Sentencia CP-295-21 — Registro 19440
Resumen
En primera instancia el Tribunal de Sentencia falló absolviendo al acusado de los delitos de de adquisición de vehículo robado y portación ilegal de arma comercial, resolviendo la Sala de lo Penal Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por el procesado Henry Adonys Torres Rodríguez, es necesario abordar el contenido el artículo 332-B del Código Penal, el cual establece: “UNICO: En fecha tres de febrero del año dos mil dieciséis, a eso de las diecisiete con cuarenta (17:40) horas, cuando se realizaba patrullaje por los agentes de Policía JOSÉ EMILIO GARCIA VELLOSA en compañía de JOSÉ SAMUEL BETANCO, en la 25 calle 13 avenida, de la Colonia San Francisco de San Pedro Sula, departamento de Cortés, procedieron a requerir al señor HENRY ADONYS TORRES RODRÍGUEZ, quien se conducía en un vehículo tipo Motocicleta, marca LIFAN, color negro, motor 163FML2MPF1004670, chasis LF3PCMGD9FA000749, año 2015, placas MAY-7370; asimismo los agentes de Policía, le practicaron al señor HENRY ADONYS TORRES RODRÍGUEZ un registro personal, encontrándole que portaba en su cintura al lado derecho, una arma de fuego tipo pistola, marca CZ, modelo 75BD, calibre 9 LUGER, color negro, serie 101019N con su respectivo cargador y 10 cartuchos calibre 9 mm., en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, por lo cual fue puesto a disponibilidad de autoridad competente.” Asimismo, mediante el decreto legislativo 184-2013 de fecha 01 de septiembre de 2013, pero prorrogado mediante decreto 063-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 06 de noviembre de 2014, prorrogado en su vigencia por un periodo de 6 meses mediante el decreto legislativo 60-2015, contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 31 de diciembre de 2015, de igual forma la ampliación bajo decreto No. 052-2017 se determinó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, el legislador dispuso un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego de uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. La parte recurrente considera que, el Tribunal Sentenciador aplicó indebidamente el decreto, al considerar el Juzgador que el referido decreto deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B del Código Penal; y en el segundo motivo refiere que el A-quo faltó en aplicar el delito de portación ilegal de armas comerciales contenido en el artículo 332-B del Código Penal decreto 144-83. Esta Sala de Casación considera necesario recordar, cual es el criterio que ésta Sala de lo Penal estableció al respecto y que se ha constituido en jurisprudencia en el sentido de que, la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus diferentes prórrogas es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto, permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado su artillería por carecer de factura de la Armería, que las mismas sean registradas a su nombre y así éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro del parque de armas para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 52-2017 y sus anteriores prórrogas, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, las circunstancias del día, hora y lugar de la detención, así como las actividades que realizaba el acusado durante su detención, permiten colegir objetivamente que la intencionalidad de este no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro, sino que más bien era utilizada para cometer delitos por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que los hechos probados revelan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación de Arma Comercial, por lo que, se ha dejado de aplicar el artículo 332-B del Código Penal, el cual no aplicó el Sentenciador, pero a la vez ha aplicado de forma incorrecta el decreto legislativo 184-2013; por lo que es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por infracción de ley, en tal sentido es procedente dictar una nueva sentencia condenando al acusado por el delito de portación ilegal de arma comercial. Para determinar la pena concreta conforme lo establece el artículo 69 del Código penal decreto 144-83, se debe tomar en consideración los antecedentes personales, la mayor o menor peligrosidad y las atenuantes o agravantes que hayan existido; según el Sentenciador no se acreditaron circunstancias agravantes ni atenuantes, por lo que es procedente imponer la pena mínima de 3 años de reclusión; así mismo condenarlo a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-295-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-295-2021 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Henry Adonis Torres Rodríguez, del delito de adquisición de vehículo robado en perjuicio de la empresa Motinsa S.A. de C.V. y el señor Allan Noe Murcia Lemus. SEGUNDO: Absolvió a Henry Adonis Torres Rodríguez, del delito de Posesión Ilegal De Armas en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. TERCERO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. CUARTO: No procedió el comiso de un arma de fuego, tipo pistola, marca CZ, número de Serie 10109N, con su respectivo cargador sin proyectiles, este Tribunal se pronuncia que la misma debe ser devuelta al tercero que acredite ser su propietario. Son partes en única instancia: La abogada Jessica Juárez, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrente y la abogada Lesly Argentina Rubio en su condición de defensora pública de Henry Adonis Torres Rodríguez, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: En fecha tres de febrero del año dos mil dieciséis, a eso de las diecisiete con cuarenta (17:40) horas, cuando se realizaba patrullaje por los agentes de Policía JOSÉ EMILIO GARCIA VELLOSA en compañía de JOSÉ SAMUEL BETANCO, en la 25 calle 13 avenida, de la Colonia San Francisco de San Pedro Sula, departamento de Cortés, procedieron a requerir al señor HENRY ADONYS TORRES RODRÍGUEZ, quien se conducía en un vehículo tipo Motocicleta, marca LIFAN, color negro, motor 163FML2MPF1004670, chasis LF3PCMGD9FA000749, año 2015, placas MAY-7370; asimismo los agentes de Policía, le practicaron al señor HENRY ADONYS TORRES RODRÍGUEZ un registro personal, encontrándole que portaba en su cintura al lado derecho, una arma de fuego tipo pistola, marca CZ, modelo 75BD, calibre 9 LUGER, color negro, serie 101019N con su respectivo cargador y 10 cartuchos calibre 9 mm., en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, por lo cual fue puesto a disponibilidad de autoridad competente.” Recurso De Casación: La recurrente abogada Jessica Juárez, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “AL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO PRIMERO: "Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332 "B" del Código Penal, en relación con el artículo 7 d de la ley de Control de Armas y Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION El precepto penal de orden sustantivo, citado, como infringido textualmente dice: "Articulo 332-B: "Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial". El juzgador en el factum de la sentencia ha plasmado como hecho probado lo siguiente: UNICO: En fecha tres de febrero del año dos mil dieciséis, a eso de las diecisiete con cuarenta (17.40) horas se realizaba un patrullaje por los agentes de policía JOSE EMEILIO GARCIA VELLOSA en compañía de JOSE MANUEL BETANCO en la 25 calle 13 avenida de la colonia San Francisco de San Pedro Sula, departamento de Cortés procedieron a requerir al señor HENRY ADONYS TORRES RODRIGUEZ, quien se conducía en un vehículo tipo motocicleta, marca LIFAN, color negro, motor 163FML2MPF1004670, chasis LF3PCMGD9FA000749, año 2015, placa MAY-7370; asimismo los agentes de Policía, le practicaron al señor HENRY ADONYS TORRES RODRIGUEZ un registro personal encontrándole que portaba en su cintura al lado derecho, un arma de fuego tipo pistola, marca CZ modelo 75BD, calibre 9 lugar, color negro, serie 101019N con su respectivo cargador y 10 cartuchos calibre 9mm, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo por lo cual fue puesto a disponibilidad de autoridad competente". El juzgador, emitió un fallo Absolutorio al considerar que la Ley aplicable en este caso, es el Decreto 60-2015 por ser la que más favorece al Imputado. Y en el numeral séptimo del apartado de fundamentación jurídica estableció lo siguiente:" ...que si bien es cierto los hechos ocurrieron el tres de febrero del dos mil dieciséis, resulta que en fecha veintiuno de mayo del dos mil quince, se estableció el decreto 60-2015 publicado el ocho de septiembre del año dos mil quince, en vigencia por un periodo hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, que de manera tacita derogaba la aplicabilidad del articulo 332 B, en el sentido de que otorgaba un periodo de veda para el registro de armas de fuego de las personas que no tuvieran la documentación respectiva; el Tribunal pondera además que en fecha cuatro de agosto del año dos mil diecisiete, entro en vigencia el decreto 52-2017 cuya vigencia es hasta el día treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, decreto este que permite a todos los ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la armería para que proceda con la documentación restante a realizar dicho registro. Este tribunal analizando el momento del hecho que ocurrió fue en fecha tres (3) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) y visto el momento en que se ha desarrollado el debate treinta y uno (31) de mayo y diecinueve (19) de junio del dos mil dieciocho donde se encuentra vigente el decreto 52-2017, es de aplicación La ley intermedia, que es aquella en que aun y cuando al momento que ocurrió el hecho no estaba vigente la sanción impuesta en el artículo 332 B, del Código Penal para la persona que estaba en posesión de una arma de fuego comercial, por no haber tenido el permiso legal y que al momento de celebrarse el juicio está vigente el decreto que es aplicable al sub judice y que por ende vuelve en tal sentido aplicable el principio favor re por aplicación de la ley intermedia, por ser esta FAVORABLE AL REO Y PROCEDE dictar un fallo absolutorio a favor del señor HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ en base al artículo 339 del código procesal penal, puesto que no se puede dictar un fallo de culpabilidad por cuanto esta derogada la aplicación del artículo 332B, en cuanto al delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL establecido en el artículo 332 B DEL Código Penal. A criterio de la Fiscalía carece de asidero legal, pues nuestra legislación no contempla regulación alguna en aspectos tan trascendentes como la penalización o no de una conducta al estimarse la misma licita o ilícita. Como se logra evidenciar, la apreciación equivoca de la normativa que ha realizado el Juzgador ha repercutido en la conformación viciada de la parte dispositiva de la sentencia, al concluir, que la acción perpetrada por el Acusado no es punible, al no ser lesiva del bien por serle aplicable una norma temporal que estaba en vigencia durante la tramitación del proceso, pero no en el momento de la consumación del hecho, tal y como puede apreciarse en el apartado de la Fundamentación Jurídica del fallo impugnado en los que sustenta su decisión. Del análisis de los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el Sujeto Activo es el Imputado HERNY ADONIS TORRES RODRIGUEZ quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, sin contar el permiso expedido por la autoridad competente, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual, lo acusó el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el fáctum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por HERNY ADONIS TORRES RODRIGUEZ, es el decreto 60-2015, mismo que no se encontraba vigente al momento de la ejecución del delito. 3.-. En la causa en estudio resulta claro y nos conduce a determinar que fue el 29 de junio del 2018, la fecha en que el juicio termino y el fallo en el caso en comento, debió ser sancionado punitivamente por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIA con un fallo condenatorio. Considera el ente acusador que el fallo absolutorio está en contradicción al principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Articulo 1: "Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito" y Articulo 2: "No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley". Asimismo, El articulo 96 de la Constitución de la República, establece lo siguiente: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado". En la causa en estudio, el Decreto al que aduce el sentenciador no constituye "una nueva ley vigente", pues como ya lo señalamos, la misma constituyó solamente una norma de vigencia temporal, y cuando el Acusado fue sentenciado, ya no estaba en vigencia dicha disposición legal. Por lo antes expuesto. Consideramos que lo señalado por el Juzgador es solamente una posibilidad de falencia del sistema de justicia penal, que a efectos legales resulta imposible conceptualizar consecuencias que retrotraigan la vigencia del articulo 332-B del Código Penal, que existía al momento de sentenciar al Imputado. Por lo que consideramos que, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma de fuego Comercial. Es por ello que, en base a los argumentos expuestos, estimamos que el A Quo, ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que él Imputado HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ, fue encontrado portando un arma de fuego Comercial, en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad. competente, por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Continúa Manifestando la parte recurrente en su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la siguiente manera: “AL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, CON RELACION AL DELITO DE ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO SEGUNDO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana critica prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. La conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica; es por ello, que se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRUEBA TESTIFICAL: DECLARACION DE JOSE EMILIO GARCIA VELLOSA, agente de policía que manifestó que en el lugar denominado colonia San Francisco del Municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés siendo las 17:55 horas del día tres (3) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016) se procedió a decomisar el vehículo que corresponde a una denuncia por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego y por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, refiriendo que dichos objetos fueron decomisados al señor de nombre HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ. PRUEBA DOCUMENTAL: A. ACTA DE DECOMISO O SECUESTRO DE VEHICULO la cual fue ratificada por el agente de policía JOSE EMILIO GARCIA VELLOSA, en la que se establece que le fue decomisado al señor HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ Vehículo marca Rifan, tipo motocicleta, color negro, serie LF3PCMGD9FA000749, MOTOR 163FM12MPF1004670, PLACA NO PORTA AÑO 2015. ESTADO: REGULAR. B.-DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DEL VEHICULO DEBIDAMENTE AUTENTICADOS: 1. COPIA DE BOLETA DE REVISION. 2.- DECLARACION JURADA DE VEHICULO DEI-420, DECLARACION NUMERO 420721256 3. DECLARACION UNICA ADUANERA NÚMERO DE SERIE 1083782 4.-CONTRATO DE COMPRA VENTA DE VEHICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA. 5. FACTURA NÚMERO 24723 A FAVOR DE GLENIS JOHANA CASTRO PADILLA. POR MOTINSA DE CENTRO AMERICA S.A. 6. BOLETIN DE PAGO DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO 7.- RESOLUCION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO ENTRE LOS SEÑORES SERGIO ARTURO JORDAN MATZDORF EN REPRESENTACION DE MOTINSA DE CENTROAMERICA S.A. C. AUTO DE MOTIVACION DE DEVOLUCION DE VEHICULO E. DENUNCIA NUMERO 909 INTERPUESTA POR EL SEÑOR ALAN NOE MURCIA LEMUS que le fue robada UNA MOTOCICLETA marca Lifan, tipo motocicleta, color negro, serie LF3PCMGD9FA000749, MOTOR 163FM12MPF1004670, PLACA NO PORTA AÑO 2015. ESTADO: REGULAR. Debemos señalar, que la apreciación realizada por el Tribunal, se torna como infractora a la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. el cual como sabemos, debe de estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma, así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de estas que se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el juzgador en la valoración de la prueba lo siguiente: “El tribunal considera que merece toda la credibilidad la prueba documental anteriormente expuesta como ser las actas de decomiso en virtud de haber sido actuaciones realizadas por la autoridad competente con las facultades necesarias para tal efecto, no hay duda alguna que se le decomiso al señor HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ La Motocicleta marca Lifan, tipo motocicleta, color negro, serie LF3PCMGD9FA000749, MOTOR 163FM12MPF1004670, PLACA NO PORTA AÑO 2015. ESTADO: REGULAR, pues dicho extremo no fue controvertido en juicio, asimismo con la documentación debidamente autenticada del vehículo descrito se ha establecido que el propietario de este era la empresa MOTINSA S.A. DE C.V y como fue la forma, el valor como adquirió el automotor dicha empresa, pero no compareció en representante legal de la empresa MOTINSA a juicio de igual forma en dicha documentación. se encuentra una resolución de contrato por mutuo acuerdo donde se establece que la señora GLENIS JOHANA CASTRO de común acuerdo ha decidido poner término al contrato de arrendamiento de fecha quince de enero del año dos mil quince y sucedidos los hechos en fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis....con respecto a la denuncia presentada por el señor ALLAN NOE MURCIA LEMUS, quien no compareció a juicio se logró establecer que se puso en conocimiento de la autoridad competente un hecho de un desposeimiento del automotor tipo motocicleta, por otro lado cabe destacar que si bien es cierto el acusado HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ fue encontrado en posesión del vehículo antes descrito, no es menos cierto que el ente acusador en ningún momento ha acreditado fehacientemente que dicho automotor haya sido efectivamente robado, puesto que la denuncia no es suficiente elemento para tener como demostrado esos extremos aun cuando la denuncia fue interpuesta por el señor ALLAN NOE MURCIA LEMUS a quien supuestamente despojaron del vehículo y no compareció a juicio a establecer este extremo, considerando además que la denuncia fue interpuesta por otra persona que no es el propietario del mismo por lo que es criterio por mayoría de este tribunal que se puede dar por cierto que se denunció el hecho mas no que efectivamente sucedió el desapoderamiento violento, por lo que la prueba documental anterior relacionado con la demás tampoco constituye elementos de cargo que quebrante el estado de inocencia del acusado." El juzgador al haber arribado la conclusión de que el acusado HENRY ADONIS TORRRES RODRIGUEZ no es responsable de la conducta delictiva que se le atribuye, más sin embargo la evidencia que ha efectuado una valoración aislada de la prueba incorporada al juicio pues dicto un fallo absolutorio. Asimismo en el apartado de fundamentación jurídica establece el juzgador;" De acuerdo a lo que se ha dicho este tribunal considera que no puede dictar una sentencia condenatoria contra HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHICULO ROBADO dado que el ente acusador no allego a juicio prueba que dé certeza al tribunal de que el hecho que ha declarado probado sea un acto constitutivo de delito, no existe prueba contra el encausado, por lo que no se ha podio destruir el estado de inocencia que lo ampara." La prueba allegada al proceso, muestra con claridad la serie de sucesos que ocurrieron, de tal manera que toda en su conjunto encaja perfectamente, mostrándonos la relación cronológica del hecho y la responsabilidad del imputado; por ende, los cuestionamientos que el juzgador realiza a la misma, son producto de una valoración aislada de cada medio de prueba, sin considerar la concordancia que existe entre ellos, pues el ente acusador demostró a través de la denuncia de robo y documentos de propiedad, así como el devolución que el vehículo tipo Motocicleta marca Lifan, tipo motocicleta, color negro, serie LF3PCMGD9FA000749, MOTOR 163FM12MPF1004670, PLACA NO PORTA AÑO 2015. ESTADO: REGULAR, fue adquirida por GLENIS JOHANA CASTRO PADILLA, compañera de hogar de ALLAN NOE MURCIA quienes fueron interceptados por personas armadas despojándolos de la motocicleta, cuando se encontraba en la colonia San Pedro, a la altura de las diez calles, veintiuno y veintidós calles, y dicha motocicleta está registrada a nombre de la empresa MOTINSA S.A. DE C.V. quien acredito su propiedad y le fue entregada mediante un auto motivado que se allego al juicio, cuando fue recuperada al haber sido decomisada al acusado HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ, quien se encontraba en posesión de la misma sin razón alguna el día tres de febrero del año dos mil dieciséis, sin poder demostrar como la había adquirido y que la conducía haciendo uso de la motocicleta y que al ser requerido por la autoridad se encontraba en posesión de la misma. Se demostró que la motocicleta antes descrita estaba en posesión del acusado HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ, que era producto de un delito contra la propiedad, y que al momento de su detención lo tenía consigo. Apreciamos que las acciones del imputado de estar en posesión de un vehículo de ajena pertenencia fueron conscientes y espontáneamente queridas por el acusado siendo la intención de producir un resultado lo que constituye el dolo, esto con arreglo al segundo párrafo del artículo 13 del Código Penal Vigente. Como se logra apreciar, la prueba de cargo en su conjunto se enlaza perfectamente entre sí y de ella se puede constatar, que no existe duda en relación a la dinámica de los hechos, y la participación del encausado HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ en estos hechos, en consecuencia y en este orden de resultados, de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas ya que la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica con los restantes medios probatorios, es decir, la prueba testifical, prueba documental: conducen todas ellas a la inexorable conclusión, de que el imputado si perpetró el hecho delictivo que es constitutivo de del delito de ENCUBRIMIENTO que establece el Artículo 388. Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien, sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este: esconde, compra, vende o 1) 2) 3) Guarda, recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito. Se llega a la conclusión de que la conducta no se subsume en el tipo penal de POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO por el que se le dictó una sentencia Absolutoria, sin embargo, La conducta imputada al acusado se subsume en el tipo penal de ENCUBRIMIENTO por el que en todo caso debería responder el encausado HENRY ADONIS TORRRES RODRIGUEZ tal como lo establece la prueba incorporada al juicio; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada. Infringiendo el Aquo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Atendiendo lo supra indicado, se hace evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por los delitos en referencia, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, hayan sido obtenidas incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea." En consecuencia, la Fiscalía como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el articulo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada: no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal; • Normas sustantivas infringidas: artículos 332-B del Código Penal (Decreto 144-83) con relación al artículo 7 de la Ley de Control de Armas y Municiones, explosivos y otros Similares; • Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo 332-B Código Penal (Decreto 144-83) con relación al artículo 7 de la Ley de Control de Armas y Municiones, explosivos y otros Similares; y • Pretensión: Casar la sentencia. Explica la parte recurrente que el Tribunal de Sentencia ha faltado a la aplicación del artículo 332-B Código Penal (Decreto 144-83) con relación al artículo 7 de la Ley de Control de Armas y Municiones, explosivos y otros Similares, ya que el sentenciador decide el decreto 60-2015, mismo que no se encontraba en vigencia al momento de los hechos, siendo así el fallo absolutorio contradictorio al principio de legalidad. Según los hechos probados, el arma encontrada al imputado fue utilizada para cometer un delito, pues los hechos probados, además que el arma es de tipo comercial, que se encuentra en buen estado de funcionamiento y que el acusado no portaba permiso para portarla. De Los Decretos Legislativos de Gracia o de “Veda” o “Amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004.d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. g. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. h. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. i. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. j. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. k. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto Legislativo 52-2017, constituye una prórroga del Decreto Legislativo 060-20145, el cual a su vez constituye una prórroga del Decreto Legislativo 063-2014, asimismo este constituye una prórroga de la resolución legislativa del Decreto Legislativo 184-2013, con cuya vigencia procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. En el Decreto No. 052-2017 se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia del Recurso. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por el procesado Henry Adonys Torres Rodríguez, es necesario abordar el contenido el artículo 332-B del Código Penal, el cual establece: “UNICO: En fecha tres de febrero del año dos mil dieciséis, a eso de las diecisiete con cuarenta (17:40) horas, cuando se realizaba patrullaje por los agentes de Policía JOSÉ EMILIO GARCIA VELLOSA en compañía de JOSÉ SAMUEL BETANCO, en la 25 calle 13 avenida, de la Colonia San Francisco de San Pedro Sula, departamento de Cortés, procedieron a requerir al señor HENRY ADONYS TORRES RODRÍGUEZ, quien se conducía en un vehículo tipo Motocicleta, marca LIFAN, color negro, motor 163FML2MPF1004670, chasis LF3PCMGD9FA000749, año 2015, placas MAY-7370; asimismo los agentes de Policía, le practicaron al señor HENRY ADONYS TORRES RODRÍGUEZ un registro personal, encontrándole que portaba en su cintura al lado derecho, una arma de fuego tipo pistola, marca CZ, modelo 75BD, calibre 9 LUGER, color negro, serie 101019N con su respectivo cargador y 10 cartuchos calibre 9 mm., en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, por lo cual fue puesto a disponibilidad de autoridad competente.” Asimismo, mediante el decreto legislativo 184-2013 de fecha 01 de septiembre de 2013, pero prorrogado mediante decreto 063-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 06 de noviembre de 2014, prorrogado en su vigencia por un periodo de 6 meses mediante el decreto legislativo 60-2015, contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 31 de diciembre de 2015, de igual forma la ampliación bajo decreto No. 052-2017 se determinó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, el legislador dispuso un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego de uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. La parte recurrente considera que, el Tribunal Sentenciador aplicó indebidamente el decreto, al considerar el Juzgador que el referido decreto deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B del Código Penal; y en el segundo motivo refiere que el A-quo faltó en aplicar el delito de portación ilegal de armas comerciales contenido en el artículo 332-B del Código Penal decreto 144-83. Esta Sala de Casación considera necesario recordar, cual es el criterio que ésta Sala de lo Penal estableció al respecto y que se ha constituido en jurisprudencia en el sentido de que, la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus diferentes prórrogas es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto, permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado su artillería por carecer de factura de la Armería, que las mismas sean registradas a su nombre y así éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro del parque de armas para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 52-2017 y sus anteriores prórrogas, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, las circunstancias del día, hora y lugar de la detención, así como las actividades que realizaba el acusado durante su detención, permiten colegir objetivamente que la intencionalidad de este no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro, sino que más bien era utilizada para cometer delitos por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que los hechos probados revelan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación de Arma Comercial, por lo que, se ha dejado de aplicar el artículo 332-B del Código Penal, el cual no aplicó el Sentenciador, pero a la vez ha aplicado de forma incorrecta el decreto legislativo 184-2013; por lo que es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por infracción de ley, en tal sentido es procedente dictar una nueva sentencia condenando al acusado por el delito de portación ilegal de arma comercial. Para determinar la pena concreta conforme lo establece el artículo 69 del Código penal decreto 144-83, se debe tomar en consideración los antecedentes personales, la mayor o menor peligrosidad y las atenuantes o agravantes que hayan existido; según el Sentenciador no se acreditaron circunstancias agravantes ni atenuantes, por lo que es procedente imponer la pena mínima de 3 años de reclusión; así mismo condenarlo a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tengan como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal infringida: Sin definir. • Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. • Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Arguye la parte recurrente que el Tribunal ha violentado la regla lógica en su postulado de derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, al absolver al acusado, al efectuar una valoración aislada de la prueba incorporada, sin considerar la concordancia que existe entre ellos. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación con el grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. De la revisión integral del razonamiento efectuado por el Tribunal de Sentencia, se advierte con claridad que la valoración de la prueba fue realizada de conformidad con los principios que integran las reglas de la sana crítica racional. En primer lugar, el Tribunal valoró adecuadamente el acta de decomiso y la documentación relativa a la propiedad del vehículo, reconociendo su autenticidad, regularidad y no controversia dentro del juicio oral y público. Tal valoración se realizó sobre bases objetivas y verificables, conforme al principio de razón suficiente, descartando cualquier duda sobre la legalidad de las actuaciones policiales y administrativas que dieron origen al decomiso. En segundo lugar, se advierte un uso correcto del principio lógico de no contradicción, al analizar las inconsistencias que surgen entre la versión de la señora Glenis Johana Castro Padilla, quien alega una relación contractual con la empresa MOTINSA, concluida un año antes del hecho y el hecho de que el bien aún figurara en poder de dicha empresa al momento del decomiso. Esta contradicción fáctica, debidamente resaltada por el Tribunal, debilitó la fuerza de dicha versión. Asimismo, se abordó de forma detallada la denuncia interpuesta por el señor Allan Noé Murcia Lemus, reconociendo que, si bien se denunció un presunto despojo, dicha denuncia fue incoada por una persona distinta a la víctima directa, y además, el denunciante no compareció al juicio, lo que impidió su confrontación. El Tribunal concluye con acierto que, aunque el acusado fue encontrado en posesión del bien, no existían elementos de prueba suficientes que acreditaran que el automotor fuera producto de un hecho ilícito ni que el acusado tuviese conocimiento de ello. Tal valoración se encuentra debidamente motivada, es objetiva, y guarda coherencia con el principio in dubio pro reo. Por lo tanto, La Sala no encuentra que el juzgador haya incurrido en vulneración a las reglas de la sana crítica, es decir, que se tengan en el fallo recurrido conclusiones carentes de razonamiento lógico que las vuelvan absurdas, ya que, sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba, el A-quo razona de manera coherente al valorar la prueba. De todo lo anterior, resulta procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la recurrente. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. No Ha Lugar el Recurso de Casación Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas generales de ponderación de la norma más favorable que define el NCP 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Artículo 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal de primera instancia, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Artículo 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); 2. Penas privativas de libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Artículo 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Artículo 621); 3. Pena de multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: a. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y, b. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Artículo 619); 4. Penas privativas de derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); 5. Medidas de seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el código penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el código penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Henry Adonis Torres Rodríguez, la pena principal de tres (3) años de reclusión por ser autor del delito de Portación Ilegal de Arma de fuego de Uso Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado completamente la pena de prisión. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 580 del mismo cuerpo legal regula el delito de tenencia y porte ilegal de armas de fuego, con una pena de 1 a 4 años de prisión, más la de localización permanente hasta por 2 años; pero como el acusado las portaba debe incrementarse en 1/3 quedando la nueva pena en 4 años a 5 años 4 meses. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, las penas impuestas al acusado mediante el decreto 144-83 es mucho menor que la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues no le beneficia. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Jessica Juárez, en su condición de fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Jessica Juárez, en su condición de fiscal del Ministerio Público. TERCERO: Casa Parcialmente la sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, reformándose el numeral Segundo y Cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, en los siguientes términos: I) Se debe condenar y se condena al señor Henry Adonis Torres Rodríguez, como responsable del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndosele como pena principal la pena de Tres (3) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. II) Se Declara el Comiso de un arma de fuego, tipo pistola. Marca CZ, número de serie 10109N, con su respectivo cargador sin proyectiles. Lo cual quedara a la orden y bajo custodia del Ministerio Público en el almacén de evidencias. III) Declarar FIRME y EJECUTABLE los pronunciamientos Primero, Tercero y Cuarto de la parte resolutiva de la sentencia. CUARTO: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. REDACTÓ EL MAGISTRADO MIRANDA SABIO. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-295-2021.Pía Cristina Mejia NúñezReceptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-295-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-295-2021 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Henry Adonis Torres Rodríguez, del delito de adquisición de vehículo robado en perjuicio de la empresa Motinsa S.A. de C.V. y el señor Allan Noe Murcia Lemus. SEGUNDO: Absolvió a Henry Adonis Torres Rodríguez, del delito de Posesión Ilegal De Armas en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. TERCERO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. CUARTO: No procedió el comiso de un arma de fuego, tipo pistola, marca CZ, número de Serie 10109N, con su respectivo cargador sin proyectiles, este Tribunal se pronuncia que la misma debe ser devuelta al tercero que acredite ser su propietario. Son partes en única instancia: La abogada Jessica Juárez, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrente y la abogada Lesly Argentina Rubio en su condición de defensora pública de Henry Adonis Torres Rodríguez, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: En fecha tres de febrero del año dos mil dieciséis, a eso de las diecisiete con cuarenta (17:40) horas, cuando se realizaba patrullaje por los agentes de Policía JOSÉ EMILIO GARCIA VELLOSA en compañía de JOSÉ SAMUEL BETANCO, en la 25 calle 13 avenida, de la Colonia San Francisco de San Pedro Sula, departamento de Cortés, procedieron a requerir al señor HENRY ADONYS TORRES RODRÍGUEZ, quien se conducía en un vehículo tipo Motocicleta, marca LIFAN, color negro, motor 163FML2MPF1004670, chasis LF3PCMGD9FA000749, año 2015, placas MAY-7370; asimismo los agentes de Policía, le practicaron al señor HENRY ADONYS TORRES RODRÍGUEZ un registro personal, encontrándole que portaba en su cintura al lado derecho, una arma de fuego tipo pistola, marca CZ, modelo 75BD, calibre 9 LUGER, color negro, serie 101019N con su respectivo cargador y 10 cartuchos calibre 9 mm., en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, por lo cual fue puesto a disponibilidad de autoridad competente.” Recurso De Casación: La recurrente abogada Jessica Juárez, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “AL RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO PRIMERO: "Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332 "B" del Código Penal, en relación con el artículo 7 d de la ley de Control de Armas y Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 360, del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION El precepto penal de orden sustantivo, citado, como infringido textualmente dice: "Articulo 332-B: "Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial". El juzgador en el factum de la sentencia ha plasmado como hecho probado lo siguiente: UNICO: En fecha tres de febrero del año dos mil dieciséis, a eso de las diecisiete con cuarenta (17.40) horas se realizaba un patrullaje por los agentes de policía JOSE EMEILIO GARCIA VELLOSA en compañía de JOSE MANUEL BETANCO en la 25 calle 13 avenida de la colonia San Francisco de San Pedro Sula, departamento de Cortés procedieron a requerir al señor HENRY ADONYS TORRES RODRIGUEZ, quien se conducía en un vehículo tipo motocicleta, marca LIFAN, color negro, motor 163FML2MPF1004670, chasis LF3PCMGD9FA000749, año 2015, placa MAY-7370; asimismo los agentes de Policía, le practicaron al señor HENRY ADONYS TORRES RODRIGUEZ un registro personal encontrándole que portaba en su cintura al lado derecho, un arma de fuego tipo pistola, marca CZ modelo 75BD, calibre 9 lugar, color negro, serie 101019N con su respectivo cargador y 10 cartuchos calibre 9mm, en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo por lo cual fue puesto a disponibilidad de autoridad competente". El juzgador, emitió un fallo Absolutorio al considerar que la Ley aplicable en este caso, es el Decreto 60-2015 por ser la que más favorece al Imputado. Y en el numeral séptimo del apartado de fundamentación jurídica estableció lo siguiente:" ...que si bien es cierto los hechos ocurrieron el tres de febrero del dos mil dieciséis, resulta que en fecha veintiuno de mayo del dos mil quince, se estableció el decreto 60-2015 publicado el ocho de septiembre del año dos mil quince, en vigencia por un periodo hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, que de manera tacita derogaba la aplicabilidad del articulo 332 B, en el sentido de que otorgaba un periodo de veda para el registro de armas de fuego de las personas que no tuvieran la documentación respectiva; el Tribunal pondera además que en fecha cuatro de agosto del año dos mil diecisiete, entro en vigencia el decreto 52-2017 cuya vigencia es hasta el día treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, decreto este que permite a todos los ciudadanos que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de venta de la armería para que proceda con la documentación restante a realizar dicho registro. Este tribunal analizando el momento del hecho que ocurrió fue en fecha tres (3) de febrero del año dos mil dieciséis (2016) y visto el momento en que se ha desarrollado el debate treinta y uno (31) de mayo y diecinueve (19) de junio del dos mil dieciocho donde se encuentra vigente el decreto 52-2017, es de aplicación La ley intermedia, que es aquella en que aun y cuando al momento que ocurrió el hecho no estaba vigente la sanción impuesta en el artículo 332 B, del Código Penal para la persona que estaba en posesión de una arma de fuego comercial, por no haber tenido el permiso legal y que al momento de celebrarse el juicio está vigente el decreto que es aplicable al sub judice y que por ende vuelve en tal sentido aplicable el principio favor re por aplicación de la ley intermedia, por ser esta FAVORABLE AL REO Y PROCEDE dictar un fallo absolutorio a favor del señor HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ en base al artículo 339 del código procesal penal, puesto que no se puede dictar un fallo de culpabilidad por cuanto esta derogada la aplicación del artículo 332B, en cuanto al delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL establecido en el artículo 332 B DEL Código Penal. A criterio de la Fiscalía carece de asidero legal, pues nuestra legislación no contempla regulación alguna en aspectos tan trascendentes como la penalización o no de una conducta al estimarse la misma licita o ilícita. Como se logra evidenciar, la apreciación equivoca de la normativa que ha realizado el Juzgador ha repercutido en la conformación viciada de la parte dispositiva de la sentencia, al concluir, que la acción perpetrada por el Acusado no es punible, al no ser lesiva del bien por serle aplicable una norma temporal que estaba en vigencia durante la tramitación del proceso, pero no en el momento de la consumación del hecho, tal y como puede apreciarse en el apartado de la Fundamentación Jurídica del fallo impugnado en los que sustenta su decisión. Del análisis de los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el Sujeto Activo es el Imputado HERNY ADONIS TORRES RODRIGUEZ quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, sin contar el permiso expedido por la autoridad competente, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual, lo acusó el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el fáctum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por HERNY ADONIS TORRES RODRIGUEZ, es el decreto 60-2015, mismo que no se encontraba vigente al momento de la ejecución del delito. 3.-. En la causa en estudio resulta claro y nos conduce a determinar que fue el 29 de junio del 2018, la fecha en que el juicio termino y el fallo en el caso en comento, debió ser sancionado punitivamente por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIA con un fallo condenatorio. Considera el ente acusador que el fallo absolutorio está en contradicción al principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Articulo 1: "Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito" y Articulo 2: "No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley". Asimismo, El articulo 96 de la Constitución de la República, establece lo siguiente: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado". En la causa en estudio, el Decreto al que aduce el sentenciador no constituye "una nueva ley vigente", pues como ya lo señalamos, la misma constituyó solamente una norma de vigencia temporal, y cuando el Acusado fue sentenciado, ya no estaba en vigencia dicha disposición legal. Por lo antes expuesto. Consideramos que lo señalado por el Juzgador es solamente una posibilidad de falencia del sistema de justicia penal, que a efectos legales resulta imposible conceptualizar consecuencias que retrotraigan la vigencia del articulo 332-B del Código Penal, que existía al momento de sentenciar al Imputado. Por lo que consideramos que, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma de fuego Comercial. Es por ello que, en base a los argumentos expuestos, estimamos que el A Quo, ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que él Imputado HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ, fue encontrado portando un arma de fuego Comercial, en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad. competente, por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Continúa Manifestando la parte recurrente en su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la siguiente manera: “AL RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA, CON RELACION AL DELITO DE ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO SEGUNDO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Critica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Articulo 362 numeral Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana critica prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. La conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica; es por ello, que se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRUEBA TESTIFICAL: DECLARACION DE JOSE EMILIO GARCIA VELLOSA, agente de policía que manifestó que en el lugar denominado colonia San Francisco del Municipio de San Pedro Sula, departamento de Cortés siendo las 17:55 horas del día tres (3) del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016) se procedió a decomisar el vehículo que corresponde a una denuncia por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego y por el delito de Adquisición de Vehículo Robado, refiriendo que dichos objetos fueron decomisados al señor de nombre HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ. PRUEBA DOCUMENTAL: A. ACTA DE DECOMISO O SECUESTRO DE VEHICULO la cual fue ratificada por el agente de policía JOSE EMILIO GARCIA VELLOSA, en la que se establece que le fue decomisado al señor HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ Vehículo marca Rifan, tipo motocicleta, color negro, serie LF3PCMGD9FA000749, MOTOR 163FM12MPF1004670, PLACA NO PORTA AÑO 2015. ESTADO: REGULAR. B.-DOCUMENTOS DE PROPIEDAD DEL VEHICULO DEBIDAMENTE AUTENTICADOS: 1. COPIA DE BOLETA DE REVISION. 2.- DECLARACION JURADA DE VEHICULO DEI-420, DECLARACION NUMERO 420721256 3. DECLARACION UNICA ADUANERA NÚMERO DE SERIE 1083782 4.-CONTRATO DE COMPRA VENTA DE VEHICULO AUTOMOTOR MOTOCICLETA. 5. FACTURA NÚMERO 24723 A FAVOR DE GLENIS JOHANA CASTRO PADILLA. POR MOTINSA DE CENTRO AMERICA S.A. 6. BOLETIN DE PAGO DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESO 7.- RESOLUCION DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO ENTRE LOS SEÑORES SERGIO ARTURO JORDAN MATZDORF EN REPRESENTACION DE MOTINSA DE CENTROAMERICA S.A. C. AUTO DE MOTIVACION DE DEVOLUCION DE VEHICULO E. DENUNCIA NUMERO 909 INTERPUESTA POR EL SEÑOR ALAN NOE MURCIA LEMUS que le fue robada UNA MOTOCICLETA marca Lifan, tipo motocicleta, color negro, serie LF3PCMGD9FA000749, MOTOR 163FM12MPF1004670, PLACA NO PORTA AÑO 2015. ESTADO: REGULAR. Debemos señalar, que la apreciación realizada por el Tribunal, se torna como infractora a la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. el cual como sabemos, debe de estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma, así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de estas que se vayan determinando, principio que se encuentra vulnerado al establecer el juzgador en la valoración de la prueba lo siguiente: “El tribunal considera que merece toda la credibilidad la prueba documental anteriormente expuesta como ser las actas de decomiso en virtud de haber sido actuaciones realizadas por la autoridad competente con las facultades necesarias para tal efecto, no hay duda alguna que se le decomiso al señor HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ La Motocicleta marca Lifan, tipo motocicleta, color negro, serie LF3PCMGD9FA000749, MOTOR 163FM12MPF1004670, PLACA NO PORTA AÑO 2015. ESTADO: REGULAR, pues dicho extremo no fue controvertido en juicio, asimismo con la documentación debidamente autenticada del vehículo descrito se ha establecido que el propietario de este era la empresa MOTINSA S.A. DE C.V y como fue la forma, el valor como adquirió el automotor dicha empresa, pero no compareció en representante legal de la empresa MOTINSA a juicio de igual forma en dicha documentación. se encuentra una resolución de contrato por mutuo acuerdo donde se establece que la señora GLENIS JOHANA CASTRO de común acuerdo ha decidido poner término al contrato de arrendamiento de fecha quince de enero del año dos mil quince y sucedidos los hechos en fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciséis....con respecto a la denuncia presentada por el señor ALLAN NOE MURCIA LEMUS, quien no compareció a juicio se logró establecer que se puso en conocimiento de la autoridad competente un hecho de un desposeimiento del automotor tipo motocicleta, por otro lado cabe destacar que si bien es cierto el acusado HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ fue encontrado en posesión del vehículo antes descrito, no es menos cierto que el ente acusador en ningún momento ha acreditado fehacientemente que dicho automotor haya sido efectivamente robado, puesto que la denuncia no es suficiente elemento para tener como demostrado esos extremos aun cuando la denuncia fue interpuesta por el señor ALLAN NOE MURCIA LEMUS a quien supuestamente despojaron del vehículo y no compareció a juicio a establecer este extremo, considerando además que la denuncia fue interpuesta por otra persona que no es el propietario del mismo por lo que es criterio por mayoría de este tribunal que se puede dar por cierto que se denunció el hecho mas no que efectivamente sucedió el desapoderamiento violento, por lo que la prueba documental anterior relacionado con la demás tampoco constituye elementos de cargo que quebrante el estado de inocencia del acusado." El juzgador al haber arribado la conclusión de que el acusado HENRY ADONIS TORRRES RODRIGUEZ no es responsable de la conducta delictiva que se le atribuye, más sin embargo la evidencia que ha efectuado una valoración aislada de la prueba incorporada al juicio pues dicto un fallo absolutorio. Asimismo en el apartado de fundamentación jurídica establece el juzgador;" De acuerdo a lo que se ha dicho este tribunal considera que no puede dictar una sentencia condenatoria contra HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ por el delito de ADQUISICIÓN DE VEHICULO ROBADO dado que el ente acusador no allego a juicio prueba que dé certeza al tribunal de que el hecho que ha declarado probado sea un acto constitutivo de delito, no existe prueba contra el encausado, por lo que no se ha podio destruir el estado de inocencia que lo ampara." La prueba allegada al proceso, muestra con claridad la serie de sucesos que ocurrieron, de tal manera que toda en su conjunto encaja perfectamente, mostrándonos la relación cronológica del hecho y la responsabilidad del imputado; por ende, los cuestionamientos que el juzgador realiza a la misma, son producto de una valoración aislada de cada medio de prueba, sin considerar la concordancia que existe entre ellos, pues el ente acusador demostró a través de la denuncia de robo y documentos de propiedad, así como el devolución que el vehículo tipo Motocicleta marca Lifan, tipo motocicleta, color negro, serie LF3PCMGD9FA000749, MOTOR 163FM12MPF1004670, PLACA NO PORTA AÑO 2015. ESTADO: REGULAR, fue adquirida por GLENIS JOHANA CASTRO PADILLA, compañera de hogar de ALLAN NOE MURCIA quienes fueron interceptados por personas armadas despojándolos de la motocicleta, cuando se encontraba en la colonia San Pedro, a la altura de las diez calles, veintiuno y veintidós calles, y dicha motocicleta está registrada a nombre de la empresa MOTINSA S.A. DE C.V. quien acredito su propiedad y le fue entregada mediante un auto motivado que se allego al juicio, cuando fue recuperada al haber sido decomisada al acusado HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ, quien se encontraba en posesión de la misma sin razón alguna el día tres de febrero del año dos mil dieciséis, sin poder demostrar como la había adquirido y que la conducía haciendo uso de la motocicleta y que al ser requerido por la autoridad se encontraba en posesión de la misma. Se demostró que la motocicleta antes descrita estaba en posesión del acusado HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ, que era producto de un delito contra la propiedad, y que al momento de su detención lo tenía consigo. Apreciamos que las acciones del imputado de estar en posesión de un vehículo de ajena pertenencia fueron conscientes y espontáneamente queridas por el acusado siendo la intención de producir un resultado lo que constituye el dolo, esto con arreglo al segundo párrafo del artículo 13 del Código Penal Vigente. Como se logra apreciar, la prueba de cargo en su conjunto se enlaza perfectamente entre sí y de ella se puede constatar, que no existe duda en relación a la dinámica de los hechos, y la participación del encausado HENRY ADONIS TORRES RODRIGUEZ en estos hechos, en consecuencia y en este orden de resultados, de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas ya que la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica con los restantes medios probatorios, es decir, la prueba testifical, prueba documental: conducen todas ellas a la inexorable conclusión, de que el imputado si perpetró el hecho delictivo que es constitutivo de del delito de ENCUBRIMIENTO que establece el Artículo 388. Incurrirá en reclusión de tres (3) a cinco (5) años, quien, sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito, pero con motivos suficientes para suponer la comisión de este: esconde, compra, vende o 1) 2) 3) Guarda, recibe en prenda o permuta los efectos o instrumentos del delito. Se llega a la conclusión de que la conducta no se subsume en el tipo penal de POSESIÓN DE VEHÍCULO ROBADO por el que se le dictó una sentencia Absolutoria, sin embargo, La conducta imputada al acusado se subsume en el tipo penal de ENCUBRIMIENTO por el que en todo caso debería responder el encausado HENRY ADONIS TORRRES RODRIGUEZ tal como lo establece la prueba incorporada al juicio; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada. Infringiendo el Aquo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Atendiendo lo supra indicado, se hace evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por los delitos en referencia, incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, hayan sido obtenidas incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea." En consecuencia, la Fiscalía como recurrente es del firme criterio, que se violentó en todos sus alcances las reglas de la Sana Crítica que le debe merecer al juzgador al momento de valorar la prueba en comento, tal y como lo expresa el articulo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado, dejando de lado la valoración de la prueba de una manera armónica y concatenada: no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. • Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal; • Normas sustantivas infringidas: artículos 332-B del Código Penal (Decreto 144-83) con relación al artículo 7 de la Ley de Control de Armas y Municiones, explosivos y otros Similares; • Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo 332-B Código Penal (Decreto 144-83) con relación al artículo 7 de la Ley de Control de Armas y Municiones, explosivos y otros Similares; y • Pretensión: Casar la sentencia. Explica la parte recurrente que el Tribunal de Sentencia ha faltado a la aplicación del artículo 332-B Código Penal (Decreto 144-83) con relación al artículo 7 de la Ley de Control de Armas y Municiones, explosivos y otros Similares, ya que el sentenciador decide el decreto 60-2015, mismo que no se encontraba en vigencia al momento de los hechos, siendo así el fallo absolutorio contradictorio al principio de legalidad. Según los hechos probados, el arma encontrada al imputado fue utilizada para cometer un delito, pues los hechos probados, además que el arma es de tipo comercial, que se encuentra en buen estado de funcionamiento y que el acusado no portaba permiso para portarla. De Los Decretos Legislativos de Gracia o de “Veda” o “Amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003. Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004.d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. g. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. h. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. i. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. j. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. k. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los decretos legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A. Sala de lo Constitucional: en sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los expedientes números 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B. Sala de lo Penal: a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico, el Decreto Legislativo 52-2017, constituye una prórroga del Decreto Legislativo 060-20145, el cual a su vez constituye una prórroga del Decreto Legislativo 063-2014, asimismo este constituye una prórroga de la resolución legislativa del Decreto Legislativo 184-2013, con cuya vigencia procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general, no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. En el Decreto No. 052-2017 se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia del Recurso. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Para efecto de elaborar una exposición sistemática de la relevancia jurídico-penal de la acción realizada por el procesado Henry Adonys Torres Rodríguez, es necesario abordar el contenido el artículo 332-B del Código Penal, el cual establece: “UNICO: En fecha tres de febrero del año dos mil dieciséis, a eso de las diecisiete con cuarenta (17:40) horas, cuando se realizaba patrullaje por los agentes de Policía JOSÉ EMILIO GARCIA VELLOSA en compañía de JOSÉ SAMUEL BETANCO, en la 25 calle 13 avenida, de la Colonia San Francisco de San Pedro Sula, departamento de Cortés, procedieron a requerir al señor HENRY ADONYS TORRES RODRÍGUEZ, quien se conducía en un vehículo tipo Motocicleta, marca LIFAN, color negro, motor 163FML2MPF1004670, chasis LF3PCMGD9FA000749, año 2015, placas MAY-7370; asimismo los agentes de Policía, le practicaron al señor HENRY ADONYS TORRES RODRÍGUEZ un registro personal, encontrándole que portaba en su cintura al lado derecho, una arma de fuego tipo pistola, marca CZ, modelo 75BD, calibre 9 LUGER, color negro, serie 101019N con su respectivo cargador y 10 cartuchos calibre 9 mm., en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, por lo cual fue puesto a disponibilidad de autoridad competente.” Asimismo, mediante el decreto legislativo 184-2013 de fecha 01 de septiembre de 2013, pero prorrogado mediante decreto 063-2014 publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 06 de noviembre de 2014, prorrogado en su vigencia por un periodo de 6 meses mediante el decreto legislativo 60-2015, contados a partir de su fecha de vencimiento, es decir, con una temporalidad que abarca hasta el 31 de diciembre de 2015, de igual forma la ampliación bajo decreto No. 052-2017 se determinó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, el legislador dispuso un período de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier arma de fuego de uso comercial la pueda legalizar aunque no posea factura de venta de La Armería, con la documentación respectiva, a excepción de dicha factura. La parte recurrente considera que, el Tribunal Sentenciador aplicó indebidamente el decreto, al considerar el Juzgador que el referido decreto deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-B del Código Penal; y en el segundo motivo refiere que el A-quo faltó en aplicar el delito de portación ilegal de armas comerciales contenido en el artículo 332-B del Código Penal decreto 144-83. Esta Sala de Casación considera necesario recordar, cual es el criterio que ésta Sala de lo Penal estableció al respecto y que se ha constituido en jurisprudencia en el sentido de que, la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus diferentes prórrogas es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto, permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado su artillería por carecer de factura de la Armería, que las mismas sean registradas a su nombre y así éstas pasen a ser legales. Todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro del parque de armas para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de portación ilegal de arma de fuego comercial durante el periodo de vigencia del decreto 52-2017 y sus anteriores prórrogas, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaba un arma de fuego comercial sin autorización durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, las circunstancias del día, hora y lugar de la detención, así como las actividades que realizaba el acusado durante su detención, permiten colegir objetivamente que la intencionalidad de este no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma con la finalidad de que ésta procediera a su registro, sino que más bien era utilizada para cometer delitos por lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que los hechos probados revelan los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación de Arma Comercial, por lo que, se ha dejado de aplicar el artículo 332-B del Código Penal, el cual no aplicó el Sentenciador, pero a la vez ha aplicado de forma incorrecta el decreto legislativo 184-2013; por lo que es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por infracción de ley, en tal sentido es procedente dictar una nueva sentencia condenando al acusado por el delito de portación ilegal de arma comercial. Para determinar la pena concreta conforme lo establece el artículo 69 del Código penal decreto 144-83, se debe tomar en consideración los antecedentes personales, la mayor o menor peligrosidad y las atenuantes o agravantes que hayan existido; según el Sentenciador no se acreditaron circunstancias agravantes ni atenuantes, por lo que es procedente imponer la pena mínima de 3 años de reclusión; así mismo condenarlo a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tengan como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones de la recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal infringida: Sin definir. • Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. • Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Arguye la parte recurrente que el Tribunal ha violentado la regla lógica en su postulado de derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, al absolver al acusado, al efectuar una valoración aislada de la prueba incorporada, sin considerar la concordancia que existe entre ellos. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación con el grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. De la revisión integral del razonamiento efectuado por el Tribunal de Sentencia, se advierte con claridad que la valoración de la prueba fue realizada de conformidad con los principios que integran las reglas de la sana crítica racional. En primer lugar, el Tribunal valoró adecuadamente el acta de decomiso y la documentación relativa a la propiedad del vehículo, reconociendo su autenticidad, regularidad y no controversia dentro del juicio oral y público. Tal valoración se realizó sobre bases objetivas y verificables, conforme al principio de razón suficiente, descartando cualquier duda sobre la legalidad de las actuaciones policiales y administrativas que dieron origen al decomiso. En segundo lugar, se advierte un uso correcto del principio lógico de no contradicción, al analizar las inconsistencias que surgen entre la versión de la señora Glenis Johana Castro Padilla, quien alega una relación contractual con la empresa MOTINSA, concluida un año antes del hecho y el hecho de que el bien aún figurara en poder de dicha empresa al momento del decomiso. Esta contradicción fáctica, debidamente resaltada por el Tribunal, debilitó la fuerza de dicha versión. Asimismo, se abordó de forma detallada la denuncia interpuesta por el señor Allan Noé Murcia Lemus, reconociendo que, si bien se denunció un presunto despojo, dicha denuncia fue incoada por una persona distinta a la víctima directa, y además, el denunciante no compareció al juicio, lo que impidió su confrontación. El Tribunal concluye con acierto que, aunque el acusado fue encontrado en posesión del bien, no existían elementos de prueba suficientes que acreditaran que el automotor fuera producto de un hecho ilícito ni que el acusado tuviese conocimiento de ello. Tal valoración se encuentra debidamente motivada, es objetiva, y guarda coherencia con el principio in dubio pro reo. Por lo tanto, La Sala no encuentra que el juzgador haya incurrido en vulneración a las reglas de la sana crítica, es decir, que se tengan en el fallo recurrido conclusiones carentes de razonamiento lógico que las vuelvan absurdas, ya que, sin el ánimo de valorar alternativamente la prueba, el A-quo razona de manera coherente al valorar la prueba. De todo lo anterior, resulta procedente declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la recurrente. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. No Ha Lugar el Recurso de Casación Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas generales de ponderación de la norma más favorable que define el NCP 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Artículo 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal de primera instancia, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Artículo 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); 2. Penas privativas de libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Artículo 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Artículo 621); 3. Pena de multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: a. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y, b. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Artículo 619); 4. Penas privativas de derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620); 5. Medidas de seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el código penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el código penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Henry Adonis Torres Rodríguez, la pena principal de tres (3) años de reclusión por ser autor del delito de Portación Ilegal de Arma de fuego de Uso Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado completamente la pena de prisión. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 580 del mismo cuerpo legal regula el delito de tenencia y porte ilegal de armas de fuego, con una pena de 1 a 4 años de prisión, más la de localización permanente hasta por 2 años; pero como el acusado las portaba debe incrementarse en 1/3 quedando la nueva pena en 4 años a 5 años 4 meses. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, las penas impuestas al acusado mediante el decreto 144-83 es mucho menor que la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues no le beneficia. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Jessica Juárez, en su condición de fiscal del Ministerio Público. SEGUNDO: Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Jessica Juárez, en su condición de fiscal del Ministerio Público. TERCERO: Casa Parcialmente la sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, reformándose el numeral Segundo y Cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, en los siguientes términos: I) Se debe condenar y se condena al señor Henry Adonis Torres Rodríguez, como responsable del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndosele como pena principal la pena de Tres (3) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil. II) Se Declara el Comiso de un arma de fuego, tipo pistola. Marca CZ, número de serie 10109N, con su respectivo cargador sin proyectiles. Lo cual quedara a la orden y bajo custodia del Ministerio Público en el almacén de evidencias. III) Declarar FIRME y EJECUTABLE los pronunciamientos Primero, Tercero y Cuarto de la parte resolutiva de la sentencia. CUARTO: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. REDACTÓ EL MAGISTRADO MIRANDA SABIO. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-295-2021.
Pía Cristina Mejia Núñez
Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal”