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Sentencia CP-449-21 — Registro 19775

Resumen

En primer instancia se condena a la imputada como responsable de los delitos de asesinato y lesiones culposas, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Después de puntualizar los elementos objetivos y subjetivos permisivos de la causa de justificación de la Legitima Defensa Propia, la Sala de lo Penal ha llegado a la conclusión que ninguno de éstos se ven reflejados en el relato de los hechos declarados probados; Los hechos probados relatan: • En fecha dieciséis (16) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), en el barrio La Punta, Coxen Hole, Roatán departamento de Islas de la Bahía, entre las cinco y seis de la tarde, el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, se encontraba frente a la puerta de unos apartamentos propiedad de la señora Malenda Ulina Woods Nixon, en compañía del joven Oris Woods Welcome, tratando de cambiar un llavín cuando fueron sorprendidos por la señora Malenda, quien empuñaba con ambas manos un arma de fuego tipo pistola, marca: Hi Point, modelo: CF, calibre: 380 ACP, número de serie P754370, exigiéndole al señor Alsted que se fuera para su casa, llegando momentos después la joven Sherren Claries Woods Greenwood, quien se enteró de lo que sucedía y conmina a su padre a retirarse. • El señor Alsted Accedió, por lo que ambos empiezan a caminar primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole la espalda a la señora Malenda Ulina, esta sin mediar palabra alguna le dispara al señor Alsted Ducan Woods Lawrence provocándole una herida con orificio de entrada: en el lado derecho de la espalda de 1x0.8 cm, con anillo de contusión de 0.2 cm de ancho, excéntrico hacia abajo y a la izquierda a 121 cm de altura de los talones y a 2 cm de la línea media, trayecto: de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, que produjo laceración de músculos, del pulmón derecho y corazón (aurícula derecha), hemotórax derecho fractura del arco anterior de la quinta costilla derecha, orificio de salida en lado derecho del tórax de 1.2x1 cm a 126 cm de altura de los talones y a 8 cm de la línea media, falleciendo momentos más tarde el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, a causa de la herida por proyectil de arma de fuego con laceración cardiaca y hemotórax derecho; y • El proyectil disparado por el arma de fuego accionada por la señora Malenda Ulina Woods Nixon en contra de la humanidad del señor Alsted Ducan Woods Lawrence, al salir del cuerpo de este logro impactarle también en la humanidad de la señora Sherren Claries Woods Greenwood, en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal para el desarrollo de sus actividades habituales. Como se colige, los hechos descritos no indican que las heridas sufridas por Alsted Ducan Woods Lawrence y Sherren Claries Woods Greenwood, sean reacción de defensa a una conducta realizado por éstos en contra de la acusada Malenda Ulina Woods Nixon; lo que describe el hecho probado, es que las víctimas estaban caminando con la finalidad de alejarse del lugar, primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole ambos la espalda a la señora Malenda Ulina. Por otra parte, el Recurrente describe en su recurso “que la víctima se encontraba dentro de la propiedad de la acusada en compañía de otra persona cambiando un llavín sin autorización” cuando el hecho probado describe otra cosa, además al momento que la señora Malenda Ulina, sin mediar palabra alguna ejecuta el disparo; había cesado peligro alguno sobre sus bienes, no asistiéndole la razón al recurrente para justificar la acción cuestionada a la acusada. Como consecuencia es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.". El Recurrente ha iniciado una denuncia por aplicación indebida de los tipos penales de Asesinato y Lesiones Culposas, sin embargo, en su amplio desarrollo recursivo, su principal cuestionamiento fue que no existió alevosia en la acción de la acusada, pero al plantear el presente motivo lo ha hecho sin prestar ninguna atención a lo señalado en el artículo 360 del Código Procesal Penal, pues aun cuando se trata de un Recurso por Infracción de Ley, el cual se basa en declarar a los hechos probados como una verdad irrefutable, se aleja de tal idea (Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados), pues primero hace crítica sobre la forma en que estos fueron construidos al considerar que el relato es contradictorio y luego arremete contra de la verdad que expresan, procediendo a ser referencia de valoraciones subjetivas que según considera acredita hechos distintos. En apartado anterior esta Sala de lo Penal ha explicado con claridad las bases del Recurso de Casación por Infracción de Ley, indicando que se trata de un recurso que busca proteger la fidelidad del principio de legalidad penal sustantiva al someterse a examen si la norma penal elegida por el Tribunal de Sentencia es aquella que debe de gobernar los hechos declarados probados o/y si esta ha sido debidamente interpretada a la luz de la doctrina legal existente; Mediante este recurso el Recurrente no puede intentar que dichos hechos probados sean modificados a partir de una revalorización de los medios de prueba menos de valoración subjetivas de lo que a su entender arroja el hecho declarado probado, tal como ocurre en el presente caso. Por tal razón es procedente declarar sin lugar el segundo motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Para dar respuesta al motivo planteado por el Censor, es importante tener en consideración la imputación formulada por el Ministerio Público y la contestación presentada por la Defensa, pues esta es la base de la que hay que partir para poder establecer si los hechos probados dan respuesta de manera clara y terminante a las cuestiones debatidas. Según el Ministerio Público, la acusada Malenda Ulina Woods Nixon, es responsable a título de autor, de un delito de Asesinato y otro de Lesiones, en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence y Sherren Claries Woods Greenwoods; Entretanto la defensa del acusado ha señalado que éste no tiene responsabilidad alguna en tales hechos. Siendo que el cuestionamiento por parte del recurrente, ha sido por haberse obviado circunstancias de carácter periférico para su apreciación completa y coherente, asimismo que el factum es ambiguo, ya que a partir del mismo el sentenciador pone de manifiesto indecisión en un aspecto importante de concurrencia de eximente de la responsabilidad penal, a efecto de apreciar razonablemente en la dinámica de los hechos, así las cosas, resultó del debate que el Iudex emitiera sentencia declarando la responsabilidad penal de la acusada como autora no solo del delito de Asesinato, sino también de Lesiones; en dicha sentencia se consignaron dos hechos probados, a saber: 1. En el primer hecho probado se señala que la víctima Alsted Ducan Woods Lawrence, se encontraba frente a la puerta de unos apartamentos propiedad de la acusada señora Malenda Ulina Woods Nixon, en compañía del joven Oris Woods Welcome, tratando de cambiar un llavín, cuando fueron sorprendidos por la señora Malenda, quien empuñaba con ambas manos un arma de fuego tipo pistola, marca: Hi Point, modelo: CF, calibre: 380 ACP, número de serie P754370, exigiéndole al señor Alsted que se fuera para su casa, llegando momentos después la joven Sherren Claries Woods Greenwood, quien se enteró de lo que sucedía y conmina a su padre a retirarse. 2. En el Segundo hecho probado, La víctima señor Alsted Accedió, por lo que ambos empiezan a caminar primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole la espalda a la acusada señora Malenda Ulina, esta sin mediar palabra alguna le dispara al señor Alsted Ducan Woods Lawrence provocándole una herida con orificio de entrada: en el lado derecho de la espalda de 1x0.8 cm, con anillo de contusión de 0.2 cm de ancho, excéntrico hacia abajo y a la izquierda a 121 cm de altura de los talones y a 2 cm de la línea media, trayecto: de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, que produjo laceración de músculos, del pulmón derecho y corazón (aurícula derecha), hemotórax derecho fractura del arco anterior de la quinta costilla derecha, orificio de salida en lado derecho del tórax de 1.2x1 cm a 126 cm de altura de los talones y a 8 cm de la línea media, falleciendo momentos más tarde el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, a causa de la herida por proyectil de arma de fuego con laceración cardiaca y hemotórax derecho; y, 3. En el Tercer hecho probado, El proyectil disparado por el arma de fuego accionada por la señora Malenda Ulina Woods Nixon en contra de la humanidad del señor Alsted Ducan Woods Lawrence, al salir del cuerpo de esté logro impactarle también en la humanidad de la otra víctima señora Sherren Claries Woods Greenwood, en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal para el desarrollo de sus actividades habituales. Del recuento anterior, es posible determinar que no le asiste la razón al Censor, pues los Juzgadores si establecieron en los hechos probados la dinámica en la que se dio el acto reprochado penalmente. Esta Sala de lo Penal subraya que los hechos probados resultan una declaración que, sin necesidad de hacer algún tipo de valoración, es capaz de reproducir una imagen mental en el lector del hecho histórico objeto de debate, máxime cuando éstos son parte fundante de una declaratoria de culpabilidad. En el presente caso los hechos probados de la sentencia no carecen de claridad y terminancia como lo denunció el recurrente, pues se señala el aspecto más importante de una sentencia condenatoria: indicar el hecho realizado por la persona acusada y por el cual se le impone una sanción penal. Además, al señalar este tipo de recurso, como medio de impugnación, su finalidad no es por lo que no describió como probado el Tribunal, sino con la descripción toral y completa del mismo; dado su cuestionamiento por no señalar una causa de justificación. En consecuencia, de todo lo anterior, se declara sin lugar el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

...". La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del presente recurso es darse a la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debió explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y que por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada, nada de eso desarrolla el recurrente. Así las cosas, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por el recurrente, dado que su señalamiento recursivo, no es, en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación) y aunque del desarrollo recursivo lo cuestiona, no detalla porque y cual razonamiento judicial de la prueba evacuada en el debate contiene el vicio, dado que su queja lo hace en general sin especificar la repercusión negativa que provoca. Expone el recurrente, una reflexión que parte de una valoración privada y personal; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define el censor como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional, pues se señalan violación de las reglas de la sana crítica, sin ser especifico a que regla, pues no es suficiente solo decir “se han violentado las normas de las máximas de la experiencia, lógica o psicología respecto a la valoración de la prueba testifical de Javin Oris Woods, Javey Daniel Woods, Sherren Claries Woods” sin ser específico a que vertiente ser refiere el recurrente; asimismo, su desarrollo recursivo se vuelve confuso, por una parte denuncia escuetos análisis de los juzgadores a las pruebas evacuadas y por otra parte aqueja que los juzgadores no han establecido razones suficiente por los cuales llegó a un estadio de certeza de la culpabilidad; se aclara al recurrente, que si la valoración es escueta o insuficiente de valoración intelectiva, entonces no hay posibilidad por ello, de una violación en la valoración de las reglas de la sana crítica, al ser insuficiente de la misma. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de la acusada Malenda Ulina Woods Nixon, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Malenda Ulina Woods Nixon, las sanciones por dos delitos, a saber: i.- 20 años de reclusión por un delito de Asesinato, en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence; ii.- 06 meses de reclusión por un delito de Lesiones Culposas en perjuicio de Sherren Claries Woods Greenwoods. En suma, la pena concreta impuesta a la acusada es de 20 años 06 meses de reclusión de la libertad. Más la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación Absoluta; II. Pena accesoria de inhabilitación Especial; III. Pena accesoria de interdicción civil; IV. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; V. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por la acusada correspondería la imposición de las siguientes penas: • La conducta reprochada por el delito de Asesinato, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. • Por la conducta reprochada de un delito de Lesiones Culposas, está prevista en el mismo Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Lesiones Imprudentes (Art. 202), siendo que fue declarado como hecho probado que la acción cuestionada penalmente fue ejecutada con arma de fuego en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal, ante ello, la pena imponer es de seis (06) meses a un (01) año de arresto domiciliario, más la pena de inhabilitación especial de privación de los derechos a la tenencia y porte de armas de dos (02) a seis (06) años. En suma, la pena abstracta que deberá imponerse a la acusada con la nueva disposición penal sería de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión por el delito de asesinato y de seis (06) meses a un (01) año de arresto domiciliario; ambas privativas de la libertad; marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los ahora condenada Malenda Ulina Woods Nixon. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-449-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 449-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante el cual falló: Primero: Condenó a Malenda Ulina Woods Nixon, como autora responsable del delito de Asesinato, en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence, a la pena de veinte años de reclusión. Segundo: Condenó a Malenda Ulina Woods Nixon, como autora responsable del delito de Lesiones Culposas en perjuicio de Sherren Claries Woods Greenwoods, a la pena de seis meses de reclusión. Tercero: Condenó a Malenda Ulina Woods Nixon, a la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta por el delito de asesinato, sobre el derecho de elegir y ser electo, durante el tiempo que dure las condenas. Cuarto: Condenó a Malenda Ulina Woods Nixon, a la pena accesoria de Inhabilitación Especial por el delito de lesiones culposas, sobre el derecho de elegir y ser electa, durante el tiempo que dure las condenas. Quinto: Condenó a Malenda Ulina Woods Nixon, como consecuencia de las penas principales de reclusión por los delitos de Asesinato en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence y Lesiones en perjuicio de Sherren Claries Woods Greenwoods, a la pena accesoria de Interdicción Civil, durante el tiempo que duren las condenas y a trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras publicas o en labores dentro del establecimiento penal. Sexto: No procedió condenar a Malenda Ulina Woods Nixon, en costas procésales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Septimo: Declaró la Responsabilidad Civil de la condenada Malenda Ulina Woods Nixon. Octavo: Declaró comiso de: un arma de fuego tipo pistola, marca Hi-point, modelo: CF, con serie: P754370, pavón negro y gris, empuñadura de caucho color negro y gris, con su respectivo cargador metálico conteniendo en su interior siete proyectiles de color amarillo que en su base se lee Win 380 Auto, lo antes descrito se encontraba en poder del Ministerio Publico, y debe ser entregada al señor Juez de Letras de Ejecución de esta Sección Judicial para que el arma de fuego sea remitida a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Noveno: Declaró no ha lugar la petición de la defensa en cuanto a que sea beneficiada la señora Malenda Ulina Woods Nixon, con el instituto de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, por el delito de Lesiones Culposas. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma el Abogado Mario Emilio Calderón, en su condición de defensor privado de la acusada Malenda Ulina Woods Nixon. Son partes en única instancia: El Abogado Mario Emilio Calderón, defensor privado en su condición de recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arevalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En fecha dieciséis (16) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), en el barrio La Punta, Coxen Hole, Roatán departamento de Islas de la Bahía, entre las cinco y seis de la tarde, el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, se encontraba frente a la puerta de unos apartamentos propiedad de la señora Malenda Ulina Woods Nixon, en compañía del joven Oris Woods Welcome, tratando de cambiar un llavín cuando fueron sorprendidos por la señora Malenda, quien empuñaba con ambas manos un arma de fuego tipo pistola, marca: Hi Point, modelo: CF, calibre: 380 ACP, número de serie P754370, exigiéndole al señor Alsted que se fuera para su casa, llegando momentos después la joven Sherren Claries Woods Greenwood, quien se enteró de lo que sucedía y conmina a su padre a retirarse, accediendo el señor Alsted, por lo que ambos empiezan a caminar primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole la espalda a la señora Malenda Ulina, esta sin mediar palabra alguna le dispara al señor Alsted Ducan Woods Lawrence provocándole una herida con orificio de entrada: en el lado derecho de la espalda de 1x0.8 cm, con anillo de contusión de 0.2 cm de ancho, excéntrico hacia abajo y a la izquierda a 121 cm de altura de los talones y a 2 cm de la línea media, trayecto: de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, que produjo laceración de músculos, del pulmón derecho y corazón (aurícula derecha), hemotórax derecho fractura del arco anterior de la quinta costilla derecha, orificio de salida en lado derecho del tórax de 1.2x1 cm a 126 cm de altura de los talones y a 8 cm de la línea media, falleciendo momentos más tarde el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, a causa de la herida por proyectil de arma de fuego con laceración cardiaca y hemotórax derecho. Segundo: El proyectil disparado por el arma de fuego accionada por la señora Malenda Ulina Woods Nixon en contra de la humanidad del señor Alsted Ducan Woods Lawrence, al salir del cuerpo de este logro impactarle también en la humanidad de la señora Sherren Claries Woods Greenwood, en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal para el desarrollo de sus actividades habituales, momentos después fue detenida la señora Malenda Ulina y fue puesta a la orden de la autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Mario Emilio Calderón, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: POR NO APLICACIÓN DE NORMA SUSTANTIVA, PRECEPTO PENAL. EN CUANTO AL MOTIVO INVOCADO: PRECEPTO PENAL INFRINGIDO: "Violación por no aplicación del Articulo 24 1 inciso "c" párrafo ultimo del Código Penal en relación con el Articulo 32 del Código Penal. Como Precepto Autorizante: Artículo 360 Párrafo Primero del Código Procesal Penal, que Literalmente dice: "Habrá Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaran probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que debe ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Tribunal de sentencia declaró expresa y tácitamente probado el hecho siguiente: En el hecho probado por la Sala de Sentencia; en un primer acápite establece sin más, que mi representada Malenda Ulina Woods Nixon, que: "...en fecha 16 de Diciembre del 2016, en el Barrio la punta, Coxen Hole. Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, entre cinco y seis de la tarde, sorprendió frente a la puerta de unos apartamentos de su propiedad a los señores Alsted Ducan Woods y otro joven que lo acompañaba de nombre Oris Wood Welcome, cuando estos se aprestaban a cambiar un llavín...." Que el Código Penal vigente exime de responsabilidad penal a quien en su accionar este cubierto por alguna causa de justificación, es así reza que reza: "en el Artículo 24. Se halla exento de responsabilidad penal: 1. Quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima hl Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y. c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurran las tres (3) circunstancias respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los indicados lugares" Que del hecho declarado probado por el Juzgador se demuestra que la supuesta víctima se encontraba dentro de una propiedad de mi representada en compañía de otra persona cambiando un llavín en horas de la noche de un apartamento habitado, sin que para ello estuviese autorizado, por lo que le norma antes aludida Articulo 24.1 inciso "c" párrafo último, la exime de responsabilidad penal por la violencia empleada en contra del individuo sorprendido en esas circunstancias; entendiéndose que ante tal situación la ley prevé que el justiciable actúa en legítima defensa, y que concurren en su accionar las circunstancias de agresión ilegitima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende Se trata de una Legitimación de su acción por definición de la norma, por lo que no deviene obligación e juzgando en probar las circunstancias exigidas por la norma 24.1 del Código Penal, en el accionar injusto de quien es encontrado en la circunstancias de la supuesta víctima yace la justificación de quien se defiende, debiendo entenderse que está realizando una agresión ilegitima, con características de actualidad, y que los medios utilizados por quien lo rechaza son proporcionalmente racionales para impedir o repeler la agresión y que no existe provocación por parte de quien defiende. El sentenciador ha violado el esta norma sustantiva de carácter obligatorio al no aplicarla al caso de autos y no ha eximido a mi presentada de responsabilidad penal por su acción, y ni siquiera analizó los las circunstancias de hechos para ver existió un exceso en la defensa, y más bien condenó a la juzgado a un delito de asesinato, encontrando injustamente alevosía en el acciona de alguien que está amparado en legitima defensa Ante la no aplicación de la norma 24.1 del Código Penal, concierne esta sala casar la sentencia en cuanto es condenatoria y absolver a la procesada de toda responsabilidad penal” Continúa Manifestado el recurrente en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMAS: Primer Motivo de Casación: "que la declaración de los hechos probados no sea clara y terminante, ambiquo e impreciso. Precepto autorizante el articulo 362.1 del Código Procesal Penal que refiere lo siguiente: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) Que falte la declaración de hechos que el Tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sean contradictorios; Explicación del Primer Motivo En el hecho probado por la Sala de Sentencia; en un primer acápite establece sin más, que mi representada Malenda Ulina Woods Nixon, que: "...en fecha 16 de Diciembre del 2016, en el Barrio la punta. Coxen Hole. Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, entre cinco y seis de la tarde, sorprendió frente a la puerta de unos apartamentos de su propiedad a los señores Alsted Ducan Woods y otro joven que lo acompañaba de nombre Oris Wood Welcome, cuando estos se aprestaban a cambiar un llavín...." Respecto a éste apartado la defensa considera que la declaración de hechos no es terminante. El vicio que se invoca se presenta porque el cuadro fáctico declarado por probado carece de completa claridad y precisión y se estructura de forma incompleta; omitiendo consignar circunstancias de carácter periférico para su apreciación completa y coherente, asimismo el fáctum es ambiguo, ya que a partir del mismo el sentenciador pone de manifiesto indecisión en un aspecto importante de concurrencia de eximente de la responsabilidad penal, a efecto de apreciar razonablemente en la dinámica de los hechos; lo prescrito en el articulo 24 del Código Penal, en el último párrafo del numeral 1, el cual refiere que: "...se entenderá que concurren las tres (3) circunstancias respecto de quien rechaza el escalamiento, fractura de los cercados, paredes o entradas de un apartamento habitado o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los indicados lugares..." La Sala apreciará que del factum planteado por el Tribunal en las circunstancias que rodearon los hechos se desprende que la víctima fue sorprendida en la entrada de la puerta de un apartamento propiedad de mi representada, mientras trataban de cambiar el llavín. Esta aseveración que realiza la Sala; resulta evidentemente imprecisa, y; no descarta por sí sola que el apartamento propiedad de mi representada; estuviese habitado y en segundo lugar, que el hoy occiso y su acompañante en esa noche eran extraños al lugar y no tenian justificación legal para realizar un acto de cambiar el llavín de acceso; para el cual solo está legitimado el dueño (mi representada) como era cambiar cualquier llavín de la puerta de entrada de su apartamento. (Imprecisión que incluso alcanza al modo, lugar y circunstancias en la cuales no se precisa algún tipo de vínculo entre mi representada, el ahora occiso y el joven que lo acompañaba en esa noche. Es preciso establecer que el ingreso a una morada o vivienda habitada ésta proscrito por la ley; en específico por el artículo 99 Constitucional que garantiza la inviolabilidad al domicilio. El tribunal plantea un hecho inicialmente sin un contexto histórico que de forma terminante, establezca las condiciones de ambientales y de luminosidad del lugar, las condiciones pasionales de los diferentes actores, el tiempo trascurrido en que el hoy occiso es "conminado" presuntamente por su hija para que se retirara del lugar, es de hacer notar que sin dar mayor contenido a las circunstancias en que presuntamente es conminado, o amenazado, presionado, coaccionado, requerido, entre otros verbos similares a "conminar" éste según el factum, se dispuso y accedió a retirarse del lugar, aspecto que en el resultado que aprecio el Tribunal resulta de relevancia en el caso particular de la señora Sherren Claries Woods Greenwood, quien recibió un impacto de bala en la mama izquierda, el cual salió del cuerpo de Alsted Ducan Wood Lawrence. La imprecisión del hecho anterior se deduce porque el mismo no refiere de forma terminante la posición de la Claries Woods respecto a la entrada del proyectil, para concatenar que Alsted efectivamente estaba detrás de ella cuando recibió el disparó. En el segundo hecho declarado probado, nuevamente el sentenciador, resulta no terminante al referir "que el proyectil disparado por el arma de fuego accionado presuntamente por mi representada en contra de la humanidad del señor Alsten Ducan Woods, al salir del cuerpo de éste, logro impactar también en la humanidad de Sherren Claries Woods Greenwood, en la región de mama izquierda provocándole 15 una lesión que le originó quince dias de incapacidad temporal..." El tribunal planteó un hecho inicialmente sin un contexto histórico que de forma terminante, establezca las condiciones de ambientales y de luminosidad del lugar, las condiciones pasionales de los diferentes actores en el desarrollo de los hecho, el tiempo trascurrido en que el hoy occiso es "conminado" presuntamente por su hija para que se retirara del lugar, es de hacer notar que sin dar mayor contenido a las circunstancias en que presuntamente es conminado, o amenazado, presionado, coaccionado, requerido, entre otros verbos; que son similares al verbo "conminar" que se utiliza por la Sala para describir la conducta de Sherren Wood Alsted Ducan según refiere el factum probatorio, accedió a retirarse del lugar. Este aspecto que en el resultado que aprecio el Tribunal es de relevancia en particular porque Sherren Claries Woods Greenwood, recibió un impacto de bala en la mama izquierda, por el proyectil que salió del cuerpo de Alsted Ducan Wood Lawrence. Podrá advertir nuevamente la Sala de lo Penal; que el hecho no es terminante y que es impreciso y se deduce porque el mismo no refiere de forma clara la posición de mi representada al momento de la acción del disparó, si había suficiente claridad en el lugar, las condiciones anímicas, ya que respecto Claries Woods se desconoce la posición respecto a su padre y el orificio de entrada del proyectil, para concatenar que Alsted efectivamente estaba detrás de ella cuando éste recibió el disparó.” “Segundo Motivo de Casación: Por Quebrantamiento de Forma "Por nо haber observado en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica. Precepto Autorizante. Argumenta sobre este segundo motivo el ente acusado del Estado que el Tribunal Sentenciador obvio las reglas que exige el Artículo 202 del Código Procesal penal "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Explicación del Segundo Motivo Es de precisar éste segundo motivo invocado que el sistema acusatorio en materia penal exige que las pruebas sean valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida en relación con lo dispuesto en el artículo 338 del Código Procesal Penal. La fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la sicología y la lógica, las primeras se refieren al conocimiento que algún hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la sicología se relacionan con conocimientos básicos, y con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adeudada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido: La derivación induce a la obligación de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben de guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas, deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se Juzga. Y dado que el sistema de la sana critica racional que implementa nuestra legislación procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, exigiendo que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia y convicción de cada prueba con total libertad, pern respetando al hacerlo, los principios de la recta razón que se refieren a los antes expresado que es las normas de la lógica, la sicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exige el precitado artículo 202 del Código Procesal Penal, aparece el principio de la razón suficiente, según el cual, en palabras del jurista argentino Fernando de la Rúa (La casación penal) El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando - Fl tribunal debe estructurar sus conclusiones de las pruebas que obren en juicio y en la dirección en que estas apuntan, de tal forma que no puede establecer su convicción en un sentido distinto al que todas ellas refieren cierta circunstancia de hecho. En el presente caso y del estudio del mismo se podrá apreciar que el motivo invocado se adecua a la censura señalada, ya que las conclusiones a las que llego el Tribunal al fallar en la presente causa ha correspondido en la inferencia irracional derivada a partir de una incorrecta valoración de la prueba producida en juicio. En el cual no ha establecido razones suficiente por la cuales no llegó a un estadio de certeza de la culpabilidad de mi representado en la acusación formulada por el ente acusador del Estado, esta incertidumbre no superó un grado de certeza tal que faculta a los juzgadores a dictar un fallo de culpabilidad. También podrá apreciar La Sala de Lo Penal, del estudio de este motivo invocado, como en el presente caso, se concretiza si se han violentado las normas de las máximas de la experiencia, lógica o psicología Respecto a la valoración de la prueba testifical Javin Oris Woods, Javey Daniel Woods, Sherren Claries Woods, concluye el Tribunal en el primer apartado que “….la credibilidad de dichos testimonios es a partir del interés de ins testigos, a la consistencia, solidez, coherencia interna de la manifestación, a la armonía y correspondencia de sus dichos y que no logro extraerse que los testigos mencionados tuvieran interés por precio y remuneración...." No obstante omite el Tribunal explayarse porque considera que concurren esas cualidades en cada uno de los testigos de cargo antes referidos. Es decir cuáles son esas circunstancias que advirtió el Tribunal que denotaban "interés de los testigos, consistencia", solidez, coherencia interna, armonía y correspondencia en sus dichos" que hace derivar al Tribunal que son creíbles.” Continua Manifestando el recurrente en su recurso de casación por Infracción de Ley: Tercer Motivo. Por Infracción de ley por aplicación indebida del Articulo 117, numeral 1, 13, 133, 136, 138 Precepto Autorizante. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación del tercer Motivo Los preceptos penales que se relaciona como infringido por aplicación indebida, dispone: Artículo 117. Es reo de asesinato quien de muerte a Una persuna ejecutandola con la Concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.) alevosía; 2.).... 3.).... 4.)...." Artículo 13.- El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente dohe ser doloso e culposo. El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia, negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento, o de órdenes, resoluciones o deberes atendidas las circunstancias y situación personal del delincuente. El delito culposo solo será punible en el caso expresamente determinado por la ley. Artículo 133. Comete el delito de lesiones quien cause daños que afecten el cuerpo o la salud física o mental de otra persona. Articulo 136.- Sera penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años, quien produce una lesión en la que no concurra ninguna de las circunstancias a las que se refieren los tres artículos anteriores, pero que ocasiona enfermedad o incapacitada para el trabajo por un término no menor de diez (10) días, ii mayor de treinta (30) dias.... Las lesiones culposas se sancionaran con una pena igual a la mitad (1/2) de las correspondiente a la lesión dolosa..." El Articulo 360 del Código Procesal Penal nos establece claramente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley; cuando de los hechos declarados probados se deduzca que se ha infringido alquna norma penal sustantiva; en el caso de autos esto es lo que ha ocurrido, ya que el tribunal sentenciador de los hechos probados estableció que se daha la circunstancia de alevosía; con lo cual calificó el hecho contra Alsted Ducan Woods como Asesinato. Las razones que por las cuales ésta Defensa afirma la existencia de la infracción alegada, en primer lugar, debemos de analizar el concepto jurídico- penal de lo que es alevosía. El artículo 27 del Código Penal contempla como circunstancias agravantes entre otras que: 1)....... 2) Ejecutar el delito con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos, o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a aseguradas; sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido...." De esta definición legal podemos inferir que quien realice un acto con alevosia, el objetivo principal del autor es realizar su cometido de una forma planeada y pensada para que la víctima no pueda reaccionar contra este acto de forma eficaz, y que además esa eficacia no resulte en un daño contra la integridad fisica del agresor; además estas actividades deben de estar directamente asociadas y específicamente planeadas para lograr el resultado arriba mencionado. El jurista Español Santiago Mir Puig, que en su libro Derecho Penal, Parte General, 6ª Edición en sus páginas 612 y 613 nos expresa los siguientes conceptos sobre esta agravante: "....A) agravantes que denotan mayor peligrosidad del hecho a)-Por la especial facilidad de comisión Aumentan el injusto penal porque suponen (ex ante) un mayor peligro para al hien jurídico pero el sujeto ha de querer utilizar las mencionadas circunstancias objetivas que facilitan el hecho para lo cual basta aprovecharlas conscientemente..."; Al hacer un análisis conjunto, tanto de lo que establece nuestra Legislación Penal, como de la Ilustración Doctrinaria que arriba hemos referido; en cuanto a lo relacionado con la agravante de Alevosía; debemos concluir que: En particular (pero es general a todas las demás agravantes) la persona que supuestamente comete un hecho aprovechándose de la circunstancia de la Alevosía, debe QUERER UTILIZARLA O EMPLEARLA o sea, debe dolosamente tener en su ánimo, la voluntariedad de emplear tal circunstancia; así mismo el agente debe de cumplir con todos los requisitos que exige la circunstancias agravante. En otras palabras, podríamos definir la comisión de un delito con alevosia cuando se realiza a traición y sobre seguro. El decir, se procura que se produzca una garantía de que el criminal cometa efectivamente el delito, a la vez que se interponen los medios para que este no pueda sufrir ningún tipo de riesgo por la defensa o la oposición que podrían poner el sujeto pasivo o un tercero. Se trata de una circunstancia agravante de la doctrina distingue tres supuestos de alevosía diferentes. Se clasifican en función de las formas de comisión del delito, los instrumentos utilizados o las situaciones. Son los siguientes: Delito proditorio. También se conoce como delito traicionero. Para que exista este tipo de alevosía el criminal ha de acechar a la víctima. Existe un proceso de observación, de cautela y de ocultación para asegurar la comisión del crimen. Procedimiento insidioso. A través de este tipo de alevosía se pretende ocultar un crimen. El objetivo que persigue es que el delito parezca un accidente. El ejemplo típico se produce cuando se utiliza un tipo de veneno que no se puede rastrear para matar a alguien. Aprovechamiento de un estado de indefensión. En este caso el delincuente se aprovecha de la imposibilidad de defenderse de la víctima, poniendo los medios adecuados para ello. Para que exista el sujeto pasivo no podría haberse, defendido antes de la ejecución del crimen. El autor procura actuar sobre seguro y sin riesgo para él. Analizado lo siguiente debemos llamar la atención de esa Honorable Sala de lo Penal, que en el juicio o debate no se pudo comprobar la intencionalidad de nuestra defendida en utilizar un medio que añade peligrosidad al hecho, como es la alevosía, ya que de las mismas circunstancias del tiempo, modo y lugar de los supuestos hechos, nos arrojan claramente que en general los hechos ocurrieron sin planificación previa alguna (El mismo tribunal apoya esta tesis, ya que refiere en el hecho probado que el lugar de los hechos fue en la inmediación de un inmueble propiedad de mi patrocinada, lugar hasta el cual sin justificación legal llegó el ahora occiso con otro sujeto pretendiendo cambiar un llavín de la puerta de acceso al inmueble. Refiere del hecho el Tribunal que el disparo se produjo cuando presuntamente el señor Alsted Duncan Woods Nixon caminaba de espaldas a mi representada, sin describir el Tribunal cual fue la dinámica de los hechos, el estado anímico de mi defendida, las circunstancias de luminosidad y para ese momento donde se encontraba el otro sujeto que en compañía del ofendido momentos antes trataban de cambiar el llavin de acceso al apartamento propiedad de mi representada. Todos estos aspectos periféricos no exteriorizados en el cuadro factico, minan la aseveración realizada por el Tribunal, en concluir que el disparo que ingresó en el lado derecho de la espalda del señor Alsted Duncan Woods Nixon, fue buscado a propósito por mi patrocinada y es que del hecho se consigna claramente que el hoy occiso Alsted Duncan, fue conminado a retirarse del lugar, es decir en otro sinónimo del verbo obligado, no fue por su voluntad contradicción que se aplica al formular los hechos, ya que por una parte establece que fue conminado a retirarse" y contrariamente que éste accedió Respecto a los hechos es plausible que la circunstancia principal de la causa como es el acto dar muerte, no estaba previamente planificado, entonces la circunstancia accesoria a ese hecho como es la alevosía estaría también excluida si se basa en un hecho cierto no discutible por la defensa que es la existencia de la forma de ingreso del proyectil a la victima, no obstante que la acusada haya buscado deliberadamente esa situación o se haya aprovechado de esa circunstancia, no se deriva del hecho factico planteado, por ende se ha infringido en perjuicio de mi patrocinada al agravar la sanción por la cualificación de la concurrencia de la agravante "alevosía". En base a lo anterior, esta defensa pretende hacer ver a esa honorable Sala de lo Penal; que de los hechos declarados probados, podemos inferir una clara contradicción entre los mismos, y el alegato de la Sala Sentenciadora de que el hecho debe calificarse como un Asesinato por existir la circunstancia de Alevosía; esa contradicción se manifiesta en que los sentenciadores dicen que el ataque fue sorpresivo y súbito, o sea alevoso, pero en el cuerpo de los hechos describen una acción que dista mucho de ser súbita y sorpresiva, tal contradicción haría que la Sentencia contenga una clara Infracción al ordenamiento Penal sustantivo, en específico, como señalábamos, al Numeral 1) del Artículo 117 del Código Penal, relacionado con el numeral 2) del artículo 27 del mismo ordenamiento legal. En otro orden de ideas, y respecto a la "acción típica al artículo 13 del Código Penal prescribe que: "...El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo..." El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley de un reglamento u órdenes resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. La adecuación típica en los delitos culposos, debe ser realizada considerando exclusivamente elementos objetivos. Lo cual no significa que el comportamiento del autor no tenga elementos subjetivos, pero los mismos son irrelevantes parea la adecuación típica. Quienes señalan que la previsibilidad es un elemento subjetivo en los tipos culposos, no tienen en cuenta que lo que se requiere para la subsunción es que el autor haya podido prever el resultado. En el caso de examen respecto a la imputación objetiva a mi representada por las lesiones culposas presuntamente ocasionadas Sherren Ciaries Wood, no se desprenden del cuadro fáctico, ya que no describe el hecho de que manera a mi representada le era previsible el resultado. No se infiere a partir del mismo la conducta culposa infringida al momento en que presuntamente mi representada acciona el arma de fuego en contra de la humanidad de Alsted Duncan Woods. Santiago de Mir Puig, en su libro Derecho Penal, parte general, en su sexta edición pagina 357, párrafo segundo, en su última parte dice: "Autor de un hecho seria, en efecto, que io realiza y dei que se pueda afirmar que es suyo y en su página 366 párrafo 32", El autor supone, pues que el delito es imputable al sujeto como suyo; supone una relación de pertenencia...." Esa pertenencia y ese dominio del hecho base y de las circunstancias periféricas del mismo, es que constituyen y sustentan el reproche penal, situación que en el presente caso resulta inconsistente, y no se deriva del mismo la acción de mi representa a título de culpa en contra de Sherren Woods. En base a lo anterior siempre se ha entendido que en el mundo jurídico- fenomenológico, es decir, en el plano fáctico, real, a toda causa le sigue o tiene un resultado, y este es el principio de causalidad, y al nexo que une dicha causa con el resultado se llama relación de causalidad. Se trata de un concepto tradicional de causalidad para establecer un presupuesto básico que permitiera atribuir un resultado determinado (el efecto) al comportamiento del autor (la causa). Y por ello, todas las teorías clásicas de la causalidad afirman que la relación que permite considerar un resultado acaecido como producto de la acción es una relación de causalidad, es decir, una relación de causa a efecto idéntica a la observable en los sucesos de la naturaleza. Sin embargo, se distinguió en todo caso con precisión entre ser causal y ser responsable por la producción del resultado: ambas categorías no se superponen. En general, puede afirmarse que la causalidad establece un límite mínimo de la responsabilidad, pero no toda causalidad implica, sin más, responsabilidad. La causalidad requiere, por lo tanto, una limitación: entre los comportamientos causales de un resultado típico sólo algunos culminan en la responsabilidad penal. La Teoría de la causalidad, por ello, se completa mediante correctivos de naturaleza no causal sino normativa, es decir, correctivos que se deducen de la naturaleza de lo ilícito penal. Este conjunto de correctivos de la causalidad da lugar a la teoría de la imputación objetiva. El desarrollo de la cuestión muestra que gran parte de los problemas que se presentan se relacionan con el lugar sistemático en el que debe practicarse la corrección de la causalidad (en el momento de la adecuación al tipo objetivo, en el del dolo o en el de la culpabilidad) En el caso de estudio y específicamente el reproche penal a mi representada, no solo bastaba a la Sala plantear como probado el hecho fenomenológico del resultado (la muerte de Alsted Duncan y las heridas Sherren Claries, sino vincular y adecuar objetivamente la conducta de mi representada a la intención a título de dolo o culpa de "haber querido" ese resultado o haberlo ocasionado de forma imprudente. Para la Defensa, y así pretende se analice por la Honorable Sala de lo Penal, es discutible que se le imputarle objetivamente a mi patrocinada una conducta alevosa que agrava su situación jurídica y conducta imprudente. Ya que existe una teoría dominante de imputación objetiva que no se ha descrito en el factum. probatorio, con suficiencia para adecuar los hechos a las calificaciones jurídicas planteadas. Los criterios de esta teoría indudablemente descansan sobre el sistema funcionalista teleológico del Derecho Penal, corriente funcionalista que ataca fundamentalmente al punto de partida del finalismo justificada por su creador, Claus Roxín, la formación del sistema jurídico penal no puede vincularse a realidades ontológicas previas "acción, causalidad, estructuras lógico objetivas, etc.". El objeto de esta moderna doctrina es la configuración del nexo objetivo que ha de existir entre acción y resultado para que pueda confirmarse la responsabilidad del autor por la lesión del bien jurídico protegido. Nace no solo como un intento de resolver problemas surgidos en el marco del nexo entre acción y resultado, sino que pretende dar fin a los problemas de la causalidad, pero en el ámbito del injusto penal; prescinde de todo dato subjetivo (como el conocimiento del autor y sostiene que el juicio de subsunción del comportamiento al tipo objetivo, requiere un juicio de imputación basado en que las normas sólo prohíben: A) resultados evitables por lo que no deben ser materia de imputación los que fatalmente se iban a producir, ya que en esos casos la acción no produjo un peligro no permitido; B) acciones que aumenten el peligro, lo que descarta la imputación cuando la acción lo disminuyó; C) acciones que perjudiquen la situación del bien jurídico, por lo que debe descartarse la imputación cuando la acción lo benefició: D) acciones que representen un peligro para el bien jurídico que protege, excluyendo la imputación si el resultado está fuera del ámbito de protección de la norma, F) resultados que provengan de acciones que hayan creado el peligro, por lo que decae la imputación por aplicación de la prohibición de regreso; y, F) lesionar el bien juridico si el titular no podía consentir la afectación, lo que se vincula con el efecto eximente del consentimiento y la exclusión de la imputación en los casos de auto puesta en peligro. Razón por la cual se infringe nuevamente la norma que contempla el delito de lesiones culposas, al juzgador atribuir subjetivamente el resultado y pretender un reproche penal a mi defendida, cuando de la "acción de disparar sin mediar palabra que refiere el cuadro factico no se colige que le era previsible o probable que el proyectil iba a impactar en Sherren Wood; es decir no se advierte un conducta culposa de mi defendida respecto a ese hecho que se encuadre en la norma propuesta por el Tribunal Sentenciador.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Inflación de precepto Constitucional: “MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Precepto Autorizante: Artículo 361.- Código Procesal Penal. Artículo 90 de la Constitución de la Republica, en relación al artículo 1 y 341 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo. Artículo 361 de La Constitución de la República. En todos los caso en que con arreglo a éste Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentaría, la infracción del precepto constitucional. La norma Constitucional que se invoca como infringida es el articulo 90 de la Constitución de la República que dice: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece." El derecho a un debido proceso legal, es el derecho humano más comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que los operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Ello por cuanto el debido proceso, o como lo liama la Corte interamericana de Derechos Humanos, "el derecho de defensa procesal" es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro. El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como "aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto "Es también lógico al ser el proceso penal el medio por el cual se investigan hechos delictivos que para garantizar el resultado del mismo y su acervo probatorio se permita establecer algunas restricciones a la libertad del procesado, pero dentro de ciertos límites previamente establecidos por la ley y teniendo siempre en mente el respeto al derecho a la libertad a partir del principio de presunción de inocencia. Ello ha justificado que se hayan establecido, para el proceso penal, una serie de garantías más amplias que para otro tipo de procesos en los que, por su propia naturaleza, no le serían aplicables. El tratamiento que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está contemplado fundamentalmente en su artículo 8, el cual se debe relacionar con los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7,5 el artículo 9,6 el artículo 10,7 el artículo 24,8 el artículo 259 y el 27,10 todos de la Convención Americana. La Convención Americana desarrolla algunos principios del debido proceso que en ella se anotan o se coligen y que son consecuencia de los sistemas penales y procesales penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un "garanticismo proteccionista" del ciudadano frente a un poder casi ilimitado y más fuerte que él el poder punitivo del Estado" que realiza la función de investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia social. Es por ello necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial en las que queden de lado los intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia. En el caso en particular y de estudio, a consideración de esta defensa, si bien mi defendida se sometió a la justicia, ante un Tribunal Sentenciador predeterminado por la ley, es de precisar, que el resultado del mismo en el proceso valorativo y decisorio, que concluyó con un juicio de culpabilidad por dos delitos "Asesinato y Lesiones Culposas" respecto a los cuales está supuesta a enfrentar una pena de reclusión de veinte años con seis meses reclusión. Ahora bien, ante la gravedad de la pena, es importante para esta defensa mencionar que el Tribunal Sentenciador infringió el precepto arriba descrito por las razones a saber 1 cualificar y agravar erróneamente el hecho de dar muerte, a un delito de Asesinato por la concurrencia de alevosía, según la tesis planteado por la defensa, y que se colige del hecho probado no se aprecia en la conducta de mi representada una conducta alevosa. Para la justificación del mismo nos remitimos al tercer motivo de casación plateando. 2.- El Tribunal atribuye reproche penal por el delito de Lesiones Culposas, conducta que apreciara ésta Honorable Sala no se desprende del cuadro factico planteado en el segundo hecho declarado probado, por remisión y justificación de lo ya expuesto ampliamente en el tercer motivo de casación. 3.- La ausencia determinación de los hechos declarados probador inobservancia de las reglas de la sana critica. En este último justificado en primer y segundo motivo de casación; es importante mencionar, que la sentencia adolece, en el plano de lo judicial de fundamento, es decir, lo que tiene que ver con el entorno donde se debe producir esa certeza racional de culpabilidad. El Tribunal devenía en el presente caso en justificar sin vacilaciones e imprecisiones la afirmación de los hechos probados y referirse en el enunciado a juicio fáctico final de la sentencia, el razonamiento fáctico y jurídico sobre el cual basa su decisión, es decir de qué manera alcanzó certeza absolutas sobre esa verdad plasmada en los hechos probados, asumiendo que para que la justicia de la decisión opere, debe haber buenas razones para creer en la afirmación de un hecho, o para creer en la justificación de un enunciado fáctico; en el sentido de que aporta buenas razones para entender probada una afirmación sobre un hecho y es lo que algunos autores llaman un razonamiento de probabilidad, inductiva AS decir, más que un razonamiento probabilístico en el sentido de demostrabilidad de las hipótesis en que hay mayores probabilidades de que un hecho de acuerdo con ese razonamiento probabilístico haya ocurrido en relación con la hipótesis contraria. Si el razonamiento probabilístico inductivo tiene buenas razones en el sentido de demostrabilidad, tal como, buenos indicios, indicios sólidos, indicios coherentes, etcétera, entonces en este punto debemos cuestionamos la valoración de la prueba es en donde se plasma la subjetividad, "el estándar de más allá de toda duda razonable era necesario en el presente caso identificar bajo qué criterios el Tribunal considero que llegó al umbral de certeza, no solamente a partir del núcleo de los hechos, sino de los aspectos periféricos que rodearon los mismos, plasmándolos en su sentencia de forma clara y precisa, garantizando con ello un juicio justo a mi patrocinada, lo contrario ha generado la infracción al debido proceso legal, por lo que apelamos a asta Honorables Sala de lo penal aprueba la violación alegada y con ello garantizar a mi defendida el derecho a un juicio justo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. • Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 24.1 inciso C párrafo último en relación con el 32 del del Código Penal 144-83. • Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de una causa de justificación de legítima defensa; • Pretensión: Case la sentencia recurrida y emitir un nuevo fallo, debiendo absolver a la imputada de toda responsabilidad penal. Luego de describir un extracto del hecho declarado probado, ha explicado el Recurrente que la supuesta víctima se encontraba dentro de la propiedad de la acusada en compañía de otra persona cambiando un llavín sin autorización, que ello, exime de responsabilidad penal a su representada, quien a su entender actuó en legítima defensa, al concurrir en su accionar agresión ilegitima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Concluye el recurrente, que el sentenciador ha violentado la norma al no aplicarla al caso de autos y no haber eximido a su representada de responsabilidad penal por su acción De la Causa de Justificación Legítima Defensa Para dar respuesta al Recurrente es oportuno analizar la naturaleza de las Causas de Justificación, llamadas también Causas de Exclusión del Injusto Penal, y en especial, la Legitima Defensa, por ser ésta la que se invoca como concurrente. Las Causas de Justificación son el aspecto negativo de la Antijuricidad y constituyen la autorización que la ley da a una persona para que haga defensa directa de sus intereses subjetivos que se ven amenazados o lesionados por actos reprochados por el ordenamiento jurídico o por hechos que se desean evitar y de los que no puede dar respuesta de manera inmediata el Estado. Las causas de justificación convierten una conducta humana subsumible en un tipo penal, en un acto conforme a derecho, es decir, en un acto jurídicamente lícito y por tanto descarta la existencia de un hecho delictivo por parte de quien actúo a su amparo. La cuna de las Causas de Justificación no es exclusivamente el derecho penal y por tanto el catalogo que contempla el artículo 24 del Código Penal 144-83 no es cerrado, éstas pueden encontrarse en todo el ordenamiento jurídico puesto que no crean derechos, sino que reconocen el ámbito de lo permitido o lícito, por tanto, desde un punto de vista unitario, la conducta humana deben de ser catalogadas como lícitas o ilícitas alternativamente y no simultáneamente, entonces una conducta permisible en una rama del derecho no puede estar proscrita en otra. Una vez comprobada la existencia de la causa de justificación, ello tendría como consecuencia jurídica (Al respecto ver Velásquez Velásquez, Fernando; Derecho Penal Parte General, Tercera Edición; Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997, pág. 468): a. No Nace el Injusto Penal; La conducta humana típica y antijurídica da paso al injusto penal, más con la existencia de la causa de justificación se afirma que el acto en lugar de ser antijurídico, es jurídicamente lícito y por lo tanto no concurriría el injusto penal.- Al no existir injusto penal no es posible hacer estudio sobre los elementos de la culpabilidad o la punibilidad, tampoco existiría responsabilidad civil derivada del hecho justificado, salvo en los casos de Estado de Necesidad, por disposición expresa del legislador en el artículo 106 del Código Penal; b. Los inductores y cómplices de la conducta justificada igualmente están exentos de responsabilidad; c. No es posible invocar la existencia de una causa de justificación frente a quien de manera legítima actúa en el ejercicio de otra causa de justificación; y d. Quien actúe bajo una causa de justificación no podrá ser sujeto a ninguna medida de seguridad, aun cuando al momento del hecho se encontrare en estado de trastorno mental, dada la inexistencia del injusto penal (Art. 2-D segundo párrafo del C.P.). Entre las causas de Justificación que regula el Código Penal 144-83 se encuentra la Legítima Defensa Propia, contenida en el artículo 24.1 y no es más que el ejercicio de la violencia para tutelar o proteger un bien jurídico atacado injustamente. Es una situación en donde un individuo se ve en la necesidad de repeler la agresión ilegítima, actual o inminente, y no provocada, de la que es objeto, causando un daño a un bien jurídico protegido mediante medios proporcionales para impedirla o repelerla. La Legitima Defensa no tiene contenido recíproco, es decir, la persona que ilegítimamente agrede a otra, debe tolerar el ejercicio del derecho de defensa del agredido, no pudiendo invocar a su vez legítima defensa. Explican Sánchez Romero y Rodas Chacón (En Sánchez Romero Cecilia y Rodas Chacón José Alberto; Teoría del Delito, Aspectos Teóricos y Prácticos; Tomo I; Ministerio Público de Costa Rica, Pág. 218.) que la Legitima Defensa se basa en dos principios: la protección individual y el prevalecimiento del derecho, lo que implica, por una parte, que nadie está obligado a soportar lo injusto, cuando el Estado no puede intervenir a tiempo para proteger los bienes jurídicos del afectado, y por otra parte, la afirmación del derecho al autorizar al individuo defender lo que está protegido en la legislación. El Código Penal 144-83, en el artículo 24.1 establece como requisitos para la existencia de la Legítima Defensa: Elementos Objetivos De Permisión: A.- Conducta Típica: Para el estudio de la legítima defensa se requiere que, de previo, exista una conducta humana que se subsuma en un tipo penal por observarse los elementos objetivos y subjetivos de la tipificación; Es esta conducta que se verá justificada; B.- Agresión Ilegitima: Existencia de una agresión que lesiona o pone en peligro de lesión a un bien jurídico protegido; Agresión que tiene su origen en la conducta de una persona física, realizada directamente o por medio de un instrumento, siendo indiferente si la persona es imputable o inimputable. La agresión puede realizarse a través de una acción que requiere la actividad corporal del sujeto, o a través de una omisión la cual puede ocurrir cuando el agresor tiene una obligación jurídica de actuar, y la agresión se comete, precisamente, no actuando, con lo que causa daño al atacado, de manera que la reacción de este último sería una legítima defensa. La agresión deberá de ser actual o inminente: Es Actual la que se ha comenzado a ejecutar y no se ha concluido; Es Inminente la que no se ha comenzado a ejecutar, realizando el agresor actos inequívocos encaminados a ejecutarla. La agresión que se repele debe de ser antijurídica, indebida, ilícita e injustificada, es decir debe de ser contraria al orden jurídico y no autorizada por la ley, ni cubierta por causa de justificación. C.- Necesidad Racional del Medio Empleado para Impedirla o Repelerla: El acto de defensa debe de recaer sobre quien es el autor de la agresión ilegitima o sobre sus bienes, no abarcando la causa de justificación aquellos daños que, en aras de ejercer defensa, se produzcan en contra de terceros. El que se defiende debe de utilizar un medio que, bajo un juicio ex ante, sea racionalmente la única forma de repeler o impedir la agresión injusta. Se trata de realizar un análisis de las condiciones en que se encontraba la persona que se defiende en relación con las de su agresor y los medios que tenía el primero a su alcance, eligiendo aquel que, causando el menor daño posible, haya representado como el idóneo para hacer frente a la agresión injusta. Debe de entenderse que la ley no autoriza a quien rechaza un ataque ilícito para recurrir a cualquier medio y causar cualquier daño a quien le agrede, sino solo aquellos medios que guarden proporcionalidad entre el daño que se quiere evitar y el que se puede producir para evitarlo; Esta proporcionalidad no debe ser tomada desde una perspectiva matemática de equivalencia de condiciones de ataque, sino más bien es la consideración entre la intensidad de la agresión, la peligrosidad del agresor y la disponibilidad de medios que pueden ser utilizados como defensa; Contrario Sensu habría desproporcionalidad cuando quien se defiende elige conscientemente un medio superior al necesario para lograr su finalidad defensiva, habiendo disponibles otros medios que igualmente idóneos pudiesen producir un resultado menos dañoso. Finalmente, para que el requisito se cumpla, debe existir unidad de acto entre la agresión ilegitima y el acto de defensa, las que no necesariamente deben de ser simultaneas, sino basta que el acto de defensa se realice ante la inminencia de la agresión, durante su ejecución y hasta el momento en que cese el peligro. Por tanto, no existiría la causa de justificación la defensa de una agresión que ya ha cesado. Cuando la defensa inicia bajo una amenaza de agresión o bajo la ejecución de la agresión, extendiéndose más allá de cuando ésta ya ha cesado, se produce la figura del Exceso de Legítima Defensa, tema que no se desarrolla porque desborda el contenido de la impugnación que nos ocupa. D.- Falta de Provocación Suficiente por parte de Quien se Defiende: Quien se defiende no debe de haber actuado de modo de provocar el ataque de su agresor. El legislador al agregar este requisito ha tratado de evitar los casos de Pretexto de Defensa, que se presentan cuando la persona, obrando conscientemente, provoca con su actuar una reacción ofensiva de otro, para luego realizar acto de defensa. El requisito exige la falta de provocación suficiente: Abra provocación cuando la persona incita a otro a que reaccione en contra de él, además ésta será suficiente cuando, conforme a la esfera del Profano, la agresión sea la reacción a esperar como consecuencia de la provocación. Como consecuencia de lo expuesto, se cumplirá éste requisito y por tanto existirá legítima defensa cuando: 1. La provocación no tenga el carácter de suficiente; 2. Cuando la agresión sea realizada por una persona distinta a la que se estaba provocando suficientemente; y 3. Cuando no exista unidad de acto entre la provocación suficiente y la agresión, es decir existe legítima defensa cuando se realiza defensa de una agresión que se realiza después que se ha diluido la provocación suficiente. Elemento Subjetivo De Permisión: Quien actúa en legítima defensa debe tener la voluntad de defender el bien atacado. La persona debe de conocer que está siendo objeto de una agresión ilegitima de parte de una persona determinada y debe además querer defenderse de dicha agresión. Finalmente es de hacer mención sobre la Legítima Defensa Privilegiada, prevista en el último párrafo del artículo 24.1 del Código Penal 144-83, que contempla una presunción Iuris Et De Iure, al señalar que se entenderá que cumple con los elementos objetivos de Permisión de la causa de justificación, quien rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los lugares señalados. De la procedencia del recurso. El primer motivo no es de recibo. Después de puntualizar los elementos objetivos y subjetivos permisivos de la causa de justificación de la Legitima Defensa Propia, la Sala de lo Penal ha llegado a la conclusión que ninguno de éstos se ven reflejados en el relato de los hechos declarados probados; Los hechos probados relatan: • En fecha dieciséis (16) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), en el barrio La Punta, Coxen Hole, Roatán departamento de Islas de la Bahía, entre las cinco y seis de la tarde, el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, se encontraba frente a la puerta de unos apartamentos propiedad de la señora Malenda Ulina Woods Nixon, en compañía del joven Oris Woods Welcome, tratando de cambiar un llavín cuando fueron sorprendidos por la señora Malenda, quien empuñaba con ambas manos un arma de fuego tipo pistola, marca: Hi Point, modelo: CF, calibre: 380 ACP, número de serie P754370, exigiéndole al señor Alsted que se fuera para su casa, llegando momentos después la joven Sherren Claries Woods Greenwood, quien se enteró de lo que sucedía y conmina a su padre a retirarse. • El señor Alsted Accedió, por lo que ambos empiezan a caminar primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole la espalda a la señora Malenda Ulina, esta sin mediar palabra alguna le dispara al señor Alsted Ducan Woods Lawrence provocándole una herida con orificio de entrada: en el lado derecho de la espalda de 1x0.8 cm, con anillo de contusión de 0.2 cm de ancho, excéntrico hacia abajo y a la izquierda a 121 cm de altura de los talones y a 2 cm de la línea media, trayecto: de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, que produjo laceración de músculos, del pulmón derecho y corazón (aurícula derecha), hemotórax derecho fractura del arco anterior de la quinta costilla derecha, orificio de salida en lado derecho del tórax de 1.2x1 cm a 126 cm de altura de los talones y a 8 cm de la línea media, falleciendo momentos más tarde el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, a causa de la herida por proyectil de arma de fuego con laceración cardiaca y hemotórax derecho; y • El proyectil disparado por el arma de fuego accionada por la señora Malenda Ulina Woods Nixon en contra de la humanidad del señor Alsted Ducan Woods Lawrence, al salir del cuerpo de este logro impactarle también en la humanidad de la señora Sherren Claries Woods Greenwood, en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal para el desarrollo de sus actividades habituales. Como se colige, los hechos descritos no indican que las heridas sufridas por Alsted Ducan Woods Lawrence y Sherren Claries Woods Greenwood, sean reacción de defensa a una conducta realizado por éstos en contra de la acusada Malenda Ulina Woods Nixon; lo que describe el hecho probado, es que las víctimas estaban caminando con la finalidad de alejarse del lugar, primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole ambos la espalda a la señora Malenda Ulina. Por otra parte, el Recurrente describe en su recurso “que la víctima se encontraba dentro de la propiedad de la acusada en compañía de otra persona cambiando un llavín sin autorización” cuando el hecho probado describe otra cosa, además al momento que la señora Malenda Ulina, sin mediar palabra alguna ejecuta el disparo; había cesado peligro alguno sobre sus bienes, no asistiéndole la razón al recurrente para justificar la acción cuestionada a la acusada. Como consecuencia es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. • Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 117 numeral 1 y 133, 136 y 138 en relación con el 13 del del Código Penal 144-83. • Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del tipo penal de asesinato y de lesiones culposas; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Luego de describir el contenido de los artículos que denuncia infringido, el concepto de alevosía y aspectos doctrinarios, el Recurrente aqueja que los juzgadores, de los hechos probados establecieron que se daba la circunstancia de alevosía; con lo cual calificó el hecho contra Alsted Ducan Woods como Asesinato; continuó en su desarrollo recursivo el censor, que en el juicio o debate no se pudo comprobar la intencionalidad de su defendida en utilizar un medio que añade peligrosidad al hecho, como es la alevosía, ya que de las mismas circunstancias del tiempo, modo y lugar de los supuestos hechos, a su entender, arrojan claramente que los hechos ocurrieron sin planificación previa alguna; asimismo, ha señalado que el Tribunal en su hecho probado describió que el disparo se produjo cuando presuntamente el señor Alsted Duncan Woods Nixon caminaba de espalda a mi representada, sin describir el Tribunal cual fue la dinámica de los hechos, el estado anímico de su defendida, las circunstancias de luminosidad y para ese momento donde se encontraba el otro sujeto que en compañía del ofendido momentos antes trataban de cambiar el llavín de acceso al apartamento propiedad de la acusada; lo anterior resultan para el recurrente, aspectos periféricos no exteriorizados en el cuadro factico, menos la aseveración realizada por el Tribunal, en concluir que el disparo que ingresó en el lado derecho de la espalda del señor Alsted Duncan Woods Nixon, fue buscado a propósito por la acusada. Concluye el censor, respecto a los hechos es plausible que la circunstancia principal de la causa como es el acto dar muerte, no estaba previamente planificado, entonces la circunstancia accesoria a ese hecho como es la alevosía estaría también excluida si se basa en un hecho cierto no discutible por la defensa que es la existencia de la forma de ingreso del proyectil a la víctima, no obstante que la acusada haya buscado deliberadamente esa situación o se haya aprovechado de esa circunstancia, no se deriva del hecho factico planteado, por ende se ha infringido en perjuicio de mi patrocinada al agravar la sanción por la cualificación de la concurrencia de la agravante "alevosía". Que en base a lo anterior, el recurrente pretende hacer ver a esta Sala de lo Penal; que de los hechos declarados probados, infiere una clara contradicción entre los mismos, y el alegato de la Sala Sentenciadora de que el hecho debe calificarse como un Asesinato por existir la circunstancia de Alevosía; esa contradicción se manifiesta en que los sentenciadores dicen que el ataque fue sorpresivo y súbito, o sea alevoso, pero en el cuerpo de los hechos describen una acción que dista mucho de ser súbita y sorpresiva, tal contradicción haría que la Sentencia contenga una clara Infracción al ordenamiento Penal sustantivo. De la procedencia del recurso. El segundo motivo no es de recibo. El Recurrente ha iniciado una denuncia por aplicación indebida de los tipos penales de Asesinato y Lesiones Culposas, sin embargo, en su amplio desarrollo recursivo, su principal cuestionamiento fue que no existió alevosia en la acción de la acusada, pero al plantear el presente motivo lo ha hecho sin prestar ninguna atención a lo señalado en el artículo 360 del Código Procesal Penal, pues aun cuando se trata de un Recurso por Infracción de Ley, el cual se basa en declarar a los hechos probados como una verdad irrefutable, se aleja de tal idea (Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados), pues primero hace crítica sobre la forma en que estos fueron construidos al considerar que el relato es contradictorio y luego arremete contra de la verdad que expresan, procediendo a ser referencia de valoraciones subjetivas que según considera acredita hechos distintos. En apartado anterior esta Sala de lo Penal ha explicado con claridad las bases del Recurso de Casación por Infracción de Ley, indicando que se trata de un recurso que busca proteger la fidelidad del principio de legalidad penal sustantiva al someterse a examen si la norma penal elegida por el Tribunal de Sentencia es aquella que debe de gobernar los hechos declarados probados o/y si esta ha sido debidamente interpretada a la luz de la doctrina legal existente; Mediante este recurso el Recurrente no puede intentar que dichos hechos probados sean modificados a partir de una revalorización de los medios de prueba menos de valoración subjetivas de lo que a su entender arroja el hecho declarado probado, tal como ocurre en el presente caso. Por tal razón es procedente declarar sin lugar el segundo motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente; • Concepto de la infracción expuesto: Que la declaración de los hechos probados no sea clara y terminante, ambiguo e impresiso; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El recurrente denuncia que un extracto de los hechos probados no es terminante, el cual a su entender se presenta porque el cuadro fáctico declarado por probado carece de completa claridad y precisión y se estructura de forma incompleta; omitiendo consignar circunstancias de carácter periférico para su apreciación completa y coherente, asimismo que el factum es ambiguo, ya que a partir del mismo el sentenciador pone de manifiesto indecisión en un aspecto importante de concurrencia de eximente de la responsabilidad penal, a efecto de apreciar razonablemente en la dinámica de los hechos; lo prescrito en el artículo 24 del Código Penal, en el último párrafo del numeral 1 es decir una eximente de responsabilidad penal. Señala el recurrente, que del factum planteado por el Tribunal en las circunstancias que rodearon los hechos se desprende que la víctima fue sorprendida en la entrada de la puerta de un apartamento propiedad de la acusada, mientras trataban de cambiar el llavín. Aseveración que señala el a quo, la cual para el censor resulta evidentemente imprecisa y no descarta por sí sola que el apartamento propiedad de su representada, estuviese habitado y que el hoy occiso y su acompañante en esa noche eran extraños al lugar y no tenían justificación legal para realizar un acto de cambiar el llavín de acceso; para el cual solo está legitimado el dueño (la acusada) como era cambiar cualquier llavín de la puerta de entrada de su apartamento. Continuó en su relato recursivo señalando, que el segundo hecho declarado probado resulta no terminante, al plantear el juzgador un hecho sin un contexto histórico que, de forma terminante, establezca las condiciones de ambientales y de luminosidad del lugar, las condiciones pasionales de los diferentes actores en el desarrollo de los hecho, el tiempo trascurrido en que el hoy occiso es "conminado" presuntamente por su hija para que se retirara del lugar. De la Declaración de los Hechos Probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 1. Requisitos De Fondo: a. Precisos: Los Hechos probados deben de ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto serán estos los hechos que deben de ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); d. La no utilización de Conceptos que Predeterminen el Fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; En su construcción los Juzgadores no deben de hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; Tampoco los Juzgadores deben de hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 1. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 2.Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la procedencia del recurso. El Primer motivo no es de recibo. Para dar respuesta al motivo planteado por el Censor, es importante tener en consideración la imputación formulada por el Ministerio Público y la contestación presentada por la Defensa, pues esta es la base de la que hay que partir para poder establecer si los hechos probados dan respuesta de manera clara y terminante a las cuestiones debatidas. Según el Ministerio Público, la acusada Malenda Ulina Woods Nixon, es responsable a título de autor, de un delito de Asesinato y otro de Lesiones, en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence y Sherren Claries Woods Greenwoods; Entretanto la defensa del acusado ha señalado que éste no tiene responsabilidad alguna en tales hechos. Siendo que el cuestionamiento por parte del recurrente, ha sido por haberse obviado circunstancias de carácter periférico para su apreciación completa y coherente, asimismo que el factum es ambiguo, ya que a partir del mismo el sentenciador pone de manifiesto indecisión en un aspecto importante de concurrencia de eximente de la responsabilidad penal, a efecto de apreciar razonablemente en la dinámica de los hechos, así las cosas, resultó del debate que el Iudex emitiera sentencia declarando la responsabilidad penal de la acusada como autora no solo del delito de Asesinato, sino también de Lesiones; en dicha sentencia se consignaron dos hechos probados, a saber: 1. En el primer hecho probado se señala que la víctima Alsted Ducan Woods Lawrence, se encontraba frente a la puerta de unos apartamentos propiedad de la acusada señora Malenda Ulina Woods Nixon, en compañía del joven Oris Woods Welcome, tratando de cambiar un llavín, cuando fueron sorprendidos por la señora Malenda, quien empuñaba con ambas manos un arma de fuego tipo pistola, marca: Hi Point, modelo: CF, calibre: 380 ACP, número de serie P754370, exigiéndole al señor Alsted que se fuera para su casa, llegando momentos después la joven Sherren Claries Woods Greenwood, quien se enteró de lo que sucedía y conmina a su padre a retirarse. 2. En el Segundo hecho probado, La víctima señor Alsted Accedió, por lo que ambos empiezan a caminar primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole la espalda a la acusada señora Malenda Ulina, esta sin mediar palabra alguna le dispara al señor Alsted Ducan Woods Lawrence provocándole una herida con orificio de entrada: en el lado derecho de la espalda de 1x0.8 cm, con anillo de contusión de 0.2 cm de ancho, excéntrico hacia abajo y a la izquierda a 121 cm de altura de los talones y a 2 cm de la línea media, trayecto: de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, que produjo laceración de músculos, del pulmón derecho y corazón (aurícula derecha), hemotórax derecho fractura del arco anterior de la quinta costilla derecha, orificio de salida en lado derecho del tórax de 1.2x1 cm a 126 cm de altura de los talones y a 8 cm de la línea media, falleciendo momentos más tarde el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, a causa de la herida por proyectil de arma de fuego con laceración cardiaca y hemotórax derecho; y, 3. En el Tercer hecho probado, El proyectil disparado por el arma de fuego accionada por la señora Malenda Ulina Woods Nixon en contra de la humanidad del señor Alsted Ducan Woods Lawrence, al salir del cuerpo de esté logro impactarle también en la humanidad de la otra víctima señora Sherren Claries Woods Greenwood, en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal para el desarrollo de sus actividades habituales. Del recuento anterior, es posible determinar que no le asiste la razón al Censor, pues los Juzgadores si establecieron en los hechos probados la dinámica en la que se dio el acto reprochado penalmente. Esta Sala de lo Penal subraya que los hechos probados resultan una declaración que, sin necesidad de hacer algún tipo de valoración, es capaz de reproducir una imagen mental en el lector del hecho histórico objeto de debate, máxime cuando éstos son parte fundante de una declaratoria de culpabilidad. En el presente caso los hechos probados de la sentencia no carecen de claridad y terminancia como lo denunció el recurrente, pues se señala el aspecto más importante de una sentencia condenatoria: indicar el hecho realizado por la persona acusada y por el cual se le impone una sanción penal. Además, al señalar este tipo de recurso, como medio de impugnación, su finalidad no es por lo que no describió como probado el Tribunal, sino con la descripción toral y completa del mismo; dado su cuestionamiento por no señalar una causa de justificación. En consecuencia, de todo lo anterior, se declara sin lugar el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 y 338 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado en la valoración las reglas de la sana crítica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Aqueja el recurrente, que en el presente caso y del estudio del mismo aprecia que el motivo invocado se adecua a la censura señalada, ya que las conclusiones a las que llego el Tribunal al fallar en la presente causa han correspondido en la inferencia irracional derivada a partir de una incorrecta valoración de la prueba producida en juicio, en el cual no ha establecido razones suficiente por la cuales llegó a un estadio de certeza de la culpabilidad de su representada. Continuó en su desarrollo recursivo que se han violentado las normas de las máximas de la experiencia, lógica o psicología respecto a la valoración de la prueba testifical de Javin Oris Woods, Javey Daniel Woods, Sherren Claries Woods, al concluir el tribunal que “….la credibilidad de dichos testimonios es a partir del interés de los testigos, a la consistencia, solidez, coherencia interna de la manifestación, a la armonía y correspondencia de sus dichos y que no logro extraerse que los testigos mencionados tuvieran interés por precio y remuneración...." No obstante, según el recurrente, omite el Tribunal explayarse porque considera que concurren esas cualidades en cada uno de los testigos de cargo antes referidos, es decir, cuáles son esas circunstancias que advirtió el Tribunal que denotaban "interés de los testigos, consistencia, solidez, coherencia interna, armonía y correspondencia en sus dichos" que hace derivar al Tribunal que son creíbles. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El Segundo motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del presente recurso es darse a la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debió explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y que por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada, nada de eso desarrolla el recurrente. Así las cosas, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por el recurrente, dado que su señalamiento recursivo, no es, en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación) y aunque del desarrollo recursivo lo cuestiona, no detalla porque y cual razonamiento judicial de la prueba evacuada en el debate contiene el vicio, dado que su queja lo hace en general sin especificar la repercusión negativa que provoca. Expone el recurrente, una reflexión que parte de una valoración privada y personal; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define el censor como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional, pues se señalan violación de las reglas de la sana crítica, sin ser especifico a que regla, pues no es suficiente solo decir “se han violentado las normas de las máximas de la experiencia, lógica o psicología respecto a la valoración de la prueba testifical de Javin Oris Woods, Javey Daniel Woods, Sherren Claries Woods” sin ser específico a que vertiente ser refiere el recurrente; asimismo, su desarrollo recursivo se vuelve confuso, por una parte denuncia escuetos análisis de los juzgadores a las pruebas evacuadas y por otra parte aqueja que los juzgadores no han establecido razones suficiente por los cuales llegó a un estadio de certeza de la culpabilidad; se aclara al recurrente, que si la valoración es escueta o insuficiente de valoración intelectiva, entonces no hay posibilidad por ello, de una violación en la valoración de las reglas de la sana crítica, al ser insuficiente de la misma. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. • Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas que se denuncian infringidas: Artículos 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo 1 y 341 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: Violación al principio de debido proceso. • Pretensión: Sin detallar por el recurrente. Luego de describir conceptos doctrinarios, luego el recurrente cuestiona que el sentenciador infringió la norma constitucional por las razones siguientes: 1 cualificar y agravar erróneamente el hecho de dar muerte, a un delito de Asesinato por la concurrencia de alevosía, según la tesis planteado por la defensa, y que se colige del hecho probado no se aprecia en la conducta de su representada una conducta alevosa. 2.- El Tribunal atribuye reproche penal por el delito de Lesiones Culposas, conducta que apreciara esta Honorable Sala no se desprende del cuadro factico planteado en el segundo hecho declarado probado. 3.- La ausencia determinación de los hechos declarados probador inobservancia de las reglas de la sana critica. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación; dandole razón a la representación del Ministerio Público, cuando describe que el censor ha desarrollado alegatos totalmente ajenos a lo que debe considerase como violación al debido proceso. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Amerita recordar, que el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, que para el presente caso ha sido Infracción de Precepto Constitucional, seguidamente debe de explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste; que para el caso, el recurrente debió justificar el porqué del recurso invocado, pero, el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; luego obligatorio indicar la norma constitucional o el bloque constitucional que se considera ha sido violado, como a bien lo hizo el recurrente, pero olvido señalar, si fue invocado por inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; siendo de mucha importancia, exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; si el vicio es sustantivo o de carácter procesal, de ser este último, enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá de hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones; sin embargo, en el presente caso el recurrente presenta un recurso vació de contenido, en inobservancia a lo antes expresado, sin técnica recursiva alguna; suma el hecho que no hace una exposición científica del porque considera la norma constitucional enumerada ha sido violentada, sino que solamente persiste en señalar valoraciones subjetivas y que la decisión final misma no tiene base razonable para un pronunciamiento de culpabilidad. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de la acusada Malenda Ulina Woods Nixon, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Malenda Ulina Woods Nixon, las sanciones por dos delitos, a saber: i.- 20 años de reclusión por un delito de Asesinato, en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence; ii.- 06 meses de reclusión por un delito de Lesiones Culposas en perjuicio de Sherren Claries Woods Greenwoods. En suma, la pena concreta impuesta a la acusada es de 20 años 06 meses de reclusión de la libertad. Más la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación Absoluta; II. Pena accesoria de inhabilitación Especial; III. Pena accesoria de interdicción civil; IV. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; V. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por la acusada correspondería la imposición de las siguientes penas: • La conducta reprochada por el delito de Asesinato, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. • Por la conducta reprochada de un delito de Lesiones Culposas, está prevista en el mismo Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Lesiones Imprudentes (Art. 202), siendo que fue declarado como hecho probado que la acción cuestionada penalmente fue ejecutada con arma de fuego en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal, ante ello, la pena imponer es de seis (06) meses a un (01) año de arresto domiciliario, más la pena de inhabilitación especial de privación de los derechos a la tenencia y porte de armas de dos (02) a seis (06) años. En suma, la pena abstracta que deberá imponerse a la acusada con la nueva disposición penal sería de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión por el delito de asesinato y de seis (06) meses a un (01) año de arresto domiciliario; ambas privativas de la libertad; marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los ahora condenada Malenda Ulina Woods Nixon. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361, 362 numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos; Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos y Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, recursos interpuestos el Abogado Mario Emilio Calderón, en su condición de defensor privado de la acusada Malenda Ulina Woods Nixon. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a la hoy condenada Malenda Ulina Woods Nixon. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de Malenda Ulina Woods Nixon, por los delito de Asesinato y Lesiones Culposas, en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence y Sherren Claries Woods Greenwoods respectivamente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. firma y sello Lety Emelda Posadas. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cinco días de noviembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintidós de agosto de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-449-2019.Rina Koritza Sandoval Navas. Secretaria de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-449-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 449-2019, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante el cual falló: Primero: Condenó a Malenda Ulina Woods Nixon, como autora responsable del delito de Asesinato, en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence, a la pena de veinte años de reclusión. Segundo: Condenó a Malenda Ulina Woods Nixon, como autora responsable del delito de Lesiones Culposas en perjuicio de Sherren Claries Woods Greenwoods, a la pena de seis meses de reclusión. Tercero: Condenó a Malenda Ulina Woods Nixon, a la pena accesoria de Inhabilitación Absoluta por el delito de asesinato, sobre el derecho de elegir y ser electo, durante el tiempo que dure las condenas. Cuarto: Condenó a Malenda Ulina Woods Nixon, a la pena accesoria de Inhabilitación Especial por el delito de lesiones culposas, sobre el derecho de elegir y ser electa, durante el tiempo que dure las condenas. Quinto: Condenó a Malenda Ulina Woods Nixon, como consecuencia de las penas principales de reclusión por los delitos de Asesinato en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence y Lesiones en perjuicio de Sherren Claries Woods Greenwoods, a la pena accesoria de Interdicción Civil, durante el tiempo que duren las condenas y a trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras publicas o en labores dentro del establecimiento penal. Sexto: No procedió condenar a Malenda Ulina Woods Nixon, en costas procésales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Septimo: Declaró la Responsabilidad Civil de la condenada Malenda Ulina Woods Nixon. Octavo: Declaró comiso de: un arma de fuego tipo pistola, marca Hi-point, modelo: CF, con serie: P754370, pavón negro y gris, empuñadura de caucho color negro y gris, con su respectivo cargador metálico conteniendo en su interior siete proyectiles de color amarillo que en su base se lee Win 380 Auto, lo antes descrito se encontraba en poder del Ministerio Publico, y debe ser entregada al señor Juez de Letras de Ejecución de esta Sección Judicial para que el arma de fuego sea remitida a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad. Noveno: Declaró no ha lugar la petición de la defensa en cuanto a que sea beneficiada la señora Malenda Ulina Woods Nixon, con el instituto de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, por el delito de Lesiones Culposas. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma el Abogado Mario Emilio Calderón, en su condición de defensor privado de la acusada Malenda Ulina Woods Nixon. Son partes en única instancia: El Abogado Mario Emilio Calderón, defensor privado en su condición de recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arevalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En fecha dieciséis (16) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), en el barrio La Punta, Coxen Hole, Roatán departamento de Islas de la Bahía, entre las cinco y seis de la tarde, el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, se encontraba frente a la puerta de unos apartamentos propiedad de la señora Malenda Ulina Woods Nixon, en compañía del joven Oris Woods Welcome, tratando de cambiar un llavín cuando fueron sorprendidos por la señora Malenda, quien empuñaba con ambas manos un arma de fuego tipo pistola, marca: Hi Point, modelo: CF, calibre: 380 ACP, número de serie P754370, exigiéndole al señor Alsted que se fuera para su casa, llegando momentos después la joven Sherren Claries Woods Greenwood, quien se enteró de lo que sucedía y conmina a su padre a retirarse, accediendo el señor Alsted, por lo que ambos empiezan a caminar primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole la espalda a la señora Malenda Ulina, esta sin mediar palabra alguna le dispara al señor Alsted Ducan Woods Lawrence provocándole una herida con orificio de entrada: en el lado derecho de la espalda de 1x0.8 cm, con anillo de contusión de 0.2 cm de ancho, excéntrico hacia abajo y a la izquierda a 121 cm de altura de los talones y a 2 cm de la línea media, trayecto: de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, que produjo laceración de músculos, del pulmón derecho y corazón (aurícula derecha), hemotórax derecho fractura del arco anterior de la quinta costilla derecha, orificio de salida en lado derecho del tórax de 1.2x1 cm a 126 cm de altura de los talones y a 8 cm de la línea media, falleciendo momentos más tarde el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, a causa de la herida por proyectil de arma de fuego con laceración cardiaca y hemotórax derecho. Segundo: El proyectil disparado por el arma de fuego accionada por la señora Malenda Ulina Woods Nixon en contra de la humanidad del señor Alsted Ducan Woods Lawrence, al salir del cuerpo de este logro impactarle también en la humanidad de la señora Sherren Claries Woods Greenwood, en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal para el desarrollo de sus actividades habituales, momentos después fue detenida la señora Malenda Ulina y fue puesta a la orden de la autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El Abogado Mario Emilio Calderón, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: POR NO APLICACIÓN DE NORMA SUSTANTIVA, PRECEPTO PENAL. EN CUANTO AL MOTIVO INVOCADO: PRECEPTO PENAL INFRINGIDO: "Violación por no aplicación del Articulo 24 1 inciso "c" párrafo ultimo del Código Penal en relación con el Articulo 32 del Código Penal. Como Precepto Autorizante: Artículo 360 Párrafo Primero del Código Procesal Penal, que Literalmente dice: "Habrá Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaran probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que debe ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Tribunal de sentencia declaró expresa y tácitamente probado el hecho siguiente: En el hecho probado por la Sala de Sentencia; en un primer acápite establece sin más, que mi representada Malenda Ulina Woods Nixon, que: "...en fecha 16 de Diciembre del 2016, en el Barrio la punta, Coxen Hole. Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, entre cinco y seis de la tarde, sorprendió frente a la puerta de unos apartamentos de su propiedad a los señores Alsted Ducan Woods y otro joven que lo acompañaba de nombre Oris Wood Welcome, cuando estos se aprestaban a cambiar un llavín...." Que el Código Penal vigente exime de responsabilidad penal a quien en su accionar este cubierto por alguna causa de justificación, es así reza que reza: "en el Artículo 24. Se halla exento de responsabilidad penal: 1. Quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima hl Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y. c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende. Se entenderá que concurran las tres (3) circunstancias respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los indicados lugares" Que del hecho declarado probado por el Juzgador se demuestra que la supuesta víctima se encontraba dentro de una propiedad de mi representada en compañía de otra persona cambiando un llavín en horas de la noche de un apartamento habitado, sin que para ello estuviese autorizado, por lo que le norma antes aludida Articulo 24.1 inciso "c" párrafo último, la exime de responsabilidad penal por la violencia empleada en contra del individuo sorprendido en esas circunstancias; entendiéndose que ante tal situación la ley prevé que el justiciable actúa en legítima defensa, y que concurren en su accionar las circunstancias de agresión ilegitima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende Se trata de una Legitimación de su acción por definición de la norma, por lo que no deviene obligación e juzgando en probar las circunstancias exigidas por la norma 24.1 del Código Penal, en el accionar injusto de quien es encontrado en la circunstancias de la supuesta víctima yace la justificación de quien se defiende, debiendo entenderse que está realizando una agresión ilegitima, con características de actualidad, y que los medios utilizados por quien lo rechaza son proporcionalmente racionales para impedir o repeler la agresión y que no existe provocación por parte de quien defiende. El sentenciador ha violado el esta norma sustantiva de carácter obligatorio al no aplicarla al caso de autos y no ha eximido a mi presentada de responsabilidad penal por su acción, y ni siquiera analizó los las circunstancias de hechos para ver existió un exceso en la defensa, y más bien condenó a la juzgado a un delito de asesinato, encontrando injustamente alevosía en el acciona de alguien que está amparado en legitima defensa Ante la no aplicación de la norma 24.1 del Código Penal, concierne esta sala casar la sentencia en cuanto es condenatoria y absolver a la procesada de toda responsabilidad penal” Continúa Manifestado el recurrente en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMAS: Primer Motivo de Casación: "que la declaración de los hechos probados no sea clara y terminante, ambiquo e impreciso. Precepto autorizante el articulo 362.1 del Código Procesal Penal que refiere lo siguiente: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1) Que falte la declaración de hechos que el Tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sean contradictorios; Explicación del Primer Motivo En el hecho probado por la Sala de Sentencia; en un primer acápite establece sin más, que mi representada Malenda Ulina Woods Nixon, que: "...en fecha 16 de Diciembre del 2016, en el Barrio la punta. Coxen Hole. Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, entre cinco y seis de la tarde, sorprendió frente a la puerta de unos apartamentos de su propiedad a los señores Alsted Ducan Woods y otro joven que lo acompañaba de nombre Oris Wood Welcome, cuando estos se aprestaban a cambiar un llavín...." Respecto a éste apartado la defensa considera que la declaración de hechos no es terminante. El vicio que se invoca se presenta porque el cuadro fáctico declarado por probado carece de completa claridad y precisión y se estructura de forma incompleta; omitiendo consignar circunstancias de carácter periférico para su apreciación completa y coherente, asimismo el fáctum es ambiguo, ya que a partir del mismo el sentenciador pone de manifiesto indecisión en un aspecto importante de concurrencia de eximente de la responsabilidad penal, a efecto de apreciar razonablemente en la dinámica de los hechos; lo prescrito en el articulo 24 del Código Penal, en el último párrafo del numeral 1, el cual refiere que: "...se entenderá que concurren las tres (3) circunstancias respecto de quien rechaza el escalamiento, fractura de los cercados, paredes o entradas de un apartamento habitado o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los indicados lugares..." La Sala apreciará que del factum planteado por el Tribunal en las circunstancias que rodearon los hechos se desprende que la víctima fue sorprendida en la entrada de la puerta de un apartamento propiedad de mi representada, mientras trataban de cambiar el llavín. Esta aseveración que realiza la Sala; resulta evidentemente imprecisa, y; no descarta por sí sola que el apartamento propiedad de mi representada; estuviese habitado y en segundo lugar, que el hoy occiso y su acompañante en esa noche eran extraños al lugar y no tenian justificación legal para realizar un acto de cambiar el llavín de acceso; para el cual solo está legitimado el dueño (mi representada) como era cambiar cualquier llavín de la puerta de entrada de su apartamento. (Imprecisión que incluso alcanza al modo, lugar y circunstancias en la cuales no se precisa algún tipo de vínculo entre mi representada, el ahora occiso y el joven que lo acompañaba en esa noche. Es preciso establecer que el ingreso a una morada o vivienda habitada ésta proscrito por la ley; en específico por el artículo 99 Constitucional que garantiza la inviolabilidad al domicilio. El tribunal plantea un hecho inicialmente sin un contexto histórico que de forma terminante, establezca las condiciones de ambientales y de luminosidad del lugar, las condiciones pasionales de los diferentes actores, el tiempo trascurrido en que el hoy occiso es "conminado" presuntamente por su hija para que se retirara del lugar, es de hacer notar que sin dar mayor contenido a las circunstancias en que presuntamente es conminado, o amenazado, presionado, coaccionado, requerido, entre otros verbos similares a "conminar" éste según el factum, se dispuso y accedió a retirarse del lugar, aspecto que en el resultado que aprecio el Tribunal resulta de relevancia en el caso particular de la señora Sherren Claries Woods Greenwood, quien recibió un impacto de bala en la mama izquierda, el cual salió del cuerpo de Alsted Ducan Wood Lawrence. La imprecisión del hecho anterior se deduce porque el mismo no refiere de forma terminante la posición de la Claries Woods respecto a la entrada del proyectil, para concatenar que Alsted efectivamente estaba detrás de ella cuando recibió el disparó. En el segundo hecho declarado probado, nuevamente el sentenciador, resulta no terminante al referir "que el proyectil disparado por el arma de fuego accionado presuntamente por mi representada en contra de la humanidad del señor Alsten Ducan Woods, al salir del cuerpo de éste, logro impactar también en la humanidad de Sherren Claries Woods Greenwood, en la región de mama izquierda provocándole 15 una lesión que le originó quince dias de incapacidad temporal..." El tribunal planteó un hecho inicialmente sin un contexto histórico que de forma terminante, establezca las condiciones de ambientales y de luminosidad del lugar, las condiciones pasionales de los diferentes actores en el desarrollo de los hecho, el tiempo trascurrido en que el hoy occiso es "conminado" presuntamente por su hija para que se retirara del lugar, es de hacer notar que sin dar mayor contenido a las circunstancias en que presuntamente es conminado, o amenazado, presionado, coaccionado, requerido, entre otros verbos; que son similares al verbo "conminar" que se utiliza por la Sala para describir la conducta de Sherren Wood Alsted Ducan según refiere el factum probatorio, accedió a retirarse del lugar. Este aspecto que en el resultado que aprecio el Tribunal es de relevancia en particular porque Sherren Claries Woods Greenwood, recibió un impacto de bala en la mama izquierda, por el proyectil que salió del cuerpo de Alsted Ducan Wood Lawrence. Podrá advertir nuevamente la Sala de lo Penal; que el hecho no es terminante y que es impreciso y se deduce porque el mismo no refiere de forma clara la posición de mi representada al momento de la acción del disparó, si había suficiente claridad en el lugar, las condiciones anímicas, ya que respecto Claries Woods se desconoce la posición respecto a su padre y el orificio de entrada del proyectil, para concatenar que Alsted efectivamente estaba detrás de ella cuando éste recibió el disparó.” “Segundo Motivo de Casación: Por Quebrantamiento de Forma "Por nо haber observado en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica. Precepto Autorizante. Argumenta sobre este segundo motivo el ente acusado del Estado que el Tribunal Sentenciador obvio las reglas que exige el Artículo 202 del Código Procesal penal "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Explicación del Segundo Motivo Es de precisar éste segundo motivo invocado que el sistema acusatorio en materia penal exige que las pruebas sean valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida en relación con lo dispuesto en el artículo 338 del Código Procesal Penal. La fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la sicología y la lógica, las primeras se refieren al conocimiento que algún hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la sicología se relacionan con conocimientos básicos, y con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adeudada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido: La derivación induce a la obligación de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben de guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas, deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se Juzga. Y dado que el sistema de la sana critica racional que implementa nuestra legislación procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, exigiendo que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.- En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: Las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano.- En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia y convicción de cada prueba con total libertad, pern respetando al hacerlo, los principios de la recta razón que se refieren a los antes expresado que es las normas de la lógica, la sicología y la experiencia común. Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exige el precitado artículo 202 del Código Procesal Penal, aparece el principio de la razón suficiente, según el cual, en palabras del jurista argentino Fernando de la Rúa (La casación penal) El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando - Fl tribunal debe estructurar sus conclusiones de las pruebas que obren en juicio y en la dirección en que estas apuntan, de tal forma que no puede establecer su convicción en un sentido distinto al que todas ellas refieren cierta circunstancia de hecho. En el presente caso y del estudio del mismo se podrá apreciar que el motivo invocado se adecua a la censura señalada, ya que las conclusiones a las que llego el Tribunal al fallar en la presente causa ha correspondido en la inferencia irracional derivada a partir de una incorrecta valoración de la prueba producida en juicio. En el cual no ha establecido razones suficiente por la cuales no llegó a un estadio de certeza de la culpabilidad de mi representado en la acusación formulada por el ente acusador del Estado, esta incertidumbre no superó un grado de certeza tal que faculta a los juzgadores a dictar un fallo de culpabilidad. También podrá apreciar La Sala de Lo Penal, del estudio de este motivo invocado, como en el presente caso, se concretiza si se han violentado las normas de las máximas de la experiencia, lógica o psicología Respecto a la valoración de la prueba testifical Javin Oris Woods, Javey Daniel Woods, Sherren Claries Woods, concluye el Tribunal en el primer apartado que “….la credibilidad de dichos testimonios es a partir del interés de ins testigos, a la consistencia, solidez, coherencia interna de la manifestación, a la armonía y correspondencia de sus dichos y que no logro extraerse que los testigos mencionados tuvieran interés por precio y remuneración...." No obstante omite el Tribunal explayarse porque considera que concurren esas cualidades en cada uno de los testigos de cargo antes referidos. Es decir cuáles son esas circunstancias que advirtió el Tribunal que denotaban "interés de los testigos, consistencia", solidez, coherencia interna, armonía y correspondencia en sus dichos" que hace derivar al Tribunal que son creíbles.” Continua Manifestando el recurrente en su recurso de casación por Infracción de Ley: Tercer Motivo. Por Infracción de ley por aplicación indebida del Articulo 117, numeral 1, 13, 133, 136, 138 Precepto Autorizante. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. Explicación del tercer Motivo Los preceptos penales que se relaciona como infringido por aplicación indebida, dispone: Artículo 117. Es reo de asesinato quien de muerte a Una persuna ejecutandola con la Concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1.) alevosía; 2.).... 3.).... 4.)...." Artículo 13.- El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente dohe ser doloso e culposo. El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia, negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley, de un reglamento, o de órdenes, resoluciones o deberes atendidas las circunstancias y situación personal del delincuente. El delito culposo solo será punible en el caso expresamente determinado por la ley. Artículo 133. Comete el delito de lesiones quien cause daños que afecten el cuerpo o la salud física o mental de otra persona. Articulo 136.- Sera penado con reclusión de uno (1) a tres (3) años, quien produce una lesión en la que no concurra ninguna de las circunstancias a las que se refieren los tres artículos anteriores, pero que ocasiona enfermedad o incapacitada para el trabajo por un término no menor de diez (10) días, ii mayor de treinta (30) dias.... Las lesiones culposas se sancionaran con una pena igual a la mitad (1/2) de las correspondiente a la lesión dolosa..." El Articulo 360 del Código Procesal Penal nos establece claramente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley; cuando de los hechos declarados probados se deduzca que se ha infringido alquna norma penal sustantiva; en el caso de autos esto es lo que ha ocurrido, ya que el tribunal sentenciador de los hechos probados estableció que se daha la circunstancia de alevosía; con lo cual calificó el hecho contra Alsted Ducan Woods como Asesinato. Las razones que por las cuales ésta Defensa afirma la existencia de la infracción alegada, en primer lugar, debemos de analizar el concepto jurídico- penal de lo que es alevosía. El artículo 27 del Código Penal contempla como circunstancias agravantes entre otras que: 1)....... 2) Ejecutar el delito con alevosía. Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos, o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a aseguradas; sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido...." De esta definición legal podemos inferir que quien realice un acto con alevosia, el objetivo principal del autor es realizar su cometido de una forma planeada y pensada para que la víctima no pueda reaccionar contra este acto de forma eficaz, y que además esa eficacia no resulte en un daño contra la integridad fisica del agresor; además estas actividades deben de estar directamente asociadas y específicamente planeadas para lograr el resultado arriba mencionado. El jurista Español Santiago Mir Puig, que en su libro Derecho Penal, Parte General, 6ª Edición en sus páginas 612 y 613 nos expresa los siguientes conceptos sobre esta agravante: "....A) agravantes que denotan mayor peligrosidad del hecho a)-Por la especial facilidad de comisión Aumentan el injusto penal porque suponen (ex ante) un mayor peligro para al hien jurídico pero el sujeto ha de querer utilizar las mencionadas circunstancias objetivas que facilitan el hecho para lo cual basta aprovecharlas conscientemente..."; Al hacer un análisis conjunto, tanto de lo que establece nuestra Legislación Penal, como de la Ilustración Doctrinaria que arriba hemos referido; en cuanto a lo relacionado con la agravante de Alevosía; debemos concluir que: En particular (pero es general a todas las demás agravantes) la persona que supuestamente comete un hecho aprovechándose de la circunstancia de la Alevosía, debe QUERER UTILIZARLA O EMPLEARLA o sea, debe dolosamente tener en su ánimo, la voluntariedad de emplear tal circunstancia; así mismo el agente debe de cumplir con todos los requisitos que exige la circunstancias agravante. En otras palabras, podríamos definir la comisión de un delito con alevosia cuando se realiza a traición y sobre seguro. El decir, se procura que se produzca una garantía de que el criminal cometa efectivamente el delito, a la vez que se interponen los medios para que este no pueda sufrir ningún tipo de riesgo por la defensa o la oposición que podrían poner el sujeto pasivo o un tercero. Se trata de una circunstancia agravante de la doctrina distingue tres supuestos de alevosía diferentes. Se clasifican en función de las formas de comisión del delito, los instrumentos utilizados o las situaciones. Son los siguientes: Delito proditorio. También se conoce como delito traicionero. Para que exista este tipo de alevosía el criminal ha de acechar a la víctima. Existe un proceso de observación, de cautela y de ocultación para asegurar la comisión del crimen. Procedimiento insidioso. A través de este tipo de alevosía se pretende ocultar un crimen. El objetivo que persigue es que el delito parezca un accidente. El ejemplo típico se produce cuando se utiliza un tipo de veneno que no se puede rastrear para matar a alguien. Aprovechamiento de un estado de indefensión. En este caso el delincuente se aprovecha de la imposibilidad de defenderse de la víctima, poniendo los medios adecuados para ello. Para que exista el sujeto pasivo no podría haberse, defendido antes de la ejecución del crimen. El autor procura actuar sobre seguro y sin riesgo para él. Analizado lo siguiente debemos llamar la atención de esa Honorable Sala de lo Penal, que en el juicio o debate no se pudo comprobar la intencionalidad de nuestra defendida en utilizar un medio que añade peligrosidad al hecho, como es la alevosía, ya que de las mismas circunstancias del tiempo, modo y lugar de los supuestos hechos, nos arrojan claramente que en general los hechos ocurrieron sin planificación previa alguna (El mismo tribunal apoya esta tesis, ya que refiere en el hecho probado que el lugar de los hechos fue en la inmediación de un inmueble propiedad de mi patrocinada, lugar hasta el cual sin justificación legal llegó el ahora occiso con otro sujeto pretendiendo cambiar un llavín de la puerta de acceso al inmueble. Refiere del hecho el Tribunal que el disparo se produjo cuando presuntamente el señor Alsted Duncan Woods Nixon caminaba de espaldas a mi representada, sin describir el Tribunal cual fue la dinámica de los hechos, el estado anímico de mi defendida, las circunstancias de luminosidad y para ese momento donde se encontraba el otro sujeto que en compañía del ofendido momentos antes trataban de cambiar el llavin de acceso al apartamento propiedad de mi representada. Todos estos aspectos periféricos no exteriorizados en el cuadro factico, minan la aseveración realizada por el Tribunal, en concluir que el disparo que ingresó en el lado derecho de la espalda del señor Alsted Duncan Woods Nixon, fue buscado a propósito por mi patrocinada y es que del hecho se consigna claramente que el hoy occiso Alsted Duncan, fue conminado a retirarse del lugar, es decir en otro sinónimo del verbo obligado, no fue por su voluntad contradicción que se aplica al formular los hechos, ya que por una parte establece que fue conminado a retirarse" y contrariamente que éste accedió Respecto a los hechos es plausible que la circunstancia principal de la causa como es el acto dar muerte, no estaba previamente planificado, entonces la circunstancia accesoria a ese hecho como es la alevosía estaría también excluida si se basa en un hecho cierto no discutible por la defensa que es la existencia de la forma de ingreso del proyectil a la victima, no obstante que la acusada haya buscado deliberadamente esa situación o se haya aprovechado de esa circunstancia, no se deriva del hecho factico planteado, por ende se ha infringido en perjuicio de mi patrocinada al agravar la sanción por la cualificación de la concurrencia de la agravante "alevosía". En base a lo anterior, esta defensa pretende hacer ver a esa honorable Sala de lo Penal; que de los hechos declarados probados, podemos inferir una clara contradicción entre los mismos, y el alegato de la Sala Sentenciadora de que el hecho debe calificarse como un Asesinato por existir la circunstancia de Alevosía; esa contradicción se manifiesta en que los sentenciadores dicen que el ataque fue sorpresivo y súbito, o sea alevoso, pero en el cuerpo de los hechos describen una acción que dista mucho de ser súbita y sorpresiva, tal contradicción haría que la Sentencia contenga una clara Infracción al ordenamiento Penal sustantivo, en específico, como señalábamos, al Numeral 1) del Artículo 117 del Código Penal, relacionado con el numeral 2) del artículo 27 del mismo ordenamiento legal. En otro orden de ideas, y respecto a la "acción típica al artículo 13 del Código Penal prescribe que: "...El delito puede ser realizado por acción o por omisión y necesariamente debe ser doloso o culposo..." El delito es culposo cuando es resultado de imprudencia, impericia o negligencia o cuando es producto de la inobservancia de una ley de un reglamento u órdenes resoluciones o deberes, atendidas las circunstancias y la situación personal del delincuente. La adecuación típica en los delitos culposos, debe ser realizada considerando exclusivamente elementos objetivos. Lo cual no significa que el comportamiento del autor no tenga elementos subjetivos, pero los mismos son irrelevantes parea la adecuación típica. Quienes señalan que la previsibilidad es un elemento subjetivo en los tipos culposos, no tienen en cuenta que lo que se requiere para la subsunción es que el autor haya podido prever el resultado. En el caso de examen respecto a la imputación objetiva a mi representada por las lesiones culposas presuntamente ocasionadas Sherren Ciaries Wood, no se desprenden del cuadro fáctico, ya que no describe el hecho de que manera a mi representada le era previsible el resultado. No se infiere a partir del mismo la conducta culposa infringida al momento en que presuntamente mi representada acciona el arma de fuego en contra de la humanidad de Alsted Duncan Woods. Santiago de Mir Puig, en su libro Derecho Penal, parte general, en su sexta edición pagina 357, párrafo segundo, en su última parte dice: "Autor de un hecho seria, en efecto, que io realiza y dei que se pueda afirmar que es suyo y en su página 366 párrafo 32", El autor supone, pues que el delito es imputable al sujeto como suyo; supone una relación de pertenencia...." Esa pertenencia y ese dominio del hecho base y de las circunstancias periféricas del mismo, es que constituyen y sustentan el reproche penal, situación que en el presente caso resulta inconsistente, y no se deriva del mismo la acción de mi representa a título de culpa en contra de Sherren Woods. En base a lo anterior siempre se ha entendido que en el mundo jurídico- fenomenológico, es decir, en el plano fáctico, real, a toda causa le sigue o tiene un resultado, y este es el principio de causalidad, y al nexo que une dicha causa con el resultado se llama relación de causalidad. Se trata de un concepto tradicional de causalidad para establecer un presupuesto básico que permitiera atribuir un resultado determinado (el efecto) al comportamiento del autor (la causa). Y por ello, todas las teorías clásicas de la causalidad afirman que la relación que permite considerar un resultado acaecido como producto de la acción es una relación de causalidad, es decir, una relación de causa a efecto idéntica a la observable en los sucesos de la naturaleza. Sin embargo, se distinguió en todo caso con precisión entre ser causal y ser responsable por la producción del resultado: ambas categorías no se superponen. En general, puede afirmarse que la causalidad establece un límite mínimo de la responsabilidad, pero no toda causalidad implica, sin más, responsabilidad. La causalidad requiere, por lo tanto, una limitación: entre los comportamientos causales de un resultado típico sólo algunos culminan en la responsabilidad penal. La Teoría de la causalidad, por ello, se completa mediante correctivos de naturaleza no causal sino normativa, es decir, correctivos que se deducen de la naturaleza de lo ilícito penal. Este conjunto de correctivos de la causalidad da lugar a la teoría de la imputación objetiva. El desarrollo de la cuestión muestra que gran parte de los problemas que se presentan se relacionan con el lugar sistemático en el que debe practicarse la corrección de la causalidad (en el momento de la adecuación al tipo objetivo, en el del dolo o en el de la culpabilidad) En el caso de estudio y específicamente el reproche penal a mi representada, no solo bastaba a la Sala plantear como probado el hecho fenomenológico del resultado (la muerte de Alsted Duncan y las heridas Sherren Claries, sino vincular y adecuar objetivamente la conducta de mi representada a la intención a título de dolo o culpa de "haber querido" ese resultado o haberlo ocasionado de forma imprudente. Para la Defensa, y así pretende se analice por la Honorable Sala de lo Penal, es discutible que se le imputarle objetivamente a mi patrocinada una conducta alevosa que agrava su situación jurídica y conducta imprudente. Ya que existe una teoría dominante de imputación objetiva que no se ha descrito en el factum. probatorio, con suficiencia para adecuar los hechos a las calificaciones jurídicas planteadas. Los criterios de esta teoría indudablemente descansan sobre el sistema funcionalista teleológico del Derecho Penal, corriente funcionalista que ataca fundamentalmente al punto de partida del finalismo justificada por su creador, Claus Roxín, la formación del sistema jurídico penal no puede vincularse a realidades ontológicas previas "acción, causalidad, estructuras lógico objetivas, etc.". El objeto de esta moderna doctrina es la configuración del nexo objetivo que ha de existir entre acción y resultado para que pueda confirmarse la responsabilidad del autor por la lesión del bien jurídico protegido. Nace no solo como un intento de resolver problemas surgidos en el marco del nexo entre acción y resultado, sino que pretende dar fin a los problemas de la causalidad, pero en el ámbito del injusto penal; prescinde de todo dato subjetivo (como el conocimiento del autor y sostiene que el juicio de subsunción del comportamiento al tipo objetivo, requiere un juicio de imputación basado en que las normas sólo prohíben: A) resultados evitables por lo que no deben ser materia de imputación los que fatalmente se iban a producir, ya que en esos casos la acción no produjo un peligro no permitido; B) acciones que aumenten el peligro, lo que descarta la imputación cuando la acción lo disminuyó; C) acciones que perjudiquen la situación del bien jurídico, por lo que debe descartarse la imputación cuando la acción lo benefició: D) acciones que representen un peligro para el bien jurídico que protege, excluyendo la imputación si el resultado está fuera del ámbito de protección de la norma, F) resultados que provengan de acciones que hayan creado el peligro, por lo que decae la imputación por aplicación de la prohibición de regreso; y, F) lesionar el bien juridico si el titular no podía consentir la afectación, lo que se vincula con el efecto eximente del consentimiento y la exclusión de la imputación en los casos de auto puesta en peligro. Razón por la cual se infringe nuevamente la norma que contempla el delito de lesiones culposas, al juzgador atribuir subjetivamente el resultado y pretender un reproche penal a mi defendida, cuando de la "acción de disparar sin mediar palabra que refiere el cuadro factico no se colige que le era previsible o probable que el proyectil iba a impactar en Sherren Wood; es decir no se advierte un conducta culposa de mi defendida respecto a ese hecho que se encuadre en la norma propuesta por el Tribunal Sentenciador.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Inflación de precepto Constitucional: “MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL Precepto Autorizante: Artículo 361.- Código Procesal Penal. Artículo 90 de la Constitución de la Republica, en relación al artículo 1 y 341 del Código Procesal Penal. Explicación del Motivo. Artículo 361 de La Constitución de la República. En todos los caso en que con arreglo a éste Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentaría, la infracción del precepto constitucional. La norma Constitucional que se invoca como infringida es el articulo 90 de la Constitución de la República que dice: "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece." El derecho a un debido proceso legal, es el derecho humano más comúnmente infringido por los Estados y la forma más usual en que los operadores judiciales hacen incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Ello por cuanto el debido proceso, o como lo liama la Corte interamericana de Derechos Humanos, "el derecho de defensa procesal" es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro. El derecho al debido proceso busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido este como "aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto "Es también lógico al ser el proceso penal el medio por el cual se investigan hechos delictivos que para garantizar el resultado del mismo y su acervo probatorio se permita establecer algunas restricciones a la libertad del procesado, pero dentro de ciertos límites previamente establecidos por la ley y teniendo siempre en mente el respeto al derecho a la libertad a partir del principio de presunción de inocencia. Ello ha justificado que se hayan establecido, para el proceso penal, una serie de garantías más amplias que para otro tipo de procesos en los que, por su propia naturaleza, no le serían aplicables. El tratamiento que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está contemplado fundamentalmente en su artículo 8, el cual se debe relacionar con los incisos 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 7,5 el artículo 9,6 el artículo 10,7 el artículo 24,8 el artículo 259 y el 27,10 todos de la Convención Americana. La Convención Americana desarrolla algunos principios del debido proceso que en ella se anotan o se coligen y que son consecuencia de los sistemas penales y procesales penales actualmente en vigencia. Dichos principios apuntan hacia un "garanticismo proteccionista" del ciudadano frente a un poder casi ilimitado y más fuerte que él el poder punitivo del Estado" que realiza la función de investigar los actos que afectan la normal y armónica convivencia social. Es por ello necesaria la existencia de un justo equilibrio entre el ciudadano y el Estado, donde las garantías procesales adquieran sentido y actualidad al evitar la arbitrariedad e inseguridad que provocaría en la sociedad una carencia de reglas en la investigación policial y judicial en las que queden de lado los intereses del individuo para proteger el interés general de la averiguación de la verdad real y el éxito de la administración de justicia. En el caso en particular y de estudio, a consideración de esta defensa, si bien mi defendida se sometió a la justicia, ante un Tribunal Sentenciador predeterminado por la ley, es de precisar, que el resultado del mismo en el proceso valorativo y decisorio, que concluyó con un juicio de culpabilidad por dos delitos "Asesinato y Lesiones Culposas" respecto a los cuales está supuesta a enfrentar una pena de reclusión de veinte años con seis meses reclusión. Ahora bien, ante la gravedad de la pena, es importante para esta defensa mencionar que el Tribunal Sentenciador infringió el precepto arriba descrito por las razones a saber 1 cualificar y agravar erróneamente el hecho de dar muerte, a un delito de Asesinato por la concurrencia de alevosía, según la tesis planteado por la defensa, y que se colige del hecho probado no se aprecia en la conducta de mi representada una conducta alevosa. Para la justificación del mismo nos remitimos al tercer motivo de casación plateando. 2.- El Tribunal atribuye reproche penal por el delito de Lesiones Culposas, conducta que apreciara ésta Honorable Sala no se desprende del cuadro factico planteado en el segundo hecho declarado probado, por remisión y justificación de lo ya expuesto ampliamente en el tercer motivo de casación. 3.- La ausencia determinación de los hechos declarados probador inobservancia de las reglas de la sana critica. En este último justificado en primer y segundo motivo de casación; es importante mencionar, que la sentencia adolece, en el plano de lo judicial de fundamento, es decir, lo que tiene que ver con el entorno donde se debe producir esa certeza racional de culpabilidad. El Tribunal devenía en el presente caso en justificar sin vacilaciones e imprecisiones la afirmación de los hechos probados y referirse en el enunciado a juicio fáctico final de la sentencia, el razonamiento fáctico y jurídico sobre el cual basa su decisión, es decir de qué manera alcanzó certeza absolutas sobre esa verdad plasmada en los hechos probados, asumiendo que para que la justicia de la decisión opere, debe haber buenas razones para creer en la afirmación de un hecho, o para creer en la justificación de un enunciado fáctico; en el sentido de que aporta buenas razones para entender probada una afirmación sobre un hecho y es lo que algunos autores llaman un razonamiento de probabilidad, inductiva AS decir, más que un razonamiento probabilístico en el sentido de demostrabilidad de las hipótesis en que hay mayores probabilidades de que un hecho de acuerdo con ese razonamiento probabilístico haya ocurrido en relación con la hipótesis contraria. Si el razonamiento probabilístico inductivo tiene buenas razones en el sentido de demostrabilidad, tal como, buenos indicios, indicios sólidos, indicios coherentes, etcétera, entonces en este punto debemos cuestionamos la valoración de la prueba es en donde se plasma la subjetividad, "el estándar de más allá de toda duda razonable era necesario en el presente caso identificar bajo qué criterios el Tribunal considero que llegó al umbral de certeza, no solamente a partir del núcleo de los hechos, sino de los aspectos periféricos que rodearon los mismos, plasmándolos en su sentencia de forma clara y precisa, garantizando con ello un juicio justo a mi patrocinada, lo contrario ha generado la infracción al debido proceso legal, por lo que apelamos a asta Honorables Sala de lo penal aprueba la violación alegada y con ello garantizar a mi defendida el derecho a un juicio justo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. • Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 24.1 inciso C párrafo último en relación con el 32 del del Código Penal 144-83. • Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de una causa de justificación de legítima defensa; • Pretensión: Case la sentencia recurrida y emitir un nuevo fallo, debiendo absolver a la imputada de toda responsabilidad penal. Luego de describir un extracto del hecho declarado probado, ha explicado el Recurrente que la supuesta víctima se encontraba dentro de la propiedad de la acusada en compañía de otra persona cambiando un llavín sin autorización, que ello, exime de responsabilidad penal a su representada, quien a su entender actuó en legítima defensa, al concurrir en su accionar agresión ilegitima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y la falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. Concluye el recurrente, que el sentenciador ha violentado la norma al no aplicarla al caso de autos y no haber eximido a su representada de responsabilidad penal por su acción De la Causa de Justificación Legítima Defensa Para dar respuesta al Recurrente es oportuno analizar la naturaleza de las Causas de Justificación, llamadas también Causas de Exclusión del Injusto Penal, y en especial, la Legitima Defensa, por ser ésta la que se invoca como concurrente. Las Causas de Justificación son el aspecto negativo de la Antijuricidad y constituyen la autorización que la ley da a una persona para que haga defensa directa de sus intereses subjetivos que se ven amenazados o lesionados por actos reprochados por el ordenamiento jurídico o por hechos que se desean evitar y de los que no puede dar respuesta de manera inmediata el Estado. Las causas de justificación convierten una conducta humana subsumible en un tipo penal, en un acto conforme a derecho, es decir, en un acto jurídicamente lícito y por tanto descarta la existencia de un hecho delictivo por parte de quien actúo a su amparo. La cuna de las Causas de Justificación no es exclusivamente el derecho penal y por tanto el catalogo que contempla el artículo 24 del Código Penal 144-83 no es cerrado, éstas pueden encontrarse en todo el ordenamiento jurídico puesto que no crean derechos, sino que reconocen el ámbito de lo permitido o lícito, por tanto, desde un punto de vista unitario, la conducta humana deben de ser catalogadas como lícitas o ilícitas alternativamente y no simultáneamente, entonces una conducta permisible en una rama del derecho no puede estar proscrita en otra. Una vez comprobada la existencia de la causa de justificación, ello tendría como consecuencia jurídica (Al respecto ver Velásquez Velásquez, Fernando; Derecho Penal Parte General, Tercera Edición; Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997, pág. 468): a. No Nace el Injusto Penal; La conducta humana típica y antijurídica da paso al injusto penal, más con la existencia de la causa de justificación se afirma que el acto en lugar de ser antijurídico, es jurídicamente lícito y por lo tanto no concurriría el injusto penal.- Al no existir injusto penal no es posible hacer estudio sobre los elementos de la culpabilidad o la punibilidad, tampoco existiría responsabilidad civil derivada del hecho justificado, salvo en los casos de Estado de Necesidad, por disposición expresa del legislador en el artículo 106 del Código Penal; b. Los inductores y cómplices de la conducta justificada igualmente están exentos de responsabilidad; c. No es posible invocar la existencia de una causa de justificación frente a quien de manera legítima actúa en el ejercicio de otra causa de justificación; y d. Quien actúe bajo una causa de justificación no podrá ser sujeto a ninguna medida de seguridad, aun cuando al momento del hecho se encontrare en estado de trastorno mental, dada la inexistencia del injusto penal (Art. 2-D segundo párrafo del C.P.). Entre las causas de Justificación que regula el Código Penal 144-83 se encuentra la Legítima Defensa Propia, contenida en el artículo 24.1 y no es más que el ejercicio de la violencia para tutelar o proteger un bien jurídico atacado injustamente. Es una situación en donde un individuo se ve en la necesidad de repeler la agresión ilegítima, actual o inminente, y no provocada, de la que es objeto, causando un daño a un bien jurídico protegido mediante medios proporcionales para impedirla o repelerla. La Legitima Defensa no tiene contenido recíproco, es decir, la persona que ilegítimamente agrede a otra, debe tolerar el ejercicio del derecho de defensa del agredido, no pudiendo invocar a su vez legítima defensa. Explican Sánchez Romero y Rodas Chacón (En Sánchez Romero Cecilia y Rodas Chacón José Alberto; Teoría del Delito, Aspectos Teóricos y Prácticos; Tomo I; Ministerio Público de Costa Rica, Pág. 218.) que la Legitima Defensa se basa en dos principios: la protección individual y el prevalecimiento del derecho, lo que implica, por una parte, que nadie está obligado a soportar lo injusto, cuando el Estado no puede intervenir a tiempo para proteger los bienes jurídicos del afectado, y por otra parte, la afirmación del derecho al autorizar al individuo defender lo que está protegido en la legislación. El Código Penal 144-83, en el artículo 24.1 establece como requisitos para la existencia de la Legítima Defensa: Elementos Objetivos De Permisión: A.- Conducta Típica: Para el estudio de la legítima defensa se requiere que, de previo, exista una conducta humana que se subsuma en un tipo penal por observarse los elementos objetivos y subjetivos de la tipificación; Es esta conducta que se verá justificada; B.- Agresión Ilegitima: Existencia de una agresión que lesiona o pone en peligro de lesión a un bien jurídico protegido; Agresión que tiene su origen en la conducta de una persona física, realizada directamente o por medio de un instrumento, siendo indiferente si la persona es imputable o inimputable. La agresión puede realizarse a través de una acción que requiere la actividad corporal del sujeto, o a través de una omisión la cual puede ocurrir cuando el agresor tiene una obligación jurídica de actuar, y la agresión se comete, precisamente, no actuando, con lo que causa daño al atacado, de manera que la reacción de este último sería una legítima defensa. La agresión deberá de ser actual o inminente: Es Actual la que se ha comenzado a ejecutar y no se ha concluido; Es Inminente la que no se ha comenzado a ejecutar, realizando el agresor actos inequívocos encaminados a ejecutarla. La agresión que se repele debe de ser antijurídica, indebida, ilícita e injustificada, es decir debe de ser contraria al orden jurídico y no autorizada por la ley, ni cubierta por causa de justificación. C.- Necesidad Racional del Medio Empleado para Impedirla o Repelerla: El acto de defensa debe de recaer sobre quien es el autor de la agresión ilegitima o sobre sus bienes, no abarcando la causa de justificación aquellos daños que, en aras de ejercer defensa, se produzcan en contra de terceros. El que se defiende debe de utilizar un medio que, bajo un juicio ex ante, sea racionalmente la única forma de repeler o impedir la agresión injusta. Se trata de realizar un análisis de las condiciones en que se encontraba la persona que se defiende en relación con las de su agresor y los medios que tenía el primero a su alcance, eligiendo aquel que, causando el menor daño posible, haya representado como el idóneo para hacer frente a la agresión injusta. Debe de entenderse que la ley no autoriza a quien rechaza un ataque ilícito para recurrir a cualquier medio y causar cualquier daño a quien le agrede, sino solo aquellos medios que guarden proporcionalidad entre el daño que se quiere evitar y el que se puede producir para evitarlo; Esta proporcionalidad no debe ser tomada desde una perspectiva matemática de equivalencia de condiciones de ataque, sino más bien es la consideración entre la intensidad de la agresión, la peligrosidad del agresor y la disponibilidad de medios que pueden ser utilizados como defensa; Contrario Sensu habría desproporcionalidad cuando quien se defiende elige conscientemente un medio superior al necesario para lograr su finalidad defensiva, habiendo disponibles otros medios que igualmente idóneos pudiesen producir un resultado menos dañoso. Finalmente, para que el requisito se cumpla, debe existir unidad de acto entre la agresión ilegitima y el acto de defensa, las que no necesariamente deben de ser simultaneas, sino basta que el acto de defensa se realice ante la inminencia de la agresión, durante su ejecución y hasta el momento en que cese el peligro. Por tanto, no existiría la causa de justificación la defensa de una agresión que ya ha cesado. Cuando la defensa inicia bajo una amenaza de agresión o bajo la ejecución de la agresión, extendiéndose más allá de cuando ésta ya ha cesado, se produce la figura del Exceso de Legítima Defensa, tema que no se desarrolla porque desborda el contenido de la impugnación que nos ocupa. D.- Falta de Provocación Suficiente por parte de Quien se Defiende: Quien se defiende no debe de haber actuado de modo de provocar el ataque de su agresor. El legislador al agregar este requisito ha tratado de evitar los casos de Pretexto de Defensa, que se presentan cuando la persona, obrando conscientemente, provoca con su actuar una reacción ofensiva de otro, para luego realizar acto de defensa. El requisito exige la falta de provocación suficiente: Abra provocación cuando la persona incita a otro a que reaccione en contra de él, además ésta será suficiente cuando, conforme a la esfera del Profano, la agresión sea la reacción a esperar como consecuencia de la provocación. Como consecuencia de lo expuesto, se cumplirá éste requisito y por tanto existirá legítima defensa cuando: 1. La provocación no tenga el carácter de suficiente; 2. Cuando la agresión sea realizada por una persona distinta a la que se estaba provocando suficientemente; y 3. Cuando no exista unidad de acto entre la provocación suficiente y la agresión, es decir existe legítima defensa cuando se realiza defensa de una agresión que se realiza después que se ha diluido la provocación suficiente. Elemento Subjetivo De Permisión: Quien actúa en legítima defensa debe tener la voluntad de defender el bien atacado. La persona debe de conocer que está siendo objeto de una agresión ilegitima de parte de una persona determinada y debe además querer defenderse de dicha agresión. Finalmente es de hacer mención sobre la Legítima Defensa Privilegiada, prevista en el último párrafo del artículo 24.1 del Código Penal 144-83, que contempla una presunción Iuris Et De Iure, al señalar que se entenderá que cumple con los elementos objetivos de Permisión de la causa de justificación, quien rechaza el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de una casa o apartamento habitado, o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de los lugares señalados. De la procedencia del recurso. El primer motivo no es de recibo. Después de puntualizar los elementos objetivos y subjetivos permisivos de la causa de justificación de la Legitima Defensa Propia, la Sala de lo Penal ha llegado a la conclusión que ninguno de éstos se ven reflejados en el relato de los hechos declarados probados; Los hechos probados relatan: • En fecha dieciséis (16) de diciembre del dos mil dieciséis (2016), en el barrio La Punta, Coxen Hole, Roatán departamento de Islas de la Bahía, entre las cinco y seis de la tarde, el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, se encontraba frente a la puerta de unos apartamentos propiedad de la señora Malenda Ulina Woods Nixon, en compañía del joven Oris Woods Welcome, tratando de cambiar un llavín cuando fueron sorprendidos por la señora Malenda, quien empuñaba con ambas manos un arma de fuego tipo pistola, marca: Hi Point, modelo: CF, calibre: 380 ACP, número de serie P754370, exigiéndole al señor Alsted que se fuera para su casa, llegando momentos después la joven Sherren Claries Woods Greenwood, quien se enteró de lo que sucedía y conmina a su padre a retirarse. • El señor Alsted Accedió, por lo que ambos empiezan a caminar primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole la espalda a la señora Malenda Ulina, esta sin mediar palabra alguna le dispara al señor Alsted Ducan Woods Lawrence provocándole una herida con orificio de entrada: en el lado derecho de la espalda de 1x0.8 cm, con anillo de contusión de 0.2 cm de ancho, excéntrico hacia abajo y a la izquierda a 121 cm de altura de los talones y a 2 cm de la línea media, trayecto: de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, que produjo laceración de músculos, del pulmón derecho y corazón (aurícula derecha), hemotórax derecho fractura del arco anterior de la quinta costilla derecha, orificio de salida en lado derecho del tórax de 1.2x1 cm a 126 cm de altura de los talones y a 8 cm de la línea media, falleciendo momentos más tarde el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, a causa de la herida por proyectil de arma de fuego con laceración cardiaca y hemotórax derecho; y • El proyectil disparado por el arma de fuego accionada por la señora Malenda Ulina Woods Nixon en contra de la humanidad del señor Alsted Ducan Woods Lawrence, al salir del cuerpo de este logro impactarle también en la humanidad de la señora Sherren Claries Woods Greenwood, en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal para el desarrollo de sus actividades habituales. Como se colige, los hechos descritos no indican que las heridas sufridas por Alsted Ducan Woods Lawrence y Sherren Claries Woods Greenwood, sean reacción de defensa a una conducta realizado por éstos en contra de la acusada Malenda Ulina Woods Nixon; lo que describe el hecho probado, es que las víctimas estaban caminando con la finalidad de alejarse del lugar, primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole ambos la espalda a la señora Malenda Ulina. Por otra parte, el Recurrente describe en su recurso “que la víctima se encontraba dentro de la propiedad de la acusada en compañía de otra persona cambiando un llavín sin autorización” cuando el hecho probado describe otra cosa, además al momento que la señora Malenda Ulina, sin mediar palabra alguna ejecuta el disparo; había cesado peligro alguno sobre sus bienes, no asistiéndole la razón al recurrente para justificar la acción cuestionada a la acusada. Como consecuencia es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. • Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 117 numeral 1 y 133, 136 y 138 en relación con el 13 del del Código Penal 144-83. • Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del tipo penal de asesinato y de lesiones culposas; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Luego de describir el contenido de los artículos que denuncia infringido, el concepto de alevosía y aspectos doctrinarios, el Recurrente aqueja que los juzgadores, de los hechos probados establecieron que se daba la circunstancia de alevosía; con lo cual calificó el hecho contra Alsted Ducan Woods como Asesinato; continuó en su desarrollo recursivo el censor, que en el juicio o debate no se pudo comprobar la intencionalidad de su defendida en utilizar un medio que añade peligrosidad al hecho, como es la alevosía, ya que de las mismas circunstancias del tiempo, modo y lugar de los supuestos hechos, a su entender, arrojan claramente que los hechos ocurrieron sin planificación previa alguna; asimismo, ha señalado que el Tribunal en su hecho probado describió que el disparo se produjo cuando presuntamente el señor Alsted Duncan Woods Nixon caminaba de espalda a mi representada, sin describir el Tribunal cual fue la dinámica de los hechos, el estado anímico de su defendida, las circunstancias de luminosidad y para ese momento donde se encontraba el otro sujeto que en compañía del ofendido momentos antes trataban de cambiar el llavín de acceso al apartamento propiedad de la acusada; lo anterior resultan para el recurrente, aspectos periféricos no exteriorizados en el cuadro factico, menos la aseveración realizada por el Tribunal, en concluir que el disparo que ingresó en el lado derecho de la espalda del señor Alsted Duncan Woods Nixon, fue buscado a propósito por la acusada. Concluye el censor, respecto a los hechos es plausible que la circunstancia principal de la causa como es el acto dar muerte, no estaba previamente planificado, entonces la circunstancia accesoria a ese hecho como es la alevosía estaría también excluida si se basa en un hecho cierto no discutible por la defensa que es la existencia de la forma de ingreso del proyectil a la víctima, no obstante que la acusada haya buscado deliberadamente esa situación o se haya aprovechado de esa circunstancia, no se deriva del hecho factico planteado, por ende se ha infringido en perjuicio de mi patrocinada al agravar la sanción por la cualificación de la concurrencia de la agravante "alevosía". Que en base a lo anterior, el recurrente pretende hacer ver a esta Sala de lo Penal; que de los hechos declarados probados, infiere una clara contradicción entre los mismos, y el alegato de la Sala Sentenciadora de que el hecho debe calificarse como un Asesinato por existir la circunstancia de Alevosía; esa contradicción se manifiesta en que los sentenciadores dicen que el ataque fue sorpresivo y súbito, o sea alevoso, pero en el cuerpo de los hechos describen una acción que dista mucho de ser súbita y sorpresiva, tal contradicción haría que la Sentencia contenga una clara Infracción al ordenamiento Penal sustantivo. De la procedencia del recurso. El segundo motivo no es de recibo. El Recurrente ha iniciado una denuncia por aplicación indebida de los tipos penales de Asesinato y Lesiones Culposas, sin embargo, en su amplio desarrollo recursivo, su principal cuestionamiento fue que no existió alevosia en la acción de la acusada, pero al plantear el presente motivo lo ha hecho sin prestar ninguna atención a lo señalado en el artículo 360 del Código Procesal Penal, pues aun cuando se trata de un Recurso por Infracción de Ley, el cual se basa en declarar a los hechos probados como una verdad irrefutable, se aleja de tal idea (Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados), pues primero hace crítica sobre la forma en que estos fueron construidos al considerar que el relato es contradictorio y luego arremete contra de la verdad que expresan, procediendo a ser referencia de valoraciones subjetivas que según considera acredita hechos distintos. En apartado anterior esta Sala de lo Penal ha explicado con claridad las bases del Recurso de Casación por Infracción de Ley, indicando que se trata de un recurso que busca proteger la fidelidad del principio de legalidad penal sustantiva al someterse a examen si la norma penal elegida por el Tribunal de Sentencia es aquella que debe de gobernar los hechos declarados probados o/y si esta ha sido debidamente interpretada a la luz de la doctrina legal existente; Mediante este recurso el Recurrente no puede intentar que dichos hechos probados sean modificados a partir de una revalorización de los medios de prueba menos de valoración subjetivas de lo que a su entender arroja el hecho declarado probado, tal como ocurre en el presente caso. Por tal razón es procedente declarar sin lugar el segundo motivo del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente; • Concepto de la infracción expuesto: Que la declaración de los hechos probados no sea clara y terminante, ambiguo e impresiso; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El recurrente denuncia que un extracto de los hechos probados no es terminante, el cual a su entender se presenta porque el cuadro fáctico declarado por probado carece de completa claridad y precisión y se estructura de forma incompleta; omitiendo consignar circunstancias de carácter periférico para su apreciación completa y coherente, asimismo que el factum es ambiguo, ya que a partir del mismo el sentenciador pone de manifiesto indecisión en un aspecto importante de concurrencia de eximente de la responsabilidad penal, a efecto de apreciar razonablemente en la dinámica de los hechos; lo prescrito en el artículo 24 del Código Penal, en el último párrafo del numeral 1 es decir una eximente de responsabilidad penal. Señala el recurrente, que del factum planteado por el Tribunal en las circunstancias que rodearon los hechos se desprende que la víctima fue sorprendida en la entrada de la puerta de un apartamento propiedad de la acusada, mientras trataban de cambiar el llavín. Aseveración que señala el a quo, la cual para el censor resulta evidentemente imprecisa y no descarta por sí sola que el apartamento propiedad de su representada, estuviese habitado y que el hoy occiso y su acompañante en esa noche eran extraños al lugar y no tenían justificación legal para realizar un acto de cambiar el llavín de acceso; para el cual solo está legitimado el dueño (la acusada) como era cambiar cualquier llavín de la puerta de entrada de su apartamento. Continuó en su relato recursivo señalando, que el segundo hecho declarado probado resulta no terminante, al plantear el juzgador un hecho sin un contexto histórico que, de forma terminante, establezca las condiciones de ambientales y de luminosidad del lugar, las condiciones pasionales de los diferentes actores en el desarrollo de los hecho, el tiempo trascurrido en que el hoy occiso es "conminado" presuntamente por su hija para que se retirara del lugar. De la Declaración de los Hechos Probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 1. Requisitos De Fondo: a. Precisos: Los Hechos probados deben de ser la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto serán estos los hechos que deben de ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; b. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); c. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); d. La no utilización de Conceptos que Predeterminen el Fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; En su construcción los Juzgadores no deben de hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; Tampoco los Juzgadores deben de hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 1. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 2.Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad o terminación. De la procedencia del recurso. El Primer motivo no es de recibo. Para dar respuesta al motivo planteado por el Censor, es importante tener en consideración la imputación formulada por el Ministerio Público y la contestación presentada por la Defensa, pues esta es la base de la que hay que partir para poder establecer si los hechos probados dan respuesta de manera clara y terminante a las cuestiones debatidas. Según el Ministerio Público, la acusada Malenda Ulina Woods Nixon, es responsable a título de autor, de un delito de Asesinato y otro de Lesiones, en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence y Sherren Claries Woods Greenwoods; Entretanto la defensa del acusado ha señalado que éste no tiene responsabilidad alguna en tales hechos. Siendo que el cuestionamiento por parte del recurrente, ha sido por haberse obviado circunstancias de carácter periférico para su apreciación completa y coherente, asimismo que el factum es ambiguo, ya que a partir del mismo el sentenciador pone de manifiesto indecisión en un aspecto importante de concurrencia de eximente de la responsabilidad penal, a efecto de apreciar razonablemente en la dinámica de los hechos, así las cosas, resultó del debate que el Iudex emitiera sentencia declarando la responsabilidad penal de la acusada como autora no solo del delito de Asesinato, sino también de Lesiones; en dicha sentencia se consignaron dos hechos probados, a saber: 1. En el primer hecho probado se señala que la víctima Alsted Ducan Woods Lawrence, se encontraba frente a la puerta de unos apartamentos propiedad de la acusada señora Malenda Ulina Woods Nixon, en compañía del joven Oris Woods Welcome, tratando de cambiar un llavín, cuando fueron sorprendidos por la señora Malenda, quien empuñaba con ambas manos un arma de fuego tipo pistola, marca: Hi Point, modelo: CF, calibre: 380 ACP, número de serie P754370, exigiéndole al señor Alsted que se fuera para su casa, llegando momentos después la joven Sherren Claries Woods Greenwood, quien se enteró de lo que sucedía y conmina a su padre a retirarse. 2. En el Segundo hecho probado, La víctima señor Alsted Accedió, por lo que ambos empiezan a caminar primero Sherren Claries y siguiéndola el señor Alsted, dándole la espalda a la acusada señora Malenda Ulina, esta sin mediar palabra alguna le dispara al señor Alsted Ducan Woods Lawrence provocándole una herida con orificio de entrada: en el lado derecho de la espalda de 1x0.8 cm, con anillo de contusión de 0.2 cm de ancho, excéntrico hacia abajo y a la izquierda a 121 cm de altura de los talones y a 2 cm de la línea media, trayecto: de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, que produjo laceración de músculos, del pulmón derecho y corazón (aurícula derecha), hemotórax derecho fractura del arco anterior de la quinta costilla derecha, orificio de salida en lado derecho del tórax de 1.2x1 cm a 126 cm de altura de los talones y a 8 cm de la línea media, falleciendo momentos más tarde el señor Alsted Ducan Woods Lawrence, a causa de la herida por proyectil de arma de fuego con laceración cardiaca y hemotórax derecho; y, 3. En el Tercer hecho probado, El proyectil disparado por el arma de fuego accionada por la señora Malenda Ulina Woods Nixon en contra de la humanidad del señor Alsted Ducan Woods Lawrence, al salir del cuerpo de esté logro impactarle también en la humanidad de la otra víctima señora Sherren Claries Woods Greenwood, en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal para el desarrollo de sus actividades habituales. Del recuento anterior, es posible determinar que no le asiste la razón al Censor, pues los Juzgadores si establecieron en los hechos probados la dinámica en la que se dio el acto reprochado penalmente. Esta Sala de lo Penal subraya que los hechos probados resultan una declaración que, sin necesidad de hacer algún tipo de valoración, es capaz de reproducir una imagen mental en el lector del hecho histórico objeto de debate, máxime cuando éstos son parte fundante de una declaratoria de culpabilidad. En el presente caso los hechos probados de la sentencia no carecen de claridad y terminancia como lo denunció el recurrente, pues se señala el aspecto más importante de una sentencia condenatoria: indicar el hecho realizado por la persona acusada y por el cual se le impone una sanción penal. Además, al señalar este tipo de recurso, como medio de impugnación, su finalidad no es por lo que no describió como probado el Tribunal, sino con la descripción toral y completa del mismo; dado su cuestionamiento por no señalar una causa de justificación. En consecuencia, de todo lo anterior, se declara sin lugar el motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. • Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 y 338 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado en la valoración las reglas de la sana crítica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Aqueja el recurrente, que en el presente caso y del estudio del mismo aprecia que el motivo invocado se adecua a la censura señalada, ya que las conclusiones a las que llego el Tribunal al fallar en la presente causa han correspondido en la inferencia irracional derivada a partir de una incorrecta valoración de la prueba producida en juicio, en el cual no ha establecido razones suficiente por la cuales llegó a un estadio de certeza de la culpabilidad de su representada. Continuó en su desarrollo recursivo que se han violentado las normas de las máximas de la experiencia, lógica o psicología respecto a la valoración de la prueba testifical de Javin Oris Woods, Javey Daniel Woods, Sherren Claries Woods, al concluir el tribunal que “….la credibilidad de dichos testimonios es a partir del interés de los testigos, a la consistencia, solidez, coherencia interna de la manifestación, a la armonía y correspondencia de sus dichos y que no logro extraerse que los testigos mencionados tuvieran interés por precio y remuneración...." No obstante, según el recurrente, omite el Tribunal explayarse porque considera que concurren esas cualidades en cada uno de los testigos de cargo antes referidos, es decir, cuáles son esas circunstancias que advirtió el Tribunal que denotaban "interés de los testigos, consistencia, solidez, coherencia interna, armonía y correspondencia en sus dichos" que hace derivar al Tribunal que son creíbles. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El Segundo motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del presente recurso es darse a la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debió explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y que por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada, nada de eso desarrolla el recurrente. Así las cosas, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por el recurrente, dado que su señalamiento recursivo, no es, en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación) y aunque del desarrollo recursivo lo cuestiona, no detalla porque y cual razonamiento judicial de la prueba evacuada en el debate contiene el vicio, dado que su queja lo hace en general sin especificar la repercusión negativa que provoca. Expone el recurrente, una reflexión que parte de una valoración privada y personal; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define el censor como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional, pues se señalan violación de las reglas de la sana crítica, sin ser especifico a que regla, pues no es suficiente solo decir “se han violentado las normas de las máximas de la experiencia, lógica o psicología respecto a la valoración de la prueba testifical de Javin Oris Woods, Javey Daniel Woods, Sherren Claries Woods” sin ser específico a que vertiente ser refiere el recurrente; asimismo, su desarrollo recursivo se vuelve confuso, por una parte denuncia escuetos análisis de los juzgadores a las pruebas evacuadas y por otra parte aqueja que los juzgadores no han establecido razones suficiente por los cuales llegó a un estadio de certeza de la culpabilidad; se aclara al recurrente, que si la valoración es escueta o insuficiente de valoración intelectiva, entonces no hay posibilidad por ello, de una violación en la valoración de las reglas de la sana crítica, al ser insuficiente de la misma. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. • Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas que se denuncian infringidas: Artículos 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo 1 y 341 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: Violación al principio de debido proceso. • Pretensión: Sin detallar por el recurrente. Luego de describir conceptos doctrinarios, luego el recurrente cuestiona que el sentenciador infringió la norma constitucional por las razones siguientes: 1 cualificar y agravar erróneamente el hecho de dar muerte, a un delito de Asesinato por la concurrencia de alevosía, según la tesis planteado por la defensa, y que se colige del hecho probado no se aprecia en la conducta de su representada una conducta alevosa. 2.- El Tribunal atribuye reproche penal por el delito de Lesiones Culposas, conducta que apreciara esta Honorable Sala no se desprende del cuadro factico planteado en el segundo hecho declarado probado. 3.- La ausencia determinación de los hechos declarados probador inobservancia de las reglas de la sana critica. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación; dandole razón a la representación del Ministerio Público, cuando describe que el censor ha desarrollado alegatos totalmente ajenos a lo que debe considerase como violación al debido proceso. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Amerita recordar, que el censor en primer lugar debe precisar el tipo de recurso de casación que interpone, elegido conforme al vicio que considere adolece la sentencia que impugna, que para el presente caso ha sido Infracción de Precepto Constitucional, seguidamente debe de explicar los defectos legales y materiales que provoca el vicio mediante el desarrollo de motivos, planteados de manera separada uno de otro, con un argumento claro que permitirá al Tribunal de Casación entender el sentido de la impugnación y dar una respuesta precisa a éste; que para el caso, el recurrente debió justificar el porqué del recurso invocado, pero, el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; luego obligatorio indicar la norma constitucional o el bloque constitucional que se considera ha sido violado, como a bien lo hizo el recurrente, pero olvido señalar, si fue invocado por inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; siendo de mucha importancia, exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; si el vicio es sustantivo o de carácter procesal, de ser este último, enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio. En todos los casos será indispensable que el censor sea claro en su exposición y preciso en su argumentación, por ello, en caso de considerar la violación de más de una norma constitucional o del bloque constitucional y/o la concurrencia de más de un vicio, deberá de hacer la denuncia con la debida separación de cada uno de sus argumentos, a efecto de que se distinga con claridad cada uno de ellos y las consecuentes pretensiones; sin embargo, en el presente caso el recurrente presenta un recurso vació de contenido, en inobservancia a lo antes expresado, sin técnica recursiva alguna; suma el hecho que no hace una exposición científica del porque considera la norma constitucional enumerada ha sido violentada, sino que solamente persiste en señalar valoraciones subjetivas y que la decisión final misma no tiene base razonable para un pronunciamiento de culpabilidad. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva. DECISIÓN • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos • Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de la acusada Malenda Ulina Woods Nixon, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hicieron pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Malenda Ulina Woods Nixon, las sanciones por dos delitos, a saber: i.- 20 años de reclusión por un delito de Asesinato, en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence; ii.- 06 meses de reclusión por un delito de Lesiones Culposas en perjuicio de Sherren Claries Woods Greenwoods. En suma, la pena concreta impuesta a la acusada es de 20 años 06 meses de reclusión de la libertad. Más la imposición de: I. Pena accesoria de inhabilitación Absoluta; II. Pena accesoria de inhabilitación Especial; III. Pena accesoria de interdicción civil; IV. Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; V. Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por las infracciones penales cometidas por la acusada correspondería la imposición de las siguientes penas: • La conducta reprochada por el delito de Asesinato, está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, cuya pena es de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. • Por la conducta reprochada de un delito de Lesiones Culposas, está prevista en el mismo Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Lesiones Imprudentes (Art. 202), siendo que fue declarado como hecho probado que la acción cuestionada penalmente fue ejecutada con arma de fuego en la región de mama izquierda por la cual recibió quince (15) días de incapacidad temporal, ante ello, la pena imponer es de seis (06) meses a un (01) año de arresto domiciliario, más la pena de inhabilitación especial de privación de los derechos a la tenencia y porte de armas de dos (02) a seis (06) años. En suma, la pena abstracta que deberá imponerse a la acusada con la nueva disposición penal sería de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión por el delito de asesinato y de seis (06) meses a un (01) año de arresto domiciliario; ambas privativas de la libertad; marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los ahora condenada Malenda Ulina Woods Nixon. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361, 362 numeral 1 y 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos; Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos y Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, recursos interpuestos el Abogado Mario Emilio Calderón, en su condición de defensor privado de la acusada Malenda Ulina Woods Nixon. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a la hoy condenada Malenda Ulina Woods Nixon. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra de Malenda Ulina Woods Nixon, por los delito de Asesinato y Lesiones Culposas, en perjuicio de Alsted Duncan Woods Lawrence y Sherren Claries Woods Greenwoods respectivamente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. firma y sello Lety Emelda Posadas. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cinco días de noviembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintidós de agosto de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-449-2019.

Rina Koritza Sandoval Navas.

Secretaria de la Sala de lo Penal