Sentencia CP-328-21 — Registro 20151
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Único Motivo NO es de Recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis de la recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso examine, los hechos declarados como probados refieren: UNICO: El día seis (06) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), como a las nueve (9:00) de la noche, en el barrio La Unión del municipio de Las Vegas, departamento Santa Barbara Joel Alfredo Quintanilla Caballero y tres personas más, todos portando armas de fuego ingresaron en forma repentina a la vivienda donde pernoctaban la señora Gricelda Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón, quienes les dispararon causándoles múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo hasta quitarles la vida, en el mismo lugar de los hechos.”, la Sala de lo Penal ha realizado un análisis jurídico de los hechos probados de la sentencia, los cuales resultan inalterables en casación, subsumiéndolos en el tipo penal de Asesinato regulado en el artículo 193 del Código Penal decreto 130-2017, seleccionado por el A- quo y del cual el impetrante considera infringido por su aplicación indebida, atreves de su reclamo asegura que la norma aplicada dificulta establecer por el factum derivar que el acusado Joel Alfredo Quintanilla Caballero, haya realizado la conducta típica de dar muerte a Griselda Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón, con el análisis de mérito esta Sala de lo Penal encuentra que el Tribunal de Sentencia ha descrito en este cuadro factico los elementos requeridos por el tipo penal de Asesinato, dar muerte a varias personas, se describe dinámica de hechos, como ser horas de la noche, con participación de otras personas y el uso de armas, señala quien es el responsable de la muerte de los ofendidos, el A-quo narro los hechos de forma clara y se encuentran todos los elementos del tipo, la alevosía plenamente identificado y descrito tomando en consideración que el ataque fue sorpresivo y de forma repentina, por lo que esta sala de casación no comparte los alegatos del impetrante quien establece que en el cuadro factico esta carente de los elementos subjetivos y objetivos del delito de asesinato. Por lo anterior no procede estimar el primer motivo de casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal No. 130-17, art. 193 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso NO es de recibo. El recurrente en la exposición de su motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta el recurrente este motivo de casación penal en la Violación al estado de inocencia. Artículo 89 de la constitución de la república, sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, no las desarrolla, estableciendo alegatos de instancia. el censor no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los elementos o derechos que se estima violentado, ya que tiene que ver sobre normas constitucionales. En consecuencia, como se reitera, la única instancia solo puede hacer una revisión de las actuaciones del Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran lo actuado para verificar si se ha cumplido con los derechos que establece la constitución La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales sobre el estado de inocencia, a fin de constatar que estén acorde con el debido proceso, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, y realizar señalamientos de instancia imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por la recurrente. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso NO es de recibo. El recurrente en la exposición de su motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta el recurrente este motivo de casación penal en la Violación al estado de inocencia. Artículo 89 de la constitución de la república, sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, no las desarrolla, estableciendo alegatos de instancia. el censor no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los elementos o derechos que se estima violentado, ya que tiene que ver sobre normas constitucionales. En consecuencia, como se reitera, la única instancia solo puede hacer una revisión de las actuaciones del Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran lo actuado para verificar si se ha cumplido con los derechos que establece la constitución La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales sobre el estado de inocencia, a fin de constatar que estén acorde con el debido proceso, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, y realizar señalamientos de instancia imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por la recurrente. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-328-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de septiembre dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-328-2021 por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Joel Alfredo Quintanilla Caballero, como autor responsable de tres delitos de Asesinato en perjuicio de los señores Antonia Hernández, Mervin Jeovany Muñoz Mejía, y Maynor Josué Lagos, a la pena de principal de veinte años de prisión por cada delito; todas las penas en concurso real, haciendo un total de sesenta años de prisión; debiéndose computar las mismas desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el centro penal respectivo, abonando a la misma el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión preventiva. SEGUNDO: Condenó a Joel Alfredo Quintanilla Caballero, como consecuencia de las condenas de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula dicho sistema. - TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del condenado Joel Alfredo Quintanilla Caballero, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución. CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procedió el comiso. Son partes en única instancia. La abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de defensora Pública del señor Joel Alfredo Quintanilla Caballero, como parte recurrente, y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS. “UNICO: El día seis (06) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), como a las nueve (9:00) de la noche, en el barrio La Unión del municipio de Las Vegas, departamento Santa Barbara Joel Alfredo Quintanilla Caballero y tres personas más, todos portando armas de fuego ingresaron en forma repentina a la vivienda donde pernoctaban la señora Gricelda Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón, quienes les dispararon causándoles múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo hasta quitarles la vida, en el mismo lugar de los hechos.” RECURSO DE CASACIÓN. El recurrente abogado José Francisco Rodríguez Martinez, en su condición de defensor público de Joel Alfredo Quintanilla Caballero, como parte recurrente, procedió a formalizar sus Recursos de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 193 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: La norma sustantiva infringida es el artículo 193 del Código Penal que establece: "Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años."; artículo que ha aplicado Incorrectamente el Tribunal de Sentencia al no ajustarse la declaración del hecho probado con el tipo penal antes mencionado. Dicho la anterior mencionamos lo que el Tribunal en referencia declaro como probado: "UNICO: El día seis (6) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), como a las nueve (9:00) de la noche, en el barrio La Unión del municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara Joel Alfredo Quintanilla Caballero y tres personas más, todos portando armas de fuego ingresaron en forma repentina a la vivienda donde pernoctaban la señora Gricelda Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón, quienes les dispararon causándole múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo hasta quitarles la vida, en el mismo lugar de los hechos." SEGUNDO: Al analizar el contenido del hecho se observa que se refiere a un acto practicado el cual no posee las características objetivamente idóneas para producir el resultado de un delito de ASESINATO con alevosía, ya que no se expresa en el mismo como se da por acreditada dicha acción de dar muerte con una agravante para no considerar un simple homicidio; por ello tomamos en consideración lo que establece el artículo 32 del Código Penal que: "Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando medios, modos o formas en la ejecución, que tiendan directamente y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido", extremo que es necesario se describa en el Factum ya que es parte esencial del mismo al ser el elemento que agrava la acción simple de matar, modificando la pena a imponer al agresor. TERCERO: Por otro lado, es necesario recordar que el Factum del fallo está orientado a subsumir la acción imputada en el tipo penal contenido en el artículo 193 del Código penal vigente como acción consumada, de tal manera que la calificación de los hechos deben estar en armonía con la parte resolutiva del fallo; tomando en cuenta que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son Inobjetables, en este sentido el fallo no ajusta como verdad el hecho de que el imputado haya dado muerte a las víctimas de manera alevosa, por lo que se produce una incongruencia entre los hechos probados con el delito que se le acusa es decir el Asesinato. Por lo tanto, se desprende que la conducta narrada en los hechos probados determinados por el Tribunal de Sentencia, no son constitutivos de un delito de ASESINATO, como erróneamente lo ha calificado el Sentenciador, debido a ello este acto es deliberado y se ha aplicado indebidamente el artículo 193 del Código Penal, al no reunirse los elementos objetivos del mismo, considerando que las pruebas aportadas en el juicio no están en armonía con lo que revelan los hechos probados por tal razón se expresa los agravios ocasionados, para que el tribunal de alzada pueda subsanar la presente sentencia de marras.” “EXPRESION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION SEGUNDO MOTIVO: Infracción por falta de aplicación del precepto contenido del artículo 192 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL SEGUNDO MOTIVO CUARTO: Se expresa este segundo motivo de casación ya que si bien es cierto se acreditó que han existido las muertes de los señores GRICELDA ANTONIA HERNANDEZ, MARVIN JEOVANY MUÑOZ Y MAYNOR JOSUE LAGOS, con los diferentes medios de prueba documentales evacuados en el juicio oral y público, no menos cierto es que los hechos que se han declarado probados se ajustan al tipo penal de homicidio simple que se encuentra tipificado en el artículo 192 del Código penal el cual establece: "Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) año." Lo anterior lo manifiesto ya que en los hechos probados de la sentencia impugnada no se acreditaron los elementos del tipo penal de ASESINATO, siendo este una especialidad en los delitos contra la vida, en el sentido de que además de darle muerte a una persona, necesariamente debía existir la Alevosía del artículo 193 del Código Penal; pero los hechos probados se refieren a darle muerte a unas personas, no así cuales fueron las acciones que tendían a que los agresores aseguraran el hecho, considerando que para que el Tribunal A quo dictase la sentencia por el delito de Asesinato debía ser demostrada la alevosía y estar claramente plasmada en el único hecho declarado probado, extremo que no existe. QUINTO: Soy del criterio que la calificación de los hechos probados debió estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde. El hecho y el precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida, la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. Por consiguiente, es entendido que el objetivo del tipo penal contemplado en el artículo 193 del Código Penal en este caso sería dar muerte, es decir que se debía dar la debida aplicación de la norma penal en cuestión de acuerdo al cuadro fáctico que se describió en el hecho probado, pero no fue así, ya que se dictó por el delito de Asesinato a pesar de no establecerse los elementos de este tipo penal, según la conducta narrada en los hechos probados. SEXTO: Al condenar a la pena de 30 años de reclusión por cada muerte a mi representado por el delito de ASESINATO, se ha violentado el principio de intangibilidad de los hechos probados, los cuales están representados por la sagrada regla de respeto absoluto que en materia de casación penal por Infracción de Ley están revestidos los hechos declarados probados por el tribunal de instancia en la sentencia, esto quiere decir que para demostrar la Infracción de un precepto penal sustantivo debe partirse sobre la base de la hipótesis fáctica estimada por el sentenciador, de suerte que no está permitida la fundamentación del recurso en otros hechos que no sea los declarados probados. Es así que se desprende del contenido del precepto autorizante (artículo 360 CPP) cuando dice: "Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo..." En consecuencia, con fundamento en esas consideraciones la defensa del imputado no está de acuerdo con la sentencia dictada por el delito de ASESINATO por tales razones debe declararse nula la misma, por medio del presente recurso. INTERPRETACION PRETENDIDA Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de las normas penales sustantivas en relación a lo declarado como hecho probado, se someta al control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare con lugar los motivos de casación anteriormente expuestos, declarando la aplicación indebida del artículo 193 del Código Penal, así como la falta de aplicación del artículo 192 del mismo cuerpo legal. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencia ha aplicado indebidamente el precepto penal contentivo del delito de ASESINATO, al no establecer en los hechos probados los elementos esenciales del delito resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado, únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso. "Continua, manifestando el recurrente en su recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECЕРТО CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 89 de la Constitución en relación con el 1 de la misma carta magna, 8 No.2 de la convención Americana de Derechos Humanos, 2 del Código procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas Infringidas son los artículos de la constitución de la República que establecen: Artículo 89: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo 8 No.2 de las Garantías Judiciales. Convención Americana Sobre Derechos Humanos: "... Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad..." Articulo 2.- Código Procesal Penal: "Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. PRIMERO: Los precitados artículos considero que han sido vulnerados al decidir al momento de dictar su fallo el Tribunal de Sentencia que se había quebrantado el estado de inocencia del encartado, en vista de que el Sentenciador ha prescindido de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito de "ASESINATO" por parte del encartado. En el presente juicio en relación a acreditar la muerte de GRICELDA ANTONIA HERNANDEZ, MARVIN JEOVANY MUÑOZ Y MAYNOR JOSUE LAGOS, el ente fiscal ha presentado prueba documental consistentes en: 1.- Acta de reconocimiento de Cadáver y Recolección de Indicios número 71-2016, ratificada por el Policía Ángel Vicente Méndez, en la cual se describe el lugar, y como se encontraron los cuerpos, y los indicios encontrados 2. Dictamen de autopsia A-SPS-2104-2016 realizado por el médico Otoniel Suazo al cuerpo sin vida de la señora Gricelda Antonia Hernández de fecha 7 de octubre del 2016, 3.-Dictamen de autopsia A-SPS-2107-16, practicado por el medico Rey Roger Matute a Marvin Jeovany Muñoz Mejía el 7 de octubre del 2016 y finalmente 4.- Dictamen de autopsia número A-SPS-2106, realizado por el doctor Rey Roger Matute en el cuerpo sin vida del señor Maynor Josué Lagos Pavón, de fecha 7 de octubre del 2016, en los cuales se acreditan que las muertes fueron provocadas por proyectiles de armas de fuego. En relación a los testigos que se evacuaron por parte de la acusación tenemos a Juan Ramón Reyes Euceda, quien fue el agente de la Dirección Policial de Investigación quien narra como realizó las investigaciones del caso y es de referencia en cuanto a cómo sucedieron los hechos, y expresa en sus dichos que el testigo protegido 558-16 que entrevisto reconoció únicamente a mi representado Joel Alfredo Quintanilla, y que únicamente se tenía a este testigo. El testimonio que fue valorado para la vinculación directa de mi representado en el hecho imputado fue el testigo protegido 558-2016-A, del cual se dio lectura autorizada de lo expresado por él en anteriores etapas por no haber sido posible su citación, testimonio que no merece credibilidad ya que sus dicho son extraños ya que no es posible que siendo cuatro personas las que supuestamente llegaron en un vehículo solo dos portaran pasamontañas, que los que no llevaban cubierto su rostro fueran mi representado y otra persona de nombre Carlos Ochoa, ¿por qué si andaban realizando esta acción ilícita no se cubrieron al igual que las otras dos personas ya que podían ser reconocidos?; por otro lado, no se tiene en relación a este testimonio otro medio de prueba que se concatene de manera tal que no se dude de su veracidad; sumado a lo anterior "no hubo prueba en el expediente" con justificación alguna para el uso de testigo Protegido o de identidad reservada que fuera debidamente justificada con la existencia de un peligro real que fuera probado en el curso del proceso. Tomando en cuenta que el literal f) del artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos consagra la "garantía mínima" del derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. Ya la corte Interamericana Sobre Derechos Humanos ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa; la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio o confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. SEGUNDO: De los medios de prueba anteriores es claro que con los mismos se acreditó la muerte real de GRICELDA ANTONIA HERNANDEZ, MARVIN JEOVANY MUÑOZ Y MAYNOR JOSUE LAGOS, no así la participación de mi representado, ya que el testimonio del testigo protegido 558-2016-A no es contundente. Debido a lo anterior es que manifiesto que el Tribunal Sentenciador, ha vulnerado la garantía del Estado de Inocencia al encartado, ya que a pesar de que la carga de la prueba es del Ministerio Público como ente acusador, la Defensa presentó a favor del acusado medios de prueba, los cuales fueron contrastados con lo manifestado por el único testigo de cargo; se escucharon dos declaraciones, la primera la del testigo Selvin Antonio Trejo, quien manifestó: "que tenía una cita amorosa con una cipota, cuando mire a tres personas que venían a pie, no les di importancia porque iban vestido de militares y me hizo era alto, dijo que me fuera, cuando iba de espada escucho disparos pero no vi nada; interroga defensa donde estaba el Barrio La Unión, de Las Vegas calle principal, como a 30 metros de la casa que estaba a orilla de calle, tenían los rostros cubiertos, llegaron caminando, estableció que la fecha que el 6 de octubre del 2016, y la recuerda porque tenía una cita con su prometida, como a las 9:30 de la noche, que la iluminación era de lámparas de la esquina y de la casa, describe a las personas encapuchadas uno alto y delgado y los otros dos de estatura normal. Escuchó 4 disparos y se fue por miedo". Sumado al testimonio anterior se concatena con Luis Miguel Galdámez Hernández, quien declaró que "esa noche ya estaban durmiendo, y luego tocaron la puerta y diciendo que era la policía, y mi mamá abrió la puerta y le dispararon era una alto delgado y los otros dos de estatura normal, mataron a mi mamá y dos amigos, me quedé en shock, reaccione al ver lo que estaban haciendo y me escondí en el comedor, de allí no escuché nada, y luego al no escuchar nada fue que luego Sali... sigue manifestando al interrogarlo que la fecha fue el 6 de octubre del 2016, en el Barrio La Unión, del Municipio de Las Vegas, tres personas vestidos de militares, con pasamontañas y arma larga, la casa es de baranda, tela metálica y su mama abrió la puerta porque era la policía, a el otro muchacho le disparan en la sala y el otro muchacho en el cuarto, los miró al momento que abren la puerta tiran la puerta de tela metálica destruida, estaba en la cocina y la mamá le dijo que se quedara en ese lugar, su mama abrió la puerta y allí le dispararon. También expresó que conocía a Joel (refiriéndose al imputado) y que este no lo vio ese día en el que le dieron muerte a su madre y las dos personas". Por último, la defensa presento prueba documental consistente en original y fotocopia del pasaporte del señor Joel Alfredo Quintanilla Caballero, con el cual se acreditó que el encartado ingresó a la República de Belice en fecha 23 de mayo del 2016. Al analizar los medios de prueba mencionados anteriormente, no se entiende como el Sentenciador en la Valoración de las Pruebas, en el acápite cuarto párrafo tercero determinó que "...estos relatos por si solos no fueron corroborados con otros medios de prueba objetivamente confiable ya que al contrastarlos con la prueba de cargo específicamente con el testimonio del Testigo protegido Clave 558-2016-A, quien fue categórico en afirmar que en fecha seis de octubre del dos mil dieciséis, como a las nueve de la noche en el barrio La Unión del municipio de las Vegas, Santa Barbara llego un vehículo blanco modelo 3.0 a la vivienda de la de la señora Gricelda Antonia Hernández del cual se bajaron cuatro personas fuertemente armadas, de los cuales reconoció plenamente a dos de ellos y menciona al imputado Joel Alfredo Quintanilla Caballero y a otra persona conocida como Carlos Ochoa, y que tanto el imputado como de sus acompañantes dispararon armas de fuego en contra de la humanidad de Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz Mejía y Josué Lagos Pavon; de igual forma la defensa ha acreditado con un pasaporte que el acusado salió del país para la republica de Belice en fecha veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, eso no lo excluye que haya regresado al país por los canales no oficiales, omitiendo el registro migratorio correspondiente, eso es así que no constan en los registro migratorios el ingreso del imputado a la Republica de México, tomando en cuenta que el hecho ocurrió en una fecha seis de octubre del dos mil dieciséis..." Siendo para el tribunal juzgador no creíbles y que carecen de valor probatorio, análisis que no se comparte, ya que fueron dos testigos los que declararon y fueron contestes en cuanto a cómo se miraban las personas que llegaron a realizar el ataque, aunado a esto mi representado no se encontraba en el país lo que quedó acreditado con el pasaporte presentado, y se escuchó al mismo expresar esto al momento de hacer uso de su defensa material, quien estuvo fuera del país por dos años a partir del 23 de mayo del año 2016. TERCERO: Cabe recalcar que el testimonio de Luis Miguel Gálvez Hernández, es importante, ya que como hijo de la víctima Gricelda Antonia Hernández, llegó a declarar que estuvo en el lugar de los hechos ya que convivía con la víctima, y relató cómo ocurrieron los hechos, el mismo tiene un interés directo en la causa ya que fue su madre la que perdió la vida ese día seis de octubre del año 2016, siendo un testigo de peso, por ser presencial por haber estado dentro de la casa junto a las personas que perdieron la vida y sus hermanos pequeños de 9 y 5 años, así mismo lo declarado por el señor Selvin Antonio Trejo, ponen en duda la credibilidad de lo declarado por el testigo protegido 558-2016-A. CUARTO: Relaciona Juan Montero Aroca en su texto Principio del derecho procesal Pagina 141 Desde la perspectiva del derecho de defensa, que es lo que aquí interesa, el derecho a ser oído no solo supone la posibilidad de argumentar, sino que ha de comprender los dos elementos básicos de todo proceso, alegar y probar se trata de que tanto el acusador como el acusado han de poder aportar al proceso todos los hechos que estimen adecuados al objeto del mismo (alegaciones) y han de poder utilizar todos los medios de prueba legales, pertinentes, y útiles para probar los hechos por ellos afirmados (prueba). En la presente causa no fueron suficientes los elementos de prueba aportados para que se vulnerara la garantía constitucional invocada, ya que el testimonio del testigo protegido 558-2016-A no se concatenó a otro medio de prueba confiable para poder acreditar la participación del encartado en el ilícito imputado; violentándose el artículo 2 del Código Procesal Penal relacionado con el artículo 339 del mismo cuerpo legal, en el cual se indica que las sospechas, dudas o indicios aislados no pueden revertirse en contra de mi representado, violentando el silogismo jurídico de "in dubio pro reo", Dicho lo anterior al haber el sentenciador condenado al señor JOEL ALFREDO QUINTANILLA CABALLERO por el delito de Asesinato, se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en cuanto a la sana crítica, al no derivar el ánimo tendencial de darle muerte GRICELDA ANTONIA HERNANDEZ, MARVIN JEOVANY MUÑOZ Y MAYNOR JOSUE LAGOS de medios probatorios certeros y convincentes, sino más bien de prueba dudosa. En consecuencia, se vulnera la presunción de inocencia, como principio constitucional, solicitando a la Sala Penal absolver al encartado, al no poder apreciarse, más allá de toda duda razonable que mi representado sean culpable de ilícito imputado. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, tomo en cuenta una prueba dudosa e inconsistente propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo el Juzgador bajo el argumento que lo consideraba como prueba valida, para así condenar a mi representado por ASESINATO en perjuicio de GRICELDA ANTONIA HERNANDEZ, MARVIN JEOVANY MUÑOZ Y MAYNOR JOSUE LAGOS resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” fundamentación Jurídica. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de). casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1.Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados.1. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recuso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. •Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Normas que se denuncian infringidas: artículo 193 del Código Penal. •Concepto de la Infracción: aplicación indebida del precepto contenido en el art 193 del código penal. •Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto. El recurrente señala la existencia de un vicio que describe como la aplicación indebida del artículo 193 del código penal que define el delito de Asesinato, manifiesta el censor que al analizar el contenido del hecho probado se observa que se refiere a un acto practicado el cual no posee las características objetivamente idóneas para producir el resultado de un delito de Asesinato con alevosía, ya que no se expresa en el mismo como se da por acreditada dicha acción de dar muerte con una agravante para no considerar un simple homicidio”, sigue argumentando el impetrante que este extremo es necesario se describa en el Factum ya que es parte esencial del mismo al ser el elemento que agrava la acción simple de matar, modificando la pena a imponer al agresor, en este sentido el fallo no ajusta como verdad el hecho de que el imputado haya dado muerte a las víctimas de manera alevosa, Por lo tanto, se desprende que la conducta narrada en los hechos probados determinados por el Tribunal de Sentencia, no son constitutivos de un delito de Asesinato, como erróneamente lo ha calificado el Sentenciador, debido a ello este acto es deliberado y se ha aplicado indebidamente el artículo 193 del Código Penal . se pide que se case la sentencia. Del delito de asesinato. Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Casación afirma que la vida (Artículo 3) y la dignidad humana (Artículo 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Artículo 3) y la libertad (Artículo 3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (Artículo 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Asesinato. El delito de Asesinato protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: 1. Sujeto activo: puede ser cualquier persona; 2. Sujeto pasivo: podrá ser cualquier persona diferente a: a. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); b. Los jefes de Estado o jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y c. Diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 3. Objeto material del delito: es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 4. Conducta Criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Asesinato, las siguientes: 1.Según su estructura: a. Tipo penal especial: por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (homicidio), al que se agregan otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; b. Tipo penal simple: ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte;2. Según su contenido; a. Tipo penal de resultado, que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; b. Tipo de conducta instantánea, al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo penal de acción, porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo penal cerrado, porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3.Según el sujeto activo: a. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo penal común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad persona; 4. Según el bien jurídico tutelado: a. Tipo penal mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; b. Tipo penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la alevosía La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida. Es importante resaltar dos puntos: primero, que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; segundo: para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación. Del concepto se derivan tres clases de alevosía: 1. La alevosía proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor sobre seguro y a traición, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; ocurre cuando el sujeto activo se esconde o se disfraza a la vista de su víctima, para poder acercarse a ella y así atacarle; 2. Alevosía sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevisto por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas de su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le dé la ventaja; y 3. Alevosía de prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al visorarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque. De la premeditación La premeditación es el estado intelectivo que se caracteriza por la frialdad de ánimo en el autor y la persistencia en la resolución delictiva, por cuanto éste contempla la posibilidad de realizar el delito y persiste con dicha idea por un tiempo claramente diferenciado, es así que la idea del delito no nace en el momento en que éste es ejecutado, sino que de él se tiene una idea preconcebida y acariciada; debe tenerse en cuenta, que la premeditación no implica planeamiento, aunque el planeamiento siempre es característica intrínseca de la premeditación, ya que una persona puede concebir la idea de ejecutar el delito, tenerlo presente en su mente como algo deseable y realizarlo al momento en que circunstancialmente identifica un momento como el ideal para hacerlo, sin que medie planificación; por el contrario, cuando la persona se plantea el modo o la forma de ejecutar el delito, ejecutándolo de tal manera implica planeamiento y por ende premeditación. (Ver al respecto sentencia de la Sala de lo Penal del 27de mayo de 2014, en Exp 057-2012). La premeditación se compone de tres elementos: 1.Elemento cronológico: implica una dilatación de tiempo entre la resolución delictiva y su ejecución; no existe un parámetro de tiempo determinado, más si requiere que entre el momento de la decisión delictiva y el momento de la ejecución de la conducta que busca su materialización exista una disolución temporal que permita apreciar los demás elementos de la premeditación; 2. Elemento ideológico: consistente en la persistencia en la resolución delictiva, en el cual el sujeto activo no solo haya ideado el cometimiento del delito, sino que persista en la idea de su ejecución, representándose formas, medios, instrumentos o momentos para su materialización, ejecutando la conducta como decisión razonada, para lograr un resultado contemplado y deseado; y 3.Elemento psicológico: lo cual implica frialdad de ánimo del sujeto activo, pues el delito no se comete por el estado de ánimo surgido del momento, sino como consecuencia de una más o menos larga contemplación reflexiva, teniendo la oportunidad de considerar todas las variables que pueden presentarse tanto en la ejecución del delito como posterior a éste, sin que el posible reproche social, el riesgo de sanción penal y principalmente el daño a la vida de terceros le desanime en su plan delictivo. De la Procedencia del Recurso. El Único Motivo NO es de Recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis de la recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso examine, los hechos declarados como probados refieren: UNICO: El día seis (06) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), como a las nueve (9:00) de la noche, en el barrio La Unión del municipio de Las Vegas, departamento Santa Barbara Joel Alfredo Quintanilla Caballero y tres personas más, todos portando armas de fuego ingresaron en forma repentina a la vivienda donde pernoctaban la señora Gricelda Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón, quienes les dispararon causándoles múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo hasta quitarles la vida, en el mismo lugar de los hechos.”, la Sala de lo Penal ha realizado un análisis jurídico de los hechos probados de la sentencia, los cuales resultan inalterables en casación, subsumiéndolos en el tipo penal de Asesinato regulado en el artículo 193 del Código Penal decreto 130-2017, seleccionado por el A- quo y del cual el impetrante considera infringido por su aplicación indebida, atreves de su reclamo asegura que la norma aplicada dificulta establecer por el factum derivar que el acusado Joel Alfredo Quintanilla Caballero, haya realizado la conducta típica de dar muerte a Griselda Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón, con el análisis de mérito esta Sala de lo Penal encuentra que el Tribunal de Sentencia ha descrito en este cuadro factico los elementos requeridos por el tipo penal de Asesinato, dar muerte a varias personas, se describe dinámica de hechos, como ser horas de la noche, con participación de otras personas y el uso de armas, señala quien es el responsable de la muerte de los ofendidos, el A-quo narro los hechos de forma clara y se encuentran todos los elementos del tipo, la alevosía plenamente identificado y descrito tomando en consideración que el ataque fue sorpresivo y de forma repentina, por lo que esta sala de casación no comparte los alegatos del impetrante quien establece que en el cuadro factico esta carente de los elementos subjetivos y objetivos del delito de asesinato. Por lo anterior no procede estimar el primer motivo de casación. Del Recurso de casación por infracción de precepto constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 89 de la Constitución de la República, •Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia. • Reclamación Ex ante: se produce en el acto mismo de la sentencia. • Pretensión: se declare con lugar el presente motivo y se absuelva al acusado El recurrente señala la existencia de un vicio que enmarca en el artículo 89 de la Constitución de la República inicia su fundamentación describiendo que los artículos descritos han sido vulnerados al momento de dictar su fallo el Tribunal de Sentencia expresar que se había quebrantado el estado de inocencia del encartado, en vista de que el Sentenciador ha prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito, se presentó un testigo protegido atraves de lectura autorizada, testimonio que no merece credibilidad según el tribunal no es objetivamente confiable por lo que el censor cuestiona“ ya que no es posible que siendo cuatro personas las que supuestamente llegaron en un vehículo solo dos portaran pasamontañas, que los que no llevaban cubierto su rostro fueran mi representado y otra persona de nombre Carlos Ochoa” el testimonio del testigo protegido 558-2016-A no es contundente por todo lo anterior el Tribunal Sentenciador ha vulnerado la garantía del Estado de Inocencia al encartado, en este motivo el recurrente concentró sus argumentos en hacer sus propias valoraciones.DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley.De la procedencia del Recurso. El Recurso NO es de recibo. El recurrente en la exposición de su motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta el recurrente este motivo de casación penal en la Violación al estado de inocencia. Artículo 89 de la constitución de la república, sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, no las desarrolla, estableciendo alegatos de instancia. el censor no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los elementos o derechos que se estima violentado, ya que tiene que ver sobre normas constitucionales. En consecuencia, como se reitera, la única instancia solo puede hacer una revisión de las actuaciones del Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran lo actuado para verificar si se ha cumplido con los derechos que establece la constitución La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales sobre el estado de inocencia, a fin de constatar que estén acorde con el debido proceso, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, y realizar señalamientos de instancia imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por la recurrente. DECISIÓN •No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. La sala de lo penal , verifica que en la sentencia dictada y recurrida ante este tribunal de casación , los juzgadores incurrieron en un defecto no esencial , o sea error material, consiste en los nombres y apellidos de los señores “Gricelda Antonia Hernández,” “Marvin Jeovany Muñoz García” y “Maynor Josué Lagos Pavón”, al momento de dictar el fallo en el apartado de la parte resolutiva numeral primero, consignaron el nombre de la señora Antonia Hernández, debiendo ser lo correcto Gricelda Antonia Hernández, Mervin Jeovany Muñoz Mejia, debiendo ser lo correcto Marbin Jeovany Muñoz García, así mismo Maynor Josué Lagos, debiendo ser lo correcto Maynor Josué Lagos Pavón; siendo que se revisó todo el proceso y en los folios de la sentencia los nombres y apellidos deben ser los antes señalados y no los escritos en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, se corroboraron los datos correctos de las victimas a través de los antecedentes policiales (folios 117, 118 y 119). Fundamentando dicha aclaración en lo establecido en el artículo 370 del código procesal penal. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 332 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por abogado José Francisco Rodríguez Martínez, en su condición defensor público de Joel Alfredo Quintanilla Caballero, en la causa instruida por tres delitos de Asesinato en perjuicio de los señores Gricelda Antonia Hernández, Marbin Jeovani Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón. SEGUNDO. Declara NO HA LUGAR, el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el abogado José Francisco Rodríguez Martínez, en su condición defensor público de Joel Alfredo Quintanilla Caballero, en la causa instruida por tres delitos de Asesinato en perjuicio de los señores Gricelda Antonia Hernández, Marbin Jeovani Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón. TERCERO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara. Y MANDA: Que la secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Mairena Franco NOTIFÍQUESE. Mario Rolando Díaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Rina Koritza Sandoval Secretaria Adscrita de la Sala Penal”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho del mes de febrero de 2026. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de septiembre del 2025, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-328-2021.Pía Cristina mejía Núñez.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACIÓN: La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-328-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de septiembre dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-328-2021 por Infracción de Ley y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha tres de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Joel Alfredo Quintanilla Caballero, como autor responsable de tres delitos de Asesinato en perjuicio de los señores Antonia Hernández, Mervin Jeovany Muñoz Mejía, y Maynor Josué Lagos, a la pena de principal de veinte años de prisión por cada delito; todas las penas en concurso real, haciendo un total de sesenta años de prisión; debiéndose computar las mismas desde el día en que fue recluido de manera efectiva en el centro penal respectivo, abonando a la misma el tiempo que ha permanecido en efectiva prisión preventiva. SEGUNDO: Condenó a Joel Alfredo Quintanilla Caballero, como consecuencia de las condenas de prisión, a la pena accesoria de inhabilitación absoluta, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula dicho sistema. - TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del condenado Joel Alfredo Quintanilla Caballero, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución. CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No procedió el comiso. Son partes en única instancia. La abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de defensora Pública del señor Joel Alfredo Quintanilla Caballero, como parte recurrente, y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS. “UNICO: El día seis (06) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), como a las nueve (9:00) de la noche, en el barrio La Unión del municipio de Las Vegas, departamento Santa Barbara Joel Alfredo Quintanilla Caballero y tres personas más, todos portando armas de fuego ingresaron en forma repentina a la vivienda donde pernoctaban la señora Gricelda Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón, quienes les dispararon causándoles múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo hasta quitarles la vida, en el mismo lugar de los hechos.” RECURSO DE CASACIÓN. El recurrente abogado José Francisco Rodríguez Martinez, en su condición de defensor público de Joel Alfredo Quintanilla Caballero, como parte recurrente, procedió a formalizar sus Recursos de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 193 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: La norma sustantiva infringida es el artículo 193 del Código Penal que establece: "Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años."; artículo que ha aplicado Incorrectamente el Tribunal de Sentencia al no ajustarse la declaración del hecho probado con el tipo penal antes mencionado. Dicho la anterior mencionamos lo que el Tribunal en referencia declaro como probado: "UNICO: El día seis (6) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), como a las nueve (9:00) de la noche, en el barrio La Unión del municipio de Las Vegas, departamento de Santa Bárbara Joel Alfredo Quintanilla Caballero y tres personas más, todos portando armas de fuego ingresaron en forma repentina a la vivienda donde pernoctaban la señora Gricelda Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón, quienes les dispararon causándole múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo hasta quitarles la vida, en el mismo lugar de los hechos." SEGUNDO: Al analizar el contenido del hecho se observa que se refiere a un acto practicado el cual no posee las características objetivamente idóneas para producir el resultado de un delito de ASESINATO con alevosía, ya que no se expresa en el mismo como se da por acreditada dicha acción de dar muerte con una agravante para no considerar un simple homicidio; por ello tomamos en consideración lo que establece el artículo 32 del Código Penal que: "Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando medios, modos o formas en la ejecución, que tiendan directamente y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido", extremo que es necesario se describa en el Factum ya que es parte esencial del mismo al ser el elemento que agrava la acción simple de matar, modificando la pena a imponer al agresor. TERCERO: Por otro lado, es necesario recordar que el Factum del fallo está orientado a subsumir la acción imputada en el tipo penal contenido en el artículo 193 del Código penal vigente como acción consumada, de tal manera que la calificación de los hechos deben estar en armonía con la parte resolutiva del fallo; tomando en cuenta que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son Inobjetables, en este sentido el fallo no ajusta como verdad el hecho de que el imputado haya dado muerte a las víctimas de manera alevosa, por lo que se produce una incongruencia entre los hechos probados con el delito que se le acusa es decir el Asesinato. Por lo tanto, se desprende que la conducta narrada en los hechos probados determinados por el Tribunal de Sentencia, no son constitutivos de un delito de ASESINATO, como erróneamente lo ha calificado el Sentenciador, debido a ello este acto es deliberado y se ha aplicado indebidamente el artículo 193 del Código Penal, al no reunirse los elementos objetivos del mismo, considerando que las pruebas aportadas en el juicio no están en armonía con lo que revelan los hechos probados por tal razón se expresa los agravios ocasionados, para que el tribunal de alzada pueda subsanar la presente sentencia de marras.” “EXPRESION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION SEGUNDO MOTIVO: Infracción por falta de aplicación del precepto contenido del artículo 192 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL SEGUNDO MOTIVO CUARTO: Se expresa este segundo motivo de casación ya que si bien es cierto se acreditó que han existido las muertes de los señores GRICELDA ANTONIA HERNANDEZ, MARVIN JEOVANY MUÑOZ Y MAYNOR JOSUE LAGOS, con los diferentes medios de prueba documentales evacuados en el juicio oral y público, no menos cierto es que los hechos que se han declarado probados se ajustan al tipo penal de homicidio simple que se encuentra tipificado en el artículo 192 del Código penal el cual establece: "Quien da muerte a una persona debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) año." Lo anterior lo manifiesto ya que en los hechos probados de la sentencia impugnada no se acreditaron los elementos del tipo penal de ASESINATO, siendo este una especialidad en los delitos contra la vida, en el sentido de que además de darle muerte a una persona, necesariamente debía existir la Alevosía del artículo 193 del Código Penal; pero los hechos probados se refieren a darle muerte a unas personas, no así cuales fueron las acciones que tendían a que los agresores aseguraran el hecho, considerando que para que el Tribunal A quo dictase la sentencia por el delito de Asesinato debía ser demostrada la alevosía y estar claramente plasmada en el único hecho declarado probado, extremo que no existe. QUINTO: Soy del criterio que la calificación de los hechos probados debió estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde. El hecho y el precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida, la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia. Por consiguiente, es entendido que el objetivo del tipo penal contemplado en el artículo 193 del Código Penal en este caso sería dar muerte, es decir que se debía dar la debida aplicación de la norma penal en cuestión de acuerdo al cuadro fáctico que se describió en el hecho probado, pero no fue así, ya que se dictó por el delito de Asesinato a pesar de no establecerse los elementos de este tipo penal, según la conducta narrada en los hechos probados. SEXTO: Al condenar a la pena de 30 años de reclusión por cada muerte a mi representado por el delito de ASESINATO, se ha violentado el principio de intangibilidad de los hechos probados, los cuales están representados por la sagrada regla de respeto absoluto que en materia de casación penal por Infracción de Ley están revestidos los hechos declarados probados por el tribunal de instancia en la sentencia, esto quiere decir que para demostrar la Infracción de un precepto penal sustantivo debe partirse sobre la base de la hipótesis fáctica estimada por el sentenciador, de suerte que no está permitida la fundamentación del recurso en otros hechos que no sea los declarados probados. Es así que se desprende del contenido del precepto autorizante (artículo 360 CPP) cuando dice: "Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo..." En consecuencia, con fundamento en esas consideraciones la defensa del imputado no está de acuerdo con la sentencia dictada por el delito de ASESINATO por tales razones debe declararse nula la misma, por medio del presente recurso. INTERPRETACION PRETENDIDA Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de las normas penales sustantivas en relación a lo declarado como hecho probado, se someta al control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare con lugar los motivos de casación anteriormente expuestos, declarando la aplicación indebida del artículo 193 del Código Penal, así como la falta de aplicación del artículo 192 del mismo cuerpo legal. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencia ha aplicado indebidamente el precepto penal contentivo del delito de ASESINATO, al no establecer en los hechos probados los elementos esenciales del delito resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado, únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso. "Continua, manifestando el recurrente en su recurso de Casación por Infracción de precepto Constitucional de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECЕРТО CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción del precepto constitucional contenido en el artículo 89 de la Constitución en relación con el 1 de la misma carta magna, 8 No.2 de la convención Americana de Derechos Humanos, 2 del Código procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas sustantivas Infringidas son los artículos de la constitución de la República que establecen: Artículo 89: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo 8 No.2 de las Garantías Judiciales. Convención Americana Sobre Derechos Humanos: "... Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad..." Articulo 2.- Código Procesal Penal: "Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código. PRIMERO: Los precitados artículos considero que han sido vulnerados al decidir al momento de dictar su fallo el Tribunal de Sentencia que se había quebrantado el estado de inocencia del encartado, en vista de que el Sentenciador ha prescindido de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito de "ASESINATO" por parte del encartado. En el presente juicio en relación a acreditar la muerte de GRICELDA ANTONIA HERNANDEZ, MARVIN JEOVANY MUÑOZ Y MAYNOR JOSUE LAGOS, el ente fiscal ha presentado prueba documental consistentes en: 1.- Acta de reconocimiento de Cadáver y Recolección de Indicios número 71-2016, ratificada por el Policía Ángel Vicente Méndez, en la cual se describe el lugar, y como se encontraron los cuerpos, y los indicios encontrados 2. Dictamen de autopsia A-SPS-2104-2016 realizado por el médico Otoniel Suazo al cuerpo sin vida de la señora Gricelda Antonia Hernández de fecha 7 de octubre del 2016, 3.-Dictamen de autopsia A-SPS-2107-16, practicado por el medico Rey Roger Matute a Marvin Jeovany Muñoz Mejía el 7 de octubre del 2016 y finalmente 4.- Dictamen de autopsia número A-SPS-2106, realizado por el doctor Rey Roger Matute en el cuerpo sin vida del señor Maynor Josué Lagos Pavón, de fecha 7 de octubre del 2016, en los cuales se acreditan que las muertes fueron provocadas por proyectiles de armas de fuego. En relación a los testigos que se evacuaron por parte de la acusación tenemos a Juan Ramón Reyes Euceda, quien fue el agente de la Dirección Policial de Investigación quien narra como realizó las investigaciones del caso y es de referencia en cuanto a cómo sucedieron los hechos, y expresa en sus dichos que el testigo protegido 558-16 que entrevisto reconoció únicamente a mi representado Joel Alfredo Quintanilla, y que únicamente se tenía a este testigo. El testimonio que fue valorado para la vinculación directa de mi representado en el hecho imputado fue el testigo protegido 558-2016-A, del cual se dio lectura autorizada de lo expresado por él en anteriores etapas por no haber sido posible su citación, testimonio que no merece credibilidad ya que sus dicho son extraños ya que no es posible que siendo cuatro personas las que supuestamente llegaron en un vehículo solo dos portaran pasamontañas, que los que no llevaban cubierto su rostro fueran mi representado y otra persona de nombre Carlos Ochoa, ¿por qué si andaban realizando esta acción ilícita no se cubrieron al igual que las otras dos personas ya que podían ser reconocidos?; por otro lado, no se tiene en relación a este testimonio otro medio de prueba que se concatene de manera tal que no se dude de su veracidad; sumado a lo anterior "no hubo prueba en el expediente" con justificación alguna para el uso de testigo Protegido o de identidad reservada que fuera debidamente justificada con la existencia de un peligro real que fuera probado en el curso del proceso. Tomando en cuenta que el literal f) del artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos consagra la "garantía mínima" del derecho de defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia como testigos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, la cual materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal. Ya la corte Interamericana Sobre Derechos Humanos ha señalado que entre las garantías reconocidas a quienes hayan sido acusados está la de examinar los testigos en su contra y a su favor, bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su defensa; la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio o confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada. SEGUNDO: De los medios de prueba anteriores es claro que con los mismos se acreditó la muerte real de GRICELDA ANTONIA HERNANDEZ, MARVIN JEOVANY MUÑOZ Y MAYNOR JOSUE LAGOS, no así la participación de mi representado, ya que el testimonio del testigo protegido 558-2016-A no es contundente. Debido a lo anterior es que manifiesto que el Tribunal Sentenciador, ha vulnerado la garantía del Estado de Inocencia al encartado, ya que a pesar de que la carga de la prueba es del Ministerio Público como ente acusador, la Defensa presentó a favor del acusado medios de prueba, los cuales fueron contrastados con lo manifestado por el único testigo de cargo; se escucharon dos declaraciones, la primera la del testigo Selvin Antonio Trejo, quien manifestó: "que tenía una cita amorosa con una cipota, cuando mire a tres personas que venían a pie, no les di importancia porque iban vestido de militares y me hizo era alto, dijo que me fuera, cuando iba de espada escucho disparos pero no vi nada; interroga defensa donde estaba el Barrio La Unión, de Las Vegas calle principal, como a 30 metros de la casa que estaba a orilla de calle, tenían los rostros cubiertos, llegaron caminando, estableció que la fecha que el 6 de octubre del 2016, y la recuerda porque tenía una cita con su prometida, como a las 9:30 de la noche, que la iluminación era de lámparas de la esquina y de la casa, describe a las personas encapuchadas uno alto y delgado y los otros dos de estatura normal. Escuchó 4 disparos y se fue por miedo". Sumado al testimonio anterior se concatena con Luis Miguel Galdámez Hernández, quien declaró que "esa noche ya estaban durmiendo, y luego tocaron la puerta y diciendo que era la policía, y mi mamá abrió la puerta y le dispararon era una alto delgado y los otros dos de estatura normal, mataron a mi mamá y dos amigos, me quedé en shock, reaccione al ver lo que estaban haciendo y me escondí en el comedor, de allí no escuché nada, y luego al no escuchar nada fue que luego Sali... sigue manifestando al interrogarlo que la fecha fue el 6 de octubre del 2016, en el Barrio La Unión, del Municipio de Las Vegas, tres personas vestidos de militares, con pasamontañas y arma larga, la casa es de baranda, tela metálica y su mama abrió la puerta porque era la policía, a el otro muchacho le disparan en la sala y el otro muchacho en el cuarto, los miró al momento que abren la puerta tiran la puerta de tela metálica destruida, estaba en la cocina y la mamá le dijo que se quedara en ese lugar, su mama abrió la puerta y allí le dispararon. También expresó que conocía a Joel (refiriéndose al imputado) y que este no lo vio ese día en el que le dieron muerte a su madre y las dos personas". Por último, la defensa presento prueba documental consistente en original y fotocopia del pasaporte del señor Joel Alfredo Quintanilla Caballero, con el cual se acreditó que el encartado ingresó a la República de Belice en fecha 23 de mayo del 2016. Al analizar los medios de prueba mencionados anteriormente, no se entiende como el Sentenciador en la Valoración de las Pruebas, en el acápite cuarto párrafo tercero determinó que "...estos relatos por si solos no fueron corroborados con otros medios de prueba objetivamente confiable ya que al contrastarlos con la prueba de cargo específicamente con el testimonio del Testigo protegido Clave 558-2016-A, quien fue categórico en afirmar que en fecha seis de octubre del dos mil dieciséis, como a las nueve de la noche en el barrio La Unión del municipio de las Vegas, Santa Barbara llego un vehículo blanco modelo 3.0 a la vivienda de la de la señora Gricelda Antonia Hernández del cual se bajaron cuatro personas fuertemente armadas, de los cuales reconoció plenamente a dos de ellos y menciona al imputado Joel Alfredo Quintanilla Caballero y a otra persona conocida como Carlos Ochoa, y que tanto el imputado como de sus acompañantes dispararon armas de fuego en contra de la humanidad de Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz Mejía y Josué Lagos Pavon; de igual forma la defensa ha acreditado con un pasaporte que el acusado salió del país para la republica de Belice en fecha veintitrés de mayo del dos mil dieciséis, eso no lo excluye que haya regresado al país por los canales no oficiales, omitiendo el registro migratorio correspondiente, eso es así que no constan en los registro migratorios el ingreso del imputado a la Republica de México, tomando en cuenta que el hecho ocurrió en una fecha seis de octubre del dos mil dieciséis..." Siendo para el tribunal juzgador no creíbles y que carecen de valor probatorio, análisis que no se comparte, ya que fueron dos testigos los que declararon y fueron contestes en cuanto a cómo se miraban las personas que llegaron a realizar el ataque, aunado a esto mi representado no se encontraba en el país lo que quedó acreditado con el pasaporte presentado, y se escuchó al mismo expresar esto al momento de hacer uso de su defensa material, quien estuvo fuera del país por dos años a partir del 23 de mayo del año 2016. TERCERO: Cabe recalcar que el testimonio de Luis Miguel Gálvez Hernández, es importante, ya que como hijo de la víctima Gricelda Antonia Hernández, llegó a declarar que estuvo en el lugar de los hechos ya que convivía con la víctima, y relató cómo ocurrieron los hechos, el mismo tiene un interés directo en la causa ya que fue su madre la que perdió la vida ese día seis de octubre del año 2016, siendo un testigo de peso, por ser presencial por haber estado dentro de la casa junto a las personas que perdieron la vida y sus hermanos pequeños de 9 y 5 años, así mismo lo declarado por el señor Selvin Antonio Trejo, ponen en duda la credibilidad de lo declarado por el testigo protegido 558-2016-A. CUARTO: Relaciona Juan Montero Aroca en su texto Principio del derecho procesal Pagina 141 Desde la perspectiva del derecho de defensa, que es lo que aquí interesa, el derecho a ser oído no solo supone la posibilidad de argumentar, sino que ha de comprender los dos elementos básicos de todo proceso, alegar y probar se trata de que tanto el acusador como el acusado han de poder aportar al proceso todos los hechos que estimen adecuados al objeto del mismo (alegaciones) y han de poder utilizar todos los medios de prueba legales, pertinentes, y útiles para probar los hechos por ellos afirmados (prueba). En la presente causa no fueron suficientes los elementos de prueba aportados para que se vulnerara la garantía constitucional invocada, ya que el testimonio del testigo protegido 558-2016-A no se concatenó a otro medio de prueba confiable para poder acreditar la participación del encartado en el ilícito imputado; violentándose el artículo 2 del Código Procesal Penal relacionado con el artículo 339 del mismo cuerpo legal, en el cual se indica que las sospechas, dudas o indicios aislados no pueden revertirse en contra de mi representado, violentando el silogismo jurídico de "in dubio pro reo", Dicho lo anterior al haber el sentenciador condenado al señor JOEL ALFREDO QUINTANILLA CABALLERO por el delito de Asesinato, se vulneran las formalidades que sujetan a la valoración de la prueba, concretamente en cuanto a la sana crítica, al no derivar el ánimo tendencial de darle muerte GRICELDA ANTONIA HERNANDEZ, MARVIN JEOVANY MUÑOZ Y MAYNOR JOSUE LAGOS de medios probatorios certeros y convincentes, sino más bien de prueba dudosa. En consecuencia, se vulnera la presunción de inocencia, como principio constitucional, solicitando a la Sala Penal absolver al encartado, al no poder apreciarse, más allá de toda duda razonable que mi representado sean culpable de ilícito imputado. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, tomo en cuenta una prueba dudosa e inconsistente propuesta por el ente acusador admitida en tiempo y forma, basando por una parte su fallo el Juzgador bajo el argumento que lo consideraba como prueba valida, para así condenar a mi representado por ASESINATO en perjuicio de GRICELDA ANTONIA HERNANDEZ, MARVIN JEOVANY MUÑOZ Y MAYNOR JOSUE LAGOS resolución con la cual no está de acuerdo la defensa del indiciado por violentarse no solo garantías constitucionales; sino que también convenios internacionales como ser el artículo 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual únicamente puede ser subsanado a través del presente recurso.” fundamentación Jurídica. Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de). casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1.Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados.1. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recuso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. •Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. • Normas que se denuncian infringidas: artículo 193 del Código Penal. •Concepto de la Infracción: aplicación indebida del precepto contenido en el art 193 del código penal. •Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto. El recurrente señala la existencia de un vicio que describe como la aplicación indebida del artículo 193 del código penal que define el delito de Asesinato, manifiesta el censor que al analizar el contenido del hecho probado se observa que se refiere a un acto practicado el cual no posee las características objetivamente idóneas para producir el resultado de un delito de Asesinato con alevosía, ya que no se expresa en el mismo como se da por acreditada dicha acción de dar muerte con una agravante para no considerar un simple homicidio”, sigue argumentando el impetrante que este extremo es necesario se describa en el Factum ya que es parte esencial del mismo al ser el elemento que agrava la acción simple de matar, modificando la pena a imponer al agresor, en este sentido el fallo no ajusta como verdad el hecho de que el imputado haya dado muerte a las víctimas de manera alevosa, Por lo tanto, se desprende que la conducta narrada en los hechos probados determinados por el Tribunal de Sentencia, no son constitutivos de un delito de Asesinato, como erróneamente lo ha calificado el Sentenciador, debido a ello este acto es deliberado y se ha aplicado indebidamente el artículo 193 del Código Penal . se pide que se case la sentencia. Del delito de asesinato. Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Casación afirma que la vida (Artículo 3) y la dignidad humana (Artículo 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Artículo 3) y la libertad (Artículo 3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (Artículo 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Asesinato. El delito de Asesinato protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: 1. Sujeto activo: puede ser cualquier persona; 2. Sujeto pasivo: podrá ser cualquier persona diferente a: a. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); b. Los jefes de Estado o jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y c. Diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 3. Objeto material del delito: es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 4. Conducta Criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: alevosía, premeditación conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Asesinato, las siguientes: 1.Según su estructura: a. Tipo penal especial: por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (homicidio), al que se agregan otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; b. Tipo penal simple: ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte;2. Según su contenido; a. Tipo penal de resultado, que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; b. Tipo de conducta instantánea, al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo penal de acción, porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo penal cerrado, porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3.Según el sujeto activo: a. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo penal común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad persona; 4. Según el bien jurídico tutelado: a. Tipo penal mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; b. Tipo penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la alevosía La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida. Es importante resaltar dos puntos: primero, que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente; segundo: para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación. Del concepto se derivan tres clases de alevosía: 1. La alevosía proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor sobre seguro y a traición, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación; ocurre cuando el sujeto activo se esconde o se disfraza a la vista de su víctima, para poder acercarse a ella y así atacarle; 2. Alevosía sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevisto por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas de su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le dé la ventaja; y 3. Alevosía de prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al visorarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque. De la premeditación La premeditación es el estado intelectivo que se caracteriza por la frialdad de ánimo en el autor y la persistencia en la resolución delictiva, por cuanto éste contempla la posibilidad de realizar el delito y persiste con dicha idea por un tiempo claramente diferenciado, es así que la idea del delito no nace en el momento en que éste es ejecutado, sino que de él se tiene una idea preconcebida y acariciada; debe tenerse en cuenta, que la premeditación no implica planeamiento, aunque el planeamiento siempre es característica intrínseca de la premeditación, ya que una persona puede concebir la idea de ejecutar el delito, tenerlo presente en su mente como algo deseable y realizarlo al momento en que circunstancialmente identifica un momento como el ideal para hacerlo, sin que medie planificación; por el contrario, cuando la persona se plantea el modo o la forma de ejecutar el delito, ejecutándolo de tal manera implica planeamiento y por ende premeditación. (Ver al respecto sentencia de la Sala de lo Penal del 27de mayo de 2014, en Exp 057-2012). La premeditación se compone de tres elementos: 1.Elemento cronológico: implica una dilatación de tiempo entre la resolución delictiva y su ejecución; no existe un parámetro de tiempo determinado, más si requiere que entre el momento de la decisión delictiva y el momento de la ejecución de la conducta que busca su materialización exista una disolución temporal que permita apreciar los demás elementos de la premeditación; 2. Elemento ideológico: consistente en la persistencia en la resolución delictiva, en el cual el sujeto activo no solo haya ideado el cometimiento del delito, sino que persista en la idea de su ejecución, representándose formas, medios, instrumentos o momentos para su materialización, ejecutando la conducta como decisión razonada, para lograr un resultado contemplado y deseado; y 3.Elemento psicológico: lo cual implica frialdad de ánimo del sujeto activo, pues el delito no se comete por el estado de ánimo surgido del momento, sino como consecuencia de una más o menos larga contemplación reflexiva, teniendo la oportunidad de considerar todas las variables que pueden presentarse tanto en la ejecución del delito como posterior a éste, sin que el posible reproche social, el riesgo de sanción penal y principalmente el daño a la vida de terceros le desanime en su plan delictivo. De la Procedencia del Recurso. El Único Motivo NO es de Recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis de la recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso examine, los hechos declarados como probados refieren: UNICO: El día seis (06) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), como a las nueve (9:00) de la noche, en el barrio La Unión del municipio de Las Vegas, departamento Santa Barbara Joel Alfredo Quintanilla Caballero y tres personas más, todos portando armas de fuego ingresaron en forma repentina a la vivienda donde pernoctaban la señora Gricelda Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón, quienes les dispararon causándoles múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo hasta quitarles la vida, en el mismo lugar de los hechos.”, la Sala de lo Penal ha realizado un análisis jurídico de los hechos probados de la sentencia, los cuales resultan inalterables en casación, subsumiéndolos en el tipo penal de Asesinato regulado en el artículo 193 del Código Penal decreto 130-2017, seleccionado por el A- quo y del cual el impetrante considera infringido por su aplicación indebida, atreves de su reclamo asegura que la norma aplicada dificulta establecer por el factum derivar que el acusado Joel Alfredo Quintanilla Caballero, haya realizado la conducta típica de dar muerte a Griselda Antonia Hernández, Marvin Jeovany Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón, con el análisis de mérito esta Sala de lo Penal encuentra que el Tribunal de Sentencia ha descrito en este cuadro factico los elementos requeridos por el tipo penal de Asesinato, dar muerte a varias personas, se describe dinámica de hechos, como ser horas de la noche, con participación de otras personas y el uso de armas, señala quien es el responsable de la muerte de los ofendidos, el A-quo narro los hechos de forma clara y se encuentran todos los elementos del tipo, la alevosía plenamente identificado y descrito tomando en consideración que el ataque fue sorpresivo y de forma repentina, por lo que esta sala de casación no comparte los alegatos del impetrante quien establece que en el cuadro factico esta carente de los elementos subjetivos y objetivos del delito de asesinato. Por lo anterior no procede estimar el primer motivo de casación. Del Recurso de casación por infracción de precepto constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentados (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 89 de la Constitución de la República, •Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia. • Reclamación Ex ante: se produce en el acto mismo de la sentencia. • Pretensión: se declare con lugar el presente motivo y se absuelva al acusado El recurrente señala la existencia de un vicio que enmarca en el artículo 89 de la Constitución de la República inicia su fundamentación describiendo que los artículos descritos han sido vulnerados al momento de dictar su fallo el Tribunal de Sentencia expresar que se había quebrantado el estado de inocencia del encartado, en vista de que el Sentenciador ha prescindiendo de las formalidades que la ley establece para determinar la concurrencia del ánimo tendencial de llegar al delito, se presentó un testigo protegido a través de lectura autorizada, testimonio que no merece credibilidad según el tribunal no es objetivamente confiable por lo que el censor cuestiona“ ya que no es posible que siendo cuatro personas las que supuestamente llegaron en un vehículo solo dos portaran pasamontañas, que los que no llevaban cubierto su rostro fueran mi representado y otra persona de nombre Carlos Ochoa” el testimonio del testigo protegido 558-2016-A no es contundente por todo lo anterior el Tribunal Sentenciador ha vulnerado la garantía del Estado de Inocencia al encartado, en este motivo el recurrente concentró sus argumentos en hacer sus propias valoraciones.DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley.De la procedencia del Recurso. El Recurso NO es de recibo. El recurrente en la exposición de su motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta el recurrente este motivo de casación penal en la Violación al estado de inocencia. Artículo 89 de la constitución de la república, sin establecer con claridad cuál de las reglas y en qué postulado ha sido violentada, no las desarrolla, estableciendo alegatos de instancia. el censor no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los elementos o derechos que se estima violentado, ya que tiene que ver sobre normas constitucionales. En consecuencia, como se reitera, la única instancia solo puede hacer una revisión de las actuaciones del Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran lo actuado para verificar si se ha cumplido con los derechos que establece la constitución La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento del recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales sobre el estado de inocencia, a fin de constatar que estén acorde con el debido proceso, por ende al no haber sido señalados por el censor, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, y realizar señalamientos de instancia imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado por la recurrente. DECISIÓN •No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. La sala de lo penal , verifica que en la sentencia dictada y recurrida ante este tribunal de casación , los juzgadores incurrieron en un defecto no esencial , o sea error material, consiste en los nombres y apellidos de los señores “Gricelda Antonia Hernández,” “Marvin Jeovany Muñoz García” y “Maynor Josué Lagos Pavón”, al momento de dictar el fallo en el apartado de la parte resolutiva numeral primero, consignaron el nombre de la señora Antonia Hernández, debiendo ser lo correcto Gricelda Antonia Hernández, Mervin Jeovany Muñoz Mejia, debiendo ser lo correcto Marbin Jeovany Muñoz García, así mismo Maynor Josué Lagos, debiendo ser lo correcto Maynor Josué Lagos Pavón; siendo que se revisó todo el proceso y en los folios de la sentencia los nombres y apellidos deben ser los antes señalados y no los escritos en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, se corroboraron los datos correctos de las victimas a través de los antecedentes policiales (folios 117, 118 y 119). Fundamentando dicha aclaración en lo establecido en el artículo 370 del código procesal penal. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 332 del Código Penal; 362 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por abogado José Francisco Rodríguez Martínez, en su condición defensor público de Joel Alfredo Quintanilla Caballero, en la causa instruida por tres delitos de Asesinato en perjuicio de los señores Gricelda Antonia Hernández, Marbin Jeovani Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón. SEGUNDO. Declara NO HA LUGAR, el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el abogado José Francisco Rodríguez Martínez, en su condición defensor público de Joel Alfredo Quintanilla Caballero, en la causa instruida por tres delitos de Asesinato en perjuicio de los señores Gricelda Antonia Hernández, Marbin Jeovani Muñoz García y Maynor Josué Lagos Pavón. TERCERO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Barbara, departamento de Santa Barbara. Y MANDA: Que la secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Mairena Franco NOTIFÍQUESE. Mario Rolando Díaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Rina Koritza Sandoval Secretaria Adscrita de la Sala Penal” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho del mes de febrero de 2026. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de septiembre del 2025, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-328-2021.
Pía Cristina mejía Núñez.
Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal”