Sentencia CP-382-19 — Registro 19098
Resumen
En primer instancia se condena a los imputados por los delitos de extorsión continuada, asociación ilícita y portación ilegal de arma, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. Procede la retroactividad de la ley penal
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Conforme el recurso de casación presentado, se alega violación al estado de inocencia, debido proceso, y el derecho de defensa; es indispensable que la recurrente señale de manera puntual en que consistieron las supuestas transgresiones a los derechos denunciados, en este sentido demanda la impetrante que cuando el A-quo valora la entrega controlada sin que esta haya sido autorizada por juez competente y cita como violentados los artículo 49, 51, 52 y 60 de la ley especial de lavado de activos violenta de esta forma el debido proceso, es de tener presente que la ley de lavado de activos previene que los delincuentes oculten el origen ilícito de sus ganancias y evadan la justicia en el caso del lavado de activos las entregas controladas buscan evitar la transferencia o remesas de dinero que provengan de actos ilícitos, en el caso de marras nos encontramos ante otro tipo penal donde esa entrega de dinero que se está controlando proviene de la amenaza o intimidación que obliga al ofendido a entregar dinero a los acusados pues se trata de un delito de extorsión. Una vez puesta la denuncia sobre estos hechos esta obligado el Fiscal y los agentes antiextorsión a practicar diligencias que confirmen o no lo denunciado, la entrega controlada es un conjunto de diligencias de investigación preparatoria, mediante este técnica investigativa que se lleva a cabo por parte de los agentes antiextorsión en colaboración con la víctima se busca la constatación inmediata de la comisión del delito y capturar a la o las persona que exigen dinero o bienes fruto de la amenaza o intimidación, es un delito que va en contra del patrimonio del ofendido, ahora bien si la defensa no estaba de acuerdo con estos actos investigativos que son parte de una entrega contralada por considerarlos violatorios a garantías debió hacer uso de los recurso de ley en los momentos procesales, si bien en audiencia de proposición de prueba se objetó el acta de vigilancia y seguimiento fue bajo el argumento de considerarla desproporcional, el A-quo resolvió denegando la objeción de la defensa publica por considerar que los medio de prueba del ministerio público eran útiles, proporcionales y pertinentes, en este sentido una vez que la prueba es admitiva se evacuada en juicio oral y público por lo que el Tribunal de Sentencia está en el devenir de otorgarle el razonamiento jurídico que corresponda, en este caso las actuaciones investigativas en la etapa preparatoria son dirigidas por el Fiscal o policía que buscan recopilar los elementos o pruebas de convicción para el esclarecimientos de los hechos investigados o su constatación, sin que esto implique violación a garantías constitucionales de los acusados. Ante la denuncia de la recurrente, esta Sala de Casación se da a la tarea de revisar el fallo recurrido y determinar si ha existido vulneración al Estado de Inocencia, conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento es la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimientos legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el Sentenciador; cuarto precepto es que se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron en base a la reglas del correcto pensamiento humano y como último criterio debe verificar esta Sala de Casación si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. La censora cuestiona que el Tribunal de Sentencia no debió condenar, ya que en el caso en reclamo no se ha garantizado el derecho a defensa lo que ha dado como consecuencia enervar el estado de inocencia por el delito de extorsión continuada, asociación ilícita y esta ha sido violentando el debido proceso; Reclama la censora que, al incorporarse la declaración del testigo JPTP-E1604 bajo protección se ha vedado a la defensa de los acusados el derecho a hacer un contrainterrogatorio con igualdad de armas por el desconocimiento de la identidad del testigo, para esta Sala de Casación la protección de un testigo se estila bajo requisitos ya previstos por la ley, siendo una figura legalmente constituida, esta protección no violenta el derecho de defensa mediante el cual el abogado de los imputados puede contradecir o repreguntar al testigo que recibe medidas de protección para resguardar su identidad, domicilio, profesión y lugar de trabajo, estas medidas se adoptan cuando se considera que la vida del testigo, libertad o bienes están en peligro, una vez otorgada dicha protección es parte del acervo probatorio con identidad reservada sujeta a las reglas del interrogatorio, de igual forma el casacionista no interpuso en los momentos procesales oportunos recurso en oposición a dicha protección, por todas las motivaciones ya expuestas esta Sala de lo Penal considera que el caso examine a los acusados Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos en la sentencia sujeta la censora no se le ha violentado ninguna de las garantías constitucionales denunciadas en este motivo de casación interpuesto por la defensa pública por lo cual debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Conforme el recurso de casación presentado, se alega violación al estado de inocencia, debido proceso, y el derecho de defensa; es indispensable que la recurrente señale de manera puntual en que consistieron las supuestas transgresiones a los derechos denunciados, en este sentido demanda la impetrante que cuando el A-quo valora la entrega controlada sin que esta haya sido autorizada por juez competente y cita como violentados los artículo 49, 51, 52 y 60 de la ley especial de lavado de activos violenta de esta forma el debido proceso, es de tener presente que la ley de lavado de activos previene que los delincuentes oculten el origen ilícito de sus ganancias y evadan la justicia en el caso del lavado de activos las entregas controladas buscan evitar la transferencia o remesas de dinero que provengan de actos ilícitos, en el caso de marras nos encontramos ante otro tipo penal donde esa entrega de dinero que se está controlando proviene de la amenaza o intimidación que obliga al ofendido a entregar dinero a los acusados pues se trata de un delito de extorsión. Una vez puesta la denuncia sobre estos hechos esta obligado el Fiscal y los agentes antiextorsión a practicar diligencias que confirmen o no lo denunciado, la entrega controlada es un conjunto de diligencias de investigación preparatoria, mediante este técnica investigativa que se lleva a cabo por parte de los agentes antiextorsión en colaboración con la víctima se busca la constatación inmediata de la comisión del delito y capturar a la o las persona que exigen dinero o bienes fruto de la amenaza o intimidación, es un delito que va en contra del patrimonio del ofendido, ahora bien si la defensa no estaba de acuerdo con estos actos investigativos que son parte de una entrega contralada por considerarlos violatorios a garantías debió hacer uso de los recurso de ley en los momentos procesales, si bien en audiencia de proposición de prueba se objetó el acta de vigilancia y seguimiento fue bajo el argumento de considerarla desproporcional, el A-quo resolvió denegando la objeción de la defensa publica por considerar que los medio de prueba del ministerio público eran útiles, proporcionales y pertinentes, en este sentido una vez que la prueba es admitiva se evacuada en juicio oral y público por lo que el Tribunal de Sentencia está en el devenir de otorgarle el razonamiento jurídico que corresponda, en este caso las actuaciones investigativas en la etapa preparatoria son dirigidas por el Fiscal o policía que buscan recopilar los elementos o pruebas de convicción para el esclarecimientos de los hechos investigados o su constatación, sin que esto implique violación a garantías constitucionales de los acusados. Ante la denuncia de la recurrente, esta Sala de Casación se da a la tarea de revisar el fallo recurrido y determinar si ha existido vulneración al Estado de Inocencia, conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento es la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimientos legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el Sentenciador; cuarto precepto es que se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron en base a la reglas del correcto pensamiento humano y como último criterio debe verificar esta Sala de Casación si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. La censora cuestiona que el Tribunal de Sentencia no debió condenar, ya que en el caso en reclamo no se ha garantizado el derecho a defensa lo que ha dado como consecuencia enervar el estado de inocencia por el delito de extorsión continuada, asociación ilícita y esta ha sido violentando el debido proceso; Reclama la censora que, al incorporarse la declaración del testigo JPTP-E1604 bajo protección se ha vedado a la defensa de los acusados el derecho a hacer un contrainterrogatorio con igualdad de armas por el desconocimiento de la identidad del testigo, para esta Sala de Casación la protección de un testigo se estila bajo requisitos ya previstos por la ley, siendo una figura legalmente constituida, esta protección no violenta el derecho de defensa mediante el cual el abogado de los imputados puede contradecir o repreguntar al testigo que recibe medidas de protección para resguardar su identidad, domicilio, profesión y lugar de trabajo, estas medidas se adoptan cuando se considera que la vida del testigo, libertad o bienes están en peligro, una vez otorgada dicha protección es parte del acervo probatorio con identidad reservada sujeta a las reglas del interrogatorio, de igual forma el casacionista no interpuso en los momentos procesales oportunos recurso en oposición a dicha protección, por todas las motivaciones ya expuestas esta Sala de lo Penal considera que el caso examine a los acusados Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos en la sentencia sujeta la censora no se le ha violentado ninguna de las garantías constitucionales denunciadas en este motivo de casación interpuesto por la defensa pública por lo cual debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."El recurso no es de recibo. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por los señores Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, es necesario abordar el contenido el artículo 332-B del Código Penal, el cual establece que quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. Asimismo, mediante el decreto legislativo 063-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 06 de noviembre de 2014, prorrogado en su vigencia por un periodo de 6 meses mediante el decreto legislativo 60-2015, ampliado bajo número 63-2014 hasta 31de diciembre del 2015, prorrogado del 4 de agosto del 2017 a diciembre del 2018 bajo el decreto 052-2017, contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 31 de diciembre de 2018, el legislador dispuso un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Los hechos probados de la sentencia establecen: SEGUNDO: El diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, el testigo protegido CLAVE JPTP-E1604, se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a interponer la denuncia, que durante los meses de agosto y septiembre de ese mismo año (2016) había realizado pagos en concepto de impuesto de guerra a dos personas que se identificaban como miembros de la padilla 18. El tres de octubre de dos mil dieciséis, fue instruido en esa agencia de investigación, para efectuar una entrega controlada, por lo que procedieron a preparar un paquete simulando la cantidad de cinco mil lempiras (L5,000.00), con un billete de quinientos lempiras (L500.00) previamente seriado y papel periódico; y a eso de las seis de la tarde en la fecha antes indicada, el testigo protegido CLAVE JPTP- E1604, se trasladó hasta uno de los pasajes de la colonia 23 de Septiembre del municipio de La Lima, Cortés, a entregar la cantidad de dinero exigida, sitio donde ya montaban vigilancia miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y a eso de las siete con diez minutos de la noche (7:10 pm.), llegaron hasta el lugar los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA Y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, el primero de ellos (JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA), recibió el paquete previamente preparado, mientras su acompañante OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, lo aguardaba a escasos metros de distancia. Inmediatamente, ambos acusados se retiraron, siendo seguidos por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que habían observado el proceso de entrega, procediendo a detenerlos, encontrándole a JESUS ALBERTO PADILLA PADILLA, en posesión del paquete previamente preparado, consistente en un sobre de color blanco el cual contiene en su interior la cantidad de quinientos lempiras (L.500.00) con serie W0823735 y recortes de papel periódico; un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV, calibre .45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm, inscrita en el Registro Balístico a favor de JOSE ALFREDO DÍAZ RUIZ; en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm; un saco color blanco y amarillo, que contenía en su interior siete (7) pantalones color verde, negro y café de uso militar; siete (7) camisas color verde, negro y café de uso militar; dos (2) gorras color verde, negro y café de uso militar; tres (3) pares de botas color negro, cincuenta y ocho (58) proyectiles sin percutir calibre 5.56 mm, y veinte (20) proyectiles sin percutir calibre 7.62x39.”; la recurrente considera que el referido decreto legislativo es aplicable a la materia penal y mediante el cual no procede la aplicación del artículo 332 B del Código Penal pues el decreto 052-2017 deja en suspenso dicha normativa penal y por tanto procede su aplicación retroactiva. Contrario a lo anterior, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso, el Decreto Legislativo 052-2017) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro del parque de armas para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y sus posteriores prórrogas, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también,deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el fáctum de la sentencia, que los acusados fueron capturados en uno de los pasajes de la colonia 23 de septiembre del municipio de La Lima Cortes a eso de las siete y diez de la noche; las circunstancias del día, hora y lugar de la detención, así como las actividades que realizaban los acusados durante su detención, permiten colegir objetivamente que la intencionalidad de éstos no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro, por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332-B del Código Penal, el cual aplicó correctamente el Sentenciador, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Conforme los hechos probados los acusados Jesus Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, son responsables penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, pues portaban al momento de suscitarse los hechos, un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV, calibre .45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm, inscrita en el Registro Balístico a favor de Jose Alfredo Diaz Ruiz; en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente.Tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión de los acusados al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación...
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- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-382-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-382-2019 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Omar Enrique Ventura Santos, por el delito de Portación Ilegal de Munición Prohibida, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: Condenó a Omar Enrique Ventura Santos, como coautor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-E1604, a la pena principal de veinticinco años de reclusión; y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, en su escala más alta vigente al momento de los hechos, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizada para tal fin; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. TERCERO: Condenó a Omar Enrique Ventura Santos, como coautor responsable penalmente del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a las penas principales de veinte años de reclusión, y una multa de cien mil lempiras, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizada para tal fin; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. CUARTO: Condenó a Omar Enrique Ventura Santos, como autor responsable penalmente del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de tres años de reclusión; más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. QUINTO: Condenó a Jesús Alberto Padilla Padilla, como coautor responsable penalmente del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-E1604, a las penas principales de veinticinco años de reclusión; y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, en su escala más alta vigente al momento de los hechos, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizada para tal fin; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. SEXTO: Condenó a Jesús Alberto Padilla Padilla, como autor responsable penalmente del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a las penas principales de veinte años de reclusión, y multa de cien mil lempiras, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizada para tal fin; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. SÉPTIMO: Condenó al señor Jesús Alberto Padilla Padilla, como autor responsable penalmente del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de tres años de reclusión; más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. OCTAVO: Los condenados deberán cumplir las penas de reclusión una en pos de otras, que sumadas ascienden a cuarenta y ocho años de reclusión, iniciando por la de mayor gravedad, en el establecimiento penal que corresponda, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. NOVENO: Declaró la responsabilidad civil de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución. DÉCIMO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. DÉCIMO PRIMERO: Ordenó se le devuelva al Testigo Protegido JPTP-E1604, un billete de quinientos lempiras, serie W0823735. 2) Ordenó devolver a quien acredite su propiedad, un teléfono celular marca Samsung táctil, color blanco con gris, y otro teléfono móvil marca IPHONE, táctil color negro con bordes color gris, con un cobertor color azul y una tarjeta sincard de la compañía TIGO. 3) Declaró el comiso de las armas de fuego siguientes: A) tipo pistola, marca COLT, modelo COLT MK IV, calibre .45 AUTO, serie SF 17316, y, B) tipo pistola, sin marca ni serie visible, calibre 9mm, empuñadura color café. 4) Declaró el comiso de cincuenta y ocho (58) proyectiles de calibre 5,56 mm y veinte (20) proyectiles calibre 7.62X39. Son partes en única instancia: Los abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reniery Amador Espinal en su condición de defensores públicos de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En el mes de agosto del año dos mil dieciséis, los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA Y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, se agruparon y de común acuerdo, llegaron al centro de trabajo del testigo protegido con CLAVE JPTP-E1604, situado en La Lima, Cortés, identificándose como miembros de la pandilla 18, exigiéndole que a partir de ese momento y cada quince días debía entregarles la cantidad de cinco mil lempiras (L5,000.00), en concepto de impuesto de guerra, en uno de los pasajes de la colonia 23 de septiembre de la Lima, Cortés, bajo la advertencia que de no acceder, le quitarían la vida a él, a su familia o a sus compañeros de trabajo, debido a lo cual, a partir de ese momento les realizó la entrega del dinero en la cantidad y periodicidad exigida por éstos. SEGUNDO: El diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, el testigo protegido CLAVE JPTP-E1604, se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a interponer la denuncia, que durante los meses de agosto y septiembre de ese mismo año (2016) había realizado pagos en concepto de impuesto de guerra a dos personas que se identificaban como miembros de la padilla 18. El tres de octubre de dos mil dieciséis, fue instruido en esa agencia de investigación, para efectuar una entrega controlada, por lo que procedieron a preparar un paquete simulando la cantidad de cinco mil lempiras (L5,000.00), con un billete de quinientos lempiras (L500.00) previamente seriado y papel periódico; y a eso de las seis de la tarde en la fecha antes indicada, el testigo protegido CLAVE JPTP- E1604, se trasladó hasta uno de los pasajes de la colonia 23 de Septiembre del municipio de La Lima, Cortés, a entregar la cantidad de dinero exigida, sitio donde ya montaban vigilancia miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y a eso de las siete con diez minutos de la noche (7:10 pm.), llegaron hasta el lugar los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA Y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, el primero de ellos (JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA), recibió el paquete previamente preparado, mientras su acompañante OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, lo aguardaba a escasos metros de distancia. Inmediatamente, ambos acusados se retiraron, siendo seguidos por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que habían observado el proceso de entrega, procediendo a detenerlos, encontrándole a JESUS ALBERTO PADILLA PADILLA, en posesión del paquete previamente preparado, consistente en un sobre de color blanco el cual contiene en su interior la cantidad de quinientos lempiras (L.500.00) con serie W0823735 y recortes de papel periódico; un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV, calibre .45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm, inscrita en el Registro Balístico a favor de JOSE ALFREDO DÍAZ RUIZ; en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm; un saco color blanco y amarillo, que contenía en su interior siete (7) pantalones color verde, negro y café de uso militar; siete (7) camisas color verde, negro y café de uso militar; dos (2) gorras color verde, negro y café de uso militar; tres (3) pares de botas color negro, cincuenta y ocho (58) proyectiles sin percutir calibre 5.56 mm, y veinte (20) proyectiles sin percutir calibre 7.62x39.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Gloris Evelin Banegas Ávila, en su condición de defensora publica de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL PRIMER MOTIVO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82, 89 y 90, (EL DERECHO DE DEFENSA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 49, 51, 52 y 60 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio entre otras disposiciones señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; 3) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sind en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después. de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás leyes aplicables: 4 Procede el uso de técnicas espaciales para la investigación y juzgamiento de todos los hechos constitutivos de delito tipificados en el Código ? Penal y leyes especiales...: 5) Las Técnicas Especiales de Investigación son: Manejo de informantes, la entrega vigilada, operaciones encubiertas y la intervención de las comunicaciones: 6) La entrega vigilada o controlada consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas, sustancias prohibidas o de sustancias por las que se hayan sustituido las antes mencionadas o dinero en efectivo, instrumentos u objetos de valor, armas, municiones, explosivos u otros instrumentos relacionados con el tipo de delito que se investiga, se entreguen, ingresen, transiten o salgan del territoria hondureño, con el conocimiento y bajo el control y supervisión de las autoridades competentes); 7) Las Técnicas Especiales de Investigación de Entrega Vigilada y Agente Encubierto, deben ser autorizadas por el Órgano Jurisdiccional Competente a solicitud del Ministerio Público. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO "JPTP-E1604" y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS lesiona gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando sus derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que les asisten a los imputados por mandato constitucional, pues la demostración, fuera de toda duda razonable, de la imputación en su contra debe hacerse respetando sus derechos fundamentales, prerrogativas que en el presente caso no han sido plenamente observadas. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuaron como pruebas de cargo, entre otras, las siguientes: 1) Declaraciones de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE JPTP- E1604, Joel Fernando Martínez Hernández y Eduardo Emanuel Licona Lira, y 2) Acta de seriado de dinero de fecha 3 de octubre de 2016 para la ejecución de una Entrega Controlada, las mencionadas pruebas son decisivas para dar por acreditados los hechos siguientes: "PRIMERO: En el mes de agosto del año dos mil dieciséis, los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, se agruparon y de común acuerdo, llegaron al centro de trabajo del testigo protegido con CLAVE JPTP-E1604, situado en La Lima, Cortés. identificándose coma miembros de la pandilla 18, exigiéndole que a partir de ese momento y cada quince días debía entregarles la cantidad de cinco mil lempiras (15.000.00), en concepto de impuesto de guerra, en uno de los pasajes de la colonia 23 de septiembre de la Lima, Cortés, bajo la advertencia que de acceder, le quitarían la vida a él, a su familia o a sus compañeros de trabajo, debido a lo cual, a partir de ese momento les realizó la entrega del dinero en la cantidad y periodicidad exigida por éstos.-SEGUNDO: El diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, el testigo protegido CLAVE JPTP-E1604, se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a interponer la denuncia, que durante los meses de agosto y septiembre de ese mismo año (2016) había realizado pagos en concepto de impuesto de guerra a dos personas que se identificaban como miembros de la pandilla 18. El tres de octubre de dos mil dieciséis, fue instruido en esa agencia de investigación, para efectuar una entrega controlada, por lo que procedieron a preparar un paquete simulando la cantidad de cinco mil lempiras (15.000.00), con billetes de quinientos lempiras (1500.00) preventivamente seriado y papel periódico; y a eso de las seis de la tarde en la fecha antes indicada, el testigo protegido CLAVE JPTP-E1604, se trasladó hasta uno de los pasajes de la colonia 23 de Septiembre del municipio de La Lima, Cortés, a entregar la cantidad de dinero exigida, sitio donde ya montaban vigilancia miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y a eso de las siete con diez minutos de la noche (7:10), llegaron hasta el lugar los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, el primero de ellos (JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA), recibió el paquete previamente preparado, mientras su acompañante OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, lo aguardaba a escasos metros de distancia. Inmediatamente, ambos acusados se retiraron, siendo seguidos por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que habían observado el proceso de entrega, procediendo a detenerlos, encontrándole a JESUS ALBERTO PADILLA PADILLA, en posesión del paquete previamente preparado, consistente en un sobre de color blanco el cual contiene en su interior la cantidad de quinientos lempiras (L.500.00) con serie W0823735 y recortes - de papel periódico; un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV. calibre 45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm, inscrita en el Registro Balístico a favor de JOSE ALFREDO DÍAZ RUIZ; en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm: un saco color blanco y amarillo, que contenía en su interior siete (7) pantalones color verde, negro y café de uso militar: siete (7) camisas color verde, negro y café de uso militar: dos (2) gorras color verde, negro y café de uso militar: tres (3) pares de botas color negro, cincuenta y ocho (58) proyectiles sin percutir calibre 5.56 mm, y veinte (20) proyectiles sin percutir calibre 7.62x39". CUARTO: En relación a la condena por los delitos de EXTORSIÓN CONTINUADA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA atribuidos a los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS el vicio que denunciamos se produce, en primer lugar, porque la acreditación de tales hechos está sustentada, decisivamente, en pruebas en cuya obtención no se cumplió lo preceptuado, imperativamente, en normas procesales de obligatoria observancia, volviendo ineficaces los resultados de las actuaciones investigativas ejecutadas al margen del debido proceso, ello se produjo en virtud de que, en el caso de mérito, la entrega controlada se acordó y ejecutó sin autorización o convalidación judicial, en abierta violación a los artículos 49 y 60 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, en donde se dispone que: Procede el uso de técnicas especiales para la investigación y juzgamiento (entre ellas la entrega vigilada) de todos los hechos constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal y leyes especiales... la Entrega Vigilada debe ser autorizada por el Órgano Jurisdiccional Competente a solicitud del Ministerio Público, pero el ente acusador hizo caso omiso a las referidas disposiciones legales en la ejecución de la cuestionada entrega vigilada y el Juzgador indebidamente le concede entero valor probatorio a dichas actuaciones policiales, lo que conlleva un evidente quebranto al debido proceso y derivado de ello se produce una violación a la presunción de inocencia de la que gozan los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS. QUINTO: En segundo lugar, los derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso de los señores PADILLA PADILLA y VENTURA SANTOS resultan quebrantados porque la prueba decisiva en la que se basa el fallo de condena está constituida por la declaración del Testigo Protegido Clave JPTP-E1604, quien por esa condición de testigo protegido (oculto y con identidad reservada) impidieron el ejercicio de un verdadero examen del testigo respecto a posibles intereses ilegítimos, no pudiendo usar plenamente el principio de contradicción, el cual implica el derecho de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero el desconocimiento de la identidad del decisivo testigo por parte de los imputados los dejó, a ellos y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: "Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De la contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenida en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución...b).... la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio del administrador y dueños del funda Nancahue estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el "testigo protegido Nº ("), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonia solo tenían un conocimiento indirecto... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada. lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.I de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao". “...este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios”. SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el referido caso, declara que es deber estatal garantizar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, porque a ellos se les condenó con base en la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE JPTP- E1604 (oculto y con identidad reservada) frente a quien, por esa condición de protegido, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, como ser el Acta de seriado de dinero y las declaraciones de los policías anti extorsión Joel Fernando Martínez Hernández y Eduardo Emmanuel Licona Lira, pero la primera de las diligencias se llevó a cabo irrespetando el debido proceso y los segundos son testigos indirectos y por tanto sus dichos no bastaban para justificar un fallo condenatorio, lo contrario implica un quebranto a los fundamentales derechos de los imputados y tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, una condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, por lo que siendo ese el caso, lo que legítimamente corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor de los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS por los delitos de EXTORSIÓN CONTINUADA y ASOCIACVIÓN ILÍCITA.” “ SEGUNDO MOTIVO: Infracción del artículo 96 de la Constitución de la República en relación a la falta de aplicación retroactiva de los artículos 1 y 2 del Decreto 52-2017 (Amnistía para el registro de armas de fuego). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: La norma constitucional que se denuncia como infringida dispone que la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado (artículo 96 CR). SEGUNDO: En el caso de mérito, el Juzgador, luego de valorar la prueba evacuada en el juicio, en el SEGUNDO HECHO PROBADO declaró, entre otras cosas, lo siguiente: "SEGUNDO: ... El tres de octubre de dos mil dieciséis.... ambos acusados se retiraron. siendo seguidos por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que habían observado el proceso de entrega, procediendo a detenerlos, encontrándole a JESUS ALBERTO PADILLA PADILLA, en posesión de ... un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV. calibre .45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm. inscrita en el Registro Balístico a favor de JOSE ALFREDO DÍAZ RUIZ: en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm; ... cincuenta y ocho (58) proyectiles sin percutir calibre 5.56 mm, y veinte (20) proyectiles sin percutir calibre 7.62x39". TERCERO: El Juzgador consideró que el Segundo Hecho Probado, en la parte referida, se subsume en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal a pesar que al momento del dictado de la sentencia impugnada, 21 de febrero de 2018, estaba vigente el Decreto Legislativo 52-2017, que establece un período de Amnistía que se extiende hasta 31 de diciembre de 2018 para que durante dicho tiempo las personas puedan legalizar la tenencia de armas de fuego comerciales, ello dejaba en suspenso la aplicación del artículo 332-B del Código Penal durante la vigencia de la referida Amnistía, de lo anterior resulta que el Decreto Legislativo 52-2017 constituye, en el caso de mérito, ley intermedia, siendo la misma favorable a los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS y por disposición del artículo 96 de la Constitución de la República ella debe ser aplicada retroactivamente; razón por la cual, calificar la tenencia del arma de fuego comercial encontrada en poder de los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS al momento de su captura, como constitutiva del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL con fundamento en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, cuya vigencia estaba suspendida en el momento en que fueron juzgados, como antes lo indicamos, implica una infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 96 de la Carta Magna, por falta de su aplicación en relación con los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 52-2017. CUARTO: Sobre la interpretación de los decretos que establecen vedas para facilitar la legalización de la tenencia de armas de fuego comerciales, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que: "Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 b del Código Penal, al regir el artículo 2 del decreto 69-2007, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plaza de seis meses otorgado por la disposición intermedia". El razonamiento anterior solicitamos sea observado en la causa seguida contra los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, dictando en consecuencia una sentencia absolutoria a favor de dichos imputados por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIALES.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá enunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, la recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública. Primer Motivo. • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 82, 90 y 90 de la Constitución de la Republica en relación al 49,51,52 y 60 de la ley especial contra Lavado de Activos • Concepto de la infracción: violación al Derecho a Defensa, Estado de Inocencia y Debido Proceso. • Reclamación Ex ante: Se ha producido al momento del juicio oral y público. • Pretensión: que se declare con lugar el recurso, dictando fallo absolutorio a favor de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos. Explicó la recurrente que, en la sentencia condenatoria dictada contra sus patrocinados, el Juzgador la dictó infringiendo el debido proceso declarando la responsabilidad de los acusados apoyándose en prueba que se ha obtenido sin seguir el uso de técnicas especiales para la investigación y juzgamiento, como ser que la entrega controlada se realizó sin autorización del órgano jurisdiccional competente en violación a los articulo 49 y 60 de la ley de lavado de activos, argumenta que esta violación al debido proceso lleva al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula a dictar una sentencia condenatoria enervando erradamente el Estado de inocencia, continua manifestando la impetrante que estos derechos constitucionales también se han violentado al haber valorado prueba decisiva como ser la declaración de un testigo bajo la condición de protección lo que ha impedido a la defensa el derecho a examinar a este testigo con iguales condiciones en un claro desequilibrio procesal violentando el derecho a defensa, presunción de inocencia y debido proceso. Por lo cual solicita la casacionista una sentencia absolutoria para sus representado. Del estado de inocencia y debido proceso. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). Insuficiencia Probatoria como causa de la Transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público. Entonces, en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarará la insuficiencia probatoria, como vicio violatorio del estado de inocencia, cuando el Tribunal de Sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. La recurrente debe plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame a sí mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer motivo. El recurso no es de recibo. Conforme el recurso de casación presentado, se alega violación al estado de inocencia, debido proceso, y el derecho de defensa; es indispensable que la recurrente señale de manera puntual en que consistieron las supuestas transgresiones a los derechos denunciados, en este sentido demanda la impetrante que cuando el A-quo valora la entrega controlada sin que esta haya sido autorizada por juez competente y cita como violentados los artículo 49, 51, 52 y 60 de la ley especial de lavado de activos violenta de esta forma el debido proceso, es de tener presente que la ley de lavado de activos previene que los delincuentes oculten el origen ilícito de sus ganancias y evadan la justicia en el caso del lavado de activos las entregas controladas buscan evitar la transferencia o remesas de dinero que provengan de actos ilícitos, en el caso de marras nos encontramos ante otro tipo penal donde esa entrega de dinero que se está controlando proviene de la amenaza o intimidación que obliga al ofendido a entregar dinero a los acusados pues se trata de un delito de extorsión. Una vez puesta la denuncia sobre estos hechos esta obligado el Fiscal y los agentes antiextorsión a practicar diligencias que confirmen o no lo denunciado, la entrega controlada es un conjunto de diligencias de investigación preparatoria, mediante este técnica investigativa que se lleva a cabo por parte de los agentes antiextorsión en colaboración con la víctima se busca la constatación inmediata de la comisión del delito y capturar a la o las persona que exigen dinero o bienes fruto de la amenaza o intimidación, es un delito que va en contra del patrimonio del ofendido, ahora bien si la defensa no estaba de acuerdo con estos actos investigativos que son parte de una entrega contralada por considerarlos violatorios a garantías debió hacer uso de los recurso de ley en los momentos procesales, si bien en audiencia de proposición de prueba se objetó el acta de vigilancia y seguimiento fue bajo el argumento de considerarla desproporcional, el A-quo resolvió denegando la objeción de la defensa publica por considerar que los medio de prueba del ministerio público eran útiles, proporcionales y pertinentes, en este sentido una vez que la prueba es admitiva se evacuada en juicio oral y público por lo que el Tribunal de Sentencia está en el devenir de otorgarle el razonamiento jurídico que corresponda, en este caso las actuaciones investigativas en la etapa preparatoria son dirigidas por el Fiscal o policía que buscan recopilar los elementos o pruebas de convicción para el esclarecimientos de los hechos investigados o su constatación, sin que esto implique violación a garantías constitucionales de los acusados. Ante la denuncia de la recurrente, esta Sala de Casación se da a la tarea de revisar el fallo recurrido y determinar si ha existido vulneración al Estado de Inocencia, conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento es la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimientos legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el Sentenciador; cuarto precepto es que se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron en base a la reglas del correcto pensamiento humano y como último criterio debe verificar esta Sala de Casación si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. La censora cuestiona que el Tribunal de Sentencia no debió condenar, ya que en el caso en reclamo no se ha garantizado el derecho a defensa lo que ha dado como consecuencia enervar el estado de inocencia por el delito de extorsión continuada, asociación ilícita y esta ha sido violentando el debido proceso; Reclama la censora que, al incorporarse la declaración del testigo JPTP-E1604 bajo protección se ha vedado a la defensa de los acusados el derecho a hacer un contrainterrogatorio con igualdad de armas por el desconocimiento de la identidad del testigo, para esta Sala de Casación la protección de un testigo se estila bajo requisitos ya previstos por la ley, siendo una figura legalmente constituida, esta protección no violenta el derecho de defensa mediante el cual el abogado de los imputados puede contradecir o repreguntar al testigo que recibe medidas de protección para resguardar su identidad, domicilio, profesión y lugar de trabajo, estas medidas se adoptan cuando se considera que la vida del testigo, libertad o bienes están en peligro, una vez otorgada dicha protección es parte del acervo probatorio con identidad reservada sujeta a las reglas del interrogatorio, de igual forma el casacionista no interpuso en los momentos procesales oportunos recurso en oposición a dicha protección, por todas las motivaciones ya expuestas esta Sala de lo Penal considera que el caso examine a los acusados Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos en la sentencia sujeta la censora no se le ha violentado ninguna de las garantías constitucionales denunciadas en este motivo de casación interpuesto por la defensa pública por lo cual debe ser desestimado. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública. Segundo Motivo. • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 96 de la Constitución de la Republica. • Concepto de la infracción: La no aplicación retroactiva del decreto 52-2017 • Reclamación Ex ante: Se ha producido al momento del juicio oral y público. • Pretensión: que se declare con lugar el recurso, dictando fallo absolutorio a favor de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos. Explicó la recurrente, que la sentencia condenatoria dictada contra sus patrocinados, el Juzgador la dictó infringiendo el derecho que tiene a que se les aplicara en forma retroactiva el decreto legislativo numero 52-2017 mediante el cual se permitía la tenencia a los ciudadanos de armas de fuego comerciales dejando en suspenso la aplicación del articulo 332 B del Código Penal, la sentencia de merito fue dictada en 21 de febrero del 2018 dicha decreto se extendiénde hasta el 31 de diciembre del 2018, por lo cual debe dictarse una sentencia absolutoria a favor de sus representados. De los Decretos legislativos de gracia o de “veda” o “amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063- partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto Legislativo 052-2017, constituye una de las prórrogas del Decreto Legislativo 184-2013 con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 52-2017 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su segundo motivo. El recurso no es de recibo. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por los señores Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, es necesario abordar el contenido el artículo 332-B del Código Penal, el cual establece que quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. Asimismo, mediante el decreto legislativo 063-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 06 de noviembre de 2014, prorrogado en su vigencia por un periodo de 6 meses mediante el decreto legislativo 60-2015, ampliado bajo número 63-2014 hasta 31de diciembre del 2015, prorrogado del 4 de agosto del 2017 a diciembre del 2018 bajo el decreto 052-2017, contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 31 de diciembre de 2018, el legislador dispuso un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Los hechos probados de la sentencia establecen: SEGUNDO: El diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, el testigo protegido CLAVE JPTP-E1604, se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a interponer la denuncia, que durante los meses de agosto y septiembre de ese mismo año (2016) había realizado pagos en concepto de impuesto de guerra a dos personas que se identificaban como miembros de la padilla 18. El tres de octubre de dos mil dieciséis, fue instruido en esa agencia de investigación, para efectuar una entrega controlada, por lo que procedieron a preparar un paquete simulando la cantidad de cinco mil lempiras (L5,000.00), con un billete de quinientos lempiras (L500.00) previamente seriado y papel periódico; y a eso de las seis de la tarde en la fecha antes indicada, el testigo protegido CLAVE JPTP- E1604, se trasladó hasta uno de los pasajes de la colonia 23 de Septiembre del municipio de La Lima, Cortés, a entregar la cantidad de dinero exigida, sitio donde ya montaban vigilancia miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y a eso de las siete con diez minutos de la noche (7:10 pm.), llegaron hasta el lugar los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA Y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, el primero de ellos (JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA), recibió el paquete previamente preparado, mientras su acompañante OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, lo aguardaba a escasos metros de distancia. Inmediatamente, ambos acusados se retiraron, siendo seguidos por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que habían observado el proceso de entrega, procediendo a detenerlos, encontrándole a JESUS ALBERTO PADILLA PADILLA, en posesión del paquete previamente preparado, consistente en un sobre de color blanco el cual contiene en su interior la cantidad de quinientos lempiras (L.500.00) con serie W0823735 y recortes de papel periódico; un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV, calibre .45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm, inscrita en el Registro Balístico a favor de JOSE ALFREDO DÍAZ RUIZ; en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm; un saco color blanco y amarillo, que contenía en su interior siete (7) pantalones color verde, negro y café de uso militar; siete (7) camisas color verde, negro y café de uso militar; dos (2) gorras color verde, negro y café de uso militar; tres (3) pares de botas color negro, cincuenta y ocho (58) proyectiles sin percutir calibre 5.56 mm, y veinte (20) proyectiles sin percutir calibre 7.62x39.”; la recurrente considera que el referido decreto legislativo es aplicable a la materia penal y mediante el cual no procede la aplicación del artículo 332 B del Código Penal pues el decreto 052-2017 deja en suspenso dicha normativa penal y por tanto procede su aplicación retroactiva. Contrario a lo anterior, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso, el Decreto Legislativo 052-2017) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro del parque de armas para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y sus posteriores prórrogas, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también,deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el fáctum de la sentencia, que los acusados fueron capturados en uno de los pasajes de la colonia 23 de septiembre del municipio de La Lima Cortes a eso de las siete y diez de la noche; las circunstancias del día, hora y lugar de la detención, así como las actividades que realizaban los acusados durante su detención, permiten colegir objetivamente que la intencionalidad de éstos no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro, por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332-B del Código Penal, el cual aplicó correctamente el Sentenciador, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Conforme los hechos probados los acusados Jesus Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, son responsables penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, pues portaban al momento de suscitarse los hechos, un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV, calibre .45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm, inscrita en el Registro Balístico a favor de Jose Alfredo Diaz Ruiz; en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente.Tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión de los acusados al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. DECISIÓN: Declarar No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos interpuesto por la Defensa Pública. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 declaró responsables a los acusados Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos: 1.- Por el delito de Extorsión Continuada imponiéndoles la pena de 25 años de reclusión y multa de ochenta y tres puntos treinta y tres salarios mínimos. (artículo 222 en relación al 37) 2.- Por el delito de Asociación Ilícita se le impuso una pena de 20 años de reclusión mas multa de cien mil lempiras. (artículo 332) 3.- Por el delito de Portación ilegal de armas a una pena de 3 años de reclusión. (artículo 332B) Haciendo un total acumulado de 48 años de reclusión para cada uno de los condenados. Mas la multa de 83.33 salarios mínimos, más cien mil lempiras de multa y las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme el Nuevo Código Penal decreto 130-2017 los condenados estarían enfrentando las siguientes penas abstractas: 1.- Por el delito de Extorsión Continuada la pena a imponer por el delito de extorsión es de 15 a 20 años de prisión y multa de 500 a 1000 días, pena que debe de modificarse al apreciarse un concurso de delito continuado, a la cual deberá de fijarse la pena en su mitad superior pudiendo llegar hasta un tercio. Así pues, en el presente caso las penas a imponer por el delito de extorsión en delito continuado es de 17 años seis meses a 26 años 8 meses más Pena de multa: 750 días a 1,333.3333 días. (artículo 373 en relación al 68 con reforma de decreto 93-2021) 2.- Para el delito de asociación para delinquir se establece penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.” (artículo 554) 3. Del porte Ilegal de Arma de uso permitido, la pena para el delito de tenencia es de 1 a 4 años de prisión más localización permanente de hasta 2 años. (artículo 580) Las penas anteriores suman un acumulado de pena abstracta de 24 años 6 meses a 40 años 8 meses de prisión, de lo que se deduce que los ahora acusados al ser condenados a la pena de acumulada de 48 años está por encima del margen abstracto de la nueva legislación por lo que les es más favorable, procediendo a la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado. Conforme se señala en la sentencia, el Ministerio Público en la audiencia de individualización de la pena alegó ausencia de circunstancia agravada de utilizar armas, sin embargo se considera que los mismos ya recibieron una pena por el delito de porte de arma, la defensa de los acusados acredito que no tenían antecedentes penales, por lo que el Sentenciador consideró dicha circunstancias como atenuante por analogía, criterio que comparte esta Sala de Casación; en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el señor Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos conforme a lo señalado, corresponde imponer a los reos las siguientes penas: 1. Por el delito de Extorsión Continuada prisión por 17 años con 06 meses y multa de 750 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 15,000. 2. Por el delito de Asociación Ilícita a una pena de seis años y una multa de 100 días a razón de 20 lempiras por día asciende una cantidad de 2,000.00 3. Por el delito de Porte ilegal de arma de fuego a una pena de 1 año más localización permanente por 2 años. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 360, 361, 362, 363, 369 del Código Procesal Penal; 53, 70, 554, 616, 624 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: PRIMERO: Declara No Ha Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, interpuesto por la abogada Gloris Evelin Banegas Ávila en su condición de defensora pública de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos. SEGUNDO: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, por la conducta reprochada a los acusados Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos; como consecuencia REFORMA la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho, en sus numerales: segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, los que deberán leerse en los siguientes términos: Segundo: Que debemos condenar y condenamos al señor Omar Enrique Ventura Santos, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-E1604, imponiéndole la pena principal de prisión por diecisiete años seis meses (17 años 6 meses) y multa de quince mil lempiras. Tercero: Que debemos condenar y condenamos al señor Omar Enrique Ventura Santos, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Asociación para delinquir, en perjuicio de Los Derechos Fundamentales, imponiéndole la pena principal de prisión por seis (6) años y multa de dos mil lempiras, Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al señor Omar Enrique Ventura Santos, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público, imponiéndole la pena principal de prisión de un (1) años y localización permanente por dos (2) años. Quinto: Que debemos condenar y condenamos al señor Jesús Alberto Padilla Padilla, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Extorción Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-E1604, imponiéndole la pena principal de prisión por diecisiete años seis meses (17 años 6 meses) y multa de quince mil lempiras. Sexto: Que debemos condenar y condenamos al señor Jesús Alberto Padilla Padilla, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Asociación para delinquir, en perjuicio de Los Derechos Fundamentales, imponiéndole la pena principal de prisión por seis (6) años y multa de dos mil lempiras. Séptimo: Que debemos condenar y condenamos al señor Jesús Alberto Padilla Padilla, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público, imponiéndole la pena principal de prisión de un (1) año y localización permanente por dos (2) años. Octavo: Las penas de prisión deberán cumplirse una pos de la otra que sumadas ascienden a veinticuatro años seis meses de prisión. El cumplimiento de la pena de prisión impuesta a los acusados deberá ajustarse a las siguientes reglas: i) Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que los señores Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, hayan estado privados totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; ii) Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; iii) El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. Noveno: Que las penas principales de multa a las que han sido condenados los señores Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, deberán ser enteradas a la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin. Decimo: Que debemos condenar y condenamos a los señores Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, a cumplir las siguientes penas accesorias por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, por disposición constitucional (Art. 41.2). Decimo primero: Se impone a los reos Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren internos cumpliendo la pena de prisión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. Décimo Segundo: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a los reos Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, civilmente responsables por las consecuencias resultantes de delito; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. Se mantiene incólume el resto de pronunciamientos. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Firma y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Rina Koritza Sandoval Navas. – Secretaria de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a tres de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-382-2019.Rina Koritza Sandoval Navas. Secretaria de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-382-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-382-2019 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Omar Enrique Ventura Santos, por el delito de Portación Ilegal de Munición Prohibida, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: Condenó a Omar Enrique Ventura Santos, como coautor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-E1604, a la pena principal de veinticinco años de reclusión; y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, en su escala más alta vigente al momento de los hechos, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizada para tal fin; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. TERCERO: Condenó a Omar Enrique Ventura Santos, como coautor responsable penalmente del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a las penas principales de veinte años de reclusión, y una multa de cien mil lempiras, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizada para tal fin; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. CUARTO: Condenó a Omar Enrique Ventura Santos, como autor responsable penalmente del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de tres años de reclusión; más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. QUINTO: Condenó a Jesús Alberto Padilla Padilla, como coautor responsable penalmente del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-E1604, a las penas principales de veinticinco años de reclusión; y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, en su escala más alta vigente al momento de los hechos, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizada para tal fin; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. SEXTO: Condenó a Jesús Alberto Padilla Padilla, como autor responsable penalmente del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a las penas principales de veinte años de reclusión, y multa de cien mil lempiras, la que deberá hacer efectiva en la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional autorizada para tal fin; más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. SÉPTIMO: Condenó al señor Jesús Alberto Padilla Padilla, como autor responsable penalmente del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de tres años de reclusión; más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena principal de reclusión. OCTAVO: Los condenados deberán cumplir las penas de reclusión una en pos de otras, que sumadas ascienden a cuarenta y ocho años de reclusión, iniciando por la de mayor gravedad, en el establecimiento penal que corresponda, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. NOVENO: Declaró la responsabilidad civil de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución. DÉCIMO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. DÉCIMO PRIMERO: Ordenó se le devuelva al Testigo Protegido JPTP-E1604, un billete de quinientos lempiras, serie W0823735. 2) Ordenó devolver a quien acredite su propiedad, un teléfono celular marca Samsung táctil, color blanco con gris, y otro teléfono móvil marca IPHONE, táctil color negro con bordes color gris, con un cobertor color azul y una tarjeta sincard de la compañía TIGO. 3) Declaró el comiso de las armas de fuego siguientes: A) tipo pistola, marca COLT, modelo COLT MK IV, calibre .45 AUTO, serie SF 17316, y, B) tipo pistola, sin marca ni serie visible, calibre 9mm, empuñadura color café. 4) Declaró el comiso de cincuenta y ocho (58) proyectiles de calibre 5,56 mm y veinte (20) proyectiles calibre 7.62X39. Son partes en única instancia: Los abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reniery Amador Espinal en su condición de defensores públicos de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En el mes de agosto del año dos mil dieciséis, los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA Y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, se agruparon y de común acuerdo, llegaron al centro de trabajo del testigo protegido con CLAVE JPTP-E1604, situado en La Lima, Cortés, identificándose como miembros de la pandilla 18, exigiéndole que a partir de ese momento y cada quince días debía entregarles la cantidad de cinco mil lempiras (L5,000.00), en concepto de impuesto de guerra, en uno de los pasajes de la colonia 23 de septiembre de la Lima, Cortés, bajo la advertencia que de no acceder, le quitarían la vida a él, a su familia o a sus compañeros de trabajo, debido a lo cual, a partir de ese momento les realizó la entrega del dinero en la cantidad y periodicidad exigida por éstos. SEGUNDO: El diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, el testigo protegido CLAVE JPTP-E1604, se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a interponer la denuncia, que durante los meses de agosto y septiembre de ese mismo año (2016) había realizado pagos en concepto de impuesto de guerra a dos personas que se identificaban como miembros de la padilla 18. El tres de octubre de dos mil dieciséis, fue instruido en esa agencia de investigación, para efectuar una entrega controlada, por lo que procedieron a preparar un paquete simulando la cantidad de cinco mil lempiras (L5,000.00), con un billete de quinientos lempiras (L500.00) previamente seriado y papel periódico; y a eso de las seis de la tarde en la fecha antes indicada, el testigo protegido CLAVE JPTP- E1604, se trasladó hasta uno de los pasajes de la colonia 23 de Septiembre del municipio de La Lima, Cortés, a entregar la cantidad de dinero exigida, sitio donde ya montaban vigilancia miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y a eso de las siete con diez minutos de la noche (7:10 pm.), llegaron hasta el lugar los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA Y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, el primero de ellos (JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA), recibió el paquete previamente preparado, mientras su acompañante OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, lo aguardaba a escasos metros de distancia. Inmediatamente, ambos acusados se retiraron, siendo seguidos por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que habían observado el proceso de entrega, procediendo a detenerlos, encontrándole a JESUS ALBERTO PADILLA PADILLA, en posesión del paquete previamente preparado, consistente en un sobre de color blanco el cual contiene en su interior la cantidad de quinientos lempiras (L.500.00) con serie W0823735 y recortes de papel periódico; un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV, calibre .45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm, inscrita en el Registro Balístico a favor de JOSE ALFREDO DÍAZ RUIZ; en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm; un saco color blanco y amarillo, que contenía en su interior siete (7) pantalones color verde, negro y café de uso militar; siete (7) camisas color verde, negro y café de uso militar; dos (2) gorras color verde, negro y café de uso militar; tres (3) pares de botas color negro, cincuenta y ocho (58) proyectiles sin percutir calibre 5.56 mm, y veinte (20) proyectiles sin percutir calibre 7.62x39.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Gloris Evelin Banegas Ávila, en su condición de defensora publica de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL PRIMER MOTIVO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82, 89 y 90, (EL DERECHO DE DEFENSA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 49, 51, 52 y 60 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio entre otras disposiciones señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; 3) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sind en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después. de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y demás leyes aplicables: 4 Procede el uso de técnicas espaciales para la investigación y juzgamiento de todos los hechos constitutivos de delito tipificados en el Código ? Penal y leyes especiales...: 5) Las Técnicas Especiales de Investigación son: Manejo de informantes, la entrega vigilada, operaciones encubiertas y la intervención de las comunicaciones: 6) La entrega vigilada o controlada consiste en permitir que remesas ilícitas o sospechosas de drogas, sustancias prohibidas o de sustancias por las que se hayan sustituido las antes mencionadas o dinero en efectivo, instrumentos u objetos de valor, armas, municiones, explosivos u otros instrumentos relacionados con el tipo de delito que se investiga, se entreguen, ingresen, transiten o salgan del territoria hondureño, con el conocimiento y bajo el control y supervisión de las autoridades competentes); 7) Las Técnicas Especiales de Investigación de Entrega Vigilada y Agente Encubierto, deben ser autorizadas por el Órgano Jurisdiccional Competente a solicitud del Ministerio Público. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO "JPTP-E1604" y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS lesiona gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando sus derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso que les asisten a los imputados por mandato constitucional, pues la demostración, fuera de toda duda razonable, de la imputación en su contra debe hacerse respetando sus derechos fundamentales, prerrogativas que en el presente caso no han sido plenamente observadas. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuaron como pruebas de cargo, entre otras, las siguientes: 1) Declaraciones de TESTIGO PROTEGIDO CLAVE JPTP- E1604, Joel Fernando Martínez Hernández y Eduardo Emanuel Licona Lira, y 2) Acta de seriado de dinero de fecha 3 de octubre de 2016 para la ejecución de una Entrega Controlada, las mencionadas pruebas son decisivas para dar por acreditados los hechos siguientes: "PRIMERO: En el mes de agosto del año dos mil dieciséis, los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, se agruparon y de común acuerdo, llegaron al centro de trabajo del testigo protegido con CLAVE JPTP-E1604, situado en La Lima, Cortés. identificándose coma miembros de la pandilla 18, exigiéndole que a partir de ese momento y cada quince días debía entregarles la cantidad de cinco mil lempiras (15.000.00), en concepto de impuesto de guerra, en uno de los pasajes de la colonia 23 de septiembre de la Lima, Cortés, bajo la advertencia que de acceder, le quitarían la vida a él, a su familia o a sus compañeros de trabajo, debido a lo cual, a partir de ese momento les realizó la entrega del dinero en la cantidad y periodicidad exigida por éstos.-SEGUNDO: El diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, el testigo protegido CLAVE JPTP-E1604, se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a interponer la denuncia, que durante los meses de agosto y septiembre de ese mismo año (2016) había realizado pagos en concepto de impuesto de guerra a dos personas que se identificaban como miembros de la pandilla 18. El tres de octubre de dos mil dieciséis, fue instruido en esa agencia de investigación, para efectuar una entrega controlada, por lo que procedieron a preparar un paquete simulando la cantidad de cinco mil lempiras (15.000.00), con billetes de quinientos lempiras (1500.00) preventivamente seriado y papel periódico; y a eso de las seis de la tarde en la fecha antes indicada, el testigo protegido CLAVE JPTP-E1604, se trasladó hasta uno de los pasajes de la colonia 23 de Septiembre del municipio de La Lima, Cortés, a entregar la cantidad de dinero exigida, sitio donde ya montaban vigilancia miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y a eso de las siete con diez minutos de la noche (7:10), llegaron hasta el lugar los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, el primero de ellos (JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA), recibió el paquete previamente preparado, mientras su acompañante OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, lo aguardaba a escasos metros de distancia. Inmediatamente, ambos acusados se retiraron, siendo seguidos por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que habían observado el proceso de entrega, procediendo a detenerlos, encontrándole a JESUS ALBERTO PADILLA PADILLA, en posesión del paquete previamente preparado, consistente en un sobre de color blanco el cual contiene en su interior la cantidad de quinientos lempiras (L.500.00) con serie W0823735 y recortes - de papel periódico; un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV. calibre 45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm, inscrita en el Registro Balístico a favor de JOSE ALFREDO DÍAZ RUIZ; en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm: un saco color blanco y amarillo, que contenía en su interior siete (7) pantalones color verde, negro y café de uso militar: siete (7) camisas color verde, negro y café de uso militar: dos (2) gorras color verde, negro y café de uso militar: tres (3) pares de botas color negro, cincuenta y ocho (58) proyectiles sin percutir calibre 5.56 mm, y veinte (20) proyectiles sin percutir calibre 7.62x39". CUARTO: En relación a la condena por los delitos de EXTORSIÓN CONTINUADA Y ASOCIACIÓN ILÍCITA atribuidos a los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS el vicio que denunciamos se produce, en primer lugar, porque la acreditación de tales hechos está sustentada, decisivamente, en pruebas en cuya obtención no se cumplió lo preceptuado, imperativamente, en normas procesales de obligatoria observancia, volviendo ineficaces los resultados de las actuaciones investigativas ejecutadas al margen del debido proceso, ello se produjo en virtud de que, en el caso de mérito, la entrega controlada se acordó y ejecutó sin autorización o convalidación judicial, en abierta violación a los artículos 49 y 60 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, en donde se dispone que: Procede el uso de técnicas especiales para la investigación y juzgamiento (entre ellas la entrega vigilada) de todos los hechos constitutivos de delitos tipificados en el Código Penal y leyes especiales... la Entrega Vigilada debe ser autorizada por el Órgano Jurisdiccional Competente a solicitud del Ministerio Público, pero el ente acusador hizo caso omiso a las referidas disposiciones legales en la ejecución de la cuestionada entrega vigilada y el Juzgador indebidamente le concede entero valor probatorio a dichas actuaciones policiales, lo que conlleva un evidente quebranto al debido proceso y derivado de ello se produce una violación a la presunción de inocencia de la que gozan los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS. QUINTO: En segundo lugar, los derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso de los señores PADILLA PADILLA y VENTURA SANTOS resultan quebrantados porque la prueba decisiva en la que se basa el fallo de condena está constituida por la declaración del Testigo Protegido Clave JPTP-E1604, quien por esa condición de testigo protegido (oculto y con identidad reservada) impidieron el ejercicio de un verdadero examen del testigo respecto a posibles intereses ilegítimos, no pudiendo usar plenamente el principio de contradicción, el cual implica el derecho de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero el desconocimiento de la identidad del decisivo testigo por parte de los imputados los dejó, a ellos y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa, presunción de inocencia y debido proceso. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: "Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De la contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenida en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución...b).... la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio del administrador y dueños del funda Nancahue estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el "testigo protegido Nº ("), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonia solo tenían un conocimiento indirecto... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada. lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.I de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao". “...este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios”. SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el referido caso, declara que es deber estatal garantizar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, porque a ellos se les condenó con base en la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE JPTP- E1604 (oculto y con identidad reservada) frente a quien, por esa condición de protegido, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, como ser el Acta de seriado de dinero y las declaraciones de los policías anti extorsión Joel Fernando Martínez Hernández y Eduardo Emmanuel Licona Lira, pero la primera de las diligencias se llevó a cabo irrespetando el debido proceso y los segundos son testigos indirectos y por tanto sus dichos no bastaban para justificar un fallo condenatorio, lo contrario implica un quebranto a los fundamentales derechos de los imputados y tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile, sentencia de 29 de mayo de 2014, una condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, por lo que siendo ese el caso, lo que legítimamente corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor de los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS por los delitos de EXTORSIÓN CONTINUADA y ASOCIACVIÓN ILÍCITA.” “ SEGUNDO MOTIVO: Infracción del artículo 96 de la Constitución de la República en relación a la falta de aplicación retroactiva de los artículos 1 y 2 del Decreto 52-2017 (Amnistía para el registro de armas de fuego). EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: La norma constitucional que se denuncia como infringida dispone que la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado (artículo 96 CR). SEGUNDO: En el caso de mérito, el Juzgador, luego de valorar la prueba evacuada en el juicio, en el SEGUNDO HECHO PROBADO declaró, entre otras cosas, lo siguiente: "SEGUNDO: ... El tres de octubre de dos mil dieciséis.... ambos acusados se retiraron. siendo seguidos por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que habían observado el proceso de entrega, procediendo a detenerlos, encontrándole a JESUS ALBERTO PADILLA PADILLA, en posesión de ... un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV. calibre .45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm. inscrita en el Registro Balístico a favor de JOSE ALFREDO DÍAZ RUIZ: en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm; ... cincuenta y ocho (58) proyectiles sin percutir calibre 5.56 mm, y veinte (20) proyectiles sin percutir calibre 7.62x39". TERCERO: El Juzgador consideró que el Segundo Hecho Probado, en la parte referida, se subsume en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal a pesar que al momento del dictado de la sentencia impugnada, 21 de febrero de 2018, estaba vigente el Decreto Legislativo 52-2017, que establece un período de Amnistía que se extiende hasta 31 de diciembre de 2018 para que durante dicho tiempo las personas puedan legalizar la tenencia de armas de fuego comerciales, ello dejaba en suspenso la aplicación del artículo 332-B del Código Penal durante la vigencia de la referida Amnistía, de lo anterior resulta que el Decreto Legislativo 52-2017 constituye, en el caso de mérito, ley intermedia, siendo la misma favorable a los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS y por disposición del artículo 96 de la Constitución de la República ella debe ser aplicada retroactivamente; razón por la cual, calificar la tenencia del arma de fuego comercial encontrada en poder de los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS al momento de su captura, como constitutiva del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL con fundamento en lo dispuesto en el artículo 332-B del Código Penal, cuya vigencia estaba suspendida en el momento en que fueron juzgados, como antes lo indicamos, implica una infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 96 de la Carta Magna, por falta de su aplicación en relación con los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 52-2017. CUARTO: Sobre la interpretación de los decretos que establecen vedas para facilitar la legalización de la tenencia de armas de fuego comerciales, la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que: "Si bien es cierto el decreto en cuestión no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, importa una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma intermedia pues si entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332 b del Código Penal, al regir el artículo 2 del decreto 69-2007, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plaza de seis meses otorgado por la disposición intermedia". El razonamiento anterior solicitamos sea observado en la causa seguida contra los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, dictando en consecuencia una sentencia absolutoria a favor de dichos imputados por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO COMERCIALES.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá enunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, la recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública. Primer Motivo. • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 82, 90 y 90 de la Constitución de la Republica en relación al 49,51,52 y 60 de la ley especial contra Lavado de Activos • Concepto de la infracción: violación al Derecho a Defensa, Estado de Inocencia y Debido Proceso. • Reclamación Ex ante: Se ha producido al momento del juicio oral y público. • Pretensión: que se declare con lugar el recurso, dictando fallo absolutorio a favor de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos. Explicó la recurrente que, en la sentencia condenatoria dictada contra sus patrocinados, el Juzgador la dictó infringiendo el debido proceso declarando la responsabilidad de los acusados apoyándose en prueba que se ha obtenido sin seguir el uso de técnicas especiales para la investigación y juzgamiento, como ser que la entrega controlada se realizó sin autorización del órgano jurisdiccional competente en violación a los articulo 49 y 60 de la ley de lavado de activos, argumenta que esta violación al debido proceso lleva al Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula a dictar una sentencia condenatoria enervando erradamente el Estado de inocencia, continua manifestando la impetrante que estos derechos constitucionales también se han violentado al haber valorado prueba decisiva como ser la declaración de un testigo bajo la condición de protección lo que ha impedido a la defensa el derecho a examinar a este testigo con iguales condiciones en un claro desequilibrio procesal violentando el derecho a defensa, presunción de inocencia y debido proceso. Por lo cual solicita la casacionista una sentencia absolutoria para sus representado. Del estado de inocencia y debido proceso. El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el Debido Proceso Probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar: a) Licitud de la Prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). Insuficiencia Probatoria como causa de la Transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público. Entonces, en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarará la insuficiencia probatoria, como vicio violatorio del estado de inocencia, cuando el Tribunal de Sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. La recurrente debe plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame a sí mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer motivo. El recurso no es de recibo. Conforme el recurso de casación presentado, se alega violación al estado de inocencia, debido proceso, y el derecho de defensa; es indispensable que la recurrente señale de manera puntual en que consistieron las supuestas transgresiones a los derechos denunciados, en este sentido demanda la impetrante que cuando el A-quo valora la entrega controlada sin que esta haya sido autorizada por juez competente y cita como violentados los artículo 49, 51, 52 y 60 de la ley especial de lavado de activos violenta de esta forma el debido proceso, es de tener presente que la ley de lavado de activos previene que los delincuentes oculten el origen ilícito de sus ganancias y evadan la justicia en el caso del lavado de activos las entregas controladas buscan evitar la transferencia o remesas de dinero que provengan de actos ilícitos, en el caso de marras nos encontramos ante otro tipo penal donde esa entrega de dinero que se está controlando proviene de la amenaza o intimidación que obliga al ofendido a entregar dinero a los acusados pues se trata de un delito de extorsión. Una vez puesta la denuncia sobre estos hechos esta obligado el Fiscal y los agentes antiextorsión a practicar diligencias que confirmen o no lo denunciado, la entrega controlada es un conjunto de diligencias de investigación preparatoria, mediante este técnica investigativa que se lleva a cabo por parte de los agentes antiextorsión en colaboración con la víctima se busca la constatación inmediata de la comisión del delito y capturar a la o las persona que exigen dinero o bienes fruto de la amenaza o intimidación, es un delito que va en contra del patrimonio del ofendido, ahora bien si la defensa no estaba de acuerdo con estos actos investigativos que son parte de una entrega contralada por considerarlos violatorios a garantías debió hacer uso de los recurso de ley en los momentos procesales, si bien en audiencia de proposición de prueba se objetó el acta de vigilancia y seguimiento fue bajo el argumento de considerarla desproporcional, el A-quo resolvió denegando la objeción de la defensa publica por considerar que los medio de prueba del ministerio público eran útiles, proporcionales y pertinentes, en este sentido una vez que la prueba es admitiva se evacuada en juicio oral y público por lo que el Tribunal de Sentencia está en el devenir de otorgarle el razonamiento jurídico que corresponda, en este caso las actuaciones investigativas en la etapa preparatoria son dirigidas por el Fiscal o policía que buscan recopilar los elementos o pruebas de convicción para el esclarecimientos de los hechos investigados o su constatación, sin que esto implique violación a garantías constitucionales de los acusados. Ante la denuncia de la recurrente, esta Sala de Casación se da a la tarea de revisar el fallo recurrido y determinar si ha existido vulneración al Estado de Inocencia, conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, el motivo de casación cuyo fundamento es la vulneración al Estado de Inocencia, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo utilizando un proceso adecuado y contó con la prueba suficiente y válida para ello, debiendo verificar cinco puntos específicos, en primer lugar que la prueba se haya obtenido y reproducido mediante los procedimientos legales; como segundo requisito que esas pruebas se hayan desarrollado bajo los principios del juicio oral; tercer requerimiento es que se debe verificar que esas pruebas fueron debidamente razonadas por el Sentenciador; cuarto precepto es que se debe establecer si esos razonamientos probatorios del A-quo se conformaron en base a la reglas del correcto pensamiento humano y como último criterio debe verificar esta Sala de Casación si se contaron con los suficientes medios probatorios mediante los cuales se acrediten los elementos objetivos y subjetivos del delito acusado y por consiguiente la participación que haya tenido el acusado en esos hechos. La censora cuestiona que el Tribunal de Sentencia no debió condenar, ya que en el caso en reclamo no se ha garantizado el derecho a defensa lo que ha dado como consecuencia enervar el estado de inocencia por el delito de extorsión continuada, asociación ilícita y esta ha sido violentando el debido proceso; Reclama la censora que, al incorporarse la declaración del testigo JPTP-E1604 bajo protección se ha vedado a la defensa de los acusados el derecho a hacer un contrainterrogatorio con igualdad de armas por el desconocimiento de la identidad del testigo, para esta Sala de Casación la protección de un testigo se estila bajo requisitos ya previstos por la ley, siendo una figura legalmente constituida, esta protección no violenta el derecho de defensa mediante el cual el abogado de los imputados puede contradecir o repreguntar al testigo que recibe medidas de protección para resguardar su identidad, domicilio, profesión y lugar de trabajo, estas medidas se adoptan cuando se considera que la vida del testigo, libertad o bienes están en peligro, una vez otorgada dicha protección es parte del acervo probatorio con identidad reservada sujeta a las reglas del interrogatorio, de igual forma el casacionista no interpuso en los momentos procesales oportunos recurso en oposición a dicha protección, por todas las motivaciones ya expuestas esta Sala de lo Penal considera que el caso examine a los acusados Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos en la sentencia sujeta la censora no se le ha violentado ninguna de las garantías constitucionales denunciadas en este motivo de casación interpuesto por la defensa pública por lo cual debe ser desestimado. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Pública. Segundo Motivo. • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 96 de la Constitución de la Republica. • Concepto de la infracción: La no aplicación retroactiva del decreto 52-2017 • Reclamación Ex ante: Se ha producido al momento del juicio oral y público. • Pretensión: que se declare con lugar el recurso, dictando fallo absolutorio a favor de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos. Explicó la recurrente, que la sentencia condenatoria dictada contra sus patrocinados, el Juzgador la dictó infringiendo el derecho que tiene a que se les aplicara en forma retroactiva el decreto legislativo numero 52-2017 mediante el cual se permitía la tenencia a los ciudadanos de armas de fuego comerciales dejando en suspenso la aplicación del articulo 332 B del Código Penal, la sentencia de merito fue dictada en 21 de febrero del 2018 dicha decreto se extendiénde hasta el 31 de diciembre del 2018, por lo cual debe dictarse una sentencia absolutoria a favor de sus representados. De los Decretos legislativos de gracia o de “veda” o “amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063- partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto Legislativo 052-2017, constituye una de las prórrogas del Decreto Legislativo 184-2013 con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 52-2017 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su segundo motivo. El recurso no es de recibo. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por los señores Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, es necesario abordar el contenido el artículo 332-B del Código Penal, el cual establece que quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial. Asimismo, mediante el decreto legislativo 063-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 06 de noviembre de 2014, prorrogado en su vigencia por un periodo de 6 meses mediante el decreto legislativo 60-2015, ampliado bajo número 63-2014 hasta 31de diciembre del 2015, prorrogado del 4 de agosto del 2017 a diciembre del 2018 bajo el decreto 052-2017, contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 31 de diciembre de 2018, el legislador dispuso un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. Los hechos probados de la sentencia establecen: SEGUNDO: El diecinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, el testigo protegido CLAVE JPTP-E1604, se presentó a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, a interponer la denuncia, que durante los meses de agosto y septiembre de ese mismo año (2016) había realizado pagos en concepto de impuesto de guerra a dos personas que se identificaban como miembros de la padilla 18. El tres de octubre de dos mil dieciséis, fue instruido en esa agencia de investigación, para efectuar una entrega controlada, por lo que procedieron a preparar un paquete simulando la cantidad de cinco mil lempiras (L5,000.00), con un billete de quinientos lempiras (L500.00) previamente seriado y papel periódico; y a eso de las seis de la tarde en la fecha antes indicada, el testigo protegido CLAVE JPTP- E1604, se trasladó hasta uno de los pasajes de la colonia 23 de Septiembre del municipio de La Lima, Cortés, a entregar la cantidad de dinero exigida, sitio donde ya montaban vigilancia miembros de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y a eso de las siete con diez minutos de la noche (7:10 pm.), llegaron hasta el lugar los señores JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA Y OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, el primero de ellos (JESÚS ALBERTO PADILLA PADILLA), recibió el paquete previamente preparado, mientras su acompañante OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, lo aguardaba a escasos metros de distancia. Inmediatamente, ambos acusados se retiraron, siendo seguidos por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que habían observado el proceso de entrega, procediendo a detenerlos, encontrándole a JESUS ALBERTO PADILLA PADILLA, en posesión del paquete previamente preparado, consistente en un sobre de color blanco el cual contiene en su interior la cantidad de quinientos lempiras (L.500.00) con serie W0823735 y recortes de papel periódico; un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV, calibre .45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm, inscrita en el Registro Balístico a favor de JOSE ALFREDO DÍAZ RUIZ; en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm; un saco color blanco y amarillo, que contenía en su interior siete (7) pantalones color verde, negro y café de uso militar; siete (7) camisas color verde, negro y café de uso militar; dos (2) gorras color verde, negro y café de uso militar; tres (3) pares de botas color negro, cincuenta y ocho (58) proyectiles sin percutir calibre 5.56 mm, y veinte (20) proyectiles sin percutir calibre 7.62x39.”; la recurrente considera que el referido decreto legislativo es aplicable a la materia penal y mediante el cual no procede la aplicación del artículo 332 B del Código Penal pues el decreto 052-2017 deja en suspenso dicha normativa penal y por tanto procede su aplicación retroactiva. Contrario a lo anterior, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso, el Decreto Legislativo 052-2017) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro del parque de armas para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y sus posteriores prórrogas, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también,deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el fáctum de la sentencia, que los acusados fueron capturados en uno de los pasajes de la colonia 23 de septiembre del municipio de La Lima Cortes a eso de las siete y diez de la noche; las circunstancias del día, hora y lugar de la detención, así como las actividades que realizaban los acusados durante su detención, permiten colegir objetivamente que la intencionalidad de éstos no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro, por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332-B del Código Penal, el cual aplicó correctamente el Sentenciador, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo. Conforme los hechos probados los acusados Jesus Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, son responsables penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego comercial, pues portaban al momento de suscitarse los hechos, un arma de fuego tipo pistola, marca COLT MK IV, calibre .45mm, con serie SF17326, color gris, con empuñadura color negro, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior cinco (05) proyectiles sin percutir calibre .45mm, inscrita en el Registro Balístico a favor de Jose Alfredo Diaz Ruiz; en tanto que a OMAR ENRIQUE VENTURA SANTOS, le encontraron un arma de fuego tipo pistola, marca y serie no legible, color gris oscuro, con empuñadura color café, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con su respectivo cargador, conteniendo en su interior un (1) proyectil calibre 9mm, sin contar con el permiso expedido por la autoridad competente.Tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión de los acusados al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. DECISIÓN: Declarar No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos interpuesto por la Defensa Pública. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 declaró responsables a los acusados Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos: 1.- Por el delito de Extorsión Continuada imponiéndoles la pena de 25 años de reclusión y multa de ochenta y tres puntos treinta y tres salarios mínimos. (artículo 222 en relación al 37) 2.- Por el delito de Asociación Ilícita se le impuso una pena de 20 años de reclusión mas multa de cien mil lempiras. (artículo 332) 3.- Por el delito de Portación ilegal de armas a una pena de 3 años de reclusión. (artículo 332B) Haciendo un total acumulado de 48 años de reclusión para cada uno de los condenados. Mas la multa de 83.33 salarios mínimos, más cien mil lempiras de multa y las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme el Nuevo Código Penal decreto 130-2017 los condenados estarían enfrentando las siguientes penas abstractas: 1.- Por el delito de Extorsión Continuada la pena a imponer por el delito de extorsión es de 15 a 20 años de prisión y multa de 500 a 1000 días, pena que debe de modificarse al apreciarse un concurso de delito continuado, a la cual deberá de fijarse la pena en su mitad superior pudiendo llegar hasta un tercio. Así pues, en el presente caso las penas a imponer por el delito de extorsión en delito continuado es de 17 años seis meses a 26 años 8 meses más Pena de multa: 750 días a 1,333.3333 días. (artículo 373 en relación al 68 con reforma de decreto 93-2021) 2.- Para el delito de asociación para delinquir se establece penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días.” (artículo 554) 3. Del porte Ilegal de Arma de uso permitido, la pena para el delito de tenencia es de 1 a 4 años de prisión más localización permanente de hasta 2 años. (artículo 580) Las penas anteriores suman un acumulado de pena abstracta de 24 años 6 meses a 40 años 8 meses de prisión, de lo que se deduce que los ahora acusados al ser condenados a la pena de acumulada de 48 años está por encima del margen abstracto de la nueva legislación por lo que les es más favorable, procediendo a la aplicación retroactiva de la nueva codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto, las circunstancias personales del condenado. Conforme se señala en la sentencia, el Ministerio Público en la audiencia de individualización de la pena alegó ausencia de circunstancia agravada de utilizar armas, sin embargo se considera que los mismos ya recibieron una pena por el delito de porte de arma, la defensa de los acusados acredito que no tenían antecedentes penales, por lo que el Sentenciador consideró dicha circunstancias como atenuante por analogía, criterio que comparte esta Sala de Casación; en relación a las circunstancias personales, consta en el acumulado judicial que el señor Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos conforme a lo señalado, corresponde imponer a los reos las siguientes penas: 1. Por el delito de Extorsión Continuada prisión por 17 años con 06 meses y multa de 750 días, con un valor de L 20.00, ascendiendo la pena a L 15,000. 2. Por el delito de Asociación Ilícita a una pena de seis años y una multa de 100 días a razón de 20 lempiras por día asciende una cantidad de 2,000.00 3. Por el delito de Porte ilegal de arma de fuego a una pena de 1 año más localización permanente por 2 años. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 360, 361, 362, 363, 369 del Código Procesal Penal; 53, 70, 554, 616, 624 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: PRIMERO: Declara No Ha Lugar los Recursos de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, interpuesto por la abogada Gloris Evelin Banegas Ávila en su condición de defensora pública de Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos. SEGUNDO: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, por la conducta reprochada a los acusados Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos; como consecuencia REFORMA la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintiuno de febrero del año dos mil dieciocho, en sus numerales: segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, los que deberán leerse en los siguientes términos: Segundo: Que debemos condenar y condenamos al señor Omar Enrique Ventura Santos, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-E1604, imponiéndole la pena principal de prisión por diecisiete años seis meses (17 años 6 meses) y multa de quince mil lempiras. Tercero: Que debemos condenar y condenamos al señor Omar Enrique Ventura Santos, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Asociación para delinquir, en perjuicio de Los Derechos Fundamentales, imponiéndole la pena principal de prisión por seis (6) años y multa de dos mil lempiras, Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al señor Omar Enrique Ventura Santos, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público, imponiéndole la pena principal de prisión de un (1) años y localización permanente por dos (2) años. Quinto: Que debemos condenar y condenamos al señor Jesús Alberto Padilla Padilla, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-E1604, imponiéndole la pena principal de prisión por diecisiete años seis meses (17 años 6 meses) y multa de quince mil lempiras. Sexto: Que debemos condenar y condenamos al señor Jesús Alberto Padilla Padilla, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Asociación para delinquir, en perjuicio de Los Derechos Fundamentales, imponiéndole la pena principal de prisión por seis (6) años y multa de dos mil lempiras. Séptimo: Que debemos condenar y condenamos al señor Jesús Alberto Padilla Padilla, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Porte Ilegal de Arma de Fuego, en perjuicio del Orden Público, imponiéndole la pena principal de prisión de un (1) año y localización permanente por dos (2) años. Octavo: Las penas de prisión deberán cumplirse una pos de la otra que sumadas ascienden a veinticuatro años seis meses de prisión. El cumplimiento de la pena de prisión impuesta a los acusados deberá ajustarse a las siguientes reglas: i) Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que los señores Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, hayan estado privados totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; ii) Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; iii) El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. Noveno: Que las penas principales de multa a las que han sido condenados los señores Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, deberán ser enteradas a la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero Nacional que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin. Decimo: Que debemos condenar y condenamos a los señores Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, a cumplir las siguientes penas accesorias por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, por disposición constitucional (Art. 41.2). Decimo primero: Se impone a los reos Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren internos cumpliendo la pena de prisión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. Décimo Segundo: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a los reos Jesús Alberto Padilla Padilla y Omar Enrique Ventura Santos, civilmente responsables por las consecuencias resultantes de delito; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. Se mantiene incólume el resto de pronunciamientos. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Firma y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Rina Koritza Sandoval Navas. – Secretaria de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a tres de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-382-2019.
Rina Koritza Sandoval Navas.
Secretaria de la sala de lo penal.”