Sentencia CP-446-19 — Registro 19388
Resumen
En primera instancia se condenó al acusado por los delitos de Homicidio Simple y por los delitos de Parricidio y Hurto. resolviendo la Sala de lo Penal No Ha Lugar el Recurso de Casación y se declaró la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Al sustentar su recurso el censor incurre en violación a la debida técnica recursiva que ampliamente se explicó en apartados anteriores; en el caso de autos plantea el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. En primer lugar, el recurrente plantea varios motivos de casación, mismo que según el artículo 363 del Código Procesal Penal debe indicarse de forma separada, precisamente para evitar confusión; en segundo lugar, lo correcto es establecer que las motivaciones fácticas y jurídicas son insuficientes, y por último establece que se violentaron las reglas de la sana crítica, pero no establece cual regla -lógica, experiencia común, psicología- considera vulnerada. Si el recurrente plantea motivación contradictoria debió enfocar su argumentación en los siguientes supuestos: • Contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados; es decir en este primer supuesto la contravención debe darse en el razonamiento judicial y los hechos probados, de tal forma que emite un juicio de valor que sea contradictorio con la propia relación fáctica declarada como probada.• Contradicción entre los hechos probados y la fundamentación jurídica; en este segundo supuesto se refiere a que, entre el cuadro fáctico declarado como probado por el juzgador y su fundamentación jurídica existan contradicciones, pues los hechos probados guardan una estrecha relación con la fundamentación jurídica, es decir con todas las normas penales que utilice el sentenciador para resolver el caso concreto, por ejemplo: que en los hechos probados se relate que el imputado actúa como autor pero en la fundamentación jurídica de la sentencia se le considere cómplice, en ese caso también existiría una infracción a normas sustantivas. • Si la contradicción apareciese de forma interna en la valoración de la prueba, es decir que el juzgador externe juicios de valor contrapuestos de forma tal que no es posible determinar cuál es su posición sobre determinada circunstancia, por ejemplo: que establezca que no le merecen credibilidad las declaraciones testificales de cargo, pero al final sean esas la base para dictar su fallo condenatorio. • Cuando la contradicción aparece de forma interna en la motivación jurídica, en este supuesto se refiere a que dentro de las normas que haya plasmado el sentenciador para fundamentar el fallo existan normas contradictorias, por ejemplo: que se establezca en un primer apartado que el delito es consumado, pero luego también se considere que es tentado. Lastimosamente el impetrante no refiere en absoluto a cuál contradicción se refiere, ni mucho menos a cuál regla de la sana crítica considera violentada, volviendo su impugnación confusa y falta de claridad sin posibilidades que esta Sala de Casación pueda dar respuesta a sus cuestionamientos, pues lo que efectúa son argumentos en el sentido que el Tribunal de sentencia tiene como labor absolver o condenar al valorar conforme a la pruebas las acciones conforme a los hechos: pero lo que no puede hacer el Juzgador era absolver a su representado por el delito de asesinato en perjuicio de Luciana Peña y en otro apartado de la parte resolutiva de la sentencia condenar por los mismos hechos a su representado por el delito de Homicidio en perjuicio de Luciana Peña” razonamiento que vuelve confuso el presente recurso, al no poder la Sala extraer cual es el verdadero motivo que desea exponer el recurrente; por todas estas razones es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
".... De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. Tal como lo ha establecido esta Sala de lo Penal, en el recurso de casación por infracción de ley, el recurrente debe aceptar los hechos tal cual fueron redactados por el Sentenciador, es decir nadie puede modificarlos o cuestionarlos, es lo que llamamos la intangibilidad de los hechos probados; conforme a esos hechos el Sentenciador efectúa el encuadre con la norma penal que le corresponda, de manera que entre hechos probados y norma penal utilizada exista armonía. En el presente caso los sucesos revelan que: “En fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince, siendo entre las diez y once de la noche, el hoy imputado Amado Josué Funes Romero, se encontraba departiendo bebidas alcohólicas con la señora Luciana Peña y otro, en el interior de la casa de habitación de ésta (Luciana Peña) ubicada en el barrio Ebenezer del municipio de el Nispero, departamento de Santa Bárbara, cuando sin mediar palabra y sin motivo aparente alguno, haciendo uso de arma blanca cuchillo, Amado Josué Funes Romero le asestó varias heridas en el cuerpo de la señora Luciana Peña, quien comenzó a pedir auxilio, siendo escuchada por su hija la joven Rosaidalia Reyes Peña quien ya se encontraba descansando en su cuarto de habitación y al llegar a la sala observó que el hoy imputado Amado Josué Funes Romero estaba asestándole a su madre heridas con un arma blanca cuchillo, por lo que tomó una silla para tirársela pero no le dio tiempo ya que de inmediato recibió de parte de su pareja sentimental Amado Josué Funes Romero varias heridas en su cuerpo con la misma arma blanca cuchillo y una vez ejecutada dicha acción se apoderó de un teléfono celular y de una cadena de plata propiedad de la señora Rosaidalia Reyes Peña. Las hoy victimas Luciana Peña y Rosaidalia Reyes Peña, ya heridas son transportadas en un automóvil al hospital Santa Bárbara Integrado, de la ciudad de Santa Bárbara, falleciendo en el camino la señora Luciana Peña y como consecuencia de las heridas en su cuerpo y después de haber recibido tratamiento médico, también muere ya en fecha dieciocho del mes marzo del año dos mil quince en el municipio de el Nispero departamento de Santa Bárbara, la joven Rosaidalia Reyes Peña.” Observamos en primer lugar que los hechos relatan que entre la ofendida y el imputado existía una relación de pareja, al consignar que el señor Amado Josué Funes Romero, era la pareja sentimental de la ofendida RosaIdalia Reyes Peña, por lo que encontramos el primer elemento objetivo del tipo penal de parricidio, es decir ser la víctima cónyuge o la persona con quien hace vida marital el acusado; posteriormente revelan los hechos que la ofendida al ver que el acusado le propinaba varias heridas con arma blanca a su madre Luciana Peña, tomo una silla para repeler el ataque, sin lograrlo al ser también atacada con el arma blanca provocándole varias heridas que la condujeron a la muerte; Cumpliéndose así el segundo elemento objetivo del tipo penal de parricidio, es decir “dar muerte” lo encontramos también en los hechos, así como el elemento subjetivo de la intencionalidad o dolo; por lo que los hechos probados encajan a la perfección con la norma penal que utilizó el Juzgador, siendo coincidente con el delito de parricidio; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor: Amado Josué Funez Romero, las siguientes penas; 1. Como autor material directo del delito de Homicidio en perjuicio de Luciana Peña una pena de 15 años de reclusión. 2. Como autor material directo del delito de Parricidio en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña una pena de 30 años de reclusión. 3. Como autor material directo del delito de Hurto en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña una pena de 2 años de reclusión. En suma, la pena concreta impuesta a los acusados es de 47 años de reclusión, de los que cumplirá solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Homicidio (Art.192) tiene una pena principal de 15 a 20 años de prisión; el delito de Parricidio (Art.194) tiene una pena de 20 a 25 años de prisión; el delito de hurto Simple (Art.357.) tiene una pena de 6 meses a 2 años de prisión, cuando el valor de lo hurtado exceda de 5,000.00 lempiras. La sala hace la observación, en cuanto al delito de Hurto simple, al no estar establecido en los hechos probados la cuantía de lo hurtado, no se puede establecer si la conducta realizada por el acusado en constitutiva de delito Hurto Simple o de Faltas contra el Patrimonio, por lo que no es posible incluir la pena individualizada de 2 años para establecer el marco abstracto de penas a imponer según dispone el Código Penal, decreto 130-2017. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 35 a 45 años de prisión, de los cuales cumpliría una pena de 40 años en aplicación al límite objetivo extraordinario, en caso de que cualquiera de las penas individualizadas supere los 20 años de prisión, o los 30 años de prisión como máximo en los casos que ninguna de las penas individualizadas no supere los 20 años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el la pena individualizada de 45 años se encuentra dentro del margen abstracto de penas sumadas, por lo que no representa más favorable la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; no es procedente la aplicación retroactiva...!
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-446-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-446-2019 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de marzo de año dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Amado Josué Funes Romero, por la comisión del delito de Asesinato, en perjuicio de Luciana Peña. Segundo: Absolvió a Amado Josué Funes Romero, por la comisión del delito de Robo en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña. Tercero: Condenó a Amado Josué Funes Romero, a la pena principal de quince años de reclusión por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Luciana Peña. Cuarto: Condenó a Amado Josué Funes Romero, a la pena principal de treinta años de reclusión por el delito de parricidio, en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña Quinto: Condenó a Amado Josué Funes Romero, a la pena principal de dos años de reclusión por el delito de Hurto, en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña, penas que deberá cumplir una en pos de otra comenzando con la que tiene mayor sanción. Sexto: Condenó a Amado Josue Funes Romero, como consecuencia de las penas principales de reclusión por los delitos de Homicidio Simple, Parricidio y Hurto, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta y Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena; así, como a trabajar, en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario de conformidad con la ley que regula dicho sistema. Séptimo: Declaró la responsabilidad civil del condenado Amado Josue Funes Romero en cuanto a que debe responder por la indemnización de los daños morales y económicos causados a los familiares ofendidos de las victimas Luciana Peña y Rosaidalia Reyes Peña. Octavo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionado por el juicio. Noveno: No procedió declarar el comiso. Son partes en única instancia: El abogado Bladimir Alexander Duarte Perez en su condición de Defensor Privado de Amado Josué Funes Romero, como parte recurrente y la abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince, siendo entre las diez y once de la noche, el hoy imputado Amado Josué Funes Romero, se encontraba departiendo bebidas alcohólicas con la señora Luciana Peña y otro, en el interior de la casa de habitación de ésta (Luciana Peña) ubicada en el barrio Ebenezer del municipio de el Nispero, departamento de Santa Bárbara, cuando sin mediar palabra y sin motivo aparente alguno, haciendo uso de arma blanca cuchillo, Amado Josué Funes Romero le asestó varias heridas en el cuerpo de la señora Luciana Peña, quien comenzó a pedir auxilio, siendo escuchada por su hija la joven Rosaidalia Reyes Peña quien ya se encontraba descansando en su cuarto de habitación y al llegar a la sala observó que el hoy imputado Amado Josué Funes Romero estaba asestándole a su madre heridas con un arma blanca cuchillo, por lo que tomó una silla para tirársela pero no le dio tiempo ya que de inmediato recibió de parte de su pareja sentimental Amado Josué Funes Romero varias heridas en su cuerpo con la misma arma blanca cuchillo y una ves ejecutada dicha acción se apoderó de un teléfono celular y de una cadena de plata propiedad de la señora Rosaidalia Reyes Peña SEGUNDO: Las hoy victimas Luciana Peña y Rosaidalia Reyes Peña, ya heridas son transportadas en un automóvil al hospital Santa Bárbara Integrado, de la ciudad de Santa Bárbara, falleciendo en el camino la señora Luciana Peña y como consecuencia de las heridas en su cuerpo y después de haber recibido tratamiento medico, también muere ya en fecha dieciocho del mes marzo del año dos mil quince en el municipio de el Nispero departamento de Santa Bárbara, la joven Rosaidalia Reyes Peña.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogado Bladimir Alexander Duarte Perez en su condición de defensor privado de Amado Josue Funes Romero, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “ PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY El Tribunal de Sentencia de este Departamento de Santa bárbara, en la Sentencia Condenatoria dictada en fecha Veinte (20) de Marzo del presente año Dos Mil Diecinueve (2019) contra de mi representado AMADO JOSUÉ FÚNEZ ROMERO, a cometió Infracción de Ley por aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en el artículo 118 del Código Penal Vigente en la sentencia definitiva, INFRINGIENDO UN PRECEPTO PENAL. Vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: "El precepto autorizante lo constituye el artículo número 360 del Código Procesal Penal". CONCEPTO DE LA INFRACCION: La norma sustantiva infringida es el artículo 118 del Código Penal Vigente, por aplicación indebida en la Sentencia recurrida; El Artículo 118 del Código Penal establece lo siguiente: "Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. (Lo negrito y subrayado es nuestro). El Tribunal de Sentencias de Santa Bárbara, declara como hecho probado lo siguiente: "...PRIMERO: En fecha Veintiséis de Febrero del año dos mil quince, siendo entre las diez y once de la noche, el hoy imputado Amado Josué Fúnez Romero, se encontraba departiendo bebidas alcohólicas con la señora Luciana Peña y otro, en el interior de la casa de habitación de ésta (Luciana Peña) ubicada en el barrio Ebenezer del Municipio de El Níspero, Departamento de Santa Bárbara, cuando sin mediar palabra y sin motivo aparente alguno, haciendo uso de arma blanca cuchillo. Amado Josué Fúnez Romera, le asesto varias heridas en el cuerpo de la señora Luciana Peña, quien comenzó a pedir auxilio, siendo escuchada por su hija la Joven Rosaidalia Reyes Peña quien ya se encontraba descansando en su cuarto de habitación y al llegar a la sala observo que el hoy imputado Amado Josué Fúnez Romero, estaba asestándole a su madre heridas con una arma blanca cuchillo, por lo que tomo una silla para tirársela pero no le dio tiempo ya que de inmediato recibió de su pareja sentimental (Lo subrayado es nuestro) Amado Josué Fúnez Romero, varias heridas en su cuerpo con la misma arma blanca cuchillo y una vez ejecutada dicha acción se apodero de un teléfono celular y de una cadena de plata propiedad de la señora Rosaidalia Reyes Peña. SEGUNDO: Las hoy victimas Luciana Peña y Rosaidalia Reyes Peña, ya heridas son transportadas en un automóvil al hospital Santa Bárbara Integrado de la ciudad de Santa Bárbara, falleciendo en el camino la señora Luciana Peña y como consecuencias de las heridas en su cuerpo y después de haber recibido tratamiento médico, también muere ya en fecha dieciocho del mes de marzo del año dos mil quince en el municipio de el níspero departamento de Santa Bárbara, la joven Rosaidalia Reyes Peña..." El Tribunal de Sentencias de este Departamento de Santa Bárbara declara expresa y terminantemente probado que mi representado AMADO JOSUÉ FÚNEZ ROMERO es pareja sentimental de la victima ROSAIDALIA REYES PEÑA, pero en ningún momento declara como hecho probado que entre mi representado y la victima ROSAIDALIA REYES PEÑA, al momento de acaecido los hechos estaban sosteniendo una relación o vida marital, y llegan a la conclusión de que es pareja sentimental, valorando el testimonio de dos testigos protegido con las claves JAGUAR 2017, y OSO 2017, pero al darle íntegramente lectura al testimonio de estos dos testigos en ningún momento refieren que entre mi representado y la victima Rosaidalia Reyes Peña existiera al momento de los hechos una actual relación sentimental, o como lo exige el artículo 118 del Código Penal una relación o vida marital. Veamos que dijo la testigo de referencia JAGUAR 2017, en su testimonio: en primer lugar este testigo en su deposición inicial jamás refiere que entre mi representado y la victima Rosaidalia Reyes Peña existiera una relación marital, es hasta que es interrogada por el fiscal que hace referencia a algunas circunstancias que no se subsumen ni se pueden considerar en una actual relación marital. veamos que dijo: preguntas de la fiscal: ¿Con quien vivía? Responde: Que Amado tuvo una niña y Murió. No conforme la fiscal con esa respuesta vuelve a preguntar: ¿Quiénes Vivian? Responde: Solo ellas dos y testigo Oso. Pregunta ¿Qué donde vivía Amadito? Responde: Al frente de ellos. Pregunta: ¿de quienes? Responde: De doña Chinda. Pregunta: ¿Cuánto tiempo estuvo Rosaidalia y Amadito? Responde: A lo mas dos años. Pregunta: ¿Qué paso con esta niña? Responde: La niña nació enferma y le duro 73 días. Pregunta: ¿Cómo era la relación de Amadito y Rosita? Responde: Por épocas se maltrataba uno y el otro, ia maltrataba, le rodeaba la casa, que el siempre llegaba a ia casa. Pregunta: ¿Con que frecuencia de doña Chinda? Responde: Era una amistad. que entre uno y otro se prestaban dinero. Ahora veamos o démosle lectura a lo narrado por el testigo OSO 2017 en su testimonio inicial, antes de ser interrogados, al igual que el testigo anterior no deponen que entre mi representado y la victima Rosaidalia existiera al momento de los hechos una relación marital, También es hasta que es preguntado por el fiscal que refiere circunstancias que dejan claramente establecido sin duda alguna, que entre mi representado y la victima Rosaidalia Reyes Peña no existía al momento de los hechos una relación marital. Estas son las preguntas y respuestas que dio al momento de ser interrogado: Preguntas del fiscal: Pregunta: Que era Amadito de Rosaidalia? Responde: Novios. Pregunta: ¿Qué sabes si habían tenido hijos? Responde: Si. Pregunta: ¿Cuántos? Responde: Uno. Pregunta: ¿Y que era? Responde: Niña. Pregunta: ¿Donde Vivía Amadito? Responde: Al Frente de nosotros. Pregunta: Cada una cuanto llegada a visitar Amadito a Rosaidalia? Responde: Todos los días. Luego la defensa interroga a este testigo y le hace las siguientes preguntas: Pregunta: ¿Qué Amadito vivía en frente? Responde: Si. Pregunta: ¿Que Amadito no vivía con Rosaidalla? Responde: No. Estos son los testimonios en los cuales el Tribunal de Sentencias se basa para considerar que entre mi representado y la víctima Rosaidalia Reyes Peña existía al momento de los trágicos hechos UNA VIDA MARITAL y por ello alejándose de una sana valoración subsume los hechos en el delito de PARRICIDIO en perjuicio de ROSAIDALIA REYES PEÑA. De los testimonios de estos dos testigos JAGUAR 2017 y OSO 2017, queda claramente establecido que al momento de los hechos entre mi representado y la victima ROSAIDALIA REYES PEÑA, NO EXISTIA UNA VIDA MARITAL, pues ninguno de ellos manifestó tal circunstancia y por el contrario confirman que mi representado no vivia con Rosaidalla Reyes Peña, pues afirman que el imputado vivía en frente de la casa de las ofendidas y afirman que las únicas personas que Vivian en la casa donde sucedieron los hechos eran las ofendías Luciana Peña, Rosaidalia Reyes Peña y el testigo OSO 2017, es más afirman que la relación que existían entre ellos era una relación amigable y comercial pues se prestaban dinero; es más el testigo OSO 2017 testigo de convivía con las ofendidas al ser interrogado por última vez por la defensa este fue contundente al afirmar que Amadito no vivía con Rosaidalia. Sabido es, que la presunción constitucional de inocencia apriorísticamente asiste a toda persona que sea objeto de imputación, solamente puede ser desechada cuando en el proceso judicial se ha cosechado la actividad probatoria, legalmente generada y obtenida y de corte inequívocamente incriminador. Nuestra Código Procesal contempla en su libro 1, título VII, capítulo 1, expresa los medios de prueba de que puede valerse el Juzgador para formar su convicción, a saber, la declaración del acusado, el examen de los testigos, los dictámenes e informes periciales, la prueba documental y la inspección ocular, (a los que habría que añadir, aunque su práctica deba ser primordialmente reservada a la fase de investigación, pero podrán ser reproducidas en el Debate de Juicio Oral y Público) las llamadas pruebas pre-constituidas y la prueba anticipada. Pero como bien se sabe también, esa prueba solo restringirá la presunción de inocencia si es apreciada y valorada bajo el sistema de la Sana Crítica, que establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces. pero exige, que las conclusiones a que se llegue sean el fruto razonado de las pruebas en que se les apoye. Como demostración se inserta la hoja del acta del debate, pagina 4, donde pende el extracto de la relación de amistad solamente entre mi representado. Con esto el impetrante no pretende someter a doble juzgamiento este caso solo fija elemento que surgieron producto de los interrogatorios y contrainterrogatorios, en la producción de la prueba y que el tribunal debió apuntar y fijar en su mente. Por qué no existió otra circunstancia de forma, que le permitiera pensar en una relación marital entre la occisa y mi representado Que cuando entre estaba atacando con un puñal, que al ver la sangre la quiso defender con el sillón y no pudo. Que hizo. Que le quiso agarrar, y luego agarro a navajazos. Que Tipo de ama? Era una navaja. Que es lo que hace Amadito. Logra Rosita a pedir ayuda, que ene la calle, y logra escapar de Amadito. A quien le fue pedir ayuda?. Un muchacho amigo, le pidió ayuda, que ensangrentada, que in muchacho que las recogió a las dos, y eso no le pregunte. Que se llevo? Que sólo le marco el teléfono y de quien era este teléfono- De Rosidalia. Que otra pertenencia. Una cadena que andaba colgando doña Chinda. De quien era la andena?. De dofia Chinda. Que le habla visto? Si. En que parto?. En el cuello la colgaba. Que si los doctores que le iban a operar porque ro le puedo?. Porque la estaba traspasada, que el puñal le llego hasta los intestinos. Que eran once?. Si. Que había? Tres sillones de hule, una división y al tela. Qua donde vivia Amadito?. Al frente de ellos. De quienes?. De doña Chinda. Cuanto tiempo estuvo Rosidalia y Armadito?. A lo más dos años. Que paso con esta niña?. La niña nació enferma y le duro 73 días. Que falleció la niña?. Si. Como era la relación de Amadito y Rosita?. Por épocas se maltrataba uno y el otro, la maltrataba le robaban, que él siempre llegaba a la casa. Con que frecuencia de doña Chinda?. Era una amistad, que entre uno y otro se prestaban dinero Interroga Defensa. Oh la señora Rosita como la conocía y Armadito y el Chele?. Si.- Que le manifestó que en algún momento que Gigamo se hizo esta otra persona la casa?. Si, que en los hechos, que ayudaba quererlas defender pero no pudo. Que nunca menciono el nombre?. No, sólo por el chele. Que anteriormente había ayudado?. Si, que Amadito es bien grande. Que asco a doña Chinda, que Rosita?. Que cuando lo Rosita vieron que se hizo. Que conoce el lugar?. Si. Que hay más casas cerca?. Si. Quien ella gritaron?.- Si, que a esa hora todo mundo este dormido. Sigas TESTIGIO PROTEGIDO CON CLAVE OSO-2017. Juramentado en legal y debida forma y advertida de las penas del delito del falso testimonio. Su nombre es: TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE OSO- 2017, o tiene parentesco con las partes, no tiene interés. Que el privado de dieciocho años, que las emociones. Defensa. Que no entendí que solamente excluir. 131 Tribunal do Sentencia Resuelve: Declara con lugar in solicitud que ordena que excluya los agentes de la policía, y las personas que están en sala, y el castigo que se encuentra acá en sala Interroga Fiscal.- Que paso en tu casa de habitación el día 26 de febrero del año 20157. Que Amado que me agarro la naranja, dejé la naranja, se dijo que se fuera, que le metió la navaja del bolsillo de atrás, que le dije don Amado la navaja, que no se la quiso dar, que le ensarto el cuchillo en la nuca, y de allí agarro a Rosidalia con el cuchillo. Como se llama Chinda?.- Chinda Reyna.- Conoces a Luciana Peña? Ni. Quien es el Que Taicians Peña y Chinda son las misma persona. Si. Conoces a Rosidalia? Si. Quien es ellas?- Una muchacha joven. Que es pariente suya?. Objeción es impertinente, Sa resuelve ha lugar. Que tu vivias en la casa de Rosidalia y Chinda?- Si. Como a que hora llego Amadito y el Chele?. Corno a las siete. Que estuvieron haciendo Amadito, el Chele, Chinda y Rosidalia?. Se 4 EXPRESION CONCRETA DE LA APLICACIÓN O INTERPRETACION QUE PRETENDE Que conforme a lo expresado en este PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, se pretende y así se espera por todo lo argumentado que a través de este recurso de casacion, la Corte Suprema de Justicia, dicte sentencia en la cual case el fallo recurrido y resuelva el caso de acuerdo con la ley aplicable, al tipo penal de HOMICIDIO regulado en el articulo 116 del Codigo Penal Vigente en nuestro país” Continua Manifestando el recurrente en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO DE CASACIÓN QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Por haber dictado el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Sentencia Condenatoria en fecha Veinte (20) de Marzo del presente año Dos Mil Diecinueve (2019), emitiendo fallo contradictorio al absolver y condenar por los mismos hechos a la misma persona. Invocando los delitos de Asesinato y el Homicidio. inobservando las reglas de la sana critica. En las leyes de la lógica jurídica de no contradicción. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 Numeral 3 del Código Procesal Penal, que consigna "Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica". CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El Tribunal de Sentencia, con sede judicial en la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, al momento de dictar Sentencia Definitiva en fecha Veinte (20) de Marzo del presente año Dos Mil Diecinueve (2019), en su parte dispositiva dice ABSOLVER al señor AMADO JOSUE FUNEZ ROMERO de los hechos contitutivos del Delito de ASESINATO en perjuicio de LUCIANA PEÑA Y CONDENARLO por los mismos hechos constitutivos pero por el Delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de LUCIANA PEÑA, cuando un Tribunal tiene la labor de absolver o condenar a una persona al valorar conforme a las pruebas las acciones humanas de conformidad a los hechos declarados probados y no absolver o condenar en base a las calificaciones jurídicas. Así pues, para la ley Procesal el deber de motivar la sentencia tiene como razón fundamental la de posibilitar el control de la actividad jurisdiccional, tanto por otros Tribunales mediante los recursos pertinentes, como por las partes y el resto de la sociedad. Somos testigos de la desconexión que el Tribunal tuvo entre lo que sucedió en la Audiencia propia de Debate y lo que concluye. Y nos preguntamos ¿si la fiscalía acuso a al ciudadano AMADO JOSUÉ FÚNEZ ROMERO de haberle dado muerte a la señora LUCIANA PEÑA?, ¿Cómo puede ser este absuelto de Asesinato y luego condenado por Homicidio contra la misma victima de LUCIANA PEÑA? siendo que en el presente Debate como antes apuntamos mi representado FUE JUZGADO DENTRO DE UN MISMO CUADRO FACTICO, siendo así lo correcto es que para que se ciña a la no-contradicción de la sentencia, los jueces deberían de guardar la coherencia y la derivación, como leyes lógicas con correspondencia entre la acusación y la sentencia final. Para el jurista CARLOS CLIMENT DURAN el "Control de legalidad y silogismos probatorios- cuando el juzgador examina cada uno de los medios probatorios puestos en juego por las partes contendientes efectúa un razonamiento factico o no normativo, que muchas veces se compone de varios razonamientos encadenados, con lo que adquiere así una cierta complejidad. Este examen supone la realización de un razonamiento deductivo, en el que se toman en consideración los hechos expuestos por el correspondiente medio probatorio (manifestación de un testigo, confesión de la parte, contenido de un documento, etc.), y son puestos en relación con una determinada máxima de la experiencia, Illegándose a determinar así si tales hechos (los afirmados por el testigo o por la propia parte, o los recogidos en el documento aportados a efecto probatorio) han sucedido o no han sucedida en realidad, es decir, si son o no son susceptibles de ser creídos en atención a su verosimilitud a a su falta de verosimilitud con lo que se llega a la conclusión correspondiente sobre el valor que debe dársele a la información suministrada por tal medio probatorio.... La lógica formal es la que rige el desarrollo de estos razonamientos facticos deductivos, por lo que es una operación de lógica vertical. Junto a esto la fijación de los hechos y de las máximas de la experiencia correspondientes que actúan a modo de premisa menor y mayor, significa o puede significar una discusión al respecto entre las partes litigantes y la toma de una decisión por el juzgador sobre los puntos discutidos. La lógica aplicada entra ahora en juego, tratándose de una operación de lógica horizontal. " Señores Magistrados de la Sala de lo Penal, el punto medular en los delitos contra la vida, es que se discute la condición del sujeto activo en la comisión del mismo, pues si existe una condición especial los jueces lo tendrán en cuanta al momento de razonar su fallo, en el caso que nos ocupa, si analizamos la sentencia definitiva pronunciada el razonamiento de los jueces fluye en un mar de inseguridad e incertidumbre, que convierte su razonamiento en contradictorio, ya que primero. dicen: -absuelve al imputado de los hechos del delito de asesinato--; Luego dice nuevamente: -que le condena por los hechos constitutivos de homicidio pero ambos en perjuicio de una misma persona.- En ese orden de ideas, tal cual lo ordena el articulo 336, 337 y 338 parte quinta del Código Procesal Penal, la sentencia pronunciada debe contener (so pena de ser declarado procedente el recurso de casación por contener una motivación jurídica y fáctica contradictoria por quebrantamiento de forma), un pronunciamiento que debe tener como atributo indispensable que los enunciados o composición de declaración de hechos probados, valoración de la prueba, fundamentación jurídica y su parte resolutiva amen de ser armónica y conjuntamente reflexionados, no sean contradictorios en su términos, es decir, que no se antepongan proposiciones negativas y afirmativas imposibles de conciliar en razón de no poder ser ellas verdaderas y falsas a un mismo tiempo; Como acontece en el caso que nos ocupa, el hecho de que el tribunal de sentencia, se contradiga abiertamente en su declaración de hechos, valoración de la prueba. fundamentación jurídica y de remate con su parte resolutiva, pues declara dos pensamientos de contenido diverso y contrapuesto, al absolver y condenar al imputado por unos mismos hechos, esto hace imposible a un ser humano racional poder conciliar o por consiguiente poder descifrar el fallo definitivo pronunciado, porque si se acepta uno de ellos, los otros que lo niegan deben desaparecer, con lo cual se rompe la unidad e integridad de la Motivación de la Sentencia definitiva como lo ordena el articulo 141, 336 y 338 del Código Procesal Penal, y se fiene como consecuencia inevitable que el Tribunal de Sentencia no pueda demostrar que exista una decisión asumida bajo el correcto entendimiento. humano que le exige el articulo 90 constitucional sobre el Debido Proceso; en relación con el artículo 202 del Código Procesal Penal que literalmente dice: Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y obviamente su pronunciamiento contentivo de la sentencia definitiva dictada contra mi representado AMADO JOSUE FUNEZ ROMERO por el delito de parricidio carece de base y fundamento en que apoyarse. Señores Magistrados, la Corte Suprema de Justicia ha establecido en abundante Doctrina legal, que se viola este principio lógico de no contradicción cuando: "... Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé "el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes...3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..". Ei proceso lógico seguido por ei Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobieman el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de ia sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso, por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las eglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona a cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuario, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Naturalmente que esta consignación en la sentencia cierra normalmente la posibilidad de alegar un vicio, porque al no existir inmediación en la casación no se puede controlar estos aspectos..." (No. 332-2008.) "....Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, el recurrente ataca la valoración de la prueba por la vía de la infracción de la norma constitucional relativa al debido proceso. Por Debido Proceso, debe entenderse, que para determinar si una persona es culpable o no de un ilícito, es necesaria la superación de distintas etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal debe contener ciertas garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de Defensa. Se trata de garantizar que no se prive a ningún individuo de la oportuna tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1) Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, que nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida mas de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3.Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa: 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales: 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. Como se aprecia, el motivo de casación invocado por el recurrente consiste en una aparente violación de las reglas de la sana crítica, al no haberse ajustado a las mismas el Tribunal Sentenciadar al momento de valorar las pruebas. Para determinar si se ha producido o no tal infracción, el Tribunal de Casación debe verificar si en la fundamentación de la sentencia se han observado las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia. La motivación es una operación lógica fundada en la certeza y el Juez debe observar los principios lógicos supremos o "leyes supremas del pensamiento" que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuáles son necesariamente verdaderos o falsos. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Se entiende por coherencia de los pensamientos la concordancia o conveniencia entre sus elementos, y por derivación, el que cada pensamiento que provenga de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado sino el punto de partida para otros. De la ley fundamental de coherencia se deducen los principios formales del pensamiento, a saber: a) de identidad: cuando en un juicio el concepto-sujeto es idéntico total o parcialmente- al concepto predicado, el juicio necesariamente es verdadero, Couture expone que nadie dudaría del error lógico de una sentencia en la cual se razonara de la siguiente manera: los testigos declaran que presenciaron un préstamo en monedas de oro; como las monedas de oro son iguales a las monedas de plata, condeno a devolver monedas de plata. Evidentemente, se ha infringido el principio lógico de identidad, según el cual una cosa solo es igual a sí misma. Las monedas de oro solo son iguales a las monedas de oro, y no a las monedas de plata. b) de contradicción: dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente, no pueden ser ambos verdaderos, Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto. Ejemplo: No es posible que en un mismo instante llueva y no llueva (en el mismo lugar).c) del tercero excluído: dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no pueden ser ambos falsos, es decir, una de ellos es verdadero y ninguno otro es posible, (si una cosa únicamente puede ser explicada dentro de una de dos proposiciones alternativas, su causa no puede residir en una tercera proposición ajena a las dos precedentes) Así por ejemplo se afectaría este principio, si se valora un medio probatorio que antes fue desechado por estimárselo impertinente.- A su vez de la ley de la derivación se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad. Todas estas exigencias vienen a reunirse en la práctica, en la regia de la no contradictoriedad, que es la de más habitual aplicación. La contradicción se produce toda vez que dos juicios se anulan entre sí, por haberse violado los mencionados principios de identidad, de contradicción o tercero excluido. La motivación de la sentencia debe ser derivada, es decir, debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual ei razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, a la vez que de los principios de la psicología. En este sentido, la motivación debe ser adecuada a las normas de la psicología y la experiencia común. En cuanto a las leyes de la psicología considerada como ciencia empírica del pensamiento, el juez tiene el deber de aplicarlas en la valoración de las pruebas. Si el juez afirmara por ejemplo que cree más a un testigo por ser rubio y menos a otro por ser moreno, incurriría en una valoración arbitraria de la fuente de convencimiento, desconociendo la psicología. Pero será suficiente que el juez se apoye "en la mayor apariencia de sinceridad" de un testigo con relación a otro, porque en este caso aquella resulta aplicada. En cuanto a las llamadas normas de la experiencia, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. La sentencia que razona en contra de esas máximas o se funda en pretendidas máximas de la experiencia inexistentes, contiene un vicio indudable en su motivación, que será controlable en casación. La motivación, pues, será falsa cuando una de sus premisas esté constituida por un hecho no cierto, incompatible con la experiencia misma, como por ejemplo si se admite que se puede atravesar una pared de cemento con un cuchillo; o incompleta, si una de las premisas está dada por un hecho que se pretende de la experiencia común, cuando en realidad exige una demostración particular sustentada en las pruebas, como si, por ejemplo, se atribuyen a ciertas enfermedades determinados efectos, prescindiendo del dictamen pericial (vid. DE LA RUA, FERNANDO, "La Casación Penal", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, págs. 153 y ss) (S.P.36-08). "..Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del Juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una-razón adecuada para pretender ser estatuto de verdad. La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer-excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el Juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.". Para ello, la motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Cuando se pide que una sentencia sea motivada bajo la lógica, como regia de la sana critica, es porque se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, es porque, se entiende que el razonamiento de los Jueces de Sentencia. debe estar constituido por deducciones razonables originadas, formadas y concluidas de las pruebas, es decir, que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada en las pruebas, por eso este principio de razón suficiente se entiende como la forma lógica del razonamiento humano; "que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo...". (Recurso de Casación SP 60-2013) "...Todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla lógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el principio de razón suficiente se entiende "que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo..." (Recurso de casación SP-311-2012). Para finalizar señores Magistrados, según la abundante Doctrina hondureña citada y lo que preceptúa nuestra legislación vigente, se reputa que una Sentencia judicial es falsa o inexistente cuando en su motivación judicial, se envuelven a un mismo tiempo afirmaciones y negaciones de responsabilidad del acusado, porque un caso típico en esta materia de violación al principio lógico de no contradicción, es en aquel donde un Tribunal de Sentencia en una de sus partes acepta responsabilidad del imputado, y luego irresponsablemente niega tal responsabilidad, y véase que en el caso que nos ocupa: no cabe duda que la sentencia judicial contiene proposiciones afirmativas, luego negativas de responsabilidad, lo cual hace que el razonamiento o reflexiones emitidas por el Tribunal de Sentencia sean imposibles de conciliar pues un acusado como lo es el Imputado AMADO JOSUE FUNEZ ROMERO no puede ser a un mismo tiempo. responsable de la comisión de unos mismos hechos de haberle dado muerte a LUCIANA PEÑA, y no responsable de esos mismos hechos, luego no ser responsable de los hechos constitutivos de ASESINATO y luego ser responsable por esos mismos hechos del delito de HOMICIDIO, necesariamente una de las tales proposiciones deben ser verdadera y las otra falsa, pues no pueden ser verdaderas y falsas al mismo tiempo, es decir, a la misma vez. La situación que efectivamente se presenta es que el Tribunal de Sentencia desconoce lo que constituye el Principio De Congruencia De Acusación con Sentencia establecido en el artículo 337 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 337. Congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Si el tribunal considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso. Bajo este principio los jueces de sentencia están facultados a fijar su fallo en armonía y acorde a sus facultades constitucionales, en consecuencia, solo procedía emitir su decisión en un sentido y no en dos, o que es lo mismo, solo provenía emitir en la parte resolutiva de su sentencia definitiva una decisión de culpabilidad o no culpabilidad sobre unos mismos hechos, porque son estos los sometidos a debate en juicio oral y público para determinar si el imputado los cometió o no, la calificación jurídica, nunca está sometida a juicio, sino que es una atribución otorgada por el legislador a los jueces y magistrados para que en base al principio IURA NOVIT CURIA subsuman esos hechos a la calificación jurídica y juzguen y ejecuten lo juzgado, por lo que resulta contradictorio absolver y condenar al mismo imputado, sobre unos mismos hechos, sobre una misma victima y con una mismas pruebas etc., porque el Tribunal de Sentencia no lo subsume en un delito, porque considera que se subsume es otro menos gravoso. Articulo 338 del Código Procesal Penal. requisitos de la sentencia. "...QUINTA: En la parte resolutiva, se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción..." Véase como lo comprende nuestra jurisprudencia: Jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia. Recurso de Casación Penal No. 257-2009. "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CON LA ACUSACIÓN. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura de juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. [...]" Recurso de Casación Penal No. 257-2009. EXPRESION CONCRETA DE LA APLICACIÓN O INTERPRETACION QUE PRETENDE Que conforme a lo expresado en este SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, se pretende y así se espera por todo lo argumentado que a través de este recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia, dicte sentencia en la cual declare procedente y en su sentencia anule el fallo recurrido y los actos realizados de modo irregular y qu ordene la devolución de los antecedentes al respectivo tribunal de sentencias del Departamento de Santa Bárbara, para que sea substanciado nuevamente el juicio en la cual no podrán participar los mismos jueces que intervinieron en la sentencia anulada.” Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa, que el primer y segundo motivo de casación por infracción de ley interpuestos por el recurrente se encuentran íntimamente relacionados al denunciar la aplicación indebida y la falta de aplicación de una norma sustantiva en relación a los hechos probados, por lo que, para salvaguardar la coherencia de la sentencia penal se dará respuesta a ambos motivos en un mismo apartado. Único Motivo (Denominado por el recurrente primer motivo) • Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 118 del Código Penal. • Concepto de la infracción: Aplicación indebida del delito de parricidio • Pretensión: que se emita sentencia por homicidio. Explicó el recurrente que la incorrecta interpretación de la norma penal es el artículo 118 del Código Penal, por lo que debió acreditarse mediante pruebas fehacientes e irrefutables la que su representado Amado Josie Funes Romero era la pareja sentimental de la víctima Rosaidalia Reyes Peña; por lo que no existía tal relación sentimental entre víctima y acusado, pero en el presente caso jamás se acreditó tal circunstancia, razón por la cual el tipo penal no encaja en el delito de parricidio. Del Delito de Parricidio. El artículo 118 del Código Penal hondureño prescribe: Es reo de parricidio quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. Respecto a la sustantividad, suele reconocerse mayoritariamente que se trata de un delito autónomo, al igual que el asesinato, no sólo en atención a la distinta denominación que el propio Código le da (aun incluyéndolo en el mismo capítulo y bajo la rúbrica común de «homicidio»), sino por tener un diferente contenido de injusto y un distinto desvalor de la acción, además de existir también argumentos criminológicos y de política criminal para considerar esa autonomía. No se trata, por tanto, de un homicidio agravado, sino de un delito distinto, en el que la relación de parentesco es un elemento típico y no una agravante, con la repercusión que ello tiene en orden al error y a la teoría de la participación. Además, su penalidad es superior incluso a la prevista para el delito de asesinato (salvo, como se ha visto, al que se cometa mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria). Por consiguiente, si se causa dolosamente la muerte de uno de los familiares a que alude el artículo 118, pero concurriendo alguna de las circunstancias del asesinato, habrá de aplicarse el principio de especialidad –conforme a las normas sobre concurso de leyes del artículo 2.A.1) del propio Código Penal– y calificar los hechos como parricidio con la agravante genérica que corresponda dentro del catálogo del artículo 27. Las principales cuestiones que suscita este delito, (prescindiendo de las que son comunes al homicidio y que ya hemos analizado), podemos sintetizarlas en los siguientes puntos: A) Los sujetos: al ser la relación familiar un elemento del tipo, no cabe aplicar además la circunstancia agravante genérica del artículo 27.23) del CP. a) Ascendientes y descendientes. Hay que entender incluidos en este parentesco a los que lo sean tanto por consanguinidad como por adopción (aunque el Código no lo señale expresamente), siendo indiferente además que el parentesco sea matrimonial o extramatrimonial. No se aplica, sin embargo, en los casos de hijastros; es decir, en los casos en que el autor no haya adoptado legalmente al hijo del cónyuge. b) Cónyuge. En cuanto al vínculo conyugal, éste se mantiene evidentemente en los casos de separación, pero no en los de nulidad o divorcio (art. 140.3 y 4 del CC). Si los hechos se producen una vez decretada la nulidad o el divorcio, habrá que acudir a la figura del homicidio o, en su caso, al asesinato. Ahora bien, si se declara la nulidad del matrimonio con posterioridad a los hechos, resultará que, para el mundo jurídico, nunca existió el vínculo matrimonial. Hay que valorar entonces dos posibilidades: Una, que pese a la nulidad e inexistencia del vínculo, cuando sucedieron los hechos convivieran maritalmente el agresor y su víctima, de suerte que, en ese caso, carecería de importancia el hecho de la existencia o no del vínculo puesto que el cónyuge queda expresamente equiparado por el Código Penal a la persona con quien se convive maritalmente. La otra posibilidad es que el matrimonio no conviviera maritalmente cuando sucedieron los hechos y, con posterioridad, se decretase la nulidad del matrimonio; en tal caso, debería revisarse la sentencia penal pues ni existiría al momento de los hechos un vínculo conyugal ni tampoco una situación asimilable de convivencia marital. Si lo que se produce con posterioridad a los hechos es el divorcio, resultará irrelevante ya que, al momento de comisión de los mismos, existía el vínculo matrimonial. Por lo demás, queda equiparado expresamente al cónyuge la persona con quien se convive maritalmente. La razón fundamentadora del tipo, no se encuentra en la concurrencia formal de un vínculo conyugal, sino en la realidad subyacente, de manera que, en la misma forma que el artículo 118 del Código Penal extiende el tipo del parricidio a quien dé muerte a la «persona con quien hace vida marital», aunque no exista legalmente vínculo matrimonial, debe entenderse excluido en aquellos casos en que la relación conyugal no subsiste más que de modo formal por encontrarse los esposos separados, de hecho o de derecho, de forma prolongada o por haber desparecido el afecto marital. Para la apreciación de este elemento del tipo ha de estarse a si la relación matrimonial (o marital) realmente sigue viva o, por el contrario, está efectiva y manifiestamente destruida. En esta línea, el Tribunal Supremo español ha huido de aplicar el vínculo conyugal de forma automática, haciéndolo mediante una interpretación teleológica o finalista, válida también para lo que ha de entenderse como «hacer vida marital». Se centra, sobre todo, en la existencia de affectio maritalis o en la valoración del fondo afectivo de la relación conyugal o análoga relación de hecho, exigiendo que «a más de la relación objetiva de parentesco debe concurrir una relación de afecto personal» (STS 821/1998, de 9 de junio). Cuando se encuentra roto el vínculo afectivo con un grado importante de deterioro (incluyendo las situaciones de separación prolongada en el tiempo, aunque sea de hecho), se ha entendido que deja de existir fundamento para justificar un mayor reproche o una mayor culpabilidad en el autor, por lo que, según esta teoría, habría de acudirse a los tipos de homicidio o, en su caso, asesinato. En general se ha dicho que «la circunstancia de parentesco que nace del vínculo conyugal no subsiste cuando, aun no habiéndose disuelto legalmente el vínculo, la relación matrimonial está efectiva y manifiestamente destruida» (STS 919/1998, de 3 de julio). Pero, para que así sea, «es necesario que la ruptura de la relación conyugal tenga una proyección en aspectos tan concretos como el abandono del domicilio común por uno de los cónyuges y una cierta duración temporal de esta situación, unida a una notoria desafección sentimental» (STS 407/1996, de 11 de mayo). La dificultad, por tanto, radica en determinar la existencia o no de la afectividad. La STS 115/2000, de 10 febrero, dice así: La permanencia o ruptura de ese hilo de afectividad que une normalmente a quienes han decidido establecer un vc1q_lo matrimonial o una estable relación de hecho, plantea problemas psicológicos o emotivos de difícil plasmación en afirmaciones fácticas concretas. Para llegar a conclusiones más o menos firmes sobre este punto debemos acudir a elementos complementarios, de carácter más objetivo, que rodean a la situación de conflictividad planteada. Un dato relevante lo podemos encontrar en la suspensión de la convivencia, circunstancia que no concurre en el caso que estamos examinando. La casuística jurisprudencial nos ofrece los siguientes ejemplos: i) Se apreció que aún existía afectividad: mantenimiento de relaciones sexuales, convivencia pese a la tirantez, frecuentes discusiones, convivencia irregular, mero deterioro de las relaciones, relaciones distantes, separación de hecho desde hacía uno o dos meses. ii) Se apreció que ya no existía afectividad: enemistad, intereses contrapuestos, cese de vida en común durante años, convivencia circunstancial sin afectividad, la relación sentimental entre agresor y víctima había cesado ya, cónyuges separados legalmente que no conviven. B) La participación del extraño. El problema más polémico que plantea el parricidio es, probablemente, el de la participación criminal, cuando interviene un extraño en la comisión de este delito. ¿Cómo debe responder el extraño que participa en la acción del hijo que da muerte a su padre?; o, ¿cómo responderá el hijo que incita a un extraño para que mate a su padre? En Derecho romano dominó la tesis de Ulpiano, de la comunicabilidad del parricidio al partícipe extraño. Sin embargo, en la actualidad, es la teoría de la incomunicabilidad la que ha sido tradicionalmente seguida por el Tribunal Supremo español, y por buena parte de la doctrina española, y, sobre todo, italiana. Esta teoría considera el parentesco como una circunstancia de índole personal y subjetiva, que, en consecuencia, sólo puede agravar la responsabilidad de las personas en quienes concurra (sin perjuicio de que el extraño encubridor que comete el delito del art. 388 del Código Penal, está encubriendo realmente un delito de parricidio y no de homicidio). Para defender esta postura se alegan también razones de justicia material, que aconsejarían la ruptura del título de imputación. Así, por ejemplo, si un individuo y su esposa matan conjuntamente a la madre y hermana del primero, los hechos se calificarían imputándole a él un parricidio por la muerte de la madre y un homicidio, agravado por la circunstancia de parentesco del artículo 27.23), por la muerte de su hermana. A ella, habría que acusarla de dos homicidios con la citada agravante en ambos delitos. En suma, las relaciones familiares del delincuente con la víctima servirán para determinar la responsabilidad del culpable en quien concurran, de suerte que el extraño responderá siempre por el delito común (homicidio o, en su caso, asesinato) mientras que el pariente lo hará siempre como autor, coautor, inductor, cooperador o cómplice del delito de parricidio. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. Tal como lo ha establecido esta Sala de lo Penal, en el recurso de casación por infracción de ley, el recurrente debe aceptar los hechos tal cual fueron redactados por el Sentenciador, es decir nadie puede modificarlos o cuestionarlos, es lo que llamamos la intangibilidad de los hechos probados; conforme a esos hechos el Sentenciador efectúa el encuadre con la norma penal que le corresponda, de manera que entre hechos probados y norma penal utilizada exista armonía. En el presente caso los sucesos revelan que: “En fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince, siendo entre las diez y once de la noche, el hoy imputado Amado Josué Funes Romero, se encontraba departiendo bebidas alcohólicas con la señora Luciana Peña y otro, en el interior de la casa de habitación de ésta (Luciana Peña) ubicada en el barrio Ebenezer del municipio de el Nispero, departamento de Santa Bárbara, cuando sin mediar palabra y sin motivo aparente alguno, haciendo uso de arma blanca cuchillo, Amado Josué Funes Romero le asestó varias heridas en el cuerpo de la señora Luciana Peña, quien comenzó a pedir auxilio, siendo escuchada por su hija la joven Rosaidalia Reyes Peña quien ya se encontraba descansando en su cuarto de habitación y al llegar a la sala observó que el hoy imputado Amado Josué Funes Romero estaba asestándole a su madre heridas con un arma blanca cuchillo, por lo que tomó una silla para tirársela pero no le dio tiempo ya que de inmediato recibió de parte de su pareja sentimental Amado Josué Funes Romero varias heridas en su cuerpo con la misma arma blanca cuchillo y una vez ejecutada dicha acción se apoderó de un teléfono celular y de una cadena de plata propiedad de la señora Rosaidalia Reyes Peña. Las hoy victimas Luciana Peña y Rosaidalia Reyes Peña, ya heridas son transportadas en un automóvil al hospital Santa Bárbara Integrado, de la ciudad de Santa Bárbara, falleciendo en el camino la señora Luciana Peña y como consecuencia de las heridas en su cuerpo y después de haber recibido tratamiento médico, también muere ya en fecha dieciocho del mes marzo del año dos mil quince en el municipio de el Nispero departamento de Santa Bárbara, la joven Rosaidalia Reyes Peña.” Observamos en primer lugar que los hechos relatan que entre la ofendida y el imputado existía una relación de pareja, al consignar que el señor Amado Josué Funes Romero, era la pareja sentimental de la ofendida RosaIdalia Reyes Peña, por lo que encontramos el primer elemento objetivo del tipo penal de parricidio, es decir ser la víctima cónyuge o la persona con quien hace vida marital el acusado; posteriormente revelan los hechos que la ofendida al ver que el acusado le propinaba varias heridas con arma blanca a su madre Luciana Peña, tomo una silla para repeler el ataque, sin lograrlo al ser también atacada con el arma blanca provocándole varias heridas que la condujeron a la muerte; Cumpliéndose así el segundo elemento objetivo del tipo penal de parricidio, es decir “dar muerte” lo encontramos también en los hechos, así como el elemento subjetivo de la intencionalidad o dolo; por lo que los hechos probados encajan a la perfección con la norma penal que utilizó el Juzgador, siendo coincidente con el delito de parricidio; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c.Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo (DENOMINADO por el recurrente segundo motivo) • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: motivaciones fácticas y jurídicas son insuficientes y contradictorias o en la valoración de la prueba el Tribunal no observó las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. • Pretensión: sin determinar por el censor Explicó el recurrente que ha sido testigo de la desconexión que el Tribunal Sentenciador tuvo entre lo que sucedió en la audiencia propia de debate y lo que concluye y se pregunta si la Fiscalía acuso al ciudadano Amado Josué Funes Romero de haberle dado muerte a la señora Luciana Peña, como puede ser este absuelto del delito de asesinato y luego condenado por homicidio contra la misma víctima de Luciana Peña, siendo que en el presente debate su representado fue juzgado dentro de un mismo cuadro factico, siendo así lo correcto que para que se ciña a la no contradicción de la sentencia los jueces deberán guardar la coherencia y la derivación, como las leyes lógicas con correspondencia entre la acusación y la sentencia final. El Tribunal de Sentencia desconoce lo que constituye el principio de congruencia de la acusación con la sentencia. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e.Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Al sustentar su recurso el censor incurre en violación a la debida técnica recursiva que ampliamente se explicó en apartados anteriores; en el caso de autos plantea el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. En primer lugar, el recurrente plantea varios motivos de casación, mismo que según el artículo 363 del Código Procesal Penal debe indicarse de forma separada, precisamente para evitar confusión; en segundo lugar, lo correcto es establecer que las motivaciones fácticas y jurídicas son insuficientes, y por último establece que se violentaron las reglas de la sana crítica, pero no establece cual regla -lógica, experiencia común, psicología- considera vulnerada. Si el recurrente plantea motivación contradictoria debió enfocar su argumentación en los siguientes supuestos: • Contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados; es decir en este primer supuesto la contravención debe darse en el razonamiento judicial y los hechos probados, de tal forma que emite un juicio de valor que sea contradictorio con la propia relación fáctica declarada como probada.• Contradicción entre los hechos probados y la fundamentación jurídica; en este segundo supuesto se refiere a que, entre el cuadro fáctico declarado como probado por el juzgador y su fundamentación jurídica existan contradicciones, pues los hechos probados guardan una estrecha relación con la fundamentación jurídica, es decir con todas las normas penales que utilice el sentenciador para resolver el caso concreto, por ejemplo: que en los hechos probados se relate que el imputado actúa como autor pero en la fundamentación jurídica de la sentencia se le considere cómplice, en ese caso también existiría una infracción a normas sustantivas. • Si la contradicción apareciese de forma interna en la valoración de la prueba, es decir que el juzgador externe juicios de valor contrapuestos de forma tal que no es posible determinar cuál es su posición sobre determinada circunstancia, por ejemplo: que establezca que no le merecen credibilidad las declaraciones testificales de cargo, pero al final sean esas la base para dictar su fallo condenatorio. • Cuando la contradicción aparece de forma interna en la motivación jurídica, en este supuesto se refiere a que dentro de las normas que haya plasmado el sentenciador para fundamentar el fallo existan normas contradictorias, por ejemplo: que se establezca en un primer apartado que el delito es consumado, pero luego también se considere que es tentado. Lastimosamente el impetrante no refiere en absoluto a cuál contradicción se refiere, ni mucho menos a cuál regla de la sana crítica considera violentada, volviendo su impugnación confusa y falta de claridad sin posibilidades que esta Sala de Casación pueda dar respuesta a sus cuestionamientos, pues lo que efectúa son argumentos en el sentido que el Tribunal de sentencia tiene como labor absolver o condenar al valorar conforme a la pruebas las acciones conforme a los hechos: pero lo que no puede hacer el Juzgador era absolver a su representado por el delito de asesinato en perjuicio de Luciana Peña y en otro apartado de la parte resolutiva de la sentencia condenar por los mismos hechos a su representado por el delito de Homicidio en perjuicio de Luciana Peña” razonamiento que vuelve confuso el presente recurso, al no poder la Sala extraer cual es el verdadero motivo que desea exponer el recurrente; por todas estas razones es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación. Decisión Se declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo: Se declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuestos por la Defensa Privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Amado Josué Funez Romero, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor: Amado Josué Funez Romero, las siguientes penas; 1. Como autor material directo del delito de Homicidio en perjuicio de Luciana Peña una pena de 15 años de reclusión. 2. Como autor material directo del delito de Parricidio en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña una pena de 30 años de reclusión. 3. Como autor material directo del delito de Hurto en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña una pena de 2 años de reclusión. En suma, la pena concreta impuesta a los acusados es de 47 años de reclusión, de los que cumplirá solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Homicidio (Art.192) tiene una pena principal de 15 a 20 años de prisión; el delito de Parricidio (Art.194) tiene una pena de 20 a 25 años de prisión; el delito de hurto Simple (Art.357.) tiene una pena de 6 meses a 2 años de prisión, cuando el valor de lo hurtado exceda de 5,000.00 lempiras. La sala hace la observación, en cuanto al delito de Hurto simple, al no estar establecido en los hechos probados la cuantía de lo hurtado, no se puede establecer si la conducta realizada por el acusado en constitutiva de delito Hurto Simple o de Faltas contra el Patrimonio, por lo que no es posible incluir la pena individualizada de 2 años para establecer el marco abstracto de penas a imponer según dispone el Código Penal, decreto 130-2017. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 35 a 45 años de prisión, de los cuales cumpliría una pena de 40 años en aplicación al límite objetivo extraordinario, en caso de que cualquiera de las penas individualizadas supere los 20 años de prisión, o los 30 años de prisión como máximo en los casos que ninguna de las penas individualizadas no supere los 20 años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el la pena individualizada de 45 años se encuentra dentro del margen abstracto de penas sumadas, por lo que no representa más favorable la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; no es procedente la aplicación retroactiva. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma en sus únicos motivos interpuesto por el Abogado Bladimir Alexander Duarte Perez, en su condición de defensor privado del señor Amado Josué Funes Romero, a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Luciana Peña, y por los delitos de Parricidio y Hurto en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha 20 de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodriguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiocho de julio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-446-2019.LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-446-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-446-2019 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de marzo de año dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Amado Josué Funes Romero, por la comisión del delito de Asesinato, en perjuicio de Luciana Peña. Segundo: Absolvió a Amado Josué Funes Romero, por la comisión del delito de Robo en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña. Tercero: Condenó a Amado Josué Funes Romero, a la pena principal de quince años de reclusión por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Luciana Peña. Cuarto: Condenó a Amado Josué Funes Romero, a la pena principal de treinta años de reclusión por el delito de parricidio, en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña Quinto: Condenó a Amado Josué Funes Romero, a la pena principal de dos años de reclusión por el delito de Hurto, en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña, penas que deberá cumplir una en pos de otra comenzando con la que tiene mayor sanción. Sexto: Condenó a Amado Josue Funes Romero, como consecuencia de las penas principales de reclusión por los delitos de Homicidio Simple, Parricidio y Hurto, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta y Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena; así, como a trabajar, en obras públicas o en labores dentro del centro penitenciario de conformidad con la ley que regula dicho sistema. Séptimo: Declaró la responsabilidad civil del condenado Amado Josue Funes Romero en cuanto a que debe responder por la indemnización de los daños morales y económicos causados a los familiares ofendidos de las victimas Luciana Peña y Rosaidalia Reyes Peña. Octavo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionado por el juicio. Noveno: No procedió declarar el comiso. Son partes en única instancia: El abogado Bladimir Alexander Duarte Perez en su condición de Defensor Privado de Amado Josué Funes Romero, como parte recurrente y la abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince, siendo entre las diez y once de la noche, el hoy imputado Amado Josué Funes Romero, se encontraba departiendo bebidas alcohólicas con la señora Luciana Peña y otro, en el interior de la casa de habitación de ésta (Luciana Peña) ubicada en el barrio Ebenezer del municipio de el Nispero, departamento de Santa Bárbara, cuando sin mediar palabra y sin motivo aparente alguno, haciendo uso de arma blanca cuchillo, Amado Josué Funes Romero le asestó varias heridas en el cuerpo de la señora Luciana Peña, quien comenzó a pedir auxilio, siendo escuchada por su hija la joven Rosaidalia Reyes Peña quien ya se encontraba descansando en su cuarto de habitación y al llegar a la sala observó que el hoy imputado Amado Josué Funes Romero estaba asestándole a su madre heridas con un arma blanca cuchillo, por lo que tomó una silla para tirársela pero no le dio tiempo ya que de inmediato recibió de parte de su pareja sentimental Amado Josué Funes Romero varias heridas en su cuerpo con la misma arma blanca cuchillo y una ves ejecutada dicha acción se apoderó de un teléfono celular y de una cadena de plata propiedad de la señora Rosaidalia Reyes Peña SEGUNDO: Las hoy victimas Luciana Peña y Rosaidalia Reyes Peña, ya heridas son transportadas en un automóvil al hospital Santa Bárbara Integrado, de la ciudad de Santa Bárbara, falleciendo en el camino la señora Luciana Peña y como consecuencia de las heridas en su cuerpo y después de haber recibido tratamiento medico, también muere ya en fecha dieciocho del mes marzo del año dos mil quince en el municipio de el Nispero departamento de Santa Bárbara, la joven Rosaidalia Reyes Peña.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogado Bladimir Alexander Duarte Perez en su condición de defensor privado de Amado Josue Funes Romero, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “ PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY El Tribunal de Sentencia de este Departamento de Santa bárbara, en la Sentencia Condenatoria dictada en fecha Veinte (20) de Marzo del presente año Dos Mil Diecinueve (2019) contra de mi representado AMADO JOSUÉ FÚNEZ ROMERO, a cometió Infracción de Ley por aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en el artículo 118 del Código Penal Vigente en la sentencia definitiva, INFRINGIENDO UN PRECEPTO PENAL. Vicio que lo hizo violentar lineamientos de la ley vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: "El precepto autorizante lo constituye el artículo número 360 del Código Procesal Penal". CONCEPTO DE LA INFRACCION: La norma sustantiva infringida es el artículo 118 del Código Penal Vigente, por aplicación indebida en la Sentencia recurrida; El Artículo 118 del Código Penal establece lo siguiente: "Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. (Lo negrito y subrayado es nuestro). El Tribunal de Sentencias de Santa Bárbara, declara como hecho probado lo siguiente: "...PRIMERO: En fecha Veintiséis de Febrero del año dos mil quince, siendo entre las diez y once de la noche, el hoy imputado Amado Josué Fúnez Romero, se encontraba departiendo bebidas alcohólicas con la señora Luciana Peña y otro, en el interior de la casa de habitación de ésta (Luciana Peña) ubicada en el barrio Ebenezer del Municipio de El Níspero, Departamento de Santa Bárbara, cuando sin mediar palabra y sin motivo aparente alguno, haciendo uso de arma blanca cuchillo. Amado Josué Fúnez Romera, le asesto varias heridas en el cuerpo de la señora Luciana Peña, quien comenzó a pedir auxilio, siendo escuchada por su hija la Joven Rosaidalia Reyes Peña quien ya se encontraba descansando en su cuarto de habitación y al llegar a la sala observo que el hoy imputado Amado Josué Fúnez Romero, estaba asestándole a su madre heridas con una arma blanca cuchillo, por lo que tomo una silla para tirársela pero no le dio tiempo ya que de inmediato recibió de su pareja sentimental (Lo subrayado es nuestro) Amado Josué Fúnez Romero, varias heridas en su cuerpo con la misma arma blanca cuchillo y una vez ejecutada dicha acción se apodero de un teléfono celular y de una cadena de plata propiedad de la señora Rosaidalia Reyes Peña. SEGUNDO: Las hoy victimas Luciana Peña y Rosaidalia Reyes Peña, ya heridas son transportadas en un automóvil al hospital Santa Bárbara Integrado de la ciudad de Santa Bárbara, falleciendo en el camino la señora Luciana Peña y como consecuencias de las heridas en su cuerpo y después de haber recibido tratamiento médico, también muere ya en fecha dieciocho del mes de marzo del año dos mil quince en el municipio de el níspero departamento de Santa Bárbara, la joven Rosaidalia Reyes Peña..." El Tribunal de Sentencias de este Departamento de Santa Bárbara declara expresa y terminantemente probado que mi representado AMADO JOSUÉ FÚNEZ ROMERO es pareja sentimental de la victima ROSAIDALIA REYES PEÑA, pero en ningún momento declara como hecho probado que entre mi representado y la victima ROSAIDALIA REYES PEÑA, al momento de acaecido los hechos estaban sosteniendo una relación o vida marital, y llegan a la conclusión de que es pareja sentimental, valorando el testimonio de dos testigos protegido con las claves JAGUAR 2017, y OSO 2017, pero al darle íntegramente lectura al testimonio de estos dos testigos en ningún momento refieren que entre mi representado y la victima Rosaidalia Reyes Peña existiera al momento de los hechos una actual relación sentimental, o como lo exige el artículo 118 del Código Penal una relación o vida marital. Veamos que dijo la testigo de referencia JAGUAR 2017, en su testimonio: en primer lugar este testigo en su deposición inicial jamás refiere que entre mi representado y la victima Rosaidalia Reyes Peña existiera una relación marital, es hasta que es interrogada por el fiscal que hace referencia a algunas circunstancias que no se subsumen ni se pueden considerar en una actual relación marital. veamos que dijo: preguntas de la fiscal: ¿Con quien vivía? Responde: Que Amado tuvo una niña y Murió. No conforme la fiscal con esa respuesta vuelve a preguntar: ¿Quiénes Vivian? Responde: Solo ellas dos y testigo Oso. Pregunta ¿Qué donde vivía Amadito? Responde: Al frente de ellos. Pregunta: ¿de quienes? Responde: De doña Chinda. Pregunta: ¿Cuánto tiempo estuvo Rosaidalia y Amadito? Responde: A lo mas dos años. Pregunta: ¿Qué paso con esta niña? Responde: La niña nació enferma y le duro 73 días. Pregunta: ¿Cómo era la relación de Amadito y Rosita? Responde: Por épocas se maltrataba uno y el otro, ia maltrataba, le rodeaba la casa, que el siempre llegaba a ia casa. Pregunta: ¿Con que frecuencia de doña Chinda? Responde: Era una amistad. que entre uno y otro se prestaban dinero. Ahora veamos o démosle lectura a lo narrado por el testigo OSO 2017 en su testimonio inicial, antes de ser interrogados, al igual que el testigo anterior no deponen que entre mi representado y la victima Rosaidalia existiera al momento de los hechos una relación marital, También es hasta que es preguntado por el fiscal que refiere circunstancias que dejan claramente establecido sin duda alguna, que entre mi representado y la victima Rosaidalia Reyes Peña no existía al momento de los hechos una relación marital. Estas son las preguntas y respuestas que dio al momento de ser interrogado: Preguntas del fiscal: Pregunta: Que era Amadito de Rosaidalia? Responde: Novios. Pregunta: ¿Qué sabes si habían tenido hijos? Responde: Si. Pregunta: ¿Cuántos? Responde: Uno. Pregunta: ¿Y que era? Responde: Niña. Pregunta: ¿Donde Vivía Amadito? Responde: Al Frente de nosotros. Pregunta: Cada una cuanto llegada a visitar Amadito a Rosaidalia? Responde: Todos los días. Luego la defensa interroga a este testigo y le hace las siguientes preguntas: Pregunta: ¿Qué Amadito vivía en frente? Responde: Si. Pregunta: ¿Que Amadito no vivía con Rosaidalla? Responde: No. Estos son los testimonios en los cuales el Tribunal de Sentencias se basa para considerar que entre mi representado y la víctima Rosaidalia Reyes Peña existía al momento de los trágicos hechos UNA VIDA MARITAL y por ello alejándose de una sana valoración subsume los hechos en el delito de PARRICIDIO en perjuicio de ROSAIDALIA REYES PEÑA. De los testimonios de estos dos testigos JAGUAR 2017 y OSO 2017, queda claramente establecido que al momento de los hechos entre mi representado y la victima ROSAIDALIA REYES PEÑA, NO EXISTIA UNA VIDA MARITAL, pues ninguno de ellos manifestó tal circunstancia y por el contrario confirman que mi representado no vivia con Rosaidalla Reyes Peña, pues afirman que el imputado vivía en frente de la casa de las ofendidas y afirman que las únicas personas que Vivian en la casa donde sucedieron los hechos eran las ofendías Luciana Peña, Rosaidalia Reyes Peña y el testigo OSO 2017, es más afirman que la relación que existían entre ellos era una relación amigable y comercial pues se prestaban dinero; es más el testigo OSO 2017 testigo de convivía con las ofendidas al ser interrogado por última vez por la defensa este fue contundente al afirmar que Amadito no vivía con Rosaidalia. Sabido es, que la presunción constitucional de inocencia apriorísticamente asiste a toda persona que sea objeto de imputación, solamente puede ser desechada cuando en el proceso judicial se ha cosechado la actividad probatoria, legalmente generada y obtenida y de corte inequívocamente incriminador. Nuestra Código Procesal contempla en su libro 1, título VII, capítulo 1, expresa los medios de prueba de que puede valerse el Juzgador para formar su convicción, a saber, la declaración del acusado, el examen de los testigos, los dictámenes e informes periciales, la prueba documental y la inspección ocular, (a los que habría que añadir, aunque su práctica deba ser primordialmente reservada a la fase de investigación, pero podrán ser reproducidas en el Debate de Juicio Oral y Público) las llamadas pruebas pre-constituidas y la prueba anticipada. Pero como bien se sabe también, esa prueba solo restringirá la presunción de inocencia si es apreciada y valorada bajo el sistema de la Sana Crítica, que establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces. pero exige, que las conclusiones a que se llegue sean el fruto razonado de las pruebas en que se les apoye. Como demostración se inserta la hoja del acta del debate, pagina 4, donde pende el extracto de la relación de amistad solamente entre mi representado. Con esto el impetrante no pretende someter a doble juzgamiento este caso solo fija elemento que surgieron producto de los interrogatorios y contrainterrogatorios, en la producción de la prueba y que el tribunal debió apuntar y fijar en su mente. Por qué no existió otra circunstancia de forma, que le permitiera pensar en una relación marital entre la occisa y mi representado Que cuando entre estaba atacando con un puñal, que al ver la sangre la quiso defender con el sillón y no pudo. Que hizo. Que le quiso agarrar, y luego agarro a navajazos. Que Tipo de ama? Era una navaja. Que es lo que hace Amadito. Logra Rosita a pedir ayuda, que ene la calle, y logra escapar de Amadito. A quien le fue pedir ayuda?. Un muchacho amigo, le pidió ayuda, que ensangrentada, que in muchacho que las recogió a las dos, y eso no le pregunte. Que se llevo? Que sólo le marco el teléfono y de quien era este teléfono- De Rosidalia. Que otra pertenencia. Una cadena que andaba colgando doña Chinda. De quien era la andena?. De dofia Chinda. Que le habla visto? Si. En que parto?. En el cuello la colgaba. Que si los doctores que le iban a operar porque ro le puedo?. Porque la estaba traspasada, que el puñal le llego hasta los intestinos. Que eran once?. Si. Que había? Tres sillones de hule, una división y al tela. Qua donde vivia Amadito?. Al frente de ellos. De quienes?. De doña Chinda. Cuanto tiempo estuvo Rosidalia y Armadito?. A lo más dos años. Que paso con esta niña?. La niña nació enferma y le duro 73 días. Que falleció la niña?. Si. Como era la relación de Amadito y Rosita?. Por épocas se maltrataba uno y el otro, la maltrataba le robaban, que él siempre llegaba a la casa. Con que frecuencia de doña Chinda?. Era una amistad, que entre uno y otro se prestaban dinero Interroga Defensa. Oh la señora Rosita como la conocía y Armadito y el Chele?. Si.- Que le manifestó que en algún momento que Gigamo se hizo esta otra persona la casa?. Si, que en los hechos, que ayudaba quererlas defender pero no pudo. Que nunca menciono el nombre?. No, sólo por el chele. Que anteriormente había ayudado?. Si, que Amadito es bien grande. Que asco a doña Chinda, que Rosita?. Que cuando lo Rosita vieron que se hizo. Que conoce el lugar?. Si. Que hay más casas cerca?. Si. Quien ella gritaron?.- Si, que a esa hora todo mundo este dormido. Sigas TESTIGIO PROTEGIDO CON CLAVE OSO-2017. Juramentado en legal y debida forma y advertida de las penas del delito del falso testimonio. Su nombre es: TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE OSO- 2017, o tiene parentesco con las partes, no tiene interés. Que el privado de dieciocho años, que las emociones. Defensa. Que no entendí que solamente excluir. 131 Tribunal do Sentencia Resuelve: Declara con lugar in solicitud que ordena que excluya los agentes de la policía, y las personas que están en sala, y el castigo que se encuentra acá en sala Interroga Fiscal.- Que paso en tu casa de habitación el día 26 de febrero del año 20157. Que Amado que me agarro la naranja, dejé la naranja, se dijo que se fuera, que le metió la navaja del bolsillo de atrás, que le dije don Amado la navaja, que no se la quiso dar, que le ensarto el cuchillo en la nuca, y de allí agarro a Rosidalia con el cuchillo. Como se llama Chinda?.- Chinda Reyna.- Conoces a Luciana Peña? Ni. Quien es el Que Taicians Peña y Chinda son las misma persona. Si. Conoces a Rosidalia? Si. Quien es ellas?- Una muchacha joven. Que es pariente suya?. Objeción es impertinente, Sa resuelve ha lugar. Que tu vivias en la casa de Rosidalia y Chinda?- Si. Como a que hora llego Amadito y el Chele?. Corno a las siete. Que estuvieron haciendo Amadito, el Chele, Chinda y Rosidalia?. Se 4 EXPRESION CONCRETA DE LA APLICACIÓN O INTERPRETACION QUE PRETENDE Que conforme a lo expresado en este PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY, se pretende y así se espera por todo lo argumentado que a través de este recurso de casacion, la Corte Suprema de Justicia, dicte sentencia en la cual case el fallo recurrido y resuelva el caso de acuerdo con la ley aplicable, al tipo penal de HOMICIDIO regulado en el articulo 116 del Codigo Penal Vigente en nuestro país” Continua Manifestando el recurrente en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO DE CASACIÓN QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Por haber dictado el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, Sentencia Condenatoria en fecha Veinte (20) de Marzo del presente año Dos Mil Diecinueve (2019), emitiendo fallo contradictorio al absolver y condenar por los mismos hechos a la misma persona. Invocando los delitos de Asesinato y el Homicidio. inobservando las reglas de la sana critica. En las leyes de la lógica jurídica de no contradicción. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 Numeral 3 del Código Procesal Penal, que consigna "Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica". CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El Tribunal de Sentencia, con sede judicial en la Ciudad de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, al momento de dictar Sentencia Definitiva en fecha Veinte (20) de Marzo del presente año Dos Mil Diecinueve (2019), en su parte dispositiva dice ABSOLVER al señor AMADO JOSUE FUNEZ ROMERO de los hechos contitutivos del Delito de ASESINATO en perjuicio de LUCIANA PEÑA Y CONDENARLO por los mismos hechos constitutivos pero por el Delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de LUCIANA PEÑA, cuando un Tribunal tiene la labor de absolver o condenar a una persona al valorar conforme a las pruebas las acciones humanas de conformidad a los hechos declarados probados y no absolver o condenar en base a las calificaciones jurídicas. Así pues, para la ley Procesal el deber de motivar la sentencia tiene como razón fundamental la de posibilitar el control de la actividad jurisdiccional, tanto por otros Tribunales mediante los recursos pertinentes, como por las partes y el resto de la sociedad. Somos testigos de la desconexión que el Tribunal tuvo entre lo que sucedió en la Audiencia propia de Debate y lo que concluye. Y nos preguntamos ¿si la fiscalía acuso a al ciudadano AMADO JOSUÉ FÚNEZ ROMERO de haberle dado muerte a la señora LUCIANA PEÑA?, ¿Cómo puede ser este absuelto de Asesinato y luego condenado por Homicidio contra la misma victima de LUCIANA PEÑA? siendo que en el presente Debate como antes apuntamos mi representado FUE JUZGADO DENTRO DE UN MISMO CUADRO FACTICO, siendo así lo correcto es que para que se ciña a la no-contradicción de la sentencia, los jueces deberían de guardar la coherencia y la derivación, como leyes lógicas con correspondencia entre la acusación y la sentencia final. Para el jurista CARLOS CLIMENT DURAN el "Control de legalidad y silogismos probatorios- cuando el juzgador examina cada uno de los medios probatorios puestos en juego por las partes contendientes efectúa un razonamiento factico o no normativo, que muchas veces se compone de varios razonamientos encadenados, con lo que adquiere así una cierta complejidad. Este examen supone la realización de un razonamiento deductivo, en el que se toman en consideración los hechos expuestos por el correspondiente medio probatorio (manifestación de un testigo, confesión de la parte, contenido de un documento, etc.), y son puestos en relación con una determinada máxima de la experiencia, Illegándose a determinar así si tales hechos (los afirmados por el testigo o por la propia parte, o los recogidos en el documento aportados a efecto probatorio) han sucedido o no han sucedida en realidad, es decir, si son o no son susceptibles de ser creídos en atención a su verosimilitud a a su falta de verosimilitud con lo que se llega a la conclusión correspondiente sobre el valor que debe dársele a la información suministrada por tal medio probatorio.... La lógica formal es la que rige el desarrollo de estos razonamientos facticos deductivos, por lo que es una operación de lógica vertical. Junto a esto la fijación de los hechos y de las máximas de la experiencia correspondientes que actúan a modo de premisa menor y mayor, significa o puede significar una discusión al respecto entre las partes litigantes y la toma de una decisión por el juzgador sobre los puntos discutidos. La lógica aplicada entra ahora en juego, tratándose de una operación de lógica horizontal. " Señores Magistrados de la Sala de lo Penal, el punto medular en los delitos contra la vida, es que se discute la condición del sujeto activo en la comisión del mismo, pues si existe una condición especial los jueces lo tendrán en cuanta al momento de razonar su fallo, en el caso que nos ocupa, si analizamos la sentencia definitiva pronunciada el razonamiento de los jueces fluye en un mar de inseguridad e incertidumbre, que convierte su razonamiento en contradictorio, ya que primero. dicen: -absuelve al imputado de los hechos del delito de asesinato--; Luego dice nuevamente: -que le condena por los hechos constitutivos de homicidio pero ambos en perjuicio de una misma persona.- En ese orden de ideas, tal cual lo ordena el articulo 336, 337 y 338 parte quinta del Código Procesal Penal, la sentencia pronunciada debe contener (so pena de ser declarado procedente el recurso de casación por contener una motivación jurídica y fáctica contradictoria por quebrantamiento de forma), un pronunciamiento que debe tener como atributo indispensable que los enunciados o composición de declaración de hechos probados, valoración de la prueba, fundamentación jurídica y su parte resolutiva amen de ser armónica y conjuntamente reflexionados, no sean contradictorios en su términos, es decir, que no se antepongan proposiciones negativas y afirmativas imposibles de conciliar en razón de no poder ser ellas verdaderas y falsas a un mismo tiempo; Como acontece en el caso que nos ocupa, el hecho de que el tribunal de sentencia, se contradiga abiertamente en su declaración de hechos, valoración de la prueba. fundamentación jurídica y de remate con su parte resolutiva, pues declara dos pensamientos de contenido diverso y contrapuesto, al absolver y condenar al imputado por unos mismos hechos, esto hace imposible a un ser humano racional poder conciliar o por consiguiente poder descifrar el fallo definitivo pronunciado, porque si se acepta uno de ellos, los otros que lo niegan deben desaparecer, con lo cual se rompe la unidad e integridad de la Motivación de la Sentencia definitiva como lo ordena el articulo 141, 336 y 338 del Código Procesal Penal, y se fiene como consecuencia inevitable que el Tribunal de Sentencia no pueda demostrar que exista una decisión asumida bajo el correcto entendimiento. humano que le exige el articulo 90 constitucional sobre el Debido Proceso; en relación con el artículo 202 del Código Procesal Penal que literalmente dice: Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida y obviamente su pronunciamiento contentivo de la sentencia definitiva dictada contra mi representado AMADO JOSUE FUNEZ ROMERO por el delito de parricidio carece de base y fundamento en que apoyarse. Señores Magistrados, la Corte Suprema de Justicia ha establecido en abundante Doctrina legal, que se viola este principio lógico de no contradicción cuando: "... Esta Sala de lo Penal, considera importante recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé "el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes...3) Que..en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica..". Ei proceso lógico seguido por ei Juez en su razonamiento al efectuar la valoración de las pruebas está sujeto al control a través del examen casacional. El Tribunal de Casación, en consecuencia, realiza un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal, salvaguardando de ese modo la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria. Ello comporta que siendo libre (y por lo tanto no sujeto a la prueba tasada) el Tribunal sentenciador en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, porque por mor del principio de inmediación sólo él las ha tenido ante sí, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir, someterse a las reglas que gobieman el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de ia sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de la psicología y las máximas de la experiencia. En este último caso, por ejemplo, el Juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común cuando se basa en razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de una actividad humana o de un fenómeno natural. En este sentido, el universo de las posibles hipótesis en que se dé un quebranto de este tipo es infinito, a los ejemplos ya clásicos que proporciona la doctrina tradicional, como el cuchillo que no puede atravesar una pared de concreto o bien el líquido que necesariamente fluye, etc.., la vida y la realidad cotidianas agregan innumerables posibilidades. El límite de las reglas de la experiencia está en los conocimientos técnicos especializados. En lo que concierne a las eglas de la lógica tenemos que la regla de identidad nos dice que una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Es decir, José solo puede ser José y no Juan. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, un argumento "X" solo puede ser "X". No podría por ejemplo una sentencia decir en una parte que se absuelve bajo la certeza de la inocencia, para afirmar más adelante que se absuelve por duda, porque viola el principio de identidad (en lo que interesa al Ministerio Público), pues estaría diciendo que "A" es "B". Diría que la certeza de la inocencia es la duda de la culpabilidad, y eso viola el principio de identidad. El principio de contradicción nos dice que una persona a cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea el tribunal no puede aseverar algo y luego desvirtuario, porque solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Y el principio de tercero excluido nos dice que de dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa. A contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera. En cuanto a las reglas de la psicología, éstas no están referidas a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino a mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general básica, etc. Eso tiene que incluirse en el fallo al hacer la valoración. Podría ser que diga el tribunal, que no se cree al testigo porque se puso nervioso (más de lo normal), o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. Naturalmente que esta consignación en la sentencia cierra normalmente la posibilidad de alegar un vicio, porque al no existir inmediación en la casación no se puede controlar estos aspectos..." (No. 332-2008.) "....Esta Sala de lo Penal observa que en el presente caso, el recurrente ataca la valoración de la prueba por la vía de la infracción de la norma constitucional relativa al debido proceso. Por Debido Proceso, debe entenderse, que para determinar si una persona es culpable o no de un ilícito, es necesaria la superación de distintas etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia Penal debe contener ciertas garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de Defensa. Se trata de garantizar que no se prive a ningún individuo de la oportuna tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, en base a un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el Debido proceso encierra todas las Garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como: 1) Que el hecho motivo del proceso este tipificado como delito o falta; 2. La Prohibición de detención arbitraria, que nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida mas de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3.Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa: 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales: 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el Juez en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. Como se aprecia, el motivo de casación invocado por el recurrente consiste en una aparente violación de las reglas de la sana crítica, al no haberse ajustado a las mismas el Tribunal Sentenciadar al momento de valorar las pruebas. Para determinar si se ha producido o no tal infracción, el Tribunal de Casación debe verificar si en la fundamentación de la sentencia se han observado las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia. La motivación es una operación lógica fundada en la certeza y el Juez debe observar los principios lógicos supremos o "leyes supremas del pensamiento" que gobiernan la elaboración de los juicios y dan base cierta para determinar cuáles son necesariamente verdaderos o falsos. Estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Se entiende por coherencia de los pensamientos la concordancia o conveniencia entre sus elementos, y por derivación, el que cada pensamiento que provenga de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado sino el punto de partida para otros. De la ley fundamental de coherencia se deducen los principios formales del pensamiento, a saber: a) de identidad: cuando en un juicio el concepto-sujeto es idéntico total o parcialmente- al concepto predicado, el juicio necesariamente es verdadero, Couture expone que nadie dudaría del error lógico de una sentencia en la cual se razonara de la siguiente manera: los testigos declaran que presenciaron un préstamo en monedas de oro; como las monedas de oro son iguales a las monedas de plata, condeno a devolver monedas de plata. Evidentemente, se ha infringido el principio lógico de identidad, según el cual una cosa solo es igual a sí misma. Las monedas de oro solo son iguales a las monedas de oro, y no a las monedas de plata. b) de contradicción: dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente, no pueden ser ambos verdaderos, Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, bajo el mismo aspecto. Ejemplo: No es posible que en un mismo instante llueva y no llueva (en el mismo lugar).c) del tercero excluído: dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no pueden ser ambos falsos, es decir, una de ellos es verdadero y ninguno otro es posible, (si una cosa únicamente puede ser explicada dentro de una de dos proposiciones alternativas, su causa no puede residir en una tercera proposición ajena a las dos precedentes) Así por ejemplo se afectaría este principio, si se valora un medio probatorio que antes fue desechado por estimárselo impertinente.- A su vez de la ley de la derivación se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad. Todas estas exigencias vienen a reunirse en la práctica, en la regia de la no contradictoriedad, que es la de más habitual aplicación. La contradicción se produce toda vez que dos juicios se anulan entre sí, por haberse violado los mencionados principios de identidad, de contradicción o tercero excluido. La motivación de la sentencia debe ser derivada, es decir, debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual ei razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando, a la vez que de los principios de la psicología. En este sentido, la motivación debe ser adecuada a las normas de la psicología y la experiencia común. En cuanto a las leyes de la psicología considerada como ciencia empírica del pensamiento, el juez tiene el deber de aplicarlas en la valoración de las pruebas. Si el juez afirmara por ejemplo que cree más a un testigo por ser rubio y menos a otro por ser moreno, incurriría en una valoración arbitraria de la fuente de convencimiento, desconociendo la psicología. Pero será suficiente que el juez se apoye "en la mayor apariencia de sinceridad" de un testigo con relación a otro, porque en este caso aquella resulta aplicada. En cuanto a las llamadas normas de la experiencia, son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. La sentencia que razona en contra de esas máximas o se funda en pretendidas máximas de la experiencia inexistentes, contiene un vicio indudable en su motivación, que será controlable en casación. La motivación, pues, será falsa cuando una de sus premisas esté constituida por un hecho no cierto, incompatible con la experiencia misma, como por ejemplo si se admite que se puede atravesar una pared de cemento con un cuchillo; o incompleta, si una de las premisas está dada por un hecho que se pretende de la experiencia común, cuando en realidad exige una demostración particular sustentada en las pruebas, como si, por ejemplo, se atribuyen a ciertas enfermedades determinados efectos, prescindiendo del dictamen pericial (vid. DE LA RUA, FERNANDO, "La Casación Penal", Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1994, págs. 153 y ss) (S.P.36-08). "..Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del Juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una-razón adecuada para pretender ser estatuto de verdad. La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer-excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el Juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando.". Para ello, la motivación debe ser concordante: a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Cuando se pide que una sentencia sea motivada bajo la lógica, como regia de la sana critica, es porque se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, es porque, se entiende que el razonamiento de los Jueces de Sentencia. debe estar constituido por deducciones razonables originadas, formadas y concluidas de las pruebas, es decir, que cualquier afirmación o proposición que acredite la existencia o no de un hecho, tiene que estar fundamentada en las pruebas, por eso este principio de razón suficiente se entiende como la forma lógica del razonamiento humano; "que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo...". (Recurso de Casación SP 60-2013) "...Todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla lógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir, que a cada conclusión afirmada a negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el principio de razón suficiente se entiende "que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo..." (Recurso de casación SP-311-2012). Para finalizar señores Magistrados, según la abundante Doctrina hondureña citada y lo que preceptúa nuestra legislación vigente, se reputa que una Sentencia judicial es falsa o inexistente cuando en su motivación judicial, se envuelven a un mismo tiempo afirmaciones y negaciones de responsabilidad del acusado, porque un caso típico en esta materia de violación al principio lógico de no contradicción, es en aquel donde un Tribunal de Sentencia en una de sus partes acepta responsabilidad del imputado, y luego irresponsablemente niega tal responsabilidad, y véase que en el caso que nos ocupa: no cabe duda que la sentencia judicial contiene proposiciones afirmativas, luego negativas de responsabilidad, lo cual hace que el razonamiento o reflexiones emitidas por el Tribunal de Sentencia sean imposibles de conciliar pues un acusado como lo es el Imputado AMADO JOSUE FUNEZ ROMERO no puede ser a un mismo tiempo. responsable de la comisión de unos mismos hechos de haberle dado muerte a LUCIANA PEÑA, y no responsable de esos mismos hechos, luego no ser responsable de los hechos constitutivos de ASESINATO y luego ser responsable por esos mismos hechos del delito de HOMICIDIO, necesariamente una de las tales proposiciones deben ser verdadera y las otra falsa, pues no pueden ser verdaderas y falsas al mismo tiempo, es decir, a la misma vez. La situación que efectivamente se presenta es que el Tribunal de Sentencia desconoce lo que constituye el Principio De Congruencia De Acusación con Sentencia establecido en el artículo 337 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 337. Congruencia de la sentencia con la acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta o en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. Si el tribunal considera que el hecho enjuiciado es constitutivo de falta, podrá apreciarlo así en su sentencia sin perder su competencia para el enjuiciamiento del caso. Bajo este principio los jueces de sentencia están facultados a fijar su fallo en armonía y acorde a sus facultades constitucionales, en consecuencia, solo procedía emitir su decisión en un sentido y no en dos, o que es lo mismo, solo provenía emitir en la parte resolutiva de su sentencia definitiva una decisión de culpabilidad o no culpabilidad sobre unos mismos hechos, porque son estos los sometidos a debate en juicio oral y público para determinar si el imputado los cometió o no, la calificación jurídica, nunca está sometida a juicio, sino que es una atribución otorgada por el legislador a los jueces y magistrados para que en base al principio IURA NOVIT CURIA subsuman esos hechos a la calificación jurídica y juzguen y ejecuten lo juzgado, por lo que resulta contradictorio absolver y condenar al mismo imputado, sobre unos mismos hechos, sobre una misma victima y con una mismas pruebas etc., porque el Tribunal de Sentencia no lo subsume en un delito, porque considera que se subsume es otro menos gravoso. Articulo 338 del Código Procesal Penal. requisitos de la sentencia. "...QUINTA: En la parte resolutiva, se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción..." Véase como lo comprende nuestra jurisprudencia: Jurisprudencia de la Corte suprema de Justicia. Recurso de Casación Penal No. 257-2009. "CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA CON LA ACUSACIÓN. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean descritas en la formalización de la acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura de juicio o, en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas. [...]" Recurso de Casación Penal No. 257-2009. EXPRESION CONCRETA DE LA APLICACIÓN O INTERPRETACION QUE PRETENDE Que conforme a lo expresado en este SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, se pretende y así se espera por todo lo argumentado que a través de este recurso de casación, la Corte Suprema de Justicia, dicte sentencia en la cual declare procedente y en su sentencia anule el fallo recurrido y los actos realizados de modo irregular y qu ordene la devolución de los antecedentes al respectivo tribunal de sentencias del Departamento de Santa Bárbara, para que sea substanciado nuevamente el juicio en la cual no podrán participar los mismos jueces que intervinieron en la sentencia anulada.” Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Esta Sala de lo Penal observa, que el primer y segundo motivo de casación por infracción de ley interpuestos por el recurrente se encuentran íntimamente relacionados al denunciar la aplicación indebida y la falta de aplicación de una norma sustantiva en relación a los hechos probados, por lo que, para salvaguardar la coherencia de la sentencia penal se dará respuesta a ambos motivos en un mismo apartado. Único Motivo (Denominado por el recurrente primer motivo) • Norma autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 118 del Código Penal. • Concepto de la infracción: Aplicación indebida del delito de parricidio • Pretensión: que se emita sentencia por homicidio. Explicó el recurrente que la incorrecta interpretación de la norma penal es el artículo 118 del Código Penal, por lo que debió acreditarse mediante pruebas fehacientes e irrefutables la que su representado Amado Josie Funes Romero era la pareja sentimental de la víctima Rosaidalia Reyes Peña; por lo que no existía tal relación sentimental entre víctima y acusado, pero en el presente caso jamás se acreditó tal circunstancia, razón por la cual el tipo penal no encaja en el delito de parricidio. Del Delito de Parricidio. El artículo 118 del Código Penal hondureño prescribe: Es reo de parricidio quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión. Respecto a la sustantividad, suele reconocerse mayoritariamente que se trata de un delito autónomo, al igual que el asesinato, no sólo en atención a la distinta denominación que el propio Código le da (aun incluyéndolo en el mismo capítulo y bajo la rúbrica común de «homicidio»), sino por tener un diferente contenido de injusto y un distinto desvalor de la acción, además de existir también argumentos criminológicos y de política criminal para considerar esa autonomía. No se trata, por tanto, de un homicidio agravado, sino de un delito distinto, en el que la relación de parentesco es un elemento típico y no una agravante, con la repercusión que ello tiene en orden al error y a la teoría de la participación. Además, su penalidad es superior incluso a la prevista para el delito de asesinato (salvo, como se ha visto, al que se cometa mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria). Por consiguiente, si se causa dolosamente la muerte de uno de los familiares a que alude el artículo 118, pero concurriendo alguna de las circunstancias del asesinato, habrá de aplicarse el principio de especialidad –conforme a las normas sobre concurso de leyes del artículo 2.A.1) del propio Código Penal– y calificar los hechos como parricidio con la agravante genérica que corresponda dentro del catálogo del artículo 27. Las principales cuestiones que suscita este delito, (prescindiendo de las que son comunes al homicidio y que ya hemos analizado), podemos sintetizarlas en los siguientes puntos: A) Los sujetos: al ser la relación familiar un elemento del tipo, no cabe aplicar además la circunstancia agravante genérica del artículo 27.23) del CP. a) Ascendientes y descendientes. Hay que entender incluidos en este parentesco a los que lo sean tanto por consanguinidad como por adopción (aunque el Código no lo señale expresamente), siendo indiferente además que el parentesco sea matrimonial o extramatrimonial. No se aplica, sin embargo, en los casos de hijastros; es decir, en los casos en que el autor no haya adoptado legalmente al hijo del cónyuge. b) Cónyuge. En cuanto al vínculo conyugal, éste se mantiene evidentemente en los casos de separación, pero no en los de nulidad o divorcio (art. 140.3 y 4 del CC). Si los hechos se producen una vez decretada la nulidad o el divorcio, habrá que acudir a la figura del homicidio o, en su caso, al asesinato. Ahora bien, si se declara la nulidad del matrimonio con posterioridad a los hechos, resultará que, para el mundo jurídico, nunca existió el vínculo matrimonial. Hay que valorar entonces dos posibilidades: Una, que pese a la nulidad e inexistencia del vínculo, cuando sucedieron los hechos convivieran maritalmente el agresor y su víctima, de suerte que, en ese caso, carecería de importancia el hecho de la existencia o no del vínculo puesto que el cónyuge queda expresamente equiparado por el Código Penal a la persona con quien se convive maritalmente. La otra posibilidad es que el matrimonio no conviviera maritalmente cuando sucedieron los hechos y, con posterioridad, se decretase la nulidad del matrimonio; en tal caso, debería revisarse la sentencia penal pues ni existiría al momento de los hechos un vínculo conyugal ni tampoco una situación asimilable de convivencia marital. Si lo que se produce con posterioridad a los hechos es el divorcio, resultará irrelevante ya que, al momento de comisión de los mismos, existía el vínculo matrimonial. Por lo demás, queda equiparado expresamente al cónyuge la persona con quien se convive maritalmente. La razón fundamentadora del tipo, no se encuentra en la concurrencia formal de un vínculo conyugal, sino en la realidad subyacente, de manera que, en la misma forma que el artículo 118 del Código Penal extiende el tipo del parricidio a quien dé muerte a la «persona con quien hace vida marital», aunque no exista legalmente vínculo matrimonial, debe entenderse excluido en aquellos casos en que la relación conyugal no subsiste más que de modo formal por encontrarse los esposos separados, de hecho o de derecho, de forma prolongada o por haber desparecido el afecto marital. Para la apreciación de este elemento del tipo ha de estarse a si la relación matrimonial (o marital) realmente sigue viva o, por el contrario, está efectiva y manifiestamente destruida. En esta línea, el Tribunal Supremo español ha huido de aplicar el vínculo conyugal de forma automática, haciéndolo mediante una interpretación teleológica o finalista, válida también para lo que ha de entenderse como «hacer vida marital». Se centra, sobre todo, en la existencia de affectio maritalis o en la valoración del fondo afectivo de la relación conyugal o análoga relación de hecho, exigiendo que «a más de la relación objetiva de parentesco debe concurrir una relación de afecto personal» (STS 821/1998, de 9 de junio). Cuando se encuentra roto el vínculo afectivo con un grado importante de deterioro (incluyendo las situaciones de separación prolongada en el tiempo, aunque sea de hecho), se ha entendido que deja de existir fundamento para justificar un mayor reproche o una mayor culpabilidad en el autor, por lo que, según esta teoría, habría de acudirse a los tipos de homicidio o, en su caso, asesinato. En general se ha dicho que «la circunstancia de parentesco que nace del vínculo conyugal no subsiste cuando, aun no habiéndose disuelto legalmente el vínculo, la relación matrimonial está efectiva y manifiestamente destruida» (STS 919/1998, de 3 de julio). Pero, para que así sea, «es necesario que la ruptura de la relación conyugal tenga una proyección en aspectos tan concretos como el abandono del domicilio común por uno de los cónyuges y una cierta duración temporal de esta situación, unida a una notoria desafección sentimental» (STS 407/1996, de 11 de mayo). La dificultad, por tanto, radica en determinar la existencia o no de la afectividad. La STS 115/2000, de 10 febrero, dice así: La permanencia o ruptura de ese hilo de afectividad que une normalmente a quienes han decidido establecer un vc1q_lo matrimonial o una estable relación de hecho, plantea problemas psicológicos o emotivos de difícil plasmación en afirmaciones fácticas concretas. Para llegar a conclusiones más o menos firmes sobre este punto debemos acudir a elementos complementarios, de carácter más objetivo, que rodean a la situación de conflictividad planteada. Un dato relevante lo podemos encontrar en la suspensión de la convivencia, circunstancia que no concurre en el caso que estamos examinando. La casuística jurisprudencial nos ofrece los siguientes ejemplos: i) Se apreció que aún existía afectividad: mantenimiento de relaciones sexuales, convivencia pese a la tirantez, frecuentes discusiones, convivencia irregular, mero deterioro de las relaciones, relaciones distantes, separación de hecho desde hacía uno o dos meses. ii) Se apreció que ya no existía afectividad: enemistad, intereses contrapuestos, cese de vida en común durante años, convivencia circunstancial sin afectividad, la relación sentimental entre agresor y víctima había cesado ya, cónyuges separados legalmente que no conviven. B) La participación del extraño. El problema más polémico que plantea el parricidio es, probablemente, el de la participación criminal, cuando interviene un extraño en la comisión de este delito. ¿Cómo debe responder el extraño que participa en la acción del hijo que da muerte a su padre?; o, ¿cómo responderá el hijo que incita a un extraño para que mate a su padre? En Derecho romano dominó la tesis de Ulpiano, de la comunicabilidad del parricidio al partícipe extraño. Sin embargo, en la actualidad, es la teoría de la incomunicabilidad la que ha sido tradicionalmente seguida por el Tribunal Supremo español, y por buena parte de la doctrina española, y, sobre todo, italiana. Esta teoría considera el parentesco como una circunstancia de índole personal y subjetiva, que, en consecuencia, sólo puede agravar la responsabilidad de las personas en quienes concurra (sin perjuicio de que el extraño encubridor que comete el delito del art. 388 del Código Penal, está encubriendo realmente un delito de parricidio y no de homicidio). Para defender esta postura se alegan también razones de justicia material, que aconsejarían la ruptura del título de imputación. Así, por ejemplo, si un individuo y su esposa matan conjuntamente a la madre y hermana del primero, los hechos se calificarían imputándole a él un parricidio por la muerte de la madre y un homicidio, agravado por la circunstancia de parentesco del artículo 27.23), por la muerte de su hermana. A ella, habría que acusarla de dos homicidios con la citada agravante en ambos delitos. En suma, las relaciones familiares del delincuente con la víctima servirán para determinar la responsabilidad del culpable en quien concurran, de suerte que el extraño responderá siempre por el delito común (homicidio o, en su caso, asesinato) mientras que el pariente lo hará siempre como autor, coautor, inductor, cooperador o cómplice del delito de parricidio. De la Procedencia del Recurso. El recurso no es de recibo. Tal como lo ha establecido esta Sala de lo Penal, en el recurso de casación por infracción de ley, el recurrente debe aceptar los hechos tal cual fueron redactados por el Sentenciador, es decir nadie puede modificarlos o cuestionarlos, es lo que llamamos la intangibilidad de los hechos probados; conforme a esos hechos el Sentenciador efectúa el encuadre con la norma penal que le corresponda, de manera que entre hechos probados y norma penal utilizada exista armonía. En el presente caso los sucesos revelan que: “En fecha veintiséis de febrero del año dos mil quince, siendo entre las diez y once de la noche, el hoy imputado Amado Josué Funes Romero, se encontraba departiendo bebidas alcohólicas con la señora Luciana Peña y otro, en el interior de la casa de habitación de ésta (Luciana Peña) ubicada en el barrio Ebenezer del municipio de el Nispero, departamento de Santa Bárbara, cuando sin mediar palabra y sin motivo aparente alguno, haciendo uso de arma blanca cuchillo, Amado Josué Funes Romero le asestó varias heridas en el cuerpo de la señora Luciana Peña, quien comenzó a pedir auxilio, siendo escuchada por su hija la joven Rosaidalia Reyes Peña quien ya se encontraba descansando en su cuarto de habitación y al llegar a la sala observó que el hoy imputado Amado Josué Funes Romero estaba asestándole a su madre heridas con un arma blanca cuchillo, por lo que tomó una silla para tirársela pero no le dio tiempo ya que de inmediato recibió de parte de su pareja sentimental Amado Josué Funes Romero varias heridas en su cuerpo con la misma arma blanca cuchillo y una vez ejecutada dicha acción se apoderó de un teléfono celular y de una cadena de plata propiedad de la señora Rosaidalia Reyes Peña. Las hoy victimas Luciana Peña y Rosaidalia Reyes Peña, ya heridas son transportadas en un automóvil al hospital Santa Bárbara Integrado, de la ciudad de Santa Bárbara, falleciendo en el camino la señora Luciana Peña y como consecuencia de las heridas en su cuerpo y después de haber recibido tratamiento médico, también muere ya en fecha dieciocho del mes marzo del año dos mil quince en el municipio de el Nispero departamento de Santa Bárbara, la joven Rosaidalia Reyes Peña.” Observamos en primer lugar que los hechos relatan que entre la ofendida y el imputado existía una relación de pareja, al consignar que el señor Amado Josué Funes Romero, era la pareja sentimental de la ofendida RosaIdalia Reyes Peña, por lo que encontramos el primer elemento objetivo del tipo penal de parricidio, es decir ser la víctima cónyuge o la persona con quien hace vida marital el acusado; posteriormente revelan los hechos que la ofendida al ver que el acusado le propinaba varias heridas con arma blanca a su madre Luciana Peña, tomo una silla para repeler el ataque, sin lograrlo al ser también atacada con el arma blanca provocándole varias heridas que la condujeron a la muerte; Cumpliéndose así el segundo elemento objetivo del tipo penal de parricidio, es decir “dar muerte” lo encontramos también en los hechos, así como el elemento subjetivo de la intencionalidad o dolo; por lo que los hechos probados encajan a la perfección con la norma penal que utilizó el Juzgador, siendo coincidente con el delito de parricidio; razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c.Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo (DENOMINADO por el recurrente segundo motivo) • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: motivaciones fácticas y jurídicas son insuficientes y contradictorias o en la valoración de la prueba el Tribunal no observó las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. • Pretensión: sin determinar por el censor Explicó el recurrente que ha sido testigo de la desconexión que el Tribunal Sentenciador tuvo entre lo que sucedió en la audiencia propia de debate y lo que concluye y se pregunta si la Fiscalía acuso al ciudadano Amado Josué Funes Romero de haberle dado muerte a la señora Luciana Peña, como puede ser este absuelto del delito de asesinato y luego condenado por homicidio contra la misma víctima de Luciana Peña, siendo que en el presente debate su representado fue juzgado dentro de un mismo cuadro factico, siendo así lo correcto que para que se ciña a la no contradicción de la sentencia los jueces deberán guardar la coherencia y la derivación, como las leyes lógicas con correspondencia entre la acusación y la sentencia final. El Tribunal de Sentencia desconoce lo que constituye el principio de congruencia de la acusación con la sentencia. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e.Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Al sustentar su recurso el censor incurre en violación a la debida técnica recursiva que ampliamente se explicó en apartados anteriores; en el caso de autos plantea el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. En primer lugar, el recurrente plantea varios motivos de casación, mismo que según el artículo 363 del Código Procesal Penal debe indicarse de forma separada, precisamente para evitar confusión; en segundo lugar, lo correcto es establecer que las motivaciones fácticas y jurídicas son insuficientes, y por último establece que se violentaron las reglas de la sana crítica, pero no establece cual regla -lógica, experiencia común, psicología- considera vulnerada. Si el recurrente plantea motivación contradictoria debió enfocar su argumentación en los siguientes supuestos: • Contradicción entre la valoración probatoria y los hechos probados; es decir en este primer supuesto la contravención debe darse en el razonamiento judicial y los hechos probados, de tal forma que emite un juicio de valor que sea contradictorio con la propia relación fáctica declarada como probada.• Contradicción entre los hechos probados y la fundamentación jurídica; en este segundo supuesto se refiere a que, entre el cuadro fáctico declarado como probado por el juzgador y su fundamentación jurídica existan contradicciones, pues los hechos probados guardan una estrecha relación con la fundamentación jurídica, es decir con todas las normas penales que utilice el sentenciador para resolver el caso concreto, por ejemplo: que en los hechos probados se relate que el imputado actúa como autor pero en la fundamentación jurídica de la sentencia se le considere cómplice, en ese caso también existiría una infracción a normas sustantivas. • Si la contradicción apareciese de forma interna en la valoración de la prueba, es decir que el juzgador externe juicios de valor contrapuestos de forma tal que no es posible determinar cuál es su posición sobre determinada circunstancia, por ejemplo: que establezca que no le merecen credibilidad las declaraciones testificales de cargo, pero al final sean esas la base para dictar su fallo condenatorio. • Cuando la contradicción aparece de forma interna en la motivación jurídica, en este supuesto se refiere a que dentro de las normas que haya plasmado el sentenciador para fundamentar el fallo existan normas contradictorias, por ejemplo: que se establezca en un primer apartado que el delito es consumado, pero luego también se considere que es tentado. Lastimosamente el impetrante no refiere en absoluto a cuál contradicción se refiere, ni mucho menos a cuál regla de la sana crítica considera violentada, volviendo su impugnación confusa y falta de claridad sin posibilidades que esta Sala de Casación pueda dar respuesta a sus cuestionamientos, pues lo que efectúa son argumentos en el sentido que el Tribunal de sentencia tiene como labor absolver o condenar al valorar conforme a la pruebas las acciones conforme a los hechos: pero lo que no puede hacer el Juzgador era absolver a su representado por el delito de asesinato en perjuicio de Luciana Peña y en otro apartado de la parte resolutiva de la sentencia condenar por los mismos hechos a su representado por el delito de Homicidio en perjuicio de Luciana Peña” razonamiento que vuelve confuso el presente recurso, al no poder la Sala extraer cual es el verdadero motivo que desea exponer el recurrente; por todas estas razones es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación. Decisión Se declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo: Se declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuestos por la Defensa Privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Amado Josué Funez Romero, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor: Amado Josué Funez Romero, las siguientes penas; 1. Como autor material directo del delito de Homicidio en perjuicio de Luciana Peña una pena de 15 años de reclusión. 2. Como autor material directo del delito de Parricidio en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña una pena de 30 años de reclusión. 3. Como autor material directo del delito de Hurto en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña una pena de 2 años de reclusión. En suma, la pena concreta impuesta a los acusados es de 47 años de reclusión, de los que cumplirá solo 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de Homicidio (Art.192) tiene una pena principal de 15 a 20 años de prisión; el delito de Parricidio (Art.194) tiene una pena de 20 a 25 años de prisión; el delito de hurto Simple (Art.357.) tiene una pena de 6 meses a 2 años de prisión, cuando el valor de lo hurtado exceda de 5,000.00 lempiras. La sala hace la observación, en cuanto al delito de Hurto simple, al no estar establecido en los hechos probados la cuantía de lo hurtado, no se puede establecer si la conducta realizada por el acusado en constitutiva de delito Hurto Simple o de Faltas contra el Patrimonio, por lo que no es posible incluir la pena individualizada de 2 años para establecer el marco abstracto de penas a imponer según dispone el Código Penal, decreto 130-2017. En suma, el marco abstracto de las penas que corresponden a los delitos cometidos por el acusado, de aplicarse la nueva normativa penal, sería de 35 a 45 años de prisión, de los cuales cumpliría una pena de 40 años en aplicación al límite objetivo extraordinario, en caso de que cualquiera de las penas individualizadas supere los 20 años de prisión, o los 30 años de prisión como máximo en los casos que ninguna de las penas individualizadas no supere los 20 años. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el la pena individualizada de 45 años se encuentra dentro del margen abstracto de penas sumadas, por lo que no representa más favorable la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; no es procedente la aplicación retroactiva. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma en sus únicos motivos interpuesto por el Abogado Bladimir Alexander Duarte Perez, en su condición de defensor privado del señor Amado Josué Funes Romero, a quien se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Luciana Peña, y por los delitos de Parricidio y Hurto en perjuicio de Rosaidalia Reyes Peña. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha 20 de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodriguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiocho de julio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-446-2019.
LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ
Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal”