Sentencia CP-320-19 — Registro 19426
Resumen
En primera instancia el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de enriquecimiento ilícito, resolviendo la Sala de lo Penal No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal luego de revisar los planteamientos del recurrente, encuentra sus argumentos erróneos, totalmente equívocos y contrarios a la técnica casacionista; en primer lugar la norma constitucional que consideró como infringida es el articulo 222 de nuestra Carta Magna, la cual crea y regula el Tribunal Superior de Cuenta, como un ente regulador y de control de los recursos públicos, estableciendo sus funciones, pero ese artículo no contiene ninguna relación con el derecho penal, recordemos lo que ha señalado ya la Sala de lo Penal como criterio jurisprudencial que: “…En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional.” ¿Cuál es el derecho fundamental que el recurrente considera violentado a través de la denuncia de una norma constitucional que se refiere a la creación y funcionamiento de un ente regulador del Estado? Si bien en el referido articulo constitucional, dentro de la funciones que establece para el Tribunal Superior de Cuentas esta. “la determinación del enriquecimiento ilícito” esa faculta claramente la establece dentro del ámbito administrativo, pues el ámbito judicial “Juzgar y ejecutar lo juzgado” compete al Poder Judicial, por tanto no puede considerarse infringida una norma constitucional que no guarde relación con un derecho fundamental amparado en nuestra Constitución o en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. De igual forma el censor considera violentado el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, articulo que fue derogado con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal decreto 130-2017 vigente a partir del año 2019. También el censor cuestionó que el Sentenciador haya establecido en su razonamiento que el informe del Tribunal Superior de Cuentas contabilizó de manera errónea los gastos familiares del señor Romero Vallecillo, luego hizo una operación aritmética precisando una cantidad concreta no justificada y asumiendo un papel que no le corresponde, además cuestionó el impetrante que el Juzgador consideró el informe del TSC como erróneo. Al respecto esta Sala de Casación no encuentra ningún vicio que merezca reproche casacional, recordemos que el dictamen pericial es un medio de prueba de coadyuva al Juez en su labor de juzgar, pero no vinculante para su decisión, no lo limita al analizar y razonar de forma conjunta y armónica con ese dictamen con el resto de pruebas, en el caso subjudice, el Sentenciador tomó como base el dictamen del Ministerio Público que contiene el estudio y análisis del expediente, resoluciones y dictámenes que dictó el Tribunal Superior de Cuenta, es decir por supuesto que toma como base de condena esa resolución del ente regulador, pero a través del Dictamen del ente fiscal, es conclusión es exactamente lo mismo. Al cerciorarse el A-quo de un error matemático en el informe del Tribunal Superior de Cuentas en relación a que los gastos familiares habían sido aumentados subjetivamente, no se esta atribuyendo funciones que no le corresponden, simplemente esta analizando el medio de prueba y al hacer el cálculo matemático simplemente está aplicando lo que todos aprendimos en la escuela, a restar y sumar para luego concluir en cual es la cantidad exacta que no justificó el señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo, siempre tomando como base de su argumento el dictamen pericial del Ministerio Público y el informe del Tribunal Superior de Cuentas. El mismo recurrente acepta que el Tribunal Superior de Cuentas concluye que el ahora acusado no justificó una cantidad de dinero y que por lo tanto tiene responsabilidad administrativa, el A-quo luego de los medios probatorio determinó que también existía responsabilidad penal, por lo que no observamos ningún yerro judicial, pues las actuaciones del A-quo fueron correctas; por todas las razones ante expuestas es procedente declarar no ha lugar el presente motivo de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional en sus únicos motivos, interpuestos por la defensa privada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal luego de revisar los planteamientos del recurrente, encuentra sus argumentos erróneos, totalmente equívocos y contrarios a la técnica casacionista; en primer lugar la norma constitucional que consideró como infringida es el articulo 222 de nuestra Carta Magna, la cual crea y regula el Tribunal Superior de Cuenta, como un ente regulador y de control de los recursos públicos, estableciendo sus funciones, pero ese artículo no contiene ninguna relación con el derecho penal, recordemos lo que ha señalado ya la Sala de lo Penal como criterio jurisprudencial que: “…En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional.” ¿Cuál es el derecho fundamental que el recurrente considera violentado a través de la denuncia de una norma constitucional que se refiere a la creación y funcionamiento de un ente regulador del Estado? Si bien en el referido articulo constitucional, dentro de la funciones que establece para el Tribunal Superior de Cuentas esta. “la determinación del enriquecimiento ilícito” esa faculta claramente la establece dentro del ámbito administrativo, pues el ámbito judicial “Juzgar y ejecutar lo juzgado” compete al Poder Judicial, por tanto no puede considerarse infringida una norma constitucional que no guarde relación con un derecho fundamental amparado en nuestra Constitución o en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. De igual forma el censor considera violentado el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, articulo que fue derogado con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal decreto 130-2017 vigente a partir del año 2019. También el censor cuestionó que el Sentenciador haya establecido en su razonamiento que el informe del Tribunal Superior de Cuentas contabilizó de manera errónea los gastos familiares del señor Romero Vallecillo, luego hizo una operación aritmética precisando una cantidad concreta no justificada y asumiendo un papel que no le corresponde, además cuestionó el impetrante que el Juzgador consideró el informe del TSC como erróneo. Al respecto esta Sala de Casación no encuentra ningún vicio que merezca reproche casacional, recordemos que el dictamen pericial es un medio de prueba de coadyuva al Juez en su labor de juzgar, pero no vinculante para su decisión, no lo limita al analizar y razonar de forma conjunta y armónica con ese dictamen con el resto de pruebas, en el caso subjudice, el Sentenciador tomó como base el dictamen del Ministerio Público que contiene el estudio y análisis del expediente, resoluciones y dictámenes que dictó el Tribunal Superior de Cuenta, es decir por supuesto que toma como base de condena esa resolución del ente regulador, pero a través del Dictamen del ente fiscal, es conclusión es exactamente lo mismo. Al cerciorarse el A-quo de un error matemático en el informe del Tribunal Superior de Cuentas en relación a que los gastos familiares habían sido aumentados subjetivamente, no se esta atribuyendo funciones que no le corresponden, simplemente esta analizando el medio de prueba y al hacer el cálculo matemático simplemente está aplicando lo que todos aprendimos en la escuela, a restar y sumar para luego concluir en cual es la cantidad exacta que no justificó el señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo, siempre tomando como base de su argumento el dictamen pericial del Ministerio Público y el informe del Tribunal Superior de Cuentas. El mismo recurrente acepta que el Tribunal Superior de Cuentas concluye que el ahora acusado no justificó una cantidad de dinero y que por lo tanto tiene responsabilidad administrativa, el A-quo luego de los medios probatorio determinó que también existía responsabilidad penal, por lo que no observamos ningún yerro judicial, pues las actuaciones del A-quo fueron correctas; por todas las razones ante expuestas es procedente declarar no ha lugar el presente motivo de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional en sus únicos motivos, interpuestos por la defensa privada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el artículo 42 y 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, declaró responsable al acusado Jacobo Anahel Romero Vallecillo, por el delito de Enriquecimiento Ilícito en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión; y una multa de ciento cincuenta mil trescientos veintisiete lempiras con setenta y nueve centavos (L. 150,327.79). Se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e interdicción civil,; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 484 tiene regulado el delito de enriquecimiento ilícito y establece: “El funcionario e empleado público que incrementa su patrimonio en más de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00) por encima de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos («) años después de haber cesado en ellas y por motivos que no puedan ser razonadamente justificados, debe ser castigado con las penas de prisión de cuatro (4) a seis (6) años, multa por una cantidad igual o hasta el triple del enriquecimiento ilícitamente obtenido e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Los hechos a que se refiere el párrafo anterior deben ser castigados con la pena de prisión incrementada en un tercio (1/3), multa por una cantidad igual o hasta cuatro (4) veces el enriquecimiento indebidamente obtenido e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión, si la cuantía del enriquecimiento ilícito supera el Millón de Lempiras (L 1,000.000.00).” (Lo resaltado es nuestro) Los hechos declarados probados por el Tribunal Sentenciador revelan que: “PRIMERO: Que el señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, ingresó a laborar para la Dirección Ejecutiva de Ingresos a partir del ocho de septiembre del año mil novecientos noventa y tres (8 de septiembre de 1993), hasta la fecha del diecisiete de octubre del año mil novecientos noventa y siete (17 de octubre de 1997) como Delegado Fiscal, donde ahorro la cantidad únicamente de DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L.12,759.63), producto de sus sueldos devengados en dicho periodo. SEGUNDO: Que en fecha veinte de octubre del año mil novecientos noventa y siete (20 de octubre de 1997) el señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, tomó posesión de su cargo como Aforador de Aduana en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, laborando hasta la fecha seis de diciembre del dos mil uno (6 de diciembre del 2001), lapso de tiempo donde adquirió activos valorados en SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L.691, 242.66) provenientes de un vehículo, una vivienda, saldos de cuenta bancaria, cuenta de una cooperativa, aportaciones y menaje de vivienda, así mismo contaba con un pasivo de CUATROCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.407, 056.64), conformado por préstamos hipotecarios y préstamos fiduciarios, teniendo al momento de ser cancelado de su función pública un patrimonio a su favor por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L.284,186.02), en donde el ingreso neto para cubrir este aumento de su patrimonio era de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON TEINTA Y TRES CENTAVOS (L.274,571.33), provenientes de sus ingresos consistentes en sueldos, intereses bancarios y excedentes, menos sus gastos familiares, deducciones obligatorias, intereses pagados por un préstamo, cantidad ésta que tenía disponible para cubrir dicho crecimiento en su capital, teniendo un excedente con respecto a lo que podía adquirir con sus ingresos lícitos de NOVECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS (L.914,069.00), en el mismo período realizó depósitos sin justificación por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS (L.141,713.00), sumando un total de CIENTO CINCUENTA MIL TRECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.150,327.69), sin demostrar su procedencia.”(Lo resaltado es nuestro). Si se analiza el artículo 484 de la nueva ley penal, se establece de forma categórica que se constituirá en el delito de enriquecimiento ilícito, el funcionario o empleado público que incremente su patrimonio en más de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00) por encima de sus ingresos legítimos, pero los hechos probados establecen como verdad incuestionable que el acusado Jacobo Anahel Romero Vallecillo incrementó su patrimonio y no pudo justificar unos depósitos que suman ciento cincuenta mil trecientos veintisiete lempiras con sesenta y nueve centavos (L.150,327.69), cantidad que no alcanza a cubrir con los quinientos mil lempiras que regula el Código Penal decreto 130-217, es decir que los funcionarios o empleados públicos que incrementen su patrimonio en cantidades menores a quinientos mil lempiras, no cometen el delito de enriquecimiento ilícito, por tanto lo procedente es el dictado de un sobreseimiento definitivo, tal como lo regula el artículo 615 del referido Código Penal. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, es más favorable para el imputado la aplicación del decreto 130-2017 pues es le es más beneficioso, en ese sentido procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 484,615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el artículo 42 y 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, declaró responsable al acusado Jacobo Anahel Romero Vallecillo, por el delito de Enriquecimiento Ilícito en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión; y una multa de ciento cincuenta mil trescientos veintisiete lempiras con setenta y nueve centavos (L. 150,327.79). Se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e interdicción civil,; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 484 tiene regulado el delito de enriquecimiento ilícito y establece: “El funcionario e empleado público que incrementa su patrimonio en más de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00) por encima de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos («) años después de haber cesado en ellas y por motivos que no puedan ser razonadamente justificados, debe ser castigado con las penas de prisión de cuatro (4) a seis (6) años, multa por una cantidad igual o hasta el triple del enriquecimiento ilícitamente obtenido e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Los hechos a que se refiere el párrafo anterior deben ser castigados con la pena de prisión incrementada en un tercio (1/3), multa por una cantidad igual o hasta cuatro (4) veces el enriquecimiento indebidamente obtenido e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión, si la cuantía del enriquecimiento ilícito supera el Millón de Lempiras (L 1,000.000.00).” (Lo resaltado es nuestro) Los hechos declarados probados por el Tribunal Sentenciador revelan que: “PRIMERO: Que el señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, ingresó a laborar para la Dirección Ejecutiva de Ingresos a partir del ocho de septiembre del año mil novecientos noventa y tres (8 de septiembre de 1993), hasta la fecha del diecisiete de octubre del año mil novecientos noventa y siete (17 de octubre de 1997) como Delegado Fiscal, donde ahorro la cantidad únicamente de DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L.12,759.63), producto de sus sueldos devengados en dicho periodo. SEGUNDO: Que en fecha veinte de octubre del año mil novecientos noventa y siete (20 de octubre de 1997) el señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, tomó posesión de su cargo como Aforador de Aduana en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, laborando hasta la fecha seis de diciembre del dos mil uno (6 de diciembre del 2001), lapso de tiempo donde adquirió activos valorados en SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L.691, 242.66) provenientes de un vehículo, una vivienda, saldos de cuenta bancaria, cuenta de una cooperativa, aportaciones y menaje de vivienda, así mismo contaba con un pasivo de CUATROCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.407, 056.64), conformado por préstamos hipotecarios y préstamos fiduciarios, teniendo al momento de ser cancelado de su función pública un patrimonio a su favor por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L.284,186.02), en donde el ingreso neto para cubrir este aumento de su patrimonio era de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON TEINTA Y TRES CENTAVOS (L.274,571.33), provenientes de sus ingresos consistentes en sueldos, intereses bancarios y excedentes, menos sus gastos familiares, deducciones obligatorias, intereses pagados por un préstamo, cantidad ésta que tenía disponible para cubrir dicho crecimiento en su capital, teniendo un excedente con respecto a lo que podía adquirir con sus ingresos lícitos de NOVECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS (L.914,069.00), en el mismo período realizó depósitos sin justificación por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS (L.141,713.00), sumando un total de CIENTO CINCUENTA MIL TRECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.150,327.69), sin demostrar su procedencia.”(Lo resaltado es nuestro). Si se analiza el artículo 484 de la nueva ley penal, se establece de forma categórica que se constituirá en el delito de enriquecimiento ilícito, el funcionario o empleado público que incremente su patrimonio en más de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00) por encima de sus ingresos legítimos, pero los hechos probados establecen como verdad incuestionable que el acusado Jacobo Anahel Romero Vallecillo incrementó su patrimonio y no pudo justificar unos depósitos que suman ciento cincuenta mil trecientos veintisiete lempiras con sesenta y nueve centavos (L.150,327.69), cantidad que no alcanza a cubrir con los quinientos mil lempiras que regula el Código Penal decreto 130-217, es decir que los funcionarios o empleados públicos que incrementen su patrimonio en cantidades menores a quinientos mil lempiras, no cometen el delito de enriquecimiento ilícito, por tanto lo procedente es el dictado de un sobreseimiento definitivo, tal como lo regula el artículo 615 del referido Código Penal. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, es más favorable para el imputado la aplicación del decreto 130-2017 pues es le es más beneficioso, en ese sentido procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 484,615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-320-2019, que literalmente dice:” Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los recursos de casación SP 320-2019 por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo, por el delito de Enriquecimiento Ilícito en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión; y una multa de ciento cincuenta mil trescientos veintisiete lempiras con setenta y nueve centavos (L. 150,327.79). Se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Declaró la responsabilidad civil del condenado. Tercero: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No procedió declarar el comiso al no haberse puesto ninguna evidencia a la disposición del Tribunal. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Kileer Acosta García, en su condición de Defensor Privado del señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo, como parte recurrente. Hechos Probados “PRIMERO: Que el señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, ingresó a laborar para la Dirección Ejecutiva de Ingresos a partir del ocho de septiembre del año mil novecientos noventa y tres (8 de septiembre de 1993), hasta la fecha del diecisiete de octubre del año mil novecientos noventa y siete (17 de octubre de 1997) como Delegado Fiscal, donde ahorro la cantidad únicamente de DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L.12,759.63), producto de sus sueldos devengados en dicho periodo. SEGUNDO: Que en fecha veinte de octubre del año mil novecientos noventa y siete (20 de octubre de 1997) el señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, tomó posesión de su cargo como Aforador de Aduana en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, laborando hasta la fecha seis de diciembre del dos mil uno (6 de diciembre del 2001), lapso de tiempo donde adquirió activos valorados en SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L.691, 242.66) provenientes de un vehículo, una vivienda, saldos de cuenta bancaria, cuenta de una cooperativa, aportaciones y menaje de vivienda, así mismo contaba con un pasivo de CUATROCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.407, 056.64), conformado por préstamos hipotecarios y préstamos fiduciarios, teniendo al momento de ser cancelado de su función pública un patrimonio a su favor por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L.284,186.02), en donde el ingreso neto para cubrir este aumento de su patrimonio era de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON TEINTA Y TRES CENTAVOS (L.274,571.33), provenientes de sus ingresos consistentes en sueldos, intereses bancarios y excedentes, menos sus gastos familiares, deducciones obligatorias, intereses pagados por un préstamo, cantidad ésta que tenía disponible para cubrir dicho crecimiento en su capital, teniendo un excedente con respecto a lo que podía adquirir con sus ingresos lícitos de NOVECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS (L.914,069.00), en el mismo período realizó depósitos sin justificación por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS (L.141,713.00), sumando un total de CIENTO CINCUENTA MIL TRECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.150,327.69), sin demostrar su procedencia.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos El recurrente Abogado Kileer Acosta García, en su condición de Defensor Privado del señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “I-RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA UNICO: Por violación a las reglas de la sana critica racional, al momento de valorar las pruebas; precisamente por inobservancia de la ley de coherencia, específicamente del principio de no contradicción y, asimismo, por inobservancia de la ley de derivación a través de la violación del principio de razón suficiente, específicamente por tratarse de una motivación NO VERDADERA y NO SUFICIENTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: Me autoriza para interponer este recurso el artículo 362 del Código procesal Penal, que en su parte conducente expresa: “Artículo 362. Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1..;.; 2.-...; 3....o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. DESARROLLO DEL MOTIVO INVOCADO: La sentencia ahora recurrida en casación, condena al señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, por el delito de Enriquecimiento Ilícito en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena privativa de libertad de tres (03) años de reclusión más las penas accesorias de multa, interdicción civil e inhabilitación especial. La sentencia establece como hecho probado segundo “Que en fecha 20 de octubre de 1997, el señor, JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, tomó posesión de su cargo como aforador de aduana de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, laborando hasta la fecha 06 de Diciembre de 2001, lapso de tiempo donde adquirió activos valorados en L. 691,242.66 provenientes de un vehículo, una vivienda, saldos de cuenta bancaria, cuenta de una cooperativa, aportaciones, y menaje de vivienda; asimismo, contaba con un pasivo de L. 407,056.64, conformado por préstamos hipotecarios y prestamos fiduciarios, teniendo al momento de ser cancelado de su función pública un patrimonio a su favor de L. 284,186.02, en donde el ingreso neto para cubrir este de su patrimonio era de L. 274,571.33, provenientes de sus ingresos consistentes en sueldos, intereses bancarios y excedentes, menos sus gastos familiares, deducciones obligatorias, intereses pagados por un préstamo; cantidad esta que tenía disponible para cubrir dicho crecimiento en su capital (subrayado es mío), teniendo un excedente con respecto a lo que podía adquirir con sus ingresos lícitos de L. 914,069.00, en el mismo periodo realizó depósitos sin justificación por la cantidad de L. 141,713.00, sumando un total L. 150,327.69, sin demostrar su inocencia” . Como puede observarse, en el cálculo final hay un error de suma, relacionado al excedente de lo que podía adquirir con sus ingresos, (L. 914,069.00), al que me referiré en detalle en adelante. El fallo y los hechos probados, obviamente derivan de la inmediación que de la prueba ha tenido el Tribunal de Sentencia, el cual ha llegado a valorarla íntimamente y de la que ha extraído una verdad formal. Esa valoración que de la prueba hace el Sentenciador no es objeto de la censura del recurso de casación, pues la misma es inatacable. La sentencia es, en esencia, una construcción intelectiva, legal, hermética y lógica de los juzgadores; es decir, representa la libre convicción de los jueces sobre los hechos y el derecho; sin embargo, esta instrucción está regida por las leyes del entendimiento humano, por las reglas lógicas de la sana critica racional, pues el pensamiento humano se rige por algunas reglas y principios formales que lo uniforman y le dan sentido más o menos universal a las construcciones intelectivas del hombre, con independencia de la zona geográfica o de la idea que se construye; en otras palabras, la sentencia, como construcción lógica del pensamiento, no escapa a las reglas del normal entendimiento humano. En el sentido apuntado las reglas de la lógica, se dirigen por las leyes de coherencia y de derivación, que presiden el entendimiento humano. La primera manda que los razonamientos deben guardar armonía entre sí; básicamente, no deben contradecirse o anularse entre sí. La segunda ley obliga que el razonamiento deba deducirse de pruebas concordantes y apegadas al principio de razón suficiente, que obliga a los juzgadores, al momento de redactar la sentencia, a observar que “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando . . . ” (ver página 159 de la Casación Penal, del Maestro Argentino Fernando de la Rúa), para lo cual se requiere una motivación concordante (cada conclusión se deduce de un medio de prueba), verdadera (la motivación debe sustentarse en elementos probatorios existentes, sin falsear su contenido) y suficiente (debe sustentarse en elementos aptos para producir un convencimientos cierto sobre el hecho); es decir, la conclusión (entiéndase en este caso, condena) debe deducirse del sentido material de las pruebas y de la sucesión dé conclusiones que se van obteniendo de estas. En el caso que nos distrae, estas leyes y principio han sido violadas, al valorar la carga probatoria. Veamos: 1.- Ley de Coherencia. Principio de Contradicción y del tercer excluido, por consecuencia: Este principio manda que dos juicios opuestos entre sí, no pueden sé, ambos verdaderos. Resulta, que en el caso que nos distrae, la sentencia impugnada valora como válidos, creíbles y confiables, los siguientes medios de prueba: 1.1.- E1 peritaje del Ministerio Público suscrito por la Licenciada MARBELI YAJAIRA CALDERON HERNANDEZ de fecha 26 de Julio de 2016 (numeral primero de la valoración de la prueba), que aprecia un incremento de capital sin justificar L. 292,087.09, el que se obtuvo luego de restar los activos de los pasivos obtenidos del periodo que va del 01 de Enero de 1997 al 06 de Diciembre de 2001, y tomando en consideración algunos descargos que se hicieron en el Tribunal Superior de Cuentas (en adelante TSC) y que se aprecian en el dictamen 116/2006-DAL-TSC y la resolución 037/2008-SG-TSC. 1.2- En el numeral Segundo de la valoración probatoria, específicamente en la página, 17 de 1a sentencia, recurrida, el Tribunal de Sentencia, al valorar nuevamente, que el TSC le contabilizó, al imputado, de manera errónea los gastos familiares (ver página 24 de la sentencia recurrida). Como se puede observar, El Tribunal de Sentencia entra en contradicción evidente, pues por un lado manifiesta que le merece credibilidad el peritaje del Ministerio Público relacionado en el numeral 1.1 de este acápite, así como las resoluciones y dictámenes del T.S.C. descritas en el numeral 1.2 de este mismo acápite y, por el otro lado, concluye que el dictamen pericial privado presentado por la defensa sí incorpora valores reales sobre los gastos familiares, por lo que inclusive considera que la defensa logró acreditar que el señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, contaba con L. 274,571.33, para cubrir dicho incremento en su capital; incremento que el Tribunal superior de Cuentas había concluido era de L. 192,087.09, en la resolución final número 037/2008-SG-TSC; observando, asimismo, el Tribunal de Sentencia, un faltante de L. 9, 614.69, cantidad a la que suma el valor de varios depósitos por L. 140,713.00, que en total arrojan un enriquecimiento de L. 150,327.79 (por cierto de forma equivocada, pues los depósitos ya estaban sumados en la resolución relacionada, como parte de la cantidad considerada como enriquecimiento sin justificar, como se puede observar, además, en el dictamen pericial del ministerio Público); sin embargo, en este análisis, el Tribunal de Sentencia tiene claro que el peritaje del Ministerio Público y las resoluciones del Tribunal Sup9rior de Cuentas no tienen sustento objetivo, por el contrario, responden a una errónea y subjetiva apreciación de, por ejemplo, los gastos familiares, tal y como lo he dejado establecido; por lo que, al contraponerlos con el dictamen pericial de la defensa privada, este los anula, los desacredita, pues este SÌ tomó en consideración todos los ingresos y gastos reales desde que el señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO ingresó a trabajar en la Dirección ejecutiva de Ingresos, demostrando con claridad que no existió ningún aumento de capital sin justiciar, por lo que sus conclusiones son diametralmente opuestas al dictamen pericial de la Fiscalía y a las resoluciones emitidas por el TSC. En este sentido, al apreciar como válido y pertinente el dictamen pericial privado de 1a defensa, 1a consecuencia 1ògica, para un observador independiente debe descartar de plano los otros medios de prueba que se le contraponen, pues carecen de complementariedad entre sí, ya que tanto el peritaje de la fiscalía como las resoluciones que nos distraen, concluyen que existe enriquecimiento sin justificar contrario a lo que concluye la pericia privada que no aprecia enriquecimiento alguno, al contrario dejo sentado que dentro del periodo auditado, existe un superávit a favor del señor ROMERO VALLECILLO, por lo que ambas tesis son excluyentes entre sí y, en consecuencia, no pueden coexistir en un juicio de valor pues, o es verdadero el dictamen privado o lo es la pericia oficial y las resoluciones y dictámenes del T.S.C., pero ambas tesis no pueden ser verdaderas al misma tiempo, lo que constituye un vicio evidente de logicidad, por violación a la regla de contradicción y del tercer excluido, por consecuencia. 2.- Ley de Derivación y principio lógico de razón suficiente. Específicamente por violación de las reglas que mandan que solo es suficiente la motivación cuando responde a elementos probatorios verdaderos y suficientes. Como ya expliqué el principio de razón suficiente es el pilar sobre el que se sustenta la ley de derivación, y esta manda que el razonamiento (entiéndase el fallo,) debe deducirse exclusivamente de las pruebas, y para que eso no suceda, estas deber ser concordantes, por lo que se requiere que sean verdaderas y suficientes. En el presente caso, la sentencia recurrida se fundamenta básicamente en los siguientes medios de prueba: 2.1.- en el dictamen pericial del Ministerio Público suscrito por la Licenciada MARBELI YAJAIRA CALDERON HERNANDEZ de fecha 26 de Julio de 2016 (numeral primero de la valoración de la prueba), se aprecia un incremento de capital sin justificar de L. 292,087.09, el que se obtuvo luego de restar los pasivos de los obtenidos del periodo que va del 01 de Enero de 1997 al 06 de Diciembre de 2001, y tomando en consideración algunos descargos que se hicieron en el Tribunal Superior de Cuentas y que se aprecian en el dictamen 116/2006-DALTSC y la resolución 037/2008-SG-TSC. 2.2.- En las resoluciones y dictámenes que se aprecian en el expediente del tribunal superior de Cuentas 141-185; entre otras, la resolución definitiva número 037/2008-SG-TSC, que concluyó que existe un incremento sin justificar por L. 292,087.09. Los medios de prueba descritos, no cumplen con la regla que manda que estos deben ser verdaderos y suficientes; veamos por qué: No son verdaderos, porque de acuerdo al análisis del propio Tribunal de Sentencia la cantidad que aparece en el dictamen del ministerio Público no es real, es falsa; inclusive expresa que: “advertimos que al señor ROMERO VALLECILLO, el tribunal Superior de Cuentas le contabilizó de manera errónea sus gastos ,familiares pues los mismos los aumentó subjetivamente sin ningún soporte (resultado es mío), sumando a ello el catorceavo (entiéndase décimo cuarto mes de salario) y las vacaciones del periodo del año 1997 al 2001, ambos datos se reflejan en el dictamen contable de la defensa, llegado a la suma de L. 2,74,571.33, para cubrir dicho incremento en su capital, siempre queda un sobrante de L. 9,614.69, que estaba fuera de su capacidad adquisitiva, además los depósitos sin justificar más, lo, depósitos sin justi$car por la cantidad L. 140,713.00, que constituyen en si el mayor porcentaje del porcentaje del incremento total por el cual se denota de manera injustificada la cantidad que sumada las dos últimas cantidades hacen un total de L.. 150,327.79 .....” (Ver página 17 de la sentencia recurrida, numeral segundo de la valoración probatoria). Recuérdese que los referidos dictámenes y resoluciones fueron el fundamento del peritaje del Ministerio Público y este se sustenta precisamente en ellos, aun y cuando la propia sentencia los califica de erróneos; es decir, estos medios de prueba fueron alterados en su contenido, al contener datos inexactos, lo que a juicio del Doctor Fernando de la Rúa constituye motivación falsa, producto de datos inexactos o alterados (ver página 160, de su recurso de casación. Ob.cit.). No son suficientes: En este sentido los medios probatorios relacionados carecen de 1a facultad intrínseca necesaria para fundamentar el fallo: ser verdaderos (creíbles) y al no ser verdaderos no son aptos para producir un fallo condenatorio, pues recuérdese que estos son los únicos medios de prueba sobre los que puede sustentarse la presunción de enriquecimiento ilícito. Según el artículo 222 de la Constitución de la República, en su tercer párrafo, es al Tribunal Superior de cuentas a quien le corresponde determinar sí existe enriquecimiento ilícito, pero resulta que en el presente caso, para el tribunal de sentencia la resolución final del Tribunal Superior de Cuentas no es creíble, pues se sustenta en datos erróneos, al elevar sin ningún soporte los gastos familiares, con la final obvia de distorsionar la verdad y generar una falsa presunción de enriquecimiento ilícito, lo que constituye per se una violación a su función normativa; en este sentido, cuando la sentencia recurrida pretende corregir los datos erróneos (por no decir falsos) consignados en el dictamen del Ministerio Público y en las resoluciones del T.S.C., lo que hace es subrogarse en la exclusiva facultad auditora que le corresponde al ente contralor, violando así el principio de legalidad procesal pues, inclusive, se atreve el sentenciador a hacer función pericial cuando realiza operaciones matemáticas, determinando saldos distintos a los originalmente consignados, con la única finalidad de sustentar un fallo condenatorio en pruebas cuyo contenido material no es creíble. Por lo expuesto la sentencia recurrida viola el principio de razón suficiente, al ostentarse en medios de prueba insuficientes para producir certeza, por cuanto de los mismos lo que único que se puede inferir es que el ente contralor y el Ministerio Público han distorsionado la verdad, siendo imposible fundar un fallo en ellos, por tratarse de medios de prueba falsos y no aptos para sostener la condena, lo que constituye violación a la ley de derivación, en cuanto el razonamiento no puede ni debe sustentarse en elementos insuficientes para producir certeza. En resumen, la sentencia viola flagrantemente las reglas de la sana critica racional citados) lo que constituye un vicio de logicidad y una causal de casación en la forma, que en doctrina deriva en causal de motivación insuficiente, por lo que debe anularse la sentencia para que se celebre un nuevo juicio. Se hace mención expresa que no se realizó reclamo alguno dará subsanar la violación descrita, por cuanto esta se produjo en la sentencia ahorra impugnada en casación. Continúa manifestando el recurrente Abogado Kileer Acosta García, en su condición de Defensor Privado del señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo. RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. UNICO: Por infracción directa del artículo 222 de la Constitución de la república, específicamente por su violación o falta de aplicación en relación al artículo 321 de la Constitución de la República y artículo 62 de la Ley Orgánica del tribunal Superior de Cuentas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Me autoriza para interponer este recurso él artículo 361 del Código procesal Penal, que en su parte conducente expresa: “Artículo 361. Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional. En todos los casos en que, con arreglo a este código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentada, la infracción del precepto constitucional.” DESARROLLO DEL MOTIVO Establece el artículo 222 de la Constitución de la República, específicamente en su tercer párrafo que “En el cumplimiento de su función (el TSC) deberá realizar ......1a determinación del enriquecimiento ilícito ......, para cumplir con su función el Tribunal Superior de Cuentas tendrá las atribuciones que determine su ley orgánica”. En el caso que nos distrae, el Tribunal Superior de Cuentas emitió diferentes dictámenes y resoluciones todas contenidas en el expediente 141-185, en las que determinó que existía, por parte del señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, un enriquecimiento sin justificar de L. 292,087.09; sin embargo, para la sentencia recurrida en casación, y propiamente para el Tribunal de Sentencia, el peritaje del Ministerio Público que se basa en los dictámenes y resoluciones del tribunal superior de Cuentas no le merecen credibilidad, cuando expresa que “advertimos que al señor ROMERO VALLECILLO, el Tribunal Superior de Cuentas le contabilizó de manera errónea sus gastos familiares pues los mismos los aumentó subjetivamente sin ningún soporte (resaltado es mío), ,sumando a ello el catorceavo (entiéndase décimo cuarto mes de salario) y las vacaciones del periodo del año 1997 al 2001, ambos datos se reflejan en el dictamen contable de la defensa, llegando a una suma de L. 274,571.33, para cubrir dicho incremento en su capital, siempre que un sobrante de L. 9,614.69, que estaba fuera de su capacidad adquisitiva, además los depósitos sin justificar por la cantidad L. 140,713.00, que constituyen en sí el mayor porcentaje del incremento total por el cual se denota de manera injustificada la cantidad que sumada las dos últimas cantidades hacen un total de L. 150,327.79 .....” (Ver página 17 de la sentencia recurrida, numeral segundo de la valoración probatoria). Es importante resaltar que el Tribunal de Sentencia, ante la falta de credibilidad que le merecen los dictámenes y resoluciones del TSC, opta por realizar una operación matemática propia de un perito, al grado que inclusive incorpora conceptos o partidas hasta precisar una cantidad concreta no justificada de L.9,614.69, a la que agrega erróneamente, unos depósitos bancarios por la cantidad de L. 140, 713.00, los que ya estaban considerados dentro del cálculo original establecido por el TSC y el Ministerio público, que primigeniamente consideró la cantidad sin justificar en 292,087.09, como puede constatarse en el dictamen del ministerio público; en tal sentido, el sentenciador asume un papel que lo le corresponde, que es propio del Tribunal Superior de Cuentas, tal y como el artículo 222 constitucional, en su tercer párrafo, lo que establece de forma específica. Lo indicad, nos conduce a apreciar que el Tribunal de Sentencia ha invadido una facultad exclusiva del Tribunal Superior de Cuentas, en franca violación al artículo 321 de la Constitución de la República que manda a los funcionarios no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. En el presente caso lo correcto hubiese sido absolver al imputado, pues al no merecerle credibilidad, por erróneos (por no decir falsos), el peritaje del Ministerio Público y las resoluciones y dictámenes del TSC, no existe enriquecimiento alguno que justificar por parte del señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, al tratarse de medios probatorios no aptos para producir un fallo de condena. En el sentido apuntado, de haberse aplicado el artículo 222 constitucional, el Tribunal de Sentencia no hubiera podido declarar como hecho probado que el imputado sumaba la cantidad de L.150,327.79 sin justificar, pues al no existir dictamen apreciable del TSC, no existe cantidad cuestionable y, en consecuencia, no se produce un requisito esencial del tipo penal de enriquecimiento ilícito, como es el aumento patrimonial sin justificar. Por todo lo expuesto, debe admitirse el presente motivo, aplicando el artículo 222 constitucional, en su tercer párrafo, en relación al artículo 321 constitucional y con el artículo 62 de 1a Ley Orgánica de1 tribunal Superior de Cuentas, en el sentido que corresponde absolver al imputado, al no haberse acreditado en juicio, por la parte acusadora, prueba pertinente que sirviere para apreciar la existencia o no, de aumento patrimonial injustificado.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: no se realizó reclamo alguno para subsanar la violación descrita, por cuanto esta se produjo en la sentencia ahora impugnada. Pretensión: que se anule la sentencia y se reenvíe la causa para la celebración de un nuevo juicio. Explicó el recurrente que se violenta la ley de la coherencia, principio de contradicción y el tercer excluido, cuando el Tribunal de Sentencia entra en contradicción evidente, pues por un lado manifiesta que le merece credibilidad el peritaje del Ministerio Público relacionado en el numeral 1.1 de este acápite, así como las resoluciones y dictámenes del T.S.C. descritas en el numeral 1.2 de este mismo acápite y, por el otro lado, concluye que el dictamen pericial privado presentado por la defensa sí incorpora valores reales sobre los gastos familiares, por lo que sus conclusiones son diametralmente opuestas al dictamen pericial de la Fiscalía y a las resoluciones descritas emitidas por el TSC. En un segundo cuestionamiento establece el censor que se violentó la ley de derivación y principio de razón suficiente, pues los medios probatorios como el dictamen del MP y las resoluciones y dictámenes del TSC, no cumplen con la regla que manda que deben ser verdaderos y suficientes. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. Iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Luego de realizar un análisis exhaustivo a los juicios de valor externados por el Sentenciador, esta Sala de lo penal puede aseverar que el Tribunal Sentenciador valoró de forma conjunta y armónica toda la prueba evacuada y que sus razonamientos fueron conformados teniendo como base las reglas del correcto pensamiento humano. El primer cuestionamiento del recurrente es sobre la valoración que realizara el A-quo al dictamen pericial presentado por el Ministerio público realizado por la Licenciada Marbely Calderon y la pericial privada realizada por David Alvarenga; considerando los razonamientos realizador por el A-quo a ambas pericias son contradictorios pues por un lado le merece credibilidad al peritaje del Ministerio público y por otro considera que la pericia privada de la defensa si incorpora valores reales y según el recurrente también se le concede credibilidad. Al respecto esta Sala de Casación considera que el recurrente ha errado totalmente en su apreciación, pues no existe tal contradicción entre sus razonamientos, veamos cual fue la valoración probatoria: 1) Análisis financiero número 012-2016, realizado en fecha 26 de julio del 2016, por la Perito Marbeli Yajaira Calderon Hernández, el Tribunal Sentenciador afirmó: “La prueba pericial consistente en un análisis financiero realizado al señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo, resulta absolutamente confiable, partiendo que la perito narró de manera natural las diligencias efectuadas, sin advertirse interés de ninguna naturaleza, limitándose a transmitir la información que obtuvo del análisis a la documentación soporte adjunta al expediente investigativo No. 01962, que fueron plasmados en dicho informe y que le permitieron concluir que el señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo, incrementó de manera injustificada su peculio personal, por lo que bajo esos parámetros no hay justificación para no concederle credibilidad. Del mismo modo, la Perito Marbeli Yajaira Calderon Hernández se mostró convincente, al ratificar en el acto del juicio oral, el análisis financiero, manifestando que el aumento patrimonial del encausado deriva exclusivamente de múltiples depósitos bancarios, que excedían su sueldo como servidor público, y que no pudo justificar su origen lícito, mismos que se reflejan en sus estados de cuenta. Debiendo resaltarse que durante la fase de investigación administrativa, y como parte de derecho de defensa, el encartado aportó pruebas encaminada a desvanecer los extremos del citado informe que señalaban un incremento injustificado de su patrimonio, no aportando en aquel momento, ni en el debate, prueba fiable que desvanezca dicho incremento.”En relación al dictamen pericial de la defensa privada, en el numeral cuarto afirmó el Sentenciador: “La anterior pericia, de acuerdo a lo manifestado por el señor David Alvarenga Redondo, fue elaborada en base a revisión de toda la documentación, operaciones contables y registros que se encuentran el expediente número 141-185, resaltándose que no fueron introducidos en la auditaría que realizó el Tribunal Superior de Cuentas, todos los ingresos que percibió el señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo, ya que no se tomó en cuenta desde que ingreso como Empleado a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, así como los activos (vehículos) que se indican que eran de su propiedad, si estaban en su poder realmente y si estaban valorados adecuadamente, si bien la defensa hizo referencia para justificar los depósitos injustificados del señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo, a un préstamo otorgado por el padre del imputado a éste, sin embargo no se aportó prueba en el acto del debate, que confirmen, que el acusado, además de su sueldo como Aforador de Aduanas de la Dirección Ejecutiva de Ingresos; percibió ingresos por concepto de dicho préstamo. En ese sentido, entiende el Tribunal que la pericia, diferente a el Informe elaborado por el Tribunal al Superior de Cuentas, fue realizada, con el propósito de justificar los depósitos no justificados que mostraron los estados de cuentas del acusado. Siendo estos juzgadores del firme criterio, que el análisis en conjunto de la prueba de cargo y de la defensa allegada al debate, demostró de manera certera, que el acusado obtuvo un incremento patrimonial injustificado por un valor de ciento cincuenta mil trecientos veintisiete lempiras con sesenta y nueve centavos (L.150, 327.69), por lo que cabe dedicarle la responsabilidad respectiva, al haber faltado a la rectitud que deben observar los servidores en el ejercicio de la función pública.” Para esta Sala de lo Penal los razonamientos del A-quo para valorar ambos dictámenes no son contradictorios, al dictamen del Ministerio Público el A-quo le otorga credibilidad, establece que la perito contó con la documentación soporte adjunta al expediente investigativo y que la conclusión del perito es que el ahora acusado incrementó de manera injustificada su peculio personal, resaltando que ese aumento patrimonial correspondía a múltiples depósitos bancarios que excedía su sueldo como servidor público; en cuanto al dictamen de la defensa privada estableció el Juzgador que según el perito David Alvarenga su pericia fue elaborado en base a la revisión de toda la documentación, operaciones contables y registros que se encuentran en el expediente 141-85, afirma que Sentenciador que este dictamen es diferente al informe del Tribunal Superior de Cuenta y que la defensa lo que pretendió fue justificar los depósitos que el acusado no pudo demostrar su procedencia legal; concluyendo que son del firme criterio que del análisis conjunto de la prueba de cargo y de la prueba de la defensa, se demostró de manera certera que el acusado tuvo un incremento patrimonial injustificado por 150,327.69 lempiras; al analizar ambos razonamientos judiciales, se confirma que el planteamiento del censor es erróneo, pues el Juzgador no le otorga credibilidad a ambos dictámenes, pues sus planteamientos sobre ellos son totalmente distintos, observando en sus razonamientos la aplicación de las reglas de la sana crítica. En el segundo cuestionamiento el censor no utiliza la técnica recursiva adecuada para fundamentar su vicio casacional, afirmó el censor que se violenta la regla de la derivación y el principio lógico de razón suficiente en relación al dictamen pericial del Ministerio Público ratificado por la Licenciada Marbeli Yajaira Calderon Hernández y a las resoluciones y dictámenes que se aprecian en el Tribunal Superior de Cuentas en el expediente 141-185 y resolución 037/2008-SG-TSC, afirmando el censor que los referidos medios de prueba no cumplen con la regla que manda que deben ser verdaderos y suficientes. Para esta Sala de lo Penal el censor ha interpretado mal en que consiste el principio lógico de derivación y razón suficiente, pues éstos principios, así como el resto de las reglas de la sana crítica, no se refieren a los medios de prueba en sí, sino que al razonamiento judicial, es decir al señalar cualquiera de las reglas del correcto pensamientos como violentadas, no se refiere a la veracidad o suficiencia del medio de prueba, sino que a la veracidad o suficiencia del razonamiento del Juez, lo que se busca es que la valoración del juez se derive de la prueba, que el razonamiento del Juez tenga razón suficiente para considerarse válido y verdadero y de igual forma que no sea contradictorio, es decir que no contenga argumentos contrapuestos; en el presente caso esta Sala de lo Penal ha verificado que el Tribunal Sentenciador realizó una correcta valoración probatorio, estableciendo la apreciación descriptiva e intelectiva de cada medio de prueba y luego realizó una valoración conjunta y armónica, aplicando en cada juicio de valor las reglas de la sana crítica por lo que este motivo debe ser declarado no ha lugar. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo numerus apertus, son: 1. Negación de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma Constitucional que se denuncia infringida: 222 y 32 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: sin determinar por el censor. Pretensión: que se absuelva al imputado. Explicó el censor que el artículo 222 de la Constitución establece que es el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que determinará el enriquecimiento ilícito y que el Tribunal de Sentencias para dictar fallo se basó prácticamente en el peritaje del Ministerio Público y las resoluciones del TSC no les merece credibilidad pues el Sentenciador afirmó: “que el TSC le contabilizó de manera errónea sus gastos familiares pues los mismos los aumentó subjetivamente sin ningún soporte…” afirma el recurrente que, ante la falta de credibilidad que le merecen los dictámenes y resoluciones del TSC, opta por realizar una operación matemática propia de un perito, hasta concretar una precisar una cantidad concreta no justificada; por lo que el Tribunal Sentenciador asume un papel que no le corresponde, que es propio del Tribunal Superior de Cuentas. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal luego de revisar los planteamientos del recurrente, encuentra sus argumentos erróneos, totalmente equívocos y contrarios a la técnica casacionista; en primer lugar la norma constitucional que consideró como infringida es el articulo 222 de nuestra Carta Magna, la cual crea y regula el Tribunal Superior de Cuenta, como un ente regulador y de control de los recursos públicos, estableciendo sus funciones, pero ese artículo no contiene ninguna relación con el derecho penal, recordemos lo que ha señalado ya la Sala de lo Penal como criterio jurisprudencial que: “…En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional.” ¿Cuál es el derecho fundamental que el recurrente considera violentado a través de la denuncia de una norma constitucional que se refiere a la creación y funcionamiento de un ente regulador del Estado? Si bien en el referido articulo constitucional, dentro de la funciones que establece para el Tribunal Superior de Cuentas esta. “la determinación del enriquecimiento ilícito” esa faculta claramente la establece dentro del ámbito administrativo, pues el ámbito judicial “Juzgar y ejecutar lo juzgado” compete al Poder Judicial, por tanto no puede considerarse infringida una norma constitucional que no guarde relación con un derecho fundamental amparado en nuestra Constitución o en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. De igual forma el censor considera violentado el artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, articulo que fue derogado con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal decreto 130-2017 vigente a partir del año 2019. También el censor cuestionó que el Sentenciador haya establecido en su razonamiento que el informe del Tribunal Superior de Cuentas contabilizó de manera errónea los gastos familiares del señor Romero Vallecillo, luego hizo una operación aritmética precisando una cantidad concreta no justificada y asumiendo un papel que no le corresponde, además cuestionó el impetrante que el Juzgador consideró el informe del TSC como erróneo. Al respecto esta Sala de Casación no encuentra ningún vicio que merezca reproche casacional, recordemos que el dictamen pericial es un medio de prueba de coadyuva al Juez en su labor de juzgar, pero no vinculante para su decisión, no lo limita al analizar y razonar de forma conjunta y armónica con ese dictamen con el resto de pruebas, en el caso subjudice, el Sentenciador tomó como base el dictamen del Ministerio Público que contiene el estudio y análisis del expediente, resoluciones y dictámenes que dictó el Tribunal Superior de Cuenta, es decir por supuesto que toma como base de condena esa resolución del ente regulador, pero a través del Dictamen del ente fiscal, es conclusión es exactamente lo mismo. Al cerciorarse el A-quo de un error matemático en el informe del Tribunal Superior de Cuentas en relación a que los gastos familiares habían sido aumentados subjetivamente, no se esta atribuyendo funciones que no le corresponden, simplemente esta analizando el medio de prueba y al hacer el cálculo matemático simplemente está aplicando lo que todos aprendimos en la escuela, a restar y sumar para luego concluir en cual es la cantidad exacta que no justificó el señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo, siempre tomando como base de su argumento el dictamen pericial del Ministerio Público y el informe del Tribunal Superior de Cuentas. El mismo recurrente acepta que el Tribunal Superior de Cuentas concluye que el ahora acusado no justificó una cantidad de dinero y que por lo tanto tiene responsabilidad administrativa, el A-quo luego de los medios probatorio determinó que también existía responsabilidad penal, por lo que no observamos ningún yerro judicial, pues las actuaciones del A-quo fueron correctas; por todas las razones ante expuestas es procedente declarar no ha lugar el presente motivo de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de precepto constitucional en sus únicos motivos, interpuestos por la defensa privada. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el artículo 42 y 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, declaró responsable al acusado Jacobo Anahel Romero Vallecillo, por el delito de Enriquecimiento Ilícito en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión; y una multa de ciento cincuenta mil trescientos veintisiete lempiras con setenta y nueve centavos (L. 150,327.79). Se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e interdicción civil,; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 484 tiene regulado el delito de enriquecimiento ilícito y establece: “El funcionario e empleado público que incrementa su patrimonio en más de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00) por encima de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos («) años después de haber cesado en ellas y por motivos que no puedan ser razonadamente justificados, debe ser castigado con las penas de prisión de cuatro (4) a seis (6) años, multa por una cantidad igual o hasta el triple del enriquecimiento ilícitamente obtenido e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión. Los hechos a que se refiere el párrafo anterior deben ser castigados con la pena de prisión incrementada en un tercio (1/3), multa por una cantidad igual o hasta cuatro (4) veces el enriquecimiento indebidamente obtenido e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena de prisión, si la cuantía del enriquecimiento ilícito supera el Millón de Lempiras (L 1,000.000.00).” (Lo resaltado es nuestro) Los hechos declarados probados por el Tribunal Sentenciador revelan que: “PRIMERO: Que el señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, ingresó a laborar para la Dirección Ejecutiva de Ingresos a partir del ocho de septiembre del año mil novecientos noventa y tres (8 de septiembre de 1993), hasta la fecha del diecisiete de octubre del año mil novecientos noventa y siete (17 de octubre de 1997) como Delegado Fiscal, donde ahorro la cantidad únicamente de DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L.12,759.63), producto de sus sueldos devengados en dicho periodo. SEGUNDO: Que en fecha veinte de octubre del año mil novecientos noventa y siete (20 de octubre de 1997) el señor JACOBO ANAHEL ROMERO VALLECILLO, tomó posesión de su cargo como Aforador de Aduana en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, laborando hasta la fecha seis de diciembre del dos mil uno (6 de diciembre del 2001), lapso de tiempo donde adquirió activos valorados en SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L.691, 242.66) provenientes de un vehículo, una vivienda, saldos de cuenta bancaria, cuenta de una cooperativa, aportaciones y menaje de vivienda, así mismo contaba con un pasivo de CUATROCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.407, 056.64), conformado por préstamos hipotecarios y préstamos fiduciarios, teniendo al momento de ser cancelado de su función pública un patrimonio a su favor por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L.284,186.02), en donde el ingreso neto para cubrir este aumento de su patrimonio era de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON TEINTA Y TRES CENTAVOS (L.274,571.33), provenientes de sus ingresos consistentes en sueldos, intereses bancarios y excedentes, menos sus gastos familiares, deducciones obligatorias, intereses pagados por un préstamo, cantidad ésta que tenía disponible para cubrir dicho crecimiento en su capital, teniendo un excedente con respecto a lo que podía adquirir con sus ingresos lícitos de NOVECIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS (L.914,069.00), en el mismo período realizó depósitos sin justificación por la cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS EXACTOS (L.141,713.00), sumando un total de CIENTO CINCUENTA MIL TRECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.150,327.69), sin demostrar su procedencia.”(Lo resaltado es nuestro). Si se analiza el artículo 484 de la nueva ley penal, se establece de forma categórica que se constituirá en el delito de enriquecimiento ilícito, el funcionario o empleado público que incremente su patrimonio en más de Quinientos Mil Lempiras (L 500,000.00) por encima de sus ingresos legítimos, pero los hechos probados establecen como verdad incuestionable que el acusado Jacobo Anahel Romero Vallecillo incrementó su patrimonio y no pudo justificar unos depósitos que suman ciento cincuenta mil trecientos veintisiete lempiras con sesenta y nueve centavos (L.150,327.69), cantidad que no alcanza a cubrir con los quinientos mil lempiras que regula el Código Penal decreto 130-217, es decir que los funcionarios o empleados públicos que incrementen su patrimonio en cantidades menores a quinientos mil lempiras, no cometen el delito de enriquecimiento ilícito, por tanto lo procedente es el dictado de un sobreseimiento definitivo, tal como lo regula el artículo 615 del referido Código Penal. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, es más favorable para el imputado la aplicación del decreto 130-2017 pues es le es más beneficioso, en ese sentido procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal.Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 484, y 615 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Precepto Constitucional en sus únicos motivos, interpuestos por el Abogado Kileer Acosta García, en su condición de Defensor Privado del señor Jacobo Anahel Romero Vallecillo a quien se le condenó por el delito de Enriquecimiento Ilícito, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, por la conducta reprochada a Jacobo Anahel Romero Vallecillo. Tercero: Conforme al nuevo Código Penal decreto 130-2017, determina Sobreseer Definitivamente al acusado Jacobo Anahel Romero Vallecillo, por el delito de Enriquecimiento Ilícito en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras. Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado en el apartado anterior, que la secretaría del despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de este fallo, para su inmediato cumplimiento. Redactó Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – lety emelda posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veintitrés días del mes de julio de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-320-2019.
LETY EMELDA POSADAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL