Sentencia CP-345-19 — Registro 20152
Resumen
En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando a los acusados algunos por asesinato y otros por robo agravado, resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar el recurso de casación y declaró la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; en su desarrollo del motivo solo hace mención que se inobservó las reglas de la sana critica, sin establecer cuál de las reglas y principios de la sana crítica se violentó. El Recurrente debió de artillar sus razonamientos en contra de los razonamientos judiciales hechos sobre la prueba, pues son estos los que sostienen la decisión judicial y por ende, son éstos los controlables mediante su examen a fin de constatar su fidelidad a las reglas y principios que componen la sana crítica, sin embargo, queda claro que en el desarrollo del motivo casacional, el recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica; Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Así mismo al establecer el silogismo debió desarrollarlo en base a la valoración de los medios de prueba que hace el Tribunal Sentenciador y no con los hechos declarados probados. Como ya se ha explicado, esta Sala, solo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica, por ende, no solo basta señalar la regla violentada, sino que debe desarrollarlo y establecer de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados:1) Fidel Rodríguez Paz, como autor responsable penalmente de los delitos de: a) Asesinato (Artículo 117 del Código Penal), en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, imponiendo la pena de Veinte (20) años y Seis (6) meses de reclusión. b) Asesinato (Artículo 117 del Código Penal), en perjuicio de Belkis Leticia Cardona Rodríguez, imponiendo la pena de Veinte (20) años y Seis (6) meses de reclusión. Penas acumulas por los dos (2) delitos de Asesinato suman la cantidad de Cuarenta y un (41) años de reclusión. 2) José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, condenados por el delito de Robo Agravado (Artículos 217,218 y 219 numerales 1, 2 inciso B) en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, imponiéndoles la pena de Siete (7) años y Cinco (5) meses de reclusión. y como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta e interdicción civil y responsables civilmente de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los que fueron condenados. • Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017, los imputados: 1) Fidel Rodríguez Paz, como autor responsable penalmente de los delitos de: a) Asesinato (Artículo 193), en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, tiene una pena de Veinte (20) a Veinticinco (25) años de prisión. b) Asesinato (Artículo 193), en perjuicio de Belkis Leticia Cardona Rodríguez, tiene una pena de Veinte (20) a Veinticinco (25) años de prisión. Penas acumulas por los dos (2) delitos de Asesinato tiene un marco abstracto de Cuarenta (40) a Cincuenta (50) años de prisión. Marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado, además el cumplimiento material de las penas, conforme a ambas legislaciones el límite objetivo extraordinario es de 40 años de privación de la libertad conforme al Decreto 130-2017, y conforme al Decreto 144-83 el limite objetivo extraordinario es de 30 años, por lo que no representa tampoco una circunstancia más favorable la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. 1) Conforme a los señores José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, el Robo con Violencia o Intimidación (artículo 361) tiene una pena de Cuatro (4) a Ocho (8) años de prisión: Pena que deberá aumentarse en 2/3 por tener como agravantes especificas las del artículo 363 numerales 7) en cuanto a las circunstancias personales de la víctima; eran las doce de la noche, llegaron a la casa de habitación de Carmen Rodríguez Pineda y Belkis Leticia Cardona Rodríguez, ingresaron por la fuerza, destruyendo el marco de la puerta principal y el numeral 9) se cometen los hechos empleando armas de fuego; Y ya en el interior y con arma de fuego en la mano obligaron a la señora Carmen Rodríguez Pineda les hiciera entrega de la suma de Ciento Veinticinco Mil Lempiras …, quedando una pena abstracta de Ocho (8) a Trece (13) años y Cuatro (4) meses de prisión La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA el Auto recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-345-2019, que literalmente dice: “LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de agosto del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Danilo Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-345-2019 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante el cual falló: PRIMERO: Condenó a Fidel Rodríguez Paz, como autor responsable del delito de Asesinato en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda a la pena principal de veinte años y seis meses de reclusión; Por el delito de Asesinato en perjuicio de Belkis Leticia Cardona Rodriguez a la pena principal de veinte años y seis meses de reclusión.- Por lo que deberá cumplir una en pos de otra y que hacen un total de Cuarenta y uno, años de reclusión. SEGUNDO: Condenó a Fidel Rodríguez Paz, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, como consecuencia de la condena de reclusión, penas que tendrán la misma duración que la condena por la pena principal, así mismo se le condenó a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. TERCERO: Absolvió a José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, por la supuesta comisión del delito de Asesinato en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda y Belkis Leticia Cardona Rodriguez. CUARTO: Condenó a José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, como autores responsables de los delitos de Robo Agravado en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda a la pena principal de siete años y cinco meses de reclusión. QUINTO: Condenó a los acusados José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, como consecuencia de la condena de reclusión, penas que tendrán la misma duración que la condena por la pena principal, así mismo se les condenó a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. SEXTO: Declaró a José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez, Donaris Leiva Mateo y Fidel Rodriguez Paz, responsables civilmente de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los que son condenados, la que podrá ser objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. SEPTIMO: No procedió condenar en costas a José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez, Donaris Leiva Mateo Y Fidel Rodriguez Paz. OCTAVO: No procedió declarar el comiso, por no haberse presentado piezas de convicción. SON PARTES: Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Donaris Leiva Mateo como parte recurrente #1, y el Abogado Jorge Estuardo Amaya Arita, en su condición de defensor privado de Fidel Rodríguez Paz y Luciano Hernández Rodríguez, como parte recurrente #2 y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: En fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, como a eso de las doce de la noche los hoy imputados JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LIDIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FIDEL RODRIGUEZ PAZ, JOSUE AMILEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCIANO HERNANDEZ RODRIGUEZ, DONARIS LEIVA MATEO llegaron a la casa de habitación de CARMEN RODRIGUEZ PINEDA, Y BELKIS LETICIA CARDONA RODRIGUEZ ubicada en la aldea Sorca, municipio de Arada, departamento de Santa Bárbara quienes sin mediar palabra comenzaron a ingresar por la fuerza, destruyendo el contramarco de la puerta principal y ya en el interior y con arma de fuego en la mano obligaron a la señora CARMEN RODRÍGUEZ PINEDA les hiciera entrega de la suma de ciento veinticinco mil lempiras y una vez despojada de dicho dinero el señor FIDEL RODRÍGUEZ PAZ le asesta un disparo en la cabeza parte posterior a la señora CARMEN RODRÍGUEZ PINEDA y acto seguido le asesta un disparo en el parietal derecho a la joven BELKIS LETICIA CARDONA RODRÍGUEZ quienes sufrieron laceración cerebral y les provoco la muerte en forma inmediata. “RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Ángel Octavio Baide Peña en su condición de defensor privado del señor Donaris Leiva Mateo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, recurrente #1 y el Abogado Jorge Estuardo Amaya Arita en su condición de defensor privado de los señores Fidel Rodríguez Paz y Luciano Hernández Rodríguez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, recurrente # 2, de la manera siguiente: Recurrente # 1, “EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: La inobservancia por parte del Tribunal de las reglas de la sana crítica y falta de congruencia de la sentencia con la acusación. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 362.3 y 337 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Impugnación de la sentencia de fecha siete de marzo del dos mil diecinueve, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, ya que es dudosa o violatoria de Derechos fundamentales para dar por acreditada la participación del encartado en el ilícito causa del presente recurso; y, siendo que al determinar la condena de mi representado se hizo sobre inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, lo que constituyo en una violación a los derechos de la Defensa, en consonancia con las disposiciones del Código Procesal Penal en los artículos 339 el que prescribe que "si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda rasonable"; y el 337 "que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o en su caso, en la ampliación de al acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en foma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas.- Resultado de esto, una sentencia condenatoria por el delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de DONARIS LEIVA MATEO. En dicha sentencia condenatoria el Tribunal expresa y terminantemente probado el hecho siguiente. UNICO: Que en fecha treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, como a eso de las doce de la noche los hoy imputados JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LIDIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FIDEL RODRIGUEZ PAZ, JOSUE AMILEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCIANO HERNANDEZ RODRIGUEZ, DONARIS LEIVA MATEO, llegaron a la casa de habitación de CARMEN RODRIGUEZ PINEDA Y BELKIS LETICIA CARDONA RODRIGUEZ ubicada en la aldea Sorca de Aradia, Departamento de Santa Barbara quienes sin mediar palabra comenzaron a ingresar por la fuerza, destruyendo el contramarco de la puerta principal y ya en el interior y con arma de fuego en la mano obligaron a la señora CARMEN RODRIGUEZ PINEDA les hiciera entrega de la suma de ciento veinticinco mil lempiras y un vez despojada de dicho dinero el señor FIDEL RODRIGUEZ PAZ le asesto un disparo en la cabeza parte posterior a la señora CARMEN RODRIGUEZ PINEDA y acto seguido le asesta un disparo en el parietal derecho a la joven BELKIS LETICIA CARDONA RODRIGUEZ quienes sufrieron laceración cerebral y provoco la muerte en forma inmediata. Al analizar el contenido del hecho UNICO declarado probado en el cual se refiere al supuesto ROBO AGRAVADO se observa que el Tribunal no analizo los elementos requeridos para establecer la participación de mi representado en el tipo penal aludido; cómo se puede apreciar del relato factico que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, no permiten declarar la existencia independiente del delito de ROBO AGRAVADO, a que se refieren los artículos 217 relacionado con el 219 del Código Penal, en vista que las pruebas presentadas por la parte acusadora no enervo la presunción de inocencia. En referencia a estos aspectos señalamos que el TESTIGO PROTEGIDO ALFA en su deposición señalo cuando, donde y quienes supuestamente realizaron el hecho ilícito y hace una descripción del mismos señalando que a mi representado el señor DONARIS LEIVA MATEO no le vio arma alguna y que la acción realizada por el era que miraba que nadie viniera; esta declaración es contradictoria y prejuiciosa lo cual nos lleva a concluir que afecta su valor conviccional. Por lo que se recomienda que el testimonio brindado por el testigo debe ser cotejado con el resto de las pruebas existentes; Dicho lo anterior el acusado en el proceso penal tiene como Derecho el defenderse, llevando consigo la posibilidad de interrogar a los testigos que declaren contra él según manda nuestra Legislacion Nacional; al igual tener la posibilidad de conocer o comprobar su identidad, lo que nos permitía no solo orientar nuestro interrogatorio, sino también, aportar los datos o razones de que puedan disponer para debilitar la credibilidad de dicho testigo, por otro lado permitiría la confrontación del testigo de cargo con la persona acusada, lo que aplicaría las posibilidades de valoración del tribunal; sin embargo, la necesidad de proteger a las víctimas de los delitos y en otros casos a testigos en quienes concurren especiales circunstancias de riesgo, al tiempo que se favorece su colaboración con la Justicia, ha llevado a considerar la supresión de todas o algunas de esas circunstancias de identificación, presencias físicas y confrontación del testigo con el acusado. Si la Defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos que precisamente le permitan corroborar que es parcial, hostil o indigna de crédito, un testimonio o cualquiera declaración en contra del inculpado, puede muy bien ser falso o deberse a un mero error; y la defensa difícilmente podrá demostrarlo si se carece de las informaciones que permitan fiscalizar el crédito que merece el autor o ponerlo en duda; con esto en mente somos del criterio que ninguna condena debería estar basada únicamente o de manera decisiva en testigo protegido. Así pues, la culpabilidad de cualquier ponderación, incluso cuando las dificultades de la defensa sean equilibradas por el procedimiento seguido por las autoridades Judiciales, han de cumplirse dos parámetros como ser: 1) Que sea posible examinar la fiabilidad del testigo cuyo nombre se oculta. 2) Que esa declaración del testigo protegido no sea decisiva. En definitiva, las consecuencias de la disponibilidad de medio de prueba solamente pueden perjudicar al que la ha de proponer y no al derecho de defensa de aquel contra el que se propone dicho medio de prueba. Consideramos que al estar en juego valores relevantes como contrapuestas, es decir, la integridad rígida del acusado; por lo que el tribunal debió estar plenamente convencido y a la vez motivado en buenas razones objetivas que revelaran un riesgo cierto y real para el testigo proveniente del acusado en caso de ser conocido por este. Por lo que la motivación de una resolución tan transcendente no pudo consistir en una vaga e indefinida referencia, a que su identificación pudo generar un peligro para su integridad. En referencia a otros medios de prueba hemos de señalar que estos por si solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, tal como se describe.1) Declaración de Policía de Investigación LUIS FERNANDO BENITEZ MARTINEZ, quien establece que en fecha treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete recibió información de la muerte de dos personas procediendo a personarse al lugar de los hechos. 2) Dictámenes de autopsia emitidos por el Doctor MARLON ENRIQUE SABILLON BARAHONA quien acredita las heridas sufridas en la humanidad de la señora CARMEN RODRIGUEZ PINEDA Y BELKIS LETICIA CARDONA. 3) Acta de reconocimiento de Cadáver y Recolección e Indicios y respectivo álbum fotográfico. El Ministerio Publico pudo haber demostrado la culpabilidad de mi representado, mediante Prueba directa o indicios en los cuales es necesario que todos estos hechos sean producto de una investigación científica, debidamente acreditada como por ejemplo 1) Indicios de capacidad moral el cual consiste en verifica el antecedente penal del indiciado, a efecto de revelar su inclinación al delito, pudiendo con ello coadyuvar con otros indicios. 2) Indicio relativos al móvil concreto para cometer el delito, es sin duda un indicio junto con otros llegar al convencimiento de su participación en el ilicito.3) La referencia y el constatar en torno con otras pruebas la presencia del indiciado en el lugar del hecho, la hora de su comisión. 4) Indicios de manifestación, es decir, las actividades anteriores a la perpetración del ilícito y las posteriores a su comisión pudieron proporcionar datos facticos relevantes para inferir el hecho consecuencia. 5) Indicios de huellas materiales son los que suelen tener mayor significación como medio para inferir circunstancias del delito y la identificación del delincuente, se trata de indicios vinculados con el hecho mismo de ejecución criminal y consistente en el hallazgo de objetos o de huellas que ponen en relación inmediata a una persona en la dinámica o circunstancias delictivas; Recordemos que la responsabilidad de procurar el enjuiciamiento le corresponde al ente acusador del Estado que como representante de la sociedad, está obligado en todo momento a radicar ante los tribunales de justicia las acciones penales necesarias contra quienes resulten con grave indicios de responsabilidad, pero la búsqueda y la obtención licita de la pruebas es responsabilidad exclusiva de los cuerpos de investigación según lo prescriben los artículos 272,273 y especiamente los artículos 279,280 y 281 del Código Procesal Penal, con la colaboración de otros cuerpos, siempre bajo la dirección del Fiscal, debiendo desplegar toda su actividad inquisitiva en la búsqueda de las pruebas que vinculen al hecho con el posible participe, y solo ante la existencia de graves indicios de criminalidad se procederá contra una persona, para solicitar de un órgano jurisdiccional la determinación de su culpabilidad, por tal razón consideramos que es peligroso sostener la participación en el hecho que se le incrimina a mi representado, solamente teniendo como elemento único a testigo protegido Alfa, sin ninguna corroboración, que pierde credibilidad, porque podría tratarse de un enemigo personal o alguien que quiera perjudicarlo; por otro lado en el desarrollo del Juicio se constata que la Fiscalía del Ministerio Publico en ningún momento se pronunció en cuanto al supuesto ROBO AGRAVADO en contra de mi representado. Es así que si bien en las acciones de mérito requiere. 1) La acreditación de elementos objetivos constitutivos y elementos subjetivos por lo que necesariamente tiene que ser doloso, por mandato legal, razón por la cual se requiere necesariamente acreditar la participación de la persona acusada. 2) Por cuanto a las acciones de ROBO AGRAVADO es menester señalar que al formalizar acusación la Fiscalía del Ministerio Publico no acuso a mi representado por ese ilícito y en la contestación de cargos no califico los hechos en cuanto a esa figura legal por lo que el Tribunal al emitir sentencia en contra de mi representado debió estar sujeto a la regla de prohibición peyorativa (no reforma en perjuicio), constituye un factor de suprema importancia ya que el esquema propuesto opera con una identidad entre el hecho planteado en la acusación y el hecho juzgado en el debate y por ende el sometido a sentencia, base toral del principio de congruencia teniendo que ver también la calificación con el imputado, lo cual está sujeta en virtud de violentar el debido proceso ya que debió haber congruencia en la sentencia con la acusación; en consecuencia, constituye una arbitrariedad por parte del Tribunal. por lo que bajo ninguna circunstancia obtuvo certeza condenando al señor DONARIS LEIVA MATEO. Por lo anterior se debe declarar la libre absolución de mi representado por este delito. Hemos de recordar Honorable Tribunal que cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quien se le menoscabo su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesario su resocialización mediante el cumplimiento de una pena; En consecuencia, debemos declarar que el pronunciamiento condenatorio se ha sustentado esencialmente.1) En una prueba que ha quebrantado el derecho de defensa del acusado por no ser corroborada por otras pruebas en el proceso. 2) Por falta de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. Por lo expuesto en forma reiterativa podemos apreciar que el Tribunal Juzgador dicto la sentencia no conforme y de acuerdo con las reglas de la sana critica racional, es decir, de la lógica, psicología y experiencia común; estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia, derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. En el presente caso con respecto al tercero excluido dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no pueden ser ambos falsos, es decir que uno de ellos es verdadero y ningún otro es posible, por lo que para el Tribunal Juzgador no considero la posibilidad que el testigo protegido, se equivocó o mintió al acusar a mi representado, sin dejar de señalar que a mi representado se le impuso una pena que en ningún momento la Fiscalía del Ministerio Publico entablo en su contra; con lo expuesto y consecuentemente, esta reclamación casacional debe ser estimada, debiéndose casar y anular la sentencia de instancia, declarando la absolución del encartado. El estado de inocencia es consagrado el artículo 89 de la Constitución de la Republica " Toda persona es inocente mientras n se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad"; artículo 8.2 de la Convención American sobre Derechos Humanos "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad"; artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre " se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable"; articulo 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley"; articulo 2 Código Procesal Penal " estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de presente código..."” Recurrente #2: “PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN DE LEY. Causa serios agravios a mi representado LUCIANO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ que el a-quo al momento de dictar sentencia le condena por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, cuando ni en la plataforma de la acusación contenida en el requerimiento fiscal, ni en la formalización de la acusación en la etapa intermedia ni tampoco ni tampoco al momento de la apertura de la audiencia, que técnicamente era el último momento procesal oportuno que tuvo el Ministerio público para ampliar la acusación, se pronunció en tal sentido, por lo que al condenarle por un delito que no se encontraba en la acusación y que sobre el cual no se debatió si existía o no responsabilidad criminal por parte de los mismos, por lo que es improcedente que se le condene por el mismo. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: ÚNICO: Al observar los hechos que considera probados este Tribunal juzgador, nos queda claro que la descripción del hecho único declarado como probado es incongruente con la sentencia condenatoria que se dictó en contra de mi representado LUCIANO HERNANDEZ RODRÍGUEZ, contraviniendo a todas luces lo estatuido en el artículo 337 del código procesal penal que claramente establece que la sentencia que dicte el órgano jurisdiccional deberá ser congruente con los hechos por los cuales se le acusa a un imputado, y si bien es cierto el Ministerio Público expresó que le habían robado una cantidad de dinero a las ahora occisas, en ningún momento se admitió acusación alguna que solicitara se deduzca responsabilidad criminal a los enjuiciados por la comisión de dicho delito, no pudiendo el Tribunal en aplicación del principio de oportunidad deducir responsabilidades por la supuesta comisión de un hecho punible, a un ciudadano que no ha sido acusado por el Ministerio Público en tal sentido, pues estaríamos ante la condena por un delito que nunca existió en fase preparatoria ni intermedia y aparece en la de debate únicamente en la sentencia, dejando en indefensión al condenado pues no planteó su defensa basándose en dicha plataforma, sino únicamente en el delito de ASESINATO, por otra parte si se observa la individualización hace este digno Tribunal de la pena que le aplica a mi representado por la comisión de dicho delito (ROBO AGRAVADO), le impone agravantes, contrariando el principio de in dubio pro reo, pues la pena por el delito de ROBO AGRAVADO, como su mismo nombre lo dice ya contiene agravantes, pues el tipo penal que se está sancionando es el de ROBO por lo tanto no se puede agravar la situación de un reo agravándole la responsabilidad criminal por la comisión de un delito que de por sí ya se encuentra embarazada por una agravante siendo la pena correcta a aplicar en todo caso de CINCO AÑOS DE RECLUSIÓN AUMENMTADO EN UN TERCIO, NO EN UN MEDIO. Es por ello Honorables Señores Magistrados que solicito se case la sentencia de marras en este sentido, declarando la improcedencia de dicha condena por la comisión del delito ya referido y por las causas ya mencionadas, absolviendo de toda responsabilidad criminal a mi patrocinado por la comisión de dicho delito por el cual no ha sido acusado en ningún momento RECLAMO PREVIO Siendo que la resolución recurrida es la sentencia definitiva, el reclamo en contra de ella es el presente recurso de casación penal. PERJUICIO Causa grave perjuicio a mi representado el que este Tribunal condene a mi representado por la comisión de un delito por el cual no fue acusado en ningún momento siendo lo procedente anular en sentencia definitiva el pronunciamiento que al respecto hace el tribunal juzgador condenándole por el delito de ROBO AGRAVADO título de autor."Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “PRIMER MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Causa serios agravios a mi representado que el a-quo al momento de hacer la valoración de la prueba le da valor probatorio a un testigo protegido, del cual se desconoce su identidad y si estuvo o no en el lugar de los hechos, aparte que su declaración es confusa, no es conteste, entra en contradicción con otros medios de prueba y no responde al sentido común, ni a la experiencia, por lo que no debió dársele ningún valor probatorio. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: ÚNICO: Al observar los hechos que considera probados este Tribunal juzgador, nos queda claro que la descripción del hecho declarado como probado es básicamente una transcripción de los hechos contemplados en el requerimiento fiscal y que básicamente son respaldados por un único medio de prueba, consistente en la declaración del testigo ALFA 18, un testigo el cual brinda una declaración poco creíble, incongruente con otro medio de prueba que es la inspección ocular hecha por personal técnico de la Policía de Investigación y que no responde a la realidad, al sentido común ni a la lógica y experiencia, explicando dichas circunstancias de la siguiente manera: a. La figura del testigo protegido es una forma de protección que el estado garantiza a aquellos testigos que deban declarar en una causa criminal y que podría poner en peligro su vida o bienes o la de su cónyuge, compañero de hogar o parientes dentro de los grados legales; sin embargo deben acreditarse cuales son las circunstancias que justifiquen tomar la declaración bajo dicha modalidad, y esta pues es una garantía relativa que se respetará la vida y bienes de las personas relacionadas con el testigo o suyas propias, sin embargo ha existido un abuso en la implementación de esta figura al grado que con solo que una persona declare bajo esta modalidad ya se toma como verdad incuestionable lo declarado, a pesar que su declaración e encuentre en franca oposición a las reglas del sentido común, la lógica, la experiencia y las reglas que regulan el razonamiento lógico y conocimiento y criterio humano. b. Con la declaración del testigo protegido nos damos cuenta que la misma no es congruente ni suena creíble ya que para comenzar el testigo protegido narra hechos contradiciéndose en varias oportunidades principalmente sobre si estaba dormido o despierto, que observó que ingresaron por el cerco de alambre de malla ciclón, cuando se supone que se encontraba en su cama, durmiendo solo, pues como es de público y notorio conocimiento el testigo es hijo y hermano de las occisas respectivamente y hermano por línea paterna de mi representado FIDEL RODRÍGUEZ, con quien le une un parentesco consanguíneo y a pesar de ello no se le hicieron las advertencias que contempla el artículo 228 del código procesal penal, pues el que haya declarado como testigo protegido básicamente fue como una forma de protección visual pues ya se sabía que se trataba del hijo menor de la señora CARMEN RODRÍGUEZ PINEDA aparte de ello miente cuando al preguntársele si tenía algún grado de parentesco o interés directo manifestó que no, para más adelante expresar ante las preguntas de esta defensa si existía alguna enemistad entre su madre la señora CARMEN RODRÍGUEZ PINEDA y mi representado FIDEL RODRÍGUEZ manifestando que si, que eran enemigos por unas situaciones que no quiso detallar. c. Aparte de lo anteriormente descrito queda claro que el testigo falta a la verdad al asegurar que al ingresar estas personas le ordenan a su madre que encienda la luz, logrando por ello identificar a los ahora acusados (a pesar de haber expresado anteriormente que los había visto ingresar a la casa a través del cerco y posteriormente romper la puerta, para luego decir que no, que se encontraba en su cama) además asegura que pudo observar todos los hechos, los cuales se desarrollaban en una habitación contiguo a la suya y que tal como se puede apreciar en el álbum fotográfico que se aportó en el procedimiento, se encuentra al lado de la habitación en la cual se encuentra el supuesto testigo, y manifestando que todos los hechos los pudo observar a través de un espejo que se encontraba en el mismo cuarto en que pernoctaba, lo cual a todas luces es absurdo y físicamente imposible, como pueden comprobar Honorables señores magistrados al revisar las fotografías de mérito, agregando que dicho espejo le daba visibilidad a toda la casa y es por ello que supo ubicar a cada imputado, incluyendo unos que se encontraban fuera de la casa, cual definitivamente es sorprendente pues aparte que supuestamente le habían ordenado que se tapara la cara con una colcha, pudo observar lo que ocurría en la habitación contigua a la suya, lo que ocurría en la sala y lo que ocurría también en la parte exterior de la casa precisamente en el patio delantero; sumando a esto podemos observar que el testigo ALFA 18 manifiesta que quien le dio muerte a las ahora occisas fue mi patrocinado FIDEL RODRÍGUEZ con un arma de fuego tipo escuadra y que de hecho a todos los que miró esa noche portaban ese mismo tipo de arma de fuego, es decir tipo escuadras, sin embargo y al momento de hacerse la requisa en la escena del crimen, la cual fue realizada por un funcionario policial con más de veinte (20) años de experiencia tal como manifestó en audiencia, solo se logra ubicar un casquillo de los dos que fueron disparados, y se encuentra a pocos centímetros de la primera víctima, señora CARMEN RODRÍGUEZ PINEDA, no así el segundo casquillo, el cual nunca fue encontrado, pudiendo existir solo dos posibilidades: 1. Que a una de las victimas le dispararon con un revólver y a la otra con una pistola, y es por ello que solo se encontró un (1) casquillo, lo cual es lo más lógico y probable. 2. Que el funcionario policial que hizo la requisa y no buscó bien en la escena del crimen y por eso no halló el segundo casquillo, siendo esto poco probable pues la experiencia del investigador y lo reducido del especio en el que debía desarrollar la requisa dejan muy poco margen. a esa posibilidad, contradiciendo por lo tanto la declaración del testigo protegido a la requisa realizada por personal capacitado; siendo esta una declaración poco creíble y a la cual no debió dársele valor probatorio alguno por estas circunstancias; para finalizar debemos agregar que es poco creíble y no responde al sentido común ni es creíble tampoco que si se trataba de una banda de asesinos y ladrones que no les tembló la mano para quitarle la vida a una madre y a su hija, le hayan perdonado la vida a un joven de más de 13 años el cual los identificaría plenamente pues estaban dejando vivo a un testigo presencial, lo más probable es que le hubieran quitado la vida también para no dejar cabos sueltos, por lo que queda claro que el testigo protegido o no estaba en la escena del crimen o se ocultó o escapó antes que los agresores se introdujeran a la casa, lo cual le hubiera imposibilitado la identificación positiva e individualizada de cada uno de los partícipes, que es lo más probable que haya ocurrido. d. Por si todo lo anterior fuera poco, nos encontramos que los hechos ocurrieron el día 31 de marzo del año 2017, sin embargo no es hasta más de cuatro (4) meses después que se procede a la captura de los ahora condenados, a pesar que se suponía que el testigo protegido se encontraba presente y había identificado plenamente a los acusados, por lo que es poco usual por no decir absurdo y no responde al sentido común que habiendo estado allí no les haya manifestado de inmediato a los investigadores que llegaron a la escena del crimen los nombres y apellidos de los autores de los hechos investigados, como lo hizo CUATRO MESES DESPUES! Tal como lo corroboran los investigadores de la DPI quienes manifestaron en juicio que fue mediante investigaciones posteriores que lograron determinar que los autores de los hechos habían sido los ahora condenados; siendo en resumen dicha investigación la declaración del testigo protegido! No es lo más lógico pensar que si el testigo sabía muy bien quienes habían sido los asesinos, se los haya manifestado de inmediato a los policías y a su familia? Decirles : "Los que mataron a mi madre y a mi hermana fueron fulano, mengano, zutano y perencejo" Pero no lo hizo, de hecho no se sabía la identidad de los autores de estos delitos hasta que meses después los condenados se llevan la sorpresa que los van a capturar a sus casa de habitación, en el caso de mis patrocinados a pocos minutos del lugar en que ocurrieron los hechos, lugar en el cual siguieron residiendo y trabajando de manera rutinaria, siendo lo más lógico que si supieran que los eran los asesinos hubieran tratado de escapar, sin embargo todos los imputados fueron capturados en sus lugares de residencia; con lo cual queda claro que el supuesto testigo protegido no supo la identidad de los autores de los dos asesinatos y del robo; (en el caso que sea cierto que haya estado presente y le hayan perdonado la vida) y que fue sólo meses después y luego de analizar que con el ahora condenado FIDEL RODRIGUEZ PAZ existía una supuesta enemistad, que éste llegó a esa conclusión carente de fundamento ni de prueba sólida que FIDEL RODRIGUEZ PAZ era el autor de los asesinatos junto a las otras personas que fueron acusados por dichos eventos, pues si fuera cierto que los había identificado el día de los hechos hubieran sido capturados de inmediato o en la misma semana en que ocurrieron los hechos y no meses después; es por todo esto que solicitamos a esta digna Sala de lo penal que case la sentencia recurrida y se absuelva a mis representados por los delitos de asesinato y robo agravado, por las razones ya expuestas, pues 10 contrario significaría dejar recluidos y privados de su libertad a dos personas que han sido condenadas por una única declaración de un testigo protegido que se contradice y no es congruente con el resto de la prueba evacuada su declaración y que no responde al sentido común ni a las reglas de la sana crítica el que haya identificado según el a los autores de los hechos criminales y se lo manifiesta a la policía solo pasados cuatro meses de ocurridos los hechos. RECLAMO PREVIO Siendo que la resolución recurrida es la sentencia definitiva, el reclamo en contra de ella es el presente recurso de casación penal. PERJUICIO Causa grave perjuicio a mi representado el que este Tribunal condene a mis representados en base a la declaración de un testigo cuya declaración es poco creíble, que contradice otros medios de prueba y que no responde a la valoración oportuna que debió dársele en base a las reglas de la sana crítica, ya que como reitero su declaración incluye la narración de hechos físicamente imposibles, así como el hecho muy importante de no haber proporcionado los nombres de los supuestos autores de los delitos ya mencionados sino transcurridos más de cuatro meses después de ejecutados los mismos, lo cual era suficiente para considerar que existe duda razonable a favor de los ahora condenados por lo que procede la casación de esta sentencia decretando la absolución de los condenados y se ordene su inmediata excarcelación por insuficiencia probatoria .”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica;4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. RECURRENTE # 1 Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 y 337 del Código Procesal Penal. •Norma procesal que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3 y 337 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica y falta de congruencia de la sentencia con la acusación. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. • Pretensión: Casar y anular la sentencia de instancia, declarando la absolución del encartado. Establece el recurrente en su desarrollo Casacional que existió violación al derecho de defensa, en virtud que en la sentencia de fecha 07 de marzo de 2019, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, ya que es dudosa o violatoria de derechos fundamentales para dar por acreditada la participación del encartado en el ilícito, y siendo que al determinar la condena de mi representado se hizo por inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, en consonancia con el artículo 339 en el que prescribe “Si el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, así mismo, será absuelto en caso de duda razonable”. Y el 337 “Que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o en su caso, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. Resultando en una sentencia condenatoria por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Donaris Leiva Mateo. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio:a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: •Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; •Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; • Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo.Esta Sala de lo Penal, nota que el recurrente plantea como motivo único en el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en la que establece como violaciones las contenidas en el artículo 362 numeral 3) estableciendo la inobservancia de las reglas de la sana crítica y además la del artículo 337 del Código Procesal Penal, consignada esta en el artículo 362 numeral 6), referente a “La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según artículo 337; y…”. En el desarrollo casacional el recurrente además de extenderse en hacer alegaciones y valoraciones de instancia hace señalamientos en cuanto a la sentencia sobre aspectos como violación al derecho de defensa, presunción de inocencia e incluso refiere elementos sobre la participación de su representado, motivos estos que son propios de recursos diferentes al expuesto.Esta Sala de lo Penal procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: I) Como bien señala Pabón Gómez, el “principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. II) Si bien se regula en un mismo inciso varios supuestos o hipótesis, para dar lugar a la casación en la forma, dada las características propias de cada supuesto, resulta obvio que cada uno constituye un vicio diferente y consecuentemente debe ser planteado independientemente, es decir, indicando separadamente cada motivo; por tanto, se infringe la debida técnica casacional al intentar explicar varios vicios y dos se ellos totalmente distintos en un solo motivo, yerro que se aprecia en el recurso que conoce el tribunal de casación penal. III) Se confirma la necesidad de exponer cada motivo de casación por separado, al dar lectura a la explicación del motivo único de casación del recurrente o de los diferentes motivos en uno, anteriormente descritos; llegando a tal punto la falta de precisión y claridad que incluso mezcla y confunde motivos, por ello el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Aspectos no observados por el recurrente y que redundan en la falta de aprehensión del recurso y el rechazo del mismo, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1.Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). RECURRENTE # 2 Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. •Norma autorizante: Artículo 337 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 337 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Congruencia de la Sentencia con la Acusación. • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: El reclamo en contra de la resolución es en el presente recurso de casación penal. • Pretensión: Que anule la sentencia. Refiere el recurrente que el Tribunal Juzgador, que al observar los hechos que considera aprobados, nos queda claro que la descripción del hecho único declarado como probado es incongruente con la sentencia condenatoria que se dicto en contra de mi representado Luciano Hernández Rodríguez por el delito de Robo Agravado, contraviniendo a todas luces lo estatuido en el artículo 337 del Código Procesal Penal, que claramente establece que la sentencia que dicte el órgano jurisdiccional deberá ser congruente con los hechos por los cuales se le acusa a un imputado. Si bien es cierto el Ministerio Público expreso que le habían robado una cantidad de dinero a las ahora occisas, en ningún momento se admitió acusación alguna que se solicitara se deduzca responsabilidad criminal. De la Debida Técnica Recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: b. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. c. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y f. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: d. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. e. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. f. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: •Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; • Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; •Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) Esta Sala de lo Penal observa que los dos motivos de Casación por Infracción de Ley que ha interpuesto el recurrente número uno, están íntimamente relacionados, pues se refieren a supuestas violaciones de normas penales en relación a los hechos probados, teniendo un mismo fundamento legal, por lo que, para guardar la logicidad y coherencia de la sentencia penal se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. A esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como Contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la Sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse partiendo de los Hechos Probados que contiene la sentencia cuestionada, puesto que el vicio, en esencia, consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la Parte Resolutiva de la Sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la Narración Fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que debe aplicarse al caso concreto, pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El recurrente en su único motivo casacional establece que se ha infringido el artículo 337 del Código Procesal Penal que establece la congruencia de la sentencia con la acusación. Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el motivo de Casación por Infracción de Ley invocado por el recurrente carece de claridad y precisión. Lo anterior, en razón a que el recurrente en primer lugar no cita una norma sustantiva ni la norma autorizante, sino una norma de carácter procesal no ha fundamentado de conformidad a derecho en manera alguna su pretensión recursiva, ni ha determinado si el vicio de la sentencia recurrida se encuentra enmarcado en falta de aplicación, aplicación indebida o en una interpretación errónea en su aplicación (vid. Art. 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal). La defectuosa técnica de casación utilizada por el recurrente hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que este pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. El recurrente no expone en que parte del cuadro fáctico plasmado por el Tribunal de Instancia en la sentencia, existe la infracción al precepto penal que debió ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica, requisito indispensable para que esta Sala de lo Penal pueda ejercer debidamente el control casacional para este tipo de recurso, lo que no es posible en el presente caso, ya que el recurrente no expone de forma clara, que precepto o porqué el precepto penal infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia, por lo que imposibilita a esta Sala, poder pronunciarse en relación a la infracción de ley anunciada como motivo casacional. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa Privada. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: Artículo 362 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: El reclamo en contra de la resolución es en el presente recurso de casación penal. • Pretensión Que se decrete absolución de los imputados. Establece el recurrente que le causa agravios a mi representado que el A-quo al momento de hacer la valoración de la prueba le da valor probatorio a un testigo protegido, del cual se desconoce su identidad y si estuvo o no en el lugar de los hechos, aparte que su declaración es confusa, no es conteste, entra en contradicción con otros medios de prueba y no responde al sentido común, ni a la experiencia, por lo que no se debió dársele ningún valor probatorio. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Iii El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; en su desarrollo del motivo solo hace mención que se inobservó las reglas de la sana critica, sin establecer cuál de las reglas y principios de la sana crítica se violentó. El Recurrente debió de artillar sus razonamientos en contra de los razonamientos judiciales hechos sobre la prueba, pues son estos los que sostienen la decisión judicial y por ende, son éstos los controlables mediante su examen a fin de constatar su fidelidad a las reglas y principios que componen la sana crítica, sin embargo, queda claro que en el desarrollo del motivo casacional, el recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica; Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Así mismo al establecer el silogismo debió desarrollarlo en base a la valoración de los medios de prueba que hace el Tribunal Sentenciador y no con los hechos declarados probados. Como ya se ha explicado, esta Sala, solo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica, por ende, no solo basta señalar la regla violentada, sino que debe desarrollarlo y establecer de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado. Decisión. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública, como Recurrente 1. No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada, como Recurrente 2. No Ha Lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada, como Recurrente 2. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130 2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al Código Penal decreto144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal decreto130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso se presentó por parte de la Defensa Privada complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; igualmente el Ministerio Público hizo pronunciamiento en cuanto a la solitud interpuesta por la defensa Privada, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis tal y como prevé el numeral 2 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados:1) Fidel Rodríguez Paz, como autor responsable penalmente de los delitos de: a) Asesinato (Artículo 117 del Código Penal), en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, imponiendo la pena de Veinte (20) años y Seis (6) meses de reclusión. b) Asesinato (Artículo 117 del Código Penal), en perjuicio de Belkis Leticia Cardona Rodríguez, imponiendo la pena de Veinte (20) años y Seis (6) meses de reclusión. Penas acumulas por los dos (2) delitos de Asesinato suman la cantidad de Cuarenta y un (41) años de reclusión. 2) José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, condenados por el delito de Robo Agravado (Artículos 217,218 y 219 numerales 1, 2 inciso B) en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, imponiéndoles la pena de Siete (7) años y Cinco (5) meses de reclusión. y como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta e interdicción civil y responsables civilmente de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los que fueron condenados. • Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017, los imputados: 1) Fidel Rodríguez Paz, como autor responsable penalmente de los delitos de: a) Asesinato (Artículo 193), en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, tiene una pena de Veinte (20) a Veinticinco (25) años de prisión. b) Asesinato (Artículo 193), en perjuicio de Belkis Leticia Cardona Rodríguez, tiene una pena de Veinte (20) a Veinticinco (25) años de prisión. Penas acumulas por los dos (2) delitos de Asesinato tiene un marco abstracto de Cuarenta (40) a Cincuenta (50) años de prisión. Marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado, además el cumplimiento material de las penas, conforme a ambas legislaciones el límite objetivo extraordinario es de 40 años de privación de la libertad conforme al Decreto 130-2017, y conforme al Decreto 144-83 el limite objetivo extraordinario es de 30 años, por lo que no representa tampoco una circunstancia más favorable la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. 1) Conforme a los señores José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, el Robo con Violencia o Intimidación (artículo 361) tiene una pena de Cuatro (4) a Ocho (8) años de prisión: Pena que deberá aumentarse en 2/3 por tener como agravantes especificas las del artículo 363 numerales 7) en cuanto a las circunstancias personales de la víctima; eran las doce de la noche, llegaron a la casa de habitación de Carmen Rodríguez Pineda y Belkis Leticia Cardona Rodríguez, ingresaron por la fuerza, destruyendo el marco de la puerta principal y el numeral 9) se cometen los hechos empleando armas de fuego; Y ya en el interior y con arma de fuego en la mano obligaron a la señora Carmen Rodríguez Pineda les hiciera entrega de la suma de Ciento Veinticinco Mil Lempiras …, quedando una pena abstracta de Ocho (8) a Trece (13) años y Cuatro (4) meses de prisión La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Ángel Octavio Baide Peña, en su condición de defensor público del señor Donaris Leiva Mateo, como autor del delito de Robo Agravado, en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, como parte Recurrente 1. SEGUNDO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Jorge Estuardo Amaya Arita, en su condición de defensor privado de los señores Fidel Rodríguez Paz acusado por el delito de Asesinato, en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda y Belkis Leticia Cardona Rodríguez y Luciano Hernández Rodríguez, acusado por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, como parte Recurrente 2. TERCERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Jorge Estuardo Amaya Arita, en su condición de defensor privado de los señores Fidel Rodríguez Paz, acusado por los delitos de Asesinato en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda y Belkis Leticia Cardona Rodríguez y Luciano Hernández Rodríguez, acusado por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, como parte Recurrente 2. CUARTO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. QUINTO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha siete de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE.Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a desnieve días del mes de febrero de dos mil veintiséis. Certificación del Auto dictado a los trece días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-345-2019.MARIO ROLANDO DÍAZ FLORESMAGISTRADO COORDINADORWALTER RAÚL MIRANDA SABIOMAGISTRADONELSON DANILO MAIRENA FRANCOMAGISTRADOLETY EMELDA POSADAS RODRÍGUEZReceptora Adscrita de la Sala de lo PenalCERTIFICACIÓN La Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA el Auto recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-345-2019, que literalmente dice: “LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de agosto del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Danilo Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-345-2019 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, mediante el cual falló: PRIMERO: Condenó a Fidel Rodríguez Paz, como autor responsable del delito de Asesinato en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda a la pena principal de veinte años y seis meses de reclusión; Por el delito de Asesinato en perjuicio de Belkis Leticia Cardona Rodriguez a la pena principal de veinte años y seis meses de reclusión.- Por lo que deberá cumplir una en pos de otra y que hacen un total de Cuarenta y uno, años de reclusión. SEGUNDO: Condenó a Fidel Rodríguez Paz, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, como consecuencia de la condena de reclusión, penas que tendrán la misma duración que la condena por la pena principal, así mismo se le condenó a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. TERCERO: Absolvió a José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, por la supuesta comisión del delito de Asesinato en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda y Belkis Leticia Cardona Rodriguez. CUARTO: Condenó a José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, como autores responsables de los delitos de Robo Agravado en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda a la pena principal de siete años y cinco meses de reclusión. QUINTO: Condenó a los acusados José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, como consecuencia de la condena de reclusión, penas que tendrán la misma duración que la condena por la pena principal, así mismo se les condenó a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario. SEXTO: Declaró a José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez, Donaris Leiva Mateo y Fidel Rodriguez Paz, responsables civilmente de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los que son condenados, la que podrá ser objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. SEPTIMO: No procedió condenar en costas a José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez, Donaris Leiva Mateo Y Fidel Rodriguez Paz. OCTAVO: No procedió declarar el comiso, por no haberse presentado piezas de convicción. SON PARTES: Los Abogados Gladys Lamar Ortiz y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Donaris Leiva Mateo como parte recurrente #1, y el Abogado Jorge Estuardo Amaya Arita, en su condición de defensor privado de Fidel Rodríguez Paz y Luciano Hernández Rodríguez, como parte recurrente #2 y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: En fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, como a eso de las doce de la noche los hoy imputados JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LIDIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FIDEL RODRIGUEZ PAZ, JOSUE AMILEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCIANO HERNANDEZ RODRIGUEZ, DONARIS LEIVA MATEO llegaron a la casa de habitación de CARMEN RODRIGUEZ PINEDA, Y BELKIS LETICIA CARDONA RODRIGUEZ ubicada en la aldea Sorca, municipio de Arada, departamento de Santa Bárbara quienes sin mediar palabra comenzaron a ingresar por la fuerza, destruyendo el contramarco de la puerta principal y ya en el interior y con arma de fuego en la mano obligaron a la señora CARMEN RODRÍGUEZ PINEDA les hiciera entrega de la suma de ciento veinticinco mil lempiras y una vez despojada de dicho dinero el señor FIDEL RODRÍGUEZ PAZ le asesta un disparo en la cabeza parte posterior a la señora CARMEN RODRÍGUEZ PINEDA y acto seguido le asesta un disparo en el parietal derecho a la joven BELKIS LETICIA CARDONA RODRÍGUEZ quienes sufrieron laceración cerebral y les provoco la muerte en forma inmediata. “RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Ángel Octavio Baide Peña en su condición de defensor privado del señor Donaris Leiva Mateo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, recurrente #1 y el Abogado Jorge Estuardo Amaya Arita en su condición de defensor privado de los señores Fidel Rodríguez Paz y Luciano Hernández Rodríguez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, recurrente # 2, de la manera siguiente: Recurrente # 1, “EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION. MOTIVO UNICO: La inobservancia por parte del Tribunal de las reglas de la sana crítica y falta de congruencia de la sentencia con la acusación. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en los artículos 362.3 y 337 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Impugnación de la sentencia de fecha siete de marzo del dos mil diecinueve, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, ya que es dudosa o violatoria de Derechos fundamentales para dar por acreditada la participación del encartado en el ilícito causa del presente recurso; y, siendo que al determinar la condena de mi representado se hizo sobre inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, lo que constituyo en una violación a los derechos de la Defensa, en consonancia con las disposiciones del Código Procesal Penal en los artículos 339 el que prescribe que "si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, asimismo, será absuelto en caso de duda rasonable"; y el 337 "que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o en su caso, en la ampliación de al acusación y en la contestación de esta, ni calificar los hechos, en perjuicio del acusado en foma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas.- Resultado de esto, una sentencia condenatoria por el delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de DONARIS LEIVA MATEO. En dicha sentencia condenatoria el Tribunal expresa y terminantemente probado el hecho siguiente. UNICO: Que en fecha treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete, como a eso de las doce de la noche los hoy imputados JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LIDIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FIDEL RODRIGUEZ PAZ, JOSUE AMILEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUCIANO HERNANDEZ RODRIGUEZ, DONARIS LEIVA MATEO, llegaron a la casa de habitación de CARMEN RODRIGUEZ PINEDA Y BELKIS LETICIA CARDONA RODRIGUEZ ubicada en la aldea Sorca de Aradia, Departamento de Santa Barbara quienes sin mediar palabra comenzaron a ingresar por la fuerza, destruyendo el contramarco de la puerta principal y ya en el interior y con arma de fuego en la mano obligaron a la señora CARMEN RODRIGUEZ PINEDA les hiciera entrega de la suma de ciento veinticinco mil lempiras y un vez despojada de dicho dinero el señor FIDEL RODRIGUEZ PAZ le asesto un disparo en la cabeza parte posterior a la señora CARMEN RODRIGUEZ PINEDA y acto seguido le asesta un disparo en el parietal derecho a la joven BELKIS LETICIA CARDONA RODRIGUEZ quienes sufrieron laceración cerebral y provoco la muerte en forma inmediata. Al analizar el contenido del hecho UNICO declarado probado en el cual se refiere al supuesto ROBO AGRAVADO se observa que el Tribunal no analizo los elementos requeridos para establecer la participación de mi representado en el tipo penal aludido; cómo se puede apreciar del relato factico que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, no permiten declarar la existencia independiente del delito de ROBO AGRAVADO, a que se refieren los artículos 217 relacionado con el 219 del Código Penal, en vista que las pruebas presentadas por la parte acusadora no enervo la presunción de inocencia. En referencia a estos aspectos señalamos que el TESTIGO PROTEGIDO ALFA en su deposición señalo cuando, donde y quienes supuestamente realizaron el hecho ilícito y hace una descripción del mismos señalando que a mi representado el señor DONARIS LEIVA MATEO no le vio arma alguna y que la acción realizada por el era que miraba que nadie viniera; esta declaración es contradictoria y prejuiciosa lo cual nos lleva a concluir que afecta su valor conviccional. Por lo que se recomienda que el testimonio brindado por el testigo debe ser cotejado con el resto de las pruebas existentes; Dicho lo anterior el acusado en el proceso penal tiene como Derecho el defenderse, llevando consigo la posibilidad de interrogar a los testigos que declaren contra él según manda nuestra Legislacion Nacional; al igual tener la posibilidad de conocer o comprobar su identidad, lo que nos permitía no solo orientar nuestro interrogatorio, sino también, aportar los datos o razones de que puedan disponer para debilitar la credibilidad de dicho testigo, por otro lado permitiría la confrontación del testigo de cargo con la persona acusada, lo que aplicaría las posibilidades de valoración del tribunal; sin embargo, la necesidad de proteger a las víctimas de los delitos y en otros casos a testigos en quienes concurren especiales circunstancias de riesgo, al tiempo que se favorece su colaboración con la Justicia, ha llevado a considerar la supresión de todas o algunas de esas circunstancias de identificación, presencias físicas y confrontación del testigo con el acusado. Si la Defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos que precisamente le permitan corroborar que es parcial, hostil o indigna de crédito, un testimonio o cualquiera declaración en contra del inculpado, puede muy bien ser falso o deberse a un mero error; y la defensa difícilmente podrá demostrarlo si se carece de las informaciones que permitan fiscalizar el crédito que merece el autor o ponerlo en duda; con esto en mente somos del criterio que ninguna condena debería estar basada únicamente o de manera decisiva en testigo protegido. Así pues, la culpabilidad de cualquier ponderación, incluso cuando las dificultades de la defensa sean equilibradas por el procedimiento seguido por las autoridades Judiciales, han de cumplirse dos parámetros como ser: 1) Que sea posible examinar la fiabilidad del testigo cuyo nombre se oculta. 2) Que esa declaración del testigo protegido no sea decisiva. En definitiva, las consecuencias de la disponibilidad de medio de prueba solamente pueden perjudicar al que la ha de proponer y no al derecho de defensa de aquel contra el que se propone dicho medio de prueba. Consideramos que al estar en juego valores relevantes como contrapuestas, es decir, la integridad rígida del acusado; por lo que el tribunal debió estar plenamente convencido y a la vez motivado en buenas razones objetivas que revelaran un riesgo cierto y real para el testigo proveniente del acusado en caso de ser conocido por este. Por lo que la motivación de una resolución tan transcendente no pudo consistir en una vaga e indefinida referencia, a que su identificación pudo generar un peligro para su integridad. En referencia a otros medios de prueba hemos de señalar que estos por si solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, tal como se describe.1) Declaración de Policía de Investigación LUIS FERNANDO BENITEZ MARTINEZ, quien establece que en fecha treinta y uno de marzo del dos mil diecisiete recibió información de la muerte de dos personas procediendo a personarse al lugar de los hechos. 2) Dictámenes de autopsia emitidos por el Doctor MARLON ENRIQUE SABILLON BARAHONA quien acredita las heridas sufridas en la humanidad de la señora CARMEN RODRIGUEZ PINEDA Y BELKIS LETICIA CARDONA. 3) Acta de reconocimiento de Cadáver y Recolección e Indicios y respectivo álbum fotográfico. El Ministerio Publico pudo haber demostrado la culpabilidad de mi representado, mediante Prueba directa o indicios en los cuales es necesario que todos estos hechos sean producto de una investigación científica, debidamente acreditada como por ejemplo 1) Indicios de capacidad moral el cual consiste en verifica el antecedente penal del indiciado, a efecto de revelar su inclinación al delito, pudiendo con ello coadyuvar con otros indicios. 2) Indicio relativos al móvil concreto para cometer el delito, es sin duda un indicio junto con otros llegar al convencimiento de su participación en el ilicito.3) La referencia y el constatar en torno con otras pruebas la presencia del indiciado en el lugar del hecho, la hora de su comisión. 4) Indicios de manifestación, es decir, las actividades anteriores a la perpetración del ilícito y las posteriores a su comisión pudieron proporcionar datos facticos relevantes para inferir el hecho consecuencia. 5) Indicios de huellas materiales son los que suelen tener mayor significación como medio para inferir circunstancias del delito y la identificación del delincuente, se trata de indicios vinculados con el hecho mismo de ejecución criminal y consistente en el hallazgo de objetos o de huellas que ponen en relación inmediata a una persona en la dinámica o circunstancias delictivas; Recordemos que la responsabilidad de procurar el enjuiciamiento le corresponde al ente acusador del Estado que como representante de la sociedad, está obligado en todo momento a radicar ante los tribunales de justicia las acciones penales necesarias contra quienes resulten con grave indicios de responsabilidad, pero la búsqueda y la obtención licita de la pruebas es responsabilidad exclusiva de los cuerpos de investigación según lo prescriben los artículos 272,273 y especiamente los artículos 279,280 y 281 del Código Procesal Penal, con la colaboración de otros cuerpos, siempre bajo la dirección del Fiscal, debiendo desplegar toda su actividad inquisitiva en la búsqueda de las pruebas que vinculen al hecho con el posible participe, y solo ante la existencia de graves indicios de criminalidad se procederá contra una persona, para solicitar de un órgano jurisdiccional la determinación de su culpabilidad, por tal razón consideramos que es peligroso sostener la participación en el hecho que se le incrimina a mi representado, solamente teniendo como elemento único a testigo protegido Alfa, sin ninguna corroboración, que pierde credibilidad, porque podría tratarse de un enemigo personal o alguien que quiera perjudicarlo; por otro lado en el desarrollo del Juicio se constata que la Fiscalía del Ministerio Publico en ningún momento se pronunció en cuanto al supuesto ROBO AGRAVADO en contra de mi representado. Es así que si bien en las acciones de mérito requiere. 1) La acreditación de elementos objetivos constitutivos y elementos subjetivos por lo que necesariamente tiene que ser doloso, por mandato legal, razón por la cual se requiere necesariamente acreditar la participación de la persona acusada. 2) Por cuanto a las acciones de ROBO AGRAVADO es menester señalar que al formalizar acusación la Fiscalía del Ministerio Publico no acuso a mi representado por ese ilícito y en la contestación de cargos no califico los hechos en cuanto a esa figura legal por lo que el Tribunal al emitir sentencia en contra de mi representado debió estar sujeto a la regla de prohibición peyorativa (no reforma en perjuicio), constituye un factor de suprema importancia ya que el esquema propuesto opera con una identidad entre el hecho planteado en la acusación y el hecho juzgado en el debate y por ende el sometido a sentencia, base toral del principio de congruencia teniendo que ver también la calificación con el imputado, lo cual está sujeta en virtud de violentar el debido proceso ya que debió haber congruencia en la sentencia con la acusación; en consecuencia, constituye una arbitrariedad por parte del Tribunal. por lo que bajo ninguna circunstancia obtuvo certeza condenando al señor DONARIS LEIVA MATEO. Por lo anterior se debe declarar la libre absolución de mi representado por este delito. Hemos de recordar Honorable Tribunal que cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quien se le menoscabo su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesario su resocialización mediante el cumplimiento de una pena; En consecuencia, debemos declarar que el pronunciamiento condenatorio se ha sustentado esencialmente.1) En una prueba que ha quebrantado el derecho de defensa del acusado por no ser corroborada por otras pruebas en el proceso. 2) Por falta de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. Por lo expuesto en forma reiterativa podemos apreciar que el Tribunal Juzgador dicto la sentencia no conforme y de acuerdo con las reglas de la sana critica racional, es decir, de la lógica, psicología y experiencia común; estas leyes están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia, derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. En el presente caso con respecto al tercero excluido dos juicios opuestos entre sí contradictoriamente no pueden ser ambos falsos, es decir que uno de ellos es verdadero y ningún otro es posible, por lo que para el Tribunal Juzgador no considero la posibilidad que el testigo protegido, se equivocó o mintió al acusar a mi representado, sin dejar de señalar que a mi representado se le impuso una pena que en ningún momento la Fiscalía del Ministerio Publico entablo en su contra; con lo expuesto y consecuentemente, esta reclamación casacional debe ser estimada, debiéndose casar y anular la sentencia de instancia, declarando la absolución del encartado. El estado de inocencia es consagrado el artículo 89 de la Constitución de la Republica " Toda persona es inocente mientras n se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; en el artículo 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad"; artículo 8.2 de la Convención American sobre Derechos Humanos "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad"; artículo 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre " se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable"; articulo 14.2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la Ley"; articulo 2 Código Procesal Penal " estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de presente código..."” Recurrente #2: “PRIMER MOTIVO: INFRACCIÓN DE LEY. Causa serios agravios a mi representado LUCIANO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ que el a-quo al momento de dictar sentencia le condena por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, cuando ni en la plataforma de la acusación contenida en el requerimiento fiscal, ni en la formalización de la acusación en la etapa intermedia ni tampoco ni tampoco al momento de la apertura de la audiencia, que técnicamente era el último momento procesal oportuno que tuvo el Ministerio público para ampliar la acusación, se pronunció en tal sentido, por lo que al condenarle por un delito que no se encontraba en la acusación y que sobre el cual no se debatió si existía o no responsabilidad criminal por parte de los mismos, por lo que es improcedente que se le condene por el mismo. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 337 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: ÚNICO: Al observar los hechos que considera probados este Tribunal juzgador, nos queda claro que la descripción del hecho único declarado como probado es incongruente con la sentencia condenatoria que se dictó en contra de mi representado LUCIANO HERNANDEZ RODRÍGUEZ, contraviniendo a todas luces lo estatuido en el artículo 337 del código procesal penal que claramente establece que la sentencia que dicte el órgano jurisdiccional deberá ser congruente con los hechos por los cuales se le acusa a un imputado, y si bien es cierto el Ministerio Público expresó que le habían robado una cantidad de dinero a las ahora occisas, en ningún momento se admitió acusación alguna que solicitara se deduzca responsabilidad criminal a los enjuiciados por la comisión de dicho delito, no pudiendo el Tribunal en aplicación del principio de oportunidad deducir responsabilidades por la supuesta comisión de un hecho punible, a un ciudadano que no ha sido acusado por el Ministerio Público en tal sentido, pues estaríamos ante la condena por un delito que nunca existió en fase preparatoria ni intermedia y aparece en la de debate únicamente en la sentencia, dejando en indefensión al condenado pues no planteó su defensa basándose en dicha plataforma, sino únicamente en el delito de ASESINATO, por otra parte si se observa la individualización hace este digno Tribunal de la pena que le aplica a mi representado por la comisión de dicho delito (ROBO AGRAVADO), le impone agravantes, contrariando el principio de in dubio pro reo, pues la pena por el delito de ROBO AGRAVADO, como su mismo nombre lo dice ya contiene agravantes, pues el tipo penal que se está sancionando es el de ROBO por lo tanto no se puede agravar la situación de un reo agravándole la responsabilidad criminal por la comisión de un delito que de por sí ya se encuentra embarazada por una agravante siendo la pena correcta a aplicar en todo caso de CINCO AÑOS DE RECLUSIÓN AUMENMTADO EN UN TERCIO, NO EN UN MEDIO. Es por ello Honorables Señores Magistrados que solicito se case la sentencia de marras en este sentido, declarando la improcedencia de dicha condena por la comisión del delito ya referido y por las causas ya mencionadas, absolviendo de toda responsabilidad criminal a mi patrocinado por la comisión de dicho delito por el cual no ha sido acusado en ningún momento RECLAMO PREVIO Siendo que la resolución recurrida es la sentencia definitiva, el reclamo en contra de ella es el presente recurso de casación penal. PERJUICIO Causa grave perjuicio a mi representado el que este Tribunal condene a mi representado por la comisión de un delito por el cual no fue acusado en ningún momento siendo lo procedente anular en sentencia definitiva el pronunciamiento que al respecto hace el tribunal juzgador condenándole por el delito de ROBO AGRAVADO título de autor."Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Quebrantamiento de Forma: “PRIMER MOTIVO: QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Causa serios agravios a mi representado que el a-quo al momento de hacer la valoración de la prueba le da valor probatorio a un testigo protegido, del cual se desconoce su identidad y si estuvo o no en el lugar de los hechos, aparte que su declaración es confusa, no es conteste, entra en contradicción con otros medios de prueba y no responde al sentido común, ni a la experiencia, por lo que no debió dársele ningún valor probatorio. PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: ÚNICO: Al observar los hechos que considera probados este Tribunal juzgador, nos queda claro que la descripción del hecho declarado como probado es básicamente una transcripción de los hechos contemplados en el requerimiento fiscal y que básicamente son respaldados por un único medio de prueba, consistente en la declaración del testigo ALFA 18, un testigo el cual brinda una declaración poco creíble, incongruente con otro medio de prueba que es la inspección ocular hecha por personal técnico de la Policía de Investigación y que no responde a la realidad, al sentido común ni a la lógica y experiencia, explicando dichas circunstancias de la siguiente manera: a. La figura del testigo protegido es una forma de protección que el estado garantiza a aquellos testigos que deban declarar en una causa criminal y que podría poner en peligro su vida o bienes o la de su cónyuge, compañero de hogar o parientes dentro de los grados legales; sin embargo deben acreditarse cuales son las circunstancias que justifiquen tomar la declaración bajo dicha modalidad, y esta pues es una garantía relativa que se respetará la vida y bienes de las personas relacionadas con el testigo o suyas propias, sin embargo ha existido un abuso en la implementación de esta figura al grado que con solo que una persona declare bajo esta modalidad ya se toma como verdad incuestionable lo declarado, a pesar que su declaración e encuentre en franca oposición a las reglas del sentido común, la lógica, la experiencia y las reglas que regulan el razonamiento lógico y conocimiento y criterio humano. b. Con la declaración del testigo protegido nos damos cuenta que la misma no es congruente ni suena creíble ya que para comenzar el testigo protegido narra hechos contradiciéndose en varias oportunidades principalmente sobre si estaba dormido o despierto, que observó que ingresaron por el cerco de alambre de malla ciclón, cuando se supone que se encontraba en su cama, durmiendo solo, pues como es de público y notorio conocimiento el testigo es hijo y hermano de las occisas respectivamente y hermano por línea paterna de mi representado FIDEL RODRÍGUEZ, con quien le une un parentesco consanguíneo y a pesar de ello no se le hicieron las advertencias que contempla el artículo 228 del código procesal penal, pues el que haya declarado como testigo protegido básicamente fue como una forma de protección visual pues ya se sabía que se trataba del hijo menor de la señora CARMEN RODRÍGUEZ PINEDA aparte de ello miente cuando al preguntársele si tenía algún grado de parentesco o interés directo manifestó que no, para más adelante expresar ante las preguntas de esta defensa si existía alguna enemistad entre su madre la señora CARMEN RODRÍGUEZ PINEDA y mi representado FIDEL RODRÍGUEZ manifestando que si, que eran enemigos por unas situaciones que no quiso detallar. c. Aparte de lo anteriormente descrito queda claro que el testigo falta a la verdad al asegurar que al ingresar estas personas le ordenan a su madre que encienda la luz, logrando por ello identificar a los ahora acusados (a pesar de haber expresado anteriormente que los había visto ingresar a la casa a través del cerco y posteriormente romper la puerta, para luego decir que no, que se encontraba en su cama) además asegura que pudo observar todos los hechos, los cuales se desarrollaban en una habitación contiguo a la suya y que tal como se puede apreciar en el álbum fotográfico que se aportó en el procedimiento, se encuentra al lado de la habitación en la cual se encuentra el supuesto testigo, y manifestando que todos los hechos los pudo observar a través de un espejo que se encontraba en el mismo cuarto en que pernoctaba, lo cual a todas luces es absurdo y físicamente imposible, como pueden comprobar Honorables señores magistrados al revisar las fotografías de mérito, agregando que dicho espejo le daba visibilidad a toda la casa y es por ello que supo ubicar a cada imputado, incluyendo unos que se encontraban fuera de la casa, cual definitivamente es sorprendente pues aparte que supuestamente le habían ordenado que se tapara la cara con una colcha, pudo observar lo que ocurría en la habitación contigua a la suya, lo que ocurría en la sala y lo que ocurría también en la parte exterior de la casa precisamente en el patio delantero; sumando a esto podemos observar que el testigo ALFA 18 manifiesta que quien le dio muerte a las ahora occisas fue mi patrocinado FIDEL RODRÍGUEZ con un arma de fuego tipo escuadra y que de hecho a todos los que miró esa noche portaban ese mismo tipo de arma de fuego, es decir tipo escuadras, sin embargo y al momento de hacerse la requisa en la escena del crimen, la cual fue realizada por un funcionario policial con más de veinte (20) años de experiencia tal como manifestó en audiencia, solo se logra ubicar un casquillo de los dos que fueron disparados, y se encuentra a pocos centímetros de la primera víctima, señora CARMEN RODRÍGUEZ PINEDA, no así el segundo casquillo, el cual nunca fue encontrado, pudiendo existir solo dos posibilidades: 1. Que a una de las victimas le dispararon con un revólver y a la otra con una pistola, y es por ello que solo se encontró un (1) casquillo, lo cual es lo más lógico y probable. 2. Que el funcionario policial que hizo la requisa y no buscó bien en la escena del crimen y por eso no halló el segundo casquillo, siendo esto poco probable pues la experiencia del investigador y lo reducido del especio en el que debía desarrollar la requisa dejan muy poco margen. a esa posibilidad, contradiciendo por lo tanto la declaración del testigo protegido a la requisa realizada por personal capacitado; siendo esta una declaración poco creíble y a la cual no debió dársele valor probatorio alguno por estas circunstancias; para finalizar debemos agregar que es poco creíble y no responde al sentido común ni es creíble tampoco que si se trataba de una banda de asesinos y ladrones que no les tembló la mano para quitarle la vida a una madre y a su hija, le hayan perdonado la vida a un joven de más de 13 años el cual los identificaría plenamente pues estaban dejando vivo a un testigo presencial, lo más probable es que le hubieran quitado la vida también para no dejar cabos sueltos, por lo que queda claro que el testigo protegido o no estaba en la escena del crimen o se ocultó o escapó antes que los agresores se introdujeran a la casa, lo cual le hubiera imposibilitado la identificación positiva e individualizada de cada uno de los partícipes, que es lo más probable que haya ocurrido. d. Por si todo lo anterior fuera poco, nos encontramos que los hechos ocurrieron el día 31 de marzo del año 2017, sin embargo no es hasta más de cuatro (4) meses después que se procede a la captura de los ahora condenados, a pesar que se suponía que el testigo protegido se encontraba presente y había identificado plenamente a los acusados, por lo que es poco usual por no decir absurdo y no responde al sentido común que habiendo estado allí no les haya manifestado de inmediato a los investigadores que llegaron a la escena del crimen los nombres y apellidos de los autores de los hechos investigados, como lo hizo CUATRO MESES DESPUES! Tal como lo corroboran los investigadores de la DPI quienes manifestaron en juicio que fue mediante investigaciones posteriores que lograron determinar que los autores de los hechos habían sido los ahora condenados; siendo en resumen dicha investigación la declaración del testigo protegido! No es lo más lógico pensar que si el testigo sabía muy bien quienes habían sido los asesinos, se los haya manifestado de inmediato a los policías y a su familia? Decirles : "Los que mataron a mi madre y a mi hermana fueron fulano, mengano, zutano y perencejo" Pero no lo hizo, de hecho no se sabía la identidad de los autores de estos delitos hasta que meses después los condenados se llevan la sorpresa que los van a capturar a sus casa de habitación, en el caso de mis patrocinados a pocos minutos del lugar en que ocurrieron los hechos, lugar en el cual siguieron residiendo y trabajando de manera rutinaria, siendo lo más lógico que si supieran que los eran los asesinos hubieran tratado de escapar, sin embargo todos los imputados fueron capturados en sus lugares de residencia; con lo cual queda claro que el supuesto testigo protegido no supo la identidad de los autores de los dos asesinatos y del robo; (en el caso que sea cierto que haya estado presente y le hayan perdonado la vida) y que fue sólo meses después y luego de analizar que con el ahora condenado FIDEL RODRIGUEZ PAZ existía una supuesta enemistad, que éste llegó a esa conclusión carente de fundamento ni de prueba sólida que FIDEL RODRIGUEZ PAZ era el autor de los asesinatos junto a las otras personas que fueron acusados por dichos eventos, pues si fuera cierto que los había identificado el día de los hechos hubieran sido capturados de inmediato o en la misma semana en que ocurrieron los hechos y no meses después; es por todo esto que solicitamos a esta digna Sala de lo penal que case la sentencia recurrida y se absuelva a mis representados por los delitos de asesinato y robo agravado, por las razones ya expuestas, pues 10 contrario significaría dejar recluidos y privados de su libertad a dos personas que han sido condenadas por una única declaración de un testigo protegido que se contradice y no es congruente con el resto de la prueba evacuada su declaración y que no responde al sentido común ni a las reglas de la sana crítica el que haya identificado según el a los autores de los hechos criminales y se lo manifiesta a la policía solo pasados cuatro meses de ocurridos los hechos. RECLAMO PREVIO Siendo que la resolución recurrida es la sentencia definitiva, el reclamo en contra de ella es el presente recurso de casación penal. PERJUICIO Causa grave perjuicio a mi representado el que este Tribunal condene a mis representados en base a la declaración de un testigo cuya declaración es poco creíble, que contradice otros medios de prueba y que no responde a la valoración oportuna que debió dársele en base a las reglas de la sana crítica, ya que como reitero su declaración incluye la narración de hechos físicamente imposibles, así como el hecho muy importante de no haber proporcionado los nombres de los supuestos autores de los delitos ya mencionados sino transcurridos más de cuatro meses después de ejecutados los mismos, lo cual era suficiente para considerar que existe duda razonable a favor de los ahora condenados por lo que procede la casación de esta sentencia decretando la absolución de los condenados y se ordene su inmediata excarcelación por insuficiencia probatoria .”FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica;4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. RECURRENTE # 1 Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 y 337 del Código Procesal Penal. •Norma procesal que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 3 y 337 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica y falta de congruencia de la sentencia con la acusación. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. • Pretensión: Casar y anular la sentencia de instancia, declarando la absolución del encartado. Establece el recurrente en su desarrollo Casacional que existió violación al derecho de defensa, en virtud que en la sentencia de fecha 07 de marzo de 2019, se fundamenta en que la misma contiene un vicio grave, ya que es dudosa o violatoria de derechos fundamentales para dar por acreditada la participación del encartado en el ilícito, y siendo que al determinar la condena de mi representado se hizo por inferencias que solo ofrecieron meras sospechas o simples conjeturas, en consonancia con el artículo 339 en el que prescribe “Si el tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria, así mismo, será absuelto en caso de duda razonable”. Y el 337 “Que la sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias, que no sean las descritas en la formalización de acusación, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o en su caso, en la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o en su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación de esta, ni calificar hechos, en perjuicio del acusado en forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes indicadas”. Resultando en una sentencia condenatoria por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Donaris Leiva Mateo. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: •Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; •Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; • Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo.Esta Sala de lo Penal, nota que el recurrente plantea como motivo único en el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en la que establece como violaciones las contenidas en el artículo 362 numeral 3) estableciendo la inobservancia de las reglas de la sana crítica y además la del artículo 337 del Código Procesal Penal, consignada esta en el artículo 362 numeral 6), referente a “La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según artículo 337; y…”. En el desarrollo casacional el recurrente además de extenderse en hacer alegaciones y valoraciones de instancia hace señalamientos en cuanto a la sentencia sobre aspectos como violación al derecho de defensa, presunción de inocencia e incluso refiere elementos sobre la participación de su representado, motivos estos que son propios de recursos diferentes al expuesto.Esta Sala de lo Penal procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: I) Como bien señala Pabón Gómez, el “principio de Debida Técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio asume vigencia plena en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que ”El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. II) Si bien se regula en un mismo inciso varios supuestos o hipótesis, para dar lugar a la casación en la forma, dada las características propias de cada supuesto, resulta obvio que cada uno constituye un vicio diferente y consecuentemente debe ser planteado independientemente, es decir, indicando separadamente cada motivo; por tanto, se infringe la debida técnica casacional al intentar explicar varios vicios y dos se ellos totalmente distintos en un solo motivo, yerro que se aprecia en el recurso que conoce el tribunal de casación penal. III) Se confirma la necesidad de exponer cada motivo de casación por separado, al dar lectura a la explicación del motivo único de casación del recurrente o de los diferentes motivos en uno, anteriormente descritos; llegando a tal punto la falta de precisión y claridad que incluso mezcla y confunde motivos, por ello el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. B) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. C) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. Aspectos no observados por el recurrente y que redundan en la falta de aprehensión del recurso y el rechazo del mismo, por lo tanto, no procede el motivo de casación invocado. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1.Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). RECURRENTE # 2 Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. •Norma autorizante: Artículo 337 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 337 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Congruencia de la Sentencia con la Acusación. • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: El reclamo en contra de la resolución es en el presente recurso de casación penal. • Pretensión: Que anule la sentencia. Refiere el recurrente que el Tribunal Juzgador, que al observar los hechos que considera aprobados, nos queda claro que la descripción del hecho único declarado como probado es incongruente con la sentencia condenatoria que se dicto en contra de mi representado Luciano Hernández Rodríguez por el delito de Robo Agravado, contraviniendo a todas luces lo estatuido en el artículo 337 del Código Procesal Penal, que claramente establece que la sentencia que dicte el órgano jurisdiccional deberá ser congruente con los hechos por los cuales se le acusa a un imputado. Si bien es cierto el Ministerio Público expreso que le habían robado una cantidad de dinero a las ahora occisas, en ningún momento se admitió acusación alguna que se solicitara se deduzca responsabilidad criminal. De la Debida Técnica Recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: b. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. c. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y f. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: d. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. e. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. f. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: •Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; • Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; •Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) Esta Sala de lo Penal observa que los dos motivos de Casación por Infracción de Ley que ha interpuesto el recurrente número uno, están íntimamente relacionados, pues se refieren a supuestas violaciones de normas penales en relación a los hechos probados, teniendo un mismo fundamento legal, por lo que, para guardar la logicidad y coherencia de la sentencia penal se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. A esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como Contralor de la aplicación de la Ley Sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la Sentencia. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la Ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la Sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de Contralor Jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la Sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse partiendo de los Hechos Probados que contiene la sentencia cuestionada, puesto que el vicio, en esencia, consiste en que la decisión adoptada por el Juzgador en la Parte Resolutiva de la Sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la Narración Fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que debe aplicarse al caso concreto, pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. El recurrente en su único motivo casacional establece que se ha infringido el artículo 337 del Código Procesal Penal que establece la congruencia de la sentencia con la acusación. Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el motivo de Casación por Infracción de Ley invocado por el recurrente carece de claridad y precisión. Lo anterior, en razón a que el recurrente en primer lugar no cita una norma sustantiva ni la norma autorizante, sino una norma de carácter procesal no ha fundamentado de conformidad a derecho en manera alguna su pretensión recursiva, ni ha determinado si el vicio de la sentencia recurrida se encuentra enmarcado en falta de aplicación, aplicación indebida o en una interpretación errónea en su aplicación (vid. Art. 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal). La defectuosa técnica de casación utilizada por el recurrente hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que este pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. El recurrente no expone en que parte del cuadro fáctico plasmado por el Tribunal de Instancia en la sentencia, existe la infracción al precepto penal que debió ser observado y que ha provocado una errónea fundamentación jurídica, requisito indispensable para que esta Sala de lo Penal pueda ejercer debidamente el control casacional para este tipo de recurso, lo que no es posible en el presente caso, ya que el recurrente no expone de forma clara, que precepto o porqué el precepto penal infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia, por lo que imposibilita a esta Sala, poder pronunciarse en relación a la infracción de ley anunciada como motivo casacional. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa Privada. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: Artículo 362 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: El reclamo en contra de la resolución es en el presente recurso de casación penal. • Pretensión Que se decrete absolución de los imputados. Establece el recurrente que le causa agravios a mi representado que el A-quo al momento de hacer la valoración de la prueba le da valor probatorio a un testigo protegido, del cual se desconoce su identidad y si estuvo o no en el lugar de los hechos, aparte que su declaración es confusa, no es conteste, entra en contradicción con otros medios de prueba y no responde al sentido común, ni a la experiencia, por lo que no se debió dársele ningún valor probatorio. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Iii El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. El recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; en su desarrollo del motivo solo hace mención que se inobservó las reglas de la sana critica, sin establecer cuál de las reglas y principios de la sana crítica se violentó. El Recurrente debió de artillar sus razonamientos en contra de los razonamientos judiciales hechos sobre la prueba, pues son estos los que sostienen la decisión judicial y por ende, son éstos los controlables mediante su examen a fin de constatar su fidelidad a las reglas y principios que componen la sana crítica, sin embargo, queda claro que en el desarrollo del motivo casacional, el recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica; Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. Así mismo al establecer el silogismo debió desarrollarlo en base a la valoración de los medios de prueba que hace el Tribunal Sentenciador y no con los hechos declarados probados. Como ya se ha explicado, esta Sala, solo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana crítica, por ende, no solo basta señalar la regla violentada, sino que debe desarrollarlo y establecer de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado. Decisión. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública, como Recurrente 1. No Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada, como Recurrente 2. No Ha Lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada, como Recurrente 2. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130 2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al Código Penal decreto144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal decreto130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C.Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso se presentó por parte de la Defensa Privada complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; igualmente el Ministerio Público hizo pronunciamiento en cuanto a la solitud interpuesta por la defensa Privada, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis tal y como prevé el numeral 2 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados:1) Fidel Rodríguez Paz, como autor responsable penalmente de los delitos de: a) Asesinato (Artículo 117 del Código Penal), en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, imponiendo la pena de Veinte (20) años y Seis (6) meses de reclusión. b) Asesinato (Artículo 117 del Código Penal), en perjuicio de Belkis Leticia Cardona Rodríguez, imponiendo la pena de Veinte (20) años y Seis (6) meses de reclusión. Penas acumulas por los dos (2) delitos de Asesinato suman la cantidad de Cuarenta y un (41) años de reclusión. 2) José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, condenados por el delito de Robo Agravado (Artículos 217,218 y 219 numerales 1, 2 inciso B) en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, imponiéndoles la pena de Siete (7) años y Cinco (5) meses de reclusión. y como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación absoluta e interdicción civil y responsables civilmente de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por los delitos por los que fueron condenados. • Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017, los imputados: 1) Fidel Rodríguez Paz, como autor responsable penalmente de los delitos de: a) Asesinato (Artículo 193), en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, tiene una pena de Veinte (20) a Veinticinco (25) años de prisión. b) Asesinato (Artículo 193), en perjuicio de Belkis Leticia Cardona Rodríguez, tiene una pena de Veinte (20) a Veinticinco (25) años de prisión. Penas acumulas por los dos (2) delitos de Asesinato tiene un marco abstracto de Cuarenta (40) a Cincuenta (50) años de prisión. Marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado, además el cumplimiento material de las penas, conforme a ambas legislaciones el límite objetivo extraordinario es de 40 años de privación de la libertad conforme al Decreto 130-2017, y conforme al Decreto 144-83 el limite objetivo extraordinario es de 30 años, por lo que no representa tampoco una circunstancia más favorable la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. 1) Conforme a los señores José de Jesús Rodríguez Rodríguez, Lidio Rodríguez Rodríguez, Josué Amilex Rodríguez Rodríguez, Luciano Hernández Rodríguez y Donaris Leiva Mateo, el Robo con Violencia o Intimidación (artículo 361) tiene una pena de Cuatro (4) a Ocho (8) años de prisión: Pena que deberá aumentarse en 2/3 por tener como agravantes especificas las del artículo 363 numerales 7) en cuanto a las circunstancias personales de la víctima; eran las doce de la noche, llegaron a la casa de habitación de Carmen Rodríguez Pineda y Belkis Leticia Cardona Rodríguez, ingresaron por la fuerza, destruyendo el marco de la puerta principal y el numeral 9) se cometen los hechos empleando armas de fuego; Y ya en el interior y con arma de fuego en la mano obligaron a la señora Carmen Rodríguez Pineda les hiciera entrega de la suma de Ciento Veinticinco Mil Lempiras …, quedando una pena abstracta de Ocho (8) a Trece (13) años y Cuatro (4) meses de prisión La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Ángel Octavio Baide Peña, en su condición de defensor público del señor Donaris Leiva Mateo, como autor del delito de Robo Agravado, en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, como parte Recurrente 1. SEGUNDO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Jorge Estuardo Amaya Arita, en su condición de defensor privado de los señores Fidel Rodríguez Paz acusado por el delito de Asesinato, en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda y Belkis Leticia Cardona Rodríguez y Luciano Hernández Rodríguez, acusado por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, como parte Recurrente 2. TERCERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Jorge Estuardo Amaya Arita, en su condición de defensor privado de los señores Fidel Rodríguez Paz, acusado por los delitos de Asesinato en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda y Belkis Leticia Cardona Rodríguez y Luciano Hernández Rodríguez, acusado por el delito de Robo Agravado en perjuicio de Carmen Rodríguez Pineda, como parte Recurrente 2. CUARTO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. QUINTO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha siete de marzo del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a desnieve días del mes de febrero de dos mil veintiséis. Certificación del Auto dictado a los trece días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-345-2019. MARIO ROLANDO DÍAZ FLORES MAGISTRADO COORDINADOR WALTER RAÚL MIRANDA SABIO MAGISTRADO NELSON DANILO MAIRENA FRANCO MAGISTRADO
LETY EMELDA POSADAS RODRÍGUEZ
Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal