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Sentencia CP-42-20 — Registro 19446

Resumen

En primera instancia el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de homicidio simple, resolviendo la Sala de lo Penal No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...La Sala de lo Penal, al revisar el fallo impetrado por el recurrente verificamos que no es acertado lo manifestado, ya que los medios de prueba incorporados a juicio y valorados por los Juzgadores, mismos que se revisten de legalidad en el proceso, por haber sido obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador, el proceso de su razonamiento que le han llevado a decidir el fallo objeto de este recurso casacional; además se verifica que no es cierto que el Juzgador fundamentó la sentencia en prueba que no debió ser valorar en perjuicio de su representado propuesta por el ente acusador, basando por una parte su fallo bajo argumento que lo considera como prueba válida para condenar al acusado por el delito investigado, el cual versa en contradicciones; que del examen realizado a la sentencia recurrida verificamos que la prueba valorada por el A quo es la siguiente: 1. Declaración de Testigos, de las cuales el Tribunal extrajo la inferencias siguientes: “EI TESTIGO PROTEGIDO 1-A, quien declaró: Que el dos de Abril del año 2015. como a eso de las dos de la tarde, yo iba para arriba cuando sucedió la muerte de MARCEDONIO, y el hechor fue MARIANO ARGUETA, yo escuché tres disparos y después me di cuenta de que MARCEDONIO HERNÁNDEZ; estaba muerto, los disparos fueron por detrás ahí en una finca. A preguntas del Ministerio Público contesto: Yo vi a Macedonio que iba borracho y gritando; yo iba por una curva para arriba, Macedonio pego dos gritos, en eso salió Mariano de abajo, primero Mariano hizo dos disparos y después ya en la finca otros disparos; yo ví como de unos 20 metros de distancia yo vi que el finado se tiró por la finca de Agustín Argueta; Mariano es Alto no es gordo, calzado de barba; escuche que Mariano antes ya habían tenido problemas con Macedonio. A preguntas de la Defensa contestó: después de escuchar 2 disparos vi que Macedonio se tiró a la finca; después me di cuenta de que Macedonio había muerto. De lo expresado por el anterior testigo, este Tribunal concluye que ciertamente observó el desarrollo de los hechos investigados, toda vez que se encontraba a corta distancia y con suficiente visibilidad, extremo que se confirmó en el desarrollo de la diligencia de Reconstrucción de Hechos. EI TESTIGO PROTEGIDO 1-B, quien en tal condición declaró: Yo venía de donde mi hermano Manuel de Palo Seco, cuando venía me encontré con Macedonio, a los 5 metros encontré a un testigo y luego cuando pase una quebradita fue que escuche 2 disparos después otros 3 disparos, yo seguí caminando hacia mi casa y como a los cinco minutos me dijeron que Mariano había matado a Macedonio. A preguntas del Ministerio Público contestó: me parece que el hecho fue el 2 de abril del año 2015; yo los encontré a ellos como a las 3:00 de la tarde; a ese lugar le dicen El Encinal; al que encontré fue a Macedonio, luego al Testigo que iba atrás como a 5 metros; fueron 5 disparos los que escuche, primero 2 y después 3 disparos; a mí me habían dicho que Mariano y Macedonio si tenían problemas por un cambio de una montura que no llevaba tenedora, por un caballo; Macedonio lo vi medio tomado; yo después no vi a nadie en ese lugar. A preguntas de la Defensa contestó: El testigo iba bueno me dijo que iba a ver a un trabador, yo no se quien mato a Marcedonio. De lo expresado por el anterior testigo, fácilmente se puede deducir que esta persona no obstante haberse encontrado a las cercanías del sitio donde sucedió el hecho, dado que dice haber escuchado dos disparos, realmente no vio nada sobre el desarrollo del suceso que dio lugar a la muerte del señor Marcedonio Hernández Trejo. EI TESTIGO JOSUE CONCEPCION VÁSQUEZ CALIX: IT 0703-1993-01287, declara que en el año dos mil quince se hizo un levantamiento de cadáver, también se hizo una inspección y también se tomó declaración a unos testigos; a preguntas del Ministerio Publico tome dos declaraciones a unos testigos; un de los testigos protegidos manifestó que el día dos de abril del año 2015 había visto al señor MARIANO ARGUETA, disparar al señor MARCEDONIO HERNANDES, A pregunta de la Defensa: tome declaración a un testigo protegido que fue de referencia. conforme se desprende de lo expresado del testigo que antecede, apare que en su condición de agente de investigación practico las diligencias de investigación que a mencionado entorno al presente caso”. Se evacuó medios de Pruebas Documentales del cual el A quo hizo las siguientes inferencias: “1.- ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER (Folio 18 de la 1ª pieza de autos), es la diligencia practicada en fecha a los dos (2) días de abril del año dos mil quince (2015), en el propio lugar de los hechos, por: El señor Fiscal del Ministerio Público, la Médico Forense, y el Técnico en Investigación; quienes, encontraron el cuerpo sin vida del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, quien presentó las lesiones siguientes: Un orificio localizado a nivel de tercer arco costal derecho, producido por proyectil disparado con arma de fuego. CAUSA DE MUERTE: herida penetrante de Tórax, con lesión a órganos vitales; MANERA DE MUERTE: Homicida. Mediante esta diligencia ha quedado demostrado y descrito el lugar, la causa y manera de muerte del señor Macedonio Hernández Trejo; misma que resultó luego de haber recibido disparos producidas por arma de fuego. 2.- CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (Folio 14 de la 1ª pieza de autos), Es el documento mediante el cual se registra los siguientes datos: Nombre: MARCEDONIO HERNÁNDES TREJO; Edad: 34 años; Tarjetas de Identidad Número: 1009-1980-00223; Defunción: lugar El Encinal, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá, Honduras; fecha de Defunción: 02/04/2015; Hora 03:00 PM; permiso de Entierro: 03/04/2015; Cementerio: Municipal; Lugar: Lagunetas, Masaguara, Intibucá; Nota Marginales: Ninguna. Con el anterior documento quedo demostrado la muerte legal del mencionado señor Marcedonio Hernández Trejo. 3.- ACTA DE INSPECION OCULAR (Folio 7 de la 1ª pieza de autos). Es la diligencia practicada en fecha 25 de noviembre del año 2017, por el técnico de la escena del crimen BALTASAR CABRERA; Quien al inspeccionar el lugar donde ocurrió el hecho de me-rito, a inmediaciones de una finca de café y árboles frutales, situado en el lugar conocido como El Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, constató: la existencia de una cruz de madera en mal estado, además que el Técnico en mención mediante la toma de fotografías ilustró la panorámica de dicho lugar”; Además se evacuó medios de prueba pericial de donde los Juzgadores los siguientes razonamiento: “1.- DICTAMEN DE EXHUMACION (Folio 112 de la 2ª pieza de autos). Es la diligencia practicada en fecha 06 de Febrero del año 2018, por el Perito Oficial Doctor JUAN LEONEL CRUZ, quien al examinar el cadáver del ahora occiso Marcedonio Hernández Trejo (masculino), encontró: traumatismo torácico por proyectil de arma de fuego, con fracturas con proyección óseas hacia adentro, de la región lateral de la sexta (6ta), costilla derecha y de la región posterior de la undécima (11va) costilla derecha, se recuperaron dos (2) proyectiles a nivel de la cavidad torácica derecha, las lesiones encontradas en el ahora occiso fueron causadas por proyectiles de arma de fuego y debido al estado avanzado de la putrefacción (reducción esquelética) en la que se encontró el cadáver y el hecho de no contar con la ropa que el ahora occiso portaba al momento de su muerte, no nos podemos pronunciar en cuanto a la distancia a la que fueron hechos los disparos. CAUSA DE LA MUERTE: Herida de proyectil de arma de fuego con traumatismo torácico; MANERA DE MUERTE: Homicida. Del anterior Dictamen de Autopsia, quedan identificadas las regiones corporales afectadas por los impactos de bala disparados por arma de fuego que en vida recibió el señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, traumas que le ocasionaron la muerte, dada la vulnerabilidad de los órganos dañados, especialmente la región del tórax. En el desarrollo de la Reconstrucción de Hechos, el Dr. Cruz, ratifico el contenido de su Dictamen y la firma puesta al final de mismo Dictamen. 2.- DICTAMEN DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER (Folio 20 de la 1ª pieza de autos). es la diligencia practicada en fecha a los dos (2) días de abril del año dos mil quince (2015), por la Perito Forense Doctora. DILCIA ADILIA FLORES DEL CID, en la aldea del Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá, mediante la cual se reconoció el cuerpo sin vida del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, quien presentó la siguiente: Evidencias externas de traumas: 1) un orificio del bordes regular, con anillo de contusión y enjugamiento localizado a nivel de tercer arco costal derecho; 2) orificio de bordes regulares invertidos con anillo de enjugamiento localizados en región paravertebral izquierda a nivel de la segunda vertebra torácico; 3) excoriación lineal con disposición oblicua, localizada en la región lumbar derecha; Muestras recolectadas en la escena: cinco casquillos. CAUSA DE MUERTE PRELIMINAR: herida penetrante de Tórax, MANERA DE MUERTE: Homicida. En el desarrollo del debate, la Forense Flores Del Cid, ratificó el contenido de su dictamen y reconoció su firma puesta al final de este. Mediante la diligencia ha quedado demostrado la causa y manera de muerte del señor Macedonio Hernández Trejo, puesto que la Médico Forense en mención, ha descrito las heridas encontradas y su ubicación en cuerpo sin vida del mencionado y ahora. occiso; Además, ha señalado que los traumas fueron producidos por disparos de arma de fuego”.Que en el acápite OTROS MEDIOS DE PERUEBA del apartado de la valoración de prueba el Juzgador hace las siguientes inferencias: “1.- RECONOCIMIENTO EN RUEDA. En el desarrollo del juicio o debate se practicó la diligencia de Reconocimiento en Rueda, precisamente en el Centro Penal, de la ciudad de La Esperanza, Intibucá; en el curso de la cual, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, el TESTIGO PROTEGIDO TP-A, desde el interior de la oficina principal y a través de un vidrio polarizado, de entre una fila de al menos cinco personas reconoció al procesado MARIANO ARGUETA MARTÍNEZ, como la persona que dio muerte por disparos de arma de fuego, al señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO; extremo que el testigo actuante a pregunta del Juez Presidente de este caso, confirmo estar seguro. 2.- RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. Es la diligencia practicada por los Jueces que integran el Tribunal de Sentencia, asociados por el señor secretario de actuaciones, Ministerio Público, Defensa y demás partes intervinientes en el caso de mérito; constituidos en el lugar conocido como El Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá; precisamente sobre una calle de terracería en donde ocurrieron los hechos, en el curso de la ejecución ocurrió lo siguiente: 1) EI TESTIGO PROTEGIDO 1-A, quien en lo puntual declaro: que el día 2 de abril del año 2015, explicó que al ir caminando sobre la calle observó al ahora occiso Marcedonio Hernández Trejo que grito por tres veces, en eso fue que Mariano Argueta salió de la parte de debajo de la casa y se dirigió hacia arriba sobre el camino, y cuando el occiso iba pasando por un paso de madera, exactamente por la curva que da acceso a una propiedad plantada de café, vio a Mariano Argueta, cuando disparó al señor Marcedonio Hernández; Acto seguido el Planimetrista e Investigador Baltazar Cabrera, tomó las medidas estableciendo una distancia de 28 metros desde donde se ubicó el referido Testigo Protegido, hasta donde dijo haber visto a Mariano Argueta, luego se determinó una distancia de 11 metros desde donde el mencionado Mariano disparo hasta el punto en que se encontraba el ahora occiso Marcedonio Hernández Trejo; concluyendo que el Testigo Protegido si tuvo visibilidad clara para identificar a Mariano Argueta; 2) El TESTIGO PROTEGIDO 1-B, quien explico que en fecha 02 de abril del año 2015, iba caminando con dirección hacia debajo de la calle, precisamente por la curva de la quebrada en donde encontró al otro Testigo Protegido 1-A, en eso que escuchó unos disparos de arma de fuego; Acto seguido el mismo Planimetrista e Investigador Baltazar Cabrera toma las medidas desde donde se ubicó el referido Testigo, encontrando una distancia de 15 metros, desde la curva de calle al punto donde sucedieron los hechos, concluyendo que el TESTIGO PROTEGIDO 1-B, no tuvo visibilidad para observar el desarrollo del hecho, pero si escuchar las detonaciones de los disparos; A juicio de estos jueces lo apuntado por el TESTIGO PROTEGIDO 1-A, es creíble, dado que de acuerdo con incidencias ocurridas en la Reconstrucción de Hechos, si logró identificar plenamente al delatado MARIANO ARGUETA MARTÍNEZ, como el sujeto que haciendo uso de un arma de fuego que portaba, disparó al cuerpo del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO; Lo anterior, es coincidente con los informes que han rendido tanto por el Medico Autopsiante Dr. JUAN LEONEL CRUZ, y las mediciones que sobre las distancias realizara en mismo acto, el Planimetrista e investigador BALTAZAR CABRERA, quien, determina que el deponente en mención al encontrase a una distancia de veintiocho (28) metros en línea recta si tuvo visibilidad suficiente hacia el delatado MA-RIANO ARGUETA, El investigador CABRERA, ilustró las actuaciones de la reconstrucción, con un set de fotografías y un croquis; 2) Que el testigo El TESTIGO PRO. TEGIDO 1-B, en la misma diligencia de Reconstrucción de Hechos, explicó que únicamente escucho las detonaciones de disparos y que no observo al sospechoso”. La Sala de lo Penal verifica que lo planteado por el Censor en su escrito recursivo no ha logrado convencer con sus razonamientos en cuanto que se ha infringido la norma constitucional invocada como motivo de casación, que cada una de los medios de pruebas evacuados fueron sometidos al contradictorio, no logrando evitar el quebrantamiento del estado de inocencia después de ser evacuada toda la carga probatoria que permitió a los Jueces realizar los razonamientos propios, que los llevo a dictar un fallo condenatorio; por todas las razones anteriormente expuestas podemos concluir, que en el caso bajo examen, se constata la evacuación de prueba de cargo suficiente, practicada con arreglo a las normas procesales, sin menoscabo de los derechos fundamentales del acusado, seguida de una valoración probatoria del Tribunal de Instancia que no se presenta arbitraria o irreflexiva, y que conduce a la enervación de la presunción de inocencia que ha venido gozando el señor Mariano Argueta Martínez; y que referente a lo planteado por el impetrante en relación a que el Testigo 1-A incurrió en contradicciones en la evacuación del medio de prueba reconocimiento de persona en rueda, esta Sala no puede pronunciarse sobre el contenido, pero si verifica que en su evacuación el Tribunal de Sentencia veló por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado. A demás el Censor planteó en su recurso la contradicción entre el acta de debate y la sentencia donde quien realiza el reconocimiento es el testigo 1-A y sin embargo en el acta de la sentencia se denomina como testigo TP-A; a este efecto como se ha verificado en la redacción de la sentencia el contenido que valoró el A quo es el recibido en el juicio oral y público (F.119 y 120) en los cuales existió los principios de inmediación, contradicción y oralidad, incurriendo el Juzgador en un error material al momento de transcribir el nombre clave del testigo protegido en el fallo, siendo lo correcto Testigo Protegido 1-A, al verificarse que en todo el proceso se utilizó el número clave 1-A, lo cual no infiere para incurrir en violación al estado de inocencia del encartado; consecuentemente no se aprecia la vulneración del artículo 89 de la Constitución de la República, en virtud que el medio probatorio se realizó con los requisitos establecidos para su evacuación y posterior valoración, lo que trae como resultado la desestimación del presente motivo fundado en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación de acuerdo al Código Penal según decreto No. 144-83, se Condenó a Mariano Argueta Martínez, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Marcedonio Hernández Trejo; por ende, le impuso la pena principal de dieciséis años de reclusión. Asimismo, se le imponen las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, a Trabajos en obras Públicas y a labores dentro del Centro Penal por el tiempo de la condena. Esta Sala de lo Penal al proceder a realizar la comparativa entre ambas legislaciones de la siguiente manera: que, conforme el artículo 116 del Código Penal Decreto No. 144-83, la conducta reprochada al acusado está prevista en el nuevo Código Penal Decreto No. 130-2017, como delito de Homicidio artículo 192 cuya pena principal es de quince (15) a veinte (20) años de prisión; y siendo que la pena impuesta por este delito al condenado arriba señalado está dentro el margen abstracto de la nueva pena en razón de dicho delito, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio, conforme lo dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-42-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de junio del dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-42-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Declaró penalmente responsable a Mariano Argueta Martínez, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Marcedonio Hernández Trejo; por ende, le impuso la pena principal de dieciséis años de reclusión. Asimismo, se le imponen las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, a Trabajos en obras Públicas y a labores dentro del Centro Penal; por el tiempo de la condena. Segundo: Ordenó que Mariano Argueta Martínez, continúe cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Son partes en única instancia: El Abogado Arnaldo Alcides García en su condición de defensor público de Mariano Argueta Martínez, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: En horas de la tarde del día dos (02) del mes de abril del año dos mil quince (2015), sobre una calle de tierra situada en el lugar conocido como El Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá, el señor MARIANO ARGUETA MARTÍNEZ, haciendo uso de un arma de fuego que portaba, y sin causa justificada disparo al menos en dos ocasiones a la región torácica del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, causándole enseguida la muerte.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogado Julio Cesar Mendoza Orellana en su condición de defensor público de Mariano Argueta Martínez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Violación del artículo 89 de la Constitucional de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente." En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración del Estado de inocencia que asiste a un imputado. PRIMERO: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. En el caso que nos ocupa se ha tenido como base de la condena la declaración rendida por el testigo protegido 1-A, sin que en dicha declaración sea sustentada por ningún otro medio de prueba, es una flagrante violación al DERECHO DE INOCENCIA, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, investigando no solo las circunstancias que comprueben la acusación sino también aquellas que la eximan, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. SEGUNDO: Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de nuestro patrocinado, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración del testigo protegido 1- A; sin embargo, en un craso error en la sentencia el reconocimiento en rueda lo realizan con el testigo protegido TP-A ¿no entendemos? De esta persona no existe ninguna declaración, sin embargo esta defensa considera oportuno relacionar lo que sucedió en la audiencia del reconocimiento en rueda practicado del transcribimos lo textual del acta de debate: "...Acto seguido se procede a colocar a través de un vidrio color negro polarizado a 8 personas parecidas al señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, otorgándosele a cada uno enumeraciones del 1-8, al imputado se le dio el número 4, acto seguido se le pregunta al Testigo Protegido 1- A, quien juramentado en legal y debida e informado de las consecuencias del falso testimonio se le pregunto que cual es el numero de la persona que el nombra como el señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, identificando atreves de la ventana polarizada que es la persona que porta el número cuatro. 2.- Acto seguido se procede a descolocar a las 8 personas en un orden contrario, otorgándosele a cada uno enumeraciones del 1-8, al imputado se le dio el número 1, acto seguido se le pregunta al testigo protegido 1-A, que cual es el numero de la persona que el nombra como el señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, identificando a través de la ventana polarizada que es la persona que porta el número 4." (Lo subrayado es nuestro) Honorables Magistrados, he aquí la gran contracción en la identificación del acusado, el conocimiento que dice tener el testigo protegido estrella del ministerio público no puede de ninguna forma ser valorado en perjuicio a mi representado. TERCERO: En este sentido el fin primordial de la prueba en nuestro sistema procesal penal es llegar al establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias. No bebe otorgársele fiabilidad técnica a un reconocimiento de identidad de un sospechoso, cuando el llamado a hacer tal reconocimiento, entra en flagrantes contradicciones tal es el caso de méritos, lo que quedo transcrito en el acta de juicio oral y público, y que no fue consignado por el Tribunal en la sentencia al momento de valorar el medio de prueba reconocimiento en rueda. Consideramos que la identificación del imputado de ser tomado en cuenta como elemento de prueba en juicio esta debe ser irrefutable, que no deje lugar a ninguna duda sobre tal reconocimiento, caso contrario cualquier contradicción que surja de dicho reconocimiento este debe ser valorada en beneficio del acusado. Sin dejar de mencionar la contradicción que existe entre el acta del debate y la sentencia donde quien realiza el reconocimiento es el testigo 1-A, sin embargo en el acta de la sentencia se denomina como testigo TP-A. La conocida jurista española María Félix Tena Aragón, en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL pagina 34 inciso 7 establece: "Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida". Tal como ocurre en el caso de nuestro representado fue imposible que el testigo estrella el protegido 1-A reconociera al acusado, en el caso que nos ocupa este extremo era de gran importancia para el acusatorio, por lo que la falta de fiabilidad de este medio de prueba hace imposible para el sentenciador tener por valedera la declaración del testigo 1-A, por tanto no se vulnera el estado de inocencia del imputado, por ello los intentos del Ministerio Publico ha sido vanos y no se ha podido llegar a la verdad de los hechos, a todas luces lo que ha ocurrido en el caso de marras es imponer culpabilidad a una persona sin que exista prueba contundente en su contra. CUARTO: Honorables Magistrados es a razón de lo anterior relacionado, que consideramos que la vía de hacerle justicia a nuestro poderdante es mediante el presente recurso de casación manteniendo incólume el estado de inocencia que le asiste a nuestro representado MARIANO ARGUETA MARTINEZ.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensora Pública. Único motivo. • Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncia infringida: Artículos 89 de la Constitución de la República; • Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia; • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor; • Pretensión: Que se mantenga incólume el estado de inocencia. El Recurrente arguye en su libelo recursivo que “el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de nuestro patrocinado, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración del testigo protegido 1- A; sin embargo, en un craso error en la sentencia el reconocimiento en rueda lo realizan con el testigo protegido TP-A ¿no entendemos? De esta persona no existe ninguna declaración, sin embargo esta defensa considera oportuno relacionar lo que sucedió en la audiencia del reconocimiento en rueda practicado del transcribimos lo textual del acta de debate: "...Acto seguido se procede a colocar a través de un vidrio color negro polarizado a 8 personas parecidas al señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, otorgándosele a cada uno enumeraciones del 1-8, al imputado se le dio el número 4, acto seguido se le pregunta al Testigo Protegido 1- A, quien juramentado en legal y debida e informado de las consecuencias del falso testimonio se le pregunto que cual es el numero de la persona que el nombra como el señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, identificando atreves de la ventana polarizada que es la persona que porta el número cuatro. 2.- Acto seguido se procede a descolocar a las 8 personas en un orden contrario, otorgándosele a cada uno enumeraciones del 1-8, al imputado se le dio el número 1, acto seguido se le pregunta al testigo protegido 1-A, que cual es el numero de la persona que el nombra como el señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, identificando a través de la ventana polarizada que es la persona que porta el número 4.”, además agrega que “No bebe otorgársele fiabilidad técnica a un reconocimiento de identidad de un sospechoso, cuando el llamado a hacer tal reconocimiento, entra en flagrantes contradicciones tal es el caso de méritos, lo que quedo transcrito en el acta de juicio oral y público, y que no fue consignado por el Tribunal en la sentencia al momento de valorar el medio de prueba reconocimiento en rueda. Consideramos que la identificación del imputado de ser tomado en cuenta como elemento de prueba en juicio esta debe ser irrefutable, que no deje lugar a ninguna duda sobre tal reconocimiento, caso contrario cualquier contradicción que surja de dicho reconocimiento este debe ser valorada en beneficio del acusado”. Estado de Inocencia como derecho proclamado y reconocido, por la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y nuestra carta magna ya establece el artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” Esta Sala de lo Penal, comparte el criterio que la esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, siendo que, por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, justamente de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas y procedimientos que enmarcan el debido proceso. Se ha denunciado la violación de una garantía consignada en nuestra Carta Magna como lo es la “Presunción de Inocencia” que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por Honduras. La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. En el caso examiné, el reclamante advierte que el Tribunal de Sentencia lesionó ese derecho fundamental a su representado, al emitir un fallo condenatorio teniendo como base prueba con la concurrencia del ánimo tendencial para llegar al delito que se imputa. Del estudio realizado a la actividad recursiva el cual se fundamenta en la infracción de precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, deberá considerar: a) las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y su práctica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Del reconocimiento en rueda de personas y diligencias análogas Muchos autores han conceptualizado que es el reconocimiento, desde el punto de vista procesal, criminalístico, etc., empero para esta Sala de lo Penal merece especial atención el concepto psicológico de la diligencia, que lo define como "juicio de identidad entre una percepción presente y pasada" (Altavilla, Enrico. Psicología Giudiziaria. Edit. Torino. 1948. Pág. 516. Citado por CAFFERATA NORES, José. La Prueba… op. cit. pág. 129), por cuanto lo esencial de la diligencia es la comparación de dos imágenes: i. La primera imagen, guardada en la memoria de recognoscente, adquirida de manera previa y accidental, y que sirve de base para la comparación; ii. La segunda imagen, captada en el momento que se realiza el medio de prueba, al ponérsele a la vista del recognoscente un grupo de personas, fotografías u objetos para que determine si dentro de éste se encuentra aquella que previamente había visto. El reconocimiento puede ser: a. Según la esfera de ejecución: propios o impropios, conocidos también como mera identificación o señalamientos. b. Según el objeto de reconocimiento: personas, cosas. c. Según el método de reconocimiento: presencial, fotografía o por medio de voz. A) Reconocimiento propio Para que el reconocimiento tenga la categoría de medio de prueba, deberá de realizarse siguiendo estrictamente el protocolo reglado por el Código Procesal Penal que permita garantizar la certeza de la verificación. El Reconocimiento procederá en cualquiera de los siguientes casos: a. Dudosa identidad física de una persona: cuando la duda recaiga sobre la identidad de la persona acusada, el Tribunal Sentenciador deberá admitir este medio probatorio con el objeto de verificar que la persona que está siendo sometida al proceso sea la misma a la cual el Estado debe de imponer su poder punitivo. También el reconocimiento puede ser practicado cuando se tenga duda sobre la identidad de la víctima o de algún testigo (ya sea porque la persona niega ese carácter o porque quiere falsamente identificarse como tal), de modo de verificar que la persona que comparece al proceso es la misma que percibió el hecho con alguno o todos sus sentidos. b. Duda sobre la identificación nominal de una persona: existen casos donde se tenga certeza sobre la identidad física de una persona, pero se dude sobre su identidad nominal, ya sea porque se niegue a proporcionar sus datos personales, porque los proporcionados sean insuficientes, porque los datos proporcionados sean semejantes a otra u otras personas de manera tal que exista duda o porque se atribuya otros datos que no le pertenecen. El reconocimiento tendrá, entonces, por objeto la verificación, corrección o ampliación de la identidad de la persona, sea testigo, víctima o sospechoso, que sirva para distinguirlo de otras personas. c. Verificación de la información rendida: cuando se tenga duda de que una persona efectivamente vio o conoce a otra, puede realizarse el reconocimiento para este efecto. El acto permitirá al tribunal sentenciador adquirir la certeza de que una persona efectivamente conoce o vio a otra persona. Muchos casos se han dado en que testigos o víctimas sostienen haber visto a otra y conocer a otra sin que esto sea cierto. El desarrollo del medio de prueba se efectúa en dos etapas: i. Procedimiento previo; ii. ejecución: Como procedimiento previo se requiere la toma de la declaración testifical del recognociente, siguiendo las formalidades que establece el Código Procesal Penal para ese medio de prueba; En dicha declaración el testigo (sujeto activo del reconocimiento), deberá de dar razón de los hechos que ha presenciado y en particular: i. Aspectos sobre tiempo y lugar, distancia en que se encontraba de la escena, etc.; ii. Descripción física de la persona a reconocer: sexo, estatura, edad, físico, color de cabello, vestimenta, características particulares; iii. Conocimiento previo sobre sobre la persona y/o su personalidad: Si había visto antes, en que tiempo y por qué razón, señalando si tenía o tiene algún tipo de relación social o parental, si le ha visto personalmente o en imagen, etc. iv. Conocimiento posterior al hecho sobre la persona: si le ha vuelto a ver, personalmente o en imagen, porque razón y en qué circunstancias, y en su caso si se percató de alguna diferencia física. Este interrogatorio previo tiene como objetivo de que el sujeto activo describa las condiciones en que vio al individuo o a la imagen y la forma en que conserva el recuerdo, así como para valorar el resultado del reconocimiento, cotejando concordancias o discrepancias entre la persona reconocida y la descrita. Debido a que este interrogatorio es necesario en forma previa, el reconocimiento será siempre un medio probatorio compuesto, ya que requiere que antes de su práctica sea evacuado otro medio probatorio, en este caso el testifical o la declaración de la persona acusada, cuando sea éste el recognociente. También como procedimiento previo se requiere la elección de las personas que integraran la rueda como descartes. El Código de Rito ordena que las personas que acompañen a la que deba de ser identificada deben de poseer características físicas semejantes, a fin de que pueda darse al reconocimiento valor probatorio. No es posible, por consiguiente, formar la rueda con personas cuyas características físicas (y para algunos hasta sociales), sean dispares y que produzcan que la persona recognociente prescinda de su recuerdo para señalarla. Así entonces las vestimentas deben de ser de la misma clase y con características parecidas, empero no es procedente que vayan uniformadas, ya que puede provocar confusión en la persona recognociente. Vale preguntarse qué ocurre cuando la persona a reconocer posee una característica tan singular y rara dentro del medio social, como por ejemplo color de piel, de ojos o, más aún, que carezca de una pierna o de un ojo o que tenga alguna cicatriz. En estos casos el Tribunal muy difícilmente, por no decir imposible, podrá conseguir la colaboración de individuos con esas mismas características, además de que la exigencia que establece la ley se refiere a condiciones generales y estas características expuestas pasan a ser individualizante, objeto más bien del acto procesal. El número de personas que integran la rueda es otro aspecto que debe de tenerse en cuenta: el Código Procesal Penal no determinan el número, sin embargo, atendiendo la naturaleza de la diligencia, éste no puede ser menor de cuatro ni mayor de seis, a fin de darle mayor valor probatorio al acto, en suma, entonces, el número de personas que deben de integrar la rueda, incluyendo a la persona sometida al reconocimiento, debe de ser como mínimo cinco (05) y como máximo siete (07). Hacemos especial referencia al numeral segundo del artículo 253 del Código Procesal Penal, que establece la obligación del Juez o Tribunal de tomar las previsiones para que el imputado no se desfigure, es decir, que no realice cambios a su físico que le hagan verse diferente, ello con el propósito de que la persona recognociente pueda individualizarla conforme a la imagen mental que posea. Esto, como es obvio, no quiere decir que el Tribunal evitara que el imputado se cambie de ropa, realice aseo de su persona o que haga arreglos de presentación. En el caso de que el imputado haya realizado cambios en su persona que le hagan verse en forma distinta de cómo se veía anteriormente, es recomendable de que el reconocimiento no se efectúe en forma personal, sino que se realice de otra forma si es posible, como por ejemplo por medio de fotografía o por medio de la voz. Como procedimiento de ejecución, una vez escogidas las personas que conformaran la rueda de personas, éstas serán formadas en un semicírculo o en una fila y se invitará a la persona acusada o testigo a ser reconocido que tome la posición que prefiera; esto se hace para asegurarle al sujeto pasivo del acto que no existe instrucción alguna para que el recognociente señale a una persona conforme la posición en la rueda. Una vez conformada la rueda, se hará pasar al recognociente invitándole a observar detenidamente a la rueda de personas, luego de lo cual se le preguntará que sí reconoce a la que anteriormente había descrito. Independientemente de la respuesta se habrá realizado el reconocimiento. Recuérdese que el reconocimiento no está limitado a características físicas, por lo que podrá practicarse haciéndolo hablar, caminar, modificando la posición de las personas de la rueda, etc. El Reconocimiento podrá ser: i. Negativo, cuando la persona señale a un individuo distinto al que se suponía tenía que identificar o indique que dentro del grupo esa persona no se encuentra; ii. No concluyente: Cuando la persona señale a dos o más individuos a la vez, sin poder determinar cuál de ellos es el que vio en forma previa, o cuando se señale a una persona de manera dudosa, ejemplo cuando utiliza palabras como "creo" o "me parece"; y iii. Positivo: cuando la persona señale al individuo objeto del medio de prueba, en forma categórica y determinante; en este último caso el Código Procesal Penal dispone que se le debe de preguntar al recognociente las semejanzas y diferencias observadas a la persona que identifica con relación a la cual recuerda. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. En el caso actual y concreto, el censor del fallo arguye que el testigo protegido de cargo “1-A”, no identificó plenamente al acusado, no existe prueba suficiente para acreditar la comisión del delito y la participación del acusado en él, El reclamante advierte que el Tribunal de Sentencia lesionó el derecho fundamental a su representado, que en el caso resulta que el medio de prueba reconocimiento en rueda existió contradicciones al momento de ser evacuado, así como en la redacción de la sentencia, incorporó otro testigo que no entiende (TP-A) por no existir declaración de esta persona, por lo que no puede ser valorado en perjuicio a su representado. La Sala de lo Penal, al revisar el fallo impetrado por el recurrente verificamos que no es acertado lo manifestado, ya que los medios de prueba incorporados a juicio y valorados por los Juzgadores, mismos que se revisten de legalidad en el proceso, por haber sido obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador, el proceso de su razonamiento que le han llevado a decidir el fallo objeto de este recurso casacional; además se verifica que no es cierto que el Juzgador fundamentó la sentencia en prueba que no debió ser valorar en perjuicio de su representado propuesta por el ente acusador, basando por una parte su fallo bajo argumento que lo considera como prueba válida para condenar al acusado por el delito investigado, el cual versa en contradicciones; que del examen realizado a la sentencia recurrida verificamos que la prueba valorada por el A quo es la siguiente: 1. Declaración de Testigos, de las cuales el Tribunal extrajo la inferencias siguientes: “EI TESTIGO PROTEGIDO 1-A, quien declaró: Que el dos de Abril del año 2015. como a eso de las dos de la tarde, yo iba para arriba cuando sucedió la muerte de MARCEDONIO, y el hechor fue MARIANO ARGUETA, yo escuché tres disparos y después me di cuenta de que MARCEDONIO HERNÁNDEZ; estaba muerto, los disparos fueron por detrás ahí en una finca. A preguntas del Ministerio Público contesto: Yo vi a Macedonio que iba borracho y gritando; yo iba por una curva para arriba, Macedonio pego dos gritos, en eso salió Mariano de abajo, primero Mariano hizo dos disparos y después ya en la finca otros disparos; yo ví como de unos 20 metros de distancia yo vi que el finado se tiró por la finca de Agustín Argueta; Mariano es Alto no es gordo, calzado de barba; escuche que Mariano antes ya habían tenido problemas con Macedonio. A preguntas de la Defensa contestó: después de escuchar 2 disparos vi que Macedonio se tiró a la finca; después me di cuenta de que Macedonio había muerto. De lo expresado por el anterior testigo, este Tribunal concluye que ciertamente observó el desarrollo de los hechos investigados, toda vez que se encontraba a corta distancia y con suficiente visibilidad, extremo que se confirmó en el desarrollo de la diligencia de Reconstrucción de Hechos. EI TESTIGO PROTEGIDO 1-B, quien en tal condición declaró: Yo venía de donde mi hermano Manuel de Palo Seco, cuando venía me encontré con Macedonio, a los 5 metros encontré a un testigo y luego cuando pase una quebradita fue que escuche 2 disparos después otros 3 disparos, yo seguí caminando hacia mi casa y como a los cinco minutos me dijeron que Mariano había matado a Macedonio. A preguntas del Ministerio Público contestó: me parece que el hecho fue el 2 de abril del año 2015; yo los encontré a ellos como a las 3:00 de la tarde; a ese lugar le dicen El Encinal; al que encontré fue a Macedonio, luego al Testigo que iba atrás como a 5 metros; fueron 5 disparos los que escuche, primero 2 y después 3 disparos; a mí me habían dicho que Mariano y Macedonio si tenían problemas por un cambio de una montura que no llevaba tenedora, por un caballo; Macedonio lo vi medio tomado; yo después no vi a nadie en ese lugar. A preguntas de la Defensa contestó: El testigo iba bueno me dijo que iba a ver a un trabador, yo no se quien mato a Marcedonio. De lo expresado por el anterior testigo, fácilmente se puede deducir que esta persona no obstante haberse encontrado a las cercanías del sitio donde sucedió el hecho, dado que dice haber escuchado dos disparos, realmente no vio nada sobre el desarrollo del suceso que dio lugar a la muerte del señor Marcedonio Hernández Trejo. EI TESTIGO JOSUE CONCEPCION VÁSQUEZ CALIX: IT 0703-1993-01287, declara que en el año dos mil quince se hizo un levantamiento de cadáver, también se hizo una inspección y también se tomó declaración a unos testigos; a preguntas del Ministerio Publico tome dos declaraciones a unos testigos; un de los testigos protegidos manifestó que el día dos de abril del año 2015 había visto al señor MARIANO ARGUETA, disparar al señor MARCEDONIO HERNANDES, A pregunta de la Defensa: tome declaración a un testigo protegido que fue de referencia. conforme se desprende de lo expresado del testigo que antecede, apare que en su condición de agente de investigación practico las diligencias de investigación que a mencionado entorno al presente caso”. Se evacuó medios de Pruebas Documentales del cual el A quo hizo las siguientes inferencias: “1.- ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER (Folio 18 de la 1ª pieza de autos), es la diligencia practicada en fecha a los dos (2) días de abril del año dos mil quince (2015), en el propio lugar de los hechos, por: El señor Fiscal del Ministerio Público, la Médico Forense, y el Técnico en Investigación; quienes, encontraron el cuerpo sin vida del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, quien presentó las lesiones siguientes: Un orificio localizado a nivel de tercer arco costal derecho, producido por proyectil disparado con arma de fuego. CAUSA DE MUERTE: herida penetrante de Tórax, con lesión a órganos vitales; MANERA DE MUERTE: Homicida. Mediante esta diligencia ha quedado demostrado y descrito el lugar, la causa y manera de muerte del señor Macedonio Hernández Trejo; misma que resultó luego de haber recibido disparos producidas por arma de fuego. 2.- CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (Folio 14 de la 1ª pieza de autos), Es el documento mediante el cual se registra los siguientes datos: Nombre: MARCEDONIO HERNÁNDES TREJO; Edad: 34 años; Tarjetas de Identidad Número: 1009-1980-00223; Defunción: lugar El Encinal, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá, Honduras; fecha de Defunción: 02/04/2015; Hora 03:00 PM; permiso de Entierro: 03/04/2015; Cementerio: Municipal; Lugar: Lagunetas, Masaguara, Intibucá; Nota Marginales: Ninguna. Con el anterior documento quedo demostrado la muerte legal del mencionado señor Marcedonio Hernández Trejo. 3.- ACTA DE INSPECION OCULAR (Folio 7 de la 1ª pieza de autos). Es la diligencia practicada en fecha 25 de noviembre del año 2017, por el técnico de la escena del crimen BALTASAR CABRERA; Quien al inspeccionar el lugar donde ocurrió el hecho de me-rito, a inmediaciones de una finca de café y árboles frutales, situado en el lugar conocido como El Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, constató: la existencia de una cruz de madera en mal estado, además que el Técnico en mención mediante la toma de fotografías ilustró la panorámica de dicho lugar”; Además se evacuó medios de prueba pericial de donde los Juzgadores los siguientes razonamiento: “1.- DICTAMEN DE EXHUMACION (Folio 112 de la 2ª pieza de autos). Es la diligencia practicada en fecha 06 de Febrero del año 2018, por el Perito Oficial Doctor JUAN LEONEL CRUZ, quien al examinar el cadáver del ahora occiso Marcedonio Hernández Trejo (masculino), encontró: traumatismo torácico por proyectil de arma de fuego, con fracturas con proyección óseas hacia adentro, de la región lateral de la sexta (6ta), costilla derecha y de la región posterior de la undécima (11va) costilla derecha, se recuperaron dos (2) proyectiles a nivel de la cavidad torácica derecha, las lesiones encontradas en el ahora occiso fueron causadas por proyectiles de arma de fuego y debido al estado avanzado de la putrefacción (reducción esquelética) en la que se encontró el cadáver y el hecho de no contar con la ropa que el ahora occiso portaba al momento de su muerte, no nos podemos pronunciar en cuanto a la distancia a la que fueron hechos los disparos. CAUSA DE LA MUERTE: Herida de proyectil de arma de fuego con traumatismo torácico; MANERA DE MUERTE: Homicida. Del anterior Dictamen de Autopsia, quedan identificadas las regiones corporales afectadas por los impactos de bala disparados por arma de fuego que en vida recibió el señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, traumas que le ocasionaron la muerte, dada la vulnerabilidad de los órganos dañados, especialmente la región del tórax. En el desarrollo de la Reconstrucción de Hechos, el Dr. Cruz, ratifico el contenido de su Dictamen y la firma puesta al final de mismo Dictamen. 2.- DICTAMEN DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER (Folio 20 de la 1ª pieza de autos). es la diligencia practicada en fecha a los dos (2) días de abril del año dos mil quince (2015), por la Perito Forense Doctora. DILCIA ADILIA FLORES DEL CID, en la aldea del Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá, mediante la cual se reconoció el cuerpo sin vida del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, quien presentó la siguiente: Evidencias externas de traumas: 1) un orificio del bordes regular, con anillo de contusión y enjugamiento localizado a nivel de tercer arco costal derecho; 2) orificio de bordes regulares invertidos con anillo de enjugamiento localizados en región paravertebral izquierda a nivel de la segunda vertebra torácico; 3) excoriación lineal con disposición oblicua, localizada en la región lumbar derecha; Muestras recolectadas en la escena: cinco casquillos. CAUSA DE MUERTE PRELIMINAR: herida penetrante de Tórax, MANERA DE MUERTE: Homicida. En el desarrollo del debate, la Forense Flores Del Cid, ratificó el contenido de su dictamen y reconoció su firma puesta al final de este. Mediante la diligencia ha quedado demostrado la causa y manera de muerte del señor Macedonio Hernández Trejo, puesto que la Médico Forense en mención, ha descrito las heridas encontradas y su ubicación en cuerpo sin vida del mencionado y ahora. occiso; Además, ha señalado que los traumas fueron producidos por disparos de arma de fuego”.Que en el acápite OTROS MEDIOS DE PERUEBA del apartado de la valoración de prueba el Juzgador hace las siguientes inferencias: “1.- RECONOCIMIENTO EN RUEDA. En el desarrollo del juicio o debate se practicó la diligencia de Reconocimiento en Rueda, precisamente en el Centro Penal, de la ciudad de La Esperanza, Intibucá; en el curso de la cual, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, el TESTIGO PROTEGIDO TP-A, desde el interior de la oficina principal y a través de un vidrio polarizado, de entre una fila de al menos cinco personas reconoció al procesado MARIANO ARGUETA MARTÍNEZ, como la persona que dio muerte por disparos de arma de fuego, al señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO; extremo que el testigo actuante a pregunta del Juez Presidente de este caso, confirmo estar seguro. 2.- RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. Es la diligencia practicada por los Jueces que integran el Tribunal de Sentencia, asociados por el señor secretario de actuaciones, Ministerio Público, Defensa y demás partes intervinientes en el caso de mérito; constituidos en el lugar conocido como El Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá; precisamente sobre una calle de terracería en donde ocurrieron los hechos, en el curso de la ejecución ocurrió lo siguiente: 1) EI TESTIGO PROTEGIDO 1-A, quien en lo puntual declaro: que el día 2 de abril del año 2015, explicó que al ir caminando sobre la calle observó al ahora occiso Marcedonio Hernández Trejo que grito por tres veces, en eso fue que Mariano Argueta salió de la parte de debajo de la casa y se dirigió hacia arriba sobre el camino, y cuando el occiso iba pasando por un paso de madera, exactamente por la curva que da acceso a una propiedad plantada de café, vio a Mariano Argueta, cuando disparó al señor Marcedonio Hernández; Acto seguido el Planimetrista e Investigador Baltazar Cabrera, tomó las medidas estableciendo una distancia de 28 metros desde donde se ubicó el referido Testigo Protegido, hasta donde dijo haber visto a Mariano Argueta, luego se determinó una distancia de 11 metros desde donde el mencionado Mariano disparo hasta el punto en que se encontraba el ahora occiso Marcedonio Hernández Trejo; concluyendo que el Testigo Protegido si tuvo visibilidad clara para identificar a Mariano Argueta; 2) El TESTIGO PROTEGIDO 1-B, quien explico que en fecha 02 de abril del año 2015, iba caminando con dirección hacia debajo de la calle, precisamente por la curva de la quebrada en donde encontró al otro Testigo Protegido 1-A, en eso que escuchó unos disparos de arma de fuego; Acto seguido el mismo Planimetrista e Investigador Baltazar Cabrera toma las medidas desde donde se ubicó el referido Testigo, encontrando una distancia de 15 metros, desde la curva de calle al punto donde sucedieron los hechos, concluyendo que el TESTIGO PROTEGIDO 1-B, no tuvo visibilidad para observar el desarrollo del hecho, pero si escuchar las detonaciones de los disparos; A juicio de estos jueces lo apuntado por el TESTIGO PROTEGIDO 1-A, es creíble, dado que de acuerdo con incidencias ocurridas en la Reconstrucción de Hechos, si logró identificar plenamente al delatado MARIANO ARGUETA MARTÍNEZ, como el sujeto que haciendo uso de un arma de fuego que portaba, disparó al cuerpo del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO; Lo anterior, es coincidente con los informes que han rendido tanto por el Medico Autopsiante Dr. JUAN LEONEL CRUZ, y las mediciones que sobre las distancias realizara en mismo acto, el Planimetrista e investigador BALTAZAR CABRERA, quien, determina que el deponente en mención al encontrase a una distancia de veintiocho (28) metros en línea recta si tuvo visibilidad suficiente hacia el delatado MA-RIANO ARGUETA, El investigador CABRERA, ilustró las actuaciones de la reconstrucción, con un set de fotografías y un croquis; 2) Que el testigo El TESTIGO PRO. TEGIDO 1-B, en la misma diligencia de Reconstrucción de Hechos, explicó que únicamente escucho las detonaciones de disparos y que no observo al sospechoso”. La Sala de lo Penal verifica que lo planteado por el Censor en su escrito recursivo no ha logrado convencer con sus razonamientos en cuanto que se ha infringido la norma constitucional invocada como motivo de casación, que cada una de los medios de pruebas evacuados fueron sometidos al contradictorio, no logrando evitar el quebrantamiento del estado de inocencia después de ser evacuada toda la carga probatoria que permitió a los Jueces realizar los razonamientos propios, que los llevo a dictar un fallo condenatorio; por todas las razones anteriormente expuestas podemos concluir, que en el caso bajo examen, se constata la evacuación de prueba de cargo suficiente, practicada con arreglo a las normas procesales, sin menoscabo de los derechos fundamentales del acusado, seguida de una valoración probatoria del Tribunal de Instancia que no se presenta arbitraria o irreflexiva, y que conduce a la enervación de la presunción de inocencia que ha venido gozando el señor Mariano Argueta Martínez; y que referente a lo planteado por el impetrante en relación a que el Testigo 1-A incurrió en contradicciones en la evacuación del medio de prueba reconocimiento de persona en rueda, esta Sala no puede pronunciarse sobre el contenido, pero si verifica que en su evacuación el Tribunal de Sentencia veló por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado. A demás el Censor planteó en su recurso la contradicción entre el acta de debate y la sentencia donde quien realiza el reconocimiento es el testigo 1-A y sin embargo en el acta de la sentencia se denomina como testigo TP-A; a este efecto como se ha verificado en la redacción de la sentencia el contenido que valoró el A quo es el recibido en el juicio oral y público (F.119 y 120) en los cuales existió los principios de inmediación, contradicción y oralidad, incurriendo el Juzgador en un error material al momento de transcribir el nombre clave del testigo protegido en el fallo, siendo lo correcto Testigo Protegido 1-A, al verificarse que en todo el proceso se utilizó el número clave 1-A, lo cual no infiere para incurrir en violación al estado de inocencia del encartado; consecuentemente no se aprecia la vulneración del artículo 89 de la Constitución de la República, en virtud que el medio probatorio se realizó con los requisitos establecidos para su evacuación y posterior valoración, lo que trae como resultado la desestimación del presente motivo fundado en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De La Procedencia De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el NCP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal de ninguno de los acusados, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. D. Ponderación en el caso concreto: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación de acuerdo al Código Penal según decreto No. 144-83, se Condenó a Mariano Argueta Martínez, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Marcedonio Hernández Trejo; por ende, le impuso la pena principal de dieciséis años de reclusión. Asimismo, se le imponen las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, a Trabajos en obras Públicas y a labores dentro del Centro Penal por el tiempo de la condena. Esta Sala de lo Penal al proceder a realizar la comparativa entre ambas legislaciones de la siguiente manera: que, conforme el artículo 116 del Código Penal Decreto No. 144-83, la conducta reprochada al acusado está prevista en el nuevo Código Penal Decreto No. 130-2017, como delito de Homicidio artículo 192 cuya pena principal es de quince (15) a veinte (20) años de prisión; y siendo que la pena impuesta por este delito al condenado arriba señalado está dentro el margen abstracto de la nueva pena en razón de dicho delito, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio, conforme lo dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Julio Cesar Mendoza Orellana defensor público del Señor Mariano Argueta Martínez en el proceso que se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio Marcedonio Hernández Trejo. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Mariano Argueta Martínez, como consecuencia de lo supradicho en esta sentencia. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en esta instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. - Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-42-2020. LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-42-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de junio del dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-42-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Declaró penalmente responsable a Mariano Argueta Martínez, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Marcedonio Hernández Trejo; por ende, le impuso la pena principal de dieciséis años de reclusión. Asimismo, se le imponen las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, a Trabajos en obras Públicas y a labores dentro del Centro Penal; por el tiempo de la condena. Segundo: Ordenó que Mariano Argueta Martínez, continúe cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva. Son partes en única instancia: El Abogado Arnaldo Alcides García en su condición de defensor público de Mariano Argueta Martínez, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: En horas de la tarde del día dos (02) del mes de abril del año dos mil quince (2015), sobre una calle de tierra situada en el lugar conocido como El Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá, el señor MARIANO ARGUETA MARTÍNEZ, haciendo uso de un arma de fuego que portaba, y sin causa justificada disparo al menos en dos ocasiones a la región torácica del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, causándole enseguida la muerte.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogado Julio Cesar Mendoza Orellana en su condición de defensor público de Mariano Argueta Martínez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: Violación del artículo 89 de la Constitucional de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente." En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración del Estado de inocencia que asiste a un imputado. PRIMERO: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. En el caso que nos ocupa se ha tenido como base de la condena la declaración rendida por el testigo protegido 1-A, sin que en dicha declaración sea sustentada por ningún otro medio de prueba, es una flagrante violación al DERECHO DE INOCENCIA, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, investigando no solo las circunstancias que comprueben la acusación sino también aquellas que la eximan, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. SEGUNDO: Resulta Honorable Corte, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de nuestro patrocinado, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración del testigo protegido 1- A; sin embargo, en un craso error en la sentencia el reconocimiento en rueda lo realizan con el testigo protegido TP-A ¿no entendemos? De esta persona no existe ninguna declaración, sin embargo esta defensa considera oportuno relacionar lo que sucedió en la audiencia del reconocimiento en rueda practicado del transcribimos lo textual del acta de debate: "...Acto seguido se procede a colocar a través de un vidrio color negro polarizado a 8 personas parecidas al señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, otorgándosele a cada uno enumeraciones del 1-8, al imputado se le dio el número 4, acto seguido se le pregunta al Testigo Protegido 1- A, quien juramentado en legal y debida e informado de las consecuencias del falso testimonio se le pregunto que cual es el numero de la persona que el nombra como el señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, identificando atreves de la ventana polarizada que es la persona que porta el número cuatro. 2.- Acto seguido se procede a descolocar a las 8 personas en un orden contrario, otorgándosele a cada uno enumeraciones del 1-8, al imputado se le dio el número 1, acto seguido se le pregunta al testigo protegido 1-A, que cual es el numero de la persona que el nombra como el señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, identificando a través de la ventana polarizada que es la persona que porta el número 4." (Lo subrayado es nuestro) Honorables Magistrados, he aquí la gran contracción en la identificación del acusado, el conocimiento que dice tener el testigo protegido estrella del ministerio público no puede de ninguna forma ser valorado en perjuicio a mi representado. TERCERO: En este sentido el fin primordial de la prueba en nuestro sistema procesal penal es llegar al establecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias. No bebe otorgársele fiabilidad técnica a un reconocimiento de identidad de un sospechoso, cuando el llamado a hacer tal reconocimiento, entra en flagrantes contradicciones tal es el caso de méritos, lo que quedo transcrito en el acta de juicio oral y público, y que no fue consignado por el Tribunal en la sentencia al momento de valorar el medio de prueba reconocimiento en rueda. Consideramos que la identificación del imputado de ser tomado en cuenta como elemento de prueba en juicio esta debe ser irrefutable, que no deje lugar a ninguna duda sobre tal reconocimiento, caso contrario cualquier contradicción que surja de dicho reconocimiento este debe ser valorada en beneficio del acusado. Sin dejar de mencionar la contradicción que existe entre el acta del debate y la sentencia donde quien realiza el reconocimiento es el testigo 1-A, sin embargo en el acta de la sentencia se denomina como testigo TP-A. La conocida jurista española María Félix Tena Aragón, en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL pagina 34 inciso 7 establece: "Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida". Tal como ocurre en el caso de nuestro representado fue imposible que el testigo estrella el protegido 1-A reconociera al acusado, en el caso que nos ocupa este extremo era de gran importancia para el acusatorio, por lo que la falta de fiabilidad de este medio de prueba hace imposible para el sentenciador tener por valedera la declaración del testigo 1-A, por tanto no se vulnera el estado de inocencia del imputado, por ello los intentos del Ministerio Publico ha sido vanos y no se ha podido llegar a la verdad de los hechos, a todas luces lo que ha ocurrido en el caso de marras es imponer culpabilidad a una persona sin que exista prueba contundente en su contra. CUARTO: Honorables Magistrados es a razón de lo anterior relacionado, que consideramos que la vía de hacerle justicia a nuestro poderdante es mediante el presente recurso de casación manteniendo incólume el estado de inocencia que le asiste a nuestro representado MARIANO ARGUETA MARTINEZ.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensora Pública. Único motivo. • Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncia infringida: Artículos 89 de la Constitución de la República; • Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia; • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor; • Pretensión: Que se mantenga incólume el estado de inocencia. El Recurrente arguye en su libelo recursivo que “el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de nuestro patrocinado, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración del testigo protegido 1- A; sin embargo, en un craso error en la sentencia el reconocimiento en rueda lo realizan con el testigo protegido TP-A ¿no entendemos? De esta persona no existe ninguna declaración, sin embargo esta defensa considera oportuno relacionar lo que sucedió en la audiencia del reconocimiento en rueda practicado del transcribimos lo textual del acta de debate: "...Acto seguido se procede a colocar a través de un vidrio color negro polarizado a 8 personas parecidas al señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, otorgándosele a cada uno enumeraciones del 1-8, al imputado se le dio el número 4, acto seguido se le pregunta al Testigo Protegido 1- A, quien juramentado en legal y debida e informado de las consecuencias del falso testimonio se le pregunto que cual es el numero de la persona que el nombra como el señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, identificando atreves de la ventana polarizada que es la persona que porta el número cuatro. 2.- Acto seguido se procede a descolocar a las 8 personas en un orden contrario, otorgándosele a cada uno enumeraciones del 1-8, al imputado se le dio el número 1, acto seguido se le pregunta al testigo protegido 1-A, que cual es el numero de la persona que el nombra como el señor MARIANO ARGUETA MARTINEZ, identificando a través de la ventana polarizada que es la persona que porta el número 4.”, además agrega que “No bebe otorgársele fiabilidad técnica a un reconocimiento de identidad de un sospechoso, cuando el llamado a hacer tal reconocimiento, entra en flagrantes contradicciones tal es el caso de méritos, lo que quedo transcrito en el acta de juicio oral y público, y que no fue consignado por el Tribunal en la sentencia al momento de valorar el medio de prueba reconocimiento en rueda. Consideramos que la identificación del imputado de ser tomado en cuenta como elemento de prueba en juicio esta debe ser irrefutable, que no deje lugar a ninguna duda sobre tal reconocimiento, caso contrario cualquier contradicción que surja de dicho reconocimiento este debe ser valorada en beneficio del acusado”. Estado de Inocencia como derecho proclamado y reconocido, por la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y nuestra carta magna ya establece el artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” Esta Sala de lo Penal, comparte el criterio que la esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, siendo que, por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, justamente de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas y procedimientos que enmarcan el debido proceso. Se ha denunciado la violación de una garantía consignada en nuestra Carta Magna como lo es la “Presunción de Inocencia” que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por Honduras. La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. En el caso examiné, el reclamante advierte que el Tribunal de Sentencia lesionó ese derecho fundamental a su representado, al emitir un fallo condenatorio teniendo como base prueba con la concurrencia del ánimo tendencial para llegar al delito que se imputa. Del estudio realizado a la actividad recursiva el cual se fundamenta en la infracción de precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, deberá considerar: a) las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y su práctica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Del reconocimiento en rueda de personas y diligencias análogas Muchos autores han conceptualizado que es el reconocimiento, desde el punto de vista procesal, criminalístico, etc., empero para esta Sala de lo Penal merece especial atención el concepto psicológico de la diligencia, que lo define como "juicio de identidad entre una percepción presente y pasada" (Altavilla, Enrico. Psicología Giudiziaria. Edit. Torino. 1948. Pág. 516. Citado por CAFFERATA NORES, José. La Prueba… op. cit. pág. 129), por cuanto lo esencial de la diligencia es la comparación de dos imágenes: i. La primera imagen, guardada en la memoria de recognoscente, adquirida de manera previa y accidental, y que sirve de base para la comparación; ii. La segunda imagen, captada en el momento que se realiza el medio de prueba, al ponérsele a la vista del recognoscente un grupo de personas, fotografías u objetos para que determine si dentro de éste se encuentra aquella que previamente había visto. El reconocimiento puede ser: a. Según la esfera de ejecución: propios o impropios, conocidos también como mera identificación o señalamientos. b. Según el objeto de reconocimiento: personas, cosas. c. Según el método de reconocimiento: presencial, fotografía o por medio de voz. A) Reconocimiento propio Para que el reconocimiento tenga la categoría de medio de prueba, deberá de realizarse siguiendo estrictamente el protocolo reglado por el Código Procesal Penal que permita garantizar la certeza de la verificación. El Reconocimiento procederá en cualquiera de los siguientes casos: a. Dudosa identidad física de una persona: cuando la duda recaiga sobre la identidad de la persona acusada, el Tribunal Sentenciador deberá admitir este medio probatorio con el objeto de verificar que la persona que está siendo sometida al proceso sea la misma a la cual el Estado debe de imponer su poder punitivo. También el reconocimiento puede ser practicado cuando se tenga duda sobre la identidad de la víctima o de algún testigo (ya sea porque la persona niega ese carácter o porque quiere falsamente identificarse como tal), de modo de verificar que la persona que comparece al proceso es la misma que percibió el hecho con alguno o todos sus sentidos. b. Duda sobre la identificación nominal de una persona: existen casos donde se tenga certeza sobre la identidad física de una persona, pero se dude sobre su identidad nominal, ya sea porque se niegue a proporcionar sus datos personales, porque los proporcionados sean insuficientes, porque los datos proporcionados sean semejantes a otra u otras personas de manera tal que exista duda o porque se atribuya otros datos que no le pertenecen. El reconocimiento tendrá, entonces, por objeto la verificación, corrección o ampliación de la identidad de la persona, sea testigo, víctima o sospechoso, que sirva para distinguirlo de otras personas. c. Verificación de la información rendida: cuando se tenga duda de que una persona efectivamente vio o conoce a otra, puede realizarse el reconocimiento para este efecto. El acto permitirá al tribunal sentenciador adquirir la certeza de que una persona efectivamente conoce o vio a otra persona. Muchos casos se han dado en que testigos o víctimas sostienen haber visto a otra y conocer a otra sin que esto sea cierto. El desarrollo del medio de prueba se efectúa en dos etapas: i. Procedimiento previo; ii. ejecución: Como procedimiento previo se requiere la toma de la declaración testifical del recognociente, siguiendo las formalidades que establece el Código Procesal Penal para ese medio de prueba; En dicha declaración el testigo (sujeto activo del reconocimiento), deberá de dar razón de los hechos que ha presenciado y en particular: i. Aspectos sobre tiempo y lugar, distancia en que se encontraba de la escena, etc.; ii. Descripción física de la persona a reconocer: sexo, estatura, edad, físico, color de cabello, vestimenta, características particulares; iii. Conocimiento previo sobre sobre la persona y/o su personalidad: Si había visto antes, en que tiempo y por qué razón, señalando si tenía o tiene algún tipo de relación social o parental, si le ha visto personalmente o en imagen, etc. iv. Conocimiento posterior al hecho sobre la persona: si le ha vuelto a ver, personalmente o en imagen, porque razón y en qué circunstancias, y en su caso si se percató de alguna diferencia física. Este interrogatorio previo tiene como objetivo de que el sujeto activo describa las condiciones en que vio al individuo o a la imagen y la forma en que conserva el recuerdo, así como para valorar el resultado del reconocimiento, cotejando concordancias o discrepancias entre la persona reconocida y la descrita. Debido a que este interrogatorio es necesario en forma previa, el reconocimiento será siempre un medio probatorio compuesto, ya que requiere que antes de su práctica sea evacuado otro medio probatorio, en este caso el testifical o la declaración de la persona acusada, cuando sea éste el recognociente. También como procedimiento previo se requiere la elección de las personas que integraran la rueda como descartes. El Código de Rito ordena que las personas que acompañen a la que deba de ser identificada deben de poseer características físicas semejantes, a fin de que pueda darse al reconocimiento valor probatorio. No es posible, por consiguiente, formar la rueda con personas cuyas características físicas (y para algunos hasta sociales), sean dispares y que produzcan que la persona recognociente prescinda de su recuerdo para señalarla. Así entonces las vestimentas deben de ser de la misma clase y con características parecidas, empero no es procedente que vayan uniformadas, ya que puede provocar confusión en la persona recognociente. Vale preguntarse qué ocurre cuando la persona a reconocer posee una característica tan singular y rara dentro del medio social, como por ejemplo color de piel, de ojos o, más aún, que carezca de una pierna o de un ojo o que tenga alguna cicatriz. En estos casos el Tribunal muy difícilmente, por no decir imposible, podrá conseguir la colaboración de individuos con esas mismas características, además de que la exigencia que establece la ley se refiere a condiciones generales y estas características expuestas pasan a ser individualizante, objeto más bien del acto procesal. El número de personas que integran la rueda es otro aspecto que debe de tenerse en cuenta: el Código Procesal Penal no determinan el número, sin embargo, atendiendo la naturaleza de la diligencia, éste no puede ser menor de cuatro ni mayor de seis, a fin de darle mayor valor probatorio al acto, en suma, entonces, el número de personas que deben de integrar la rueda, incluyendo a la persona sometida al reconocimiento, debe de ser como mínimo cinco (05) y como máximo siete (07). Hacemos especial referencia al numeral segundo del artículo 253 del Código Procesal Penal, que establece la obligación del Juez o Tribunal de tomar las previsiones para que el imputado no se desfigure, es decir, que no realice cambios a su físico que le hagan verse diferente, ello con el propósito de que la persona recognociente pueda individualizarla conforme a la imagen mental que posea. Esto, como es obvio, no quiere decir que el Tribunal evitara que el imputado se cambie de ropa, realice aseo de su persona o que haga arreglos de presentación. En el caso de que el imputado haya realizado cambios en su persona que le hagan verse en forma distinta de cómo se veía anteriormente, es recomendable de que el reconocimiento no se efectúe en forma personal, sino que se realice de otra forma si es posible, como por ejemplo por medio de fotografía o por medio de la voz. Como procedimiento de ejecución, una vez escogidas las personas que conformaran la rueda de personas, éstas serán formadas en un semicírculo o en una fila y se invitará a la persona acusada o testigo a ser reconocido que tome la posición que prefiera; esto se hace para asegurarle al sujeto pasivo del acto que no existe instrucción alguna para que el recognociente señale a una persona conforme la posición en la rueda. Una vez conformada la rueda, se hará pasar al recognociente invitándole a observar detenidamente a la rueda de personas, luego de lo cual se le preguntará que sí reconoce a la que anteriormente había descrito. Independientemente de la respuesta se habrá realizado el reconocimiento. Recuérdese que el reconocimiento no está limitado a características físicas, por lo que podrá practicarse haciéndolo hablar, caminar, modificando la posición de las personas de la rueda, etc. El Reconocimiento podrá ser: i. Negativo, cuando la persona señale a un individuo distinto al que se suponía tenía que identificar o indique que dentro del grupo esa persona no se encuentra; ii. No concluyente: Cuando la persona señale a dos o más individuos a la vez, sin poder determinar cuál de ellos es el que vio en forma previa, o cuando se señale a una persona de manera dudosa, ejemplo cuando utiliza palabras como "creo" o "me parece"; y iii. Positivo: cuando la persona señale al individuo objeto del medio de prueba, en forma categórica y determinante; en este último caso el Código Procesal Penal dispone que se le debe de preguntar al recognociente las semejanzas y diferencias observadas a la persona que identifica con relación a la cual recuerda. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. En el caso actual y concreto, el censor del fallo arguye que el testigo protegido de cargo “1-A”, no identificó plenamente al acusado, no existe prueba suficiente para acreditar la comisión del delito y la participación del acusado en él, El reclamante advierte que el Tribunal de Sentencia lesionó el derecho fundamental a su representado, que en el caso resulta que el medio de prueba reconocimiento en rueda existió contradicciones al momento de ser evacuado, así como en la redacción de la sentencia, incorporó otro testigo que no entiende (TP-A) por no existir declaración de esta persona, por lo que no puede ser valorado en perjuicio a su representado. La Sala de lo Penal, al revisar el fallo impetrado por el recurrente verificamos que no es acertado lo manifestado, ya que los medios de prueba incorporados a juicio y valorados por los Juzgadores, mismos que se revisten de legalidad en el proceso, por haber sido obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador, el proceso de su razonamiento que le han llevado a decidir el fallo objeto de este recurso casacional; además se verifica que no es cierto que el Juzgador fundamentó la sentencia en prueba que no debió ser valorar en perjuicio de su representado propuesta por el ente acusador, basando por una parte su fallo bajo argumento que lo considera como prueba válida para condenar al acusado por el delito investigado, el cual versa en contradicciones; que del examen realizado a la sentencia recurrida verificamos que la prueba valorada por el A quo es la siguiente: 1. Declaración de Testigos, de las cuales el Tribunal extrajo la inferencias siguientes: “EI TESTIGO PROTEGIDO 1-A, quien declaró: Que el dos de Abril del año 2015. como a eso de las dos de la tarde, yo iba para arriba cuando sucedió la muerte de MARCEDONIO, y el hechor fue MARIANO ARGUETA, yo escuché tres disparos y después me di cuenta de que MARCEDONIO HERNÁNDEZ; estaba muerto, los disparos fueron por detrás ahí en una finca. A preguntas del Ministerio Público contesto: Yo vi a Macedonio que iba borracho y gritando; yo iba por una curva para arriba, Macedonio pego dos gritos, en eso salió Mariano de abajo, primero Mariano hizo dos disparos y después ya en la finca otros disparos; yo ví como de unos 20 metros de distancia yo vi que el finado se tiró por la finca de Agustín Argueta; Mariano es Alto no es gordo, calzado de barba; escuche que Mariano antes ya habían tenido problemas con Macedonio. A preguntas de la Defensa contestó: después de escuchar 2 disparos vi que Macedonio se tiró a la finca; después me di cuenta de que Macedonio había muerto. De lo expresado por el anterior testigo, este Tribunal concluye que ciertamente observó el desarrollo de los hechos investigados, toda vez que se encontraba a corta distancia y con suficiente visibilidad, extremo que se confirmó en el desarrollo de la diligencia de Reconstrucción de Hechos. EI TESTIGO PROTEGIDO 1-B, quien en tal condición declaró: Yo venía de donde mi hermano Manuel de Palo Seco, cuando venía me encontré con Macedonio, a los 5 metros encontré a un testigo y luego cuando pase una quebradita fue que escuche 2 disparos después otros 3 disparos, yo seguí caminando hacia mi casa y como a los cinco minutos me dijeron que Mariano había matado a Macedonio. A preguntas del Ministerio Público contestó: me parece que el hecho fue el 2 de abril del año 2015; yo los encontré a ellos como a las 3:00 de la tarde; a ese lugar le dicen El Encinal; al que encontré fue a Macedonio, luego al Testigo que iba atrás como a 5 metros; fueron 5 disparos los que escuche, primero 2 y después 3 disparos; a mí me habían dicho que Mariano y Macedonio si tenían problemas por un cambio de una montura que no llevaba tenedora, por un caballo; Macedonio lo vi medio tomado; yo después no vi a nadie en ese lugar. A preguntas de la Defensa contestó: El testigo iba bueno me dijo que iba a ver a un trabador, yo no se quien mato a Marcedonio. De lo expresado por el anterior testigo, fácilmente se puede deducir que esta persona no obstante haberse encontrado a las cercanías del sitio donde sucedió el hecho, dado que dice haber escuchado dos disparos, realmente no vio nada sobre el desarrollo del suceso que dio lugar a la muerte del señor Marcedonio Hernández Trejo. EI TESTIGO JOSUE CONCEPCION VÁSQUEZ CALIX: IT 0703-1993-01287, declara que en el año dos mil quince se hizo un levantamiento de cadáver, también se hizo una inspección y también se tomó declaración a unos testigos; a preguntas del Ministerio Publico tome dos declaraciones a unos testigos; un de los testigos protegidos manifestó que el día dos de abril del año 2015 había visto al señor MARIANO ARGUETA, disparar al señor MARCEDONIO HERNANDES, A pregunta de la Defensa: tome declaración a un testigo protegido que fue de referencia. conforme se desprende de lo expresado del testigo que antecede, apare que en su condición de agente de investigación practico las diligencias de investigación que a mencionado entorno al presente caso”. Se evacuó medios de Pruebas Documentales del cual el A quo hizo las siguientes inferencias: “1.- ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER (Folio 18 de la 1ª pieza de autos), es la diligencia practicada en fecha a los dos (2) días de abril del año dos mil quince (2015), en el propio lugar de los hechos, por: El señor Fiscal del Ministerio Público, la Médico Forense, y el Técnico en Investigación; quienes, encontraron el cuerpo sin vida del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, quien presentó las lesiones siguientes: Un orificio localizado a nivel de tercer arco costal derecho, producido por proyectil disparado con arma de fuego. CAUSA DE MUERTE: herida penetrante de Tórax, con lesión a órganos vitales; MANERA DE MUERTE: Homicida. Mediante esta diligencia ha quedado demostrado y descrito el lugar, la causa y manera de muerte del señor Macedonio Hernández Trejo; misma que resultó luego de haber recibido disparos producidas por arma de fuego. 2.- CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION (Folio 14 de la 1ª pieza de autos), Es el documento mediante el cual se registra los siguientes datos: Nombre: MARCEDONIO HERNÁNDES TREJO; Edad: 34 años; Tarjetas de Identidad Número: 1009-1980-00223; Defunción: lugar El Encinal, Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá, Honduras; fecha de Defunción: 02/04/2015; Hora 03:00 PM; permiso de Entierro: 03/04/2015; Cementerio: Municipal; Lugar: Lagunetas, Masaguara, Intibucá; Nota Marginales: Ninguna. Con el anterior documento quedo demostrado la muerte legal del mencionado señor Marcedonio Hernández Trejo. 3.- ACTA DE INSPECION OCULAR (Folio 7 de la 1ª pieza de autos). Es la diligencia practicada en fecha 25 de noviembre del año 2017, por el técnico de la escena del crimen BALTASAR CABRERA; Quien al inspeccionar el lugar donde ocurrió el hecho de me-rito, a inmediaciones de una finca de café y árboles frutales, situado en el lugar conocido como El Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, constató: la existencia de una cruz de madera en mal estado, además que el Técnico en mención mediante la toma de fotografías ilustró la panorámica de dicho lugar”; Además se evacuó medios de prueba pericial de donde los Juzgadores los siguientes razonamiento: “1.- DICTAMEN DE EXHUMACION (Folio 112 de la 2ª pieza de autos). Es la diligencia practicada en fecha 06 de Febrero del año 2018, por el Perito Oficial Doctor JUAN LEONEL CRUZ, quien al examinar el cadáver del ahora occiso Marcedonio Hernández Trejo (masculino), encontró: traumatismo torácico por proyectil de arma de fuego, con fracturas con proyección óseas hacia adentro, de la región lateral de la sexta (6ta), costilla derecha y de la región posterior de la undécima (11va) costilla derecha, se recuperaron dos (2) proyectiles a nivel de la cavidad torácica derecha, las lesiones encontradas en el ahora occiso fueron causadas por proyectiles de arma de fuego y debido al estado avanzado de la putrefacción (reducción esquelética) en la que se encontró el cadáver y el hecho de no contar con la ropa que el ahora occiso portaba al momento de su muerte, no nos podemos pronunciar en cuanto a la distancia a la que fueron hechos los disparos. CAUSA DE LA MUERTE: Herida de proyectil de arma de fuego con traumatismo torácico; MANERA DE MUERTE: Homicida. Del anterior Dictamen de Autopsia, quedan identificadas las regiones corporales afectadas por los impactos de bala disparados por arma de fuego que en vida recibió el señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, traumas que le ocasionaron la muerte, dada la vulnerabilidad de los órganos dañados, especialmente la región del tórax. En el desarrollo de la Reconstrucción de Hechos, el Dr. Cruz, ratifico el contenido de su Dictamen y la firma puesta al final de mismo Dictamen. 2.- DICTAMEN DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER (Folio 20 de la 1ª pieza de autos). es la diligencia practicada en fecha a los dos (2) días de abril del año dos mil quince (2015), por la Perito Forense Doctora. DILCIA ADILIA FLORES DEL CID, en la aldea del Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá, mediante la cual se reconoció el cuerpo sin vida del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO, quien presentó la siguiente: Evidencias externas de traumas: 1) un orificio del bordes regular, con anillo de contusión y enjugamiento localizado a nivel de tercer arco costal derecho; 2) orificio de bordes regulares invertidos con anillo de enjugamiento localizados en región paravertebral izquierda a nivel de la segunda vertebra torácico; 3) excoriación lineal con disposición oblicua, localizada en la región lumbar derecha; Muestras recolectadas en la escena: cinco casquillos. CAUSA DE MUERTE PRELIMINAR: herida penetrante de Tórax, MANERA DE MUERTE: Homicida. En el desarrollo del debate, la Forense Flores Del Cid, ratificó el contenido de su dictamen y reconoció su firma puesta al final de este. Mediante la diligencia ha quedado demostrado la causa y manera de muerte del señor Macedonio Hernández Trejo, puesto que la Médico Forense en mención, ha descrito las heridas encontradas y su ubicación en cuerpo sin vida del mencionado y ahora. occiso; Además, ha señalado que los traumas fueron producidos por disparos de arma de fuego”.Que en el acápite OTROS MEDIOS DE PERUEBA del apartado de la valoración de prueba el Juzgador hace las siguientes inferencias: “1.- RECONOCIMIENTO EN RUEDA. En el desarrollo del juicio o debate se practicó la diligencia de Reconocimiento en Rueda, precisamente en el Centro Penal, de la ciudad de La Esperanza, Intibucá; en el curso de la cual, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, el TESTIGO PROTEGIDO TP-A, desde el interior de la oficina principal y a través de un vidrio polarizado, de entre una fila de al menos cinco personas reconoció al procesado MARIANO ARGUETA MARTÍNEZ, como la persona que dio muerte por disparos de arma de fuego, al señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO; extremo que el testigo actuante a pregunta del Juez Presidente de este caso, confirmo estar seguro. 2.- RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS. Es la diligencia practicada por los Jueces que integran el Tribunal de Sentencia, asociados por el señor secretario de actuaciones, Ministerio Público, Defensa y demás partes intervinientes en el caso de mérito; constituidos en el lugar conocido como El Encinal, jurisdicción del Municipio de Masaguara, Departamento de Intibucá; precisamente sobre una calle de terracería en donde ocurrieron los hechos, en el curso de la ejecución ocurrió lo siguiente: 1) EI TESTIGO PROTEGIDO 1-A, quien en lo puntual declaro: que el día 2 de abril del año 2015, explicó que al ir caminando sobre la calle observó al ahora occiso Marcedonio Hernández Trejo que grito por tres veces, en eso fue que Mariano Argueta salió de la parte de debajo de la casa y se dirigió hacia arriba sobre el camino, y cuando el occiso iba pasando por un paso de madera, exactamente por la curva que da acceso a una propiedad plantada de café, vio a Mariano Argueta, cuando disparó al señor Marcedonio Hernández; Acto seguido el Planimetrista e Investigador Baltazar Cabrera, tomó las medidas estableciendo una distancia de 28 metros desde donde se ubicó el referido Testigo Protegido, hasta donde dijo haber visto a Mariano Argueta, luego se determinó una distancia de 11 metros desde donde el mencionado Mariano disparo hasta el punto en que se encontraba el ahora occiso Marcedonio Hernández Trejo; concluyendo que el Testigo Protegido si tuvo visibilidad clara para identificar a Mariano Argueta; 2) El TESTIGO PROTEGIDO 1-B, quien explico que en fecha 02 de abril del año 2015, iba caminando con dirección hacia debajo de la calle, precisamente por la curva de la quebrada en donde encontró al otro Testigo Protegido 1-A, en eso que escuchó unos disparos de arma de fuego; Acto seguido el mismo Planimetrista e Investigador Baltazar Cabrera toma las medidas desde donde se ubicó el referido Testigo, encontrando una distancia de 15 metros, desde la curva de calle al punto donde sucedieron los hechos, concluyendo que el TESTIGO PROTEGIDO 1-B, no tuvo visibilidad para observar el desarrollo del hecho, pero si escuchar las detonaciones de los disparos; A juicio de estos jueces lo apuntado por el TESTIGO PROTEGIDO 1-A, es creíble, dado que de acuerdo con incidencias ocurridas en la Reconstrucción de Hechos, si logró identificar plenamente al delatado MARIANO ARGUETA MARTÍNEZ, como el sujeto que haciendo uso de un arma de fuego que portaba, disparó al cuerpo del señor MARCEDONIO HERNÁNDEZ TREJO; Lo anterior, es coincidente con los informes que han rendido tanto por el Medico Autopsiante Dr. JUAN LEONEL CRUZ, y las mediciones que sobre las distancias realizara en mismo acto, el Planimetrista e investigador BALTAZAR CABRERA, quien, determina que el deponente en mención al encontrase a una distancia de veintiocho (28) metros en línea recta si tuvo visibilidad suficiente hacia el delatado MA-RIANO ARGUETA, El investigador CABRERA, ilustró las actuaciones de la reconstrucción, con un set de fotografías y un croquis; 2) Que el testigo El TESTIGO PRO. TEGIDO 1-B, en la misma diligencia de Reconstrucción de Hechos, explicó que únicamente escucho las detonaciones de disparos y que no observo al sospechoso”. La Sala de lo Penal verifica que lo planteado por el Censor en su escrito recursivo no ha logrado convencer con sus razonamientos en cuanto que se ha infringido la norma constitucional invocada como motivo de casación, que cada una de los medios de pruebas evacuados fueron sometidos al contradictorio, no logrando evitar el quebrantamiento del estado de inocencia después de ser evacuada toda la carga probatoria que permitió a los Jueces realizar los razonamientos propios, que los llevo a dictar un fallo condenatorio; por todas las razones anteriormente expuestas podemos concluir, que en el caso bajo examen, se constata la evacuación de prueba de cargo suficiente, practicada con arreglo a las normas procesales, sin menoscabo de los derechos fundamentales del acusado, seguida de una valoración probatoria del Tribunal de Instancia que no se presenta arbitraria o irreflexiva, y que conduce a la enervación de la presunción de inocencia que ha venido gozando el señor Mariano Argueta Martínez; y que referente a lo planteado por el impetrante en relación a que el Testigo 1-A incurrió en contradicciones en la evacuación del medio de prueba reconocimiento de persona en rueda, esta Sala no puede pronunciarse sobre el contenido, pero si verifica que en su evacuación el Tribunal de Sentencia veló por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado. A demás el Censor planteó en su recurso la contradicción entre el acta de debate y la sentencia donde quien realiza el reconocimiento es el testigo 1-A y sin embargo en el acta de la sentencia se denomina como testigo TP-A; a este efecto como se ha verificado en la redacción de la sentencia el contenido que valoró el A quo es el recibido en el juicio oral y público (F.119 y 120) en los cuales existió los principios de inmediación, contradicción y oralidad, incurriendo el Juzgador en un error material al momento de transcribir el nombre clave del testigo protegido en el fallo, siendo lo correcto Testigo Protegido 1-A, al verificarse que en todo el proceso se utilizó el número clave 1-A, lo cual no infiere para incurrir en violación al estado de inocencia del encartado; consecuentemente no se aprecia la vulneración del artículo 89 de la Constitución de la República, en virtud que el medio probatorio se realizó con los requisitos establecidos para su evacuación y posterior valoración, lo que trae como resultado la desestimación del presente motivo fundado en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. De La Procedencia De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el NCP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por parte de la representación legal de ninguno de los acusados, tampoco por el Ministerio Público, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. D. Ponderación en el caso concreto: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación de acuerdo al Código Penal según decreto No. 144-83, se Condenó a Mariano Argueta Martínez, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Marcedonio Hernández Trejo; por ende, le impuso la pena principal de dieciséis años de reclusión. Asimismo, se le imponen las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, a Trabajos en obras Públicas y a labores dentro del Centro Penal por el tiempo de la condena. Esta Sala de lo Penal al proceder a realizar la comparativa entre ambas legislaciones de la siguiente manera: que, conforme el artículo 116 del Código Penal Decreto No. 144-83, la conducta reprochada al acusado está prevista en el nuevo Código Penal Decreto No. 130-2017, como delito de Homicidio artículo 192 cuya pena principal es de quince (15) a veinte (20) años de prisión; y siendo que la pena impuesta por este delito al condenado arriba señalado está dentro el margen abstracto de la nueva pena en razón de dicho delito, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio, conforme lo dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Julio Cesar Mendoza Orellana defensor público del Señor Mariano Argueta Martínez en el proceso que se le condenó por el delito de Homicidio Simple en perjuicio Marcedonio Hernández Trejo. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al ahora condenado Mariano Argueta Martínez, como consecuencia de lo supradicho en esta sentencia. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en esta instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. - Receptora Adscrita de la sala de lo penal. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-42-2020.

LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.

Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal.”.