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Sentencia CP-265-20 — Registro 19436

Resumen

En primera instancia el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de abuso de autoridad, resolviendo la Sala de lo Penal No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

".... Este Ad-quem después de haber leído y analizado la valoración en conjunto de la prueba realizada por el A-quo en la sentencia recurrida estima que las misma es conforme a los principio de las reglas de la sana critica, siguiendo el principio de derivación no podía haber arribado a otra conclusión más que el acusado si tuvo participación directa en los hechos que fueron denunciados por la testigo y Fiscal Ana Delia Reyes Turcios, lo cual fue confirmado por la testigo Claudia Reyes Chacón, resultando estas declaraciones mismas suficientes y coherentes con el resto de la prueba para dictar una sentencia condenatoria contra el acusado Jose Orlando Lopez Osorio, por haber elaborado un acta de inspección ocular con un contenido para beneficiar a unos compañeros investigados, la cual teniendo el deber de destruirla no lo hizo, entragándola a la testigo Claudia Reyes Chacon, elaborando una nueva acta o sea la correcta, que fue presentada en la audiencia inicial por la Fiscal del caso, con la sorpresa que habían dos actas de inspecciones oculares con contenido diferente.- Lo anterior ha sido debidamente valorado y deriva de la prueba evacuada en el juicio oral y público resultando la misma suficiente y coherente, sin violentar las reglas de la sana critica. En razón de lo anterior el único motivo de casación debe ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Segundo Motivo: El recurso no es de recibo. En este segundo motivo de casación por infracción de precepto Constitucional, nuevamente el impetrante lo redacta demostrando su falta de técnica recursiva, haciendo uso nuevamente de argumentos de instancia en cuanto a la valoración de la prueba, que en nada le ayuda a entender a esta Sala de Casación, sobre este segundo motivo de casación invocado, como lo es el Artículo 60 de la Constitución Política de la República de Honduras establece que todos los hondureños son iguales ante la ley y que se prohíbe cualquier forma de discriminación por sexo, raza, clase social o cualquier otra que viole la dignidad humana, este artículo garantiza que todos los ciudadanos sean tratados de manera equitativa por el sistema legal, sin importar su origen o características individuales. Prohibiendo cualquier acto de discriminación. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por infracción de precepto constitucional, en el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en la violación al principio de Igualdad, sin embargo, desarrolla su recurso realizando una valoración alterna de la prueba, arguyendo sobre como debió ser valorada la prueba evacuada. El recurrente no fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues reclama la violación a una garantía constitucional pero no es claro en que parte de la sentencia consta la mismas, es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación y es a lo que debe darse respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. En este segundo motivo, la Sala de lo Penal identifica diáfanamente que el recurrente se aparta totalmente de la debida técnica recursiva, al desarrollar un escrito con argumentos son un compendio de alegatos de instancia, que se limitan a meras apreciaciones subjetivas en las cuales considera no compartir el criterio de valoración del Tribunal de sentencia. En este sentido, el escrito del recurso no permite entender el verdadero fondo del motivo de casación, como para tener la claridad y poder dar una respuesta sobre la causal que argumenta, ya que estos argumentos obedecen a reflexiones propias de su pensamiento que no indican de forma diáfana la violación constitucional. El defecto de interposición de este segundo motivo de casación es insalvable, por lo que debe de ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 349 numeral 2, declaró responsable al acusado José Orlando Lopez Osorio, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial por seis años o sea el doble del tiempo que dure la condena e Interdicción Civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 499, tiene regulado el delito de Abuso de Autoridad cuya pena es de 3 a 6 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, por lo que, al haber recibido una pena con el Código penal anterior de 3 años de reclusión, la nueva pena representa sin duda algún beneficio para el imputado José Orlando Lopez Osorio, en este caso concreto debe aplicarse de forma retroactiva la ley penal. Para la imposición de la pena concreta, esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal) pero además lo regulado en el artículo 70 numeral 1, inciso a) que establece que en los delitos dolosos se determinará la pena, tomando en consideración si hay o no agravantes o atenuantes, en esos casos la pena se fija dentro del marco establecido en la ley en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho; en el caso sometido a análisis la accion cometida por el acusado José Orlando Lopez Osorio, el A-quo ha considerado que no existen circunstancias agravantes ni atenuantes, sin embargo debemos considerar las circunstancias personales y la gravedad de los hechos, en este caso por tratarse de funcionario encargado de la investigación preliminar criminal en casos antiextorsión, que valiéndose de su cargo por la discrecionalidad que poseía maliciosamente consigno frases no adecuadas en el acta de inspección, entregando ese documento de interno de investigación a particulares, por tanto procede imponer la pena máxima para este delito. Por lo que es procedente imponer al señor José Orlando Lopez Osorio por el delito de Abuso de Autoridad a la pena de cuatro años seis meses de inhabilitación especial..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 499,615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-265-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio, Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-265-2020 por Infracción de precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Josè Orlando López Osorio, por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena principal de tres años de reclusión como pena principal, e inhabilitación Especial por el doble de tiempo que dure su condena principal de reclusión, es decir seis años. SEGUNDO: Condenó al señor Josè Orlando López Osorio, a la pena accesoria de Interdicción Civil por el tiempo de tres años de duración de la pena. TERCERO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Declaró la responsabilidad civil del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: No Procedió decretar el comiso por no haber sido puesto a disposición del Tribunal ninguna pieza de convicción. Son partes en única instancia: El Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en su condición de Defensor Privado del señor Josè Orlando López Osorio, como parte recurrente; y La Abogada Mercedes Dubón, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha 29 de abril del año 2014, agentes asignados a lo que antes era La Fuerza Nacional Anti extorsión, solicitaron a la Sección de Inspecciones Oculares de lo que antes era la Dirección Nacional de Investigaciones (D.N.I.) un técnico en inspecciones oculares, para practicar una inspección al vehículo tipo pick up, marca Izusu, color blanco, placa PBT9391, que correspondía al caso No. 263-2014, asignándole referida diligencia al técnico JOSE ORLANDO LOPEZ OSORIO, quién se trasladó a la Colonia La Cañada, donde ya se encontraba el vehículo y fue informado que la diligencia era concerniente a la investigación de un delito de extorsión y robo en contra de sus compañeros policías Marnol Ali Ferrufino López, Héctor Josué Ponce Martínez y Henrry Wilfredo Medina.- SEGUNDO: José Orlando decidió que se trasladara el vehículo a la Aldea El Ocotal, en donde practicó la inspección y levantó el acta de inspección No.260-2014 de fecha 29 de abril del 2014, en la cual estableció: "que llegó a dicho lugar a las 19:20 horas, y además en el apartado tercero, que corresponde a la descripción general del lugar a inspeccionar consigno: “ y al momento de realizar inspección ya había sido manipulado por elemento de extorsión”; describiendo además los hallazgos encontrados consistentes en armas de fuego y chalecos antibalas, esto con el propósito de favorecer a sus compañeros policías, procediendo a entregarle a la señora Claudia Chacón, quién era la esposa de uno de los imputados MARLON ALI FERRUFINO LOPEZ, una acta original firmada y sellada, de tres impresiones que hizo; la cual fue presentada por la defensa de los imputados en la audiencia inicial realizada en fecha 5 de mayo del 2014, a fin de crear la duda en el juez conocedor de la causa ante la presentación de dos actas de inspección ocular con contenidos diferentes; puesto que en el acta presentada por el Ministerio Público en la misma audiencia inicial, el señor José Orlando había suprimido la frase “que el vehículo ya había sido manipulado por elementos de anti extorsión”; ante una opinión de la fiscal ANA DELIA TURCIOS, dicha frase no era propia de un informe técnico al no constarle tal extremo.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en su condición de Defensor Privado del señor Josè Orlando López Osorio, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. I. POR INFRACCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. EXPOSICIONES DE LOS MOTIVOS DE LA CASACIÓN. PRIMERO: Haber incurrido el Tribunal de Sentencia en la violación por la falta de observación de las normas constitucionales como ser la descrita en el artículo No.89 de la Constitución de la República, citado en relación con el articulo No.338 regla cuarta, numerales 1 y 2, de nuestro Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo No.361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El artículo No.89 de nuestra Carta Magna otorga los parámetros a respetar por el Juzgador al emitir una sentencia, al manifestar el mismo que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El cual se refiere a la presunción de inocencia o estado de inocencia y que en la presente causa nunca fue alterado ya que ningún medio de prueba evacuado en la audiencia de debate atribuyó algún tipo penal en contra de mi representado. Por su parte el precepto penal adjetivo invocado en relación como infringido prescribe: en su artículo No.338 regla cuarta numerales 1 y 2: "Se consignara la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1. Declaración de los Hechos Probados: En párrafos separados y numerados se hará la declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por sus exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. 2. Valoración de la Prueba: Seguidamente se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana critica, el valor que se le haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Y sobre los medios de prueba el Articulo No.202 del Código Procesal penal explana: Articulo No. 202: Valoración de las Pruebas. La Sana Criticas: Las pruebas serán valoradas de acuerdo a la sana critica. El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el Articulo No. 336 en su primer párrafo expone: Articulo 336. Normas para la deliberación y votación: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En el caso que nos compete el Tribunal Sentenciador en la Sentencia pronunciada y proferida No. 103-2019, en las páginas cinco (5) y seis (6), en el acápite de Hechos Probados estableció como hechos probados los siguientes y que reproducimos fielmente su transcripción: PRIMERO: En fecha 29 de abril del año 2014, agentes asignados a lo que antes era la Fuerza Nacional Antiextorsión, solicitaron a la Sección de Inspecciones Oculares de lo que antes era la Dirección Nacional de Investigaciones (D.N.I.) un técnico en inspecciones oculares, para practicar una inspección al vehículo tipo pick up, marca Isuzu, color blanco, placas PBT9391, que correspondía al caso No. 263-2014, asignándole referida diligencia al técnico JOSÉ ORLANDO LÓPEZ OSORIO, quien se trasladó a la Colonia la Cañada, donde ya se encontraba el vehículo y fue informado que la diligencia era concerniente a la investigación de un delito de extorsión y robo en contra de sus compañeros policías Marnol Ali Ferrufino López, Héctor Josué Ponce Martínez, y Henrry Wilfredo Medina (El subrayado es nuestro). SEGUNDO: José Orlando decidió que se trasladara el vehículo a la Aldea El Ocotal, en donde practico la inspección y levanto el acta de inspección No.260-2014 de fecha 29 de abril del 2014, en la cual estableció: "que llego a dicho lugar a las 19:20 hora, y además en el apartado tercero, que corresponde a la descripción general del lugar a inspeccionar consigno: “Y al momento de realizar inspección ya había sido manipulado por elemento de antiextorsión”; describiendo además los hallazgos encontrados consistentes en armas de fuego y chalecos antibalas, esto con el propósito de favorecer á sus compañeros policías, procediendo a entregarle a la señora Claudia Chacón quien era la esposa de uno de los imputados MARLON ALI FERRUFINO LÓPEZ, un acta original firmada y sellada de tres impresiones que hizo; la cual fue presentada por la defensa de los imputados en la audiencia inicial realizada en fecha 5 de mayo del 2014, a fin de crear la duda en el juez conocedor de la causa ante la presentación de dos actas de inspección ocular con contenidos diferentes; puesto que en el acta presentada por el Ministerio Público en la misma audiencia inicial, el señor José Orlando había suprimido la frase “que el vehículo ya había sido manipulado por elementos de antiextorsión”; ante una opinión de la fiscal ANA DELIA TURCIOS, dicha frase no era propia de un informe técnico al no constarle tal extremo. En relación a lo anteriormente expuesto reconocemos como Defensa del señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ OSORIO, que en ningún caso se podrán modificar los hechos que la Sentencia recurrida tenga como probados, tampoco desconocemos que esa declaración de Hechos Probados resulta ser la base sobre la que se construyó la sentencia penal, pues son el conjunto de requisitos mínimos que concurren al perfilar un plano histórico, una circunscripción que contiene dentro de si los extremos mínimos previstos en una hipótesis normativa y es lo que el Tribunal Sentenciador tiene como demostrado y cierto, en virtud de las pruebas recibidas en el debate y con relación a la imputación. Sin embargo, el Juzgador a de indicar las pruebas tomadas en consideración y el valor que les haya dado a cada una de ellas, según las reglas de la sana critica al establecer esos hechos probados. El Tribunal Sentenciador tendrá entonces primero que seleccionar la prueba que sea legitima con que dará el sustento fáctico de la sentencia indicando igualmente el valor que le asigna para que el Tribunal de alzada pueda controlar ese proceso de valoración seguido por el Tribunal Sentenciador mediante el examen casacional. Esto sin duda alguna, no impide que el principio de presunción de inocencia sea observado religiosamente y de manera dogmática por los Tribunales de Justicia, va que constituye no solo un criterio legal recogido tanto en el derecho sustantivo y adjetivo, sino un derecho fundamental que ampara una garantía procesal y que se traduce en una estructura de veracidad provisional. Tampoco omitimos que la Presunción de Inocencia hoy alegada es una presunción Juris Tantum, es decir, admite prueba en contrario y que en todo caso es aportada por el ente acusador la cual puede llegar a provocar en el Juzgador el grado de certeza necesario para dictar una sentencia condenatoria tal como desatinadamente ocurrió en el caso de mi defendido. Pero también es importante resaltar, que no se le esta permitido al Juzgador establecer como hecho probado lo que se le ocurra, como ser meras actuaciones procesales, transcripción de pruebas, o exposiciones de algunas de las partes, sino únicamente los hechos que a su criterio con base a la prueba, constituyen la verdad histórica que dará sustento al fallo y es aquí donde surge nuestro reproche al fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán por las razones y consideraciones que a continuación pasamos a exponer: 1.- En el apartado de la valoración conjunta de la prueba, El Tribunal Sentenciador en su último párrafo de la página 18 y primero de la página 19, de la sentencia recurrida, determinó lo siguiente: Con la declaración testifical de la de la abogada Ana Delia Reyes Turcios, queda acreditado fehacientemente que al momento de suscitarse los hechos, ella estaba a cargo de la investigación y que en efecto al momento de revisar la primer acta de inspecciones oculares No.260-2014, elaborada por el técnico de inspecciones oculares José Orlando López Osorio, en un apartado de la misma decía que el vehículo tipo pick up, marca Isuzu, color blanco, placas PBT-9391, al momento de realizara la inspección ya había sido “manipulado por elementos antiextorsión” razón por la cual la fiscal le aclarar el concepto de manipulación, solicitándole le corrigiera la misma ya que el concepto “manipulación” podría causar confusión al momento de la celebración de la audiencia inicial, negándose José Orlando a obedecer lo ordenado por la fiscal, y al preguntarle si a el le constaba que el vehículo había sido manipulado el imputado respondió que no le constaba. En virtud de ello, esta envió un informe al entonces Director y Evaluación de la Carrera Policía, Abg. Eduardo Villanueva en el cual le informa lo acontecido, es así que por ordenes del Director, José Orlando accede a realizar una segunda acta con la misma nomenclatura debido a que la fiscal le dijo que destruyera la primer acta, en la segunda acta redactada por el acusado ya no aparece la palabra manipulación y en vez de ella consigna que: “al momento de realizar la inspección se pudo observar que dicho vehículo se encontraba con las cuatro puertas cerradas sin seguro y con motor apagado lo mismo que vías y foco, luego fue trasladado dicho vehículo a las instalaciones aldea el Ocotal antigua ANΑΡΟ”.... Sigue pronunciándose el Tribunal de Sentencia en la página No.19 segundo párrafo que la versión de la deposición de la abogada Ana Delia Reyes Turcios, es corroborada y sustentada por la señora Claudia Raquel Chacón, compañera de hogar de uno de los detenidos (Marlon Ferrufino López) y compañera de promoción del acusado, quien refirió que por compañerismo que ha existido entre ella y José Orlando, le llamo para pedirle información acerca de la detención de su compañero de hogar y sus otros compañeros a lo cual Orlando les dijo que estaba de turno y que se avocara a la ANAPO, ubicada en el Ocotal y es ahí donde este imprime tres copias en original de la primera acta de inspección dándole a Claudia Raquel Chacón una copia en original; por lo que conforme a las reglas de la sana critica, específicamente en lo relativo a la lógica, la psicología y las máximas de experiencia, nos indica que el señor López Osorio, desde el instante en que consigno en la primer acta de inspección “que el vehículo había sido manipulado por los agentes antiextorsión” lo hizo con la intención de favorecer en la audiencia inicial a sus compañeros de promoción y trabajo, ya que este al ser un técnico en inspecciones oculares con la experiencia debida en este campo tiene el conocimiento que cuando los objetos de un ilícito penal se encuentran dentro de un vehículo ubicado en una zona de alto riesgo son trasladados a sede administrativa, a fin de realizar la debida cadena de custodia, embalaje e inspecciones oculares, en el caso de que se requieran y no es por ello que quiera decir que los mismos han sido manipulados, ya que de los testimonios vertidos a la vista pública y de la prueba documental a las que nos referiremos más adelante queda evidenciado que cuando el señor López llego las instalaciones dela Cañada, este mismo, dio la orden que trasladaran el automotor al edificio donde se encuentra ubicada la ANAPO, ya que en la Cañada no tenía la logística para realizar la inspección ocular mientras que en la ANAPO se encontraba todo el material requerido para la realización eficaz de su trabajo como técnico, lo cual fue lo mismo que hicieron los agentes de la unidad antiextorsión trasladar el vehículo de la colonia Policarpo Paz por ser una zona de alto riesgo y trasladarlo hacia la Cañada en donde solicitaron un técnico en inspecciones oculares. Igualmente conocía el imputado que al consignar en el acta que había manipulación en el manejo de las evidencias esto con una alta probabilidad tendría como consecuencia la nulidad de la prueba incriminatoria contra sus compañeros policías. En el caso que nos ocupa, el acusado con la finalidad de favorecer a los señores Marlon Ali Ferrufino López, Héctor Josué Ponce Martínez, y Henry Wilfredo Medina, se negó a acatar lo ordenado por la Fiscal Ana Delia Reyes, No bastando con eso le entregó copia original de la primera acta de inspección que levanto, a la esposa del señor Ferrufino para generar la duda y obtener la invalidación de la evidencia encontrada en el vehículo por el órgano jurisdiccional conocedor del proceso instruido en contra de sus compañeros y de esta manera crear impunidad estableciendo en el acta extremos que no le constaban y lograr así su cometido siendo esta la libertad de sus amigos; estimando este Tribunal que las declaraciones testificales de cargo son coherentes, se concatenaron una con la otra no habiendo ninguna contradicción con las mismas por ello les otorga entera credibilidad.( Los subrayados son nuestros). Sobre estos acápites de la valoración probatoria esta defensa hace las siguientes observaciones: 1.1 El testimonio de la Fiscal Ana Delia Reyes Turcios que aparece en las páginas seis (6), siete (7), ocho (8) y nueve (9) de la sentencia recurrida hace un relato novelesco de lo acontecido en la descripción, persecución y captura de los implicados en el delito de tenencia ilegal de armas y extorsión de los policías delictivos Marlon Ali Ferrufino López, Héctor Josué Ponce Martínez, y Henry Wilfredo Medina, que se desarrolló en el proceso judicial según expediente 1016-2014, y los cuales fueron condenados bajo sentencia firme. La Fiscal argumenta que no es correcto que mi representado haya escrito la frase “el vehículo fue manipulado por agentes antiextorsión y que solicito al agente de inspecciones oculares Orlando López Osorio cambiara esa frase porque daba lugar a confusión. Mi representado amparado en la verdad le dice que no es correcto cambiar esa frase porque efectivamente el vehículo fue trasladado y movido de su lugar de origen es decir de la escena del crimen; el vehículo lo movieron de la colonia Policarpo Paz donde sucedió el hecho criminoso y captura de los policías a las oficinas de la DNIC ubicadas en la colonia la Cañada, el Juez Sentenciador no considero que en una escena del crimen nada se agrega, nada se retira, nada se levanta, nada se mueve, hasta que se entrega la escena del crimen a los técnicos de inspecciones oculares, quienes si están autorizados, unas vez que se requiera a: retirar, embalar y rotular las evidencias. Después que los técnicos de inspecciones oculares retiran, embalan y rotulan las evidencias son entregadas en cadena de custodia al agente encargado de la investigación. Cuando mi representado fue llamado y se presentó a la supuesta escena del crimen, (que ya no era la escena del crimen, sino que lo que iba a realizar era una simple requisa de un automotor), ahí se dio cuenta, por los mismos agentes antiextorsión que habían dado captura a algunos compañeros, que el vehículo lo habían movilizado del lugar original de lo hechos ocurridos, y sin faltar a su deber y a la verdad redacto el acta de inspección ocular con la leyenda o descripción que el vehículo había sido manipulado por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, por ser cierto. La leyenda donde se aludía que los agentes habían movilizado el vehículo y con esto la alteración de lugar de los hechos y por ende la escena del crimen, no fue del agrado de la Fiscal Ana Delia Reyes Turcios, quien amenazo a mi representado con denunciarlo si este no rectificaba el acta y eliminaba el párrafo de que agentes antiextorsión habían manipulado el vehículo. El Tribunal Sentenciador no considero este acto como nocivo a las reglamentaciones paralelas a la justicia, resulta pues la pregunta ¿que paso en el traslado del vehículo automotor de la Colonia Policarpo Paz a la Colonia la Cañada?, muchas cosas pudieron pasar, se podría presumir que los actores criminales andaban un botín producto de los actos delictivos del dia, o que hubiesen habido otros objetos que no aparecieron en el vehículo al momento de realizar la inspección ocular o que efectivamente era una zona peligrosa y solicitar elementos de resguardo y protección policial era menos práctico y resultaba más eficiente movilizar el vehículo. Por lo que se deduce que esto es del todo la creación de una duda razonable y es el derecho de mi representado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria tal como acontece en esta parte del caso examinado, donde no existe esa mínima actividad probatoria mediante la cual se pueda enervar coma ya se dijo este importante pilar del sistema acusatorio como es la garantía constitucional de presunción del estado de inocencia de mi defendido. Si esto fuera aceptable entonces estaríamos ante la construcción de un enorme caos en lo que respecta a las inspecciones oculares hoy llamadas escenas del crimen, porque si algo no nos parece simplemente solicitamos se cambie, se agregue, se quite, se anule, se modifique, se borre, se traslade o manipule etc., con el sencillo motivo de que las apariencias de un acta de inspección ocular refleje no los actos reales y ocurridos, sino lo que más convenga a mis intereses; antijurídicamente eso así sucedió, mi representado por obediencia a la cadena de mando y por infracción de la Ley (Se altero la escena del crimen y eso sí es un verdadero delito cuando no existe causal alguna para remoción, manipulación o traslado de una evidencia). Esa acta tiene todos los requisitos de nulidad porque no fue un acta de inspección ocular por no haberse realizado en el sitio fue simplemente una requisa vehicular, todo ocasionado por una decisión arbitraria de los agentes antiextorsión de movilizar el vehículo sabiendo que era antirreglamentario hacerlo. En doce años de laborar en esa institución policial a mi representado nunca se le había entregado la orden de elaborar un acta de inspecciones oculares en un sitio distinto al del hecho ocurrido. Las condiciones para realizar tal acto no reunían las condiciones del caso como ser un enfrentamiento policial, una zona altamente peligrosa o de guerra que pudiesen poner en extremo peligro las vidas de los agentes, etc. Argumenta el Juez Sentenciador que el acta de inspección ocular que obtuvo la defensa y que presento en audiencia inicial del proceso judicial No. 1016-2014 tenía como finalidad favorecer a los señores Marlon Ali Ferrufino López, Héctor Josué Ponce Martínez, y Henry Wilfredo Medina, generar la duda y obtener la invalidación de la evidencia encontrada en el vehículo por el órgano jurisdiccional en el proceso instruido en contra de sus compañeros y de esta manera crear impunidad estableciendo en el acta extremos que no le constaban y lograr así su cometido siendo esta la libertad de sus amigos. Y es que debemos resaltar que en la valoración de las pruebas, las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. "El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica la prueba producida". En el presente proceso penal existe una violación de las reglas de la sana crítica ya que de los hechos probados, no existe la comisión de delito alguno, es decir, una acción, típica, antijuridica, culpable y atribuible a mi representado; Siendo el sistema de la sana critica racional, que implementa nuestro sistema. procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, es que impere la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que en las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se evacuen. En este sistema el juzgador no tiene reglas que establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, siendo éste inminentemente subjetivo y a veces injusto, teniendo como fronteras o límites las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, el análisis psicológico y la experiencia común, elementos que el Tribunal de Sentencia no considero al decir que el acta que elaboro mi representado José Orlando López Osorio era causa suficiente para dejar en libertad a los policías inculpados, sin considerar armónicamente las demás pruebas que se presentaban en ese proceso judicial No 1016-2014, como ser específicamente el Testigo Protegido AL264, quien fue la victima de Robo agravado y Extorsión en sus grado de Ejecución de Tentativa por los hoy condenados., y que a razón de su denuncia se desenvolvió exitosamente este proceso judicial, siendo en si la principal prueba de cargo, y no como se asume por el Juez Sentenciador que por una frase descrita en el acta de que existía manipulación esta presentaba suficiente valor probatorio para dejar en libertad a los imputados. Sumado a esto la Fiscal Ana Delia Turcios no siguió los parámetros que ordena la Ley, si ella se sentía aludida por encontrar resistencia al cumplimiento de lo ordenado a José Orlando mi defendido, debió seguir los canales de instrucción y mando para que se le ordenara los cambios sugeridos, cambios que realmente no eran suficientes para enjuiciar a mi defendido siendo esta más, una causa de orden administrativo; pero no fue así las actuaciones de la Fiscal abogada Delia Reyes tomaron otra dirección al enviar un oficio FESSCO-UASTI-2014, a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial remitido al Abogado Eduardo Villanueva, con otras intenciones diferentes a dilucidar su reclamo referido a las actas en mención. Sin darle seguimiento a una cadena de mando establecida por la Institución Castrense como ser informar de su petición a la superior de Orlando López la Inspectora Rosa Díaz. Lo que demuestra las claras intenciones de dañar a mi representado por actuaciones de origen puramente administrativo como paladinamente lo demuestra la fiscal Delia Reyes Turcios, con el envió de ese oficio. El Tribunal de Sentencia debió en todo caso no desconocer las previas actuaciones a la imputación por la denuncia promovida por la misma Fiscal Ana Delia Reyes cuyo testimonio no debió ser aceptado a pesar de las objeciones irrumpidas por esta defensa en la admisión y evacuación de pruebas en el Juico Oral y Público. Por lo que esta defensa es del criterio que mi representado nunca debió ser imputado en este delito y nunca jamás ser llevado a la palestra pública a comparecer en un Juicio Oral y Público, ¿y todo porque? No ocultar los hechos reales y verídicos sucedidos durante la detención de lo responsables del hecho criminoso, solo hay una realidad y es que el vehículo fue manipulado y esto deducía responsabilidad al menos de orden. administrativa a los responsables de tomar la decisión de movilizar el vehículo de la escena del crimen, incumpliendo a todas luces la integridad de la escena el crimen. 1.2 El testimonio de la señora Claudia Raquel Chacón: Descritos en las páginas nueve (9) y diez (10) de la sentencia recurrida, testimonio que no se fundamenta en los requisitos para ser admitido como prueba, a pesar de las objeciones de la defensa, el Tribunal de Sentencia considero su admisión como medio probatorio testifical. Sin embargo, esta defensa expone los siguientes argumentos y de esta manera el Tribunal Ad-Quem o Tribunal de Alzada, pueda determinar que tampoco fue prueba suficiente para poder enervar la condición y estado de inocencia de mi representado el señor José Orlando López Osorio. En la deposición de la testigo Claudia Raquel Chacón, quien es pareja de uno de los hoy condenados, el señor Marlon Ali Ferrufino López, además de ser hermano del señor Cesar Leonel Chacón, siendo este último compañero de unidad con mi representado, con lo que quiero decir que también trabajaba en la unidad de Inspecciones Oculares, compartiendo la misma oficina con el señor Orlando López, además de los archivos y fómites de oficina, es claro el vínculo sentimental que existe en ese núcleo familiar, esposa, esposo, hermano y cuñado. La señora Claudia Chacón sostiene que llego a partir de las nueve de la noche a las oficinas de la ANAPO a buscar al señor Orlando López, para preguntarle por su esposo, y ella temerariamente afirmo en su deposición ante el Tribunal de Sentencia, que mi defendido le entrego una copia de la original de las tres que imprimió, ella no entro dentro de las oficinas, como está segura ella que mi defendido el señor López Osorio imprimió tres copias?, Por otro lado argumenta que le estuvieron llamando por teléfono hasta que se les agoto el saldo, solo fueron comentarios sin ninguna veracidad, debió el Ministerio Publico presentar un vaciado telefónico de los implicados, tanto de Cesar Leonel Chacón quien llamo a mi representado preguntándole si había hecho el informe o sea el acta de inspección ocular, cuando mi representado iba de viaje fin de semana largo para su casa ubicada en el Corpus departamento de Choluteca. ¿Porque Cesar Leonel Chacón le interesaba si José Orlando había terminado el informe? ¿Cuál era el interés de esta persona? ¿Por que le llamo por teléfono? Podríamos suponer para asegurarse que Orlando López había abandonado las instalaciones de la policía y de esta manera sustraer la documentación de los archivos. Sin embargo el Tribunal de Sentencia, no considero este afecto existente que bien pudiese presumirse que hubo una sustracción de los documentos en cuestión. Pero no por mi representado quien actuó conforme a la ley y el derecho. No es prioridad de mi representado que las instalaciones no presten el servicio de seguridad necesario para poder salvaguardar la confidencialidad de los documentos que se procesan en esas actuaciones. El Tribunal de Sentencia no estimo esta situación de seguridad en las labores de mi representado, pudiendo inquirir que cualquier interesado bien pudo extraer lo necesario. Pero volvamos a las mencionadas impresiones de las actas de inspección ocular en discusión, considerando y suponiendo que fuera cierto, que Orlando Osorio le entregara una de las impresiones originales a Claudia Chacón, y partiendo de la premisa que se elaboraron tres primeras actas, presumiendo que Orlando le entrego a Claudia Chacón un acta original, luego le entrego un acta a Luis Josué Galindo encargado de recibir el acta y las evidencias debidamente embaladas y rotuladas tarea realizada por el técnico Orlando López conforme a la cadena de custodia, al momento de recibir el acta Luis Josué Galindo, este firma el recibido en una copia que le queda a Orlando López para su archivo, esto nos lleva a otro plano del análisis de lo sucedido y debemos y tenemos la obligación de preguntarnos, pregunta que el Tribunal de Sentencia debió hacerse y dilucidar esta situación, y la pregunta es; Si las dos actas que aparecen el curso del proceso judicial, y que el Tribunal de Sentencia describe en las páginas once (11), doce (12) y trece (13), de la sentencia recurrida como los numerales 2.2.1 Acta de Inspección Ocular y 2,2.2 Acta de Inspección Ocular, y donde el mismo Tribunal de Sentencia hace a la acotación para la primer acta 2.2.1: Cabe señalar que en la parte superior izquierda de la presente acta tiene un manuscrito lo siguiente: "Recibido Josué Aguilar, 29-04-14, 23:00 hrs. Y para la segunda acta 2.2.2: Cabe destacar que en la "parte superior izquierda de referida acta se encuentra en manuscrito lo siguiente: "Observaciones: Abg. Ana Reyes me modifico que cambiara dichas actas, y en la parte superior derecha del mismo documento se encuentra en manuscrito la siguiente leyenda: "Josué Aguilar, 29-04-2014, 23:00 hrs. “Entonces preguntémonos como es que Claudia Raquel Chacón recibió un acta con la firma de recibido? Y si fue Claudia Raquel Chacón quien le proporciono a la defensa de su esposo la mencionada acta? esta acta estaría en blanco sin ninguna leyenda por lo que este testimonio donde temerariamente la señora Raquel Chacón afirma que mi representado le entrego una copia de las tres que imprimió resulta del todo falso debido a que es el mismo Tribunal de Sentencia que argumenta y describe, que las actas en el proceso Judicial tienen una leyenda a la cual ya anteriormente nos referimos y lo que nos lleva a concluir que nunca existió una tercera impresión y que mi representado jamás falto a la verdad y fueron motivos familiares y de protección lo que llevaron a la señora Raquel Chacón a verter estos testimonios de naturaleza inverosímiles e irresponsable, teniendo como objetivo infligir y producir un daño a mi defendido. Queda demostrado así que el Tribunal de Sentencia no valoro las pruebas en aplicación de la sana crítica, según FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal) la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Para tal, la motivación debe ser concordante con cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Es de hacer notar que en el presente proceso penal el Tribunal A-Quo no pudo enervar el estado de inocencia de mi representado, al haberse demostrado la falsedad de que mi representado haya entregado una copia del acta a la señora Claudia Raquel Chacón, además de no existir ningún testigo que haga prevalecer sus deposiciones, tanto el testimonio de Raquel Chacón y de la Fiscal Ana Delia Reyes esta llenos de inconsistencia y ambigüedades de las cuales ya nos hemos referido, no hay prueba científica o documental que atribuyera algún delito al encausado, siendo un delito imposible, la argumentación de una omisión impropia penal atribuible a mi representado al ser esto lógicamente imposible a criterio de esta defensa. Al Tribunal de Sentencia le faltó fundamento y análisis lógico respecto a la deposición de la testigo Claudia Raquel Chacón, al haber comprobado que si ella hubiese recibido el acta por parte de mi representado esta estaría sin ningún tipo de leyenda, y las dos actas como el Tribunal Sentenciador paladinamente lo confirma en la sentencia recurrida, ambas actas llevan impresa una leyenda., lo que nos confirma que Claudia Raquel Chacón nunca recibió de mi representado acta alguna como temerariamente y sin ningún resquemor al apercibimiento de jurar ante la constitución de decir la verdad, solo la verdad y únicamente la verdad. Además de apercibirle sobre las responsabilidades penales del falso testimonio. Las declaraciones testificales de la señora Ana Delia Reyes Turcios y Claudia Raquel Chacón que el Tribunal A-Quo estimó con excesivo aprecio valorativo resultando por estas actuaciones la concretidad del conculcamiento y violación de los derechos y garantías constitucionales de presunción de inocencia aparejado con ello el debido proceso. De tal modo que si la valoración de la prueba se hubiera efectuado con arreglo a la sana critica, el juzgador debió haber llegado a un veredicto de inocencia, tomando en cuenta la duda razonable a favor de mi representado. Si bien el Ministerio Publico acusa a mí defendido de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios según el Articulo No.349 del Código Penal según su numeral 2, que textualmente se lee: Articulo No. 345. Sera castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Honorables Magistrado de la Sala Penal, durante la sustanciación y previo a las conclusiones el Ministerio Publico mantuvo su objetividad en el numeral 5) del mismo artículo citado supra que reza de la siguiente manera 5) Revele o facilite la revelación de un hecho del que tenga conocimiento por razón del cargo y que deba permanecer en secreto. Cuando la revelación no fuera de grave trascendencia, la pena se rebajará en un sexto. Sin embargo en las conclusiones del Juicio Oral y Público el Ministerio Público reclasificó su acusación al numeral 2) del mencionado artículo esto porque esta Defensa le expreso que si era revelación de un hecho al que mi representado estaba obligado a mantener en secretividad debido sus cargo en no es menos cierto que como el acta le fue entregada al agente Luis Josué Galindo, cadena de custodia y este tenía que entregársela a su inmediato superior en este caso la Fiscal a de la Unidad Antiextorsión Ana Delia Reyes, y conforme con esto la secretividad es en grupo y por tal tiene que ser compartida por tos aquellos que por su cargo deben mantener el secreto. Esta reclasificación al momento de las conclusiones no muestra menos que falta de objetividad por parte de los funcionarios del Ministerio Público quienes actúan con una conducta inquisitoria y no garantista como lo exigen las nuevas normas penales sustantivas y adjetivas. Citamos la opinión del Jurisconsulto SEBASTIAN SOLER, cuando señala que “...es preciso señalar el límite mínimo, lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional que determina a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria: Este límite mínimo está señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar in fraudem legis. Solamente discerniendo que el presupuesto del abuso es una falsedad se comprende el delito en sus aspectos, porque no existe falsedad inconsciente: lo inexacto se transforma en falso sólo todos cuando a él se agrega el conocimiento, de la inexactitud" (Vid. Derecho penal argentino, t. V, tea, Buenos Aires, 1978, p. 139)”. “Por su parte, CREUS sostiene que no es exacto exigir para su configuración una determinada forma de malicia, sin embargo afirma que este tipo penal sólo se 1996, p. 260)”. Los subrayados son nuestros. Como lo hemos venido sosteniendo a través de este periplo judicial, mi representado si de algo hubiese de imputársele es a lo sumo de una irregularidad funcional o corrección disciplinaria de orden administrativo, sin embargo el configura con dolo directo, en virtud de que además de requerirse el conocimiento por parte del autor de la oposición a la ley, la resolución o la orden; en su aspecto volitivo el agente debe querer oponerse a la ley, desconociéndola, pues quedan descartados aquellos supuestos de aplicación incorrecta de la ley por una interpretación errónea (cfr. CREUS, CARLOS; Derecho penal- Parte especial, Tomo 2. Astrea, 5ª edición actualizada, 1° reimpresión, Buenos Aires, y que en nada podía abonar a ser un factor probatorio para la obtención de la libertad de lo Tribunal de Sentencia ha resultado ser un tanto peripatético en sus máximas al fallar de de manera condenatoria en la sentencia recurrida. Por esto y como demostramos anteriormente mi representado Orlando Osorio nunca entregó un acta a la señora Claudia Raquel Chacón, no es ilegal y no se riñe contra la ley el hecho de plasmar la verdad en un documento como ser el acta de inspecciones oculares, donde describió que el vehículo fue manipulado, porque emitir una orden contraía a la ley? el acta debía de decir en todo caso que los agentes habían trasladado o movilizado la evidencia del lugar, si esto ocurre en los procesos incriminatorios estamos realmente ante un caos donde campean los favoritismos de intransparencias en este tipo de diligencias, debido a esta modificación innecesaria que dio lugar a la imputación de mi defendido imputados en el hecho delictivo descrito en su fondo y forma en el expediente No.1016-2014, cuando la prueba fundamental y principal de cargo era la declaración del testigo protegido AL264, los informes y deposiciones de los agentes que dieron captura a los implicados en ese hecho criminoso. En el caso que ahora nos ocupa, se imputa al encartado antes mencionado la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD tipificado en el artículo 349 No. 2) del Código Penal que se describe el comportamiento del funcionario o empleado público que “dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. Para llevar a cabo una correcta interpretación de la norma contenida en el artículo aludido [349 No. 2) C.P.] es conveniente determinar cuál es el alcance o el sentido otorgado a la palabra “abuso”. Al respecto, cabe recordar las palabras de CARRARA, para quien ese término contempla en sí mismo dos significados diversos sumamente diferentes, denominándose a uno de ellos "sentido ontológico" y al otro "sentido jurídico”. “En sentido ontológico se abusa de una cosa siempre que se emplea para un servicio diverso de su destino natural. En sentido jurídico se abusa de una cosa aunque se la emplee según su destino, si esto se hace de modo ilícito o por fines ilícitos” (vid. CARRARA, FRANCESCO; Programa de Derecho Criminal-Parte Especial, volumen V, Temis-Depalma, 1977, &2514, p. 58), añadiendo que “puede abusarse de la autoridad en sentido ontológico cuando se usa de un poder público traspasando los límites que el cargo concede, y a pesar de ésto puede no cometerse delito, es decir, no haberse abusado en sentido jurídico, por no ser criminosos ni el fin ni los medios... En cambio, puede no haber abuso en sentido ontológico porque la autoridad concedida se ejerce abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional que determina a veces la revocación de la dentro de los límites del poder respectivo, y sin embargo hay abuso de autoridad en sentido jurídico por la maldad del fin o de los medios" (ob. cit. pp. 58/59). A idéntica conclusión arriba SEBASTIAN SOLER, cuando señala que “...es preciso señalar el límite mínimo, lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional que determina l a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria. Este límite mínimo está señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar in fraudem legis. Solamente discerniendo que el presupuesto del abuso es una falsedad se comprende el delito en todos sus aspectos, porque no existe falsedad inconsciente: lo inexacto se transforma en falso sólo cuando a él se agrega el conocimiento, de la inexactitud” (Vid. Derecho penal argentino, t. V, tea, Buenos Aires, 1978, p. 139)”. “Por su parte, CREUS sostiene que no es exacto exigir para su configuración una determinada forma de malicia, sin embargo afirma que este tipo penal sólo se configura con dolo directo, en virtud de que además de requerirse el conocimiento por parte del autor de la oposición a la ley, la resolución o la orden; en su aspecto volitivo el agente debe querer oponerse a la ley, desconociéndola, pues quedan descartados aquellos supuestos de aplicación incorrecta de la ley por una interpretación errónea (cfr. CREUS, CARLOS; Derecho penal- Parte especial, Tomo 2, Astrea, 5º edición actualizada, 1° reimpresión, Buenos Aires, 1996, p. 260)”. “En el mismo sentido, DONNA refiere que uno de los requisitos esenciales que debe contener este tipo penal es la existencia de dolo directo, pues para su configuración resulta indispensable la existencia del propósito de violentar la ley de modo tal de menoscabarla mediante el empleo abusivo de la autoridad. En otros términos “...el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos de que se trate” (vid. DONNA, EDGARDO A.: Delitos contra la Administración Pública, Colección Autores de Derecho Penal, Rubinzal Culzoni, 2ª edición actualizada, 2008, p. 190)”. “Por consiguiente, el interés se concentra en los supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso, esto es, “en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica” (Soler, Sebastián; ob. cit., p. 138)". "Es decir, la expresión “acto arbitrario” puede interpretarse correctamente sólo si se toman en consideración su sentido objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay "abuso" o “arbitrariedad” allí donde el funcionario de que se trate disponga de poderes discrecionales y los emplee maliciosamente con un fin diverso a aquél perseguido por la ley”. “Resulta absolutamente irrelevante cuál sea la suerte que corra una resolución cuyo origen ha sido subjetivamente honesto, pues no adquiere el carácter de arbitrario por el mero hecho de que con posterioridad sea declarada su ilegalidad objetiva. A su vez, el funcionario que incurre en un error de derecho no comete abuso, en tanto aun cuando pueda afirmarse la existencia de ese error, no podrá decirse que hay falsedad, mentira y, en consecuencia, malicia”. “En palabras de Soler, en ningún caso se castigará la buena fe” (ob. cit., p. 140)”. En cuanto al delito de violación de los deberes de los funcionarios, éste tiene la estructura propia de un tipo de omisión pura, con el que se procura tutelar el adecuado retardo o el rehusamiento, sin que se necesite la producción de resultado dañoso alguno. funcionamiento de la administración (entendida esta en su sentido amplio), para la prestación de un buen servicio. Por ello comprende cualquier acto administrativo que se encuentre dentro de las funciones del agente, siendo un delito de simple actividad que se consuma con la omisión, el Después de lo anteriormente consideramos que de la forma que esta estructurado el fallo, emitido por el Tribunal de Sentencia es imposible que se pueda soslayar ese estado de inocencia que ampara a mi representado, pues el artículo No. 89 de la Constitución de la República de Honduras que hoy se invoca como infringido establece que: toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. “El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y Normas legales secundarias (Artículos No. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también o esta contemplado en Instrumentos Jurídicos Internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (Art.11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art.8.2); significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria tal como acontece en este caso examinado, donde no hay esa mínima actividad probatoria mediante la cual pueda enervar como ya se explano este importante pilar del sistema acusatorio como lo es la se garantía de presunción de inocencia de mi defendido el señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ OSORIO, ya que el presente caso las pretensiones acusatorias del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán que resultaron ser base para la estructuración de los hechos estimados y declarados probados han resultado totalmente arbitrarios y sostenidos sobre una plataforma donde existe toda duda razonable. En este sentido va a corresponder al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia no ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia recurrida y que el razonamiento de la convicción no obedece a criterios lógicos y razonables que permitan la consideración de la prueba de cargo. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar; que se estime la infracción pretendida, que se case la sentencia y con fundamentos en el artículo No. 339 de Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación proceda a dictar una Sentencia Absolutoria a fin de restituir a mi patrocinado ese estado de presunción de inocencia que con el fallo impugnado ha sido mancillado. EXPOSICIONES DE LOS MOTIVOS DE LA CASACION. SEGUNDO: Haber incurrido el Tribunal de Sentencia en la violación por la falta de observación de las normas constitucionales como ser la descrita en el artículo No.60 de la Constitución de la República, donde reza textualmente de la siguiente manera Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto. violentando de esta manera el derecho a la igualdad y conformando privilegios al emitir una sentencia condenatoria en contra de mi patrocinado el SEÑOR JOSÉ ORLANDO LÓPEZ OSORIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. El artículo No.60 de nuestra Carta Magna otorga los parámetros a respetar por el Juzgador al emitir una sentencia, al manifestar el mismo que: Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto." El Tribunal de Sentenciador actuó de manera arbitraria y preferencial al emitir un fallo condenatorio a mi representado, sin considerar que hubo otros implicados que no fueron procesados por el mismo caso, lo que se traduce en una discriminación al llevar a Juicio Oral y Público a mi representado y que este haya sido expuesto y adolecido del maltrato psicológico, social y familiar que esto representa. Esta defensa se pregunta porque no se procesó a lo demás implicados?, especialmente a los agentes antiextorsión que conforman la génesis de este proceso, al haber incurrido en falta reglamentaria y decidir por sí solos mover ó manipular el vehículo de la zona donde se llevó la captura y se desarrolló y conformó la verdadera y única escena del crimen, como era la colonia Policarpo Paz a las instalaciones de las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal ubicadas en colonia la Cañada, ¿que los motivo realmente a movilizar el vehículo? ¿Que había en sus interior al momento de la captura de los responsables del hecho criminoso? O es realmente como los agentes antiextorsión argumentan ¿que era una zona peligrosa, que se ponía en peligro la vida de los policías? ¿Que era una zona de guerra sumamente peligrosa? realmente nunca lo sabremos, lo que si es cierto que la escena el crimen se altero perdió sus carácter de inalterabilidad, es la escena del crimen la que habla de los hechos, así que nunca existió una escena del crimen, lo que el agente José Orlando López Osorio realizo fue una simple requisa de un vehículo automotor, fueron los agentes antiextorsión en su libre albedrio que tomaron irresponsablemente la decisión de manipular el vehículo. Y porque tanto revuelo por haber imprimido en el acta por parte de mi representado que el vehículo había sido manipulado? ¿Que no le constaba? Y no fueron los mismos compañeros que le informaron donde había sido la captura? Basado en esto considero que mi patrocinado nunca falto a la verdad el ha cumplido con su deber. Preguntamos a este Honorable Tribunal de Casación, y si no se hubiera ordenado hacer otra acta? Cuales hubiesen sido las consecuencias? Consideramos que ninguna, a excepción de que en determinado momento se le hubiese deducido responsabilidad a los agentes antiextorsión y a fin de evitar y cubrir de responsabilidad a ellos se incurrió en el delito de ordenar algo indebido que era cambiar el acta de inspecciones oculares que contenía toda la verdad y alterarla por órdenes superiores con las nefastas consecuencias para mi representado. Impetrar una denuncia es algo serio y delicado es contra los derechos de las personas que incurrimos en conculcación si esto no resulta cierto, así no podemos tomar al garete la formalización de denuncias simplemente porque somos fiscales y nos sentimos aludidos porque se plasmen las verdades en un documento, debemos respetar lo cierto y no acomodar los documentos a nuestro mejor criterio y conveniencia. Los señores Josué Aguilar Galindo y demás agentes antiextorsión, la señora Nancy Yadira mencionada en la denuncia impetrada por la Fiscal Ana Delia Reyes no fueron ni siquiera reprendidos por falta administrativa, no siquiera la señora Claudia Raquel Chacón que donde ya hemos demostrado que mi representado jamás y nunca le entrego una copia del acta, de lo contario el acta en el expediente en mención debió estar en limpio sin ninguna leyenda manuscrita de entregado y recibido en sus márgenes superiores, por lo que es falso y de esta manera se comprueba contundentemente, que la mencionada acta fue entregada por otra persona y no por mi representado, por lo que esta testigo falto a la verdad en su deposición. Esto no es más que un claro ejemplo de privilegios donde la ley se oculta para ellos y se ensaña con mi defendido. Por lo que determinamos que mi representado no cometió un abuso en el sentido jurídico por no ser un acto criminoso sino más bien de considerarse así un acto de índole administrativo el cual fue elevado a delito sin sentido de tipicidad y de forma antijuridica. Como expresó Sebastián Soler fue una simple irregularidad funcional, y esto por atender órdenes que contravienen las reglamentaciones como fue lo de cambiar y en todo caso suprimir parte del contenido verídico del acta de inspecciones oculares. Si esa orden no hubiese sido emitida por orden del Fiscal de turno, no existiría como nefasta consecuencia el proceso del cual pendemos, nada hubiese pasado la prueba de cargo era la del Testigo protegido AL264, quien era realmente la víctima y no un simple documento que únicamente era contentivo de una acción de inconducta y fuera de reglamento como fue la movilización indebida del vehículo por los agentes de la unidad antiextorsión, que por tal fue una impetrable e intolerable acción, que únicamente contribuyo a la alteración y perdida de la escena real del crimen sin siquiera recibir los manipulantes un llamado de atención administrativo, esto nos sitúa en un a plataforma de privilegios para ciertos funcionarios, donde equívocamente se hace uso del rango superior a fin de esconder o cubrir acciones ilícitas como fue la manipulación del vehículo y sin ninguna somos iguales ante la ley consecuencia para ellos, nos da claramente al tenor de esta verdad el irrumpimiento del articulo No. 60 constitucional antes señalado, de que en Honduras no hay clases privilegiadas y que todos En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, que se estime la infracción pretendida, que se case la sentencia y con fundamentos en el artículo No. 339 de Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación proceda a dictar una Sentencia Absolutoria a fin de restituir a mi defendido el señor José Orlado López Osorio al estado de sus derechos constitucionales especialmente el de presunción de inocencia que con el fallo impugnado le han sido conculcados. Π.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo No.362 numeral 3. Del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos penales adjetivos que se pronuncian como infringidos por falta de aplicación prescriben: Articulo No.202: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica, El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El párrafo primero del articulo No.336 de la misma ley procesal dispone: "El Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo a la sana critica. Hoy en día le es permitido al Juzgador la autonomía en la apreciación de las pruebas que determinen su convicción, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología, la experiencia común y en especial el análisis y racionamiento humano. Es así que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vio impugnativa contiene un problema extremadamente grave que transgrede y quebranta las reglas de la sana crítica ha advertir en la valoración de la prueba y que se convierte indefectiblemente en la violación de los artículos arriba enunciados. En el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán hoy impetrado, ha infringido la ley de derivación, en el principio lógico de la Razón Suficiente, en sus elementos de suficiencia y coherencia; El Juzgador en la valoración conjunta de las pruebas legalmente introducidas en el debate, llego al convencimiento de que los medios de prueba irrefutables fueron los testimonios de la Fiscal Ana Delia Reyes Turcios quien fue la denunciante, y quien estaba a cargo de la Unidad Antiextorsión, además de el Testimonio de la señora Claudia Raquel Chacón esposa del señor Marnol Ali Ferrufino uno de los participantes en el hecho criminoso del cual se deriva este proceso y como prueba las dos actas de inspección ocular, donde el Tribunal de Sentencia considera esta pruebas como coherente y coincidentes confiables, consistentes, congruentes, etc., que demuestran sin lugar a dudas, el día, la hora, el lugar, las personas y el lugar de los hechos, donde supuestamente sucedió la elaboración y entrega de las actas, Donde el Tribunal Sentenciador concatena los hechos ocurridos con las pruebas presentadas. Pero esa conclusión a la que llegó, no es a criterio de esta defensa el fruto razonado de las pruebas válidamente evacuadas en el juicio, de tal suerte que se hace necesario referirnos nuevamente a cada una de ellas y determinar si realmente soportan el fallo que se dictó, veamos: 1.2 La declaración testifical de la fiscal del Ministerio Publico asignada temporalmente a la Unidad Antiextorsión abogada Ana Delia Reyes Turcios, siendo ella la denunciante por lo cual mi representado se encuentra en este proceso, y que es un testigo que a pesar que fue objetado, el Tribunal Sentenciador considero su admisión a fin de obtener valoración de prueba, es un testimonio que conlleva la protección de la unidad antiextorsión de la cual ella estaba a cargo, además es confusa y ambigua y no solo en sus testimonios, sino en las actuaciones a lo largo del desencadenamiento de este proceso, ante la negativa de mi representado de no querer cambiar lo real y escrito en el acta de inspecciones oculares, lo mal informa ante el Director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Abg. Eduardo Villanueva, con lo que se determina que es una falta administrativa, sin embargo posteriormente denuncia a Nancy Yadira esposa de uno de los involucrados en el hecho criminoso, junto también a Claudia Raquel Chacon esposa también de orto de los implicados en el delito de Extorsión, Portación Ilegal de Armas y Robo Agravado según expediente No. 1016-2014, personas a las que no se les continuo el proceso de denuncia, aclarando los agentes de investigación que la señora Nancy Yadira no participo en el Hecho criminoso y no se le continuo con el proceso investigativo, lo que nos sugiere que la fiscal Ana Delia Reyes, denuncia al garete acciones que no son tipificadas en el código penal, perdiendo sus objetividad y persiguiendo acusaciones que están lejos de ser hechos criminosos, como tal presento su deposición acusando a mi representado, un testimonio lleno de vicios porque ser denunciante y la vez testigo no debería ser tolerado por el Juez Sentenciador sin embargo su testimonio fue considerado por el Juzgador como coherente, concatenado y sin ninguna contradicción con las declaraciones de Claudia Raquel Chacón. Si esto fuera cierto el acta que presuntamente mi representado le entrego a Claudia Raquel Chacón en las oficinas de la ANAPO, NO debió presentar en la parte superior y de manera manuscrita la hora y firma de quien la recibió, en este caso el Agente Josué Aguilar Galindo, sin embargo las actas que conforman el expediente y a las cuales el Tribunal de Sentencia hace referencia en el párrafo tercero páginas 12 y 13 de la sentencia recurrida, mantienen escritas estas leyendas. Así esto esclarece que mi representado nunca y jamás entrego el acta a Claudia Raquel Chacón, de lo contario esta no presentaría leyenda alguna. El Tribunal Sentenciador nunca razono de manera sana y humana, y con el análisis psicológico en la justa medida, que el hermano de Claudia Raquel Chacón, de nombre Cesar Chacón compartía los mismos gaveteros y oficina con mi representado pues también pertenecía a la unidad de Inspecciones Oculares y el cual mantenía un signo de parentesco familiar al ser cuñado de uno de los implicados esposo de su hermana. 1.2 La declaración de la señora Claudia Raquel Chacón compañera de hogar de uno de los detenidos (Marlon Ferrufino) y tal como se afirma por el Juez Sentenciador en los párrafos 2 y 3 de la página No.19 de la sentencia recurrida, que mi representado imprimió tres originales y le entrego una de ellas a Claudia Raquel Chacón, lo que nos dice que esta copia no tenía ninguna leyenda manuscrita de a quien se le entrega y hora de entrega como la que aparece como prueba documental en el expediente de mérito, concluyendo que esa copia nunca existió porque mi representado nunca se la entregó a la señora Raquel Chacón, de lo contrario esta original no tendría leyenda alguna sin embrago no es así, las dos actas tal como lo aclara el Tribunal de Sentencia mantiene en sus extremo superior las leyendas manuscritas a las que ya nos hemos referido. Por lo que vemos claramente que la señora Claudia Raquel Chacón violenta su juramento testifical al inculpar a mi defendido, presuntamente por encubrir a su hermano el agente Cesar Chacón quien era el amas apropiado para llevar a cabo la sustracción del documento por el cual se inculpa a mi representado. Esa posición y valoración que ha realizado el sentenciador sobre la prueba testifical ofertada por el Ministerio Público, naturalmente vulnera la Regla Lógica de la Razón Suficiente en su elemento de suficiencia por lo cual todo juicio para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirme o se niegue con la pretensión de la verdad pues del contenido resultado de las probanzas en cuestión, se comprueba que este principio ha sido alterado por el Juzgador por cuanto en el presente caso no se demostró de manera fehaciente con la prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Público que mi defendido hay actuado de manera ilícita, que jamás se comprobó que mi representado haya entregado el acta de inspecciones oculares a la señora Raquel Chacón testigo que como ya lo hemos comprobado, es completamente viciado y faltante de la verdad en la deposición presentada ante el Tribunal de Sentencia en el Juicio Oral y Público, además no hay seguridad ni indicio alguno que la frase que el vehículo había sido manipulado por agentes antiextorsión tuviese consecuencias como para favoreces a los implicados en el hecho criminoso, mucho menos dejarlos en libertad, esto no es mas que una errónea suposición del Tribunal Sentenciador y de las deposiciones testificales, existían verdaderas pruebas de cargo como ser el Testigo protegido AL264, los informes de los agentes que intervinieron en la captura de los inculpados y hoy condenados, mi representado impregno esa frase porque era cierta, los agentes movilizaron ese vehículo, de una escena del crimen que debió ser inalterable y ellos sabían perfectamente bien que no debían movilizarlo, además las condiciones de seguridad no eran apremiantes, sin antes no llegasen al lugar de los hechos el personal de Inspecciones Oculares, hoy Técnicos de la Escena del Crimen. 1.3 De las actas de Inspecciones Oculares, en referencia a esta prueba documental pública, y que cuyas fotocopias de las originales están contenidas en este expediente de mérito, y si es cierto que ambas fueron elaboradas, selladas y firmadas por mi defendido, y donde el Ministerio Público solicito una prueba caligráfica por ser las originales contenidas en el expediente S.P.502 -2016 de Casaciones Penales y que por razones que desconocemos el expediente esta extraviado, lo que obligó al Ministerio Público a renunciar al prueba caligráfica por no poder encontrarse las originales debido al extravió del expediente, causa suficiente para que el Ministerio Publico Perdiera su objetividad, al argüir que lo plasmado en dichas actas son causas de acciones reñidas con la ley, cuestión que el Juez Sentenciador afirma en el último párrafo de la página diecinueve y primero de la página veinte de la sentencia recurrida, considerando que lo enunciado en la primer acta en relación a la frase que dicta que se había manipulado el vehículo por agentes antiextorsión, y que el imprimir esta frase determinaba la posible libertad de los imputados en el hecho criminoso del cual se desprende este proceso, y que la frase llevaba aparejada el objetivo de crear impunidad en el proceso que se le seguía a lo agentes implicados, además de ser suficiente prueba para obtener la libertad de los mismos, consideramos que es sumamente exagerado la posición tomada por el Tribunal de Sentencia, irrumpiendo toda valoración en la aplicación del razonamiento humano y el análisis lógico, sin seguir los lineamientos que comprende este pilar de la institución jurídica como ser la Sana Critica. Se concluye entonces, que el Tribunal Sentenciador de manera indefectible esta sometido a estas reglas lógicas de la sana critica, pero si alguna de ellas resultan violadas el razonamiento del Juzgador Sentenciador no existe y la fundamentación de la sentencia aunque aparezca como un acto escrito no tendrá vida como pensamiento, por ende, desde el punto de vista procesal vigente la sentencia debe de anularse por falta de motivación por alejarse del verdadero contenido de la probanza. Así este razonamiento o Iter lógico realizado por el A-Quo, es censurable, pues del contenido y el resultado de las probanzas en cuestión, se compruebe que no es posible la vinculación o participación de mi representado en ese supuesto e intipificado delito de abuso de autoridad. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, que se estime la infracción pretendida, que se case la sentencia y con fundamentos en el artículo No. 339 de Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación proceda a dictar una Sentencia Absolutoria a fin de restituir a mi patrocinado ese estado de presunción de inocencia que con el fallo impugnado ha sido mancillado.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en su condición de defensor privado de Jose Orlando Lopez Osorio. Primer Motivo. • Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República en relación al 338 regla cuarta numerales 1 y 2 Código Procesal Penal. • Concepto de la Infracción: Estado de inocencia. • Propuesta de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Se produce en el acto de la Sentencia. • Pretensión: Que se dicte sentencia absolutoria. Expone el Censor que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en yerro, pues en el proceso penal el A-quo no pudo enervar el estado de inocencia de su presentado, argumenta que se probo la falsedad de que su poderdante haya entregado una copia del acta a la señora Claudia Raquel Chacón, además que no hay testigos que hagan prevalecer sus deposiciones, y las declaraciones están llenas de ambigüedades, agrega que al Tribunal de sentencia le ha faltado fundamento y análisis lógico de la declaración de Ana Delia Reyes Turcios y Claudia Raquel Chacón, explico que el Tribunal le otorgo a esas deposiciones excesivo aprecio probatorio resultando de estas actuaciones la concretidad del concultamiento y violación de derechos y la garantía constitucional de presunción de inocencia. De la debida técnica recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, la pretensora deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte de la recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la parte pretensora deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la pretensora deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva a la pretensora a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Primer motivo: El Motivo no es de recibo. El recurso es defectuoso, pues el impetrante en su extensa explicación del motivo que hace críticas en cuanto al criterio esbozado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, expone a su criterio el valor de la prueba, señalándola como inconsistente por ello se acredita que es falso que su representado haya entregado tres copias en original de un acta de inspección de la señora Claudia Raquel Chacón, insistiendo sobre la valoración del A-quo de las declaraciones de cargo de Ana Delia Reyes Turcios y Claudia Raquel Chacón, el motivo del recurso de casación es la infracción del precepto constitucional como ser el principio de inocencia, en su exposición del motivo debe señalar el censor concretamente cómo y en que parte de la sentencia o del proceso tienen tal violación a la garantía constitucional, el casacionista fundo su exposición del recurso en una serie de argumentos propios de instancia, en los cuales presento sus propias valoraciones a la prueba evacuada, indicando que se violentó las reglas de la sana critica, argumentando sobre lo inconsistente de la prueba, por lo cual en su motivación utiliza diversos argumentos desviándose así de una correcta técnica recursiva. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por infracción de precepto constitucional, en el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en la violación al principio de inocencia, sin embargo, desarrolla su recurso realizando una valoración alterna de la prueba, arguyendo sobre como debió ser valorada la prueba evacuada. El recurrente no fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues reclama la violación a una garantía constitucional pero no es claro en que parte de la sentencia consta la mismas, es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación y es a lo que debe darse respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa publica en este caso e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal de como debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, lo determinante es el señalamiento concreto de las violaciones a los principios constitucionales reclamados; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar la violación indicada y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las garantías constitucionales; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino que pueda determinarse el razonamiento plasmado por los jueces o el desarrollo del juicio va reñido con garantías constitucionales. Desafortunadamente el recurrente, no es ordenado en el planteamiento, se da la tarea de exponer lo que considera la conclusión a la que debió llegar el Tribunal de Sentencia, limitándose a increpar que los jueces del A-quo no advirtieron éstas en su valoración, el impetrante no procuró reprender en que consistían las violaciones a los principios constitucionales reclamados. El recurso del censor contiene un análisis probatorio propio, indicando que no comparte el criterio del Tribunal de Sentencia sin embargo no por ello se ha violentado la garantía que la carta magna otorga; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos en torno a lo que considera como debió ser valorada la prueba, o lo que no se pudo probar, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. En el caso actual y concreto, la Sala de lo Penal identifica diáfanamente que el recurrente se aparta totalmente de la debida técnica recursiva, al desarrollar un escrito con argumentos son un compendio de alegatos de instancia, que se limitan a meras apreciaciones subjetivas en las cuales considera no compartir el criterio de valoración del Tribunal de sentencia, que la valoración no sigue las reglas de la sana crítica y que resulta inconsistente, sin demarcar donde esta violentado el principio de inocencia. En este sentido, el escrito del recurso no permite entender el verdadero fondo del motivo de casación, como para tener la claridad y poder dar una respuesta sobre la causal que argumenta, ya que estos argumentos obedecen a reflexiones propias de su pensamiento que no indican de forma diáfana la violación constitucional. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado el primer motivo de casación interpuesto. Segundo Motivo. • Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 60 de la Constitución de la República Concepto de la Infracción: No descrita por el censor. • Propuesta de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinada. Pretensión: Que se dicte sentencia absolutoria. Reclama el Censor que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en violación al artículo 60 de la constitucional, se vale de su transcripción literal y señala que el A-quo actuo de forma arbitraria y preferencial al emitir un fallo condenatorio contra su representado sin considerar que hubo otros implicados que no fueron procesados por este mismo caso, el impetrante realiza una serie de interrogantes hipotéticas a este Ad-quem sobre de la falta de investigación administraba y sobre la falta de participación de su representado. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Segundo Motivo: El recurso no es de recibo. En este segundo motivo de casación por infracción de precepto Constitucional, nuevamente el impetrante lo redacta demostrando su falta de técnica recursiva, haciendo uso nuevamente de argumentos de instancia en cuanto a la valoración de la prueba, que en nada le ayuda a entender a esta Sala de Casación, sobre este segundo motivo de casación invocado, como lo es el Artículo 60 de la Constitución Política de la República de Honduras establece que todos los hondureños son iguales ante la ley y que se prohíbe cualquier forma de discriminación por sexo, raza, clase social o cualquier otra que viole la dignidad humana, este artículo garantiza que todos los ciudadanos sean tratados de manera equitativa por el sistema legal, sin importar su origen o características individuales. Prohibiendo cualquier acto de discriminación. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por infracción de precepto constitucional, en el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en la violación al principio de Igualdad, sin embargo, desarrolla su recurso realizando una valoración alterna de la prueba, arguyendo sobre como debió ser valorada la prueba evacuada. El recurrente no fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues reclama la violación a una garantía constitucional pero no es claro en que parte de la sentencia consta la mismas, es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación y es a lo que debe darse respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. En este segundo motivo, la Sala de lo Penal identifica diáfanamente que el recurrente se aparta totalmente de la debida técnica recursiva, al desarrollar un escrito con argumentos son un compendio de alegatos de instancia, que se limitan a meras apreciaciones subjetivas en las cuales considera no compartir el criterio de valoración del Tribunal de sentencia. En este sentido, el escrito del recurso no permite entender el verdadero fondo del motivo de casación, como para tener la claridad y poder dar una respuesta sobre la causal que argumenta, ya que estos argumentos obedecen a reflexiones propias de su pensamiento que no indican de forma diáfana la violación constitucional. El defecto de interposición de este segundo motivo de casación es insalvable, por lo que debe de ser desestimado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en su condición de defensor privado de Jose Orlando Lopez Osorio. Motivo Único. • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 en relación al 336 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: El reclamo resulta de la propia sentencia. • Pretensión: Que se dé con lugar el motivo, dictando una sentencia absolutoria. Explicó el recurrente que los juzgadores violaron las reglas de la sana crítica en su regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, en sus elementos de suficiencia y coherencia, argumenta en cuanto a la valoración que el A-quo le otorgo a las testigos de cargo Ana Delia Reyes Turcios y Claudia Raquel Chacon, señala que las acciones que denuncio la testigo Ana Delia Reyes Turcios no constituyen delitos, y que su representado nunca le entrego a Claudia Raquel Chacon las actas de inspecciones oculares a que se hace referencia, agregando que el Tribunal de Sentencia nunca razono de manera sana y humana y con análisis psicológico que el hermano de Claudia Raquel Chacon compartía los mismos gaveteros el acusado. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. de la procedencia del único motivo: El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente señala como violentadas las reglas de la lógica en su postulado de derivación por el principio razón suficiente, en sus elementos de suficiencia y coherencia, que al concluir el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, no debió darle credibilidad a la testigo Ana Delia Santa Barbara, asimismo reclama sobre la valoración de la testigo Claudia Raquel Chacón violenta el juramento ya que esta inculpa a su defendido presuntamente para encubrir a su hermano el agente Cesar Chacón, quien era el más apropiado para llevar a cabo la sustracción del documento por el cual se inculpa a su representado. El censor no hace señalamientos claros de cuales esos razonamientos reñidos con el postulado de la derivación su censura va dirigida a la credibilidad de los mismos, sus argumentos son meramente de instancia, sin embargo atendiendo el principio de convencionalidad y el derecho a recurrir, esta Sala de lo Penal logra entender que el casacionista no está conforme con el juicio que el Tribunal de Sentencia uso para dar validez a las declaraciones de los testigos de cargo, se logra determinar este punto central como impugnación y será sobre esto que esta Sala de Casación dará respuesta, determinando si el Sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate lo hizo siguiendo las reglas de la sana crítica. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana critica en su vertiente de derivación en su característica de suficiencia, por lo cual traemos la valoración en conjunto realizadas por el A-quo contentiva de las inferencias que según el impetrante son controvertidos con la sana critica, para el caso de la testigo Ana Delia Reyes Turcios, esta refirió: … Con la declaración testifical de la abogada Ana Delia Reyes Turcios, queda acreditado fehacientemente que al momento de suscitarse los hechos, ella estaba a cargo de la investigación y que en efecto al momento de revisar la primer acta de inspecciones oculares No.260-2014, elaborada por el técnico de inspecciones oculares José Orlando López Osorio, en un apartado de la misma decía, que el vehículo tipo pick-up, marca Isuzu, color blanco, con placa PBT 9391, al momento de realizar inspección ya había sido "manipulado por elemento de Anti-Extorsión", razón por la cual la fiscal le pidió le aclarará el concepto "manipulación", solicitándole corrigiera la misma ya que el término "manipulación" podría causar confusión al momento de la celebración de la audiencia inicial, negándose José Orlando a obedecer lo ordenado por la fiscal, y al preguntarle si a él le constaba que el vehículo había sido manipulado el imputado respondió que no le constaba en virtud de ello, ésta envió un informe al entonces Director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Abog. Villanueva en la cual le informaba lo acontecido, es así que por órdenes del Director, José Orlando accede a realizar una segunda acta con la misma nomenclatura debido a que la fiscal le dijo que destruyera la primer acta, en la segunda acta redactada por el acusado ya no aparece la palabra manipulación y en vez de ella consigna que: "al momento de realizar la inspección se pude observar que dicho vehículo se encontraba con las cuatro puertas cerradas sin seguro y con apagado lo mismo vehículo a la instalaciones aldea el Ocotal antigua Anapo". En ese orden de ideas y para sorpresa de la fiscal Ana Delia Turcios, al momento de realizarse la audiencia inicial y ofertar el acta de inspección ocular en referencia, la defensa objeta la misma en virtud de estar viciada y presenta como medio de prueba la primera acta de inspección que José Orlando había elaborado, la cual refiere que el vehículo había sido manipulado, Analiza este Tribunal Casacional que esta declaración esta valorada en forma conjunta con la declaración de la señora Claudia Raquel Chacón, de la cual se transcribe: … versión que es corroborada y sustentada con el testimonio de la señora Claudia Raquel Chacón, compañera de hogar de uno de los detenidos (Marlon Ferrufino) y compañera de promoción del acusado, quién refirió que por el compañerismo que ha existido entre ella y José Orlando, le llamó para pedirle información acerca de la detención de su compañero de hogar y sus otros compañeros, a lo cual José Orlando le dijo que estaba de turno que se avocara a la ANAPO, ubicada en el Ocotal, y es ahí en donde éste imprime tres copias en original de la primera acta de inspección dándole a Claudia Raquel Chacón una copia en original; por lo que conforme a las reglas de la sana crítica, específicamente lo relativo a la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia, nos indica que el señor López Osorio, desde el instante en que consignó en la primer acta de inspección "que el vehículo había sido manipulado por los agentes anti extorsión", lo hizo con la intención de favorecer en la audiencia inicial a sus compañeros de promoción y trabajo, ya que éste al ser un técnico en inspecciones oculares con la experticia debida en este campo tiene el conocimiento que cuando los objetos de un ilícito penal se encuentran dentro de un vehículo ubicado en una zona de alto riesgo son trasladados a sede administrativa, a fin de realizar la debida cadena de custodia, embalaje e inspecciones oculares en el caso de que se requieran y no es por ello que quiera decir que los mismos han sido manipulados, ya que de los testimonios vertidos a la vista pública y de la prueba documental a la que nos referiremos más adelante queda evidenciado que cuando el señor López llegó a las instalaciones de la Cañada, éste mismo, dio la orden que trasladaran el automotor al edificio donde se encuentra ubicada la ANAPO, ya que en La Cañada no tenía la logística para realizar la inspección ocular mientras que en la ANAPO se encontraba todo el material requerido para la realización eficaz de su trabajo como técnico, lo cual fue lo mismo que hicieron los agentes de la unidad anti extorsión, trasladar el vehículo de la Colonia Policarpo Paz por ser una zona de alto riesgo y trasladarlo hacia la Cañada en dónde solicitaron un técnico en inspecciones oculares. Igualmente conocía el imputado que a consignar en el acta que había manipulación en el manejo de la evidencia esto con una alta probabilidad tendría como consecuencia la nulidad de la prueba incriminatoria contra sus compañeros policías. En cuanto a las actas de inspecciones oculares que son el objeto del debate tenemos: …Certificada de dos Actas De Inspección Ocular Con Número 260-2014, establece, la fecha, el día, hora y y lugar en que se realizó la inspección ocular al vehiculo y que en efecto el señor José Orlando López Osorio, elaboro ambas actas, no acatando la orden de la fiscal de romper la primera la cual redactó con la finalidad de beneficiar a sus compañeros ya que en esta consigna que el vehículo fue manipulado por los agentes de la unidad Antiextorsión, y en la segunda acta por órdenes de su superiores cambia i consignado: "al realizar la inspección se pude observar que dicho vehículos encontraba con las cuatros puertas cerradas sin seguro y con motor apagado lo mismo que vías y foco, luego fue trasladado dicho vehículo a las instalaciones aldea el Ocotal antigua Anapo", quedando también probado que el acusado dio la orden de movilizar el carro de la Cañada a la ANAPO, dónde se cuenta con la logística para realizar la inspección; con el OFICIO-FESCCO-UASTI-177-2014, de fecha 6 de mayo del 2014, enviado por la Abogada Ana Delia Reyes a Eduardo Villanueva en su condición de Director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, se confirma que ésta ante la negativa del acusado de corregir el acta ya mencionada, le envió un oficio al Director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial a fin de ponerle en conocimiento todo lo acontecido para que a través de él se le diera la orden a José Orlando de enmendar el acta de inspección; de igual manera dentro del acervo probatorio se contó con el EXPEDIENTE No.0801-2018-00158, DE INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNAL, teniendo como denunciante a OSCAR SADY RIVERA, cuya denuncia esta contra PERSONAL NO DETERMINADO DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, con esta denuncia se establece que la prueba pericial de documentologia al señor José Orlando no se pudo realizar debido al extravio del expediente original del caso que se ventiló en contra de sus compañeros, empero de la prueba evacuada ha quedado demostrado que no es un hecho controvertido que el señor López fue la persona que realizó la actas objetos del caso de autos.- En consecuencia, siendo que todos estos medios de prueba han sido contrastados entre si y arrojan a la conclusión antes arribada, por ser congruentes unas con otras, es procedente concederles entera credibilidad. Estudiando las declaraciones de Ana Delia Reyes Turcios, y Claudia Raquel Chacón, así como las actas de inspecciones oculares elaboradas por el acusado Jose Orlando Lopez Osorio, de las cuales el impetrante reclama que las mimas han sido valoradas por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en violación a las reglas de la sana critica específicamente al principio de derivación en sus elementos de suficiencia y coherencia. Este Ad-quem después de haber leído y analizado la valoración en conjunto de la prueba realizada por el A-quo en la sentencia recurrida estima que las misma es conforme a los principio de las reglas de la sana critica, siguiendo el principio de derivación no podía haber arribado a otra conclusión más que el acusado si tuvo participación directa en los hechos que fueron denunciados por la testigo y Fiscal Ana Delia Reyes Turcios, lo cual fue confirmado por la testigo Claudia Reyes Chacón, resultando estas declaraciones mismas suficientes y coherentes con el resto de la prueba para dictar una sentencia condenatoria contra el acusado Jose Orlando Lopez Osorio, por haber elaborado un acta de inspección ocular con un contenido para beneficiar a unos compañeros investigados, la cual teniendo el deber de destruirla no lo hizo, entragándola a la testigo Claudia Reyes Chacon, elaborando una nueva acta o sea la correcta, que fue presentada en la audiencia inicial por la Fiscal del caso, con la sorpresa que habían dos actas de inspecciones oculares con contenido diferente.- Lo anterior ha sido debidamente valorado y deriva de la prueba evacuada en el juicio oral y público resultando la misma suficiente y coherente, sin violentar las reglas de la sana critica. En razón de lo anterior el único motivo de casación debe ser desestimado. DECISIÓN. 1. No ha lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer y segundo motivo, interpuesto por la Defensa Privada. 2.- No ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por la Defensa Privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito suplementario. Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 349 numeral 2, declaró responsable al acusado José Orlando Lopez Osorio, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial por seis años o sea el doble del tiempo que dure la condena e Interdicción Civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 499, tiene regulado el delito de Abuso de Autoridad cuya pena es de 3 a 6 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, por lo que, al haber recibido una pena con el Código penal anterior de 3 años de reclusión, la nueva pena representa sin duda algún beneficio para el imputado José Orlando Lopez Osorio, en este caso concreto debe aplicarse de forma retroactiva la ley penal. Para la imposición de la pena concreta, esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal) pero además lo regulado en el artículo 70 numeral 1, inciso a) que establece que en los delitos dolosos se determinará la pena, tomando en consideración si hay o no agravantes o atenuantes, en esos casos la pena se fija dentro del marco establecido en la ley en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho; en el caso sometido a análisis la accion cometida por el acusado José Orlando Lopez Osorio, el A-quo ha considerado que no existen circunstancias agravantes ni atenuantes, sin embargo debemos considerar las circunstancias personales y la gravedad de los hechos, en este caso por tratarse de funcionario encargado de la investigación preliminar criminal en casos antiextorsión, que valiéndose de su cargo por la discrecionalidad que poseía maliciosamente consigno frases no adecuadas en el acta de inspección, entregando ese documento de interno de investigación a particulares, por tanto procede imponer la pena máxima para este delito. Por lo que es procedente imponer al señor José Orlando Lopez Osorio por el delito de Abuso de Autoridad a la pena de cuatro años seis meses de inhabilitación especial. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer y segundo motivo. SEGUNDO: Declara No ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, Recursos presentados por el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en su condición de defensor privado de José Orlando López Osorio a quien se le condenó por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Publica. TERCERO: Declara LA PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por la conducta reprochada al acusado José Orlando López Osorio; en consecuencia, reforma el pronunciamiento del numeral primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia debiendo leer en los siguientes términos: Primero: Que debemos condenar y condenamos al acusado José Orlando López Osorio, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Publica a la pena principal de cuatro (4) años seis (6) meses de inhabilitación especial. Se mantiene incólume la sentencia en cuanto a los pronunciamientos tercero, cuarto, quinto y sexto. CUARTO: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-265-2020.Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-265-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio, Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-265-2020 por Infracción de precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Josè Orlando López Osorio, por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena principal de tres años de reclusión como pena principal, e inhabilitación Especial por el doble de tiempo que dure su condena principal de reclusión, es decir seis años. SEGUNDO: Condenó al señor Josè Orlando López Osorio, a la pena accesoria de Interdicción Civil por el tiempo de tres años de duración de la pena. TERCERO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. CUARTO: Declaró la responsabilidad civil del condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. QUINTO: No Procedió decretar el comiso por no haber sido puesto a disposición del Tribunal ninguna pieza de convicción. Son partes en única instancia: El Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en su condición de Defensor Privado del señor Josè Orlando López Osorio, como parte recurrente; y La Abogada Mercedes Dubón, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha 29 de abril del año 2014, agentes asignados a lo que antes era La Fuerza Nacional Anti extorsión, solicitaron a la Sección de Inspecciones Oculares de lo que antes era la Dirección Nacional de Investigaciones (D.N.I.) un técnico en inspecciones oculares, para practicar una inspección al vehículo tipo pick up, marca Izusu, color blanco, placa PBT9391, que correspondía al caso No. 263-2014, asignándole referida diligencia al técnico JOSE ORLANDO LOPEZ OSORIO, quién se trasladó a la Colonia La Cañada, donde ya se encontraba el vehículo y fue informado que la diligencia era concerniente a la investigación de un delito de extorsión y robo en contra de sus compañeros policías Marnol Ali Ferrufino López, Héctor Josué Ponce Martínez y Henrry Wilfredo Medina.- SEGUNDO: José Orlando decidió que se trasladara el vehículo a la Aldea El Ocotal, en donde practicó la inspección y levantó el acta de inspección No.260-2014 de fecha 29 de abril del 2014, en la cual estableció: "que llegó a dicho lugar a las 19:20 horas, y además en el apartado tercero, que corresponde a la descripción general del lugar a inspeccionar consigno: “ y al momento de realizar inspección ya había sido manipulado por elemento de extorsión”; describiendo además los hallazgos encontrados consistentes en armas de fuego y chalecos antibalas, esto con el propósito de favorecer a sus compañeros policías, procediendo a entregarle a la señora Claudia Chacón, quién era la esposa de uno de los imputados MARLON ALI FERRUFINO LOPEZ, una acta original firmada y sellada, de tres impresiones que hizo; la cual fue presentada por la defensa de los imputados en la audiencia inicial realizada en fecha 5 de mayo del 2014, a fin de crear la duda en el juez conocedor de la causa ante la presentación de dos actas de inspección ocular con contenidos diferentes; puesto que en el acta presentada por el Ministerio Público en la misma audiencia inicial, el señor José Orlando había suprimido la frase “que el vehículo ya había sido manipulado por elementos de anti extorsión”; ante una opinión de la fiscal ANA DELIA TURCIOS, dicha frase no era propia de un informe técnico al no constarle tal extremo.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en su condición de Defensor Privado del señor Josè Orlando López Osorio, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. I. POR INFRACCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. EXPOSICIONES DE LOS MOTIVOS DE LA CASACIÓN. PRIMERO: Haber incurrido el Tribunal de Sentencia en la violación por la falta de observación de las normas constitucionales como ser la descrita en el artículo No.89 de la Constitución de la República, citado en relación con el articulo No.338 regla cuarta, numerales 1 y 2, de nuestro Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo No.361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El artículo No.89 de nuestra Carta Magna otorga los parámetros a respetar por el Juzgador al emitir una sentencia, al manifestar el mismo que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. El cual se refiere a la presunción de inocencia o estado de inocencia y que en la presente causa nunca fue alterado ya que ningún medio de prueba evacuado en la audiencia de debate atribuyó algún tipo penal en contra de mi representado. Por su parte el precepto penal adjetivo invocado en relación como infringido prescribe: en su artículo No.338 regla cuarta numerales 1 y 2: "Se consignara la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1. Declaración de los Hechos Probados: En párrafos separados y numerados se hará la declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por sus exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse. 2. Valoración de la Prueba: Seguidamente se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana critica, el valor que se le haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. Y sobre los medios de prueba el Articulo No.202 del Código Procesal penal explana: Articulo No. 202: Valoración de las Pruebas. La Sana Criticas: Las pruebas serán valoradas de acuerdo a la sana critica. El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el Articulo No. 336 en su primer párrafo expone: Articulo 336. Normas para la deliberación y votación: El Tribunal para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En el caso que nos compete el Tribunal Sentenciador en la Sentencia pronunciada y proferida No. 103-2019, en las páginas cinco (5) y seis (6), en el acápite de Hechos Probados estableció como hechos probados los siguientes y que reproducimos fielmente su transcripción: PRIMERO: En fecha 29 de abril del año 2014, agentes asignados a lo que antes era la Fuerza Nacional Antiextorsión, solicitaron a la Sección de Inspecciones Oculares de lo que antes era la Dirección Nacional de Investigaciones (D.N.I.) un técnico en inspecciones oculares, para practicar una inspección al vehículo tipo pick up, marca Isuzu, color blanco, placas PBT9391, que correspondía al caso No. 263-2014, asignándole referida diligencia al técnico JOSÉ ORLANDO LÓPEZ OSORIO, quien se trasladó a la Colonia la Cañada, donde ya se encontraba el vehículo y fue informado que la diligencia era concerniente a la investigación de un delito de extorsión y robo en contra de sus compañeros policías Marnol Ali Ferrufino López, Héctor Josué Ponce Martínez, y Henrry Wilfredo Medina (El subrayado es nuestro). SEGUNDO: José Orlando decidió que se trasladara el vehículo a la Aldea El Ocotal, en donde practico la inspección y levanto el acta de inspección No.260-2014 de fecha 29 de abril del 2014, en la cual estableció: "que llego a dicho lugar a las 19:20 hora, y además en el apartado tercero, que corresponde a la descripción general del lugar a inspeccionar consigno: “Y al momento de realizar inspección ya había sido manipulado por elemento de antiextorsión”; describiendo además los hallazgos encontrados consistentes en armas de fuego y chalecos antibalas, esto con el propósito de favorecer á sus compañeros policías, procediendo a entregarle a la señora Claudia Chacón quien era la esposa de uno de los imputados MARLON ALI FERRUFINO LÓPEZ, un acta original firmada y sellada de tres impresiones que hizo; la cual fue presentada por la defensa de los imputados en la audiencia inicial realizada en fecha 5 de mayo del 2014, a fin de crear la duda en el juez conocedor de la causa ante la presentación de dos actas de inspección ocular con contenidos diferentes; puesto que en el acta presentada por el Ministerio Público en la misma audiencia inicial, el señor José Orlando había suprimido la frase “que el vehículo ya había sido manipulado por elementos de antiextorsión”; ante una opinión de la fiscal ANA DELIA TURCIOS, dicha frase no era propia de un informe técnico al no constarle tal extremo. En relación a lo anteriormente expuesto reconocemos como Defensa del señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ OSORIO, que en ningún caso se podrán modificar los hechos que la Sentencia recurrida tenga como probados, tampoco desconocemos que esa declaración de Hechos Probados resulta ser la base sobre la que se construyó la sentencia penal, pues son el conjunto de requisitos mínimos que concurren al perfilar un plano histórico, una circunscripción que contiene dentro de si los extremos mínimos previstos en una hipótesis normativa y es lo que el Tribunal Sentenciador tiene como demostrado y cierto, en virtud de las pruebas recibidas en el debate y con relación a la imputación. Sin embargo, el Juzgador a de indicar las pruebas tomadas en consideración y el valor que les haya dado a cada una de ellas, según las reglas de la sana critica al establecer esos hechos probados. El Tribunal Sentenciador tendrá entonces primero que seleccionar la prueba que sea legitima con que dará el sustento fáctico de la sentencia indicando igualmente el valor que le asigna para que el Tribunal de alzada pueda controlar ese proceso de valoración seguido por el Tribunal Sentenciador mediante el examen casacional. Esto sin duda alguna, no impide que el principio de presunción de inocencia sea observado religiosamente y de manera dogmática por los Tribunales de Justicia, va que constituye no solo un criterio legal recogido tanto en el derecho sustantivo y adjetivo, sino un derecho fundamental que ampara una garantía procesal y que se traduce en una estructura de veracidad provisional. Tampoco omitimos que la Presunción de Inocencia hoy alegada es una presunción Juris Tantum, es decir, admite prueba en contrario y que en todo caso es aportada por el ente acusador la cual puede llegar a provocar en el Juzgador el grado de certeza necesario para dictar una sentencia condenatoria tal como desatinadamente ocurrió en el caso de mi defendido. Pero también es importante resaltar, que no se le esta permitido al Juzgador establecer como hecho probado lo que se le ocurra, como ser meras actuaciones procesales, transcripción de pruebas, o exposiciones de algunas de las partes, sino únicamente los hechos que a su criterio con base a la prueba, constituyen la verdad histórica que dará sustento al fallo y es aquí donde surge nuestro reproche al fallo condenatorio dictado por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Francisco Morazán por las razones y consideraciones que a continuación pasamos a exponer: 1.- En el apartado de la valoración conjunta de la prueba, El Tribunal Sentenciador en su último párrafo de la página 18 y primero de la página 19, de la sentencia recurrida, determinó lo siguiente: Con la declaración testifical de la de la abogada Ana Delia Reyes Turcios, queda acreditado fehacientemente que al momento de suscitarse los hechos, ella estaba a cargo de la investigación y que en efecto al momento de revisar la primer acta de inspecciones oculares No.260-2014, elaborada por el técnico de inspecciones oculares José Orlando López Osorio, en un apartado de la misma decía que el vehículo tipo pick up, marca Isuzu, color blanco, placas PBT-9391, al momento de realizara la inspección ya había sido “manipulado por elementos antiextorsión” razón por la cual la fiscal le aclarar el concepto de manipulación, solicitándole le corrigiera la misma ya que el concepto “manipulación” podría causar confusión al momento de la celebración de la audiencia inicial, negándose José Orlando a obedecer lo ordenado por la fiscal, y al preguntarle si a el le constaba que el vehículo había sido manipulado el imputado respondió que no le constaba. En virtud de ello, esta envió un informe al entonces Director y Evaluación de la Carrera Policía, Abg. Eduardo Villanueva en el cual le informa lo acontecido, es así que por ordenes del Director, José Orlando accede a realizar una segunda acta con la misma nomenclatura debido a que la fiscal le dijo que destruyera la primer acta, en la segunda acta redactada por el acusado ya no aparece la palabra manipulación y en vez de ella consigna que: “al momento de realizar la inspección se pudo observar que dicho vehículo se encontraba con las cuatro puertas cerradas sin seguro y con motor apagado lo mismo que vías y foco, luego fue trasladado dicho vehículo a las instalaciones aldea el Ocotal antigua ANΑΡΟ”.... Sigue pronunciándose el Tribunal de Sentencia en la página No.19 segundo párrafo que la versión de la deposición de la abogada Ana Delia Reyes Turcios, es corroborada y sustentada por la señora Claudia Raquel Chacón, compañera de hogar de uno de los detenidos (Marlon Ferrufino López) y compañera de promoción del acusado, quien refirió que por compañerismo que ha existido entre ella y José Orlando, le llamo para pedirle información acerca de la detención de su compañero de hogar y sus otros compañeros a lo cual Orlando les dijo que estaba de turno y que se avocara a la ANAPO, ubicada en el Ocotal y es ahí donde este imprime tres copias en original de la primera acta de inspección dándole a Claudia Raquel Chacón una copia en original; por lo que conforme a las reglas de la sana critica, específicamente en lo relativo a la lógica, la psicología y las máximas de experiencia, nos indica que el señor López Osorio, desde el instante en que consigno en la primer acta de inspección “que el vehículo había sido manipulado por los agentes antiextorsión” lo hizo con la intención de favorecer en la audiencia inicial a sus compañeros de promoción y trabajo, ya que este al ser un técnico en inspecciones oculares con la experiencia debida en este campo tiene el conocimiento que cuando los objetos de un ilícito penal se encuentran dentro de un vehículo ubicado en una zona de alto riesgo son trasladados a sede administrativa, a fin de realizar la debida cadena de custodia, embalaje e inspecciones oculares, en el caso de que se requieran y no es por ello que quiera decir que los mismos han sido manipulados, ya que de los testimonios vertidos a la vista pública y de la prueba documental a las que nos referiremos más adelante queda evidenciado que cuando el señor López llego las instalaciones dela Cañada, este mismo, dio la orden que trasladaran el automotor al edificio donde se encuentra ubicada la ANAPO, ya que en la Cañada no tenía la logística para realizar la inspección ocular mientras que en la ANAPO se encontraba todo el material requerido para la realización eficaz de su trabajo como técnico, lo cual fue lo mismo que hicieron los agentes de la unidad antiextorsión trasladar el vehículo de la colonia Policarpo Paz por ser una zona de alto riesgo y trasladarlo hacia la Cañada en donde solicitaron un técnico en inspecciones oculares. Igualmente conocía el imputado que al consignar en el acta que había manipulación en el manejo de las evidencias esto con una alta probabilidad tendría como consecuencia la nulidad de la prueba incriminatoria contra sus compañeros policías. En el caso que nos ocupa, el acusado con la finalidad de favorecer a los señores Marlon Ali Ferrufino López, Héctor Josué Ponce Martínez, y Henry Wilfredo Medina, se negó a acatar lo ordenado por la Fiscal Ana Delia Reyes, No bastando con eso le entregó copia original de la primera acta de inspección que levanto, a la esposa del señor Ferrufino para generar la duda y obtener la invalidación de la evidencia encontrada en el vehículo por el órgano jurisdiccional conocedor del proceso instruido en contra de sus compañeros y de esta manera crear impunidad estableciendo en el acta extremos que no le constaban y lograr así su cometido siendo esta la libertad de sus amigos; estimando este Tribunal que las declaraciones testificales de cargo son coherentes, se concatenaron una con la otra no habiendo ninguna contradicción con las mismas por ello les otorga entera credibilidad.( Los subrayados son nuestros). Sobre estos acápites de la valoración probatoria esta defensa hace las siguientes observaciones: 1.1 El testimonio de la Fiscal Ana Delia Reyes Turcios que aparece en las páginas seis (6), siete (7), ocho (8) y nueve (9) de la sentencia recurrida hace un relato novelesco de lo acontecido en la descripción, persecución y captura de los implicados en el delito de tenencia ilegal de armas y extorsión de los policías delictivos Marlon Ali Ferrufino López, Héctor Josué Ponce Martínez, y Henry Wilfredo Medina, que se desarrolló en el proceso judicial según expediente 1016-2014, y los cuales fueron condenados bajo sentencia firme. La Fiscal argumenta que no es correcto que mi representado haya escrito la frase “el vehículo fue manipulado por agentes antiextorsión y que solicito al agente de inspecciones oculares Orlando López Osorio cambiara esa frase porque daba lugar a confusión. Mi representado amparado en la verdad le dice que no es correcto cambiar esa frase porque efectivamente el vehículo fue trasladado y movido de su lugar de origen es decir de la escena del crimen; el vehículo lo movieron de la colonia Policarpo Paz donde sucedió el hecho criminoso y captura de los policías a las oficinas de la DNIC ubicadas en la colonia la Cañada, el Juez Sentenciador no considero que en una escena del crimen nada se agrega, nada se retira, nada se levanta, nada se mueve, hasta que se entrega la escena del crimen a los técnicos de inspecciones oculares, quienes si están autorizados, unas vez que se requiera a: retirar, embalar y rotular las evidencias. Después que los técnicos de inspecciones oculares retiran, embalan y rotulan las evidencias son entregadas en cadena de custodia al agente encargado de la investigación. Cuando mi representado fue llamado y se presentó a la supuesta escena del crimen, (que ya no era la escena del crimen, sino que lo que iba a realizar era una simple requisa de un automotor), ahí se dio cuenta, por los mismos agentes antiextorsión que habían dado captura a algunos compañeros, que el vehículo lo habían movilizado del lugar original de lo hechos ocurridos, y sin faltar a su deber y a la verdad redacto el acta de inspección ocular con la leyenda o descripción que el vehículo había sido manipulado por agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, por ser cierto. La leyenda donde se aludía que los agentes habían movilizado el vehículo y con esto la alteración de lugar de los hechos y por ende la escena del crimen, no fue del agrado de la Fiscal Ana Delia Reyes Turcios, quien amenazo a mi representado con denunciarlo si este no rectificaba el acta y eliminaba el párrafo de que agentes antiextorsión habían manipulado el vehículo. El Tribunal Sentenciador no considero este acto como nocivo a las reglamentaciones paralelas a la justicia, resulta pues la pregunta ¿que paso en el traslado del vehículo automotor de la Colonia Policarpo Paz a la Colonia la Cañada?, muchas cosas pudieron pasar, se podría presumir que los actores criminales andaban un botín producto de los actos delictivos del dia, o que hubiesen habido otros objetos que no aparecieron en el vehículo al momento de realizar la inspección ocular o que efectivamente era una zona peligrosa y solicitar elementos de resguardo y protección policial era menos práctico y resultaba más eficiente movilizar el vehículo. Por lo que se deduce que esto es del todo la creación de una duda razonable y es el derecho de mi representado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria tal como acontece en esta parte del caso examinado, donde no existe esa mínima actividad probatoria mediante la cual se pueda enervar coma ya se dijo este importante pilar del sistema acusatorio como es la garantía constitucional de presunción del estado de inocencia de mi defendido. Si esto fuera aceptable entonces estaríamos ante la construcción de un enorme caos en lo que respecta a las inspecciones oculares hoy llamadas escenas del crimen, porque si algo no nos parece simplemente solicitamos se cambie, se agregue, se quite, se anule, se modifique, se borre, se traslade o manipule etc., con el sencillo motivo de que las apariencias de un acta de inspección ocular refleje no los actos reales y ocurridos, sino lo que más convenga a mis intereses; antijurídicamente eso así sucedió, mi representado por obediencia a la cadena de mando y por infracción de la Ley (Se altero la escena del crimen y eso sí es un verdadero delito cuando no existe causal alguna para remoción, manipulación o traslado de una evidencia). Esa acta tiene todos los requisitos de nulidad porque no fue un acta de inspección ocular por no haberse realizado en el sitio fue simplemente una requisa vehicular, todo ocasionado por una decisión arbitraria de los agentes antiextorsión de movilizar el vehículo sabiendo que era antirreglamentario hacerlo. En doce años de laborar en esa institución policial a mi representado nunca se le había entregado la orden de elaborar un acta de inspecciones oculares en un sitio distinto al del hecho ocurrido. Las condiciones para realizar tal acto no reunían las condiciones del caso como ser un enfrentamiento policial, una zona altamente peligrosa o de guerra que pudiesen poner en extremo peligro las vidas de los agentes, etc. Argumenta el Juez Sentenciador que el acta de inspección ocular que obtuvo la defensa y que presento en audiencia inicial del proceso judicial No. 1016-2014 tenía como finalidad favorecer a los señores Marlon Ali Ferrufino López, Héctor Josué Ponce Martínez, y Henry Wilfredo Medina, generar la duda y obtener la invalidación de la evidencia encontrada en el vehículo por el órgano jurisdiccional en el proceso instruido en contra de sus compañeros y de esta manera crear impunidad estableciendo en el acta extremos que no le constaban y lograr así su cometido siendo esta la libertad de sus amigos. Y es que debemos resaltar que en la valoración de las pruebas, las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. "El Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica la prueba producida". En el presente proceso penal existe una violación de las reglas de la sana crítica ya que de los hechos probados, no existe la comisión de delito alguno, es decir, una acción, típica, antijuridica, culpable y atribuible a mi representado; Siendo el sistema de la sana critica racional, que implementa nuestro sistema. procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, es que impere la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que en las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se evacuen. En este sistema el juzgador no tiene reglas que establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, siendo éste inminentemente subjetivo y a veces injusto, teniendo como fronteras o límites las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, el análisis psicológico y la experiencia común, elementos que el Tribunal de Sentencia no considero al decir que el acta que elaboro mi representado José Orlando López Osorio era causa suficiente para dejar en libertad a los policías inculpados, sin considerar armónicamente las demás pruebas que se presentaban en ese proceso judicial No 1016-2014, como ser específicamente el Testigo Protegido AL264, quien fue la victima de Robo agravado y Extorsión en sus grado de Ejecución de Tentativa por los hoy condenados., y que a razón de su denuncia se desenvolvió exitosamente este proceso judicial, siendo en si la principal prueba de cargo, y no como se asume por el Juez Sentenciador que por una frase descrita en el acta de que existía manipulación esta presentaba suficiente valor probatorio para dejar en libertad a los imputados. Sumado a esto la Fiscal Ana Delia Turcios no siguió los parámetros que ordena la Ley, si ella se sentía aludida por encontrar resistencia al cumplimiento de lo ordenado a José Orlando mi defendido, debió seguir los canales de instrucción y mando para que se le ordenara los cambios sugeridos, cambios que realmente no eran suficientes para enjuiciar a mi defendido siendo esta más, una causa de orden administrativo; pero no fue así las actuaciones de la Fiscal abogada Delia Reyes tomaron otra dirección al enviar un oficio FESSCO-UASTI-2014, a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial remitido al Abogado Eduardo Villanueva, con otras intenciones diferentes a dilucidar su reclamo referido a las actas en mención. Sin darle seguimiento a una cadena de mando establecida por la Institución Castrense como ser informar de su petición a la superior de Orlando López la Inspectora Rosa Díaz. Lo que demuestra las claras intenciones de dañar a mi representado por actuaciones de origen puramente administrativo como paladinamente lo demuestra la fiscal Delia Reyes Turcios, con el envió de ese oficio. El Tribunal de Sentencia debió en todo caso no desconocer las previas actuaciones a la imputación por la denuncia promovida por la misma Fiscal Ana Delia Reyes cuyo testimonio no debió ser aceptado a pesar de las objeciones irrumpidas por esta defensa en la admisión y evacuación de pruebas en el Juico Oral y Público. Por lo que esta defensa es del criterio que mi representado nunca debió ser imputado en este delito y nunca jamás ser llevado a la palestra pública a comparecer en un Juicio Oral y Público, ¿y todo porque? No ocultar los hechos reales y verídicos sucedidos durante la detención de lo responsables del hecho criminoso, solo hay una realidad y es que el vehículo fue manipulado y esto deducía responsabilidad al menos de orden. administrativa a los responsables de tomar la decisión de movilizar el vehículo de la escena del crimen, incumpliendo a todas luces la integridad de la escena el crimen. 1.2 El testimonio de la señora Claudia Raquel Chacón: Descritos en las páginas nueve (9) y diez (10) de la sentencia recurrida, testimonio que no se fundamenta en los requisitos para ser admitido como prueba, a pesar de las objeciones de la defensa, el Tribunal de Sentencia considero su admisión como medio probatorio testifical. Sin embargo, esta defensa expone los siguientes argumentos y de esta manera el Tribunal Ad-Quem o Tribunal de Alzada, pueda determinar que tampoco fue prueba suficiente para poder enervar la condición y estado de inocencia de mi representado el señor José Orlando López Osorio. En la deposición de la testigo Claudia Raquel Chacón, quien es pareja de uno de los hoy condenados, el señor Marlon Ali Ferrufino López, además de ser hermano del señor Cesar Leonel Chacón, siendo este último compañero de unidad con mi representado, con lo que quiero decir que también trabajaba en la unidad de Inspecciones Oculares, compartiendo la misma oficina con el señor Orlando López, además de los archivos y fómites de oficina, es claro el vínculo sentimental que existe en ese núcleo familiar, esposa, esposo, hermano y cuñado. La señora Claudia Chacón sostiene que llego a partir de las nueve de la noche a las oficinas de la ANAPO a buscar al señor Orlando López, para preguntarle por su esposo, y ella temerariamente afirmo en su deposición ante el Tribunal de Sentencia, que mi defendido le entrego una copia de la original de las tres que imprimió, ella no entro dentro de las oficinas, como está segura ella que mi defendido el señor López Osorio imprimió tres copias?, Por otro lado argumenta que le estuvieron llamando por teléfono hasta que se les agoto el saldo, solo fueron comentarios sin ninguna veracidad, debió el Ministerio Publico presentar un vaciado telefónico de los implicados, tanto de Cesar Leonel Chacón quien llamo a mi representado preguntándole si había hecho el informe o sea el acta de inspección ocular, cuando mi representado iba de viaje fin de semana largo para su casa ubicada en el Corpus departamento de Choluteca. ¿Porque Cesar Leonel Chacón le interesaba si José Orlando había terminado el informe? ¿Cuál era el interés de esta persona? ¿Por que le llamo por teléfono? Podríamos suponer para asegurarse que Orlando López había abandonado las instalaciones de la policía y de esta manera sustraer la documentación de los archivos. Sin embargo el Tribunal de Sentencia, no considero este afecto existente que bien pudiese presumirse que hubo una sustracción de los documentos en cuestión. Pero no por mi representado quien actuó conforme a la ley y el derecho. No es prioridad de mi representado que las instalaciones no presten el servicio de seguridad necesario para poder salvaguardar la confidencialidad de los documentos que se procesan en esas actuaciones. El Tribunal de Sentencia no estimo esta situación de seguridad en las labores de mi representado, pudiendo inquirir que cualquier interesado bien pudo extraer lo necesario. Pero volvamos a las mencionadas impresiones de las actas de inspección ocular en discusión, considerando y suponiendo que fuera cierto, que Orlando Osorio le entregara una de las impresiones originales a Claudia Chacón, y partiendo de la premisa que se elaboraron tres primeras actas, presumiendo que Orlando le entrego a Claudia Chacón un acta original, luego le entrego un acta a Luis Josué Galindo encargado de recibir el acta y las evidencias debidamente embaladas y rotuladas tarea realizada por el técnico Orlando López conforme a la cadena de custodia, al momento de recibir el acta Luis Josué Galindo, este firma el recibido en una copia que le queda a Orlando López para su archivo, esto nos lleva a otro plano del análisis de lo sucedido y debemos y tenemos la obligación de preguntarnos, pregunta que el Tribunal de Sentencia debió hacerse y dilucidar esta situación, y la pregunta es; Si las dos actas que aparecen el curso del proceso judicial, y que el Tribunal de Sentencia describe en las páginas once (11), doce (12) y trece (13), de la sentencia recurrida como los numerales 2.2.1 Acta de Inspección Ocular y 2,2.2 Acta de Inspección Ocular, y donde el mismo Tribunal de Sentencia hace a la acotación para la primer acta 2.2.1: Cabe señalar que en la parte superior izquierda de la presente acta tiene un manuscrito lo siguiente: "Recibido Josué Aguilar, 29-04-14, 23:00 hrs. Y para la segunda acta 2.2.2: Cabe destacar que en la "parte superior izquierda de referida acta se encuentra en manuscrito lo siguiente: "Observaciones: Abg. Ana Reyes me modifico que cambiara dichas actas, y en la parte superior derecha del mismo documento se encuentra en manuscrito la siguiente leyenda: "Josué Aguilar, 29-04-2014, 23:00 hrs. “Entonces preguntémonos como es que Claudia Raquel Chacón recibió un acta con la firma de recibido? Y si fue Claudia Raquel Chacón quien le proporciono a la defensa de su esposo la mencionada acta? esta acta estaría en blanco sin ninguna leyenda por lo que este testimonio donde temerariamente la señora Raquel Chacón afirma que mi representado le entrego una copia de las tres que imprimió resulta del todo falso debido a que es el mismo Tribunal de Sentencia que argumenta y describe, que las actas en el proceso Judicial tienen una leyenda a la cual ya anteriormente nos referimos y lo que nos lleva a concluir que nunca existió una tercera impresión y que mi representado jamás falto a la verdad y fueron motivos familiares y de protección lo que llevaron a la señora Raquel Chacón a verter estos testimonios de naturaleza inverosímiles e irresponsable, teniendo como objetivo infligir y producir un daño a mi defendido. Queda demostrado así que el Tribunal de Sentencia no valoro las pruebas en aplicación de la sana crítica, según FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal) la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Para tal, la motivación debe ser concordante con cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Es de hacer notar que en el presente proceso penal el Tribunal A-Quo no pudo enervar el estado de inocencia de mi representado, al haberse demostrado la falsedad de que mi representado haya entregado una copia del acta a la señora Claudia Raquel Chacón, además de no existir ningún testigo que haga prevalecer sus deposiciones, tanto el testimonio de Raquel Chacón y de la Fiscal Ana Delia Reyes esta llenos de inconsistencia y ambigüedades de las cuales ya nos hemos referido, no hay prueba científica o documental que atribuyera algún delito al encausado, siendo un delito imposible, la argumentación de una omisión impropia penal atribuible a mi representado al ser esto lógicamente imposible a criterio de esta defensa. Al Tribunal de Sentencia le faltó fundamento y análisis lógico respecto a la deposición de la testigo Claudia Raquel Chacón, al haber comprobado que si ella hubiese recibido el acta por parte de mi representado esta estaría sin ningún tipo de leyenda, y las dos actas como el Tribunal Sentenciador paladinamente lo confirma en la sentencia recurrida, ambas actas llevan impresa una leyenda., lo que nos confirma que Claudia Raquel Chacón nunca recibió de mi representado acta alguna como temerariamente y sin ningún resquemor al apercibimiento de jurar ante la constitución de decir la verdad, solo la verdad y únicamente la verdad. Además de apercibirle sobre las responsabilidades penales del falso testimonio. Las declaraciones testificales de la señora Ana Delia Reyes Turcios y Claudia Raquel Chacón que el Tribunal A-Quo estimó con excesivo aprecio valorativo resultando por estas actuaciones la concretidad del conculcamiento y violación de los derechos y garantías constitucionales de presunción de inocencia aparejado con ello el debido proceso. De tal modo que si la valoración de la prueba se hubiera efectuado con arreglo a la sana critica, el juzgador debió haber llegado a un veredicto de inocencia, tomando en cuenta la duda razonable a favor de mi representado. Si bien el Ministerio Publico acusa a mí defendido de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios según el Articulo No.349 del Código Penal según su numeral 2, que textualmente se lee: Articulo No. 345. Sera castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. Honorables Magistrado de la Sala Penal, durante la sustanciación y previo a las conclusiones el Ministerio Publico mantuvo su objetividad en el numeral 5) del mismo artículo citado supra que reza de la siguiente manera 5) Revele o facilite la revelación de un hecho del que tenga conocimiento por razón del cargo y que deba permanecer en secreto. Cuando la revelación no fuera de grave trascendencia, la pena se rebajará en un sexto. Sin embargo en las conclusiones del Juicio Oral y Público el Ministerio Público reclasificó su acusación al numeral 2) del mencionado artículo esto porque esta Defensa le expreso que si era revelación de un hecho al que mi representado estaba obligado a mantener en secretividad debido sus cargo en no es menos cierto que como el acta le fue entregada al agente Luis Josué Galindo, cadena de custodia y este tenía que entregársela a su inmediato superior en este caso la Fiscal a de la Unidad Antiextorsión Ana Delia Reyes, y conforme con esto la secretividad es en grupo y por tal tiene que ser compartida por tos aquellos que por su cargo deben mantener el secreto. Esta reclasificación al momento de las conclusiones no muestra menos que falta de objetividad por parte de los funcionarios del Ministerio Público quienes actúan con una conducta inquisitoria y no garantista como lo exigen las nuevas normas penales sustantivas y adjetivas. Citamos la opinión del Jurisconsulto SEBASTIAN SOLER, cuando señala que “...es preciso señalar el límite mínimo, lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional que determina a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria: Este límite mínimo está señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar in fraudem legis. Solamente discerniendo que el presupuesto del abuso es una falsedad se comprende el delito en sus aspectos, porque no existe falsedad inconsciente: lo inexacto se transforma en falso sólo todos cuando a él se agrega el conocimiento, de la inexactitud" (Vid. Derecho penal argentino, t. V, tea, Buenos Aires, 1978, p. 139)”. “Por su parte, CREUS sostiene que no es exacto exigir para su configuración una determinada forma de malicia, sin embargo afirma que este tipo penal sólo se 1996, p. 260)”. Los subrayados son nuestros. Como lo hemos venido sosteniendo a través de este periplo judicial, mi representado si de algo hubiese de imputársele es a lo sumo de una irregularidad funcional o corrección disciplinaria de orden administrativo, sin embargo el configura con dolo directo, en virtud de que además de requerirse el conocimiento por parte del autor de la oposición a la ley, la resolución o la orden; en su aspecto volitivo el agente debe querer oponerse a la ley, desconociéndola, pues quedan descartados aquellos supuestos de aplicación incorrecta de la ley por una interpretación errónea (cfr. CREUS, CARLOS; Derecho penal- Parte especial, Tomo 2. Astrea, 5ª edición actualizada, 1° reimpresión, Buenos Aires, y que en nada podía abonar a ser un factor probatorio para la obtención de la libertad de lo Tribunal de Sentencia ha resultado ser un tanto peripatético en sus máximas al fallar de de manera condenatoria en la sentencia recurrida. Por esto y como demostramos anteriormente mi representado Orlando Osorio nunca entregó un acta a la señora Claudia Raquel Chacón, no es ilegal y no se riñe contra la ley el hecho de plasmar la verdad en un documento como ser el acta de inspecciones oculares, donde describió que el vehículo fue manipulado, porque emitir una orden contraía a la ley? el acta debía de decir en todo caso que los agentes habían trasladado o movilizado la evidencia del lugar, si esto ocurre en los procesos incriminatorios estamos realmente ante un caos donde campean los favoritismos de intransparencias en este tipo de diligencias, debido a esta modificación innecesaria que dio lugar a la imputación de mi defendido imputados en el hecho delictivo descrito en su fondo y forma en el expediente No.1016-2014, cuando la prueba fundamental y principal de cargo era la declaración del testigo protegido AL264, los informes y deposiciones de los agentes que dieron captura a los implicados en ese hecho criminoso. En el caso que ahora nos ocupa, se imputa al encartado antes mencionado la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD tipificado en el artículo 349 No. 2) del Código Penal que se describe el comportamiento del funcionario o empleado público que “dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos”. Para llevar a cabo una correcta interpretación de la norma contenida en el artículo aludido [349 No. 2) C.P.] es conveniente determinar cuál es el alcance o el sentido otorgado a la palabra “abuso”. Al respecto, cabe recordar las palabras de CARRARA, para quien ese término contempla en sí mismo dos significados diversos sumamente diferentes, denominándose a uno de ellos "sentido ontológico" y al otro "sentido jurídico”. “En sentido ontológico se abusa de una cosa siempre que se emplea para un servicio diverso de su destino natural. En sentido jurídico se abusa de una cosa aunque se la emplee según su destino, si esto se hace de modo ilícito o por fines ilícitos” (vid. CARRARA, FRANCESCO; Programa de Derecho Criminal-Parte Especial, volumen V, Temis-Depalma, 1977, &2514, p. 58), añadiendo que “puede abusarse de la autoridad en sentido ontológico cuando se usa de un poder público traspasando los límites que el cargo concede, y a pesar de ésto puede no cometerse delito, es decir, no haberse abusado en sentido jurídico, por no ser criminosos ni el fin ni los medios... En cambio, puede no haber abuso en sentido ontológico porque la autoridad concedida se ejerce abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional que determina a veces la revocación de la dentro de los límites del poder respectivo, y sin embargo hay abuso de autoridad en sentido jurídico por la maldad del fin o de los medios" (ob. cit. pp. 58/59). A idéntica conclusión arriba SEBASTIAN SOLER, cuando señala que “...es preciso señalar el límite mínimo, lo que separa el abuso de autoridad de la simple irregularidad funcional que determina l a veces la revocación de la medida y a veces una corrección disciplinaria. Este límite mínimo está señalado por esa maliciosa suposición, por ese modo de obrar in fraudem legis. Solamente discerniendo que el presupuesto del abuso es una falsedad se comprende el delito en todos sus aspectos, porque no existe falsedad inconsciente: lo inexacto se transforma en falso sólo cuando a él se agrega el conocimiento, de la inexactitud” (Vid. Derecho penal argentino, t. V, tea, Buenos Aires, 1978, p. 139)”. “Por su parte, CREUS sostiene que no es exacto exigir para su configuración una determinada forma de malicia, sin embargo afirma que este tipo penal sólo se configura con dolo directo, en virtud de que además de requerirse el conocimiento por parte del autor de la oposición a la ley, la resolución o la orden; en su aspecto volitivo el agente debe querer oponerse a la ley, desconociéndola, pues quedan descartados aquellos supuestos de aplicación incorrecta de la ley por una interpretación errónea (cfr. CREUS, CARLOS; Derecho penal- Parte especial, Tomo 2, Astrea, 5º edición actualizada, 1° reimpresión, Buenos Aires, 1996, p. 260)”. “En el mismo sentido, DONNA refiere que uno de los requisitos esenciales que debe contener este tipo penal es la existencia de dolo directo, pues para su configuración resulta indispensable la existencia del propósito de violentar la ley de modo tal de menoscabarla mediante el empleo abusivo de la autoridad. En otros términos “...el autor debe conocer la ilegalidad de las resoluciones u órdenes que se dictan, transmiten o ejecutan y debe tener la voluntad de dictarlas, ejecutarlas o abstenerse de cumplirlas, según los supuestos de que se trate” (vid. DONNA, EDGARDO A.: Delitos contra la Administración Pública, Colección Autores de Derecho Penal, Rubinzal Culzoni, 2ª edición actualizada, 2008, p. 190)”. “Por consiguiente, el interés se concentra en los supuestos en que el suceso consiste realmente en un abuso, esto es, “en el uso incorrecto, arbitrario e improcedente de una facultad jurídica” (Soler, Sebastián; ob. cit., p. 138)". "Es decir, la expresión “acto arbitrario” puede interpretarse correctamente sólo si se toman en consideración su sentido objetivo y subjetivo, pues sólo podrá afirmarse que hay "abuso" o “arbitrariedad” allí donde el funcionario de que se trate disponga de poderes discrecionales y los emplee maliciosamente con un fin diverso a aquél perseguido por la ley”. “Resulta absolutamente irrelevante cuál sea la suerte que corra una resolución cuyo origen ha sido subjetivamente honesto, pues no adquiere el carácter de arbitrario por el mero hecho de que con posterioridad sea declarada su ilegalidad objetiva. A su vez, el funcionario que incurre en un error de derecho no comete abuso, en tanto aun cuando pueda afirmarse la existencia de ese error, no podrá decirse que hay falsedad, mentira y, en consecuencia, malicia”. “En palabras de Soler, en ningún caso se castigará la buena fe” (ob. cit., p. 140)”. En cuanto al delito de violación de los deberes de los funcionarios, éste tiene la estructura propia de un tipo de omisión pura, con el que se procura tutelar el adecuado retardo o el rehusamiento, sin que se necesite la producción de resultado dañoso alguno. funcionamiento de la administración (entendida esta en su sentido amplio), para la prestación de un buen servicio. Por ello comprende cualquier acto administrativo que se encuentre dentro de las funciones del agente, siendo un delito de simple actividad que se consuma con la omisión, el Después de lo anteriormente consideramos que de la forma que esta estructurado el fallo, emitido por el Tribunal de Sentencia es imposible que se pueda soslayar ese estado de inocencia que ampara a mi representado, pues el artículo No. 89 de la Constitución de la República de Honduras que hoy se invoca como infringido establece que: toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente. “El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse expresamente reconocido en nuestra Constitución y Normas legales secundarias (Artículos No. 1 y 2 del Código Procesal Penal), también o esta contemplado en Instrumentos Jurídicos Internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otros, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (Art.11.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art.8.2); significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria tal como acontece en este caso examinado, donde no hay esa mínima actividad probatoria mediante la cual pueda enervar como ya se explano este importante pilar del sistema acusatorio como lo es la se garantía de presunción de inocencia de mi defendido el señor JOSÉ ORLANDO LÓPEZ OSORIO, ya que el presente caso las pretensiones acusatorias del Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán que resultaron ser base para la estructuración de los hechos estimados y declarados probados han resultado totalmente arbitrarios y sostenidos sobre una plataforma donde existe toda duda razonable. En este sentido va a corresponder al Tribunal de Casación comprobar que el Tribunal de Instancia no ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia recurrida y que el razonamiento de la convicción no obedece a criterios lógicos y razonables que permitan la consideración de la prueba de cargo. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar; que se estime la infracción pretendida, que se case la sentencia y con fundamentos en el artículo No. 339 de Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación proceda a dictar una Sentencia Absolutoria a fin de restituir a mi patrocinado ese estado de presunción de inocencia que con el fallo impugnado ha sido mancillado. EXPOSICIONES DE LOS MOTIVOS DE LA CASACION. SEGUNDO: Haber incurrido el Tribunal de Sentencia en la violación por la falta de observación de las normas constitucionales como ser la descrita en el artículo No.60 de la Constitución de la República, donde reza textualmente de la siguiente manera Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto. violentando de esta manera el derecho a la igualdad y conformando privilegios al emitir una sentencia condenatoria en contra de mi patrocinado el SEÑOR JOSÉ ORLANDO LÓPEZ OSORIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. El artículo No.60 de nuestra Carta Magna otorga los parámetros a respetar por el Juzgador al emitir una sentencia, al manifestar el mismo que: Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. La ley establecerá los delitos y sanciones para el infractor de este precepto." El Tribunal de Sentenciador actuó de manera arbitraria y preferencial al emitir un fallo condenatorio a mi representado, sin considerar que hubo otros implicados que no fueron procesados por el mismo caso, lo que se traduce en una discriminación al llevar a Juicio Oral y Público a mi representado y que este haya sido expuesto y adolecido del maltrato psicológico, social y familiar que esto representa. Esta defensa se pregunta porque no se procesó a lo demás implicados?, especialmente a los agentes antiextorsión que conforman la génesis de este proceso, al haber incurrido en falta reglamentaria y decidir por sí solos mover ó manipular el vehículo de la zona donde se llevó la captura y se desarrolló y conformó la verdadera y única escena del crimen, como era la colonia Policarpo Paz a las instalaciones de las oficinas de la Dirección Nacional de Investigación Criminal ubicadas en colonia la Cañada, ¿que los motivo realmente a movilizar el vehículo? ¿Que había en sus interior al momento de la captura de los responsables del hecho criminoso? O es realmente como los agentes antiextorsión argumentan ¿que era una zona peligrosa, que se ponía en peligro la vida de los policías? ¿Que era una zona de guerra sumamente peligrosa? realmente nunca lo sabremos, lo que si es cierto que la escena el crimen se altero perdió sus carácter de inalterabilidad, es la escena del crimen la que habla de los hechos, así que nunca existió una escena del crimen, lo que el agente José Orlando López Osorio realizo fue una simple requisa de un vehículo automotor, fueron los agentes antiextorsión en su libre albedrio que tomaron irresponsablemente la decisión de manipular el vehículo. Y porque tanto revuelo por haber imprimido en el acta por parte de mi representado que el vehículo había sido manipulado? ¿Que no le constaba? Y no fueron los mismos compañeros que le informaron donde había sido la captura? Basado en esto considero que mi patrocinado nunca falto a la verdad el ha cumplido con su deber. Preguntamos a este Honorable Tribunal de Casación, y si no se hubiera ordenado hacer otra acta? Cuales hubiesen sido las consecuencias? Consideramos que ninguna, a excepción de que en determinado momento se le hubiese deducido responsabilidad a los agentes antiextorsión y a fin de evitar y cubrir de responsabilidad a ellos se incurrió en el delito de ordenar algo indebido que era cambiar el acta de inspecciones oculares que contenía toda la verdad y alterarla por órdenes superiores con las nefastas consecuencias para mi representado. Impetrar una denuncia es algo serio y delicado es contra los derechos de las personas que incurrimos en conculcación si esto no resulta cierto, así no podemos tomar al garete la formalización de denuncias simplemente porque somos fiscales y nos sentimos aludidos porque se plasmen las verdades en un documento, debemos respetar lo cierto y no acomodar los documentos a nuestro mejor criterio y conveniencia. Los señores Josué Aguilar Galindo y demás agentes antiextorsión, la señora Nancy Yadira mencionada en la denuncia impetrada por la Fiscal Ana Delia Reyes no fueron ni siquiera reprendidos por falta administrativa, no siquiera la señora Claudia Raquel Chacón que donde ya hemos demostrado que mi representado jamás y nunca le entrego una copia del acta, de lo contario el acta en el expediente en mención debió estar en limpio sin ninguna leyenda manuscrita de entregado y recibido en sus márgenes superiores, por lo que es falso y de esta manera se comprueba contundentemente, que la mencionada acta fue entregada por otra persona y no por mi representado, por lo que esta testigo falto a la verdad en su deposición. Esto no es más que un claro ejemplo de privilegios donde la ley se oculta para ellos y se ensaña con mi defendido. Por lo que determinamos que mi representado no cometió un abuso en el sentido jurídico por no ser un acto criminoso sino más bien de considerarse así un acto de índole administrativo el cual fue elevado a delito sin sentido de tipicidad y de forma antijuridica. Como expresó Sebastián Soler fue una simple irregularidad funcional, y esto por atender órdenes que contravienen las reglamentaciones como fue lo de cambiar y en todo caso suprimir parte del contenido verídico del acta de inspecciones oculares. Si esa orden no hubiese sido emitida por orden del Fiscal de turno, no existiría como nefasta consecuencia el proceso del cual pendemos, nada hubiese pasado la prueba de cargo era la del Testigo protegido AL264, quien era realmente la víctima y no un simple documento que únicamente era contentivo de una acción de inconducta y fuera de reglamento como fue la movilización indebida del vehículo por los agentes de la unidad antiextorsión, que por tal fue una impetrable e intolerable acción, que únicamente contribuyo a la alteración y perdida de la escena real del crimen sin siquiera recibir los manipulantes un llamado de atención administrativo, esto nos sitúa en un a plataforma de privilegios para ciertos funcionarios, donde equívocamente se hace uso del rango superior a fin de esconder o cubrir acciones ilícitas como fue la manipulación del vehículo y sin ninguna somos iguales ante la ley consecuencia para ellos, nos da claramente al tenor de esta verdad el irrumpimiento del articulo No. 60 constitucional antes señalado, de que en Honduras no hay clases privilegiadas y que todos En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, que se estime la infracción pretendida, que se case la sentencia y con fundamentos en el artículo No. 339 de Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación proceda a dictar una Sentencia Absolutoria a fin de restituir a mi defendido el señor José Orlado López Osorio al estado de sus derechos constitucionales especialmente el de presunción de inocencia que con el fallo impugnado le han sido conculcados. Π.- POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo No.362 numeral 3. Del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos penales adjetivos que se pronuncian como infringidos por falta de aplicación prescriben: Articulo No.202: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica, El Órgano Jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. El párrafo primero del articulo No.336 de la misma ley procesal dispone: "El Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo a la sana critica. Hoy en día le es permitido al Juzgador la autonomía en la apreciación de las pruebas que determinen su convicción, pero siempre respetando las normas de la lógica, la psicología, la experiencia común y en especial el análisis y racionamiento humano. Es así que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vio impugnativa contiene un problema extremadamente grave que transgrede y quebranta las reglas de la sana crítica ha advertir en la valoración de la prueba y que se convierte indefectiblemente en la violación de los artículos arriba enunciados. En el fallo dictado por el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán hoy impetrado, ha infringido la ley de derivación, en el principio lógico de la Razón Suficiente, en sus elementos de suficiencia y coherencia; El Juzgador en la valoración conjunta de las pruebas legalmente introducidas en el debate, llego al convencimiento de que los medios de prueba irrefutables fueron los testimonios de la Fiscal Ana Delia Reyes Turcios quien fue la denunciante, y quien estaba a cargo de la Unidad Antiextorsión, además de el Testimonio de la señora Claudia Raquel Chacón esposa del señor Marnol Ali Ferrufino uno de los participantes en el hecho criminoso del cual se deriva este proceso y como prueba las dos actas de inspección ocular, donde el Tribunal de Sentencia considera esta pruebas como coherente y coincidentes confiables, consistentes, congruentes, etc., que demuestran sin lugar a dudas, el día, la hora, el lugar, las personas y el lugar de los hechos, donde supuestamente sucedió la elaboración y entrega de las actas, Donde el Tribunal Sentenciador concatena los hechos ocurridos con las pruebas presentadas. Pero esa conclusión a la que llegó, no es a criterio de esta defensa el fruto razonado de las pruebas válidamente evacuadas en el juicio, de tal suerte que se hace necesario referirnos nuevamente a cada una de ellas y determinar si realmente soportan el fallo que se dictó, veamos: 1.2 La declaración testifical de la fiscal del Ministerio Publico asignada temporalmente a la Unidad Antiextorsión abogada Ana Delia Reyes Turcios, siendo ella la denunciante por lo cual mi representado se encuentra en este proceso, y que es un testigo que a pesar que fue objetado, el Tribunal Sentenciador considero su admisión a fin de obtener valoración de prueba, es un testimonio que conlleva la protección de la unidad antiextorsión de la cual ella estaba a cargo, además es confusa y ambigua y no solo en sus testimonios, sino en las actuaciones a lo largo del desencadenamiento de este proceso, ante la negativa de mi representado de no querer cambiar lo real y escrito en el acta de inspecciones oculares, lo mal informa ante el Director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Abg. Eduardo Villanueva, con lo que se determina que es una falta administrativa, sin embargo posteriormente denuncia a Nancy Yadira esposa de uno de los involucrados en el hecho criminoso, junto también a Claudia Raquel Chacon esposa también de orto de los implicados en el delito de Extorsión, Portación Ilegal de Armas y Robo Agravado según expediente No. 1016-2014, personas a las que no se les continuo el proceso de denuncia, aclarando los agentes de investigación que la señora Nancy Yadira no participo en el Hecho criminoso y no se le continuo con el proceso investigativo, lo que nos sugiere que la fiscal Ana Delia Reyes, denuncia al garete acciones que no son tipificadas en el código penal, perdiendo sus objetividad y persiguiendo acusaciones que están lejos de ser hechos criminosos, como tal presento su deposición acusando a mi representado, un testimonio lleno de vicios porque ser denunciante y la vez testigo no debería ser tolerado por el Juez Sentenciador sin embargo su testimonio fue considerado por el Juzgador como coherente, concatenado y sin ninguna contradicción con las declaraciones de Claudia Raquel Chacón. Si esto fuera cierto el acta que presuntamente mi representado le entrego a Claudia Raquel Chacón en las oficinas de la ANAPO, NO debió presentar en la parte superior y de manera manuscrita la hora y firma de quien la recibió, en este caso el Agente Josué Aguilar Galindo, sin embargo las actas que conforman el expediente y a las cuales el Tribunal de Sentencia hace referencia en el párrafo tercero páginas 12 y 13 de la sentencia recurrida, mantienen escritas estas leyendas. Así esto esclarece que mi representado nunca y jamás entrego el acta a Claudia Raquel Chacón, de lo contario esta no presentaría leyenda alguna. El Tribunal Sentenciador nunca razono de manera sana y humana, y con el análisis psicológico en la justa medida, que el hermano de Claudia Raquel Chacón, de nombre Cesar Chacón compartía los mismos gaveteros y oficina con mi representado pues también pertenecía a la unidad de Inspecciones Oculares y el cual mantenía un signo de parentesco familiar al ser cuñado de uno de los implicados esposo de su hermana. 1.2 La declaración de la señora Claudia Raquel Chacón compañera de hogar de uno de los detenidos (Marlon Ferrufino) y tal como se afirma por el Juez Sentenciador en los párrafos 2 y 3 de la página No.19 de la sentencia recurrida, que mi representado imprimió tres originales y le entrego una de ellas a Claudia Raquel Chacón, lo que nos dice que esta copia no tenía ninguna leyenda manuscrita de a quien se le entrega y hora de entrega como la que aparece como prueba documental en el expediente de mérito, concluyendo que esa copia nunca existió porque mi representado nunca se la entregó a la señora Raquel Chacón, de lo contrario esta original no tendría leyenda alguna sin embrago no es así, las dos actas tal como lo aclara el Tribunal de Sentencia mantiene en sus extremo superior las leyendas manuscritas a las que ya nos hemos referido. Por lo que vemos claramente que la señora Claudia Raquel Chacón violenta su juramento testifical al inculpar a mi defendido, presuntamente por encubrir a su hermano el agente Cesar Chacón quien era el amas apropiado para llevar a cabo la sustracción del documento por el cual se inculpa a mi representado. Esa posición y valoración que ha realizado el sentenciador sobre la prueba testifical ofertada por el Ministerio Público, naturalmente vulnera la Regla Lógica de la Razón Suficiente en su elemento de suficiencia por lo cual todo juicio para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirme o se niegue con la pretensión de la verdad pues del contenido resultado de las probanzas en cuestión, se comprueba que este principio ha sido alterado por el Juzgador por cuanto en el presente caso no se demostró de manera fehaciente con la prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Público que mi defendido hay actuado de manera ilícita, que jamás se comprobó que mi representado haya entregado el acta de inspecciones oculares a la señora Raquel Chacón testigo que como ya lo hemos comprobado, es completamente viciado y faltante de la verdad en la deposición presentada ante el Tribunal de Sentencia en el Juicio Oral y Público, además no hay seguridad ni indicio alguno que la frase que el vehículo había sido manipulado por agentes antiextorsión tuviese consecuencias como para favoreces a los implicados en el hecho criminoso, mucho menos dejarlos en libertad, esto no es mas que una errónea suposición del Tribunal Sentenciador y de las deposiciones testificales, existían verdaderas pruebas de cargo como ser el Testigo protegido AL264, los informes de los agentes que intervinieron en la captura de los inculpados y hoy condenados, mi representado impregno esa frase porque era cierta, los agentes movilizaron ese vehículo, de una escena del crimen que debió ser inalterable y ellos sabían perfectamente bien que no debían movilizarlo, además las condiciones de seguridad no eran apremiantes, sin antes no llegasen al lugar de los hechos el personal de Inspecciones Oculares, hoy Técnicos de la Escena del Crimen. 1.3 De las actas de Inspecciones Oculares, en referencia a esta prueba documental pública, y que cuyas fotocopias de las originales están contenidas en este expediente de mérito, y si es cierto que ambas fueron elaboradas, selladas y firmadas por mi defendido, y donde el Ministerio Público solicito una prueba caligráfica por ser las originales contenidas en el expediente S.P.502 -2016 de Casaciones Penales y que por razones que desconocemos el expediente esta extraviado, lo que obligó al Ministerio Público a renunciar al prueba caligráfica por no poder encontrarse las originales debido al extravió del expediente, causa suficiente para que el Ministerio Publico Perdiera su objetividad, al argüir que lo plasmado en dichas actas son causas de acciones reñidas con la ley, cuestión que el Juez Sentenciador afirma en el último párrafo de la página diecinueve y primero de la página veinte de la sentencia recurrida, considerando que lo enunciado en la primer acta en relación a la frase que dicta que se había manipulado el vehículo por agentes antiextorsión, y que el imprimir esta frase determinaba la posible libertad de los imputados en el hecho criminoso del cual se desprende este proceso, y que la frase llevaba aparejada el objetivo de crear impunidad en el proceso que se le seguía a lo agentes implicados, además de ser suficiente prueba para obtener la libertad de los mismos, consideramos que es sumamente exagerado la posición tomada por el Tribunal de Sentencia, irrumpiendo toda valoración en la aplicación del razonamiento humano y el análisis lógico, sin seguir los lineamientos que comprende este pilar de la institución jurídica como ser la Sana Critica. Se concluye entonces, que el Tribunal Sentenciador de manera indefectible esta sometido a estas reglas lógicas de la sana critica, pero si alguna de ellas resultan violadas el razonamiento del Juzgador Sentenciador no existe y la fundamentación de la sentencia aunque aparezca como un acto escrito no tendrá vida como pensamiento, por ende, desde el punto de vista procesal vigente la sentencia debe de anularse por falta de motivación por alejarse del verdadero contenido de la probanza. Así este razonamiento o Iter lógico realizado por el A-Quo, es censurable, pues del contenido y el resultado de las probanzas en cuestión, se compruebe que no es posible la vinculación o participación de mi representado en ese supuesto e intipificado delito de abuso de autoridad. En virtud de lo anterior solicitamos que el presente motivo sea declarado con lugar, que se estime la infracción pretendida, que se case la sentencia y con fundamentos en el artículo No. 339 de Código Procesal Penal, el Tribunal de Casación proceda a dictar una Sentencia Absolutoria a fin de restituir a mi patrocinado ese estado de presunción de inocencia que con el fallo impugnado ha sido mancillado.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en su condición de defensor privado de Jose Orlando Lopez Osorio. Primer Motivo. • Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 89 de la Constitución de la República en relación al 338 regla cuarta numerales 1 y 2 Código Procesal Penal. • Concepto de la Infracción: Estado de inocencia. • Propuesta de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Se produce en el acto de la Sentencia. • Pretensión: Que se dicte sentencia absolutoria. Expone el Censor que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en yerro, pues en el proceso penal el A-quo no pudo enervar el estado de inocencia de su presentado, argumenta que se probo la falsedad de que su poderdante haya entregado una copia del acta a la señora Claudia Raquel Chacón, además que no hay testigos que hagan prevalecer sus deposiciones, y las declaraciones están llenas de ambigüedades, agrega que al Tribunal de sentencia le ha faltado fundamento y análisis lógico de la declaración de Ana Delia Reyes Turcios y Claudia Raquel Chacón, explico que el Tribunal le otorgo a esas deposiciones excesivo aprecio probatorio resultando de estas actuaciones la concretidad del concultamiento y violación de derechos y la garantía constitucional de presunción de inocencia. De la debida técnica recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, la pretensora deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte de la recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la parte pretensora deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la pretensora deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva a la pretensora a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Primer motivo: El Motivo no es de recibo. El recurso es defectuoso, pues el impetrante en su extensa explicación del motivo que hace críticas en cuanto al criterio esbozado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, expone a su criterio el valor de la prueba, señalándola como inconsistente por ello se acredita que es falso que su representado haya entregado tres copias en original de un acta de inspección de la señora Claudia Raquel Chacón, insistiendo sobre la valoración del A-quo de las declaraciones de cargo de Ana Delia Reyes Turcios y Claudia Raquel Chacón, el motivo del recurso de casación es la infracción del precepto constitucional como ser el principio de inocencia, en su exposición del motivo debe señalar el censor concretamente cómo y en que parte de la sentencia o del proceso tienen tal violación a la garantía constitucional, el casacionista fundo su exposición del recurso en una serie de argumentos propios de instancia, en los cuales presento sus propias valoraciones a la prueba evacuada, indicando que se violentó las reglas de la sana critica, argumentando sobre lo inconsistente de la prueba, por lo cual en su motivación utiliza diversos argumentos desviándose así de una correcta técnica recursiva. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por infracción de precepto constitucional, en el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en la violación al principio de inocencia, sin embargo, desarrolla su recurso realizando una valoración alterna de la prueba, arguyendo sobre como debió ser valorada la prueba evacuada. El recurrente no fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues reclama la violación a una garantía constitucional pero no es claro en que parte de la sentencia consta la mismas, es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación y es a lo que debe darse respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa publica en este caso e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal de como debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, lo determinante es el señalamiento concreto de las violaciones a los principios constitucionales reclamados; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar la violación indicada y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las garantías constitucionales; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino que pueda determinarse el razonamiento plasmado por los jueces o el desarrollo del juicio va reñido con garantías constitucionales. Desafortunadamente el recurrente, no es ordenado en el planteamiento, se da la tarea de exponer lo que considera la conclusión a la que debió llegar el Tribunal de Sentencia, limitándose a increpar que los jueces del A-quo no advirtieron éstas en su valoración, el impetrante no procuró reprender en que consistían las violaciones a los principios constitucionales reclamados. El recurso del censor contiene un análisis probatorio propio, indicando que no comparte el criterio del Tribunal de Sentencia sin embargo no por ello se ha violentado la garantía que la carta magna otorga; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos en torno a lo que considera como debió ser valorada la prueba, o lo que no se pudo probar, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. En el caso actual y concreto, la Sala de lo Penal identifica diáfanamente que el recurrente se aparta totalmente de la debida técnica recursiva, al desarrollar un escrito con argumentos son un compendio de alegatos de instancia, que se limitan a meras apreciaciones subjetivas en las cuales considera no compartir el criterio de valoración del Tribunal de sentencia, que la valoración no sigue las reglas de la sana crítica y que resulta inconsistente, sin demarcar donde esta violentado el principio de inocencia. En este sentido, el escrito del recurso no permite entender el verdadero fondo del motivo de casación, como para tener la claridad y poder dar una respuesta sobre la causal que argumenta, ya que estos argumentos obedecen a reflexiones propias de su pensamiento que no indican de forma diáfana la violación constitucional. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe de ser desestimado el primer motivo de casación interpuesto. Segundo Motivo. • Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 60 de la Constitución de la República Concepto de la Infracción: No descrita por el censor. • Propuesta de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinada. Pretensión: Que se dicte sentencia absolutoria. Reclama el Censor que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en violación al artículo 60 de la constitucional, se vale de su transcripción literal y señala que el A-quo actuo de forma arbitraria y preferencial al emitir un fallo condenatorio contra su representado sin considerar que hubo otros implicados que no fueron procesados por este mismo caso, el impetrante realiza una serie de interrogantes hipotéticas a este Ad-quem sobre de la falta de investigación administraba y sobre la falta de participación de su representado. De la procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Segundo Motivo: El recurso no es de recibo. En este segundo motivo de casación por infracción de precepto Constitucional, nuevamente el impetrante lo redacta demostrando su falta de técnica recursiva, haciendo uso nuevamente de argumentos de instancia en cuanto a la valoración de la prueba, que en nada le ayuda a entender a esta Sala de Casación, sobre este segundo motivo de casación invocado, como lo es el Artículo 60 de la Constitución Política de la República de Honduras establece que todos los hondureños son iguales ante la ley y que se prohíbe cualquier forma de discriminación por sexo, raza, clase social o cualquier otra que viole la dignidad humana, este artículo garantiza que todos los ciudadanos sean tratados de manera equitativa por el sistema legal, sin importar su origen o características individuales. Prohibiendo cualquier acto de discriminación. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por infracción de precepto constitucional, en el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en la violación al principio de Igualdad, sin embargo, desarrolla su recurso realizando una valoración alterna de la prueba, arguyendo sobre como debió ser valorada la prueba evacuada. El recurrente no fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues reclama la violación a una garantía constitucional pero no es claro en que parte de la sentencia consta la mismas, es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación y es a lo que debe darse respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. En este segundo motivo, la Sala de lo Penal identifica diáfanamente que el recurrente se aparta totalmente de la debida técnica recursiva, al desarrollar un escrito con argumentos son un compendio de alegatos de instancia, que se limitan a meras apreciaciones subjetivas en las cuales considera no compartir el criterio de valoración del Tribunal de sentencia. En este sentido, el escrito del recurso no permite entender el verdadero fondo del motivo de casación, como para tener la claridad y poder dar una respuesta sobre la causal que argumenta, ya que estos argumentos obedecen a reflexiones propias de su pensamiento que no indican de forma diáfana la violación constitucional. El defecto de interposición de este segundo motivo de casación es insalvable, por lo que debe de ser desestimado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Interpuesto por el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en su condición de defensor privado de Jose Orlando Lopez Osorio. Motivo Único. • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 en relación al 336 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: El reclamo resulta de la propia sentencia. • Pretensión: Que se dé con lugar el motivo, dictando una sentencia absolutoria. Explicó el recurrente que los juzgadores violaron las reglas de la sana crítica en su regla lógica de derivación en su principio de razón suficiente, en sus elementos de suficiencia y coherencia, argumenta en cuanto a la valoración que el A-quo le otorgo a las testigos de cargo Ana Delia Reyes Turcios y Claudia Raquel Chacon, señala que las acciones que denuncio la testigo Ana Delia Reyes Turcios no constituyen delitos, y que su representado nunca le entrego a Claudia Raquel Chacon las actas de inspecciones oculares a que se hace referencia, agregando que el Tribunal de Sentencia nunca razono de manera sana y humana y con análisis psicológico que el hermano de Claudia Raquel Chacon compartía los mismos gaveteros el acusado. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. de la procedencia del único motivo: El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que el recurrente señala como violentadas las reglas de la lógica en su postulado de derivación por el principio razón suficiente, en sus elementos de suficiencia y coherencia, que al concluir el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, no debió darle credibilidad a la testigo Ana Delia Santa Barbara, asimismo reclama sobre la valoración de la testigo Claudia Raquel Chacón violenta el juramento ya que esta inculpa a su defendido presuntamente para encubrir a su hermano el agente Cesar Chacón, quien era el más apropiado para llevar a cabo la sustracción del documento por el cual se inculpa a su representado. El censor no hace señalamientos claros de cuales esos razonamientos reñidos con el postulado de la derivación su censura va dirigida a la credibilidad de los mismos, sus argumentos son meramente de instancia, sin embargo atendiendo el principio de convencionalidad y el derecho a recurrir, esta Sala de lo Penal logra entender que el casacionista no está conforme con el juicio que el Tribunal de Sentencia uso para dar validez a las declaraciones de los testigos de cargo, se logra determinar este punto central como impugnación y será sobre esto que esta Sala de Casación dará respuesta, determinando si el Sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate lo hizo siguiendo las reglas de la sana crítica. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana critica en su vertiente de derivación en su característica de suficiencia, por lo cual traemos la valoración en conjunto realizadas por el A-quo contentiva de las inferencias que según el impetrante son controvertidos con la sana critica, para el caso de la testigo Ana Delia Reyes Turcios, esta refirió: … Con la declaración testifical de la abogada Ana Delia Reyes Turcios, queda acreditado fehacientemente que al momento de suscitarse los hechos, ella estaba a cargo de la investigación y que en efecto al momento de revisar la primer acta de inspecciones oculares No.260-2014, elaborada por el técnico de inspecciones oculares José Orlando López Osorio, en un apartado de la misma decía, que el vehículo tipo pick-up, marca Isuzu, color blanco, con placa PBT 9391, al momento de realizar inspección ya había sido "manipulado por elemento de Anti-Extorsión", razón por la cual la fiscal le pidió le aclarará el concepto "manipulación", solicitándole corrigiera la misma ya que el término "manipulación" podría causar confusión al momento de la celebración de la audiencia inicial, negándose José Orlando a obedecer lo ordenado por la fiscal, y al preguntarle si a él le constaba que el vehículo había sido manipulado el imputado respondió que no le constaba en virtud de ello, ésta envió un informe al entonces Director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, Abog. Villanueva en la cual le informaba lo acontecido, es así que por órdenes del Director, José Orlando accede a realizar una segunda acta con la misma nomenclatura debido a que la fiscal le dijo que destruyera la primer acta, en la segunda acta redactada por el acusado ya no aparece la palabra manipulación y en vez de ella consigna que: "al momento de realizar la inspección se pude observar que dicho vehículo se encontraba con las cuatro puertas cerradas sin seguro y con apagado lo mismo vehículo a la instalaciones aldea el Ocotal antigua Anapo". En ese orden de ideas y para sorpresa de la fiscal Ana Delia Turcios, al momento de realizarse la audiencia inicial y ofertar el acta de inspección ocular en referencia, la defensa objeta la misma en virtud de estar viciada y presenta como medio de prueba la primera acta de inspección que José Orlando había elaborado, la cual refiere que el vehículo había sido manipulado, Analiza este Tribunal Casacional que esta declaración esta valorada en forma conjunta con la declaración de la señora Claudia Raquel Chacón, de la cual se transcribe: … versión que es corroborada y sustentada con el testimonio de la señora Claudia Raquel Chacón, compañera de hogar de uno de los detenidos (Marlon Ferrufino) y compañera de promoción del acusado, quién refirió que por el compañerismo que ha existido entre ella y José Orlando, le llamó para pedirle información acerca de la detención de su compañero de hogar y sus otros compañeros, a lo cual José Orlando le dijo que estaba de turno que se avocara a la ANAPO, ubicada en el Ocotal, y es ahí en donde éste imprime tres copias en original de la primera acta de inspección dándole a Claudia Raquel Chacón una copia en original; por lo que conforme a las reglas de la sana crítica, específicamente lo relativo a la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia, nos indica que el señor López Osorio, desde el instante en que consignó en la primer acta de inspección "que el vehículo había sido manipulado por los agentes anti extorsión", lo hizo con la intención de favorecer en la audiencia inicial a sus compañeros de promoción y trabajo, ya que éste al ser un técnico en inspecciones oculares con la experticia debida en este campo tiene el conocimiento que cuando los objetos de un ilícito penal se encuentran dentro de un vehículo ubicado en una zona de alto riesgo son trasladados a sede administrativa, a fin de realizar la debida cadena de custodia, embalaje e inspecciones oculares en el caso de que se requieran y no es por ello que quiera decir que los mismos han sido manipulados, ya que de los testimonios vertidos a la vista pública y de la prueba documental a la que nos referiremos más adelante queda evidenciado que cuando el señor López llegó a las instalaciones de la Cañada, éste mismo, dio la orden que trasladaran el automotor al edificio donde se encuentra ubicada la ANAPO, ya que en La Cañada no tenía la logística para realizar la inspección ocular mientras que en la ANAPO se encontraba todo el material requerido para la realización eficaz de su trabajo como técnico, lo cual fue lo mismo que hicieron los agentes de la unidad anti extorsión, trasladar el vehículo de la Colonia Policarpo Paz por ser una zona de alto riesgo y trasladarlo hacia la Cañada en dónde solicitaron un técnico en inspecciones oculares. Igualmente conocía el imputado que a consignar en el acta que había manipulación en el manejo de la evidencia esto con una alta probabilidad tendría como consecuencia la nulidad de la prueba incriminatoria contra sus compañeros policías. En cuanto a las actas de inspecciones oculares que son el objeto del debate tenemos: …Certificada de dos Actas De Inspección Ocular Con Número 260-2014, establece, la fecha, el día, hora y y lugar en que se realizó la inspección ocular al vehiculo y que en efecto el señor José Orlando López Osorio, elaboro ambas actas, no acatando la orden de la fiscal de romper la primera la cual redactó con la finalidad de beneficiar a sus compañeros ya que en esta consigna que el vehículo fue manipulado por los agentes de la unidad Antiextorsión, y en la segunda acta por órdenes de su superiores cambia i consignado: "al realizar la inspección se pude observar que dicho vehículos encontraba con las cuatros puertas cerradas sin seguro y con motor apagado lo mismo que vías y foco, luego fue trasladado dicho vehículo a las instalaciones aldea el Ocotal antigua Anapo", quedando también probado que el acusado dio la orden de movilizar el carro de la Cañada a la ANAPO, dónde se cuenta con la logística para realizar la inspección; con el OFICIO-FESCCO-UASTI-177-2014, de fecha 6 de mayo del 2014, enviado por la Abogada Ana Delia Reyes a Eduardo Villanueva en su condición de Director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, se confirma que ésta ante la negativa del acusado de corregir el acta ya mencionada, le envió un oficio al Director de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial a fin de ponerle en conocimiento todo lo acontecido para que a través de él se le diera la orden a José Orlando de enmendar el acta de inspección; de igual manera dentro del acervo probatorio se contó con el EXPEDIENTE No.0801-2018-00158, DE INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNAL, teniendo como denunciante a OSCAR SADY RIVERA, cuya denuncia esta contra PERSONAL NO DETERMINADO DEL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, con esta denuncia se establece que la prueba pericial de documentologia al señor José Orlando no se pudo realizar debido al extravio del expediente original del caso que se ventiló en contra de sus compañeros, empero de la prueba evacuada ha quedado demostrado que no es un hecho controvertido que el señor López fue la persona que realizó la actas objetos del caso de autos.- En consecuencia, siendo que todos estos medios de prueba han sido contrastados entre si y arrojan a la conclusión antes arribada, por ser congruentes unas con otras, es procedente concederles entera credibilidad. Estudiando las declaraciones de Ana Delia Reyes Turcios, y Claudia Raquel Chacón, así como las actas de inspecciones oculares elaboradas por el acusado Jose Orlando Lopez Osorio, de las cuales el impetrante reclama que las mimas han sido valoradas por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa en violación a las reglas de la sana critica específicamente al principio de derivación en sus elementos de suficiencia y coherencia. Este Ad-quem después de haber leído y analizado la valoración en conjunto de la prueba realizada por el A-quo en la sentencia recurrida estima que las misma es conforme a los principio de las reglas de la sana critica, siguiendo el principio de derivación no podía haber arribado a otra conclusión más que el acusado si tuvo participación directa en los hechos que fueron denunciados por la testigo y Fiscal Ana Delia Reyes Turcios, lo cual fue confirmado por la testigo Claudia Reyes Chacón, resultando estas declaraciones mismas suficientes y coherentes con el resto de la prueba para dictar una sentencia condenatoria contra el acusado Jose Orlando Lopez Osorio, por haber elaborado un acta de inspección ocular con un contenido para beneficiar a unos compañeros investigados, la cual teniendo el deber de destruirla no lo hizo, entragándola a la testigo Claudia Reyes Chacon, elaborando una nueva acta o sea la correcta, que fue presentada en la audiencia inicial por la Fiscal del caso, con la sorpresa que habían dos actas de inspecciones oculares con contenido diferente.- Lo anterior ha sido debidamente valorado y deriva de la prueba evacuada en el juicio oral y público resultando la misma suficiente y coherente, sin violentar las reglas de la sana critica. En razón de lo anterior el único motivo de casación debe ser desestimado. DECISIÓN. 1. No ha lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer y segundo motivo, interpuesto por la Defensa Privada. 2.- No ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su motivo único, interpuesto por la Defensa Privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito suplementario. Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 349 numeral 2, declaró responsable al acusado José Orlando Lopez Osorio, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Especial por seis años o sea el doble del tiempo que dure la condena e Interdicción Civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 499, tiene regulado el delito de Abuso de Autoridad cuya pena es de 3 a 6 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público, por lo que, al haber recibido una pena con el Código penal anterior de 3 años de reclusión, la nueva pena representa sin duda algún beneficio para el imputado José Orlando Lopez Osorio, en este caso concreto debe aplicarse de forma retroactiva la ley penal. Para la imposición de la pena concreta, esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal) pero además lo regulado en el artículo 70 numeral 1, inciso a) que establece que en los delitos dolosos se determinará la pena, tomando en consideración si hay o no agravantes o atenuantes, en esos casos la pena se fija dentro del marco establecido en la ley en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho; en el caso sometido a análisis la accion cometida por el acusado José Orlando Lopez Osorio, el A-quo ha considerado que no existen circunstancias agravantes ni atenuantes, sin embargo debemos considerar las circunstancias personales y la gravedad de los hechos, en este caso por tratarse de funcionario encargado de la investigación preliminar criminal en casos antiextorsión, que valiéndose de su cargo por la discrecionalidad que poseía maliciosamente consigno frases no adecuadas en el acta de inspección, entregando ese documento de interno de investigación a particulares, por tanto procede imponer la pena máxima para este delito. Por lo que es procedente imponer al señor José Orlando Lopez Osorio por el delito de Abuso de Autoridad a la pena de cuatro años seis meses de inhabilitación especial. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su primer y segundo motivo. SEGUNDO: Declara No ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, Recursos presentados por el Abogado Manuel de Jesús Membreño Andino, en su condición de defensor privado de José Orlando López Osorio a quien se le condenó por el delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Publica. TERCERO: Declara LA PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por la conducta reprochada al acusado José Orlando López Osorio; en consecuencia, reforma el pronunciamiento del numeral primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia debiendo leer en los siguientes términos: Primero: Que debemos condenar y condenamos al acusado José Orlando López Osorio, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Publica a la pena principal de cuatro (4) años seis (6) meses de inhabilitación especial. Se mantiene incólume la sentencia en cuanto a los pronunciamientos tercero, cuarto, quinto y sexto. CUARTO: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a dieciséis de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-265-2020.

Lety Emelda Posadas Rodríguez.

Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal”