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Sentencia CP-401-21 — Registro 19445

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio no sólo en relación al quantum de la pena privativa de la libertad, sino también en relación a la pena de multa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. Es doctrina jurisprudencial reiterada que se ha denunciado la violación de una garantía consignada en nuestra Carta Magna como lo es la “Presunción de Inocencia” que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por Honduras. La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. El reclamante advierte que el Tribunal de Sentencia lesionó el derecho fundamental a su representado, al emitir un fallo y condenarlo con prueba no concluyente; además que en el caso resulta insuficiente las deposiciones de los testigos y peritos los cuales juntos no se concatenan para acreditar como sucedieron los hechos, así como la participación del imputado en los mismos. La Sala de lo Penal, al revisar el fallo impetrado por el recurrente verificamos que no es acertado lo manifestado, ya que los medios de prueba incorporados a juicio y valorados por los Juzgadores, mismos que se revisten de legalidad en el proceso, por haber sido obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador, el proceso de su razonamiento que le han llevado a decidir el fallo objeto de este recurso casacional; además se verifica que no es cierto que el Juzgador fundamentó la sentencia en prueba dudosa e inconsistente propuesta por el ente acusador, basando por una parte su fallo bajo argumento que lo considera como prueba valida para condenar al acusado por el delito investigado. El censor alega en sus argumentos que los dictámenes han sido contradichos con la declaración que rindió el acusado (que él no había hecho estas modificaciones y que había pedido peritajes dirigidos a su persona y no de manera general como fueron presentados en juicio); que del examen realizado a la sentencia recurrida verificamos que la prueba valorada por el A quo es la siguiente: 1. Declaración del imputado Jorge Adalberto Discua Mejía quien renunció a su derecho de no declarar, el Tribunal extrajo la inferencia: “Para estos Jueces los dichos por el señor Jorge Adalberto Discua, lo hace renunciando a su derecho constitucional a no declarar, en sus dichos confirma que es cierto que estuvo desempeñando un puesto (escribiente) en el Registro Nacional de las Personas, de la ciudad de Siguatepeque, que también tuvo el usuario 0318jorge, pero niega su participación en lo referente a conocer a personas de origen Pakistani, o haber participado en algún acto contrario a la ley, en base a las máximas de la experiencia común es lógico que cualquier persona que se le vincule con la realización material de un hecho o cata delictivo, trate de desvirtuar esa imputación, sin embargo no se produjo prueba que pudiera ser congruente con lo manifestado por Jorge Adalberto, mas que los extremos de haber estado vinculado con el Registro Nacional de las Personas y haber utilizado el usuario 0318jorge durante su función como escribiente y de haber tenido autorización para inscribir nacimientos, defunciones, matrimonios y también poder hacer modificaciones a inscripciones”. 2. Se valoró la declaración de ITALIA PONCE MEZA quien declaró en su condición de Registradora Civil Municipal, de la cual el Tribunal realizó las siguientes inferencias: “Para estos Jueces lo dicho por esta testigo es cierto, ya que solo refirió los tipos de tramites que se registran en el Registro Civil, así como la prueba documental referida en este acápite, por haber emitido una constancia respecto a los extremos encontrados respecto a la inscripción 0318-1986-02385 y la certificación de la inspección realizada al libro matriz del Registro Nacional de las Personas, de la cual en lo mas relevante, se pudo constatar que no existe en el mismo la certificación de nacimiento ya antes referida, es decir que su existencia solo se cuenta en el sistema informático y no en que se lleva de manera de copia o manuscrita”. 3. Se evacuó medios de pruebas documentales los cuales fueron numerados en el acápite segundo del apartado de la valoración de prueba, del cual se hizo la siguiente inferencia: “Para estos Jueces con estos medios de pruebas se acredito, que Jorge Adalberto Discua fue empleado público del Registro Nacional de las Personas de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, que la certificación de nacimiento 0318-1986-02385 sufrió modificaciones en parámetros como ser el nombre y apellido y que además no se encuentra soporte físico de dicha certificación”. 4. Además se evacuó medios de prueba pericial de donde los Juzgadores los siguientes razonamiento: “con estos medios de prueba periciales, ingresados unos por exhibición y otros por ratificación, se logro acreditar que la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, no tenía soporte físico, y solo se encontraba en el registro informático, que se habían modificado en varias ocasiones parámetros de la referida certificación, que estas modificaciones se habían realizado en computadoras asignadas al registro nacional de las personas de la ciudad de Siguatepeque, y que las mismas habían sido realizadas utilizando el usuario 0318jorge, asignado a Jorge Adalberto Discua, que entre sus atribuciones como escribiente de esa institución del Estado, estaban la de poder inscribir y modificar los asientos de nacimientos, defunciones y matrimonios”. 5. Que en el acápite CUARTO del apartado de la valoración de prueba el Juzgador hace la siguiente inferencia: “Para estos Jueces estos medios de prueba amplían los dictámenes que se ingresaron mediante exhibición y que se refieren a los documentos que fueron entregados por el Registro de las Personas de la ciudad de Comayagua, respecto a la inspección en donde se verificó la creación y modificaciones a la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, por lo que merecen credibilidad”. Posteriormente el Juzgador realiza una motivación fáctica en relación a la figura de Falsificación de Documentos Públicos en relación con el hecho juzgado de la siguiente manera: “En lo que respecta a la otra figura penal de Falsificación de Documentos Públicos, la que también se regula en la norma penal antes referida, debemos mencionar que la prueba de cargo en este aspecto resultó capaz y suficiente para acreditar dicha infracción penal en contra de la Fe Pública, ya que, sin mayor esfuerzo mental, se logro acreditar que con el usuario 0318jorge, se creo la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, sin ningún soporte físico, y solo de manera informática y que además se altero en ese documento parámetros, tales como nombre y apellidos, también se acreditó que Jorge Adalberto Discua, fue a quien se le asignó el usuario 0318jorge, por lo que en base a la teoría del dominio del hecho, es autor de un delito, aquel que tiene dominio del hecho, aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y como del suceso, es decir la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. Como se ha dicho en el apartado de la valoración de la prueba, Jorge Adalberto según las funciones de su puesto, podía con su usuario y contraseña, inscribir y modificar varios tipos de acciones, siendo así que utilizo esta atribución para crear y posteriormente modificar la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, sin contar o seguir el procedimiento que enmarca la Ley del Registro Nacional de las Personas, si bien el procesado renunciando a su derecho de no declarar manifestó, de su posibilidad de clonación de su usuario y contraseña, no se produjo prueba tendiente a poder acreditar dicho extremo”. Que el recurrente manifiesta que dicha prueba no es concluyente para vulnerar el estado de inocencia del encartado, al considerarla que son indicios y que los mismos no tienen fuerza probatoria suficiente para dictar sentencia condenatoria, sin embargo, el A quo en aplicación de lo establecido en la norma procesal a efecto de valorar la prueba allegada al juicio oral y público, misma estuvo como resultado la condena del encausado, siempre estuvo sujeta a los principio de inmediación y contradicción, habiendo tenido cuidado de velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado; asimismo verificamos que lo planteado por el Censor en su escrito recursivo no ha logrado convencer con sus razonamientos en cuanto que se ha infringido la norma constitucional invocada como motivo de casación, al haberse verificado que el encausado decidió declarar en juicio realizando una defensa material, no logrando evitar el quebrantamiento del estado de inocencia después de ser evacuada toda la carga probatoria que permitió a los Jueces realizar los razonamientos propios, que los llevo a dictar un fallo condenatorio; por todas las razones anteriormente expuestas podemos concluir, que en el caso bajo examen, se constata la evacuación de prueba de cargo suficiente, practicada con arreglo a las normas procesales, sin menoscabo de los derechos fundamentales del acusado, seguida de una valoración probatoria del Tribunal de Instancia que no se presenta arbitraria o irreflexiva, y que conduce a la enervación de la presunción de inocencia que ha venido gozando el señor Jorge Adalberto Discua Mejía; consecuentemente no se aprecia la vulneración del artículo 89 de la Constitución de la República, lo que trae como resultado la desestimación del presente motivo fundado en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al artículo 284 del Código Penal según Decreto 144-83, se condenó al señor Jorge Adalberto Discua Mejia, por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Publica, a una pena de cinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y a trabajos en obras públicas o labores dentro del centro penal durante el tiempo de la pena principal; además se declaró responsable civilmente de la restitución, reparación e indemnización de daños causados. Que la conducta reprochada conforme las disposiciones del Código Penal Decreto No. 130-2017, tiene las siguientes disposiciones: Por el delito de Falsificación de Documento Público o Mercantiles (art.456) tiene una pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público; y el artículo 458 del mismo cuerpo legal establece que si el culpable del delito de falsedad descrito en el artículo 456 del presente Código, es funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones, se debe imponer, además, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis (6) a doce (12) años. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio no sólo en relación al quantum de la pena privativa de la libertad, sino también en relación a la pena de multa, además que no es admisible fragmentar las normas, tomando en cuenta una de ellas que le considere favorece y rechazando lo que perjudique, por lo que se debe tener en cuenta las disposiciones taxativamente, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-401-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de abril de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-401-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Jorge Adalberto Discua Mejia, por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública. SEGUNDO: Declaro a Jorge Adalberto Discua Mejia, penalmente responsable del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Publica, a una pena de cinco años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y a trabajos en obras públicas o labores dentro del centro penal durante el tiempo de la pena principal. TERCERO: Declaró a Jorge Adalberto Discua Mejia, responsable civilmente de la restitución, reparación e indemnización de daños causados. CUARTO: No procedió la condena, en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Ordenó mantener la medida cautelar impuesta a Jorge Adalberto Discua Mejia, durante la sustanciación de la presente causa. Son partes en única instancia: La Abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de Defensora Publica de Jorge Adalberto Discua Mejia, como parte recurrente, y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: Que en fecha 20 de julio del año 2012, el señor Jorge Adalberto Discua Mejía, se desempeña como escribiente del Registro Nacional de la Personas de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a quien se le asignó el usuario 0318jorge y su contraseña, teniendo la autorización de inscripción y modificación de certificaciones de nacimientos, defunciones y matrimonios, sucediendo que valiéndose de su usuario y respectiva contraseña, realizo la inscripción de la Certificación de Partida de Nacimiento 0318-1986-02385 a nombre de Rula Shahwan Slevi sin contar con la documentación que la ley requiere, y asimismo modifico parámetros de la referida Certificación de Nacimiento, como ser que cambio el primer apellido de la madre de SLEVI, con V pequeña a SLEBI con B grande, modificaciones que solo constan en el sistema mecanizado o informático, razón por la cual se inició la investigación correspondiente.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogado José Leónidas Meza Jiménez, en su condición de Defensor Publico de Jorge Adalberto Discua Mejia procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción del precepto contenido en el artículo 89 constitucional de la Constitución en relación con el 2 del Código Procesal Penal, 8 No.2 de la convención Americana de Derechos Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 89 de la constitución de la República que establece: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Articulo 2.- Código Procesal Penal: "Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. Artículo 8 No.2 de las Garantías Judiciales.- Convención Americana Sobre Derechos Humanos: ".......Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.......". PRIMERO: Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencia, quebrantando de esta forma el estado de inocencia de mi representado, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS. La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente." En tal virtud para que dicho Tribunal llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración del Estado de inocencia que asiste a un imputado, por ello es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un juicio justo y apegado a derecho. En el caso de marras se ha condenado al encartado haciendo una relación de indicios, que a criterio de esta defensa no se concatenan entre si y que a todas luces vienen a perjudicar la situación jurídica de Jorge Adalberto Discua Mejía, debido a que los indicios a que hace alusión la sentencia, no logran cumplir con los requisitos de autoría que consagra el código penal, de ahí que no ha logrado establecer el acusatorio cuales han sido las acciones directas realizadas por el encartado en la ejecución del hecho por el cual lo han condenado. En vista de que se fundamentaron en varios indicios para dictar esta sentencia, debemos tomar en cuenta al jurista José Cafferata Nores, en su libro La Prueba en el Proceso Penal, que define "el Indicio como un hecho (o circunstancia) del cual se puede mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro. Estableciendo la naturaleza probatoria, según su nombre mismo lo expresa, el indicio es, por así decirlo, el dedo que señala el objeto. Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Para que la relación entre ambos sea necesaria, será preciso que el hecho "indiciario" no pueda ser relacionado con otro hecho que no sea el "indicado: es lo que se llama "univocidad" del indicio. La eficacia probatoria de la prueba indiciaria dependerá, en primer lugar, de que el hecho constitutivo del indicio esté fehacientemente acreditado; en segundo término, del grado de veracidad, objetivamente comprobable, de la enunciación general con la cual se lo relaciona con aquel; y por último, de la concreción lógica del enlace entre ambos términos". Esta relación se hace debido a que en la presente causa no existe prueba directa que acredite de qué manera mi representado realizo los cambios en las certificaciones de partidas de nacimiento, el tribunal ha condenado con los indicios presentados en la audiencia de debate, que para esta defensa no reúnen los requisitos antes mencionados para que tenga fuerza probatoria suficiente para determinar dictar la sentencia condenatoria, todos los peritajes no lograron el propósito para lo que fueron propuestos quedando especulaciones y posibilidades. SEGUNDO: De la misma sentencia Honorables Magistrados se darán cuenta que en este proceso no obstante habiéndose condenado con prueba indiciaria la misma no es concluyente para vulnerar el estado de inocencia de mi representado, tenemos: Italia Ponce Meza de la cual en la misma sentencia se deja ver que ella como Registradora Civil de la ciudad de Siguatepeque, estableció como era el tramite dentro de la institución, a folio nueve de la sentencia impugnada se tiene que mi representado tenía el puesto de escribiente y de manera general estableció: "que no recuerda cuantas maquinas o terminales tenían, a medida que fue creciendo nos fueron dando más terminales y computadoras, todos los empleados utilizamos el equipo y se debe trabajar con usuario y clave personal., Pero en ningún momento estableció cuales eran las funciones específicas del imputado al momento de los hechos. Con las certificaciones de nacimiento 0318-1986-02385 se establece esta inscripción pertenece a RULA SHAHWAN SLEBI y que sus padres son WALID JUDETH SHAHWAN Y SIHAM SLEBI diferentes al dato original del libro matriz que consta como medio de prueba número cuatro. Con las de pericias Belinda Cárcamo, el realizado por Orbin Reyes y Carlos Antonio: Dichas pericia establecen que la cerficacion de partida de nacimiento NUMERO 0318- 1986-02385 no tiene soporto físico, y que las modificaciones que presentaba habían sido realizadas con el usurio de 0318. Honorables magistrados estos dictámenes han sido contradichos con la declaración que ha rendido mi representado declaró que él no había hecho estas modificaciones y que había pedido peritajes serios y dirigidos a su persona no de manera general como fueron presentado en el juicio, considerando que no estaba alejada de la realidad su posición de que su usurario había sido clonado o utilizado por alguien más, a lo cual se hizo caso omiso por el Ministerio Publico y no fue valorado en su fallo el Tribunal de Sentencia. Igualmente, este perito deja entrever cuestiones generales, pero no una investigación exhaustiva en relación a mi representado y su clave de usuario 0318-Jorge, que expresó que no se puede realizar acciones Ilegales por la robustez del sistema por las protecciones del sistema. Estos son los medios de prueba de los cuales he tomado lo más relevante para poder fundamentar el presente recurso los cuales debían ser contundentes y concatenarse entre sí para determinar la participación del imputado en los hechos que se le acusan, extremo que no se logró en el juicio oral y público desarrollado, ya que si bien es cierto se presentaron documentos que tuvieron algunos cambios no menos cierto que nadie de manera directa indica que mi representado fuera la persona que cometió el ilícito penal o como se había realizado dicha acción ya que no se investigó a profundidad los hechos, observando que en el ánimo de responsabilizar a alguien por situaciones que se estaban dando en el Registro Civil, el Ente Acusatorio se cegó privándose de realizar una investigación concienzuda e inculpa a mi poderdante como conejillo de indias, en el caso que nos ocupa se debió llegar al fondo de los hechos investigar si realmente mi poderdante tuvo alguna participación. Por lo tanto, solo puede decirse que son meras sospechas que resultan inútiles, y por si solas no pueden enervar la PRESUNCION DE INOCENCIA. En vista de esto, tomo como referencia el estudio en conjunto de los especialistas españoles magistrados Guerra San Martin, Belloch Julbe y López Torres de la Calle, en relación a la Presunción de Inocencia: "...un derecho subjetivo público, autónomo o irreversible del que esta investida toda persona física acusada de un delito, y consistente en desplazar sobre la persona acusadora la carga cumplida de la prueba de los hechos de la acusación viniendo obligado el juez o Tribunal a declarar la inocencia si tal prueba no tiene lugar...", es por ello que considero que no se debió considerar quebrantado dicho principio que le asistía al señor Jorge Adalberto Discua Mejía. TERCERO: Sumado a lo anterior, como lo he expresado no se ha respetado la garantía de PRESUNCION DE INOCENCIA establecida en el artículo 89 de la Constitución de la Republica: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente", misma que es recogida en el artículo 8 No. 2 de las Garantías Judiciales de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: "...Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...", normativa violentada al haberse considerado por parte del A quo que se había vulnerado y debía condenar a mi representado con prueba no concluyente. En tal sentido tomamos lo que la conocida jurista española María Félix Tena Aragón, en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL pagina 34 inciso 7 establece: "Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas". Tal como ocurre en el caso lo acusado no puede ser corroborado o dado por válido por ningún otro medio de prueba; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón "Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivó el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado".- En el caso de marras resulta insuficientes las deposiciones de los testigos y peritos los cuales Juntos no se concatenan para acreditar como sucedieron los hechos, así como la participación del imputado en los mismos. CUARTO: Finalmente considero que la consecuencia lógica en la presente causa una vez que la Sala Penal estudie el presente recurso, es que debe dictarse la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia emitida en contra del encartado, como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba que da lugar a dudas no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legitimas. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencia tomo en cuenta una prueba dudosa e inconsistente propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo bajo el argumento que lo consideraba como prueba valida, para así condenar a JORGE ALBERTO DISCUA MEJIA por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA, resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” Fundamentación Jurídica Recurso de casación por infracción de precepto constitucional: El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general. los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa pública. Único motivo. • Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89 de la Constitución de la República; • Concepto de la infracción: Violación a la presunción de inocencia; • Pretensión: Sin determinar por el pretensor. El recurrente considera en su recurso que el Tribunal ha infringido el artículo 89 constitucionales concerniente a que “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, agregando que en el presente caso se ha condenado el encartado haciendo una relación de indicios no logrando cumplir con los requisitos de autoría que consagra el código penal; asimismo hace relación que no existe prueba directa que acredite de que manera su representado realizó los cambios en las certificaciones de partidas de nacimiento y que el Tribunal ha condenado con los indicios presentados en audiencia de debate y que los mismos no tienen fuerza probatoria suficiente para dictar sentencia condenatoria; y todos los peritajes no lograron el propósito para lo que fueron propuestos y que dicha prueba no es concluyente para vulnerar el estado de inocencia del encartado. Estado de Inocencia como derecho proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y nuestra carta magna ya establece el artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” Esta Sala de lo Penal, comparte el criterio que la esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, siendo que, por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, justamente de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas y procedimientos que enmarcan el debido proceso. Se ha denunciado la violación de una garantía consignada en nuestra Carta Magna como lo es la “Presunción de Inocencia” que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por Honduras. La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. En el caso examiné, el reclamante advierte que el Tribunal de Sentencia lesionó ese derecho fundamental a su representado, al emitir un fallo condenatorio teniendo como base prueba con la concurrencia del ánimo tendencial para llegar al delito que se imputa. Del estudio realizado a la actividad recursiva el cual se fundamenta en la infracción de precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, deberá considerar: a) las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y su práctica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. De la procedencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional. El recurso no es de recibo. Es doctrina jurisprudencial reiterada que se ha denunciado la violación de una garantía consignada en nuestra Carta Magna como lo es la “Presunción de Inocencia” que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por Honduras. La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. El reclamante advierte que el Tribunal de Sentencia lesionó el derecho fundamental a su representado, al emitir un fallo y condenarlo con prueba no concluyente; además que en el caso resulta insuficiente las deposiciones de los testigos y peritos los cuales juntos no se concatenan para acreditar como sucedieron los hechos, así como la participación del imputado en los mismos. La Sala de lo Penal, al revisar el fallo impetrado por el recurrente verificamos que no es acertado lo manifestado, ya que los medios de prueba incorporados a juicio y valorados por los Juzgadores, mismos que se revisten de legalidad en el proceso, por haber sido obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador, el proceso de su razonamiento que le han llevado a decidir el fallo objeto de este recurso casacional; además se verifica que no es cierto que el Juzgador fundamentó la sentencia en prueba dudosa e inconsistente propuesta por el ente acusador, basando por una parte su fallo bajo argumento que lo considera como prueba valida para condenar al acusado por el delito investigado. El censor alega en sus argumentos que los dictámenes han sido contradichos con la declaración que rindió el acusado (que él no había hecho estas modificaciones y que había pedido peritajes dirigidos a su persona y no de manera general como fueron presentados en juicio); que del examen realizado a la sentencia recurrida verificamos que la prueba valorada por el A quo es la siguiente: 1. Declaración del imputado Jorge Adalberto Discua Mejía quien renunció a su derecho de no declarar, el Tribunal extrajo la inferencia: “Para estos Jueces los dichos por el señor Jorge Adalberto Discua, lo hace renunciando a su derecho constitucional a no declarar, en sus dichos confirma que es cierto que estuvo desempeñando un puesto (escribiente) en el Registro Nacional de las Personas, de la ciudad de Siguatepeque, que también tuvo el usuario 0318jorge, pero niega su participación en lo referente a conocer a personas de origen Pakistani, o haber participado en algún acto contrario a la ley, en base a las máximas de la experiencia común es lógico que cualquier persona que se le vincule con la realización material de un hecho o cata delictivo, trate de desvirtuar esa imputación, sin embargo no se produjo prueba que pudiera ser congruente con lo manifestado por Jorge Adalberto, mas que los extremos de haber estado vinculado con el Registro Nacional de las Personas y haber utilizado el usuario 0318jorge durante su función como escribiente y de haber tenido autorización para inscribir nacimientos, defunciones, matrimonios y también poder hacer modificaciones a inscripciones”. 2. Se valoró la declaración de ITALIA PONCE MEZA quien declaró en su condición de Registradora Civil Municipal, de la cual el Tribunal realizó las siguientes inferencias: “Para estos Jueces lo dicho por esta testigo es cierto, ya que solo refirió los tipos de tramites que se registran en el Registro Civil, así como la prueba documental referida en este acápite, por haber emitido una constancia respecto a los extremos encontrados respecto a la inscripción 0318-1986-02385 y la certificación de la inspección realizada al libro matriz del Registro Nacional de las Personas, de la cual en lo mas relevante, se pudo constatar que no existe en el mismo la certificación de nacimiento ya antes referida, es decir que su existencia solo se cuenta en el sistema informático y no en que se lleva de manera de copia o manuscrita”. 3. Se evacuó medios de pruebas documentales los cuales fueron numerados en el acápite segundo del apartado de la valoración de prueba, del cual se hizo la siguiente inferencia: “Para estos Jueces con estos medios de pruebas se acredito, que Jorge Adalberto Discua fue empleado público del Registro Nacional de las Personas de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, que la certificación de nacimiento 0318-1986-02385 sufrió modificaciones en parámetros como ser el nombre y apellido y que además no se encuentra soporte físico de dicha certificación”. 4. Además se evacuó medios de prueba pericial de donde los Juzgadores los siguientes razonamiento: “con estos medios de prueba periciales, ingresados unos por exhibición y otros por ratificación, se logro acreditar que la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, no tenía soporte físico, y solo se encontraba en el registro informático, que se habían modificado en varias ocasiones parámetros de la referida certificación, que estas modificaciones se habían realizado en computadoras asignadas al registro nacional de las personas de la ciudad de Siguatepeque, y que las mismas habían sido realizadas utilizando el usuario 0318jorge, asignado a Jorge Adalberto Discua, que entre sus atribuciones como escribiente de esa institución del Estado, estaban la de poder inscribir y modificar los asientos de nacimientos, defunciones y matrimonios”. 5. Que en el acápite CUARTO del apartado de la valoración de prueba el Juzgador hace la siguiente inferencia: “Para estos Jueces estos medios de prueba amplían los dictámenes que se ingresaron mediante exhibición y que se refieren a los documentos que fueron entregados por el Registro de las Personas de la ciudad de Comayagua, respecto a la inspección en donde se verificó la creación y modificaciones a la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, por lo que merecen credibilidad”. Posteriormente el Juzgador realiza una motivación fáctica en relación a la figura de Falsificación de Documentos Públicos en relación con el hecho juzgado de la siguiente manera: “En lo que respecta a la otra figura penal de Falsificación de Documentos Públicos, la que también se regula en la norma penal antes referida, debemos mencionar que la prueba de cargo en este aspecto resultó capaz y suficiente para acreditar dicha infracción penal en contra de la Fe Pública, ya que, sin mayor esfuerzo mental, se logro acreditar que con el usuario 0318jorge, se creo la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, sin ningún soporte físico, y solo de manera informática y que además se altero en ese documento parámetros, tales como nombre y apellidos, también se acreditó que Jorge Adalberto Discua, fue a quien se le asignó el usuario 0318jorge, por lo que en base a la teoría del dominio del hecho, es autor de un delito, aquel que tiene dominio del hecho, aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y como del suceso, es decir la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. Como se ha dicho en el apartado de la valoración de la prueba, Jorge Adalberto según las funciones de su puesto, podía con su usuario y contraseña, inscribir y modificar varios tipos de acciones, siendo así que utilizo esta atribución para crear y posteriormente modificar la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, sin contar o seguir el procedimiento que enmarca la Ley del Registro Nacional de las Personas, si bien el procesado renunciando a su derecho de no declarar manifestó, de su posibilidad de clonación de su usuario y contraseña, no se produjo prueba tendiente a poder acreditar dicho extremo”. Que el recurrente manifiesta que dicha prueba no es concluyente para vulnerar el estado de inocencia del encartado, al considerarla que son indicios y que los mismos no tienen fuerza probatoria suficiente para dictar sentencia condenatoria, sin embargo, el A quo en aplicación de lo establecido en la norma procesal a efecto de valorar la prueba allegada al juicio oral y público, misma estuvo como resultado la condena del encausado, siempre estuvo sujeta a los principio de inmediación y contradicción, habiendo tenido cuidado de velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado; asimismo verificamos que lo planteado por el Censor en su escrito recursivo no ha logrado convencer con sus razonamientos en cuanto que se ha infringido la norma constitucional invocada como motivo de casación, al haberse verificado que el encausado decidió declarar en juicio realizando una defensa material, no logrando evitar el quebrantamiento del estado de inocencia después de ser evacuada toda la carga probatoria que permitió a los Jueces realizar los razonamientos propios, que los llevo a dictar un fallo condenatorio; por todas las razones anteriormente expuestas podemos concluir, que en el caso bajo examen, se constata la evacuación de prueba de cargo suficiente, practicada con arreglo a las normas procesales, sin menoscabo de los derechos fundamentales del acusado, seguida de una valoración probatoria del Tribunal de Instancia que no se presenta arbitraria o irreflexiva, y que conduce a la enervación de la presunción de inocencia que ha venido gozando el señor Jorge Adalberto Discua Mejía; consecuentemente no se aprecia la vulneración del artículo 89 de la Constitución de la República, lo que trae como resultado la desestimación del presente motivo fundado en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Decisión. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado José Leónidas Meza Jiménez, en su condición de defensor público del señor Jorge Adalberto Discua Mejía. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al artículo 284 del Código Penal según Decreto 144-83, se condenó al señor Jorge Adalberto Discua Mejia, por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Publica, a una pena de cinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y a trabajos en obras públicas o labores dentro del centro penal durante el tiempo de la pena principal; además se declaró responsable civilmente de la restitución, reparación e indemnización de daños causados. Que la conducta reprochada conforme las disposiciones del Código Penal Decreto No. 130-2017, tiene las siguientes disposiciones: Por el delito de Falsificación de Documento Público o Mercantiles (art.456) tiene una pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público; y el artículo 458 del mismo cuerpo legal establece que si el culpable del delito de falsedad descrito en el artículo 456 del presente Código, es funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones, se debe imponer, además, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis (6) a doce (12) años. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio no sólo en relación al quantum de la pena privativa de la libertad, sino también en relación a la pena de multa, además que no es admisible fragmentar las normas, tomando en cuenta una de ellas que le considere favorece y rechazando lo que perjudique, por lo que se debe tener en cuenta las disposiciones taxativamente, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado José Leónidas Meza Jiménez, en su condición de defensor público del señor Jorge Adalberto Discua Mejía. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinte de abril del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y Manda: Que a efecto de que se acate lo resuelto, que la Secretaría del Despacho después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redacto el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticinco de julio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-401-2021.LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-401-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de abril de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-401-2021 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Jorge Adalberto Discua Mejia, por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública. SEGUNDO: Declaro a Jorge Adalberto Discua Mejia, penalmente responsable del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Publica, a una pena de cinco años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y a trabajos en obras públicas o labores dentro del centro penal durante el tiempo de la pena principal. TERCERO: Declaró a Jorge Adalberto Discua Mejia, responsable civilmente de la restitución, reparación e indemnización de daños causados. CUARTO: No procedió la condena, en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: Ordenó mantener la medida cautelar impuesta a Jorge Adalberto Discua Mejia, durante la sustanciación de la presente causa. Son partes en única instancia: La Abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de Defensora Publica de Jorge Adalberto Discua Mejia, como parte recurrente, y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: Que en fecha 20 de julio del año 2012, el señor Jorge Adalberto Discua Mejía, se desempeña como escribiente del Registro Nacional de la Personas de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a quien se le asignó el usuario 0318jorge y su contraseña, teniendo la autorización de inscripción y modificación de certificaciones de nacimientos, defunciones y matrimonios, sucediendo que valiéndose de su usuario y respectiva contraseña, realizo la inscripción de la Certificación de Partida de Nacimiento 0318-1986-02385 a nombre de Rula Shahwan Slevi sin contar con la documentación que la ley requiere, y asimismo modifico parámetros de la referida Certificación de Nacimiento, como ser que cambio el primer apellido de la madre de SLEVI, con V pequeña a SLEBI con B grande, modificaciones que solo constan en el sistema mecanizado o informático, razón por la cual se inició la investigación correspondiente.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogado José Leónidas Meza Jiménez, en su condición de Defensor Publico de Jorge Adalberto Discua Mejia procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción del precepto contenido en el artículo 89 constitucional de la Constitución en relación con el 2 del Código Procesal Penal, 8 No.2 de la convención Americana de Derechos Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas infringidas son los artículos 89 de la constitución de la República que establece: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Articulo 2.- Código Procesal Penal: "Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. Artículo 8 No.2 de las Garantías Judiciales.- Convención Americana Sobre Derechos Humanos: ".......Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.......". PRIMERO: Artículos estos que han sido violentados por el Tribunal de Sentencia, quebrantando de esta forma el estado de inocencia de mi representado, prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS. La norma Constitucional que se invoca como infringida es el artículo 89 que reza: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente." En tal virtud para que dicho Tribunal llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración del Estado de inocencia que asiste a un imputado, por ello es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un juicio justo y apegado a derecho. En el caso de marras se ha condenado al encartado haciendo una relación de indicios, que a criterio de esta defensa no se concatenan entre si y que a todas luces vienen a perjudicar la situación jurídica de Jorge Adalberto Discua Mejía, debido a que los indicios a que hace alusión la sentencia, no logran cumplir con los requisitos de autoría que consagra el código penal, de ahí que no ha logrado establecer el acusatorio cuales han sido las acciones directas realizadas por el encartado en la ejecución del hecho por el cual lo han condenado. En vista de que se fundamentaron en varios indicios para dictar esta sentencia, debemos tomar en cuenta al jurista José Cafferata Nores, en su libro La Prueba en el Proceso Penal, que define "el Indicio como un hecho (o circunstancia) del cual se puede mediante una operación lógica, inferir la existencia de otro. Estableciendo la naturaleza probatoria, según su nombre mismo lo expresa, el indicio es, por así decirlo, el dedo que señala el objeto. Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente acreditado, y otro desconocido (el indicado), cuya existencia se pretende demostrar. Para que la relación entre ambos sea necesaria, será preciso que el hecho "indiciario" no pueda ser relacionado con otro hecho que no sea el "indicado: es lo que se llama "univocidad" del indicio. La eficacia probatoria de la prueba indiciaria dependerá, en primer lugar, de que el hecho constitutivo del indicio esté fehacientemente acreditado; en segundo término, del grado de veracidad, objetivamente comprobable, de la enunciación general con la cual se lo relaciona con aquel; y por último, de la concreción lógica del enlace entre ambos términos". Esta relación se hace debido a que en la presente causa no existe prueba directa que acredite de qué manera mi representado realizo los cambios en las certificaciones de partidas de nacimiento, el tribunal ha condenado con los indicios presentados en la audiencia de debate, que para esta defensa no reúnen los requisitos antes mencionados para que tenga fuerza probatoria suficiente para determinar dictar la sentencia condenatoria, todos los peritajes no lograron el propósito para lo que fueron propuestos quedando especulaciones y posibilidades. SEGUNDO: De la misma sentencia Honorables Magistrados se darán cuenta que en este proceso no obstante habiéndose condenado con prueba indiciaria la misma no es concluyente para vulnerar el estado de inocencia de mi representado, tenemos: Italia Ponce Meza de la cual en la misma sentencia se deja ver que ella como Registradora Civil de la ciudad de Siguatepeque, estableció como era el tramite dentro de la institución, a folio nueve de la sentencia impugnada se tiene que mi representado tenía el puesto de escribiente y de manera general estableció: "que no recuerda cuantas maquinas o terminales tenían, a medida que fue creciendo nos fueron dando más terminales y computadoras, todos los empleados utilizamos el equipo y se debe trabajar con usuario y clave personal., Pero en ningún momento estableció cuales eran las funciones específicas del imputado al momento de los hechos. Con las certificaciones de nacimiento 0318-1986-02385 se establece esta inscripción pertenece a RULA SHAHWAN SLEBI y que sus padres son WALID JUDETH SHAHWAN Y SIHAM SLEBI diferentes al dato original del libro matriz que consta como medio de prueba número cuatro. Con las de pericias Belinda Cárcamo, el realizado por Orbin Reyes y Carlos Antonio: Dichas pericia establecen que la cerficacion de partida de nacimiento NUMERO 0318- 1986-02385 no tiene soporto físico, y que las modificaciones que presentaba habían sido realizadas con el usurio de 0318. Honorables magistrados estos dictámenes han sido contradichos con la declaración que ha rendido mi representado declaró que él no había hecho estas modificaciones y que había pedido peritajes serios y dirigidos a su persona no de manera general como fueron presentado en el juicio, considerando que no estaba alejada de la realidad su posición de que su usurario había sido clonado o utilizado por alguien más, a lo cual se hizo caso omiso por el Ministerio Publico y no fue valorado en su fallo el Tribunal de Sentencia. Igualmente, este perito deja entrever cuestiones generales, pero no una investigación exhaustiva en relación a mi representado y su clave de usuario 0318-Jorge, que expresó que no se puede realizar acciones Ilegales por la robustez del sistema por las protecciones del sistema. Estos son los medios de prueba de los cuales he tomado lo más relevante para poder fundamentar el presente recurso los cuales debían ser contundentes y concatenarse entre sí para determinar la participación del imputado en los hechos que se le acusan, extremo que no se logró en el juicio oral y público desarrollado, ya que si bien es cierto se presentaron documentos que tuvieron algunos cambios no menos cierto que nadie de manera directa indica que mi representado fuera la persona que cometió el ilícito penal o como se había realizado dicha acción ya que no se investigó a profundidad los hechos, observando que en el ánimo de responsabilizar a alguien por situaciones que se estaban dando en el Registro Civil, el Ente Acusatorio se cegó privándose de realizar una investigación concienzuda e inculpa a mi poderdante como conejillo de indias, en el caso que nos ocupa se debió llegar al fondo de los hechos investigar si realmente mi poderdante tuvo alguna participación. Por lo tanto, solo puede decirse que son meras sospechas que resultan inútiles, y por si solas no pueden enervar la PRESUNCION DE INOCENCIA. En vista de esto, tomo como referencia el estudio en conjunto de los especialistas españoles magistrados Guerra San Martin, Belloch Julbe y López Torres de la Calle, en relación a la Presunción de Inocencia: "...un derecho subjetivo público, autónomo o irreversible del que esta investida toda persona física acusada de un delito, y consistente en desplazar sobre la persona acusadora la carga cumplida de la prueba de los hechos de la acusación viniendo obligado el juez o Tribunal a declarar la inocencia si tal prueba no tiene lugar...", es por ello que considero que no se debió considerar quebrantado dicho principio que le asistía al señor Jorge Adalberto Discua Mejía. TERCERO: Sumado a lo anterior, como lo he expresado no se ha respetado la garantía de PRESUNCION DE INOCENCIA establecida en el artículo 89 de la Constitución de la Republica: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente", misma que es recogida en el artículo 8 No. 2 de las Garantías Judiciales de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos: "...Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...", normativa violentada al haberse considerado por parte del A quo que se había vulnerado y debía condenar a mi representado con prueba no concluyente. En tal sentido tomamos lo que la conocida jurista española María Félix Tena Aragón, en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL pagina 34 inciso 7 establece: "Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas". Tal como ocurre en el caso lo acusado no puede ser corroborado o dado por válido por ningún otro medio de prueba; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón "Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivó el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado".- En el caso de marras resulta insuficientes las deposiciones de los testigos y peritos los cuales Juntos no se concatenan para acreditar como sucedieron los hechos, así como la participación del imputado en los mismos. CUARTO: Finalmente considero que la consecuencia lógica en la presente causa una vez que la Sala Penal estudie el presente recurso, es que debe dictarse la NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia emitida en contra del encartado, como es lógico, los efectos que de ella promanan, por lo que no podemos dudar que cuando el Juzgador basa su decisión en una prueba que da lugar a dudas no viola la norma que disciplina el método para adquirir, aplicar o valorar la prueba, sino que viola directamente la norma que lo vincula a juzgar conforme a pruebas legitimas. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencia tomo en cuenta una prueba dudosa e inconsistente propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo bajo el argumento que lo consideraba como prueba valida, para así condenar a JORGE ALBERTO DISCUA MEJIA por el delito de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de LA FE PUBLICA, resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” Fundamentación Jurídica Recurso de casación por infracción de precepto constitucional: El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general. los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa pública. Único motivo. • Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89 de la Constitución de la República; • Concepto de la infracción: Violación a la presunción de inocencia; • Pretensión: Sin determinar por el pretensor. El recurrente considera en su recurso que el Tribunal ha infringido el artículo 89 constitucionales concerniente a que “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”, agregando que en el presente caso se ha condenado el encartado haciendo una relación de indicios no logrando cumplir con los requisitos de autoría que consagra el código penal; asimismo hace relación que no existe prueba directa que acredite de que manera su representado realizó los cambios en las certificaciones de partidas de nacimiento y que el Tribunal ha condenado con los indicios presentados en audiencia de debate y que los mismos no tienen fuerza probatoria suficiente para dictar sentencia condenatoria; y todos los peritajes no lograron el propósito para lo que fueron propuestos y que dicha prueba no es concluyente para vulnerar el estado de inocencia del encartado. Estado de Inocencia como derecho proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y nuestra carta magna ya establece el artículo 89 de la Constitución de la República establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” Esta Sala de lo Penal, comparte el criterio que la esencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional estriba en la observancia de derechos, garantías y principios constitucionales en el juicio penal, siendo que, por su propia naturaleza el derecho penal es un medio de control social que implementa los instrumentos más represivos del Estado, y en consecuencia necesita como límite a ese derecho de persecución de infracciones penales, justamente de derechos y garantías constitucionales que hagan de esa persecución un proceso que se ajuste a las reglas y procedimientos que enmarcan el debido proceso. Se ha denunciado la violación de una garantía consignada en nuestra Carta Magna como lo es la “Presunción de Inocencia” que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por Honduras. La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. En el caso examiné, el reclamante advierte que el Tribunal de Sentencia lesionó ese derecho fundamental a su representado, al emitir un fallo condenatorio teniendo como base prueba con la concurrencia del ánimo tendencial para llegar al delito que se imputa. Del estudio realizado a la actividad recursiva el cual se fundamenta en la infracción de precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, deberá considerar: a) las pruebas que tuvo en cuenta el Tribunal de Instancia para atribuir unos hechos delictivos a una persona, b) si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, c) si de haber sido practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal, d) si las pruebas se practicaron con observancia de las normas procesales y respeto a los derechos fundamentales, y e) si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador no resultan arbitrarias. En este sentido, corresponde al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, que se ha realizado con observancia de la legalidad en su obtención y su práctica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. De la procedencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional. El recurso no es de recibo. Es doctrina jurisprudencial reiterada que se ha denunciado la violación de una garantía consignada en nuestra Carta Magna como lo es la “Presunción de Inocencia” que al tratarse de una norma relativa a los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados internacionales suscritos por Honduras. La Presunción de Inocencia se visualiza como un derecho fundamental que no requiere de acción alguna por parte del sujeto activo para lograr su aplicabilidad, sino que se convierte en la exigencia del ente acusador de probar los hechos imputados; por tanto, la Presunción de Inocencia puede ser enervada cuando consta en la causa prueba de cargo suficiente que abarque dos circunstancias, en primer lugar, la existencia de un hecho punible penalmente con una actividad probatoria mínima que la acredite y, la segunda, la culpabilidad del acusado en el hecho sometido a juicio, mediante las pruebas con un sentido incriminador respecto a su participación. El reclamante advierte que el Tribunal de Sentencia lesionó el derecho fundamental a su representado, al emitir un fallo y condenarlo con prueba no concluyente; además que en el caso resulta insuficiente las deposiciones de los testigos y peritos los cuales juntos no se concatenan para acreditar como sucedieron los hechos, así como la participación del imputado en los mismos. La Sala de lo Penal, al revisar el fallo impetrado por el recurrente verificamos que no es acertado lo manifestado, ya que los medios de prueba incorporados a juicio y valorados por los Juzgadores, mismos que se revisten de legalidad en el proceso, por haber sido obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador, el proceso de su razonamiento que le han llevado a decidir el fallo objeto de este recurso casacional; además se verifica que no es cierto que el Juzgador fundamentó la sentencia en prueba dudosa e inconsistente propuesta por el ente acusador, basando por una parte su fallo bajo argumento que lo considera como prueba valida para condenar al acusado por el delito investigado. El censor alega en sus argumentos que los dictámenes han sido contradichos con la declaración que rindió el acusado (que él no había hecho estas modificaciones y que había pedido peritajes dirigidos a su persona y no de manera general como fueron presentados en juicio); que del examen realizado a la sentencia recurrida verificamos que la prueba valorada por el A quo es la siguiente: 1. Declaración del imputado Jorge Adalberto Discua Mejía quien renunció a su derecho de no declarar, el Tribunal extrajo la inferencia: “Para estos Jueces los dichos por el señor Jorge Adalberto Discua, lo hace renunciando a su derecho constitucional a no declarar, en sus dichos confirma que es cierto que estuvo desempeñando un puesto (escribiente) en el Registro Nacional de las Personas, de la ciudad de Siguatepeque, que también tuvo el usuario 0318jorge, pero niega su participación en lo referente a conocer a personas de origen Pakistani, o haber participado en algún acto contrario a la ley, en base a las máximas de la experiencia común es lógico que cualquier persona que se le vincule con la realización material de un hecho o cata delictivo, trate de desvirtuar esa imputación, sin embargo no se produjo prueba que pudiera ser congruente con lo manifestado por Jorge Adalberto, mas que los extremos de haber estado vinculado con el Registro Nacional de las Personas y haber utilizado el usuario 0318jorge durante su función como escribiente y de haber tenido autorización para inscribir nacimientos, defunciones, matrimonios y también poder hacer modificaciones a inscripciones”. 2. Se valoró la declaración de ITALIA PONCE MEZA quien declaró en su condición de Registradora Civil Municipal, de la cual el Tribunal realizó las siguientes inferencias: “Para estos Jueces lo dicho por esta testigo es cierto, ya que solo refirió los tipos de tramites que se registran en el Registro Civil, así como la prueba documental referida en este acápite, por haber emitido una constancia respecto a los extremos encontrados respecto a la inscripción 0318-1986-02385 y la certificación de la inspección realizada al libro matriz del Registro Nacional de las Personas, de la cual en lo mas relevante, se pudo constatar que no existe en el mismo la certificación de nacimiento ya antes referida, es decir que su existencia solo se cuenta en el sistema informático y no en que se lleva de manera de copia o manuscrita”. 3. Se evacuó medios de pruebas documentales los cuales fueron numerados en el acápite segundo del apartado de la valoración de prueba, del cual se hizo la siguiente inferencia: “Para estos Jueces con estos medios de pruebas se acredito, que Jorge Adalberto Discua fue empleado público del Registro Nacional de las Personas de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, que la certificación de nacimiento 0318-1986-02385 sufrió modificaciones en parámetros como ser el nombre y apellido y que además no se encuentra soporte físico de dicha certificación”. 4. Además se evacuó medios de prueba pericial de donde los Juzgadores los siguientes razonamiento: “con estos medios de prueba periciales, ingresados unos por exhibición y otros por ratificación, se logro acreditar que la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, no tenía soporte físico, y solo se encontraba en el registro informático, que se habían modificado en varias ocasiones parámetros de la referida certificación, que estas modificaciones se habían realizado en computadoras asignadas al registro nacional de las personas de la ciudad de Siguatepeque, y que las mismas habían sido realizadas utilizando el usuario 0318jorge, asignado a Jorge Adalberto Discua, que entre sus atribuciones como escribiente de esa institución del Estado, estaban la de poder inscribir y modificar los asientos de nacimientos, defunciones y matrimonios”. 5. Que en el acápite CUARTO del apartado de la valoración de prueba el Juzgador hace la siguiente inferencia: “Para estos Jueces estos medios de prueba amplían los dictámenes que se ingresaron mediante exhibición y que se refieren a los documentos que fueron entregados por el Registro de las Personas de la ciudad de Comayagua, respecto a la inspección en donde se verificó la creación y modificaciones a la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, por lo que merecen credibilidad”. Posteriormente el Juzgador realiza una motivación fáctica en relación a la figura de Falsificación de Documentos Públicos en relación con el hecho juzgado de la siguiente manera: “En lo que respecta a la otra figura penal de Falsificación de Documentos Públicos, la que también se regula en la norma penal antes referida, debemos mencionar que la prueba de cargo en este aspecto resultó capaz y suficiente para acreditar dicha infracción penal en contra de la Fe Pública, ya que, sin mayor esfuerzo mental, se logro acreditar que con el usuario 0318jorge, se creo la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, sin ningún soporte físico, y solo de manera informática y que además se altero en ese documento parámetros, tales como nombre y apellidos, también se acreditó que Jorge Adalberto Discua, fue a quien se le asignó el usuario 0318jorge, por lo que en base a la teoría del dominio del hecho, es autor de un delito, aquel que tiene dominio del hecho, aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y como del suceso, es decir la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. Como se ha dicho en el apartado de la valoración de la prueba, Jorge Adalberto según las funciones de su puesto, podía con su usuario y contraseña, inscribir y modificar varios tipos de acciones, siendo así que utilizo esta atribución para crear y posteriormente modificar la certificación de nacimiento 0318-1986-02385, sin contar o seguir el procedimiento que enmarca la Ley del Registro Nacional de las Personas, si bien el procesado renunciando a su derecho de no declarar manifestó, de su posibilidad de clonación de su usuario y contraseña, no se produjo prueba tendiente a poder acreditar dicho extremo”. Que el recurrente manifiesta que dicha prueba no es concluyente para vulnerar el estado de inocencia del encartado, al considerarla que son indicios y que los mismos no tienen fuerza probatoria suficiente para dictar sentencia condenatoria, sin embargo, el A quo en aplicación de lo establecido en la norma procesal a efecto de valorar la prueba allegada al juicio oral y público, misma estuvo como resultado la condena del encausado, siempre estuvo sujeta a los principio de inmediación y contradicción, habiendo tenido cuidado de velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado; asimismo verificamos que lo planteado por el Censor en su escrito recursivo no ha logrado convencer con sus razonamientos en cuanto que se ha infringido la norma constitucional invocada como motivo de casación, al haberse verificado que el encausado decidió declarar en juicio realizando una defensa material, no logrando evitar el quebrantamiento del estado de inocencia después de ser evacuada toda la carga probatoria que permitió a los Jueces realizar los razonamientos propios, que los llevo a dictar un fallo condenatorio; por todas las razones anteriormente expuestas podemos concluir, que en el caso bajo examen, se constata la evacuación de prueba de cargo suficiente, practicada con arreglo a las normas procesales, sin menoscabo de los derechos fundamentales del acusado, seguida de una valoración probatoria del Tribunal de Instancia que no se presenta arbitraria o irreflexiva, y que conduce a la enervación de la presunción de inocencia que ha venido gozando el señor Jorge Adalberto Discua Mejía; consecuentemente no se aprecia la vulneración del artículo 89 de la Constitución de la República, lo que trae como resultado la desestimación del presente motivo fundado en el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Decisión. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado José Leónidas Meza Jiménez, en su condición de defensor público del señor Jorge Adalberto Discua Mejía. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al artículo 284 del Código Penal según Decreto 144-83, se condenó al señor Jorge Adalberto Discua Mejia, por el delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Publica, a una pena de cinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil y a trabajos en obras públicas o labores dentro del centro penal durante el tiempo de la pena principal; además se declaró responsable civilmente de la restitución, reparación e indemnización de daños causados. Que la conducta reprochada conforme las disposiciones del Código Penal Decreto No. 130-2017, tiene las siguientes disposiciones: Por el delito de Falsificación de Documento Público o Mercantiles (art.456) tiene una pena abstracta de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y multa de trescientos (300) a quinientos (500) días si se trata de documento público; y el artículo 458 del mismo cuerpo legal establece que si el culpable del delito de falsedad descrito en el artículo 456 del presente Código, es funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones, se debe imponer, además, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis (6) a doce (12) años. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio no sólo en relación al quantum de la pena privativa de la libertad, sino también en relación a la pena de multa, además que no es admisible fragmentar las normas, tomando en cuenta una de ellas que le considere favorece y rechazando lo que perjudique, por lo que se debe tener en cuenta las disposiciones taxativamente, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por el Abogado José Leónidas Meza Jiménez, en su condición de defensor público del señor Jorge Adalberto Discua Mejía. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinte de abril del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua. Y Manda: Que a efecto de que se acate lo resuelto, que la Secretaría del Despacho después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redacto el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticinco de julio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-401-2021.

LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.

Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal”