas. Es así que concluye esta Sala de lo Penal, que las razones que utilizó el Sentenciador para excluir de valoración a ciertos medios probatorios no son válidas, pues la prueba obtenida por los agentes policiales es lícita, ya que fue obtenida en respeto a nuestra Constitución de la República, nuestra ley procesal y los instrumentos de derechos humanos de los que nuestro país forma parte; por tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal analiza el motivo de casación presentado por el ente acusador y en efecto considera que el Tribunal Sentenciador ha incurrido en vicio casacional, al haber excluido prueba de valor decisivo para el proceso, en el presente caso, el A-quo excluye el Acta de Allanamiento, Acta de Inspección Ocular practicado en la vivienda del acusado José Manuel Bustillo Bardales por los agentes de investigación Adonis Suarez, Yefrin Centeno y Luis Ordoñez, así como el resto de probanzas que se derivan del mismo, como son: el Acta de Decomiso, Dictamen Toxicológico número 2020-0801-0501-04642 practicado en fecha 27 de agosto del 2020 a la droga encontrada, evidencia física: Una bolsa plástica color negro, conteniendo en su interior polvo blanco supuestamente cocaína, 24 envoltorios plásticos transparentes conteniendo en su interior supuesta piedras de crack y 22 bolsitas transparentes conteniendo en su interior hierba seca marihuana; pues considera que el allanamiento realizado en la vivienda del acusado es prueba ilícita ya que vulnera el derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio, establecido en el artículo 99 de la Constitución de la República, pues no cumplieron con el procedimiento establecido en los artículos 211 y 212 del Código Procesal Penal. En fecha 17 de marzo de 2020 el Ministerio Público solicitó autorización judicial para la práctica de allanamiento de morada en la vivienda del señor José Manuel Bustillo Bardales, alias “El Tatuado” por los suponerlo responsable de los delitos de Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud Pública y Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego en perjuicio de El Orden Público; en fecha 24 de agosto del año 2020, el Juzgado de Letras Seccional de la Paz, departamento de la Paz, resolvió conceder la autorización al Ministerio Público para practicar allanamiento de morada y el registro de morada solicitado a la casa de habitación del señor José Manuel Bustillo Bardales, designando el respectivo Juez Ejecutor; en fecha 25 de agosto de 2020 se realizó la presentación del requerimiento fiscal al que se acompañó entre otros medios de prueba el acta de allanamiento. Habiendo continuado el proceso penal en su curso, se llegó a celebrar la audiencia de Proposición de Medios de Prueba en fecha 29 de enero del año 2021, en donde el Ministerio Público ofertó sus respectivos medios de prueba para a ser evacuados en la audiencia de debate, siendo admitidos en su totalidad los medios de prueba por el Tribunal de Sentencia, de tal propuesta la defensa no presentó objeción alguna; en fechas 19 de marzo, 07 y 20 de abril del 2021 se celebró el juicio oral y público. El Sentenciador plasmó y fundamentó su decisión de absolución haciendo una relación del Código Procesal Penal y de la Constitución de la República referente al derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho de inocencia y al debido proceso, raciocinios que esta Sala de lo Penal comparte, pero no en toda su extensión e interpretación. El Sentenciador explica en su fallo, en el acápite Valoración de la Prueba lo siguiente: “Indudablemente se trata de una resolución judicial carente de justificación que fundamenten la decisión, la juez únicamente hace relacion de la solicitud, luego agrega transcripciones del contenido de las disposiciones legales aplicables; pero para el caso no señala cuál de las circunstancias del artículo 212 del código Procesal, que concurren para acceder a la solicitud del Ministerio público para realizar un ingreso y registro a la vivienda donde estaba el acusado, sin motivación alguna en la resolución ni indicando cuales fueron los presupuestos desarrollados que concurren las circunstancias de hechos que permiten llegar a esta conclusión, al adolecer dicha resolución de motivación, no es posible dar por ejecutado el allanamiento en legal y debida forma pues se ignoró los presupuestos y requisitos legales para su mandamiento…” El artículo 99 de la Constitución de la República, dispone que: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a la persona o a la propiedad. Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinará los requisitos y formalidades para que tenga lugar el registro, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleva a cabo”. El Artículo 177 del Código Procesal Penal. El allanamiento. “Si la persona que deba ser aprehendida o detenida preventivamente se encuentra en una casa de habitación propia o ajena, el allanamiento para su captura solo podrá verificarse con el consentimiento de quien habite en aquélla o mediante autorización judicial. Con todo, la casa en referencia podrá ser allanada, en los casos y con las condiciones establecidas por el artículo 212 de este Código. Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior no serán necesarias para entrar en establecimientos públicos, negocios, comercios, centros de reunión o recreo y, en general, en cualquier lugar urbano o rural, que no sirva de casa de habitación, residencia o domicilio de una persona”. El Artículo 212. Requisitos para practicar allanamiento de moradas. El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso de flagrancia o cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial. En estos casos, el Ministerio Público, una vez practicado el allanamiento, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez competente, al que explicará las razones que lo determinaron. El juez, por auto motivado, convalidará o anulará, total o parcialmente, lo actuado. En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución de la República. Quedarán comprendidos dentro de lo dispuesto por el párrafo anterior, los casos siguientes: 1) Cuando exista noticia fundada de que una persona extraña a las que habitan una morada, casa, lugar en que viva una persona, fue vista en el momento en que se introducía a ésta en circunstancias inusuales; 2) Cuando la persona que es perseguida para su captura, entra a una casa habitada, sea propia o ajena; 3) Cuando de una morada, se oyen voces o gritos de alarma que pongan de manifiesto que se está cometiendo un delito o que alguien solicita auxilio; y, 4) Cuando el allanamiento se haga necesario por causa de incendio, terremoto, inundación, epidemia u otro peligro semejante. En los casos contemplados en los numerales precedentes, la autoridad policial que practique el allanamiento deberá, en lo posible, hacerse acompañar de dos (2) testigos mayores de edad, que no tengan vinculación alguna con los cuerpos de investigación. Concluido el allanamiento, se levantará acta que firmarán quienes hayan participado en el mismo y aquellos en cuya presencia se efectuó. Si se negaren a hacerlo, se hará constar esta circunstancia y las razones que aduzcan para ello. Esta Sala de lo Penal, considera que la normativa constitucional y procesal penal, define tres formas en la autoridad puede ingresar a una vivienda: 1) Por autorización de una persona que habite la vivienda; 2) Por orden de autoridad competente; y, 3) En casos calificados de urgencia, y una vez practicado el ingreso a la vivienda, presentando de inmediato las actuaciones a convalidación ante la autoridad jurisdiccional respectiva. Después de haber hecho un análisis del caso, esta Sala de lo Penal aprecia que las razones vertidas por el juzgador de instancia se hicieron respetando las garantías fundamentales establecidas por la Constitución de la República, ya que se logró que el allanamiento y registro de morada se realizó cumpliendo los cánones ya establecidos en el párrafo primero del artículo 212 del Código Procesal Penal, estableciendo: “ El allanamiento de una morada, casa o lugar en que viva una persona, sólo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en caso…Cuando la medida sea necesaria para impedir la comisión de un delito, para evitar la fuga de un delincuente o la destrucción, pérdida u ocultamiento de las pruebas o evidencias con miras a lograr la impunidad de los responsables y no sea posible esperar el tiempo necesario para solicitar la autorización judicial…”; tal y como ocurrió en el presente caso. De ahí podemos inferir que todos los ciudadanos de un país somos sujetos de derechos y garantías inherentes al ser humano, pero también poseemos límites a nuestras acciones, a nuestras conductas, es decir poseemos obligaciones que emanan de las leyes para mantener una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos; en ese sentido, podemos afirmar que los derechos humanos si bien son inalienables e irrenunciables, los mismos no son absolutos y no podemos utilizarlos para cometer acciones contrarias a la ley; todos los habitantes de la República saben que no les es permitido el trasladar, cultivar, poseer drogas o estupefacientes que dañen la Salud de la Población del Estado de Honduras, por tanto mis derechos se ven limitados por los derechos de otros, es así que la Salud de muchos hondureños también debe resguardarse y protegerse ante ataques y acciones tendientes a dañarlas, como de las personas que se dedican a la venta de todo tipo de drogas. Es así que concluye esta Sala de lo Penal, que las razones que utilizó el Sentenciador para excluir de valoración a ciertos medios probatorios no son válidas, pues la prueba obtenida por los agentes policiales es lícita, ya que fue obtenida en respeto a nuestra Constitución de la República, nuestra ley procesal y los instrumentos de derechos humanos de los que nuestro país forma parte; por tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-455-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP- 455-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Juan Antonio Guerra Lara, como autor del delito de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del estado de Honduras. SEGUNDO: Absolvió a Juan Antonio Guerra Lara, como autor del delito de Uso Indebido de Nombre, en perjuicio de La Fe Pública del Estado de Honduras. TERCERO: No procedió la condena en costas al Ministerio Público. CUARTO: Ordeno la destrucción de la evidencia encontrada, consistente en 12150,4 gramos de hierba seca marihuana que se encuentra en custodia del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Yanory de Jesús Ramos González, como fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la Abogada Giovinezza Dubois Zavala, como defensora pública de Juan Antonio Guerra Lara como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Único: El señor Juan Antonio Guerra Lara, nació en Saba, Colon, el cuatro de noviembre de 1990, siendo sus padres Antonio Guerra López y Maria Lilian Lara y es titular de la Identidad número 0205-1990-00883.” RECURSO DE CASACIÓN, ARGUMENTOS: La recurrente Abogada Lourdes Rivas Arita, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo." PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. El artículo 202 del Código Procesal Penal establece que: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida" (lo resaltado es agregado), aspecto que se reafirma con la obligación de fundamentación contenida en la regla cuarta numeral 2 del artículo 338, siempre de la norma supra referida, por la cual los jueces deben expresar las pruebas valoradas para dar por acreditados los hechos, en consecuencia, no les es permitido omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba decisiva en la resolución del caso. De lo antes expuesto, vemos que el tribunal sentenciador se ve en la obligación al momento de dictar sentencia de apreciar todos y cada uno de los medios probatorios desarrollados en el debate, es decir, aún aquellos que a simple vista se aprecia como inútiles para la resolución del caso, siempre y cuando hayan sido evacuados en el mismo, merecen un pronunciamiento respecto a su valoración, a través del cual a la probanza se le brinde el contenido, exigido o crucial, que la misma merezca y por ende constituya el respaldo fáctico o bien de una condena, o de una absolución. Por su parte, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido que: "el artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo..."; esta afirmación también se encuentra plasmada en los fallos emitidos en los expedientes SP-90-2001 y SP165-2007, de ahí que en el caso sub judice nos encontramos ante el vicio casacional invocado ya que al examinar la sentencia censurada, así como las probanzas que sirvieron de fundamento para la misma, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido, excluyó una prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el Acta de Registro personal al imputado y que conlleva asimismo al hallazgo de la droga en una caja propiedad del imputado y que él mismo había ubicado en el vehículo (taxi) en el cual se conducía, es así que el Tribunal consideró que: "...en el momento en que los agentes de Policía de Fronteras abordan al imputado y registran la caja que supuestamente era de él, no existía denuncia alguna en su contra y por la razón antes señalada el Juzgador concluye que "al haber realizado de manera ilegal el registro a la humanidad del imputado, los policías de fronteras, violentaron el precepto constitucional establecido en el artículo 81 siendo que el imputado tenía todo el derecho de permanecer o circular en cualquier parte del territorio nacional, lo que conlleva a que toda la prueba obtenida de manera ilegal carezca de eficacia probatoria ya que vulneran derechos fundamentales, pues se encuentran dentro de la esfera de la intimidad que regula el artículo 76 de la Constitución de la Republica."; razonamiento que produjo como consecuencia el fallo absolutorio a favor del procesado. Es preciso hacer énfasis en que la diligencia que dio origen al descubrimiento de la droga en poder del acusado, la constituyó un operativo de rutina que periódicamente realiza la Policía en cumplimiento a su obligación de realizar actos preventivos de carácter general a efecto de prevenir conductas delictivas y proteger a la colectividad; y ello es lo que precisamente les faculta para indagar respecto a cualquier irregularidad que pueda generar una conducta ilícita. El registro personal corporal es un acto de investigación, con o sin control jurisdiccional, consistente en reconocer a una persona para verificar si lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias algún objeto de tenencia ilícita o relacionada con un delito en particular. Sin duda alguna, el registro corporal personal constituye una limitación a principios constitucionales básicos como el de la libertad y la intimidad, justificable en casos específicos en pro de la seguridad colectiva. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado en los siguientes términos: "Para esta Sala de lo Penal, los señores jueces de sentencia en sus razonamientos sólo tienen presente los derechos exclusivamente del acusado Marco Jonathan Mercado Merlo, sin tomar en consideración que dichos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública... Los agentes de Policía en el caso concreto, tenían la obligación de realizar actos preventivos de carácter general, pues así se los mandaba el artículo 24.22 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional: por ello al cursar por esa zona y ver a esta persona en medio de dos postes y en la que casi no se miraba, estaban autorizados por la ley para requerirlo y solicitarle un registro pues el fundamento razonable parte precisamente del lugar en donde se encontraba, la que se explicó después al encontrársele un arma de fuego de uso comercial. Los agentes de policía no podían solicitar al señor Marco Jonathan Mercado Merlo que entregase un objeto determinado pues no se trataba de una persona de la cual se tuviesen antecedentes para sospechar de él como responsable de un acto concreto, sino que simplemente era un acto de control ciudadano dispuesto al azar y que recayó en una persona que transitaba casualmente por el lugar por donde los agentes de policía realizaban su patrullaje.” (Lo resaltado no corresponde al texto original). Por lo que "para la apreciación de una prueba ilícita no solamente basta que el hecho o acto vulnere o lesione un derecho fundamental, sino que aquella vulneración sea de tal magnitud, que, sopesada con la obtención de un fin, no se pueda justificar tal sacrificio. En otras palabras, los derechos que se ponen en juego deben ser debidamente ponderados por el juzgador, ya que no se trata de derechos absolutos sino relativos, y su relatividad está determinada por la obtención de fines lícitos y la protección de otros derechos, principalmente los de la sociedad en general. Así las cosas, en la obtención de un acto de prueba, puede producirse una violación a la intimidad, a la inviolabilidad al domicilio, etc., pero si tal violación no supera la magnitud que implica la protección de otros bienes o derechos de la colectividad, no debe ser considerado dicho acto como ilegítimo". (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Penal. CP-1976-2004 de fecha 30 de enero de 2006). En cuanto al caso sujeto de análisis, el sentenciador privó de validez el Acta de Registro Personal, exponiendo que "se violentaron derechos fundamentales, por lo tanto, todo lo que se deriva de tal registro constituye una prueba ilícita", con ello, el Tribunal incurrió en el vicio que motiva el presente recurso, al excluir un medio probatorio obtenido con todas las formalidades legales y que se incorporó legítimamente al juicio; en conclusión, la práctica del registro a las pertenecías del encausado, fue llevada a cabo con todas las formalidades que la ley exige, pues el acusado al trasladarse a bordo del taxi con número de registro 0988, y siendo de su pertenencia una caja de manteca Clover Brand, sellada, la cual llevaba en el baúl del taxi, al llegar al Muelle de Cabotaje en La Ceiba, la Policía de Fronteras se encontraban realizando un operativo; por lo que solicitaron abrir el baúl del taxi, y al observar la caja, se le preguntó al ahora encausado ¿qué traía en la caja? y le solicitaron en dos ocasiones que la abriera, a lo que él contestó que "era provisión y que no podía abrirla porque el dueño la estaba esperando en el yate", por lo que el oficial ante tal negativa solicitó al conductor del taxi que se estacionara para revisar la caja, en ese preciso momento el encausado salió en veloz carrera, siendo perseguido por los policías quienes lo alcanzaron, acto seguido la Fiscalía autorizó abrir la caja, presenciando dicha apertura el encausado, encontrando en el interior veintiocho (28) paquetes de hierba seca (marihuana), por lo que se procedió a la remisión a la CEIN (Centro Integrado) y se inició el trámite legal; de lo antes descrito se desprende que la conclusión a la que llegó el sentenciador resulta errónea, pues no se ha producido un perjuicio que lesione un Derecho Fundamental consagrado en la Constitución de la República o en la Ley Procesal. De todo lo anterior se colige que la actuación de la autoridad policial fue en cumplimiento a sus atribuciones, como "establecer controles en las vías, lugares o establecimiento públicos, en la medida indispensable a los fines de este apartado, al objeto de éste, proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos....” En tal sentido, como ya lo hemos venido explicando en el presente escrito, reiteramos que la Policía de Fronteras se encontraba realizando un operativo como parte de sus obligaciones, y siendo miembros del orden Público dentro de sus atribuciones está, el requerir a cualquier ciudadano para mostrar identificación o sus pertenencias, entre otros, para la prevención de acciones constitutivas de delito; en el caso de autos el encausado fue requerido en dos ocasiones por la Autoridad policial, para que mostrara el contenido de la caja de su propiedad, negándose ambas ocasiones, siendo esta una actitud sospechosa por parte del encausado, acto seguido, sale en veloz carrera, dando fuerza a la sospecha de la posible comisión de algún ilícito, confirmándose dicha sospecha cuando llega el personal de la Fiscalía, y proceden a abrir la caja que pertenecía al encausado, descubriendo que contenía en su interior 28 paquetes de hierba seca, con un peso de 12150,4 gramos de marihuana, cantidad incompatible para consumo. Partiendo del hallazgo de la evidencia se procede a trasladarlo a la oficina correspondiente, para aplicar el trámite legal pertinente a su captura, demostrándose que el actuar de los miembros del orden Público, fue en cumplimiento a las formalidades legales comprendidas en el artículo 206 del Código Procesal Penal, por lo cual se evidencia que la decisión a la que ha llegado el tribunal al considerar el medio de prueba mencionado como ilícito, es errónea; pues no puede limitarse las atribuciones de las que se ha investido a las Autoridades Policiales para el beneficio de la seguridad ciudadana. De ahí que el tribunal sentenciador al excluir de valor probatorio el Acta de Registro Personal, ha efectuado una apreciación arbitraria e inconsistente, pues como consecuencia se ha excluido también toda la prueba producida como consecuencia de éste medio probatorio, como ser el testimonio de Santos Tomas Oseguera Herrera, en relación al supuesto Hallazgo el acta de registro personal (describe contraseña de identificación), el Dictamen Toxicológico 2017-0101-0506-0089, así como la evidencia misma, por considérala prueba ilícita, la prueba que ha excluido el Tribunal es de valor decisivo, se ha excluido del andamiaje probatorio de forma injusta, dejando en situación de indefensión a representante de la Sociedad, pues la prueba llevada para demostrar su pretensión acusatoria, fue eliminada ante la exclusión del mencionado medio de prueba de valor decisivo. Como ya lo referimos anteriormente aunque el sentenciador considera que con el acta de Registro Personal se violentaron derechos fundamentales, como lo es el derecho a la intimidad personal y la libre circulación del encausado contenido en el artículo 81 y 76 de la Constitución de la República; es decir, está excluyendo de la valoración probatoria al Acta de Registro personal mencionada, por considerar una ilicitud inexistente; pues como lo hemos venido diciendo la prueba se produjo con las formalidades y legalidades que se requieren para su validez, incurriendo con ello el Tribunal en el vicio que ahora sustenta el presente recurso de casación; sin dejar de mencionar la trascendencia del delito que se está juzgando, pues el bien jurídico protegido en el mismo es la Salud de la población del Estado de Honduras y la fe pública. Como se ha demostrado con la exposición del recurso, la sentencia objetada adolece de graves vicios de forma, que se traducen en la Absolución del imputado por el delito de POSESION Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS y USO INDEBIDO DE NOMBRE, siendo violatorios del sistema de la sana critica racional que inspira el modelo procesal vigente, en consecuencia, el vicio denunciado se afirma, traduciéndose en quebrantamiento de forma. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes:1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo; 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; • Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 338 regla cuarta numeral 2) del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: Haber Excluido el Juzgador prueba de valor decisivo; • Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el acto de sentenciar; • Pretensión: No se establece por la pretensora. Establece la recurrente que el Tribunal de Sentencia excluyó una prueba de valor decisivo, consistente en el Acta de Registro personal al imputado y que conlleva asimismo al hallazgo de la droga en una caja propiedad del imputado y que él mismo había ubicado en el vehículo (taxi) en el cual se conducía, es así que el Tribunal consideró que: "...en el momento en que los agentes de Policía de Fronteras abordan al imputado y registran la caja que supuestamente era de él, no existía denuncia alguna en su contra y por la razón antes señalada el Juzgador concluye que" al haber realizado de manera ilegal el registro a la humanidad del imputado, los policías de fronteras, violentaron el precepto constitucional; el Tribunal incurrió en el vicio que motiva el presente recurso, al excluir un medio probatorio obtenido con todas las formalidades legales y que se incorporó legítimamente al juicio; en conclusión, la práctica del registro a las pertenecías del encausado, fue llevada a cabo con todas las formalidades que la ley exige, pues el acusado al trasladarse a bordo del taxi con número de registro 0988, y siendo de su pertenencia una caja de manteca Clover Brand sellada, la cual llevaba en el baúl del taxi; por lo que solicita se de curso legal correspondiente. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De los Registros Personal/Corporales El registro personal/corporal es un acto de investigación, con o sin control jurisdiccional consistente en auscultar a una persona para verificar si lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias algún objeto de tenencia ilícita o relacionado con un delito en particular. Sin duda al registro corporal/personal constituye una limitación a principios constitucionales básicos como el de la libertad y la intimidad, justificable en casos específicos en pro de la seguridad colectiva, empero también puede significar la violación del derecho básico a la dignidad humana cuando es realizado con abuso por parte de la autoridad actuante, por ello se encuentran tanto en la Ley de Policía y Convivencia Social como en el Código Procesal Penal regulaciones específicas y estrictas para su práctica.- Existen dos clases de registro: 1) El registro personal o cacheo; 2) Registro Corporal. 1) El Registro Personal Procedimiento mediante el cual se palpa por encima de las ropas a una persona, sin comprometer zonas púdicas, en busca de objetos prohibidos o relacionados con el delito. Este registro personal se practica sin control fiscal ni jurisdiccional, con o sin consentimiento de la persona: a. Existe consentimiento cuando la persona expresamente manifiesta su aquiescencia para que se le haga dicho registro, o tácitamente cuando consciente y voluntariamente se coloca en una situación en donde será objeto de registro, como por ejemplo al ingresar a un centro deportivo o a un concierto; b. El Registro se realizará sin el consentimiento cuando la autoridad pública, basado en un fundamento razonable que descanse en la licitud, requiere a una persona para la realización del registro.Sin duda alguna en esta clase de registros personales, hecho en contra de la voluntad de la persona, la libertad ambulatoria puede resultar momentáneamente restringida pues el individuo debe someterse a las indicaciones policiales respecto al registro, justificables en pro de la seguridad pública, lo que obliga a toda persona a someterse al derecho de policía ejercido por los agentes; Entiéndase que tal sometimiento no constituye privación de la libertad, sino un mero constreñimiento provisional durante el tiempo indispensable para que la autoridad realice el control de seguridad. Recordemos que mediante artículo 61 de la Constitución de la República el Estado de Honduras se compromete a garantizar la seguridad personal de los nacionales y extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional; Tal seguridad en parte se logra garantizar mediante el derecho policial y el derecho penal, siendo parte del primero la ejecución de medidas preventivas que si bien pueden causar molestia y hasta restricciones momentáneas a ciertos derechos, ello es admisible constitucionalmente en aras de la salvaguarda de la exigencia de seguridad pública; Sobre esto Chávez (Chávez, Orlan Arturo, en Derechos Fundamentales y la Investigación Criminal, Editorial O.I.M., Honduras, 2011), explica que “… como todo derecho es necesario que tenga limitaciones para salvaguardar otros derechos de la misma naturaleza y hallar el equilibrio o la tensión entre el bien protegido y el que aparece como limitado.”.Entre las acciones preventivas están la potestad de la policía de exigir a toda persona mayor de edad se identifique plenamente mediante un documento oficial, pudiendo la autoridad policial conducirle a su casa o a la oficina estatal más cercana para efectos de proceder a la debida identificación (Art. 45 Ley de Policía y Convivencia Social). También la policía nacional puede “[…] establecer controles en las vías, lugares o establecimiento públicos, […], al objeto de este proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos, al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. […].” (Art. 55 Ley de Policía y Convivencia Ciudadana). En específico la practicar registro personal In Situ, deberá realizarse cuando concurran las siguientes circunstancias (Art. 206 CPP): *.- Existencia de un fundamento razonable que aconseje la necesidad a la autoridad policial de realizar dicho registro derivado de la sospecha que se tenga de que una persona lleva en su cuerpo, en sus ropas o pertenencias, objetos, señales o vestigios relacionados con un delito; tal fundamento razonable puede desprenderse de la forma como se conduce una persona en vía pública, del lugar específico donde se encuentre al tratarse de una zona en donde con recurrencia se den actos delictivos, de la proximidad de la persona al lugar en donde se ha cometido un delito, u otra circunstancia análoga; El Registro sea realizado bajo el procedimiento legal y con estricto respeto de la dignidad humana. La policía, primero debe informar a la persona sobre la necesidad de realizar el registro y en los casos en que se tenga sospecha preexistente de que éste porta un objeto ilícito o relacionado con el delito se le invitará para que haga entrega de él, invitación que claramente no puede realizarse cuando el registro se realice como un acto de control de seguridad espontáneo. El registro personal se practicará por encima de las ropas evitando palpar zonas corporales que afecten el pudor, por personal del mismo sexo que el sujeto a registro y en su caso por persona del mismo género que sea designada por la autoridad policial en el momento, lo que puede ocurrir cuando en el operativo policial solo se encuentren agentes del sexo masculino y exista la necesidad de realizar registro a una persona del sexo femenino, por lo que el agente policial de mayor rango podrá designar a otra persona femenina civil para que haga la palpación. Este tipo de registro podrá realizarse por la Policía Nacional Preventiva en vía pública y sin orden judicial, debiendo presenciar la diligencia dos testigos (personas no relacionadas con la agencia policial) cuando pudiesen ser habidos sin demora. De todo lo actuado se levantará acta, la que firmaran las personas que hayan intervenido.2) El Registro Corporal Se realizará cuando se sospeche que la persona porta consigo objetos de tenencia ilícita o relacionada con el delito en partes del cuerpo que afecten el pudor. Esta diligencia se llevará a cabo en un lugar reservado, por persona del mismo sexo y con presencia de alguien de confianza del que será registrado, siempre que pueda ser habida sin demora. Cuando el registro afecte directamente zonas corporales íntimas que requieran experticia, el registro deberá ser realizado por un médico o personal sanitario capacitado. Para la práctica de este tipo de registros es necesario orden judicial, sin perjuicio de que pueda ser dispuesta por el Ministerio Público, por razones de urgencia, debiendo solicitar su convalidación judicial en forma inmediata. Solo le es permitido a la Policía Nacional Preventiva la práctica de este tipo de registros sin orden fiscal o judicial, cuando se tenga conocimiento cierto de que la persona esconde algún objeto que pueda ser utilizado en forma ofensiva contra la autoridad, contra terceras personas o contra la vida de la propia persona sospechosa; sin embargo, siempre deberá ser practicado por una persona del mismo sexo y, en la medida de lo posible, en un lugar reservado o alejado de la vista pública. Los Agentes de Policía, además, deberán solicitar la convalidación judicial en forma inmediata, por conducto del Ministerio Público. Tanto en los registros personales como, y especialmente, en los registros corporales, la autoridad estatal encargada deberá velar por el estricto respeto a la dignidad humana.- Recuérdese que “La libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos); la dignidad humana es el primer valor a tener en cuenta cuando se estudia a la persona, por derivar de sus más íntimos y específicos componentes de racionalidad y libertad; desde una perspectiva iusnaturalista la persona humana es un individuo físico, indiviso, único y distinto de sus pares (Principio de Individualidad), que con su inteligencia toma conciencia de sí y accede al conocimiento del ser del mundo circundante, produciéndose su apetito de mejorarse a sí mismo y de buscar condiciones tangibles e intangibles que le ayuden a alcanzar esa meta, para ello debe gozar de una autonomía para escoger los medios que le permitan la obtención de esos fines naturales, esa autonomía es punto de convergencia de derechos y deberes para con otras personas humanas que buscan el mismo objetivo y que por tanto merece un respeto mutuo. La dignidad humana es el valor de la persona humana por su carácter autónoma, individual y racional, el que debe ser reconocido y respetado recíprocamente entre los seres humanos, quienes además deben tolerar, aceptar y valorar las diferencias entre ellos; Huertas Martín (Huertas Martin, Isabel, El sujeto pasivo del Proceso Penal como objeto de la prueba, Primera Edición, Editorial BOSCH, Barcelona-España, 1999. Pág. 374), al referirse al principio de la dignidad, dice: "…la dignidad ha de permanecer inalterada, cualquiera que sea la situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un mínimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que las limitaciones que se impongan en el disfrute de los derechos individuales no conlleven un menosprecio para la estima, que en cuanto ser humano, merece la persona". La dignidad humana se le considera como un límite al Estado, para ordenar cualquier medida que implique la restricción de un derecho fundamental; al ser la base del sistema, este principio no puede verse vulnerado por ningún acto de investigación que se lleve a cabo dentro del proceso, debe tenerse entonces como límite infranqueable. Este principio es de carácter absoluto y no admite excepciones, reconocido en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 11.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 59 y 63 de la Constitución de la República.De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Atendiendo del motivo invocado por la censora, esta Sala de lo Penal, ha procedido a realizar una revisión exhaustiva del contenido de la sentencia recurrida que se impugna vía casación, y de los razonamientos externados por el sentenciador al señalar que se ha excluido prueba de valor decisivo. Debemos recalcar, como se ha señalado en el apartado anterior, que existe una obligación del Estado de brindar seguridad a toda persona nacional o extranjera que se encuentre dentro del territorio nacional; razón por la cual el legislador ha concedido la potestad a la autoridad policial a ejecutar actos, que si bien pueden significar restricciones a derechos fundamentales, se encuentran enteramente justificados en aras de cumplir con aquella obligación general, siempre que dichas actuaciones se realicen en estricto apego a lo reglado en la ley. Así entonces un agente de la policía incurriría en violación de sus deberes cuando omitiese cumplir con su función de prevenir actuaciones reñidas con la ley que aseguren la seguridad personal de los habitantes, tal y como se lo mandaba la otrora vigente Ley Orgánica de la Policía Nacional (Decreto 067-2008) en su artículo 22 y que ahora dispone la Ley Orgánica de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública y de la Policía Nacional de Honduras (Decreto 018-2017), en su artículo 30. La Sala de lo Penal, ya se ha pronunciado sobre las “Actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito”, es decir diligencias de investigación a cargo de la Policía Nacional a efecto de documentar sus actuaciones en los primeros momentos de la investigación de un hecho criminoso. Los medios de prueba enumerados que debieron ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la sana crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate fueron: 1. El Acta de Registro Personal practicada al señor Juan Antonio Guerra Lara; 2. El Dictamen Toxicológico 2016-0101-0506-009; 3. El Testimonio de Santos Tomás Oseguera Herrera, así como la demás evidencia pero no lo realiza el Tribunal; a folio 162 de la pieza de autos se examina la sentencia recurrida, verificamos que el Juzgador en el apartado de la valoración de la prueba en el ordinal cuarto realiza un análisis intelectivo de los medios de prueba de la siguiente manera: “CUARTO Análisis intelectivo de los medios de prueba arriba descritos: Es imperativo señalar que el señor Santos Tomas Oseguera Herrera, no se hizo presente ante estos juzgadores para sostener la incriminación, por lo que, se escuchó mediante su lectura por la señora secretaria, su deposición rendida ante el Juez de Letras y el acta de registro personal realizada por Edmun Wilfredo Alvarez Yuperel, fueron introducidos por lectura durante la audiencia de debate, y el acta sin ratificación, lo cual infringe el principio de inmediación. En el presente caso como ya se dijo, el acta de Registro Personal, no se ratificó en la audiencia, por lo que carecen de eficacia probatoria para vincular al acusado con el hecho, pues se vulneró en su práctica los principios de contradicción e inmediación y no existe prueba independiente suficiente de carácter corroborativa. En consecuencia, no fue posible corroborar el momento de la detención del acusado, ni el supuesto decomiso de la sustancia ilegal o las condiciones en que supuestamente estaban los 28 paquetes de hierba seca Marihuana referidas por la acusación. Tampoco pueden ser tomados en cuenta esas pruebas para confirmar el testimonio de Santos Oseguera Herrera, introducido por lectura, ni para concatenar la versión del testigo Víctor Manuel Ayala Palma, quien realizó la inspección, en consecuencia, la versión de Santos Oseguera Herrera, queda huérfana de corroboración objetiva. Como consecuencia del principio de presunción de inocencia en un Estado democrático de derecho cuando el testimonio de una persona sea la prueba toral de cargo como en este caso, pues la declaración de Santos Oseguera Herrera es el único medio de prueba sobre el hecho imputado, debe reunir algunas condiciones como ser la ausencia de razones que excluyan o debiliten seriamente la credibilidad: la existencia de elementos de corroboración que avalen su versión, y la consistencia interna de su declaración y la persistencia. No se trata de requisitos de la prueba, de manera que de concurrir todos ellos haya que afirmar que la declaración resulta necesariamente creíble, y que de no hacerlo debe ser en todo caso desechada. Son pautas de razonamiento que explicitan la valoración de la declaración testifical e introducen elementos objetivos de control acerca de la racionalidad del proceso valorativo. En este caso existen serios cuestionamientos sobre esas condiciones tocantes a la declaración de Santos Oseguera Herrera, como ya se dijo, pues su versión carece de corroboración objetiva mediante otra prueba o elemento periférico. Ante la ausencia de datos independientes, objetivos y periféricos que doten de verosimilitud de aquel testimonio, corresponde no otorgarle valor, ni eficacia probatoria pues no existe otro medio de prueba o aspecto periférico que corrobore en todo o en parte su dicho, porque los demás medios de prueba carecen de eficacia probatoria. El caso denota una investigación inconclusa y arbitraria, pues se procedió a la detención y posterior acusación del imputado, a pesar de que no existía prueba alguna para vincularlo con el supuesto hallazgo, es decir, no se investigó si la caja con una sustancia ilegal que se encontraba en el baül del vehículo en el que se conducía, le fue realizada una toma de huellas para descartar que en algún momento el acusado tuvo contacto con dicha caja o la presencia de huellas dactilares, del encausado o de otra persona, como por ejemplo la persona que conducía el vehículo, Santos Oseguera y atribuirle responsabilidad penal a una persona claramente determinada. Como ya se dijo, no hay como corroborar el dicho del taxista Santos Oseguera de que el acusado al observar a los policías de fronteras, ser interrogado por ellos y no tener respuestas, sale huyendo, pues al Ministerio Público no le interesó en traer a persona ajena o uno de los agentes de la policía de fronteras que presenció el acto, para reforzar dicha deposición, la cual pudiese ser una declaración exculpatoria, pues en el vehículo que él conducía, fue encontrada la caja con la sustancia ilícita, Santos declaró en audiencia inicial, sin embargo, no compareció al debate y su deposición fue introducida mediante lectura, lo que, conlleva a entender que no ha mantenido su incriminación, lo cual, limitó el principio de inmediación y desvirtuar cualquier duda en relación a no tener motivo para tratar de inculpar a la otra persona, para eludir su responsabilidad ante la ley y sin los agentes que ratifiquen sus dichos, no es posible otorgarle valor probatorio a los dichos de Santos Tomas Oseguera Herrera. Santos refiere que los agentes de policía de fronteras le consultaron al joven que traía en la caja que manifestó que era una provisión, que en el momento que iban a revisar la caja el joven salió corriendo y fue cuando los policías lo siguen y lo detienen y que al momento de abrirla él estaba presente y que no le pidieron autorización a él de nuevo para abrirla que se encontraba la fiscal presente y que ella dio la orden, por lo que, conforme a estos dichos y a la prueba evacuada, todo se originó a partir de un registro personal para el cual los policías de fronteras no se encontraban autorizados legalmente para realizar, la Constitución de la Republica en su artículo 81 garantiza el derecho a permanecer en cualquier lugar del territorio nacional, el simple hecho de encontrarse el vehículo tipo taxi y conducirse al muelle de cabotaje de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, no constituye un hecho delictivo, ni da lugar a suponer la comisión de un ilícito, por el cual una persona deba ser detenida y sometida a registro personal, así mismo el artículo 84 de la Constitución de la República le otorga el derecho a todo ciudadano que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivos previamente establecidos en la Ley". Y en su último párrafo menciona "El arrestado o detenido debe ser informado en el acto y con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputan; y además, la autoridad debe permitirle comunicar su detención un pariente o persona de su elección". Quedó plenamente establecido en juicio que, en el momento que los agentes de policía de fronteras, abordan al imputado y registran la caja que supuestamente era de él, no existía denuncia alguna en su contra, éste no se encontraba en una situación que pudiese deducirse que en ese momento estuviese realizando actos contrarios a la ley, ya que el imputado se encontraba en el asiento del copiloto del taxi que conducía Santos Oseguera hacia el muelle, donde fue requerido y a simple vista no se observaban indicios racionales que llevaran a los policías a sospechar de la comisión de un ilícito, por lo tanto, no estaban en la facultad de detener al imputado y proceder a registrarlo. Aunado a lo anterior el artículo 206 del Código Procesal Penal establece claramente la manera en que deberá realizarse un registro personal, no se extrajo de la prueba practicada en el debate, que al momento que se le practicó el registro este fuese hecho en presencia de testigos o con la asistencia de un abogado defensor para de esta forma se garantizaran los actos y la obtención de indicios, respetando así el Debido proceso, porque si bien no había motivo para detenerlo o registrarlo, no mencionaron que existía motivos que los hicieran presumir que dentro de sus ropas o pertenencias, pudiese ocultar objetos o vestigios relacionados con un delito, así mismo faltaron a su deber al no advertirle al señor Juan Antonio Guerra Lara, sobre cualquier sospecha que pudiesen haber tenido antes de proceder al registro. Al haber realizado de manera ilegal el registro a la humanidad del imputado, los policías de frontera, violentaron el precepto Constitucional establecido en el artículo 81 siendo que el imputado tenía todo el derecho de permanecer o circular en cualquier parte del territorio nacional, lo que conlleva a que toda la prueba obtenida de manera ilegal carezca de eficacia probatoria ya que vulneran derechos fundamentales, pues se encuentra dentro de la esfera de la intimidad que regula el artículo 76 de la Constitución de la República: en el mismo sentido la Convención Americana Sobre Derechos Humanos Artículo 11.2 establece. "Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada..." y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, articulo 5 "Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra ataques abusivos...y su vida privada.... norma que incluye lo que una persona lleva entre sus pertenencias, y garantías procesales, así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, es decir, que toda la prueba obtenida después del registro personal no puede ser objeto de valoración por parte de este Tribunal en vista de que resulta ser una prueba prohibida o ilícita. Para éste Tribunal, no es posible valorar lo derivado del registro al imputado, esto es así a razón de que no existe prueba que determine que el encausado portaba objetos de carácter ilícito, que diera lugar al registro, es importante señalar que los dos agentes de policía debieron hacer del conocimiento del requerido en ese momento, cuáles eran las posibles repercusiones del registro y cuáles eran sus derechos, lo cual no realizaron los agentes del orden, pues únicamente lo registran, sin solicitarle previo a dicho acto, que el imputado les presentara voluntariamente cualquier sustancia prohibida y no concurrió circunstancia para sospechar del acusado y registrarlo, no existiendo prueba independiente que acredite la legitimidad y legalidad del registro, ya que los policías no hicieron uso de testigos presenciales que confirmaran con detalles las circunstancias exactas que dieron lugar al registro éste se vuelve ilegal, pudiendo los agentes de policía realizarlo a través de personas que no tuviesen vinculación alguna con los cuerpos de investigación, garantizando de esta forma los posibles hallazgos y la repercusión de una posible imputación por parte del Ministerio Público, pues ya se encontraba detenido el señor Juan Antonio Guerra Lara y no existía ninguna urgencia por realizar dicho registro. Los agentes de policía deberían estar preparados para la realización de diligencias como ser un registro personal, así como deberían tener el conocimiento adecuado de lo que establece el artículo 203 del Código Procesal Penal, en relación a la obtención de evidencia en la comisión de un delito, no obstante su obtención, preservación y custodia, están obligados a observar ciertos procedimientos que garanticen no solo su obtención, sino que se evite su extravió, sustitución o alteración, procedimiento que solo se puede alcanzar con una vigilancia estricta de la vía legitima que recorre dicha evidencia, para tener la seguridad de la garantía de autenticidad desde el momento de su recolección hasta su presentación al debate. En el caso de autos, el Tribunal denota que el imputado no fue informado que pendía sobre él una sospecha de la comisión de un delito, mucho menos fue exhortado a presentar de manera voluntaria los objetos que supuestamente portaba en la caja de cartón color café que se encontraba en el baúl del taxi y no se encontraba realizando actos que justificara un registro personal por parte de la policía, no siendo posible comprobar este extremo con otros medios de prueba, constituyendo esto una violación al debido proceso. En base al Artículo 200 del Código Procesal Penal que establece que carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuantos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información, es que este Tribunal es del criterio que al realizar del registro ilegal realizado al señor Juan Antonio Guerra Lara, se violentaron derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal y la libre circulación, por lo tanto, todo lo que se deriva de tal registro constituye una prueba ilícita y no debe ser valorada, como ser parte del testimonio de Santos Tomas Oseguera Herrera, en relación al supuesto hallazgo, el Acta de Registro Personal, el Dictamen Toxicológico número 2016-0101-0506-009, así como la evidencia misma y sin prueba lícita y suficiente, lo procedente es dictar una sentencia absolutoria a favor del señor Juan Antonio Guerra Lara. Por otra parte, no comparecieron los agentes de policía ante quienes supuestamente utilizó un nombre que no era el suyo y como ya se dijo no se le concedió valor al acta de registro personal donde se dio el hallazgo de la contraseña a nombre de Jorge Dimas Rodríguez Matute, y no fue presentado testigo alguno que manifestara la forma en que fue supuestamente utilizada esa contraseña, ante quien y porque razón, en consecuencia, no podemos atribuirle al encausado que él haya utilizado un nombre de identificación que no fuese el suyo, muy por el contrario el acta de registro personal establece que fue encontrada en el interior de su billetera la cual portaba en la bolsa derecha de su pantalón y no haciendo uso de ella. No existe prueba suficiente para atribuirle ese delito, pues la ley establece que haga uso de ese nombre con la intención de no ser perseguido criminalmente u obtener un beneficio, pues no existe prueba que demuestre que el haya querido hacerse pasar por esa persona, habida cuenta que al momento de solicitarle su nombre de identificación por estos juzgadores brindó Juan Antonio Guerra López y aseveró que su padre se llama Toño López, pues es una persona que no tiene ningún grado de instrucción, lo que, pudo haber provocado confusión al momento de dar sus datos”. El vicio en el que ha incurrido el Juzgador como ser la de exclusión de prueba de valor decisivo, identificando con ello en el desarrollo del recurso por la Censora, explica como el Tribunal excluye el medio de prueba Acta de Registro y los demás pruebas que dependen de esta, como se expresó en el apartado anterior al no efectuar inferencias ni razonamiento de ninguna naturaleza al momento del estudio intelectivo, sin embargo al dar o no valor a dichos medios de prueba, se enfrascándose en desarrollar la ilicitud de la prueba. La Sala de lo Penal ha explicado que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea; a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre que si toma en cuenta el medio de prueba excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. Al ocurrir el vicio, la Sala de lo Penal procede a determinar si el medio de prueba indebidamente excluido posee un valor decisivo para la resolución del fallo; conforme al método de Inclusión Hipotética consideramos que la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo hubiese traducido en la modificación de algunos de sus pronunciamientos; por lo cual se verifica que en la audiencia de proposición de pruebas, fue propuesto por la parte acusadora el medio de prueba denominado Acta de Registro Personal (F.37), el cual fue admitido según acta de proposición de pruebas según folio 98 vuelto; este medio de prueba fue reproducido en el Juicio Oral y Público (F.155 y 156) conforme a las reglas procesales, finalizando con la sentencia en donde, dichos medio de prueba fue excluido con los demás medios probatorios (F.162 al 164) lo cual no fueron valorados por los juzgadores, siendo atinente la Censora en sus argumentos recursivo; en resumen, el recurso presentado en su único motivo debe de ser estimado, en virtud que del examen de la sentencia recurrida la Sala considera que existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido el medio de prueba (acta de registro personal) y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico.Para esta Sala de lo Penal los señores Jueces de Sentencia en sus razonamientos solo tienen presente los derechos exclusivamente del acusado Juan Antonio Guerra Lara, sin tomar en consideración que dichos derechos no son absolutos y que pueden ser limitados en aras de la salvaguarda de los derechos de otras personas o de la colectividad, como ser la seguridad pública; es correcto señalar que el registro que se practica a una persona puede comprometer la libertad y hasta la intimidad, pero tal compromiso es tan fugaz cuando se trata de un registro personal (cacheo), que la ley lo admite cuando se busca con él mantener la seguridad de la población mediante actos de prevención del delito, por lo que la postura del Tribunal de Sentencia es errónea y constitutiva del vicio señalado al excluir el medio de prueba Registro Personal y las demás pruebas, incluyendo la declaración del testigo pruebas que fueron debidamente admitidas y evacuadas conforme a la normas procesales, pero que el Juzgador las consideró ilícitas; por lo que es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma. DECISION Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 2 y 369 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Lourdes Rivas Arita, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- Segundo: Casa la Sentencia recurrida. Tercero: Declara la nulidad del debate de juicio Oral y Público, y la sentencia de fecha trece de mayo del dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida.- Y Manda: Primero: Observando los plazos legales previstos en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de la Ceiba, departamento de Atlántida, proceda a celebrar nueva audiencia de debate y emitir nueva sentencia en la cual se resuelva la acción penal interpuesta contra el Señor Juan Antonio Guerra Lara, por suponerlo responsable a título de autor del delito de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, y Uso indebido de Nombre en perjuicio de la Fe Pública del Estado de Honduras; audiencia de debate y sentencia en las que deberán participar jueces distintos a aquellos que emitieron la sentencia recurrida. Segundo: A efecto de que se acate lo resuelto que la Secretaría del Despacho después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia para su inmediato cumplimiento. Redacto el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE.” Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Lety Emelda Posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-455-2021.
PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL