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Sentencia CP-274-21 — Registro 20150

Resumen

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de homicidio culposo (accidente de tránsito), resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar el recurso de casación y declaró la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ya ha establecido como criterio jurisprudencial, la obligación de observar el Principio de Debida Técnica Recursiva, para todos aquellos recurrentes que intente la presentación y desarrollo de un recurso de casación en cualquiera de sus especies; en ella se plantean los requerimientos mínimos para que esta Sala de Casación proceda a hacer la revisión de la sentencia que se cuestiona. La parte recurrente no ha cumplido con la observancia de esas normas y lineamientos, señaló como motivo de casación que los hechos probados no son claros ni terminantes, que estos no fueron realizados de forma que demuestren claridad y pertinencia. Consideramos necesario explicar el error incurrido por la parte recurrente, para el caso: denuncia como motivo de casación el numeral 1 del artículo 362 del CPP, mismo que contiene varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente: “Que en la sentencia falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados; que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.” De este vicio resulta varios supuestos: a) Falta de declaración de hechos probados: Para éste, y los demás vicios, es imprescindible observar la exigencia que el CPP impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la consignación de los hechos probados. Al respecto, el numeral 1, sección cuarta, del Artículo 338, dispone que "se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". El Tribunal de Sentencia tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo de que no aparece en la sentencia -que absuelve o condena- esa consignación de hechos probados, es decir, que el juzgador haya omitido incluir el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. b) Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del CPP, en el sentido de que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. c) Contradicción en los hechos probados. Aquí nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir "in términis", y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución. Lamentablemente el censor no ha sido específico al señalar cuál de los tres vicios que establece el artículo 362 numeral 1 del CPP considera infringido y cómo el juzgador incurrió en el mismo, por lo que este primer motivo debe ser desestimado. De la lectura de los hechos probados comprobamos que los mismos son una descripción de una parte de los medios de prueba evacuados en juicio oral y público, en ese sentido la Sala de Penal es del criterio que, solo la descripción o enumeración de medios probatorios no puede considerarse como hechos probados, por lo cual en el caso de autos lo que existe es una carencia de hechos probados, en este sentido la vía recursiva utilizada por el impetrante ha sido equivocada, por ello cual el motivo no cumple con la debida técnica en su exposición..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Cesar López López, la pena principal de tres (3) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de Nancy Maricela Castillo, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130 -2017, como delito de Homicidio Imprudente (artículo 198) cuya pena es de prisión de tres (03) a siete (7) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado en la sentencia. .."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-274-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de agosto de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de CasaciónSP-274- 2021 por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictado por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, media nte la cual falló: PRIMERO: Condenó a Cesar López López, por el delito de Homicidio Culposo en perjuicio de Nancy Maricela Castillo a la pena de tres años de reclusión y a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Reclusión, que deberá cumplir en la Penitenciaria de la Ciudad de Comayagua. Además, el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure la misma en obras públicas o en labores dentro del establecimiento Penitenciario. SEGUNDO: Declaró a Cesar López López responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los perjuicios causados por los delitos cometidos, siendo el Juzgado de Ejecución correspondiente el que oportunamente conozca y resuelva lo que corresponda. TERCERO: No procedió condenar en costas al encausado Cesar López López. CUARTO: Otorgó el beneficio de la SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, Impuesta a favor del condenado Cesar López López, por el termino de prueba de cinco años a partir del momento en que la sentencia quede firme, la cual quedara sujeta a la determinación y vigilancia del Juez de Ejecución de la Pena, todo lo cual no afectara las penas accesorias impuestas, sin perjuicio que de incurrir en nuevos hechos que den motivo que puedan producir su cesación, deberá hacerse efectiva la pena suspendida condicionalmente. Son partes en única instancia: El abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado de Cesar López López, como parte recurrente y la abogada Ilse Adela Fuentes en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: Que en fecha diez y siete de junio del año dos mil catorce la perito forense Dra. HEYDI RODAS ORTEZ determino en su dictamen de autopsia que NANCY MARICELA CASTILLO CERRATO que las lesiones encontradas en su cuerpo al momento de la autopsia son compatibles con las producidas por accidente de tránsito de tipo atropellamiento concluyendo: casusa de muerte accidente de tránsito traumatismo craneoencefálico abierto, laceración cerebral, MANERA DE MUERTE; accidental desde el punto de vista médico legal.” Recurso De Casación: El recurrente abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado de Cesar López López, procedió a formalizar sus Recursos de Casación por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION LEY MOTIVO UNICO: Aplicación indebida del artículo 121 en relación al artículo 32 del código penal, PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación por infracción de ley sustantiva, se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que "Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a) Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados constituyen el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia, Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. Su misión se limita a la revisión del juicio de Derecho contenido en la sentencia; es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), resulta Honorable Tribunal de Alzada que en fecha diecisiete de febrero del año 2020, el Tribunal de Sentencia de Comayagua, emitió sentencia en el Nombre Del Estado de Honduras, donde declaró como hechos probados lo siguiente, "UNICO: En fecha diecisiete de Junio del dos mil catorce la perito forense Dra. HEYDI RODAS ORTEZ determino en su dictamen de autopsia que NANCY MARICELA CASTILLO CERRATO que las lesiones encontradas en su cuerpo al momento de la autopsia son compatibles con las producidas por accidente de tránsito de tipo atropellamiento concluyendo: causa de muerte accidente de tránsito traumatismo craneoencefálico abierto, laceración cerebral, MANERA DE MUERTE: accidental desde el punto de vista médico. Situación que considero que violenta totalmente la norma jurídica que le fue aplicada, consistente en la establecida en el artículo ARTICULO 121. El autor de homicidio culposo será castigado con tres a cinco años Sin embargo y sin entrar a valorar los medios de prueba que fueron evacuados en el juicio oral y público porque se podría violentar el principio de la debida técnica y convertirse en una casación de forma, hago énfasis en los argumentos jurídicos que hacen posible alegar esta violación e infracción a la norma penal sustantiva, y comienzo de la siguiente manera, establece el artículo 32 del Código Penal lo siguiente, Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado." es decir que los hechos probados relacionados en la sentencia deben conllevar los elementos del tipo penal tanto objetivos como subjetivos, por ende si revisamos minuciosamente los hechos probados en la sentencia, considera esta defensa, que no se subsume la norma penal sustantiva infringida en los hechos probados en la referida sentencia, ya que sentenciador en su único apartado establece un relato de la práctica de una autopsia, concluyendo que la causa de muerte es por accidente de tránsito. Por lo cual Honorable Tribunal de Alzada, el sentenciador omitió establecer en esos hechos probados, un relato más completo, preciso, cronológico, un relato que realmente se configure como elementos que pueda cubrir la totalidad que establece el artículo 32 y 121 del Código Penal Vigente, ya que se debe de considerar y debe saber, que el tipo penal de Homicidio Culposo determina la responsabilidad penal de quien de muerte circunstancia que no se encuentra descrita en los hechos declarados probados, es decir, que en éstos no se describe que CESAR LOPEZ LOPEZ, hayan realizado alguna acción u omisión en los hechos declarados probados, en ninguna parte del apartados se indica que hayan sido CESAR LOPEZ LOPEZ la persona que haya producido el accidente donde falleciera NANCY MARICELA CASTILLO CERRATO” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por Infracción de precepto Constitucional: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL PRIMER MOTIVO: "Infracción del precepto constitucional comprendido en el artículo 89, que literalmente establece: "TODA PERSONA ES INOCENTE MIENTRAS NO SE HAYA DECLARADO SU RESPONSABILIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE" PRECEPTO AUTORIZANTE: "El presente motivo de casación se encuentra comprendido el artículo 361 del CPP." EXPLICACION DEL MOTIVO: El motivo por infracción de Precepto Constitucional, que proclamamos es el contentivo a LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, el cual lo relacionamos con el artículo 2 del Código Procesal Penal y 89 del propio Texto Constitucional. Según los hechos probados por el Tribunal los cuales no son congruentes y no son una transcripción a medios de pruebas evacuados por lo cual se violenta el estado de inocencia de CESAR LOPEZ LOPEZ ya que es claro que no existe prueba evacuada en juicio que hagan verosímil esos enunciados; en consecuencia se contradicen con la multitud de extremos fundamentales en relación con su versión de los hechos ya que no se encuentran corroboradas por ningún medio probatorio o indiciario, por lo que, de la prueba practicada no existe base razonable para dictarse un pronunciamiento de culpabilidad, conculcándose el principio de presunción de inocencia. Nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas, en virtud de que el recurso de casación puede interponerse en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. Por ello a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que un Tribunal de Sentencia haya deducido de su contenido. Por tanto el acusado CESAR LOPEZ LOPEZ tiene abierta una vía que permite a la Sala de lo Penal hacer una la revisión integra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no solo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba., y que el razonamiento de la convicción obedeció a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la Sala de lo Penal puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria, es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción, concentración y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la siguiente manera: “CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Por falta de claridad y precisión en la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral uno del Artículo 362 del Código Procesal Penal." EXPLICACION DEL MOTIVO: El fallo recurrido infringe lo dispuesto en el Artículo 338 sección cuarta, número uno del Código Procesal Penal, norma procesal esta que en la parte referida dispone lo siguiente: "Artículo 338.- REQUISITOS DE LA SENTENCIA. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter, predeterminen el fallo que haya de dictarse. 2)..." El juzgador declaró como hechos probados los siguientes: UNICO: En fecha diecisiete de Junio del dos mil catorce la perito forense Dra. HEYDI RODAS ORTEZ determino en su dictamen de autopsia que NANCY MARICELA CASTILLO CERRATO que las lesiones encontradas en su cuerpo al momento de la autopsia son compatibles con las producidas por accidente de tránsito de tipo atropellamiento concluyendo: causa de muerte accidente de tránsito traumatismo craneoencefálico abierto, laceración cerebral, MANERA DE MUERTE: accidental desde el punto de vista médico.. Estos hechos probados fueron calificados por el Juzgador como el delito de HOMICIDIO CULPOSO declarando responsable de dicho delito a CESAR LOPEZ LOPEZ, sin embargo, al analizar tales hechos probados se evidencia el vicio denunciado ya que la descripción de los mismos no satisface los requisitos de claridad, precisión y coherencia impuestos por el Artículo 338, sección cuarta, número uno del Código Procesal Penal; ya que los hechos probados no establecen una participación de CESAR LOPEZ LOPEZ, solo se limita a establecer lo determinado en el dictamen de autopsia. En principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos). El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que, por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho al momento de parangonarlo con el precepto penal aplicado y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro. En la presente resolución era preciso dejar claramente definido en los hechos probados, cuando sucedieron los hechos, como sucedieron, como se provocó el mismo, quien era la persona que causa el accidente, de manera que la falta de claridad y precisión redunda en la conciliación que debe existir entre el hecho probado y el precepto penal aplicado.” Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados) Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa privada. Único motivo. • Precepto autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal; • Normas sustantivas infringidas: artículo 177 del Código Penal; • Concepto de la infracción: Aplicación indebida del artículo 121 en relación al artículo 32 del Código Penal; y • Pretensión: Casar la sentencia. Explica la parte recurrente que los hechos probados relacionados en la sentencia deben conllevar los elementos del tipo penal tanto objetivos como subjetivos, por lo tanto, se ha aplicado indebidamente la norma penal sustantiva que fue aplicada al condenar al encausado por el delito de Homicidio Culposo, ya que conforme a los hechos probados el Tribunal únicamente se limita a establecer un relato de la práctica de una autopsia, concluyendo únicamente que la causa de muerte es por accidente de tránsito. De La Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa, explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinta de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo en su único motivo. Esta Sala de lo Penal desea destacar la incongruencia en el planteamiento del recurso y la falta de claridad y precisión que lo vuelve confuso, porque no lo explica la parte recurrente. Esta Sala reitera que, por la vía de Infracción de Ley, que es el cauce invocado por el Censor, no es procedente conocer de los alegatos fundados en defectos de forma que radican en la valoración errónea de la prueba, en tanto que los mismos han debido ser canalizados a través de un motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. Asimismo, esta Sala estima que para que prospere un alegato de violación de Doctrina Legal, el Censor debe centrar su argumentación recursiva en una falta de aplicación, indebida aplicación o errónea interpretación de la doctrina legal fijada por el más alto tribunal de justicia, en este caso, en Derecho Penal sustantivo, conformada por tres o más fallos que acrediten de forma indubitable, una sólida línea hermenéutica o de interpretación jurisprudencial, y una vez establecido lo anterior, comprobar que el Juzgador ha dejado de aplicar la interpretación jurídica de la norma penal en el fallo impugnado. En el caso súbjudice lo que existe es una inexistencia de hechos probados, lamentablemente el censor ha invocado un error en la vía recursiva ya que este debió de ser reclamado a través del recurso de Quebrantamiento de Forma en su precepto autorizante, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto, que falte la declaración de hechos, como lo es el caso examine que existe una inexistencia de hechos probados. Por lo anteriormente expuesto, el motivo de casación invocado por el recurrente debe ser desestimado. Fundamentación Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá de denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el Recurrente debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentados (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la Defensa Privada. Único motivo. • Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 89 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: infracción al estado de inocencia. • Pretensión: dictar lo procedente conforme a derecho. Arguye la parte recurrente que los hechos probados emitidos por el Tribunal no son congruentes y no son una trascripción a los medios de pruebas evacuados por lo cual se violeta el estado de inocencia, ya que es claro que no existe prueba evacuada en juicio que acrediten la culpabilidad. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal resuelve con base a las consideraciones siguientes: En el presente caso el recurrente presenta un recurso vació de contenido, sin técnica recursiva alguna; suma el hecho que no hace una exposición científica del porque considera por que la norma constitucional enumerada ha sido violentada, porque expone la infracción de un solo motivo. Mas la parte recurrente no confronta el contenido y alcance del precepto constitucional que se arguyen como infringido, con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, que es en todo caso lo que debe ser el objeto de impugnación del recurso. Siendo así la esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional, velar por el cumplimiento del Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial, como ser las sentencias, para lo que la parte recurrente deberá: a. Justificar la interposición del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, (recurso ordinario), como consecuencia de la falta de previsión del vicio a denunciar en las causales previstas en los recursos de casación por Infracción de Ley, de doctrina legal o de quebrantamiento de forma (recursos extraordinarios); Es pues que el recurso de casación por infracción de precepto constitucional deberá de ser planteado siempre en defecto de la imposibilidad de interponer aquellos recursos que de manera especial prevén el vicio que se pretenda denunciar; b. Indicar la norma constitucional o del bloque constitucional que se considere ha sido violada por: inobservancia, indebida aplicación, indebida interpretación o aplicación con alcances restrictivos no contemplados en ella; c. Exponer de manera clara y precisa el vicio denunciado, como éste se relaciona con la norma constitucional o del bloque constitucional que se considera violentada y principalmente cuales son los efectos legales y necesariamente materiales de dicha violación; d. En el caso de que el vicio sea de carácter procesal penal, el Censor/a deberá de enumerar los remedios legales o materiales intentados para subsanar o sanear el vicio; e. Expresión clara de la pretensión perseguida con la interposición del recurso; Tal pretensión deberá de ser consecuente con la naturaleza norma constitucional o de bloque constitucional y con el vicio denunciado. La parte recurrente hace decaer el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la Defensa Privada. Único motivo. • Norma procesal infringida: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal; • Concepto de la Infracción: La declaración de hechos probados no es clara ni terminante. • Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. • Pretensión: Sin determinar. Arguye la parte recurrente que al analizar los hechos probados se evidencia el vicio denunciado ya que la descripción de los mismos no satisface los requisitos de claridad, precisión y coherencia, solo se limita a establecer lo determinado en el dictamen de autopsia. De los Hechos Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que fueron debatidos; es una realidad existente que ha sido reconstruida por el juzgador. Como lo señala Murena (Murena, Maximiliano, en “Acerca de la Motivación de los Hechos en la Sentencia Penal”, contenido en La Sentencia Penal, Madrid 1002, pág. 133): es “el intento de determinación de los hechos probados del pasado, a través del análisis de hechos probatorios del presente”. Los hechos probados es una descripción, donde los/as juzgadores/as hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate.- Los hechos probados, junto con la motivación probatoria y la motivación jurídica integran la “jugement motive” (sentencia motivada), garantía ante el arbitrio judicial; motivar una sentencia no solo es una manifestación de respeto ante el poder delegado de juzgar sino un instrumento contra su abuso. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores/as, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. En los hechos probados el juzgador deberá de evitar plasmar resultados aislados de prueba, mucho menos sus valoraciones, pues esto le atañe al apartado de valoración de la prueba, así pues, el relato fáctico debe de ser neutral, ajeno de valoraciones, debe de ser una verdad cuya justificación no está en si misma, sino en el apartado donde se valore la prueba (descriptiva e intelectivamente). La significancia de los hechos declarados probados tiene especial trascendencia no solo respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado, sino que además como base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva; así entonces dentro de la sentencia los hechos probados cumplen dos funciones:1. Función Descriptiva: Fijar cuales fueron las conclusiones fácticas arribadas por el tribunal producto de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica; Es la reconstrucción del hecho histórico objeto de debate, cuyo esclarecimiento fue el propósito de la actividad probatoria; y 2. Función Justificativa: Es a partir de los hechos probados que los/as juzgadores/as determinan la norma sustantiva aplicable al caso. - Su contenido, tomado como una verdad absoluta, autoriza a los juzgadores a aplicar las normas sustantivas, y en su caso, a imponer las consecuencias que éstas prevén a las personas responsables del delito. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse.- Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009); y d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores deben de ser capaz de suministrar un relato neutro, con la debida distancia respecto del derecho sustantivo de eventual aplicación, evitando caer en el riesgo fácil de producir un caso; por tanto no deben los juzgadores hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El Código Procesal Penal prevé como defecto por quebrantamiento de forma una indebida construcción del relato fáctico, aglutinando en el artículo 362.1 los diferentes motivos oponibles al referirse: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. Es importante resaltar que este primer numeral recoge únicamente los defectos que pueden plantearse como motivos exclusivamente de los hechos declarados probados. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal determina que en el planteamiento de un recurso de casación por quebrantamiento de forma en donde se señale como motivo una mala construcción de los hechos probados, el Censor deberá de acreditar los siguientes requisitos:1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que quisieron manifestar los juzgadores debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o colisionantes o por ser los hechos probados la mera enumeración de actuaciones procesales o la mera descripción de medios probatorios; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que la parte recurrente, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal ya ha establecido como criterio jurisprudencial, la obligación de observar el Principio de Debida Técnica Recursiva, para todos aquellos recurrentes que intente la presentación y desarrollo de un recurso de casación en cualquiera de sus especies; en ella se plantean los requerimientos mínimos para que esta Sala de Casación proceda a hacer la revisión de la sentencia que se cuestiona. La parte recurrente no ha cumplido con la observancia de esas normas y lineamientos, señaló como motivo de casación que los hechos probados no son claros ni terminantes, que estos no fueron realizados de forma que demuestren claridad y pertinencia. Consideramos necesario explicar el error incurrido por la parte recurrente, para el caso: denuncia como motivo de casación el numeral 1 del artículo 362 del CPP, mismo que contiene varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente: “Que en la sentencia falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados; que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.” De este vicio resulta varios supuestos: a) Falta de declaración de hechos probados: Para éste, y los demás vicios, es imprescindible observar la exigencia que el CPP impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la consignación de los hechos probados. Al respecto, el numeral 1, sección cuarta, del Artículo 338, dispone que "se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". El Tribunal de Sentencia tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo de que no aparece en la sentencia -que absuelve o condena- esa consignación de hechos probados, es decir, que el juzgador haya omitido incluir el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. b) Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del CPP, en el sentido de que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. c) Contradicción en los hechos probados. Aquí nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir "in términis", y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución. Lamentablemente el censor no ha sido específico al señalar cuál de los tres vicios que establece el artículo 362 numeral 1 del CPP considera infringido y cómo el juzgador incurrió en el mismo, por lo que este primer motivo debe ser desestimado. De la lectura de los hechos probados comprobamos que los mismos son una descripción de una parte de los medios de prueba evacuados en juicio oral y público, en ese sentido la Sala de Penal es del criterio que, solo la descripción o enumeración de medios probatorios no puede considerarse como hechos probados, por lo cual en el caso de autos lo que existe es una carencia de hechos probados, en este sentido la vía recursiva utilizada por el impetrante ha sido equivocada, por ello cual el motivo no cumple con la debida técnica en su exposición. Decisión 1) Se declara no ha lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. 2) Se declara no ha lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. 3)Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de Forma en su único, interpuesto por la Defensa Privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra declarado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y regulado en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal 130-2017 en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son:1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme y mientras se esté ejecutando, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas generales de ponderación de la norma más favorable que define el NCP 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Artículo 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 NCP). Por tanto, la ponderación tendrá una variante a depender de la instancia en que se haga: 1. En la primera instancia, al momento del juzgamiento por el tribunal de primera instancia, la ponderación de los cuerpos normativos parte de la comparación de las penas abstractas, pero sin dejar de tener en consideración la total de los cuerpos normativos como un todo; o 2. En la segunda o única instancia, al resolverse un recurso devolutivo interpuesto en contra de sentencia definitiva la ponderación se realizará entre la pena concreta impuesta y la pena abstracta que corresponda para el mismo hecho e igualmente reparando respecto a la totalidad de los cuerpos normativos. En ambos casos el proceso de ponderación se realiza siguiendo las reglas que se señalan en este apartado. Es importante insistir que la ponderación de la norma más favorable deberá de realizarse al momento del juzgamiento en primera instancia, en segunda instancia o en única instancia; por ello no es procedente aplicación retroactiva en estadios previos del proceso, como ser la audiencia de declaración de imputado, la audiencia inicial, la audiencia preliminar o en la etapa de saneamiento de la etapa de juicio. El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Artículo 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017; a tal consideración se le suma las siguientes: 1. Penas conjuntas: No procede la ponderación parcial de penas principales; la ponderación deberá de realizarse tomando en consideración todas las penas conjuntas impuestas por los mismos hechos (Art. 617 NCP); 2. Penas privativas de libertad: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena privativa de la libertad (reclusión) con todas sus circunstancias, impuesta de conformidad con el VCP 144-83, fuese también imponible con arreglo al NCP 130-2017 (Artículo 616). Ello ocurre cuando la pena concreta impuesta se encuentre dentro marco abstracto de la pena que para el mismo hecho se deba de imponer de conformidad con el NCP 130-2017 (Artículo 621); 3. Pena de multa: No se realizará aplicación retroactiva del NCP cuando la pena impuesta de conformidad con el VCP 144-83, sea la de multa y la que corresponda imponer conforme al NCP 130-2017, igualmente sea una pena de multa. La aplicación retroactiva se realizará excepcionalmente cuando: a. No se hubiese hecho abono alguno de la pena de multa impuesta de conformidad al VCP 144-83; y, b. la concreta cuantía impuesta conforme al VCP 144-83 no fuese posible imponer de acuerdo con el NCP 130-2017 desde una perspectiva abstracta (Artículo 619); 4. Penas privativas de derechos: Las penas principales de inhabilitación absoluta y especial se compararán atendiendo a la duración de la pena concreta impuesta en la sentencia y la máxima que pueda imponerse de conformidad con el NCP 130-2017 (Art. 620);5. Medidas de seguridad: Respecto a las medidas de ejecución impuestas de acuerdo con el VCP 144-83 que estén pendientes de ejecución o que estén siendo ejecutadas, deberán de ser objeto de revisión y adecuación de conformidad con las normas que regulan las mismas en el NCP 130-2017; (Art. 625). Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el código penal vigente al momento del hecho (CP 144 -83) y el código penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al acusado Cesar López López, la pena principal de tres (3) años de reclusión por ser autor responsable penalmente de un delito de Homicidio Culposo, en perjuicio de Nancy Maricela Castillo, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130 -2017, como delito de Homicidio Imprudente (artículo 198) cuya pena es de prisión de tres (03) a siete (7) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado en la sentencia. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 116 del Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado del señor Cesar López López, como autor responsable del delito de Homicidio Culposo, en perjuicio del señor Nancy Maricela Castillo. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado del señor Cesar López López, como autor responsable del delito de Homicidio Culposo, en perjuicio del señor Nancy Maricela Castillo. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado del señor Cesar López López, como autor responsable del delito de Homicidio Culposo, en perjuicio del señor Nancy Maricela Castillo. Cuarto: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Quinto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil veinte (2020), dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto magistrado Mairena Franco. Notifíquese. el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese.”. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Lety Emelda Posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de marzo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP -274-2021.

PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL