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Sentencia CP-337-21 — Registro 19970

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por estar comprendida la pena impuesta dentro de los parámetros legales establecidos en el Código Penal Vigente y no representar un beneficio a favor del imputado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..". EL Recurso NO es de Recibo. Esta Sala de lo Penal por estar relacionados los dos motivos del recurso de casación por Infracción de Ley y ser afines decide dar una sola respuesta donde se incluirán ambos motivos y considera importante recordar que, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por la recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Analizando el caso subjudice y el relato de hechos probados, es posible inferir de ello que el ofendido Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, fue atacado en la vía pública por el acusado y dos personas más. De acuerdo al relato del hecho probado en esta sucesión de hechos el acusado Mártires Alfredo Betance Alonzo como consecuencia del ataque con arma blanca machete, le causo al ofendido Heridas en el cráneo, Fracturas de mandíbula, Hematomas, estableciéndose una incapacidad laboral de 45 días .En la fundamentación jurídica, que viene a constituir la premisa mayor, el sentenciador afirma (SIC): El hecho que este Tribunal de Sentencia ha declarado probado es sin lugar a dudas constitutivo del delito de Homicidio en grado de Ejecución de Tentativa, previsto en el artículo 116 en relación al 15 del Código Penal vigente. Del análisis de las normas citadas por el A- quo, para que exista tentativa de un delito se requiere la concurrencia de los requisitos siguientes: I) Que se actúe con la intención de cometer un delito determinado, intentar quiere decir dirigir sus propios actos a un fin determinado. En el presente caso, este primer requisito se constata en el cuadro fáctico de la sentencia, es decir de los hechos probados se infiere que la intención del imputado fue dirigir sus actos a quitarle la vida al ofendido II) Que se realicen actos inequívocos de ejecución de un delito determinado, debe entenderse como aquellos en los que no queda duda de que se ha dado inicio a la ejecución no de cualquier delito, sino de un delito determinado, en este caso tendría que tratarse de actos inequívocos destinados a conseguir la muerte; en el caso de autos como antes lo hemos apuntado el acusado realizó actos inequívocos para causarle la muerte a Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, y la presencia de la testigo protegida que llega al lugar evita que se consuma el hecho, y esto lo establece claramente el hecho probado que al ser observados los agresores por la testigo, ellos detuvieron la agresión. De lo anterior entonces, es posible establecer que la conclusión del silogismo, es decir la parte resolutiva es congruente con el hecho probado, se han podido establecer los presupuestos normativos para que se configure el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, y no así el delito de Lesiones tal como señala la recurrente, con lo que la selección de la norma sustantiva que ha realizado el sentenciador para enmarcar los hechos declarados probados resulta adecuado a los hechos ocurridos. En el caso de autos y según se desprende del relato fáctico descrito en la sentencia impugnada, las acciones cometidas por el imputado Mártires Alfredo Betance Alonzo, permiten determinar con certeza y más allá de toda duda razonable que su intención fue la de quitarle la vida a Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, ya que utilizó un arma blanca (machete) con la que le causó heridas en mandíbula y cabeza, que tuvieron la intensidad e intención de causarle la muerte del ofendido, A la referida conclusión se arriba, tomando en cuenta lo establecido en el dictamen médico practicado al ofendido que acredita una incapacidad para el trabajo por un término cuarenta y cinco días a partir de la comisión del hecho.es importante establecer que los días de incapacidad no es vinculante para establecer si es tentativa o Lesiones, para ese efecto se considera la actuación del actor y que se evita la consumación ,no por la voluntad de este si no que por otra circunstancia ajeno a él. Por lo anterior en el presente caso se dan todos los elementos del tipo penal de tentativa Considerando lo expuesto, esta sala penal, comparte el fallo emitido por el A-quo, en tal sentido no ha existido una aplicación indebida de la norma contenida en el artículo 116 en relación al 15 del Código Penal, y los hechos narrados en la sentencia tampoco se puede subsumir en el artículo 135 de dicho código tomando ya que se dan todos los elementos del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa se llegó a una conclusión jurídica que está sustentada a partir de los hechos que declaró probados, por todo lo anterior y siendo que la resolución está apegada a ley se declara improcedente el motivo de casación,..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Mártires Alfredo Betance Alonzo que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Mártires Alfredo Betance Alonzo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Mártires Alfredo Betance Alonzo, la pena de 10 años de reclusión, como autor del delito de Homicidio en grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, se le declaró civilmente responsable. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 al señor Mártires Alfredo Betance Alonzo como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente con la pena de 15 a 20 años de prisión (Artículo 192 del Código Penal). En este caso, por tratarse de una tentativa acabada, en que el autor ha realizado todos los actos que objetivamente debió llevar a cabo a la consumación del delito, y éste no se produjo, la pena del delito consumado debe ser rebaja en ¼, (Art.21 b, y 62 del Código Penal), por lo que la nueva pena abstracta sería la de 11 años, 3 meses a 15 años de prisión. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por estar comprendida la pena impuesta dentro de los parámetros legales establecidos en el Código Penal Vigente (Decreto No. 130-2017), y por no representar un beneficio a favor del señor Mártires Alfredo Betance Alonzo, respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-337-2021, que literalmente dice:” SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinte de octubre dos mil veinticinco el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-337-2021 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Mártires Alfredo Betance Alonzo, a la pena de diez (10) años de reclusión como autor material y directo de la comisión del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Jeremías Porfirio Betanco Alonzo. Pena de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional "Granja Penal de El Porvenir, Así mismo deberá trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras públicas o en labores dentro de los establecimientos penales. SEGUNDO: Condenó a José Martires Alfredo Betance Alonzo, Inhabilitación Absoluta en cuanto al derecho político de elegir y ser electo, e Interdicción Civil, que comprende la suspensión de los derechos de patria potestad, tutela, guarda y administración de bienes, durante el tiempo de la condena, lo que significa que los antes mencionados, no podrán ejercer estos derechos hasta concluir el cumplimiento de la condena. TERCERO: No Procedió condenar en costas procésales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Se declaró la Responsabilidad Civil del condenado. QUINTO: No Procedió declarar comiso u ordenar devolución de objeto alguno. Son partes en única instancia La abogada Jeanine Isabel Handal Kawas, en su condición de defensora publica de Martires Alfredo Betance Alonzo, como parte recurrente, el abogado Manuel Edgardo López, en su condición de fiscal de Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS UNICO: El día dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, entre seis y siete de la mañana, en la Colonia 26 de Junio, Sector del Búfalo, de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el señor Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, fue atacado en la vía pública por dos personas y por el señor Martires Alfredo Betance Alonzo, quien utilizo un arma blanca tipo machete, en ese momento llego la Testigo Protegido Clave AA2 y al ser observada por los agresores, estos detuvieron la agresión contra el señor Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, luego la Testigo Protegido Clave AA2, llamo a la ambulancia para que este fuera llevado al hospital donde recibió inmediata atención, ya que presento como lesiones de mayor importancia una herida en cráneo, Hematoma subdural frontal izquierdo, hematoma epidural izquierda y frontal basal, fractura mandíbula, por la cuales tuvo peligro de muerte y obtuvo una incapacidad de cuarenticinco (45) días para realizar sus labores cotidianas.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Jeanine Isabel Handal Kawas, en su condición de defensora privada de Martires Alfredo Betance Alonzo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION MOTIVO PRIMERO: Infracción por aplicación indebida del precepto contenido del artículo 116 en relación con el Artículo 15 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: La norma sustantiva infringida es el artículo 116 del Código Penal que establece: "Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión...", relacionado con el artículo 15 del mismo cuerpo legal que establece: "Hay tentativa cuando con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente", artículos que han sido aplicados incorrectamente por el Tribunal de Sentencia, al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece este artículo. En relación a lo anterior, el juzgador declaró como probados el siguiente hecho: "UNICO: El día dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho, entre seis y siete de la mañana, en la Colonia 26 de Junio, Sector del Búfalo, de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, el señor Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, fue atacado en la vía pública por dos personas y por el señor Mártires Alfredo Betnace Alonzo, quien utilizó un arma tipo machete, en ese momento llegó la Testigo protegido Clave AA2 y al ser observada por los agresores, estos detuvieron la agresión contra el señor Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, luego la Testigo protegido Clave AA2, llamó a la ambulancia para que este fuera llevado al hospital donde recibió inmediata atención, ya que presento como lesiones de mayor importancia una herida en cráneo, Hematoma subdural frontal izquierda, hematoma epidural izquierda y frontal basal, fractura mandíbula, por las cuales tuvo peligro de muerte y obtuvo una incapacidad de cuarenta cinco (45) días para realizar sus labores cotidianas". Considero que de este hecho probado no surgen los elementos del tipo penal de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, por el cual se condenó a mi representado, siendo necesario analizar el artículo 15 del Código Penal: "hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente". Para la aplicación de este artículo, era necesario que la prueba aportada por la parte acusadora en la audiencia de debate, acreditaran cuales fueron los actos inequívocos de ejecución y las causas ajenas que evitaron que mi representado junto a otras personas le dieran muerte al señor Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, ello para considerar la TENTATIVA, observándose que lo concluido por el A quo como las causas ajenas a la voluntad fue que llegara la testigo protegido Clave AA2, quien los quedo viendo, pero ello no es suficientemente fuerte para acreditarse este requisito esencial de la tentativa, en consecuencia existe un desistimiento voluntario por parte del imputado para no seguir atacando la humanidad del ofendido, lo que implica que su ánimo no era matarle, en tal sentido al considerar este aspecto debió existir la aplicación del artículo 135 numeral 3 del Código Penal y condenaría por el delito de Lesiones graves, la que conlleva una pena de 3 a 6 años, SEGUNDO: Aunado a esto podemos referir que de acuerdo con el dictamen médico rendido por el Dr. Ulises Antonio Alas, y el dictamen emitido por la doctora Giselle Rosario Echeverria Casula, las lesiones encontradas le produjeron una incapacidad de 45 días, dicha característica esta objetivamente o expresamente enunciada dentro de las tres (3) circunstancias que regula el artículo 135 del Código Penal referente a las lesiones graves; y si bien es cierto que hubo peligro de muerte como lo señala subjetivamente el médico forense, se debe realizar un razonamiento lógico en el sentido que no existe "el peligro de muerte" como requisito para que se establezca la tentativa, y que de lo declarado por los testigos protegidos, la muerte del señor Jeremías Porfirio Betanco no se consuma por voluntad del imputado, esto ya que en el momento de la ejecución del hecho no ocurrieron causas que le impidiera seguir hiriendo al ofendido hasta causarle la muerte. En relación a la intención que ha tenido la persona que agrede tenemos como jurisprudencia de la sala de lo penal las sentencias NO. 1785-04 у relacionado en la sentencia CP-97-09: "...indagar sobre la intención que privaba en el sujeto activo al momento de ejecutar la acción, resulta difícil, por pertenecer a lo mas interno del hombre, porque hemos de dedicarlo a través de los hechos que, si pueden ser apreciados por los sentidos, es decir, habrá de deducirse racionalmente de los hechos externos, anteriores, posteriores o coetáneos, realizados por el agresor, que permitan descubrir la intencionalidad del autor. Para lo cual esta Sala ha proporcionado criterios que facilitan esa función deductiva, entre los cuales se han citado los siguientes: el tipo de arma empleada en el ataque, el sitio o lugar del cuerpo lesionado, la cantidad de lesiones producidas, la reiteración del ataque, así como las manifestaciones con las que el agente demuestre su intención de querer dar muerte a la víctima...Es de recordar que la aplicación indebida es una especie de casación por infracción de Ley, consiste en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el Factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados...". Es por lo anteriormente expuesto, que la defensa no comparte el criterio esbozado por el Tribunal de Sentencia en cuanto a considerar la tentativa; ya que esta surge cuando se inicia el proceso de ejecución del delito desde su comienzo hasta su terminación, pero sin consumación por causas ajenas a la voluntad del agente, es decir que requiere en su parte objetiva una ejecución parcial o total no seguida de consumación y en la parte subjetiva la voluntad de consumación y la ausencia de desistimiento voluntario. Al respecto es necesario señalar, que el desistimiento voluntario es aquél en que una vez que el autor ha iniciado su acción desiste por su propia decisión, es decir, por causas internas del autor, sin embargo, para apreciar que existe tal desistimiento ha de analizarse de manera objetiva los hechos sucedidos y determinar si efectivamente existió o no un desistimiento voluntario. Dicho la anterior nada les detuvo a las personas que atacaron a la víctima para que ejecutaran su acción hasta lograr su objetivo, en este caso la muerte del señor Betanco Alonzo, también cabe hacer mención que no se debe considerar la atención medica recibida como un elemento de la tentativa. Por ello no se comparte el criterio esbozado por el A quo en condenar a mi representado por el delito de Homicidio en su grado de Tentativa. EXPRESION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION SEGUNDO MOTIVO: Infracción por falta de aplicación del precepto contenido del artículo 135 numeral 3 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL SEGUNDO MOTIVO TERCERO: Se expresa este segundo motivo de casación ya que si bien es cierto se acreditó el señor Jeremías Porfirio Betanco, recibió varias lesiones producidas por arma blanca, no menos cierto es que los hechos que se han declarado probados se ajustan al tipo penal de LESIONES GRAVES que se encuentra tipificado en el artículo 135 numeral 3 del Código penal anterior el cual establece: "Sera sancionado con reclusión:...3) De tres (3) a seis (6) años, si la lesión produce el deterioro permanente de la salud, de un sentido, de un órgano o miembro principal, o si ocasiona un problema permanente para hacer un uso normal de la palabra, o si inutiliza al ofendido para el trabajo por más de treinta (30) días o se le ocasiona una deformación permanente en el rostro" Lo anterior lo manifiesto debido a que en los hechos probados de la sentencia impugnada no se acreditaron los elementos del tipo penal de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, al no mencionarse claramente los actos inequívocos de ejecución y las causas ajenas a la voluntad del imputado que evitaron consumar la muerte del ofendido, requisitos esenciales para determinar la tentativa establecida en el artículo 15 de la normativa penal anterior. CUARTO: Visto lo anterior, la calificación de los hechos probados debió estar en armonía con la parte resolutiva del fallo, ya la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde. El hecho y el precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida, la que supone la existencia de un error en la selección del precepto, que no se contempla en los hechos declarados probados en la sentencia. En la sentencia de marras se debía dar la debida aplicación de la norma penal de acuerdo al cuadro fáctico que se describió en el hecho probado, pero no fue así, ya que se dictó por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, a pesar de no establecerse los elementos de este tipo penal según la conducta narrada en los hechos probados, sino que de lesiones graves establecido en el artículo 135 numeral 3. QUINTO: Al condenar a la pena de 10 años de reclusión a mi representado por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, se ha violentado el principio de intangibilidad de los hechos probados, los cuales están representados por la sagrada regla de respeto absoluto que en materia de casación penal por Infracción de Ley están revestidos los hechos declarados probados por el tribunal de instancia en la sentencia, esto quiere decir que para demostrar la Infracción de un precepto penal sustantivo debe partirse sobre la base de la hipótesis fáctica estimada por el sentenciador, de suerte que no está permitida la fundamentación del recurso en otros hechos que no sea los declarados probados. SEXTO: Tomando en cuenta el precepto autorizante (artículo 360 CPP) cuando dice: "Habrá lugar al Recurso de Casacion por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal..." En consecuencia, con fundamento en las consideraciones ates mencionadas la defensa de MARTIRES ALFREDO BETANCE ALONZO, no está de acuerdo con la sentencia de mérito que lo condena por el delito Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa; por tales razones debe declararse nula la misma.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 1. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 116 en relación con el artículo 15 del Código Penal. Concepto de la infracción: Aplicación indebida de precepto contenido en el artículo 116 con relación al artículo 15 del código penal. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la pretensor. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente que se cometió un vicio en el fallo emitido lo que identifica como la aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 116 en relación con el Artículo 15 del Código Penal que según expresa han sido aplicados incorrectamente por el Tribunal de Sentencia, y no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece dicho artículo. Sostiene la impetrante, que para aplicarlo era necesario que la prueba aportada por la parte acusadora en la audiencia de debate, acreditaran cuales fueron los actos inequívocos de ejecución y las causas ajenas que evitaron que el acusado junto a otras personas le dieran muerte al señor Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, para considerar la tentativa, en consecuencia para la censora existe un desistimiento voluntario por parte del imputado para no seguir atacando la humanidad del ofendido, lo que implica que su ánimo no era matarle, en tal sentido al considerar este aspecto debió existir la aplicación del artículo 135 numeral 3 del Código Penal y condenarlo por el delito de Lesiones graves, la que conlleva una pena de 3 a 6 años .por lo que solicita se case la sentencia. De la Tentativa El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1) FASE INTERNA: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2) FASE INTERMEDIA: Es una fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, conspiración o proposición, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3) FASE EXTERNA: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los Actos Preparatorios y los Actos Ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los actos ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa, conocida como delito tentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos va encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15CP); el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo: debe existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución se refiere a aquellos actos que deben llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. d. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del iter criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico; el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). De la procedencia del Recurso. EL Recurso NO es de Recibo. Esta Sala de lo Penal por estar relacionados los dos motivos del recurso de casación por Infracción de Ley y ser afines decide dar una sola respuesta donde se incluirán ambos motivos y considera importante recordar que, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por la recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de Derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Analizando el caso subjudice y el relato de hechos probados, es posible inferir de ello que el ofendido Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, fue atacado en la vía pública por el acusado y dos personas más. De acuerdo al relato del hecho probado en esta sucesión de hechos el acusado Mártires Alfredo Betance Alonzo como consecuencia del ataque con arma blanca machete, le causo al ofendido Heridas en el cráneo, Fracturas de mandíbula, Hematomas, estableciéndose una incapacidad laboral de 45 días .En la fundamentación jurídica, que viene a constituir la premisa mayor, el sentenciador afirma (SIC): El hecho que este Tribunal de Sentencia ha declarado probado es sin lugar a dudas constitutivo del delito de Homicidio en grado de Ejecución de Tentativa, previsto en el artículo 116 en relación al 15 del Código Penal vigente. Del análisis de las normas citadas por el A- quo, para que exista tentativa de un delito se requiere la concurrencia de los requisitos siguientes: I) Que se actúe con la intención de cometer un delito determinado, intentar quiere decir dirigir sus propios actos a un fin determinado. En el presente caso, este primer requisito se constata en el cuadro fáctico de la sentencia, es decir de los hechos probados se infiere que la intención del imputado fue dirigir sus actos a quitarle la vida al ofendido II) Que se realicen actos inequívocos de ejecución de un delito determinado, debe entenderse como aquellos en los que no queda duda de que se ha dado inicio a la ejecución no de cualquier delito, sino de un delito determinado, en este caso tendría que tratarse de actos inequívocos destinados a conseguir la muerte; en el caso de autos como antes lo hemos apuntado el acusado realizó actos inequívocos para causarle la muerte a Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, y la presencia de la testigo protegida que llega al lugar evita que se consuma el hecho, y esto lo establece claramente el hecho probado que al ser observados los agresores por la testigo, ellos detuvieron la agresión. De lo anterior entonces, es posible establecer que la conclusión del silogismo, es decir la parte resolutiva es congruente con el hecho probado, se han podido establecer los presupuestos normativos para que se configure el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, y no así el delito de Lesiones tal como señala la recurrente, con lo que la selección de la norma sustantiva que ha realizado el sentenciador para enmarcar los hechos declarados probados resulta adecuado a los hechos ocurridos. En el caso de autos y según se desprende del relato fáctico descrito en la sentencia impugnada, las acciones cometidas por el imputado Mártires Alfredo Betance Alonzo, permiten determinar con certeza y más allá de toda duda razonable que su intención fue la de quitarle la vida a Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, ya que utilizó un arma blanca (machete) con la que le causó heridas en mandíbula y cabeza, que tuvieron la intensidad e intención de causarle la muerte del ofendido, A la referida conclusión se arriba, tomando en cuenta lo establecido en el dictamen médico practicado al ofendido que acredita una incapacidad para el trabajo por un término cuarenta y cinco días a partir de la comisión del hecho.es importante establecer que los días de incapacidad no es vinculante para establecer si es tentativa o Lesiones, para ese efecto se considera la actuación del actor y que se evita la consumación ,no por la voluntad de este si no que por otra circunstancia ajeno a él. Por lo anterior en el presente caso se dan todos los elementos del tipo penal de tentativa Considerando lo expuesto, esta sala penal, comparte el fallo emitido por el A-quo, en tal sentido no ha existido una aplicación indebida de la norma contenida en el artículo 116 en relación al 15 del Código Penal, y los hechos narrados en la sentencia tampoco se puede subsumir en el artículo 135 de dicho código tomando ya que se dan todos los elementos del delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa se llegó a una conclusión jurídica que está sustentada a partir de los hechos que declaró probados, por todo lo anterior y siendo que la resolución está apegada a ley se declara improcedente el motivo de casación. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado Mártires Alfredo Betance Alonzo que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio C.- Ponderación en el Caso Concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Mártires Alfredo Betance Alonzo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Mártires Alfredo Betance Alonzo, la pena de 10 años de reclusión, como autor del delito de Homicidio en grado de ejecución de Tentativa en perjuicio de Jeremías Porfirio Betanco Alonzo, y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, se le declaró civilmente responsable. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 al señor Mártires Alfredo Betance Alonzo como persona responsable le correspondería ser sancionado penalmente con la pena de 15 a 20 años de prisión (Artículo 192 del Código Penal). En este caso, por tratarse de una tentativa acabada, en que el autor ha realizado todos los actos que objetivamente debió llevar a cabo a la consumación del delito, y éste no se produjo, la pena del delito consumado debe ser rebaja en ¼, (Art.21 b, y 62 del Código Penal), por lo que la nueva pena abstracta sería la de 11 años, 3 meses a 15 años de prisión. Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por estar comprendida la pena impuesta dentro de los parámetros legales establecidos en el Código Penal Vigente (Decreto No. 130-2017), y por no representar un beneficio a favor del señor Mártires Alfredo Betance Alonzo, respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de ley interpuesto por la abogada Jeanine Isabel Handal Kawas, como defensora Pública del señor Mártires Alfredo Betance Alonzo en la causa que se le sigue por suponerlo responsable del delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de Jeremías Porfirio Betance Alonzo, en sus dos motivos; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Mártires Alfredo Betance Alonzo. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de la Ceiba departamento de Atlántida. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Mairena Franco. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas Secretaria SALA DE Lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil veintiséis, Certificación de la Sentencia dictada a los veinte días del mes de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-337-2021.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

SECRETARIA SALA DE LO PENAL