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Sentencia CP-41-20 — Registro 19099

Resumen

En primera instancia se condenó al acusado por el delito de usurpación, resolviendo en segunda instancia por parte de la Sala de lo penal No Ha Lugar el recurso de casación y la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por La Defensa Pública. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Norma que se denuncia infringida: Artículo 54 párrafo último del Código Penal; Concepto de la infracción: Falta de Aplicación de la norma sustantiva; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora; Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. La recurrente señala que, existe falta de aplicación del articulo 54 del Código Procesal penal en su párrafo final, ya que el juicio debió ser dirimido en la instancia civil. De la procedencia del Recurso. El motivo no es de recibo. Como se ha señalado de previo, el Código Procesal Penal señala que se podrá intentar el Recurso de Casación por Infracción de Ley ante la infracción de una norma sustantiva de carácter penal, por error sobre la existencia o vigencia de la norma sustantiva, error sobre la deducción de las consecuencias de la norma sustantiva, error en la interpretación judicial de la norma sustantiva o error en la aplicación de una norma sustantiva. No prevé la ley procesal vigente que mediante esta misma vía recursiva se pueda denunciar la infracción de una norma de naturaleza procesal, como lo intenta la recurrente. Como consecuencia, es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su segundo motivo..."

Legislación citada

  • Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso a la señora Eliodora López López, la pena principal de dos (2) años de reclusión como responsable penalmente del delito de usurpación (Art.227), más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, quedando sujeto a trabajar en obrad públicas o en labores dentro del establecimiento, así como la responsabilidad civil. La conducta reprochada a la señora Eliodora López López, está prevista en el Código Penal 130-2017, respecto a la conducta constitutiva de Usurpación, señala la norma que a la persona responsable del mencionado delito (Art. 378) debe imponérsele una pena de 2 a 4 años de prisión. A partir de lo anterior, al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017, la pena impuesta se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese corresponder en el caso de ser juzgada conforme a las normas del CP 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 41-2020 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-41-2020 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Eleodora López López, a la pena de dos años de reclusión, por el delito Usurpación, en perjuicio de Félix Vásquez Gómez. Segundo: Condenó a Eleodora López López como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, así como trabajar, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. Tercero: Procedió declarar la Responsabilidad Civil de la condenada Eleodora López López. Cuarto: No procedió la condena en costas procésales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Son partes en única instancia: Las Abogadas Giovineza Dubois Zavala, en su condición de defensoras públicas de Eleodora López López, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Único: En fecha 27 de febrero del año 2014, aproximadamente a las diez de la mañana, mientras el señor Feliz Vásquez Gómez, no se encontraba en su propiedad, la señora Eliodora López López ingreso de manera violenta a su propiedad ubicada en la Aldea de Atahualpa, del municipio de Santa Elena del Departamento de la Paz.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Elia Roxana Escobar Maldonado en su condición de defensora pública de Eleodora López López, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto contenido del artículo 227 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO La norma sustantiva infringida es el artículo 227 del Código Penal que establece: "Quien usurpe un bien inmueble o un derecho real será sancionado con reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, sin perjuicio de que tan pronto como se acredite en autos el derecho correspondiente, el juez que conoce la causa ordene el desalojo del bien de que se trate o el reintegro del derecho usurpado", artículo que ha sido aplicado incorrectamente por el Tribunal de Sentencia, al decretar los hechos probados sobre la base de un juicio que debió ser dirimido en la instancia Civil. En relación a lo anterior, el juzgador declaró como probados el siguiente hecho: "Único: En fecha 27 de febrero del año 2014, aproximadamente a las diez de la mañana, mientras el señor Félix Vásquez Gómez no se encontraba en su propiedad, la señora Eliodora López López ingresó de manera violenta a su propiedad ubicada en la Aldea de Atahualpa, del municipio de Santa Elena del Departamento de la Paz". PRIMERO: Después de analizados los hechos probados y la evacuación de los medios de prueba esta defensa es del criterio que el tribunal no debió dictar la sentencia condenatoria en contra de mi representada Eliodora López López, ya que en el desarrollo del Juicio oral y público, en el momento procesal de los incidentes se presentaron medios de prueba consistentes en los siguientes documentos: a) Constancia de vecindad emitida por el secretario de la Municipalidad de Santa Elena departamento de la Paz, donde se estableció que mi representada es vecina y reside en la comunidad de Azacualpa, b) titulo definitivo de propiedad de la comunidad de Azacualpa de donde mi representada forma parte, c) Documento privado de propiedad a favor de la señora Florencia López madre de mi representada, e) un título de propiedad otorgado por el Instituto Nacional Agrario a favor de la madre de la encartada Florencia López López, con ellos se pretendió establecer que la propiedad por la cual está procesada es una herencia que le dejó su madre la señora Florencia López López; independientemente de que no esté a nombre de la imputada considero que era necesario que se dilucidara antes de presentar acusación criminal por el delito de usurpación, si realmente esta propiedad le pertenece al ofendido o por derecho de sucesión a mi representada. Es por todo lo antes expuesto que esta defensa considera que la sentencia no fue dictada conforme a derecho violentándose la norma sustantiva o material, al existir la aplicación indebida del articulo 227 contentivo del delito de Usurpación, cuando debió dirimirse a la Materia Civil, por lo que con esto se pretende que se declare la total procedencia del recurso de casación indicado.” Continúa manifestando la recurrente en su recurso de casación por Infracción de Ley. “SEGUNDO MOTIVO: Infracción por falta de aplicación del precepto contenido del artículo 54 párrafo ultimo del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO SEGUNDO: Se expresa este segundo motivo de casación debido a que la norma sustantiva infringida es el articulo 54 párrafo ultimo del Código Procesal Penal que establece: "... No obstante, lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles", artículo que ha dejado de aplicar el Tribunal de Sentencia (juez unipersonal), al decretar los hechos probados sobre la base de un juicio que debió ser dirimido en la instancia Civil. Este segundo motivo lo expongo debido a que en el desarrollo del Juicio oral y público, en el momento procesal de los incidentes se presentaron medios de prueba consistentes en los siguientes documentos: a) Constancia de vecindad emitida por el secretario de la Municipalidad de Santa Elena departamento de la Paz, donde se estableció que mi representada es vecina y reside en la comunidad de Azacualpa, b) titulo definitivo de propiedad de la comunidad de Azacualpa de donde mi representada forma parte, c) Documento privado de propiedad a favor de la señora Florencia López madre de mi representada, e) un título de propiedad otorgado por el Instituto Nacional Agrario a favor de la madre de la encartada la señora Florencia López López, con ellos se pretendió establecer que la propiedad por la cual está procesada es una herencia que le dejó su madre antes mencionada; independientemente de que no esté a nombre de la imputada considero que era necesario que se dilucidara antes de presentar acusación criminal por el delito de usurpación, si realmente esta propiedad le pertenece al ofendido o por derecho de sucesión a mi representada. Pero la Juez Unipersonal del Tribunal de Sentencia no los admitió porque están a nombre de la señora Florencia López (madre de la imputada), por no haber una declaración de herencia que acredite como legitima propietaria a mi representada del derecho Real o el dominio del bien inmueble en conflicto, pero es de considerar que si se está discutiendo que hay dos dueños no son los tribunales penales los llamados a determinar qué documento tiene mayor fuerza probatoria, dejando de esta forma en indefensión a mi representada, ya que los documentos presentados en la etapa de incidentes no fueron impugnados por falta de autenticidad, como lo establece el artículo 222 del Código Procesal Civil. Por lo anteriormente expuesto es que esta defesa considera que existe una FALTA DE APLICACION DEL ARTICULO 54 DEL CODIGO PROCESAL PENAL, en su párrafo final que establece: "...No obstante lo anterior, los litigios referentes a la determinación del estado civil de las personas, al derecho de propiedad en el caso de usurpación y las relacionadas con la naturaleza fraudulenta o culposa de la quiebra, solo podrán ser resueltas por los tribunales civiles". Debido a que no se admitieron los medios de prueba que presento esta defensa de manera incidental para que se dirimiera la acción penal al ámbito civil, se tomó la declaración de mi representada, la que estableció que ella por herencia tiene derechos sobre la propiedad en litigio, pero esta defensa se pregunta ¿cómo puede un tribunal de Sentencia en materia penal determinar que solo los documentos presentados por la parte acusadora son los que tienen mayor fuerza probatoria que los que intentó presentar la defensa de la señora Eleodora López?, esto se expresa ya que en la sentencia condenatoria emitida se dio por bien valorados la Certificación de escritura pública, Certificación de un informe emitido por el Instituto Nacional Agrario y la Constancia emitida por Catastro Municipal del municipio de Santa Elena, relacionados todos a favor del señor Félix Vásquez Gomez. Es por ello y tomando en cuenta el precepto autorizante (artículo 360 CPP) cuando dice: "Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal......." En consecuencia y con fundamento en las consideraciones anteriores la defensa de ELEODORA LOPEZ LOPEZ, no está de acuerdo con la sentencia de mérito que la condena por el delito USURPACION; la cual debe declararse nula la misma. INTERPRETACION PRETENDIDA Que al haberse aplicado incorrectamente el artículo 227 del Código Penal, por el Tribunal de Sentencia (juez Unipersonal) de la ciudad de Comayagua, departamento de Comayagua, en consecuencia, se anule la sentencia de marras.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2.Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Pública. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Norma que se denuncia infringida: Artículo 227 del Código Penal; Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la recurrente; Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Expone la recurrente que, el a quo ha aplicado indebidamente el articulo 227 del Código Penal, describe los hechos declarados probados y señala que del desarrollo del juicio oral y público se presentaron en la etapa incidental medios de prueba documentales y debió dirimirse en materia civil antes del proceso penal si la propiedad era del ofendido o de su representada, realizando alegatos propios de instancia. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. 3. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 4. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”.Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp. 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp. 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp. 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp. 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp. 228-2011, entre otras.). De la procedencia del Recurso. El motivo no es de recibo. La recurrente en la exposición de su primer motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. El censor no realiza un desarrollo adecuado, realizando alegatos propios de instancia en consecuencia, la confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por la Defensa Pública. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por La Defensa Pública. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Norma que se denuncia infringida: Artículo 54 párrafo último del Código Penal; Concepto de la infracción: Falta de Aplicación de la norma sustantiva; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensora; Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. La recurrente señala que, existe falta de aplicación del articulo 54 del Código Procesal penal en su párrafo final, ya que el juicio debió ser dirimido en la instancia civil. De la procedencia del Recurso. El motivo no es de recibo. Como se ha señalado de previo, el Código Procesal Penal señala que se podrá intentar el Recurso de Casación por Infracción de Ley ante la infracción de una norma sustantiva de carácter penal, por error sobre la existencia o vigencia de la norma sustantiva, error sobre la deducción de las consecuencias de la norma sustantiva, error en la interpretación judicial de la norma sustantiva o error en la aplicación de una norma sustantiva. No prevé la ley procesal vigente que mediante esta misma vía recursiva se pueda denunciar la infracción de una norma de naturaleza procesal, como lo intenta la recurrente. Como consecuencia, es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su segundo motivo. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c .Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Delito Continuado la revisión/ponderación debe de hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144-83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP-130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, se deberá primero hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa de Eliodora López López, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso a la señora Eliodora López López, la pena principal de dos (2) años de reclusión como responsable penalmente del delito de usurpación (Art.227), más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, quedando sujeto a trabajar en obrad públicas o en labores dentro del establecimiento, así como la responsabilidad civil. La conducta reprochada a la señora Eliodora López López, está prevista en el Código Penal 130-2017, respecto a la conducta constitutiva de Usurpación, señala la norma que a la persona responsable del mencionado delito (Art. 378) debe imponérsele una pena de 2 a 4 años de prisión. A partir de lo anterior, al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017, la pena impuesta se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese corresponder en el caso de ser juzgada conforme a las normas del CP 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Elia Roxana Escobar Maldonado, en su condición de Defensora Pública. - Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a la ahora condenada Eliodora López López. - Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha dos de agosto del año dos mil diecinueve (f. 33), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLOS. MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. MAGISTRADO COORDINADOR. WALTER RAÚL MIRANDA SABIO. MAGISTRADO. NELSON DANILO MAIRENA FRANCO. MAGISTRADO. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. RECEPTORA ADSCRITA.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 41-2020.

LETY EMELDA POSADAS RODRÌGUEZ

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL