Sentencia CP-306-19 — Registro 20410
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de homicidio simple, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal por no representar beneficio para el imputado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Expone una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define la recurrente como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva, el motivo segundo del recurso planteado es desestimado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 363 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
. El Tercer Motivo No Es De Recibo. La recurrente en la exposición de su motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconocen la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “La recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la Sana Critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad la regla de la sana critica que alega ha sido violentada, no desarrollándola de manera clara, estableciendo alegatos de instancia. La recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la Sana Critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalado por la recurrente, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La parte en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda de que la recurrente presentan queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un Recurso de Casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. No habiéndose presentado de manera adecuada el Recurso, esta Sala de lo Penal debe desestimar el motivo tercero interpuesto por la recurrente
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 3, 363 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El motivo no es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por la recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por Infracción de Ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis de la recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente del caso en estudio, la Sala de lo Penal ha llegado a la conclusión de que el hecho declarado probado que refiere el fallo impugnado: “Primero: Que en fecha catorce de julio del año dos mil doce, como a eso de las ocho de la mañana el señor Héctor Darío Galindo Sosa salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá en este departamento de Olancho, en compañía de los señores Douglas Adonis Macías Castro, Ronmel Savier Galindo Sosa, Efraín Obando Y Miguel Herrera, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor Héctor Darío Galindo Sosa, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor Franklin Omar Padilla Ruiz.- Que los disparos realizados por Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor Héctor Darío Galindo Sosa porque él iba adelante de los demás, quien recibió seis impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. Segundo: Que después que el señor Héctor Darío Galindo Sosa cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y, los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar.” Del factum de la sentencia que se impugna se deriva con toda claridad y precisión que el acusado Franklin Omar Padilla Ruiz, fue uno de los atacantes del señor Héctor Darío Galindo Ruiz, que los disparos realizados por Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes impactaron en el cuerpo del señor Héctor Darío Galindo Sosa, provocando seis impactos de bala en la cabeza, brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. En este caso, los hechos declarados probados por el Juzgador se subsumen o encuadran perfectamente en los elementos objetivos y subjetivos del artículo 116 del Código Penal, por lo que el único motivo de casación por infracción de Ley invocado por la recurrente es desestimado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de Franklin Omar Padilla Ruiz, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Franklin Omar Padilla Ruiz, la pena principal de quince años de reclusión como responsable penalmente del delito de Homicidio, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, así como la responsabilidad civil. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Franklin Omar Padilla Ruiz, conforme el CP-144-83 al ser de quince (15) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de quince (15) a veinte (20) años de prisión; Quedando una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615, 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-306-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo de los Recursos de Casación SP-306-2019 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante el cual falló: PRIMERO: Condenó a Franklin Omar Padilla Ruiz, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de Héctor Darío Galindo Sosa, a la pena de quince años de reclusión. SEGUNDO: Condenó a Franklin Omar Padilla Ruiz, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Franklin Omar Padilla Ruiz. - No procede decretar el comiso. CUARTO: Se declaró la responsabilidad civil en contra de Franklin Omar Padilla Ruiz. Son partes en única instancia: La Abogada Yanira Ibeth Rosales Garcia, en su condición de defensora privada de Franklin Omar Padilla Ruiz, como parte recurrente; y, el Abogado Elblin Orlan Macías Nolasco, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“PRIMERO: Que en fecha catorce (14) de julio del año dos mil doce (2012) como a eso de las ocho (8:00) de la mañana el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá en este departamento de Olancho, en compañía de los señores DOUGLAS ADONIS MACIAS CASTRO, RONMEL SAVIER GALINDO SOSA, EFRAIN OBANDO Y MIGUEL HERRERA, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ.- Que los disparos realizados por FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA porque él iba adelante de los demás, quien recibió seis (6) impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un (01) impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. SEGUNDO: Que después que el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y, los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Yanira Ibeth Rosales Garcia, en su condición de defensora privada de Franklin Omar Padilla Ruiz, procedió a formalizar sus Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 116 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación, se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La norma que se cita o considera como infringida, prescribe lo siguiente: Articulo 116: "Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de HOMISIDIO SIMPLE, e incurrirá en la pena de quince (1 5) a veinte (20) años de reclusión. El Tribunal de Sentencia recurrido al fallar la presente causa estableció como hecho probado dos siendo los siguientes: PRIMERO: Que en fecha catorce (14) de julio del año dos mil doce (201 2) como a eso de las ocho (8:00 A.M.)el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá, en este departamento de Olancho, en compañía de los señores DOUGLAS ADONIS MACIAS CASTRO, RONMEL SAVIER GALINDO SOSA, EFRAIN OBANDO Y MIGUEL HERRERA, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá, y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ.- que los disparos realizados por FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA porque él iba delante de los demás, quien recibió seis impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un (01) impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. SEGUNDO: Que después que el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar. A continuación señalaremos concretamente el vicio que contiene la sentencia recurrida y que sustenta el presente motivo, el cual lo expresamos de la forma siguiente: Es doctrinariamente aceptado y de hecho nuestra legislación exige que los hechos probados que deba declarar como tal el juzgador en una sentencia, como su propio nombre lo indica, debe ser la narración de un hecho o hechos en la cual el sentenciador debe exteriorizar de su propia voz o lenguaje y no narración de lo dicho por las personas que de una u otra forma hayan participado en el juicio o debate; en otras palabras, un hecho probado que se declare como tal en una sentencia penal, donde se declare la culpabilidad de una persona por haber participado en la comisión de un determinado delito, debe ser la descripción del hecho cometido y la participación del acusado, narrado de viva voz del órgano jurisdiccional juzgador, del cual se desprenda tanto el hecho cometido como la participación del acusado. Como podemos apreciar en el cuadro factico que el Tribunal recurrido declara en esta sentencia, el sentenciador se pronuncia en el hecho PRIMERO, donde hace una narración en forma general de las circunstancias de cómo se produjo el hecho, y posteriormente expresa, que fueron atacados por varias personas entre ellas el acusado FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ, que los disparos realizados por él y sus acompañantes impactaron en el cuerpo del señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA; Y en su hecho SEGUNDO: Que los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba el occiso. Señores Jueces Supremos esa declaración de hechos probados que realiza el Tribunal ahora censurado, más parece a una valoración de prueba que a una declaración de hechos probados; implica que de acuerdo a como están redactados los hechos primero y segundo que a estimado el sentenciador, este no expresa con firmeza en ese hecho, cual haya sido la acción y participación de mi cliente una de las varias personas que le dispararon al ahora occiso HECTOR DARIO GALINDO SOSA, sino, lo que el juzgador expresa en su hecho probado es que el imputado se encontraba dentro de las personas que atacaron y que los disparos realizados por el imputado FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ y sus acompañantes lograron impactar en el cuerpo del occiso; lo cual de lo anterior no se desprende en forma clara y precisa la acción que mi representado realizo dentro del grupo y participación en los hechos por el cual se le ha condenado, uno porque el Tribunal sentenciador no hace declaración expresa y terminante que el señor FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ, haya tenido participación especificando las acciones directa efectuadas por su persona en el hecho y dos lo que se expresa en el cuadro factico que se comenta, es que los disparos de él y sus acompañantes lograron impactar al occiso sin expresar en que condición cada uno de ellos, pues andaban armas diferentes, lo que vuelve confuso el hecho declarado como tal y por lo tanto esta defensa considera que del cuadro factico que se comenta, no se desprende participación clara y concreta de nuestro representado y por ende el fallo condenatorio que ahora se recurre, contiene el vicio contentivo de transgresión por aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal. Repetimos la declaración de hechos probados en una sentencia penal, consiste en la descripción o narración por parte del juzgador, del hecho o hechos que se hayan realizado de los cuales debe necesariamente desprenderse la participación culpable del imputado, debiendo existir claridad, precisión y concordancia entre esos hechos descritos, con lo resuelto por el sentenciador, pero en esta causa lo que se aprecia en el hecho primero y segundo declarado como probado por el juzgador, es que se hicieron disparos por distintas personas y que estos impactaron en el occiso; lo anterior en términos concretos no constituye declaración de un hecho preciso y concreto que implique responsabilidad penal para mi representado, sino una descripción general de por parte del sentenciador. APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Tal y como se encuentran redactados los hechos probados del fallo que se recurre, la norma que debió aplicar en esta causa, es la contenida en el artículo 339 del Código Procesal Penal, que regula todo lo relativo a la sentencia absolutoria, esto porque como lo hemos expresado el sentenciador no fija en forma expresa que haya sido mi cliente de forma exclusiva el que le quito la vida al ahora difunto, sino, su relato factico consiste en describir lo que dijo uno y otro testigo, lo cual no es permitido en la declaración de hechos probados, ya que estos son la voz del juzgador en la cual este debe exteriorizar de su voz cual es el hecho que se le ha probado con el material probatorio incorporado y del cual debe desprenderse la participación concreta de la persona acusada, lo cual no acontece en este caso en el cual refieren que los disparos fueron realizados por FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ Y sus acompañantes sin precisar acciones realizadas por este al hoy occiso pero al efecto no describe la acción específica que realizo este; situación que en derecho penal no es permitido o aceptado, ya que para que a una persona se le deduzca responsabilidad por un hecho debe necesariamente individualizarse en forma puntual cual es el hecho que haya realizado el acusado y cual a sido su participación en el mismo; ello implica que para que el cuadro factico del Juzgador sea válido, este debió expresar el hecho declarado como tal, que el señor Franklin Omar Padilla Ruiz, en compañía de otras personas escondidos, esperaron al ofendido y cuando este se aproximó al lugar el imputado disparo contra la humanidad de la víctima provocándole varias lesiones que le produjeron la muerte; pero, repetimos nada de ello ocurrió en esta oportunidad y es de allí de donde se produce el vicio que se alega y por ende la aplicación pretendida en este motivo, es la absolución de mi representado. SEGUNDO MOTIVO: Por falta de claridad y no ser terminante la declaración de los hechos que el Tribunal estimo probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO El Tribunal de Sentencia censurado, expresó en el hecho probado único que: En fecha catorce (14) de julio del año dos mil doce (201 2), como a eso de las ocho (8:00 A.M.)el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá, en este departamento de Olancho, en compañía de los señores DOUGLAS ADONIS MACIAS CASTRO, RONMEL SAVIER GALINDO SOSA, EFRAIN OBANDO Y MIGUEL HERRERA, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá, y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor FRANKLIN " OMAR PADILLA RUIZ.- que los disparos realizados por FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA porque el iba delante de los demás, quien recibió seis impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un (01) impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. SEGUNDO: Que después que el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar. A continuación señalaremos el vicio en la forma que contiene la sentencia recurrida, específicamente en lo que concierne a la falta de claridad y no ser terminantes o precisos los hechos que el Tribunal declaro y estimo como probados, en este caso nos referimos al hecho primero que se estimó como tal; vicio que lo identificamos de la forma siguiente: Como se observa, el sentenciador al establecer su cuadro factico narra que el ofendido el día del hecho, salió de la casa de habitación en compañía de otras personas que en el trayecto de regreso fueron sorprendidos por varias personas quienes les esperaban y quienes dispararon contra la humanidad del occiso causándole varias lesiones que le provocaron la muerte, que una dentro de estas personas se encontraba el acusado de nombre FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ y sus acompañantes. Como podemos apreciar señores Jueces el relato que hace el Juzgador en cuanto a la autoría de mi representado no es claro ni terminante o preciso, ya que el sentenciador expresa que habían varias personas y que el ahora occiso recibió siete impactos de bala de los hechores; pero al efecto no menciona sus acciones y participación y por otra parte, lo anterior no suple la obligación que tiene el sentenciador de fijar puntualmente en forma precisa y categórica los actos o hechos realizado o ejecutados por el imputado y la participación que en ellos haya tenido el encausado y cómo podemos apreciar en el cuadro factico descrito y estimado como probado por el Tribunal recurrido, en ningún momento se describe o expresa de voz del juzgador que el señor FRANKLIN PADILLA haya causado de forma personal y única las lesiones de efecto mortal al ahora occiso HECTOR DARIO GALINDO SOSA, aspecto que constituye el vicio de Casación en la Forma que se encuentra comprendido en el numeral uno (1) del artículo 362 del Código Procesal Penal, por no ser claro y terminante el hecho probado que el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, ha estimado como tal en la sentencia que por este acto se recurre y como efecto o consecuencia jurídica el Alto Tribunal de Justicia a través de la Sala Penal, deberá proceder a anular la sentencia dictada así como al debate o juicio, para que el mismo sea realizado de nuevo con la concurrencia otros Jueces para que subsanen los vicios cometidos en esta oportunidad. TERCER MOTIVO: Por haber dejado de considerar el juzgador, prueba de valor decisivo en el juicio y la excluya. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El medio de prueba que el Tribunal dejo de considerar es la declaración testifical del testigos de descargo (defensa) señores OCTAVIO DE JESUS PADILLA, quien declaro: Lo que sé que FRANKLIN ese día se encontraba en la aldea la Laguna, porque el abuelo lo llamo para que fuera a cuidarle un frijolar que les estaban robando y entonces ese problema fue el 14 de Julio del año 201 2, y en esa fecha venia un hijo mío para la aldea de Tegucigalpa y lo estaba esperando... este testigo al ser preguntado por esta defensa dijo que el día de los hechos el señor Franklin se encontraba en la aldea de La Laguna y que la distancia que hay entre una comunidad y otra son tres horas de camino montado y en carro no hay paso. El vicio denunciado que adolece la sentencia consiste en que el juzgador en el apartado de la valoración de la prueba de la sentencia de mérito, no consideró o no le da ningún valor a la prueba que hemos citado, es decir a la declaración testifical propuesto por la defensa de nombre OCTAVIO DE JESUS PADILLA. Como podemos apreciar el testigos afirmo en forma categórica que el día del hecho él se encontraba junto al imputado esperando un hijo de la ciudad de Tegucigalpa, El numeral segundo del artículo 362 del Código Procesal Penal, en su última parte prescribe como motivo de Casación en la forma, si el sentenciador excluya o deja de considerar una prueba de valor decisivo; en este caso específico la defensa del imputado, considera que el decisor excluyo, o no considero o mejor dicho no valoro unas pruebas de valor para la defensa como es el testimonio de la persona que antes se han citado, que si bien es cierto no estuvieron presentes al momento del hecho, pero tuvieron conocimiento de circunstancias determinantes para la resolución de la presente causa, como es el hecho que el testigo a dicho que el imputado el día y hora del hecho criminoso, se encontraba junto a él, importantes es destacar el hecho que ninguna persona puede estar o permanecer en dos lugares a la vez, en el juicio ha quedado evidenciado con la prueba propuesta por la defensa, que el acusado al momento y hora del hecho se encontraba en otra aldea, pero a la vez la acusación introdujo prueba donde se deja entrever que el imputado era una de las personas que realizaron el hecho, situación que como ya se explicó en otro de los apartados de este recurso, el juzgador no ha sido claro en lo que respecta a ese extremo, pero lo determinante para los efectos del presente motivo, es que el sentenciador no da una razón lógica convincente del porque le resta valor a la declaración antes citada, el Tribunal no hace referencia a dicha declaración en su fallo, siendo suficiente el resto de la prueba para llegar a una decisión de condena, restando valor probatorio lo que en debate informo el testigo de esta defensa; por lo tanto el sentenciador no ha considerado o valorado un medio de prueba que era base fundamental para acreditar la inocencia de nuestro defendido; y por ello consideramos el órgano Jurisdiccional Superior mediante la prerrogativa que la Ley le otorga, deberá proceder a anular tanto la sentencia como el debate ejecutados en la presente causa. QUINTO MOTIVO: No haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. La Sana Critica o Sana Critica Racional como lo establece la Doctrina, está formada por un conjunto de normas o Leyes, en la cual el Juzgador está obligado a respetar al momento de decidir o resolver una causa o asunto especialmente de orden penal, las que analizadas en su conjunto vienen a constituir aquellos principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. La lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de Identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente. Esta sala de lo Penal estima que en el presente caso. tal como lo argumentan los recurrentes. se ha infringido la regla de la sana critica de lógica. especialmente al Ley de Tercero Excluido. en tanto la conclusión a la que arriba el juzgador de instancia no es congruente con la prueba legalmente incorporada por las partes en la audiencia del juicio. Efectivamente, las testigos de descargo señoras DULCE MARIA FLORES y GLENDA ARACELY ARTICA, si bien se trata de la esposa y empleada del acusado, razón que bastó al juzgador para restar virtualidad y valor probatorio, se trata de testigos oculares por haber estado presentes al momento del hecho justiciable, las que han sido contestes al declarar que el ahora occiso señor WALTER ALE)(ANDER MERLO RIVERA, acudió hasta el puesto de mercado de la señora DULCE MARIA FLORES, y profirió ofensas contra ella, mismas que reiteró en presencia del esposo de ésta, el ahora acusado señor WILSON PAVON CANALES, el que de forma congruente con los testigos de descargo declaró que fue atacado con un puñal por el ahora occiso, por lo que utilizó su arma de fuego, disparando contra el atacante MERLO RIVE RA, perdiendo este la vida, acción que realizó a efecto de defender su vida. Esta versión de los hechos se deriva de la práctica de la inspección judicial del Tribunal en la que los jueces en presencia de las partes comprueba la versión de la policía de investigación de la DGIC JAIRA SUYAPA RAMOS, quien participó en la diligencia de levantamiento del cadáver, la que informó (ver informe de investigación folio 3 al 7 del proceso) al Tribunal que al concurrir a la escena del delito ya se encontraban al lado del ahora occiso las señoras KARLA LEONOR y YENNI LORENA CARCAMO RIVERA, esposa y cuñada respectivamente, momento en que pudieron recoger el arma tipo puñal que afirman los testigos oculares, portaba el ahora occiso al momento de los hechos, así mismo refiere que pudo constatar que esa era la versión que escuchó de las personas presentes en el lugar por lo que existen elementos de juicio suficientes para asumir que la escena del delito fue contaminada. Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que las testigos de cargo señora KARLA LEONOR y YENNI LORENA CARCAMO RIVERA, esposa y cuñada, no estaban presentes al momento de los hechos en la escena del delito por lo que en poco o en nada aportan al descubrimiento de la verdad. Asimismo, que la defensa técnica del acusado fundada en la prueba de descargo no ha negado el hecho imputado, pero estiman que la acción del imputado se encuentra amparada en la causa de justificación de haber obrado en legítima defensa de su persona. Si bien no fue encontrada por la agente de investigación y menos peritada el arma tipo puñal que afirman el testigo y el propio acusado utilizó el ahora occiso MERLO RIVERA para atacarlo, su existencia real se deriva claramente de la prueba legalmente incorporada al juicio. Por otra parte, también se ha violado la Ley de Razón Suficiente. en tanto las razones para restar virtualidad y valor probatorio a la prueba de descargo son a todas luces insuficientes, pues no por el solo hecho de ser las testigos oculares la esposa y la empleada del acusado se debe asumir por sí. Tal y como lo transcribimos en el motivo anterior, el testigos que esta defensa propuso y fue evacuado para demostrar la inocencia de nuestro representado fue: OCTAVIO DE JESUS PADILLA; además expreso este testigo que del lugar donde ellos se encontraban a donde se produjo el hecho, se tarda tres horas montado; Como podemos apreciar este testigo de descargo, mencionan circunstancias importantísimas para la decisión que debió tomarse en esta causa; no es posible que el Tribunal sentenciador no exprese en una forma simple en su valoración de prueba, que a este testigos de la defensa no les da mayor relevancia en términos jurídicos probatorios; desconociendo el juzgador, que el testigo ha manifestado que el imputado al momento del hecho, se encontraba en otra comunidad, y no es posible que esta persona haya estado en dos lugares al mismo tiempo, situación que el sentenciador no lo ha podido explicar o razonar como corresponde en el apartado de valoración de prueba de su sentencia, violando con ello la Ley de razón Suficiente que se transgrede, cuando el Juzgador al momento de valorar la prueba en una sentencia, realiza razonamientos ilógicos, insuficientes o fuera de la razón común; también con ello esta defensa considera violado el principio de la Derivación que es un elemento integrante de la Lógica, pues el sentenciador no ha sido capaz en su argumentación de derivar las circunstancias de valor probatorio a las cuales se refirieron los testigos de defensa; reiteramos es inconcebible que el Juzgador para restar valor a un medio de prueba testifical exprese solamente que a ese medio de prueba no le da mayor relevancia sin explicar más detalles, ello solo conlleva a la consecuencia jurídica de violación a las Reglas de la Sana Critica. Tanto el principio de Derivación como la Ley de Razón Suficiente le exigen al juzgador que todo elemento de prueba sea de cargo como de descargo, que haya sido incorporado al debate, debe ser suficientemente razonado o explicado al momento de valorar el material probatorio que decida la causa, es decir, el sentenciador está obligado a expresar en su razonamiento, las circunstancias del porque no le da valor a determinado medio de prueba o por el contrario porque le merece credibilidad; pero el decisor en esta oportunidad, no les da mayor relevancia probatoria. La Honorable Corte Suprema de Justicia, cuenta con abundante Jurisprudencia en cuanto a violación de las Reglas de la Sana Critica, especialmente en lo que se refiere al principio de la Derivación y la Ley de razón Suficiente; entre ellos podemos citar la sentencia de fecha 1 9 de febrero del 2008, dictada por unanimidad de votos por la Honorable Sala Penal en el caso identificado en la Instancia con el No AP-087-2006 e instruido contra el señor WILSON PAVON CANALES, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de WALTER ALEXANDER MERLO RIVERA, en el cual se plasman entre otros los siguientes aspectos: que faltan a la verdad. aseverando lo informado el informe de la investigación rendido por la agente de investigación. constatado por el medio de prueba de 6) inspección ocular practicado por el tribunal de juicio a la escena del delito. Finalmente se estima infringida la Ley lógica de Derivación, pues al A quo no logra derivar de la prueba legalmente incorporada al juicio, la existencia real del arma tipo puñal que según los testigos de descargo y el propio acusado portaba el ahora occiso al momento de los hechos y que no pudo ser encontrada por la agente de investigación debido a que como se dijo, la escena del delito fue contaminada por la presencia en el lugar de los hechos de las señoras KARLA LEONOR y YENNI LORENA CARCAMO RIVERA, esposa y cuñada del ahora occiso respectivamente, no obstante, el informe policial y la inspección ocular del tribunal. Medios de prueba que al momento de formular conclusiones apreció la fiscalía, por lo que en la fase de conclusiones en estricta aplicación del principio de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio Publico, pidió al juzgador dictar a sentencia absolutoria a favor del acusado señor WILSON PAVON CANALES, por haberse acreditado en juicio una legítima defensa a favor del acusado. Y aunque en el presente caso está claro que no se ha infringido el principio acusatorio que rige nuestro sistema procesal en materia penal, pues el Tribunal ha condenado al acusado por los cargos de los que se ha defendido en juicio inmersos en el acto de formalización de acusación, también es claro. que el A quo ha valorado la prueba incorporada al juicio y condenado al acusado, con inobservancia de las reglas de la sana critica de la lógica por las razones antes ya expuestas. En consecuencia, de lo anterior esta Sala de lo Penal declara procedente el motivo de casación invocado por los recurrentes. (Lo subrayado es nuestro) Señores Magistrados los hechos argumentados en aquella oportunidad son similares a los que esta defensa alega, pues se trata de que el órgano Jurisdiccional de Instancia no valoro correctamente los medios de prueba que fueron incorporados y ejecutados en debate a instancia de la defensa, violando con ello como ya se expuso la regla de la Derivación, la Ley de Razón Suficiente incluso con ello se ha trasgredido a la vez la Ley de Tercero Excluido, pues lo hechos probados que el Tribunal de Sentencia recurrido estimo como probados, no son congruentes con la prueba ejecutada en debate, especialmente la evacuada a instancia de la defensa; es por ello que con el actuar del sentenciador se ha violentado los elementos que integran la lógica antes dichos y por ende las Reglas de la sana Critica, vicio que a través del presente motivo solicitamos su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. •Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; •Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 116 del Código Penal; •Concepto de la infracción: Aplicación indebida del articulo116 del Código Penal; •Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad por cometerse el yerro en la sentencia misma; •Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente lo siguiente: que la declaración de hechos probados que realiza el Tribunal ahora censurado, más parece a una valoración de prueba que a una declaración de hechos probados; implica que de acuerdo a como están redactados los hechos primero y segundo que a estimado el sentenciador, este no expresa con firmeza en ese hecho, cual haya sido la acción y participación de mi cliente una de las varias personas que le dispararon al ahora occiso Héctor Darío Galindo Sosa, sino, lo que el juzgador expresa en su hecho probado es que el imputado se encontraba dentro de las personas que atacaron y que los disparos realizados por el imputado Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes lograron impactar en el cuerpo del occiso; lo cual de lo anterior no se desprende en forma clara y precisa la acción que mi representado realizo dentro del grupo y participación en los hechos por el cual se le ha condenado, uno porque el Tribunal sentenciador no hace declaración expresa y terminante que el señor Franklin Omar Padilla Ruiz, haya tenido participación especificando las acciones directa efectuadas por su persona en el hecho y dos lo que se expresa en el cuadro factico que se comenta, es que los disparos de él y sus acompañantes lograron impactar al occiso sin expresar en que condición cada uno de ellos, pues andaban armas diferentes, lo que vuelve confuso el hecho declarado como tal y por lo tanto esta defensa considera que del cuadro factico que se comenta, no se desprende participación clara y concreta de nuestro representado y por ende el fallo condenatorio que ahora se recurre, contiene el vicio contentivo de transgresión por aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal. Del delito de homicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Casación afirma que la vida (artículo 3) y la dignidad humana (artículo 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (artículo 3) y la libertad (artículo 3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (artículo 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho, el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal; entre éstos, en el Capítulo I, el delito de homicidio. El delito de homicidio, protege la vida independiente como bien jurídico protegido ello obliga a definir cuándo inicia y termina ésta a efectos de delimitar claramente el marco de operatividad del tipo penal: A. Partiendo de una perspectiva legal, la vida independiente inicia a partir del nacimiento que ocurre con el transito del bebé a través del canal de parto hasta su expulsión total del útero materno, es decir, inicia en el instante de la salida del bebé del claustro materno con independencia del inicio de la función pulmonar del recién nacido o de la separación del vínculo materno mediante el corte del cordón umbilical y con independencia a la viabilidad del que nace; la Sala de lo Penal conceptualiza así el nacimiento a partir de una interpretación sistemática de las normas penales (tipología conglobante), en especial, la que define el delito de aborto que sanciona la muerte de un ser humano durante el embarazo o durante el parto, ya que la etapa de parto -conocida como expulsión- es donde termina la protección del tipo penal de aborto e inicia la protección del tipo penal de homicidio; B. La vida independiente termina con la muerte, ésta, en la mayoría de los casos, se manifiesta de manera evidente con el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y más concretamente con la suspensión de los tres sistemas sustentadores de la vida: i) Pérdida de presión arterial y ausencia de ritmo cardíaco; ii) Detención de la función pulmonar con ausencia de respiración espontánea; iii) Detención del sistema nervioso, con ausencia de reflejos y pérdida de la función cerebral. En otros casos, la producción de la muerte no es tan evidente (ejemplo: la llamada muerte clínica), y por lo tanto su determinación deberá ser con base en lo que determina la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos Anatómicos en Seres Humanos (Decreto 329-2013), la que señala en el artículo 11 que los órganos, tejidos materiales anatómicos pueden ser extraídos cuando se certifique la muerte encefálica o cerebral, lo cual ocurre, según el artículo 3.11 de la misma ley cuando ocurre la pérdida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas y del tallo cerebral, lo que deberá ser certificado por lo menos por tres médicos que no participen en el proceso de trasplante; tal condición permite declarar a una persona muerta. El delito de homicidio está tipificado en el artículo 116 que indica que “Quien de muerte a una persona (…) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto activo: puede ser cualquier persona; b. Sujeto pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: i. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (parricidio o infanticidio); ii. Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; iii. Diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras o un jefe de Estado o Jefe de Gobierno de un Estado extranjero, porque daría paso al delito de Magnicidio; y, iv. Diferente a una mujer, cuando la conducta criminosa la realice un hombre en el marco de una relación desigual de género, pues ello llamaría a aplicar por especialidad la figura delictiva de feminicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; d. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso. matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; e. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de homicidio para darle paso al delito de asesinato; tampoco mediante una riña tumultuaria, pues ello llamaría a aplicar otra figura penal; f. Punibilidad: está fijada por el legislador con una sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, la cual se verá aumentada de treinta (30) años a reclusión de por vida, cuando se de muerte, con ocasión del desempeño de sus funciones, a cualquiera de las personas que ostenten el cargo de: diputados al Congreso Nacional, director de la Oficina Administrativa de bienes Incautados, jueces o magistrados del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, defensores públicos, agentes de la Policía Nacional o de Investigación, agentes de la Fuerza Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y Testigos Protegidos, militares en servicio activo, director, subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios o cualquier otro operador de justicia vinculado en el combate contra la criminalidad. Cuando la conducta sea la proposición o la conspiración para dar muerte a alguna de las personas mencionadas, el aumento de la pena del delito de homicidio simple será de un tercio (1/3). Como elemento subjetivo el tipo penal de homicidio requiere el dolo específico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; no constituirá delito de homicidio simple, cuando la intención del sujeto activo sea la de lesionar, pero el resultado sea la muerte del sujeto activo aun cuando el medio empleado objetivamente no debió producirla, lo que deberá ser calificado como Homicidio preterintencional. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de homicidio, las siguientes: a. Según su estructura: i. Tipo penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii. Tipo penal simple: ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; b. Según su contenido: i. Tipo penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii. Tipo de conducta instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii. Tipo penal de acción: porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; c. Según el sujeto activo: i. Unisubjetivo: al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii. Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; d. Según el bien jurídico tutelado: i. Tipo penal mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; ii. Tipo penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la procedencia del Recurso. El motivo no es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por la recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por Infracción de Ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis de la recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente del caso en estudio, la Sala de lo Penal ha llegado a la conclusión de que el hecho declarado probado que refiere el fallo impugnado: “Primero: Que en fecha catorce de julio del año dos mil doce, como a eso de las ocho de la mañana el señor Héctor Darío Galindo Sosa salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá en este departamento de Olancho, en compañía de los señores Douglas Adonis Macías Castro, Ronmel Savier Galindo Sosa, Efraín Obando Y Miguel Herrera, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor Héctor Darío Galindo Sosa, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor Franklin Omar Padilla Ruiz.- Que los disparos realizados por Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor Héctor Darío Galindo Sosa porque él iba adelante de los demás, quien recibió seis impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. Segundo: Que después que el señor Héctor Darío Galindo Sosa cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y, los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar.” Del factum de la sentencia que se impugna se deriva con toda claridad y precisión que el acusado Franklin Omar Padilla Ruiz, fue uno de los atacantes del señor Héctor Darío Galindo Ruiz, que los disparos realizados por Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes impactaron en el cuerpo del señor Héctor Darío Galindo Sosa, provocando seis impactos de bala en la cabeza, brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. En este caso, los hechos declarados probados por el Juzgador se subsumen o encuadran perfectamente en los elementos objetivos y subjetivos del artículo 116 del Código Penal, por lo que el único motivo de casación por infracción de Ley invocado por la recurrente es desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. •Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal; •Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente; •Concepto de la infracción: Por falta de claridad y no ser terminante la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados; •Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad por cometerse el yerro en la sentencia misma; •Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso. La recurrente señala que, en la sentencia recurrida se verifica la falta de claridad y no ser terminantes o precisos los hechos que el Tribunal declaro y estimo como probados, en este caso nos referimos al hecho primero que se estimó como tal; vicio que lo identificamos de la forma siguiente: Como se observa, el sentenciador al establecer su cuadro factico narra que el ofendido el día del hecho, salió de la casa de habitación en compañía de otras personas que en el trayecto de regreso fueron sorprendidos por varias personas quienes les esperaban y quienes dispararon contra la humanidad del occiso causándole varias lesiones que le provocaron la muerte, que una dentro de estas personas se encontraba el acusado de nombre Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes. Como podemos apreciar señores Jueces el relato que hace el Juzgador en cuanto a la autoría de mi representado no es claro ni terminante o preciso, aspecto que constituye el vicio de Casación en la Forma que se encuentra comprendido en el numeral uno (1) del artículo 362 del Código Procesal Penal. Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del Código Procesal Penal, en el sentido que la sentencia contendrá una declaración terminantes de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al caso en que los hechos probados no sean claros, lo que se constituirá si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilicen expresiones como posiblemente, aparentemente, talvez u otras similares que no conlleven obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de los hechos se utilicen expresiones no comprensibles como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el tribunal trata de referir o que solo sea accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. Asimismo, se incurriría en el vicio si en la descripción se emplearen expresiones jurídicas que la norma penal sustantiva utilice para describir la conducta punible, pero sólo en el caso que esos términos, por su exclusivo carácter jurídico, impidan su comprensión por personas no conocedoras de la ciencia penal (como ser alevosía, enseñamiento, etc.) ya que el incurrir en esta circunstancia incidiría en una falta de claridad del relato fáctico. Ello no incluye la consignación de palabras empleadas por el legislador que por su general comprensión esté al alcance de todos (como ser intimidación, violencia, etc.). DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. Ante el vicio denunciado por la recurrente, esta Sala de lo Penal ha procedido a revisar la redacción de hechos que el Juzgador ha establecido como probados y no encuentra que los mismos no estén faltos de claridad o no sean terminantes como lo alega la censora. Tal como lo ha establecido esta Sala de Casación en su jurisprudencia, los hechos probados constituyen el cimiente de la sentencia penal y por la naturaleza misma del recurso de casación, los hechos probados deben ser aceptados tal y como fueron redactados, de ahí el principio de intangilibilidad de los hechos probados; pero la censora ha olvidado este principio y en sus cuestionamientos establece criterios que surgen de la valoración subjetiva que él mismo hace de la prueba, lo cual sin duda alguna es una falta de técnica recursiva. Los hechos en resumen revelan que: “Primero: Que en fecha catorce de julio del año dos mil doce, como a eso de las ocho de la mañana el señor Héctor Darío Galindo Sosa salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá en este departamento de Olancho, en compañía de los señores Douglas Adonis Macías Castro, Ronmel Savier Galindo Sosa, Efraín Obando Y Miguel Herrera, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor Héctor Darío Galindo Sosa, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor Franklin Omar Padilla Ruiz.- Que los disparos realizados por Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor Héctor Darío Galindo Sosa porque él iba adelante de los demás, quien recibió seis impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. Segundo: Que después que el señor Héctor Darío Galindo Sosa cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y, los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar.” No considera esta Sala de Casación que el hecho primero probado contenga algún elemento o argumento que lo convierta en poco claro y no ser terminante, todo lo contrario, en el caso sometido a examen lo sucedido es más bien que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, les dio credibilidad a los medios de prueba que forman el núcleo de la imputación de la acusación; sentada esta premisa no puede reprocharse al Tribunal de Sentencia que no declare probado más que los hechos que, a su razonado juicio, tienen esa condición, y prescribir circunstancias tales como la dinámica de los hechos y los que participaron en él, incluyendo al acusado, si la prueba sustenta su participación en los hechos y fue considerada como creíble. Por lo anteriormente expuesto, el primer motivo por quebrantamiento de forma decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. •Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; •Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente; •Concepto de la infracción: Por haber dejado de considerar el juzgador prueba de valor decisivo; •Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la recurrente; •Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso. La Recurrente en la exposición de su motivo, denuncia la infracción de las reglas de la sana crítica, pero lo hace de una forma abstracta, realiza alegatos de instancia, transcribe la declaración del testigo de descargo, realizando su propia valoración de la prueba, realiza un mal planteamiento, sin cumplir con el requisito de precisión en la interposición del recurso que implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado, en su lugar el recurrente insiste en que el análisis de la prueba no permite declarar la culpabilidad del acusado alegato persistente para que esta Sala de lo Penal proceda a valorar prueba, lo que es indebido en el Recurso de Casación. De la Debida Técnica Recursiva Es claro para esta Sala de lo Penal que el Censor no se ocupó, previo a la confección de su recurso, de hacer el estudio de la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento, por lo que es oportuno hacer una breve relación de ello. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Pretensor cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i).- La expresión de la voluntad de impugnar; y ii).- La Fundamentación de la impugnación; Añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición.- Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; El recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone.- Además el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el/la Censor/a deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamento y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el/la Censor/a deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el/la Censor/a deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-Quo.- La identificación del motivo de casación lleva el/la Censor/a a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i).- Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii). -Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii). - Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el/la Censor/a señala: i).- El tipo de Recurso de Casación (Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma o Infracción de Precepto Constitucional); ii).- La norma autorizante que no solo identifica el recurso, sino el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; iii).- Concepto de la Infracción, el cual debe de ser planteando no solo individualizando el motivo del recurso, el que debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido, sino que además personalizando el motivo en relación al caso concreto; iv).- Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; v).- Reclamación Ex Ante: Que implica señalar que peticiones (incluyendo recursos), fueron planteados por el Recurrente previo al recurso de casación para sanear el vicio, o en su caso, la imposibilidad legal para hacerlo; vi).- Aplicación Pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el/la Censor/a su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El/la Censor/a, aun cuando allá identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no vera prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el/la Censor/a que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán de ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del Recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del Recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el/la Censor/a, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Expone una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define la recurrente como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva, el motivo segundo del recurso planteado es desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa Privada. Tercer Motivo. •Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; •Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal; •Concepto de la infracción: No haber observado en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica; •Reclamación Ex Ante: Se declare procedente el recurso; •Pretensión: que se declare ha lugar el recurso, casando la sentencia impugnada. La recurrente funda su reproche recursivo de quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la sana crítica, transcribe medios de prueba evacuados en el juicio oral y público, realizando su propia valoración de la prueba sin establecer con claridad la regla de la sana critica que dice que ha sido violentada; realiza alegatos propios de instancia, sin lograr confrontar en su alegato que el juzgador realizara conclusiones que no sean producto derivado de un medio de prueba, ni que las conclusiones sean construidas en base a medios de pruebas inexistentes o si las conclusiones estén basadas en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “la recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley. De la Procedencia del Recurso. El Tercer Motivo No Es De Recibo. La recurrente en la exposición de su motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconocen la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “La recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la Sana Critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad la regla de la sana critica que alega ha sido violentada, no desarrollándola de manera clara, estableciendo alegatos de instancia. La recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la Sana Critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalado por la recurrente, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La parte en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda de que la recurrente presentan queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un Recurso de Casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. No habiéndose presentado de manera adecuada el Recurso, esta Sala de lo Penal debe desestimar el motivo tercero interpuesto por la recurrente. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuestos por la Defensa Privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de Franklin Omar Padilla Ruiz, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Franklin Omar Padilla Ruiz, la pena principal de quince años de reclusión como responsable penalmente del delito de Homicidio, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, así como la responsabilidad civil. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Franklin Omar Padilla Ruiz, conforme el CP-144-83 al ser de quince (15) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de quince (15) a veinte (20) años de prisión; Quedando una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; y declara No Ha Lugar en Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuestos por la Abogada Yanira Ibeth Rosales Garcia, actuando en su condición de Defensora Privada del señor Franklin Omar Padilla Ruiz, condenado por el delito de Homicidio, en perjuicio de Hector Darío Galindo Sosa. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Franklin Omar Padilla Ruiz. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. – Secretaria de la sala de lo penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-306-2019.lety emelda posadas rodríguez. Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-306-2019, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo de los Recursos de Casación SP-306-2019 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante el cual falló: PRIMERO: Condenó a Franklin Omar Padilla Ruiz, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de Héctor Darío Galindo Sosa, a la pena de quince años de reclusión. SEGUNDO: Condenó a Franklin Omar Padilla Ruiz, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. TERCERO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Franklin Omar Padilla Ruiz. - No procede decretar el comiso. CUARTO: Se declaró la responsabilidad civil en contra de Franklin Omar Padilla Ruiz. Son partes en única instancia: La Abogada Yanira Ibeth Rosales Garcia, en su condición de defensora privada de Franklin Omar Padilla Ruiz, como parte recurrente; y, el Abogado Elblin Orlan Macías Nolasco, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA“PRIMERO: Que en fecha catorce (14) de julio del año dos mil doce (2012) como a eso de las ocho (8:00) de la mañana el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá en este departamento de Olancho, en compañía de los señores DOUGLAS ADONIS MACIAS CASTRO, RONMEL SAVIER GALINDO SOSA, EFRAIN OBANDO Y MIGUEL HERRERA, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ.- Que los disparos realizados por FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA porque él iba adelante de los demás, quien recibió seis (6) impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un (01) impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. SEGUNDO: Que después que el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y, los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Yanira Ibeth Rosales Garcia, en su condición de defensora privada de Franklin Omar Padilla Ruiz, procedió a formalizar sus Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 116 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación, se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: La norma que se cita o considera como infringida, prescribe lo siguiente: Articulo 116: "Quien dé muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de HOMISIDIO SIMPLE, e incurrirá en la pena de quince (1 5) a veinte (20) años de reclusión. El Tribunal de Sentencia recurrido al fallar la presente causa estableció como hecho probado dos siendo los siguientes: PRIMERO: Que en fecha catorce (14) de julio del año dos mil doce (201 2) como a eso de las ocho (8:00 A.M.)el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá, en este departamento de Olancho, en compañía de los señores DOUGLAS ADONIS MACIAS CASTRO, RONMEL SAVIER GALINDO SOSA, EFRAIN OBANDO Y MIGUEL HERRERA, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá, y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ.- que los disparos realizados por FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA porque él iba delante de los demás, quien recibió seis impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un (01) impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. SEGUNDO: Que después que el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar. A continuación señalaremos concretamente el vicio que contiene la sentencia recurrida y que sustenta el presente motivo, el cual lo expresamos de la forma siguiente: Es doctrinariamente aceptado y de hecho nuestra legislación exige que los hechos probados que deba declarar como tal el juzgador en una sentencia, como su propio nombre lo indica, debe ser la narración de un hecho o hechos en la cual el sentenciador debe exteriorizar de su propia voz o lenguaje y no narración de lo dicho por las personas que de una u otra forma hayan participado en el juicio o debate; en otras palabras, un hecho probado que se declare como tal en una sentencia penal, donde se declare la culpabilidad de una persona por haber participado en la comisión de un determinado delito, debe ser la descripción del hecho cometido y la participación del acusado, narrado de viva voz del órgano jurisdiccional juzgador, del cual se desprenda tanto el hecho cometido como la participación del acusado. Como podemos apreciar en el cuadro factico que el Tribunal recurrido declara en esta sentencia, el sentenciador se pronuncia en el hecho PRIMERO, donde hace una narración en forma general de las circunstancias de cómo se produjo el hecho, y posteriormente expresa, que fueron atacados por varias personas entre ellas el acusado FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ, que los disparos realizados por él y sus acompañantes impactaron en el cuerpo del señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA; Y en su hecho SEGUNDO: Que los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba el occiso. Señores Jueces Supremos esa declaración de hechos probados que realiza el Tribunal ahora censurado, más parece a una valoración de prueba que a una declaración de hechos probados; implica que de acuerdo a como están redactados los hechos primero y segundo que a estimado el sentenciador, este no expresa con firmeza en ese hecho, cual haya sido la acción y participación de mi cliente una de las varias personas que le dispararon al ahora occiso HECTOR DARIO GALINDO SOSA, sino, lo que el juzgador expresa en su hecho probado es que el imputado se encontraba dentro de las personas que atacaron y que los disparos realizados por el imputado FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ y sus acompañantes lograron impactar en el cuerpo del occiso; lo cual de lo anterior no se desprende en forma clara y precisa la acción que mi representado realizo dentro del grupo y participación en los hechos por el cual se le ha condenado, uno porque el Tribunal sentenciador no hace declaración expresa y terminante que el señor FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ, haya tenido participación especificando las acciones directa efectuadas por su persona en el hecho y dos lo que se expresa en el cuadro factico que se comenta, es que los disparos de él y sus acompañantes lograron impactar al occiso sin expresar en que condición cada uno de ellos, pues andaban armas diferentes, lo que vuelve confuso el hecho declarado como tal y por lo tanto esta defensa considera que del cuadro factico que se comenta, no se desprende participación clara y concreta de nuestro representado y por ende el fallo condenatorio que ahora se recurre, contiene el vicio contentivo de transgresión por aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal. Repetimos la declaración de hechos probados en una sentencia penal, consiste en la descripción o narración por parte del juzgador, del hecho o hechos que se hayan realizado de los cuales debe necesariamente desprenderse la participación culpable del imputado, debiendo existir claridad, precisión y concordancia entre esos hechos descritos, con lo resuelto por el sentenciador, pero en esta causa lo que se aprecia en el hecho primero y segundo declarado como probado por el juzgador, es que se hicieron disparos por distintas personas y que estos impactaron en el occiso; lo anterior en términos concretos no constituye declaración de un hecho preciso y concreto que implique responsabilidad penal para mi representado, sino una descripción general de por parte del sentenciador. APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Tal y como se encuentran redactados los hechos probados del fallo que se recurre, la norma que debió aplicar en esta causa, es la contenida en el artículo 339 del Código Procesal Penal, que regula todo lo relativo a la sentencia absolutoria, esto porque como lo hemos expresado el sentenciador no fija en forma expresa que haya sido mi cliente de forma exclusiva el que le quito la vida al ahora difunto, sino, su relato factico consiste en describir lo que dijo uno y otro testigo, lo cual no es permitido en la declaración de hechos probados, ya que estos son la voz del juzgador en la cual este debe exteriorizar de su voz cual es el hecho que se le ha probado con el material probatorio incorporado y del cual debe desprenderse la participación concreta de la persona acusada, lo cual no acontece en este caso en el cual refieren que los disparos fueron realizados por FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ Y sus acompañantes sin precisar acciones realizadas por este al hoy occiso pero al efecto no describe la acción específica que realizo este; situación que en derecho penal no es permitido o aceptado, ya que para que a una persona se le deduzca responsabilidad por un hecho debe necesariamente individualizarse en forma puntual cual es el hecho que haya realizado el acusado y cual a sido su participación en el mismo; ello implica que para que el cuadro factico del Juzgador sea válido, este debió expresar el hecho declarado como tal, que el señor Franklin Omar Padilla Ruiz, en compañía de otras personas escondidos, esperaron al ofendido y cuando este se aproximó al lugar el imputado disparo contra la humanidad de la víctima provocándole varias lesiones que le produjeron la muerte; pero, repetimos nada de ello ocurrió en esta oportunidad y es de allí de donde se produce el vicio que se alega y por ende la aplicación pretendida en este motivo, es la absolución de mi representado. SEGUNDO MOTIVO: Por falta de claridad y no ser terminante la declaración de los hechos que el Tribunal estimo probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO El Tribunal de Sentencia censurado, expresó en el hecho probado único que: En fecha catorce (14) de julio del año dos mil doce (201 2), como a eso de las ocho (8:00 A.M.)el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá, en este departamento de Olancho, en compañía de los señores DOUGLAS ADONIS MACIAS CASTRO, RONMEL SAVIER GALINDO SOSA, EFRAIN OBANDO Y MIGUEL HERRERA, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá, y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor FRANKLIN " OMAR PADILLA RUIZ.- que los disparos realizados por FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA porque el iba delante de los demás, quien recibió seis impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un (01) impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. SEGUNDO: Que después que el señor HECTOR DARIO GALINDO SOSA cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar. A continuación señalaremos el vicio en la forma que contiene la sentencia recurrida, específicamente en lo que concierne a la falta de claridad y no ser terminantes o precisos los hechos que el Tribunal declaro y estimo como probados, en este caso nos referimos al hecho primero que se estimó como tal; vicio que lo identificamos de la forma siguiente: Como se observa, el sentenciador al establecer su cuadro factico narra que el ofendido el día del hecho, salió de la casa de habitación en compañía de otras personas que en el trayecto de regreso fueron sorprendidos por varias personas quienes les esperaban y quienes dispararon contra la humanidad del occiso causándole varias lesiones que le provocaron la muerte, que una dentro de estas personas se encontraba el acusado de nombre FRANKLIN OMAR PADILLA RUIZ y sus acompañantes. Como podemos apreciar señores Jueces el relato que hace el Juzgador en cuanto a la autoría de mi representado no es claro ni terminante o preciso, ya que el sentenciador expresa que habían varias personas y que el ahora occiso recibió siete impactos de bala de los hechores; pero al efecto no menciona sus acciones y participación y por otra parte, lo anterior no suple la obligación que tiene el sentenciador de fijar puntualmente en forma precisa y categórica los actos o hechos realizado o ejecutados por el imputado y la participación que en ellos haya tenido el encausado y cómo podemos apreciar en el cuadro factico descrito y estimado como probado por el Tribunal recurrido, en ningún momento se describe o expresa de voz del juzgador que el señor FRANKLIN PADILLA haya causado de forma personal y única las lesiones de efecto mortal al ahora occiso HECTOR DARIO GALINDO SOSA, aspecto que constituye el vicio de Casación en la Forma que se encuentra comprendido en el numeral uno (1) del artículo 362 del Código Procesal Penal, por no ser claro y terminante el hecho probado que el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, ha estimado como tal en la sentencia que por este acto se recurre y como efecto o consecuencia jurídica el Alto Tribunal de Justicia a través de la Sala Penal, deberá proceder a anular la sentencia dictada así como al debate o juicio, para que el mismo sea realizado de nuevo con la concurrencia otros Jueces para que subsanen los vicios cometidos en esta oportunidad. TERCER MOTIVO: Por haber dejado de considerar el juzgador, prueba de valor decisivo en el juicio y la excluya. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El medio de prueba que el Tribunal dejo de considerar es la declaración testifical del testigos de descargo (defensa) señores OCTAVIO DE JESUS PADILLA, quien declaro: Lo que sé que FRANKLIN ese día se encontraba en la aldea la Laguna, porque el abuelo lo llamo para que fuera a cuidarle un frijolar que les estaban robando y entonces ese problema fue el 14 de Julio del año 201 2, y en esa fecha venia un hijo mío para la aldea de Tegucigalpa y lo estaba esperando... este testigo al ser preguntado por esta defensa dijo que el día de los hechos el señor Franklin se encontraba en la aldea de La Laguna y que la distancia que hay entre una comunidad y otra son tres horas de camino montado y en carro no hay paso. El vicio denunciado que adolece la sentencia consiste en que el juzgador en el apartado de la valoración de la prueba de la sentencia de mérito, no consideró o no le da ningún valor a la prueba que hemos citado, es decir a la declaración testifical propuesto por la defensa de nombre OCTAVIO DE JESUS PADILLA. Como podemos apreciar el testigos afirmo en forma categórica que el día del hecho él se encontraba junto al imputado esperando un hijo de la ciudad de Tegucigalpa, El numeral segundo del artículo 362 del Código Procesal Penal, en su última parte prescribe como motivo de Casación en la forma, si el sentenciador excluya o deja de considerar una prueba de valor decisivo; en este caso específico la defensa del imputado, considera que el decisor excluyo, o no considero o mejor dicho no valoro unas pruebas de valor para la defensa como es el testimonio de la persona que antes se han citado, que si bien es cierto no estuvieron presentes al momento del hecho, pero tuvieron conocimiento de circunstancias determinantes para la resolución de la presente causa, como es el hecho que el testigo a dicho que el imputado el día y hora del hecho criminoso, se encontraba junto a él, importantes es destacar el hecho que ninguna persona puede estar o permanecer en dos lugares a la vez, en el juicio ha quedado evidenciado con la prueba propuesta por la defensa, que el acusado al momento y hora del hecho se encontraba en otra aldea, pero a la vez la acusación introdujo prueba donde se deja entrever que el imputado era una de las personas que realizaron el hecho, situación que como ya se explicó en otro de los apartados de este recurso, el juzgador no ha sido claro en lo que respecta a ese extremo, pero lo determinante para los efectos del presente motivo, es que el sentenciador no da una razón lógica convincente del porque le resta valor a la declaración antes citada, el Tribunal no hace referencia a dicha declaración en su fallo, siendo suficiente el resto de la prueba para llegar a una decisión de condena, restando valor probatorio lo que en debate informo el testigo de esta defensa; por lo tanto el sentenciador no ha considerado o valorado un medio de prueba que era base fundamental para acreditar la inocencia de nuestro defendido; y por ello consideramos el órgano Jurisdiccional Superior mediante la prerrogativa que la Ley le otorga, deberá proceder a anular tanto la sentencia como el debate ejecutados en la presente causa. QUINTO MOTIVO: No haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 3 del artículo 362 del Código procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO. El artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal prescribe: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la Sana Crítica. Por su parte el artículo 202 del mismo Código establece: Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la Sana Crítica. El órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. La Sana Critica o Sana Critica Racional como lo establece la Doctrina, está formada por un conjunto de normas o Leyes, en la cual el Juzgador está obligado a respetar al momento de decidir o resolver una causa o asunto especialmente de orden penal, las que analizadas en su conjunto vienen a constituir aquellos principios del recto entendimiento humano, es decir las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. La lógica lleva consigo las siguientes Leyes: a) Ley de Identidad, b) Ley de contradicción, c) Ley de tercero excluido y d) Ley de razón suficiente. Esta sala de lo Penal estima que en el presente caso. tal como lo argumentan los recurrentes. se ha infringido la regla de la sana critica de lógica. especialmente al Ley de Tercero Excluido. en tanto la conclusión a la que arriba el juzgador de instancia no es congruente con la prueba legalmente incorporada por las partes en la audiencia del juicio. Efectivamente, las testigos de descargo señoras DULCE MARIA FLORES y GLENDA ARACELY ARTICA, si bien se trata de la esposa y empleada del acusado, razón que bastó al juzgador para restar virtualidad y valor probatorio, se trata de testigos oculares por haber estado presentes al momento del hecho justiciable, las que han sido contestes al declarar que el ahora occiso señor WALTER ALE)(ANDER MERLO RIVERA, acudió hasta el puesto de mercado de la señora DULCE MARIA FLORES, y profirió ofensas contra ella, mismas que reiteró en presencia del esposo de ésta, el ahora acusado señor WILSON PAVON CANALES, el que de forma congruente con los testigos de descargo declaró que fue atacado con un puñal por el ahora occiso, por lo que utilizó su arma de fuego, disparando contra el atacante MERLO RIVE RA, perdiendo este la vida, acción que realizó a efecto de defender su vida. Esta versión de los hechos se deriva de la práctica de la inspección judicial del Tribunal en la que los jueces en presencia de las partes comprueba la versión de la policía de investigación de la DGIC JAIRA SUYAPA RAMOS, quien participó en la diligencia de levantamiento del cadáver, la que informó (ver informe de investigación folio 3 al 7 del proceso) al Tribunal que al concurrir a la escena del delito ya se encontraban al lado del ahora occiso las señoras KARLA LEONOR y YENNI LORENA CARCAMO RIVERA, esposa y cuñada respectivamente, momento en que pudieron recoger el arma tipo puñal que afirman los testigos oculares, portaba el ahora occiso al momento de los hechos, así mismo refiere que pudo constatar que esa era la versión que escuchó de las personas presentes en el lugar por lo que existen elementos de juicio suficientes para asumir que la escena del delito fue contaminada. Por otra parte, se ha puesto de manifiesto que las testigos de cargo señora KARLA LEONOR y YENNI LORENA CARCAMO RIVERA, esposa y cuñada, no estaban presentes al momento de los hechos en la escena del delito por lo que en poco o en nada aportan al descubrimiento de la verdad. Asimismo, que la defensa técnica del acusado fundada en la prueba de descargo no ha negado el hecho imputado, pero estiman que la acción del imputado se encuentra amparada en la causa de justificación de haber obrado en legítima defensa de su persona. Si bien no fue encontrada por la agente de investigación y menos peritada el arma tipo puñal que afirman el testigo y el propio acusado utilizó el ahora occiso MERLO RIVERA para atacarlo, su existencia real se deriva claramente de la prueba legalmente incorporada al juicio. Por otra parte, también se ha violado la Ley de Razón Suficiente. en tanto las razones para restar virtualidad y valor probatorio a la prueba de descargo son a todas luces insuficientes, pues no por el solo hecho de ser las testigos oculares la esposa y la empleada del acusado se debe asumir por sí. Tal y como lo transcribimos en el motivo anterior, el testigos que esta defensa propuso y fue evacuado para demostrar la inocencia de nuestro representado fue: OCTAVIO DE JESUS PADILLA; además expreso este testigo que del lugar donde ellos se encontraban a donde se produjo el hecho, se tarda tres horas montado; Como podemos apreciar este testigo de descargo, mencionan circunstancias importantísimas para la decisión que debió tomarse en esta causa; no es posible que el Tribunal sentenciador no exprese en una forma simple en su valoración de prueba, que a este testigos de la defensa no les da mayor relevancia en términos jurídicos probatorios; desconociendo el juzgador, que el testigo ha manifestado que el imputado al momento del hecho, se encontraba en otra comunidad, y no es posible que esta persona haya estado en dos lugares al mismo tiempo, situación que el sentenciador no lo ha podido explicar o razonar como corresponde en el apartado de valoración de prueba de su sentencia, violando con ello la Ley de razón Suficiente que se transgrede, cuando el Juzgador al momento de valorar la prueba en una sentencia, realiza razonamientos ilógicos, insuficientes o fuera de la razón común; también con ello esta defensa considera violado el principio de la Derivación que es un elemento integrante de la Lógica, pues el sentenciador no ha sido capaz en su argumentación de derivar las circunstancias de valor probatorio a las cuales se refirieron los testigos de defensa; reiteramos es inconcebible que el Juzgador para restar valor a un medio de prueba testifical exprese solamente que a ese medio de prueba no le da mayor relevancia sin explicar más detalles, ello solo conlleva a la consecuencia jurídica de violación a las Reglas de la Sana Critica. Tanto el principio de Derivación como la Ley de Razón Suficiente le exigen al juzgador que todo elemento de prueba sea de cargo como de descargo, que haya sido incorporado al debate, debe ser suficientemente razonado o explicado al momento de valorar el material probatorio que decida la causa, es decir, el sentenciador está obligado a expresar en su razonamiento, las circunstancias del porque no le da valor a determinado medio de prueba o por el contrario porque le merece credibilidad; pero el decisor en esta oportunidad, no les da mayor relevancia probatoria. La Honorable Corte Suprema de Justicia, cuenta con abundante Jurisprudencia en cuanto a violación de las Reglas de la Sana Critica, especialmente en lo que se refiere al principio de la Derivación y la Ley de razón Suficiente; entre ellos podemos citar la sentencia de fecha 1 9 de febrero del 2008, dictada por unanimidad de votos por la Honorable Sala Penal en el caso identificado en la Instancia con el No AP-087-2006 e instruido contra el señor WILSON PAVON CANALES, por el delito de Homicidio Simple, en perjuicio de WALTER ALEXANDER MERLO RIVERA, en el cual se plasman entre otros los siguientes aspectos: que faltan a la verdad. aseverando lo informado el informe de la investigación rendido por la agente de investigación. constatado por el medio de prueba de 6) inspección ocular practicado por el tribunal de juicio a la escena del delito. Finalmente se estima infringida la Ley lógica de Derivación, pues al A quo no logra derivar de la prueba legalmente incorporada al juicio, la existencia real del arma tipo puñal que según los testigos de descargo y el propio acusado portaba el ahora occiso al momento de los hechos y que no pudo ser encontrada por la agente de investigación debido a que como se dijo, la escena del delito fue contaminada por la presencia en el lugar de los hechos de las señoras KARLA LEONOR y YENNI LORENA CARCAMO RIVERA, esposa y cuñada del ahora occiso respectivamente, no obstante, el informe policial y la inspección ocular del tribunal. Medios de prueba que al momento de formular conclusiones apreció la fiscalía, por lo que en la fase de conclusiones en estricta aplicación del principio de objetividad que rige las actuaciones del Ministerio Publico, pidió al juzgador dictar a sentencia absolutoria a favor del acusado señor WILSON PAVON CANALES, por haberse acreditado en juicio una legítima defensa a favor del acusado. Y aunque en el presente caso está claro que no se ha infringido el principio acusatorio que rige nuestro sistema procesal en materia penal, pues el Tribunal ha condenado al acusado por los cargos de los que se ha defendido en juicio inmersos en el acto de formalización de acusación, también es claro. que el A quo ha valorado la prueba incorporada al juicio y condenado al acusado, con inobservancia de las reglas de la sana critica de la lógica por las razones antes ya expuestas. En consecuencia, de lo anterior esta Sala de lo Penal declara procedente el motivo de casación invocado por los recurrentes. (Lo subrayado es nuestro) Señores Magistrados los hechos argumentados en aquella oportunidad son similares a los que esta defensa alega, pues se trata de que el órgano Jurisdiccional de Instancia no valoro correctamente los medios de prueba que fueron incorporados y ejecutados en debate a instancia de la defensa, violando con ello como ya se expuso la regla de la Derivación, la Ley de Razón Suficiente incluso con ello se ha trasgredido a la vez la Ley de Tercero Excluido, pues lo hechos probados que el Tribunal de Sentencia recurrido estimo como probados, no son congruentes con la prueba ejecutada en debate, especialmente la evacuada a instancia de la defensa; es por ello que con el actuar del sentenciador se ha violentado los elementos que integran la lógica antes dichos y por ende las Reglas de la sana Critica, vicio que a través del presente motivo solicitamos su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. •Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; •Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 116 del Código Penal; •Concepto de la infracción: Aplicación indebida del articulo116 del Código Penal; •Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad por cometerse el yerro en la sentencia misma; •Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente lo siguiente: que la declaración de hechos probados que realiza el Tribunal ahora censurado, más parece a una valoración de prueba que a una declaración de hechos probados; implica que de acuerdo a como están redactados los hechos primero y segundo que a estimado el sentenciador, este no expresa con firmeza en ese hecho, cual haya sido la acción y participación de mi cliente una de las varias personas que le dispararon al ahora occiso Héctor Darío Galindo Sosa, sino, lo que el juzgador expresa en su hecho probado es que el imputado se encontraba dentro de las personas que atacaron y que los disparos realizados por el imputado Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes lograron impactar en el cuerpo del occiso; lo cual de lo anterior no se desprende en forma clara y precisa la acción que mi representado realizo dentro del grupo y participación en los hechos por el cual se le ha condenado, uno porque el Tribunal sentenciador no hace declaración expresa y terminante que el señor Franklin Omar Padilla Ruiz, haya tenido participación especificando las acciones directa efectuadas por su persona en el hecho y dos lo que se expresa en el cuadro factico que se comenta, es que los disparos de él y sus acompañantes lograron impactar al occiso sin expresar en que condición cada uno de ellos, pues andaban armas diferentes, lo que vuelve confuso el hecho declarado como tal y por lo tanto esta defensa considera que del cuadro factico que se comenta, no se desprende participación clara y concreta de nuestro representado y por ende el fallo condenatorio que ahora se recurre, contiene el vicio contentivo de transgresión por aplicación indebida del artículo 116 del Código Penal. Del delito de homicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Casación afirma que la vida (artículo 3) y la dignidad humana (artículo 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (artículo 3) y la libertad (artículo 3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (artículo 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho, el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal; entre éstos, en el Capítulo I, el delito de homicidio. El delito de homicidio, protege la vida independiente como bien jurídico protegido ello obliga a definir cuándo inicia y termina ésta a efectos de delimitar claramente el marco de operatividad del tipo penal: A. Partiendo de una perspectiva legal, la vida independiente inicia a partir del nacimiento que ocurre con el transito del bebé a través del canal de parto hasta su expulsión total del útero materno, es decir, inicia en el instante de la salida del bebé del claustro materno con independencia del inicio de la función pulmonar del recién nacido o de la separación del vínculo materno mediante el corte del cordón umbilical y con independencia a la viabilidad del que nace; la Sala de lo Penal conceptualiza así el nacimiento a partir de una interpretación sistemática de las normas penales (tipología conglobante), en especial, la que define el delito de aborto que sanciona la muerte de un ser humano durante el embarazo o durante el parto, ya que la etapa de parto -conocida como expulsión- es donde termina la protección del tipo penal de aborto e inicia la protección del tipo penal de homicidio; B. La vida independiente termina con la muerte, ésta, en la mayoría de los casos, se manifiesta de manera evidente con el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias y más concretamente con la suspensión de los tres sistemas sustentadores de la vida: i) Pérdida de presión arterial y ausencia de ritmo cardíaco; ii) Detención de la función pulmonar con ausencia de respiración espontánea; iii) Detención del sistema nervioso, con ausencia de reflejos y pérdida de la función cerebral. En otros casos, la producción de la muerte no es tan evidente (ejemplo: la llamada muerte clínica), y por lo tanto su determinación deberá ser con base en lo que determina la Ley de Donación y Trasplantes de Órganos Anatómicos en Seres Humanos (Decreto 329-2013), la que señala en el artículo 11 que los órganos, tejidos materiales anatómicos pueden ser extraídos cuando se certifique la muerte encefálica o cerebral, lo cual ocurre, según el artículo 3.11 de la misma ley cuando ocurre la pérdida absoluta e irreversible de todas las funciones encefálicas y del tallo cerebral, lo que deberá ser certificado por lo menos por tres médicos que no participen en el proceso de trasplante; tal condición permite declarar a una persona muerta. El delito de homicidio está tipificado en el artículo 116 que indica que “Quien de muerte a una persona (…) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: a. Sujeto activo: puede ser cualquier persona; b. Sujeto pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: i. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (parricidio o infanticidio); ii. Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; iii. Diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras o un jefe de Estado o Jefe de Gobierno de un Estado extranjero, porque daría paso al delito de Magnicidio; y, iv. Diferente a una mujer, cuando la conducta criminosa la realice un hombre en el marco de una relación desigual de género, pues ello llamaría a aplicar por especialidad la figura delictiva de feminicidio; c. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; d. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso. matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; e. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de homicidio para darle paso al delito de asesinato; tampoco mediante una riña tumultuaria, pues ello llamaría a aplicar otra figura penal; f. Punibilidad: está fijada por el legislador con una sanción de quince (15) a veinte (20) años de reclusión, la cual se verá aumentada de treinta (30) años a reclusión de por vida, cuando se de muerte, con ocasión del desempeño de sus funciones, a cualquiera de las personas que ostenten el cargo de: diputados al Congreso Nacional, director de la Oficina Administrativa de bienes Incautados, jueces o magistrados del Poder Judicial, fiscal del Ministerio Público, defensores públicos, agentes de la Policía Nacional o de Investigación, agentes de la Fuerza Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, agentes de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y Testigos Protegidos, militares en servicio activo, director, subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios o cualquier otro operador de justicia vinculado en el combate contra la criminalidad. Cuando la conducta sea la proposición o la conspiración para dar muerte a alguna de las personas mencionadas, el aumento de la pena del delito de homicidio simple será de un tercio (1/3). Como elemento subjetivo el tipo penal de homicidio requiere el dolo específico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; no constituirá delito de homicidio simple, cuando la intención del sujeto activo sea la de lesionar, pero el resultado sea la muerte del sujeto activo aun cuando el medio empleado objetivamente no debió producirla, lo que deberá ser calificado como Homicidio preterintencional. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de homicidio, las siguientes: a. Según su estructura: i. Tipo penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii. Tipo penal simple: ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; b. Según su contenido: i. Tipo penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; ii. Tipo de conducta instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii. Tipo penal de acción: porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; c. Según el sujeto activo: i. Unisubjetivo: al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii. Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; d. Según el bien jurídico tutelado: i. Tipo penal mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; ii. Tipo penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la procedencia del Recurso. El motivo no es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por la recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por Infracción de Ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis de la recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente del caso en estudio, la Sala de lo Penal ha llegado a la conclusión de que el hecho declarado probado que refiere el fallo impugnado: “Primero: Que en fecha catorce de julio del año dos mil doce, como a eso de las ocho de la mañana el señor Héctor Darío Galindo Sosa salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá en este departamento de Olancho, en compañía de los señores Douglas Adonis Macías Castro, Ronmel Savier Galindo Sosa, Efraín Obando Y Miguel Herrera, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor Héctor Darío Galindo Sosa, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor Franklin Omar Padilla Ruiz.- Que los disparos realizados por Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor Héctor Darío Galindo Sosa porque él iba adelante de los demás, quien recibió seis impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. Segundo: Que después que el señor Héctor Darío Galindo Sosa cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y, los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar.” Del factum de la sentencia que se impugna se deriva con toda claridad y precisión que el acusado Franklin Omar Padilla Ruiz, fue uno de los atacantes del señor Héctor Darío Galindo Ruiz, que los disparos realizados por Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes impactaron en el cuerpo del señor Héctor Darío Galindo Sosa, provocando seis impactos de bala en la cabeza, brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. En este caso, los hechos declarados probados por el Juzgador se subsumen o encuadran perfectamente en los elementos objetivos y subjetivos del artículo 116 del Código Penal, por lo que el único motivo de casación por infracción de Ley invocado por la recurrente es desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. •Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal; •Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente; •Concepto de la infracción: Por falta de claridad y no ser terminante la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados; •Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad por cometerse el yerro en la sentencia misma; •Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso. La recurrente señala que, en la sentencia recurrida se verifica la falta de claridad y no ser terminantes o precisos los hechos que el Tribunal declaro y estimo como probados, en este caso nos referimos al hecho primero que se estimó como tal; vicio que lo identificamos de la forma siguiente: Como se observa, el sentenciador al establecer su cuadro factico narra que el ofendido el día del hecho, salió de la casa de habitación en compañía de otras personas que en el trayecto de regreso fueron sorprendidos por varias personas quienes les esperaban y quienes dispararon contra la humanidad del occiso causándole varias lesiones que le provocaron la muerte, que una dentro de estas personas se encontraba el acusado de nombre Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes. Como podemos apreciar señores Jueces el relato que hace el Juzgador en cuanto a la autoría de mi representado no es claro ni terminante o preciso, aspecto que constituye el vicio de Casación en la Forma que se encuentra comprendido en el numeral uno (1) del artículo 362 del Código Procesal Penal. Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del Código Procesal Penal, en el sentido que la sentencia contendrá una declaración terminantes de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al caso en que los hechos probados no sean claros, lo que se constituirá si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilicen expresiones como posiblemente, aparentemente, talvez u otras similares que no conlleven obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de los hechos se utilicen expresiones no comprensibles como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el tribunal trata de referir o que solo sea accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. Asimismo, se incurriría en el vicio si en la descripción se emplearen expresiones jurídicas que la norma penal sustantiva utilice para describir la conducta punible, pero sólo en el caso que esos términos, por su exclusivo carácter jurídico, impidan su comprensión por personas no conocedoras de la ciencia penal (como ser alevosía, enseñamiento, etc.) ya que el incurrir en esta circunstancia incidiría en una falta de claridad del relato fáctico. Ello no incluye la consignación de palabras empleadas por el legislador que por su general comprensión esté al alcance de todos (como ser intimidación, violencia, etc.). DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. Ante el vicio denunciado por la recurrente, esta Sala de lo Penal ha procedido a revisar la redacción de hechos que el Juzgador ha establecido como probados y no encuentra que los mismos no estén faltos de claridad o no sean terminantes como lo alega la censora. Tal como lo ha establecido esta Sala de Casación en su jurisprudencia, los hechos probados constituyen el cimiente de la sentencia penal y por la naturaleza misma del recurso de casación, los hechos probados deben ser aceptados tal y como fueron redactados, de ahí el principio de intangilibilidad de los hechos probados; pero la censora ha olvidado este principio y en sus cuestionamientos establece criterios que surgen de la valoración subjetiva que él mismo hace de la prueba, lo cual sin duda alguna es una falta de técnica recursiva. Los hechos en resumen revelan que: “Primero: Que en fecha catorce de julio del año dos mil doce, como a eso de las ocho de la mañana el señor Héctor Darío Galindo Sosa salió de su casa de habitación, ubicada en la aldea de Méndez municipio de Salamá en este departamento de Olancho, en compañía de los señores Douglas Adonis Macías Castro, Ronmel Savier Galindo Sosa, Efraín Obando Y Miguel Herrera, con el propósito de buscar un ganado que se le había perdido al señor Héctor Darío Galindo Sosa, salieron con rumbo a la aldea de el Nance del mismo municipio de Salamá y después decidieron trasladarse a la aldea de Pedernales en el municipio de Concordia, siempre en este departamento de Olancho, luego de recabar alguna información sobre el paradero del ganado como a eso de las cuatro de la tarde decidieron regresar a sus casas y cuando iban de regreso a las mismas en un lugar denominado aldea la Bolsa del municipio de Concordia sorpresivamente fueron atacados por varias personas quienes les dispararon desde un barranco ubicado en el camino; entre las personas que les atacaron se encontraba el señor Franklin Omar Padilla Ruiz.- Que los disparos realizados por Franklin Omar Padilla Ruiz y sus acompañantes solo lograron impactar en el cuerpo del señor Héctor Darío Galindo Sosa porque él iba adelante de los demás, quien recibió seis impactos de bala en la cabeza del brazo izquierdo con orificio de salida en el costado derecho y un impacto de bala en las dos piernas con orificio de salida, heridas que le quitaron la vida de manera inmediata. Segundo: Que después que el señor Héctor Darío Galindo Sosa cae ya sin vida los hechores se acercaron y le quitaron las armas que portaba mientras los acompañantes del occiso se escondieron, y, los que dispararon (hechores) se retiraron del lugar.” No considera esta Sala de Casación que el hecho primero probado contenga algún elemento o argumento que lo convierta en poco claro y no ser terminante, todo lo contrario, en el caso sometido a examen lo sucedido es más bien que el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, les dio credibilidad a los medios de prueba que forman el núcleo de la imputación de la acusación; sentada esta premisa no puede reprocharse al Tribunal de Sentencia que no declare probado más que los hechos que, a su razonado juicio, tienen esa condición, y prescribir circunstancias tales como la dinámica de los hechos y los que participaron en él, incluyendo al acusado, si la prueba sustenta su participación en los hechos y fue considerada como creíble. Por lo anteriormente expuesto, el primer motivo por quebrantamiento de forma decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. •Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; •Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente; •Concepto de la infracción: Por haber dejado de considerar el juzgador prueba de valor decisivo; •Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por la recurrente; •Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso. La Recurrente en la exposición de su motivo, denuncia la infracción de las reglas de la sana crítica, pero lo hace de una forma abstracta, realiza alegatos de instancia, transcribe la declaración del testigo de descargo, realizando su propia valoración de la prueba, realiza un mal planteamiento, sin cumplir con el requisito de precisión en la interposición del recurso que implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado, en su lugar el recurrente insiste en que el análisis de la prueba no permite declarar la culpabilidad del acusado alegato persistente para que esta Sala de lo Penal proceda a valorar prueba, lo que es indebido en el Recurso de Casación. De la Debida Técnica Recursiva Es claro para esta Sala de lo Penal que el Censor no se ocupó, previo a la confección de su recurso, de hacer el estudio de la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento, por lo que es oportuno hacer una breve relación de ello. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Pretensor cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i).- La expresión de la voluntad de impugnar; y ii).- La Fundamentación de la impugnación; Añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición.- Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; El recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone.- Además el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el/la Censor/a deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamento y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el/la Censor/a deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el/la Censor/a deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-Quo.- La identificación del motivo de casación lleva el/la Censor/a a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i).- Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii). -Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii). - Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el/la Censor/a señala: i).- El tipo de Recurso de Casación (Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma o Infracción de Precepto Constitucional); ii).- La norma autorizante que no solo identifica el recurso, sino el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; iii).- Concepto de la Infracción, el cual debe de ser planteando no solo individualizando el motivo del recurso, el que debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido, sino que además personalizando el motivo en relación al caso concreto; iv).- Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; v).- Reclamación Ex Ante: Que implica señalar que peticiones (incluyendo recursos), fueron planteados por el Recurrente previo al recurso de casación para sanear el vicio, o en su caso, la imposibilidad legal para hacerlo; vi).- Aplicación Pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el/la Censor/a su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El/la Censor/a, aun cuando allá identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no vera prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el/la Censor/a que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán de ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del Recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del Recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el/la Censor/a, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso. EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Expone una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define la recurrente como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva, el motivo segundo del recurso planteado es desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa Privada. Tercer Motivo. •Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; •Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal; •Concepto de la infracción: No haber observado en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica; •Reclamación Ex Ante: Se declare procedente el recurso; •Pretensión: que se declare ha lugar el recurso, casando la sentencia impugnada. La recurrente funda su reproche recursivo de quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la sana crítica, transcribe medios de prueba evacuados en el juicio oral y público, realizando su propia valoración de la prueba sin establecer con claridad la regla de la sana critica que dice que ha sido violentada; realiza alegatos propios de instancia, sin lograr confrontar en su alegato que el juzgador realizara conclusiones que no sean producto derivado de un medio de prueba, ni que las conclusiones sean construidas en base a medios de pruebas inexistentes o si las conclusiones estén basadas en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “la recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley. De la Procedencia del Recurso. El Tercer Motivo No Es De Recibo. La recurrente en la exposición de su motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconocen la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “La recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Fundamenta la recurrente este motivo de casación penal en la inobservancia de la Sana Critica en la valoración de la prueba (artículo 362 preámbulo y numeral 3 del Código Procesal Penal), sin establecer con claridad la regla de la sana critica que alega ha sido violentada, no desarrollándola de manera clara, estableciendo alegatos de instancia. La recurrente no realiza un desarrollo adecuado, confrontando los medios de prueba contra la valoración intelectiva que hiciera el juzgador; en consecuencia, como se reitera, la única instancia no puede sobreponer valoraciones probatorias que ha fincado el Tribunal de Sentencia, el cual cuenta con la inmediación, solo hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la Sana Critica. La confusión y desconocimiento evidentes en el planteamiento de la recurrente, impiden a esta Sala, descubrir el sentido de su reclamo y el alcance del mismo, de tal suerte que como ya se ha explicado, esta Sala, sólo puede hacer revisión del proceso de construcción de los razonamientos judiciales que valoran la prueba a fin de constatar que estén acorde con las reglas de la sana critica, por ende al no haber sido señalado por la recurrente, de manera clara y precisa los vicios que provocan la infracción, imposibilita a esta Sala de lo Penal dar respuesta al recurso planteado, por lo expuesto se declara improcedente el motivo de casación invocado. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La parte en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda de que la recurrente presentan queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un Recurso de Casación. No existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. No habiéndose presentado de manera adecuada el Recurso, esta Sala de lo Penal debe desestimar el motivo tercero interpuesto por la recurrente. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuestos por la Defensa Privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de Franklin Omar Padilla Ruiz, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Franklin Omar Padilla Ruiz, la pena principal de quince años de reclusión como responsable penalmente del delito de Homicidio, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, así como la responsabilidad civil. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Título III, Capítulo I, del Libro II del Código Penal 130-2017, tipificado como delito de Homicidio (Art. 192), cuya pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Franklin Omar Padilla Ruiz, conforme el CP-144-83 al ser de quince (15) años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de quince (15) a veinte (20) años de prisión; Quedando una pena abstracta de treinta (30) a cuarenta (40) años de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo; y declara No Ha Lugar en Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuestos por la Abogada Yanira Ibeth Rosales Garcia, actuando en su condición de Defensora Privada del señor Franklin Omar Padilla Ruiz, condenado por el delito de Homicidio, en perjuicio de Hector Darío Galindo Sosa. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Franklin Omar Padilla Ruiz. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Departamento de Olancho.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. – Secretaria de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de junio de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada el veinte de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-306-2019.
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Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal”.