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Sentencia CP-264-20 — Registro 19776

Resumen

En primera instancia el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de asesinato, resolviendo la Sala de lo Penal No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores: 1- José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza), las siguientes sanciones: i.- Dos delitos de Asesinato, a la pena de veinte años de reclusión, por cada delito. ii- Tenencia Ilegal de Armas de Tipo Comercial, a la pena de tres años de reclusión. iii.- Encubrimiento de Vehículo Automotor Robado, a la pena de tres años de reclusión. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta, Inhabilitación Especial e Interdicción Civil y declaró la responsabilidad civil. En suma, las penas principales obligan al acusado a cumplir cuarenta y seis (46) años de reclusión. 2- Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López), las siguientes sanciones: i.- Dos delitos de Asesinato, a la pena de veinte años de reclusión, por cada delito. ii- Tenencia Ilegal de Armas de Tipo Comercial, a la pena de tres años de reclusión. iii.- Encubrimiento de Vehículo Automotor Robado, a la pena de tres años de reclusión. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta, Inhabilitación Especial e Interdicción Civil y declaró la responsabilidad civil. En suma, las penas principales obligan al acusado a cumplir cuarenta y seis (46) años de reclusión. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017. 1.- Delito de Asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. 2.- Delito de Tenencia o Porte Ilegal De Armas, (Art. 580) se penaliza así: De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y 1) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Del hecho probado se describe que los acusados José Luis Velásquez y Geymi Nicolle García López, portaban las armas de fuego sin autorización, encontrándolas en el interior del vehículo en el que se transportaban al momento de su captura, por lo cual la pena abstracta a imponer sería de cuatro (04) años a cinco (05) años cuatro (04) meses de prisión, más las penas accesorias correspondientes. 3.- Delito de Encubrimiento (artículo 513), cuya pena es la correspondiente al delito encubrimiento rebajada en dos tercios (2/3), en este caso el delito encubierto se trata de un delito de Robo de Vehículo. En el presente caso los juzgadores establecieron que el delito que encubrieron los acusados Vicente Antonio Meza Fuentes fue un robo de vehículo automotor; el delito de robo con intimidación conforme a la nueva legislación penal tiene una pena abstracta de 04 a 08 años de prisión (Art. 361), pena que como se ha indicado debe ser rebajada en dos tercios (2/3) para determinar la pena abstracta de encubrimiento, siendo ésta entonces de 01 año 04 meses a 02 años 08 meses de prisión. En suma, la pena abstracta que deberá imponerse a los acusados José Luis Velásquez conocido también como William Fernando Escobar Carranza y Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López, con la nueva disposición penal sería de 45 años 04 meses a 58 años de prisión. A partir de lo anterior, al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017, la pena impuesta se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que les hubiese corresponder en el caso de ser juzgados conforme a las normas del CP 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Único Motivo Plateado por la Recurrente N°1 y la Recurrente n° 2. el recurso no es de recibo. El contenido de libelo en que desarrolla el recurso de casación el Recurrente N°1, es idéntico a aquel presentado por el Recurrente N°2; por ello ambos recursos serán resueltos en un mismo pronunciamiento casacional. Manda el artículo 350 del Código Procesal Penal que, en los recursos devolutivos, como lo es el recurso extraordinario de casación, el tribunal de alzada solo se deberá pronunciar sobre los aspectos que fueron objeto de impugnación; lo que constituye una disposición que a su vez prohíbe que los tribunales ad-quem resuelvan los recursos devolutivos haciendo pronunciamientos sobre aspectos distintos a aquellos que el recurrente ha identificado como de su interés para ser corregido. Es por tal disposición legal que la Sala de lo Penal dará respuesta estrictamente a aquello que el defensor público ha identificado como aspectos a revisar en sede casacional, sin extender su pronunciamiento a otros aspectos de la sentencia, que no fueron del interés del recurrente.- La resolución que presenta esta Sala de lo Penal se limita estrictamente a lo que fue impugnado, determinando primero si los argumentos son correctos conforme al recurso y motivo elegido, y en su caso, si lo que se denuncia efectivamente es concurrente; por ello cuando la Sala de lo Penal rechaza un recurso por mala técnica no equivale a decir que la sentencia ha superado revisión de legalidad; por el contrario, se está declarado que no se realizó dicha revisión como consecuencia de un mal planteamiento del recurso. El caso que nos ocupa es un recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la violación de las reglas de la sana crítica; lo que hace dirigir la atención a los hechos declarados probados y a la valoración intelectiva de los medios de prueba, pues es en ese proceso en donde los jueces de sentencia pueden incurrir en el vicio que se está denunciando; empero en el desarrollo del recurso interpuesto la Defensa Pública, se aprecian profundas dolencias a una correcta falta de técnica recursiva por la falta de precisión y calidad, por la impropiedad de los alegatos y por la impropiedad de la pretensión: i.- Transcribe los hechos declarados probados; ii.-Alega que la prueba es dudosa, que la prueba no es creíble, que los testigos Maria Santos Calderón Reyes y Testigo Protegido clave 10 mintieron, que son inconsistentes; todos ellos alegatos de instancia que pretenden que este tribunal ad-quem revalorice la prueba, lo que como ya se ha indicado, no le es permitido por la ley; iii.- Que el Tribunal de Sentencia no determina con exactitud cuál fue el accionar de Jeremías Trochez. Las alegaciones sustituyeron lo que debió ser el verdadero planteamiento casacional, identificando el razonamiento judicial que se considera vicioso y la demostración del porqué éste ha violentado alguna de las reglas de la sana critica. Debe recordar la Defensa Pública que la confección del recurso parte de un proceso básico, a saber:1. Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba; Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; El razonamiento es un proceso de la lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba. 2. Determinación de que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; 3. Identificación de las reglas de la sana crítica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; 4. Confrontación de los principios o reglas de la sana crítica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que este último no sigue lo mandado por el primero; 5. Determinación del porqué el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevó a la decisión adoptada. En ocasiones será necesario hacer relación de la prueba de donde parte el razonamiento judicial, ello no con el objeto de pedir que se revalore la prueba sino para demostrar que dicho razonamiento ha sido mal construido por reñir con la específica regla de la sana crítica que se ha señalado. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta; nos referimos a una debida técnica recursiva, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- Por tanto, es irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo, se insiste, el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no el tratar de sobreponer una valoración alternativa, indicando que testigos, peritos o documentos no tiene credibilidad, son dudosos o inconsistentes, pues ello es pedir un nuevo examen de valoración a la Sala de lo Penal. Por lo anterior se desestima el recurso de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-264-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-264-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza), como coautor responsable penalmente de dos delitos de Asesinato, en perjuicio de Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta, a la pena de veinte años de reclusión, por cada delito, penas que el acusado deberá cumplir en concurso real. Segundo: Condenó a Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López), como coautor responsable penalmente de dos delitos de Asesinato, en perjuicio de Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta, a la pena de veinte años de reclusión, por cada delito, penas que la acusada deberá cumplir en concurso real. Tercero: Condenó a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal impuesta por los dos delitos de Asesinato, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Cuarto: Condenó a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), como coautores responsables penalmente a cada uno del delito de Tenencia Ilegal de Armas de Tipo Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, a cada uno. Quinto: Condenó a José Luís Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López) a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil en relación a los delito de Tenencia Ilegal de Armas de Tipo Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Sexto: Condenó a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), como coautores responsables penalmente cada uno del delito de Encubrimiento de Vehículo Automotor Robado, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión. Septimo: Condenó a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil en relación al delito de Encubrimiento de Vehículo Automotor Robado, en perjuicio de la Administración Pública, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Octavo: Declaró la Responsabilidad Civil, de José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), responsables civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por todos los delitos por los cuales han sido condenados a favor de los familiares de los ofendidos que fallecieron violentamente, así como a la Administración Pública y al Estado en su condición de víctimas. Noveno: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López). Decimo: Decretó el comiso y destrucción de las Armas de fuego, un arma de fuego tipo pistola, marca Girsan, modelo Yavuz 16 Bora, Calibre 9, Serie T6368-06, con su cargador capaz de almacenar 15 cartuchos, calibre 9mm; siete cartuchos metálicos sin percutir calibre 9mm. Arma de fuego marca SIG SAUER, modelo SP2022, calibre 9mm, con número de Serie semi legible, que se lee, SP-0035160, con su cargador y once (11) cartuchos metálicos sin percutir. Once (11) casquillos recibidos corresponden al calibre 9mm y fueron percutidos por un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm. 2). Otros quince (15) casquillos recibidos corresponden al calibre 9mm y fueron percutidos por arma de fuego tipo pistola calibre 9mm. 3). Una (1) bala recibida, corresponde al calibre 9mm y fue disparada por un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm. 4). Los dos (2) revestimientos de bala recibidos, corresponden al calibre 9mm y fueron percutidos por arma de fuego tipo pistola calibre 9mm. 5). El núcleo de bala carece de características de clase por lo que no es posible determinar su calibre.- 6).- Un (1) cartucho sin percutir, corresponde al calibre 9mm y el arma de fuego, tipo pistola, marca Smith and Wesson, calibre 9mm, serie VJJ5993, modelo 910; procede decretar el comiso, en virtud de que una de dichas armas no se encuentra registradas ni poseen reporte de robo, a excepción de la que si tiene reporte de robo tal como lo solicitó el Ministerio Publico, la cual debe ser entregada a quien acredite su propiedad, mismas que obran en poder del Almacén de Evidencias que para tal efecto maneja el Ministerio Publico. Son partes en única instancia: Recurrente 1: Los Abogados Arnaldo Alcides Garcia Alvarado y Mario Reniery Amador Espinal, como defensores públicos de José Luis Velásquez Gutiérrez; conocido también como William Fernando Escobar Carranza. Recurrente 2: El Abogado Mario Reniery Amador Espinal como defensor público de Geymi Nicolle Garcia Lopez, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López, como parte recurrente; Parte recurrida: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las diez de la noche (10:00 pm), se encontraban los Señores Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta, frente a Gasolinera Puma, ubicada en la primera entrada de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, cuando llegaron los Señores José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López) y dos menores de edad de ambos sexos, a bordo de un vehículo con reporte de Robo tipo camionetas, color blanco, marca Mitsubishi, Montero Sport, placa PDV-9903, del cual se bajaron tres de sus ocupantes, entre ellos José Luis Velásquez y los dos menores de edad, quienes con armas de fuego en mano, una tipo pistola, marca Smith and Wesson, calibre 9mm, serie VJJ5993, modelo 910 y una tipo pistola, marca Girsan, modelo Yavuz, 16 Bora, Serie T6368-06, calibre 9mm, procedieron a disparar contra la humanidad de los Señores: Darwin Efraín Ordoñez Martínez a quien le provocaron cinco (5) heridas que le causaron una Laceración Cardiaca; asimismo, le dispararon al Señor Carlos Daniel Martínez Acosta, a quien le provocaron nueve (9) heridas que le causaron Laceración Cardiaca, muriendo ambos de manera inmediata. SEGUNDO: Seguidamente, personas que se encontraban en el lugar, llamaron al 911 y dieron noticia a las autoridades de lo sucedido y brindaron las características, físicas del vehículo y el rumbo que tomaron a bordo de éste los Señores José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), y sus otros dos acompañantes; dicho vehículo, fue monitoreado su recorrido a través de las cámaras de seguridad vial, hasta que llegaron a la Colonia el Pedregal, en donde se encontraba un Retén Policial, al cual ya habían alertado sobre el paso de dicho vehículo en ese sector; una vez que dicho vehículo se aproximó, Agentes Policiales les hicieron señal de parada y observaron que era el mismo vehículo en alerta, por lo que procedieron a practicar un registro personal a sus ocupantes y a registrar el vehículo en mención, encontrando en el interior del mismo, las dos armas de fuego antes referidas por lo que en el acto, dichos Agentes procedieron a su detención.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS Recurrente N°1 La recurrente Abogada Lesly Sofia Medina Sierra, en su condición de defensora publica de José Luis Velásquez, conocido también como William Fernando Escobar Carranza, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “UNICO MOTIVO: no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el articulo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no creíble que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción del imputado y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientado el ataque al fallo, en vista que la regia de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a José Luis Velásquez Gutiérrez no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autor por los delitos de "Asesinato, Tenencia de Arma de Fuego Tipo Comercial y Encubrimiento" por parte de mi defendido, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados se deriva de prueba dudosa y no terminante. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, como ser la testifical, documental y pericial con la que consideramos no haberse acreditado plenamente que en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las diez de la noche (10:00 pm), se encontraban los señores Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta, frente a Gasolinera Puma, ubicada en la primera entrada de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, cuando llegaron los señores José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicole García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López) y dos menores de edad de ambos sexos a bordo de un vehículo con reporte de robo tipo camioneta, color blanco, marca Mitsubishi Montero Sport, placa PDV-9903, del cual se bajaron tres de sus ocupantes entre ellos José Luis Velásquez y los dos menores de edad, quienes con armas de fuego en mano, una tipo pistola marca Smith and Wesson, calibre 9mm, serie VJJ5993, modelo 910 y una tipo pistola marca Girsan, Modelo Yavuz, 16 Bora, Serie T6368-06, calibre 9mm, procedieron a disparar contra la humanidad de los señores: Darwin Efraín Ordoñez Martínez a quién le provocaron cinco (5) heridas que le causaron laceración Cardiaca; asimismo le dispararon al señor Carlos Daniel Martínez Acosta, a quien le provocaron nueve (9) heridas que le causaron laceración Cardiaca, muriendo ambos de manera inmediata. SEGUNDO: Seguidamente personas que se encontraban en el lugar llamaron al 911 y dieron noticia a las autoridades de lo sucedido y brindaron las características físicas del vehículo y el rumbo que tomaron a bordo de éste los señores José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Gdeymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López) y sus otros dos acompañantes; dicho vehículo fue monitoreado su recorrido a través de las cámaras de seguridad vial, hasta que llegaron a la colonia el Pedregal, en donde se encontraba un retén policial, al cual ya habían alertado sobre el paso de dicho vehículo en ese sector; una vez que dicho vehículo se aproximó, Agentes Policiales les hicieron señal de parada y observaron que era el mismo vehículo en alerta por lo que procedieron a practicar un registro personal a sus ocupantes y a registrar el vehículo en mención, encontrando en el interior del mismo las dos armas de fuego antes referidas por lo que en el acto dichos agentes procedieron a su detención. Dicho lo anterior la defensa del imputado José Luis Velásquez Gutiérrez no está de acuerdo con la supuesta participación de mi representado en los hechos investigados, en vista que el único testigo Protegido H2O propuesto por el Ministerio Público consideramos por una parte ser insuficiente y no creíble, es decir que existe duda que el imputado haya participado en el hecho que se le imputa, específicamente con el referido único testigo presencial de cargo Protegido "H20" (incorporado mediante lectura autorizada), por lo que a todas luces se puede deducir que la misma carece de credibilidad por existir inconsistencias como ser: a) Que se trata de una declaración escasa en lo observado donde la misma consta de una sola página que rindiera el testigo protegido en audiencia inicial, es decir momento casi inmediato a la fecha en que ocurrió el hecho criminal; b) El Testigo Protegido menciona en su declaración que el trabaja de noche pero que estaba de vacaciones, que primero llegaron a las once de la mañana y luego volvieron en la noche, haciéndonos la pregunta ¿Cómo es posible que estando de vacaciones va a estar en el mismo punto en la mañana y va a estar en el mismo punto a las diez de la noche, que fue la hora en que ocurrieron los hechos?; c) Asimismo declara que él se escondió detrás de unos carros, entonces ¿Cómo es posible que se escondiera detrás de unos carros y haya podido observar con tanta precisión a esa hora de la noche y ver lo que sucedió ese día en la gasolinera de la colonia Kennedy?; d) Otra inconsistencia es que declaró que se encontraba en ese parqueo frente a una gasolinera de Pizza Hut, cuando en ese lugar no existe ningún restaurante de Pizza Hut; e) Que al preguntársele en juicio oral al testigo protegido que describiera físicamente a cada una de las personas este no dio ninguna declaración ni especificación de quienes eran las personas que supuestamente se encontraban en el vehículo y quienes eran las personas que se habían bajado; f) También el testigo protegido menciona que se bajaron del vehículo tres personas, pero no identifica quienes eran, ni como andaban vestidos, ni cuales eran sus características físicas como para poder imputar a nuestro representado los delitos que se le atribuyen, solo hace mención que iban a ser las diez de la noche y que salió a fumar; observándose en dicha declaración que no dijo nada relevante como para incriminar por dos delitos de asesinato a nuestro representado; g) Por otro lado existe un punto muy importante como lo es el hecho que ni en la etapa preparatoria ni mucho menos en el juicio oral se contó con la presencia del dueño del vehículo automotor supuestamente robado para que con su relato se pudiera acreditar que fue lo que en realidad sucedió con éste vehículo, porque siendo así el dicho de los testigos de cargo se quedan huérfanos sin respaldo sustentatorio, sin dejar pasar el hecho que dicho vehículo automotor fue encontrado en plena vía pública, es ahí donde nos hacemos las preguntas ¿por qué se le acusa por ocultamiento de vehículo?, ¿Dónde está el Ocultamiento de Vehículo si fue encontrado en vía pública? Es decir que no lo tenían escondido en un garaje, ni cubierto en algún lugar específico, por consiguiente se observa a todas luces que no se reúnen cada uno de los elementos del tipo penal del delito de ocultamiento de vehículo para imputárselo a nuestro representado; h) Sumado a lo anterior existió un acta de registro vehicular misma que fue ratificada por el policía militar Cristian Calix, considerando la defensa que dicha acta carece de valor probatorio en vista que no se hizo con las formalidades establecidas por la normativa procesal penal, ya que el artículo 208 del Código Procesal Penal ya establece quienes son y cuál es el procedimiento que se debe seguir en una inspección de vehículo, esta inspección debió hacerse por personas especialistas en la escena del crimen, es decir por agentes especializados y no por cualquier persona, en consecuencia dicha acta carece de valor probatorio y no debió ser tomada en cuenta por el tribunal para condenar a nuestro representado por carecer de las formalidades requeridas por la ley; i) Asimismo supuestamente la policía encontró en el vehículo dos (2) armas de fuego, donde en dicho vehículo automotor se conducían varias personas (cuatro), donde dos de ellos fueron remitidos al Juzgado de la Niñez por ser menores de edad, es entonces que nos preguntamos ¿Cómo podemos atribuir efectivamente a quien pertenecían dichas armas o individualizar quien o quienes las portaban, en vista que a nuestro representado no se les decomisó nada y dichas armas se encontraron supuestamente dentro del vehículo automotor?; y j) Por último existió un dictamen de absorción atómica, que la defensa lo venía pidiendo desde la etapa preparatoria, el cual al darle lectura se observa que esa prueba se le realiza a nuestro representado el mismo día que se les da detención; dicha prueba se le hizo en las oficinas del Core 7, donde posteriormente fue llevado a los laboratorios del Ministerio Público, prueba esta que salió negativa, es decir que no se le encontró residuos de pólvora a nuestro representado en sus manos o vestimenta, pero el Ministerio público demerito dicha prueba diciendo que no era contundente y que la misma no refleja nada seguro; advirtiendo el técnico especialista que el resultado de dicha prueba puede ser negativa por muchas razones, que la persona no disparo un arma de fuego, que la munición utilizada no produce suficientes residuos, que la persona que disparo haya podido rosar sus manos con sus prendas de vestir o con la superficie o que se haya lavado las manos, siendo esto demasiado subjetivo; además dicen los policías que monitorean el recorrido de los imputados por las cámaras de seguridad vial y en el juicio oral el ente acusador no presento ningún video del monitoreo de dicha persecución para así respaldar el dicho de los testigos de cargo y por ende imputar a nuestro representado los delitos de dos asesinatos, tenencia de armas de fuego y ocultamiento de vehículo, razón por la cual la defensa considera que aquí no se está hablando de mínimos indicios, por lo que para condenar a una persona debe de haber certeza de la participación en los hechos que se le imputan. Siendo así consideramos que la declaración del testigo Protegido de cargo "H2O" no debió ser tomada en cuenta por el Tribunal Sentenciador, por las razones antes señaladas, de lo cual podemos arribar a la conclusión que este testigo mintió al decir quien le había dado muerte a los señores Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta; sumado a esto consideramos que el mismo faltó a la verdad para que se le tomara su declaración como protegido por considerar ser poco creíble su relato razón por la cual su declaración incorporada a juicio fue condicionada; en tanto que el contenido de la misma pone de manifiesto que no era posible que a esa hora de la noche, escondido detrás de unos carros y que trabajaba de noche pero que estaba de vacaciones pudiera observar que primero llegaron a las once de la mañana y luego por la noche e identificar a los hechores, por lo que partiendo de esa manifestación del testigo protegido "H2O" somos del criterio que el mismo es espurio o que existía algún móvil de interés personal en querer perjudicarlo. TERCERO: Ahora bien Honorables Magistrados el hecho que el Tribunal Sentenciador haya tomado como sustento valorativo la declaración del testigo protegido "H2O" nos deja preocupados y ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la Institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que el juzgador basa su fallo en una declaración dudosa, confusa e ilógica, y con la gran posibilidad que dicha declaración este motivada por móviles espurios. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mi representado José Luis Velásquez Gutiérrez para conocer con certeza si este junto a otras personas en realidad le dio muerte a los señores Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta. Por todo ello el testigo protegido "H2O" de cargo no fue contundente, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autor del delito de Asesinato, Tenencia de Armas de Fuego de tipo comercial y Encubrimiento a mi representado José Luis Velásquez Gutiérrez, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulnero al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mi representado José Luis Velásquez Gutiérrez le haya dado muerte junto a otras personas a los occisos y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de la declaración del testigo Protegido "H2O" la cual es impropia carente de veracidad plena, siendo mínima no resultando corroborable con otras pruebas, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa nuestro representado en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a José Luis Velásquez Gutiérrez como autor directo porque así lo dijera el dudoso testigo de cargo Protegido "H2O". RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.”Recurrente N°2 La recurrente Abogada Carmen Reyna Ortiz Canales, en su condición de defensora publica de Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “MOTIVO ÚNICO: No haber observado el Sentenciador en la Valora- ración de la prueba las reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el articulo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal al valorar la prueba de cargo incurre en claras omisiones, que hacen a dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual está orientado el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, ésta última ha resultado ignorada por el Tribunal de Sentencia debido a que para la observancia de esta ley se exige al Juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos congruentes, verdaderos y suficientes. SEGUNDO: Resulta que la sentencia recurrida no está provista de un razonamiento intelectivo armónico con las reglas de la sana crítica, porque la conclusión a la que arribó el Tribunal para condenar a la joven GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ no proviene de elementos suficientemente aptos para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en los sucesos ilícitos que se le atribuyen, por el contrario la acción imputada ha resultado imprecisa como para deducir la culpabilidad como autora de los delitos de "Asesinato, Tenencia de Arma de Fuego Tipo Comercial y Encubrimiento" por parte de mi defendida, pues del análisis de las pruebas que sirven de base a la sentencia impugnada hemos concluido que las mismas muestran insalvables inconsistencias que vuelven dudoso su contenido. TERCERO: Honorables Magistrados, si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, como ser la testifical, documental y pericial no consideramos que con ella se haya acreditado plenamente que en los hechos sucedidos el 20 de febrero de 2017, a eso de las diez de la noche (10:00 pm), en los que perdieran la vida los señores Darwin Efraín Ordóñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta, frente a Gasolinera Puma, ubicada en la primera entrada de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, haya participado, junto a otras personas, la joven GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ, perpetradores que habrían llegado al lugar a bordo de un vehículo con reporte de robo tipo camioneta, color blanco, marca Mitsubishi Montero Sport, placa PDV-9903, del cual se bajaron tres de sus ocupantes quienes con armas de fuego en mano procedieron a disparar contra la humanidad de los ofendidos causándole múltiples lesiones que les produjeron la muerte de forma inmediata. CUARTO: Dicho lo anterior la defensa de la joven GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ no está de acuerdo con la supuesta participación de mi representada en los hechos investigados, en vista que el único testigo Protegido H2O propuesto por el Ministerio Público consideramos por una parte ser insuficiente y no creíble, es decir que existe duda que la imputada haya participado en el hecho que se le atribuye, específicamente con lo referido por el único testigo presencial de cargo Protegido "H2O" (incorporado mediante lectura autorizada), por lo que a todas luces se puede deducir que la misma carece de credibilidad por existir inconsistencias como ser: a) Que se trata de una declaración de escaso contenido, misma que en lo esencial estácontenido en menos de una página que rindiera el testigo protegido en audiencia inicial, es decir momento casi inmediato a la fecha en que ocurrió el hecho criminal; b) El Testigo Protegido menciona en su declaración que él trabaja de noche pero que estaba de vacaciones, que primero llegaron a las once de la mañana y luego volvieron en la noche, haciéndonos la pregunta ¿Cómo es posible que estando de vacaciones va a estar en el mismo punto en la mañana y va a estar en el mismo punto a las diez de la noche, que fue la hora en que ocurrieron los hechos?; c) Asimismo declara que él se escondió detrás de unos carros, entonces ¿Cómo es posible que se escondiera detrás de unos carros y haya podido observar con tanta precisión a esa hora de la noche y ver lo que sucedió ese día en la gasolinera de la colonia Kennedy?; d) Otra inconsistencia es que declaró que se encontraba en ese parqueo frente a una gasolinera de Pizza Hut, cuando en ese lugar no existe ningún restaurante de Pizza Hut; e) Que en su momento al preguntársele que describiera físicamente a cada una de las personas este no dio ninguna declaración ni especificación de quienes eran las personas que supuestamente se encontraban en el vehículo y quienes eran las personas que se habían bajado; f) También el testigo protegido menciona que se bajaron del vehículo tres personas, pero no identifica quienes eran, ni cómo andaban vestidos, ni cuáles eran sus características físicas como para poder imputar a nuestra representada los delitos que se le atribuyen, solo hace mención que iban a ser las diez de la noche y que salió a fumar; observándose en dicha declaración que no dijo nada relevante como para incriminar por dos delitos de asesinato a nuestra representada; g) Por otro lado existe un punto muy importante como lo es el hecho que ni en la etapa preparatoria ni mucho menos en el juicio oral se contó con la presencia del dueño del vehículo automotor supuestamente robado para que con su relato se pudiera acreditar qué fue lo que en realidad sucedió con éste vehículo, porque siendo así el dicho de los testigos de cargo se quedan huérfanos sin respaldo que los corrobore, sin dejar pasar el hecho que dicho vehículo automotor fue encontrado en plena via pública, es ahí donde nos hacemos las preguntas ¿por qué se le acusa por ocultamiento de vehículo?, ¿Dónde está el Ocultamiento de Vehículo si fue encontrado en vía pública? Es decir que no lo tenían escondido en un garaje, ni cubierto en algún lugar específico, por consiguiente se observa a todas luces que no se reúnen cada uno de los elementos del tipo penal del delito de ocultamiento de vehículo para imputárselo a nuestra representada; h) Sumado a lo anterior en el fallo impugnado consta lo siguiente: 1) la existencia del Acta de Registro Vehicular misma que fue ratificada por el policía militar Cristian Cano, considerando la defensa que dicha acta carece de valor probatorio en vista que no se hizo con las formalidades establecidas por la normativa procesal penal, ya que el artículo 208 del Código Procesal Penal ya establece quiénes son y cuál es el procedimiento que se debe seguir en una inspección de vehículo, esta inspección debió hacerse por personas especialistas en la escena del crimen, es decir por agentes especializados y no por cualquier persona, en dicha acta se consigna el encuentro de cinco armas de fuego; 2) Constancia de Balística de Registro de Armas Decomisadas en la que se aprecia en el contenido de dicha acta, referente a lo recibido y peritado en los laboratorios balísticos, no coincide con lo descrito en el registro vehicular, ya que en el acta de inspección se consigna que en el vehículo inspeccionado se encontraron un total de cinco armas de fuego, pero en el laboratorio balístico únicamente se recibieron cuatro armas y en los hechos probados del fallo impugnado se declara que fueron dos las armas encontradas en dicho vehículo, entonces ¿cuántas eran las armas realmente encontradas?; 3) Acta de Levantamiento de Cadáver y RECOLECCIÓN DE INDICIOS, según ésta en la escena del delito se recolectaron únicamente 25 casquillos de arma de fuego calibre 9mm que en su base se lee Águila 9mm y 3 casquillos que en su base se lee Luger 9mm Win, sin embargo, en el Dictamen Balístico Comparativo número 2206 se hicieron pericias sobre evidencias que en las actas que constan en la sentencia impugnada no se describe cuál es su procedencia, consecuentemente dichos medios de prueba carecen de valor probatorio y no debieron ser tomadas en cuenta por el Tribunal para condenar a nuestra representada por carecer de las formalidades requeridas por la ley; i) Asimismo supuestamente la policía encontró en el vehículo cinco armas de fuego, vehículo automotor en el que se conducían varias personas (cuatro), donde dos de ellos fueron remitidos al Juzgado de la Niñez por ser menores de edad, es entonces que nos preguntamos ¿Cómo podemos atribuir efectivamente a quien pertenecían dichas armas o individualizar quien o quienes las portaban, en vista que a nuestra representada no se le decomisó nada y dichas armas se encontraron supuestamente dentro del vehículo automotor?; y j) Por último existió un dictamen de absorción atómica, que la defensa lo venía pidiendo desde la etapa preparatoria, el cual al darle lectura se observa que esa prueba se le realiza a nuestra representada el mismo día que se le dan detención; dicha prueba se le hizo en las oficinas del Core 7, donde posteriormente fue llevado a los laboratorios del Ministerio Público, prueba esta que salió negativa, es decir que no se le encontró residuos de pólvora a nuestra representada en sus manos o vestimenta, pero el Ministerio público demeritó dicha prueba diciendo que no era contundente y que la misma no refleja nada seguro; advirtiendo el técnico especialista que el resultado de dicha prueba puede ser negativa por muchas razones, que la persona no disparó un arma de fuego, que la munición utilizada no produce suficientes residuos, que la persona que disparó haya podido rosar sus manos con sus prendas de vestir o con la superficie o que se haya lavado las manos, siendo esto demasiado subjetivo lo que genera dudas en cuanto a si la joven GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ disparó o no un arma de fuego, dudas que por aplicación del principio del in dubio pro reo deben favorecer a la imputada y no como lo hace el Tribunal que ante la duda opta por interpretarla en contra de la imputada; además dicen los policias que monitorean el recorrido de los imputados por las cámaras de seguridad vial y en el juicio oral el ente acusador no presentó ningún video del monitoreo de dicha persecución para así respaldar el dicho de los testigos de cargo y por ende imputar a nuestra representada los delitos de dos asesinatos, tenencia de armas de fuego y ocultamiento de vehículo robado, razón por la cual la defensa considera que aquí no se está hablando de mínimos indicios, por lo que para condenar a una persona debe de haber certeza de la participación en los hechos que se le imputan. Siendo así consideramos que la declaración del testigo Protegido de cargo "H2O" no debió ser tomada en cuenta por el Tribunal Sentenciador, por las razones antes señaladas, de lo cual podemos arribar a la conclusión que este testigo no dijo la verdad al señalar a quien le había dado muerte a los señores Darwin Efraín Ordoñez Martinez y Carlos Daniel Martínez Acosta; sumado a esto consideramos que él faltó a la verdad para que se le tomara su declaración como protegido por considerar ser poco creíble su relato razón por la cual su declaración incorporada por lectura al juicio fue condicionada; en tanto que el contenido de la misma pone de manifiesto que no era posible que a esa hora de la noche, escondido detrás de unos carros y que trabajaba de noche pero que estaba de vacaciones pudiera observar que primero llegaron a las once de la mañana y luego por la noche e identificar a los hechores, por lo que partiendo de esa manifestación del testigo protegido "H2O" somos del criterio que el mismo es espurio o que existía algún móvil de interés personal en querer perjudicar a los imputados. QUINTO Ahora bien, Honorables Magistrados, el hecho que el Tribunal Sentenciador haya tomado como sustento probatorio la declaración del testigo protegido "H2O" nos deja preocupados y ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la institución encargada de la persecución penal por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertas que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, por lo que el Juzgador basa su fallo en una declaración dudosa, confusa e ilógica, y con la gran posibilidad que dicha declaración este motivada por móviles espurios. SEXTO: Considera la defensa que las señaladas circunstancias que se dieron en el debate no permiten tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mi representada GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ para conocer con seguridad si ella, junto a otras personas, en realidad le dio muerte a los señores Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta. Por todo ello el testigo protegido "H2O" de cargo no fue contundente, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical, documental y pericial la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autora del delito de Asesinato, Tenencia de Armas de Fuego de tipo comercial y Encubrimiento a mi representada GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se vulneró al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mi representada GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ le haya dado muerte, junto a otras personas, a los occisos y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de la declaración del testigo Protegido "H2O" la cual es impropia, carente de veracidad plena no resultando corroborada con otras pruebas, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa nuestra representada en los hechos, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ como autora directa porque así lo dijera el dudoso testigo de cargo Protegido "H2O". RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL VICIO Por haberse producido el vicio denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1.Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2.Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3.Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4.Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5.La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7.Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por las recurrentes N°1 y N°2. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla cuarta N°2 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica; • Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El contenido de libelo en que desarrolla el recurso de casación la Recurrente 1, es idéntico a aquel presentado por la Recurrente 2; por ello ambos recursos serán resueltos en un mismo pronunciamiento casacional, ambos fundan su reproche recursivo de quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la Sana Crítica, concretamente de la regla lógica de derivación, realizando alegatos propios de instancia, realizando su propia valoración de la prueba sin confrontar los principios o reglas de la sana crítica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que este último no sigue lo mandado por el primero; y señalan que existe duda en la participación de sus defendidos, señalando que la declaración del testigo protegido “H20” no debió ser tomada en cuenta por el Tribunal de Sentencia para condenar a sus representados. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado: Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la Procedencia del Único Motivo Plateado por la Recurrente N°1 y la Recurrente n° 2. el recurso no es de recibo. El contenido de libelo en que desarrolla el recurso de casación el Recurrente N°1, es idéntico a aquel presentado por el Recurrente N°2; por ello ambos recursos serán resueltos en un mismo pronunciamiento casacional. Manda el artículo 350 del Código Procesal Penal que, en los recursos devolutivos, como lo es el recurso extraordinario de casación, el tribunal de alzada solo se deberá pronunciar sobre los aspectos que fueron objeto de impugnación; lo que constituye una disposición que a su vez prohíbe que los tribunales ad-quem resuelvan los recursos devolutivos haciendo pronunciamientos sobre aspectos distintos a aquellos que el recurrente ha identificado como de su interés para ser corregido. Es por tal disposición legal que la Sala de lo Penal dará respuesta estrictamente a aquello que el defensor público ha identificado como aspectos a revisar en sede casacional, sin extender su pronunciamiento a otros aspectos de la sentencia, que no fueron del interés del recurrente.- La resolución que presenta esta Sala de lo Penal se limita estrictamente a lo que fue impugnado, determinando primero si los argumentos son correctos conforme al recurso y motivo elegido, y en su caso, si lo que se denuncia efectivamente es concurrente; por ello cuando la Sala de lo Penal rechaza un recurso por mala técnica no equivale a decir que la sentencia ha superado revisión de legalidad; por el contrario, se está declarado que no se realizó dicha revisión como consecuencia de un mal planteamiento del recurso. El caso que nos ocupa es un recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la violación de las reglas de la sana crítica; lo que hace dirigir la atención a los hechos declarados probados y a la valoración intelectiva de los medios de prueba, pues es en ese proceso en donde los jueces de sentencia pueden incurrir en el vicio que se está denunciando; empero en el desarrollo del recurso interpuesto la Defensa Pública, se aprecian profundas dolencias a una correcta falta de técnica recursiva por la falta de precisión y calidad, por la impropiedad de los alegatos y por la impropiedad de la pretensión: i.- Transcribe los hechos declarados probados; ii.-Alega que la prueba es dudosa, que la prueba no es creíble, que los testigos Maria Santos Calderón Reyes y Testigo Protegido clave 10 mintieron, que son inconsistentes; todos ellos alegatos de instancia que pretenden que este tribunal ad-quem revalorice la prueba, lo que como ya se ha indicado, no le es permitido por la ley; iii.- Que el Tribunal de Sentencia no determina con exactitud cuál fue el accionar de Jeremías Trochez. Las alegaciones sustituyeron lo que debió ser el verdadero planteamiento casacional, identificando el razonamiento judicial que se considera vicioso y la demostración del porqué éste ha violentado alguna de las reglas de la sana critica. Debe recordar la Defensa Pública que la confección del recurso parte de un proceso básico, a saber:1. Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba; Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; El razonamiento es un proceso de la lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba. 2. Determinación de que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; 3. Identificación de las reglas de la sana crítica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; 4. Confrontación de los principios o reglas de la sana crítica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que este último no sigue lo mandado por el primero; 5. Determinación del porqué el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevó a la decisión adoptada. En ocasiones será necesario hacer relación de la prueba de donde parte el razonamiento judicial, ello no con el objeto de pedir que se revalore la prueba sino para demostrar que dicho razonamiento ha sido mal construido por reñir con la específica regla de la sana crítica que se ha señalado. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta; nos referimos a una debida técnica recursiva, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- Por tanto, es irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo, se insiste, el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no el tratar de sobreponer una valoración alternativa, indicando que testigos, peritos o documentos no tiene credibilidad, son dudosos o inconsistentes, pues ello es pedir un nuevo examen de valoración a la Sala de lo Penal. Por lo anterior se desestima el recurso de casación. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Lesly Sofia Medina Sierra, en su condición de defensora pública de José Luis Velásquez, conocido también como William Fernando Escobar Carranza No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Carmen Reyna Ortiz Canales, en su condición de defensora pública de Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son:1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Suplementario No fue presentado ante la única instancia, escrito por parte de las defensas de los acusados José Luis Velásquez conocido también como William Fernando Escobar Carranza y Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio, tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores: 1- José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza), las siguientes sanciones: i.- Dos delitos de Asesinato, a la pena de veinte años de reclusión, por cada delito. ii- Tenencia Ilegal de Armas de Tipo Comercial, a la pena de tres años de reclusión. iii.- Encubrimiento de Vehículo Automotor Robado, a la pena de tres años de reclusión. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta, Inhabilitación Especial e Interdicción Civil y declaró la responsabilidad civil. En suma, las penas principales obligan al acusado a cumplir cuarenta y seis (46) años de reclusión. 2- Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López), las siguientes sanciones: i.- Dos delitos de Asesinato, a la pena de veinte años de reclusión, por cada delito. ii- Tenencia Ilegal de Armas de Tipo Comercial, a la pena de tres años de reclusión. iii.- Encubrimiento de Vehículo Automotor Robado, a la pena de tres años de reclusión. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta, Inhabilitación Especial e Interdicción Civil y declaró la responsabilidad civil. En suma, las penas principales obligan al acusado a cumplir cuarenta y seis (46) años de reclusión. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017. 1.- Delito de Asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. 2.- Delito de Tenencia o Porte Ilegal De Armas, (Art. 580) se penaliza así: De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y 1) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Del hecho probado se describe que los acusados José Luis Velásquez y Geymi Nicolle García López, portaban las armas de fuego sin autorización, encontrándolas en el interior del vehículo en el que se transportaban al momento de su captura, por lo cual la pena abstracta a imponer sería de cuatro (04) años a cinco (05) años cuatro (04) meses de prisión, más las penas accesorias correspondientes. 3.- Delito de Encubrimiento (artículo 513), cuya pena es la correspondiente al delito encubrimiento rebajada en dos tercios (2/3), en este caso el delito encubierto se trata de un delito de Robo de Vehículo. En el presente caso los juzgadores establecieron que el delito que encubrieron los acusados Vicente Antonio Meza Fuentes fue un robo de vehículo automotor; el delito de robo con intimidación conforme a la nueva legislación penal tiene una pena abstracta de 04 a 08 años de prisión (Art. 361), pena que como se ha indicado debe ser rebajada en dos tercios (2/3) para determinar la pena abstracta de encubrimiento, siendo ésta entonces de 01 año 04 meses a 02 años 08 meses de prisión. En suma, la pena abstracta que deberá imponerse a los acusados José Luis Velásquez conocido también como William Fernando Escobar Carranza y Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López, con la nueva disposición penal sería de 45 años 04 meses a 58 años de prisión. A partir de lo anterior, al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017, la pena impuesta se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que les hubiese corresponder en el caso de ser juzgados conforme a las normas del CP 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo, interpuesto por la Abogada Lesly Sofia Medina Sierra, en su condición de defensora pública de José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza). Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo, interpuesto por la Abogada Carmen Reyna Ortiz Canales, en su condición de Defensora Pública de Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López). Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por no representar un beneficio a favor de los acusados José Luis Velásquez, conocido también como William Fernando Escobar Carranza y Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia condenatoria de fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve, (f. 287) dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio.. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticinco de julio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-264-2020.LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-264-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de mayo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-264-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza), como coautor responsable penalmente de dos delitos de Asesinato, en perjuicio de Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta, a la pena de veinte años de reclusión, por cada delito, penas que el acusado deberá cumplir en concurso real. Segundo: Condenó a Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López), como coautor responsable penalmente de dos delitos de Asesinato, en perjuicio de Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta, a la pena de veinte años de reclusión, por cada delito, penas que la acusada deberá cumplir en concurso real. Tercero: Condenó a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de duración de la pena principal impuesta por los dos delitos de Asesinato, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Cuarto: Condenó a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), como coautores responsables penalmente a cada uno del delito de Tenencia Ilegal de Armas de Tipo Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, a cada uno. Quinto: Condenó a José Luís Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López) a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil en relación a los delito de Tenencia Ilegal de Armas de Tipo Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Sexto: Condenó a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), como coautores responsables penalmente cada uno del delito de Encubrimiento de Vehículo Automotor Robado, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusión. Septimo: Condenó a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil en relación al delito de Encubrimiento de Vehículo Automotor Robado, en perjuicio de la Administración Pública, durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Octavo: Declaró la Responsabilidad Civil, de José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), responsables civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por todos los delitos por los cuales han sido condenados a favor de los familiares de los ofendidos que fallecieron violentamente, así como a la Administración Pública y al Estado en su condición de víctimas. Noveno: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López). Decimo: Decretó el comiso y destrucción de las Armas de fuego, un arma de fuego tipo pistola, marca Girsan, modelo Yavuz 16 Bora, Calibre 9, Serie T6368-06, con su cargador capaz de almacenar 15 cartuchos, calibre 9mm; siete cartuchos metálicos sin percutir calibre 9mm. Arma de fuego marca SIG SAUER, modelo SP2022, calibre 9mm, con número de Serie semi legible, que se lee, SP-0035160, con su cargador y once (11) cartuchos metálicos sin percutir. Once (11) casquillos recibidos corresponden al calibre 9mm y fueron percutidos por un arma de fuego tipo pistola, calibre 9mm. 2). Otros quince (15) casquillos recibidos corresponden al calibre 9mm y fueron percutidos por arma de fuego tipo pistola calibre 9mm. 3). Una (1) bala recibida, corresponde al calibre 9mm y fue disparada por un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm. 4). Los dos (2) revestimientos de bala recibidos, corresponden al calibre 9mm y fueron percutidos por arma de fuego tipo pistola calibre 9mm. 5). El núcleo de bala carece de características de clase por lo que no es posible determinar su calibre.- 6).- Un (1) cartucho sin percutir, corresponde al calibre 9mm y el arma de fuego, tipo pistola, marca Smith and Wesson, calibre 9mm, serie VJJ5993, modelo 910; procede decretar el comiso, en virtud de que una de dichas armas no se encuentra registradas ni poseen reporte de robo, a excepción de la que si tiene reporte de robo tal como lo solicitó el Ministerio Publico, la cual debe ser entregada a quien acredite su propiedad, mismas que obran en poder del Almacén de Evidencias que para tal efecto maneja el Ministerio Publico. Son partes en única instancia: Recurrente 1: Los Abogados Arnaldo Alcides Garcia Alvarado y Mario Reniery Amador Espinal, como defensores públicos de José Luis Velásquez Gutiérrez; conocido también como William Fernando Escobar Carranza. Recurrente 2: El Abogado Mario Reniery Amador Espinal como defensor público de Geymi Nicolle Garcia Lopez, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López, como parte recurrente; Parte recurrida: El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las diez de la noche (10:00 pm), se encontraban los Señores Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta, frente a Gasolinera Puma, ubicada en la primera entrada de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, cuando llegaron los Señores José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López) y dos menores de edad de ambos sexos, a bordo de un vehículo con reporte de Robo tipo camionetas, color blanco, marca Mitsubishi, Montero Sport, placa PDV-9903, del cual se bajaron tres de sus ocupantes, entre ellos José Luis Velásquez y los dos menores de edad, quienes con armas de fuego en mano, una tipo pistola, marca Smith and Wesson, calibre 9mm, serie VJJ5993, modelo 910 y una tipo pistola, marca Girsan, modelo Yavuz, 16 Bora, Serie T6368-06, calibre 9mm, procedieron a disparar contra la humanidad de los Señores: Darwin Efraín Ordoñez Martínez a quien le provocaron cinco (5) heridas que le causaron una Laceración Cardiaca; asimismo, le dispararon al Señor Carlos Daniel Martínez Acosta, a quien le provocaron nueve (9) heridas que le causaron Laceración Cardiaca, muriendo ambos de manera inmediata. SEGUNDO: Seguidamente, personas que se encontraban en el lugar, llamaron al 911 y dieron noticia a las autoridades de lo sucedido y brindaron las características, físicas del vehículo y el rumbo que tomaron a bordo de éste los Señores José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López), y sus otros dos acompañantes; dicho vehículo, fue monitoreado su recorrido a través de las cámaras de seguridad vial, hasta que llegaron a la Colonia el Pedregal, en donde se encontraba un Retén Policial, al cual ya habían alertado sobre el paso de dicho vehículo en ese sector; una vez que dicho vehículo se aproximó, Agentes Policiales les hicieron señal de parada y observaron que era el mismo vehículo en alerta, por lo que procedieron a practicar un registro personal a sus ocupantes y a registrar el vehículo en mención, encontrando en el interior del mismo, las dos armas de fuego antes referidas por lo que en el acto, dichos Agentes procedieron a su detención.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS Recurrente N°1 La recurrente Abogada Lesly Sofia Medina Sierra, en su condición de defensora publica de José Luis Velásquez, conocido también como William Fernando Escobar Carranza, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “UNICO MOTIVO: no haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el articulo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo no creíble que para la investigación de la verdad debieron haber practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción del imputado y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientado el ataque al fallo, en vista que la regia de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a José Luis Velásquez Gutiérrez no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autor por los delitos de "Asesinato, Tenencia de Arma de Fuego Tipo Comercial y Encubrimiento" por parte de mi defendido, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que los hechos estimados y declarados probados se deriva de prueba dudosa y no terminante. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, como ser la testifical, documental y pericial con la que consideramos no haberse acreditado plenamente que en fecha veinte (20) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), a eso de las diez de la noche (10:00 pm), se encontraban los señores Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta, frente a Gasolinera Puma, ubicada en la primera entrada de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, cuando llegaron los señores José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Geymi Nicole García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López) y dos menores de edad de ambos sexos a bordo de un vehículo con reporte de robo tipo camioneta, color blanco, marca Mitsubishi Montero Sport, placa PDV-9903, del cual se bajaron tres de sus ocupantes entre ellos José Luis Velásquez y los dos menores de edad, quienes con armas de fuego en mano, una tipo pistola marca Smith and Wesson, calibre 9mm, serie VJJ5993, modelo 910 y una tipo pistola marca Girsan, Modelo Yavuz, 16 Bora, Serie T6368-06, calibre 9mm, procedieron a disparar contra la humanidad de los señores: Darwin Efraín Ordoñez Martínez a quién le provocaron cinco (5) heridas que le causaron laceración Cardiaca; asimismo le dispararon al señor Carlos Daniel Martínez Acosta, a quien le provocaron nueve (9) heridas que le causaron laceración Cardiaca, muriendo ambos de manera inmediata. SEGUNDO: Seguidamente personas que se encontraban en el lugar llamaron al 911 y dieron noticia a las autoridades de lo sucedido y brindaron las características físicas del vehículo y el rumbo que tomaron a bordo de éste los señores José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza) y Gdeymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López) y sus otros dos acompañantes; dicho vehículo fue monitoreado su recorrido a través de las cámaras de seguridad vial, hasta que llegaron a la colonia el Pedregal, en donde se encontraba un retén policial, al cual ya habían alertado sobre el paso de dicho vehículo en ese sector; una vez que dicho vehículo se aproximó, Agentes Policiales les hicieron señal de parada y observaron que era el mismo vehículo en alerta por lo que procedieron a practicar un registro personal a sus ocupantes y a registrar el vehículo en mención, encontrando en el interior del mismo las dos armas de fuego antes referidas por lo que en el acto dichos agentes procedieron a su detención. Dicho lo anterior la defensa del imputado José Luis Velásquez Gutiérrez no está de acuerdo con la supuesta participación de mi representado en los hechos investigados, en vista que el único testigo Protegido H2O propuesto por el Ministerio Público consideramos por una parte ser insuficiente y no creíble, es decir que existe duda que el imputado haya participado en el hecho que se le imputa, específicamente con el referido único testigo presencial de cargo Protegido "H20" (incorporado mediante lectura autorizada), por lo que a todas luces se puede deducir que la misma carece de credibilidad por existir inconsistencias como ser: a) Que se trata de una declaración escasa en lo observado donde la misma consta de una sola página que rindiera el testigo protegido en audiencia inicial, es decir momento casi inmediato a la fecha en que ocurrió el hecho criminal; b) El Testigo Protegido menciona en su declaración que el trabaja de noche pero que estaba de vacaciones, que primero llegaron a las once de la mañana y luego volvieron en la noche, haciéndonos la pregunta ¿Cómo es posible que estando de vacaciones va a estar en el mismo punto en la mañana y va a estar en el mismo punto a las diez de la noche, que fue la hora en que ocurrieron los hechos?; c) Asimismo declara que él se escondió detrás de unos carros, entonces ¿Cómo es posible que se escondiera detrás de unos carros y haya podido observar con tanta precisión a esa hora de la noche y ver lo que sucedió ese día en la gasolinera de la colonia Kennedy?; d) Otra inconsistencia es que declaró que se encontraba en ese parqueo frente a una gasolinera de Pizza Hut, cuando en ese lugar no existe ningún restaurante de Pizza Hut; e) Que al preguntársele en juicio oral al testigo protegido que describiera físicamente a cada una de las personas este no dio ninguna declaración ni especificación de quienes eran las personas que supuestamente se encontraban en el vehículo y quienes eran las personas que se habían bajado; f) También el testigo protegido menciona que se bajaron del vehículo tres personas, pero no identifica quienes eran, ni como andaban vestidos, ni cuales eran sus características físicas como para poder imputar a nuestro representado los delitos que se le atribuyen, solo hace mención que iban a ser las diez de la noche y que salió a fumar; observándose en dicha declaración que no dijo nada relevante como para incriminar por dos delitos de asesinato a nuestro representado; g) Por otro lado existe un punto muy importante como lo es el hecho que ni en la etapa preparatoria ni mucho menos en el juicio oral se contó con la presencia del dueño del vehículo automotor supuestamente robado para que con su relato se pudiera acreditar que fue lo que en realidad sucedió con éste vehículo, porque siendo así el dicho de los testigos de cargo se quedan huérfanos sin respaldo sustentatorio, sin dejar pasar el hecho que dicho vehículo automotor fue encontrado en plena vía pública, es ahí donde nos hacemos las preguntas ¿por qué se le acusa por ocultamiento de vehículo?, ¿Dónde está el Ocultamiento de Vehículo si fue encontrado en vía pública? Es decir que no lo tenían escondido en un garaje, ni cubierto en algún lugar específico, por consiguiente se observa a todas luces que no se reúnen cada uno de los elementos del tipo penal del delito de ocultamiento de vehículo para imputárselo a nuestro representado; h) Sumado a lo anterior existió un acta de registro vehicular misma que fue ratificada por el policía militar Cristian Calix, considerando la defensa que dicha acta carece de valor probatorio en vista que no se hizo con las formalidades establecidas por la normativa procesal penal, ya que el artículo 208 del Código Procesal Penal ya establece quienes son y cuál es el procedimiento que se debe seguir en una inspección de vehículo, esta inspección debió hacerse por personas especialistas en la escena del crimen, es decir por agentes especializados y no por cualquier persona, en consecuencia dicha acta carece de valor probatorio y no debió ser tomada en cuenta por el tribunal para condenar a nuestro representado por carecer de las formalidades requeridas por la ley; i) Asimismo supuestamente la policía encontró en el vehículo dos (2) armas de fuego, donde en dicho vehículo automotor se conducían varias personas (cuatro), donde dos de ellos fueron remitidos al Juzgado de la Niñez por ser menores de edad, es entonces que nos preguntamos ¿Cómo podemos atribuir efectivamente a quien pertenecían dichas armas o individualizar quien o quienes las portaban, en vista que a nuestro representado no se les decomisó nada y dichas armas se encontraron supuestamente dentro del vehículo automotor?; y j) Por último existió un dictamen de absorción atómica, que la defensa lo venía pidiendo desde la etapa preparatoria, el cual al darle lectura se observa que esa prueba se le realiza a nuestro representado el mismo día que se les da detención; dicha prueba se le hizo en las oficinas del Core 7, donde posteriormente fue llevado a los laboratorios del Ministerio Público, prueba esta que salió negativa, es decir que no se le encontró residuos de pólvora a nuestro representado en sus manos o vestimenta, pero el Ministerio público demerito dicha prueba diciendo que no era contundente y que la misma no refleja nada seguro; advirtiendo el técnico especialista que el resultado de dicha prueba puede ser negativa por muchas razones, que la persona no disparo un arma de fuego, que la munición utilizada no produce suficientes residuos, que la persona que disparo haya podido rosar sus manos con sus prendas de vestir o con la superficie o que se haya lavado las manos, siendo esto demasiado subjetivo; además dicen los policías que monitorean el recorrido de los imputados por las cámaras de seguridad vial y en el juicio oral el ente acusador no presento ningún video del monitoreo de dicha persecución para así respaldar el dicho de los testigos de cargo y por ende imputar a nuestro representado los delitos de dos asesinatos, tenencia de armas de fuego y ocultamiento de vehículo, razón por la cual la defensa considera que aquí no se está hablando de mínimos indicios, por lo que para condenar a una persona debe de haber certeza de la participación en los hechos que se le imputan. Siendo así consideramos que la declaración del testigo Protegido de cargo "H2O" no debió ser tomada en cuenta por el Tribunal Sentenciador, por las razones antes señaladas, de lo cual podemos arribar a la conclusión que este testigo mintió al decir quien le había dado muerte a los señores Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta; sumado a esto consideramos que el mismo faltó a la verdad para que se le tomara su declaración como protegido por considerar ser poco creíble su relato razón por la cual su declaración incorporada a juicio fue condicionada; en tanto que el contenido de la misma pone de manifiesto que no era posible que a esa hora de la noche, escondido detrás de unos carros y que trabajaba de noche pero que estaba de vacaciones pudiera observar que primero llegaron a las once de la mañana y luego por la noche e identificar a los hechores, por lo que partiendo de esa manifestación del testigo protegido "H2O" somos del criterio que el mismo es espurio o que existía algún móvil de interés personal en querer perjudicarlo. TERCERO: Ahora bien Honorables Magistrados el hecho que el Tribunal Sentenciador haya tomado como sustento valorativo la declaración del testigo protegido "H2O" nos deja preocupados y ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la Institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que el juzgador basa su fallo en una declaración dudosa, confusa e ilógica, y con la gran posibilidad que dicha declaración este motivada por móviles espurios. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mi representado José Luis Velásquez Gutiérrez para conocer con certeza si este junto a otras personas en realidad le dio muerte a los señores Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta. Por todo ello el testigo protegido "H2O" de cargo no fue contundente, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autor del delito de Asesinato, Tenencia de Armas de Fuego de tipo comercial y Encubrimiento a mi representado José Luis Velásquez Gutiérrez, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulnero al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mi representado José Luis Velásquez Gutiérrez le haya dado muerte junto a otras personas a los occisos y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de la declaración del testigo Protegido "H2O" la cual es impropia carente de veracidad plena, siendo mínima no resultando corroborable con otras pruebas, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa nuestro representado en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a José Luis Velásquez Gutiérrez como autor directo porque así lo dijera el dudoso testigo de cargo Protegido "H2O". RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.”Recurrente N°2 La recurrente Abogada Carmen Reyna Ortiz Canales, en su condición de defensora publica de Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “MOTIVO ÚNICO: No haber observado el Sentenciador en la Valora- ración de la prueba las reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el articulo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". PRIMERO: En la sentencia recurrida, el Tribunal al valorar la prueba de cargo incurre en claras omisiones, que hacen a dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica en su postulado de la derivación. En el presente caso precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual está orientado el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, ésta última ha resultado ignorada por el Tribunal de Sentencia debido a que para la observancia de esta ley se exige al Juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos congruentes, verdaderos y suficientes. SEGUNDO: Resulta que la sentencia recurrida no está provista de un razonamiento intelectivo armónico con las reglas de la sana crítica, porque la conclusión a la que arribó el Tribunal para condenar a la joven GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ no proviene de elementos suficientemente aptos para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en los sucesos ilícitos que se le atribuyen, por el contrario la acción imputada ha resultado imprecisa como para deducir la culpabilidad como autora de los delitos de "Asesinato, Tenencia de Arma de Fuego Tipo Comercial y Encubrimiento" por parte de mi defendida, pues del análisis de las pruebas que sirven de base a la sentencia impugnada hemos concluido que las mismas muestran insalvables inconsistencias que vuelven dudoso su contenido. TERCERO: Honorables Magistrados, si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, como ser la testifical, documental y pericial no consideramos que con ella se haya acreditado plenamente que en los hechos sucedidos el 20 de febrero de 2017, a eso de las diez de la noche (10:00 pm), en los que perdieran la vida los señores Darwin Efraín Ordóñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta, frente a Gasolinera Puma, ubicada en la primera entrada de la Colonia Kennedy de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, haya participado, junto a otras personas, la joven GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ, perpetradores que habrían llegado al lugar a bordo de un vehículo con reporte de robo tipo camioneta, color blanco, marca Mitsubishi Montero Sport, placa PDV-9903, del cual se bajaron tres de sus ocupantes quienes con armas de fuego en mano procedieron a disparar contra la humanidad de los ofendidos causándole múltiples lesiones que les produjeron la muerte de forma inmediata. CUARTO: Dicho lo anterior la defensa de la joven GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ no está de acuerdo con la supuesta participación de mi representada en los hechos investigados, en vista que el único testigo Protegido H2O propuesto por el Ministerio Público consideramos por una parte ser insuficiente y no creíble, es decir que existe duda que la imputada haya participado en el hecho que se le atribuye, específicamente con lo referido por el único testigo presencial de cargo Protegido "H2O" (incorporado mediante lectura autorizada), por lo que a todas luces se puede deducir que la misma carece de credibilidad por existir inconsistencias como ser: a) Que se trata de una declaración de escaso contenido, misma que en lo esencial estácontenido en menos de una página que rindiera el testigo protegido en audiencia inicial, es decir momento casi inmediato a la fecha en que ocurrió el hecho criminal; b) El Testigo Protegido menciona en su declaración que él trabaja de noche pero que estaba de vacaciones, que primero llegaron a las once de la mañana y luego volvieron en la noche, haciéndonos la pregunta ¿Cómo es posible que estando de vacaciones va a estar en el mismo punto en la mañana y va a estar en el mismo punto a las diez de la noche, que fue la hora en que ocurrieron los hechos?; c) Asimismo declara que él se escondió detrás de unos carros, entonces ¿Cómo es posible que se escondiera detrás de unos carros y haya podido observar con tanta precisión a esa hora de la noche y ver lo que sucedió ese día en la gasolinera de la colonia Kennedy?; d) Otra inconsistencia es que declaró que se encontraba en ese parqueo frente a una gasolinera de Pizza Hut, cuando en ese lugar no existe ningún restaurante de Pizza Hut; e) Que en su momento al preguntársele que describiera físicamente a cada una de las personas este no dio ninguna declaración ni especificación de quienes eran las personas que supuestamente se encontraban en el vehículo y quienes eran las personas que se habían bajado; f) También el testigo protegido menciona que se bajaron del vehículo tres personas, pero no identifica quienes eran, ni cómo andaban vestidos, ni cuáles eran sus características físicas como para poder imputar a nuestra representada los delitos que se le atribuyen, solo hace mención que iban a ser las diez de la noche y que salió a fumar; observándose en dicha declaración que no dijo nada relevante como para incriminar por dos delitos de asesinato a nuestra representada; g) Por otro lado existe un punto muy importante como lo es el hecho que ni en la etapa preparatoria ni mucho menos en el juicio oral se contó con la presencia del dueño del vehículo automotor supuestamente robado para que con su relato se pudiera acreditar qué fue lo que en realidad sucedió con éste vehículo, porque siendo así el dicho de los testigos de cargo se quedan huérfanos sin respaldo que los corrobore, sin dejar pasar el hecho que dicho vehículo automotor fue encontrado en plena via pública, es ahí donde nos hacemos las preguntas ¿por qué se le acusa por ocultamiento de vehículo?, ¿Dónde está el Ocultamiento de Vehículo si fue encontrado en vía pública? Es decir que no lo tenían escondido en un garaje, ni cubierto en algún lugar específico, por consiguiente se observa a todas luces que no se reúnen cada uno de los elementos del tipo penal del delito de ocultamiento de vehículo para imputárselo a nuestra representada; h) Sumado a lo anterior en el fallo impugnado consta lo siguiente: 1) la existencia del Acta de Registro Vehicular misma que fue ratificada por el policía militar Cristian Cano, considerando la defensa que dicha acta carece de valor probatorio en vista que no se hizo con las formalidades establecidas por la normativa procesal penal, ya que el artículo 208 del Código Procesal Penal ya establece quiénes son y cuál es el procedimiento que se debe seguir en una inspección de vehículo, esta inspección debió hacerse por personas especialistas en la escena del crimen, es decir por agentes especializados y no por cualquier persona, en dicha acta se consigna el encuentro de cinco armas de fuego; 2) Constancia de Balística de Registro de Armas Decomisadas en la que se aprecia en el contenido de dicha acta, referente a lo recibido y peritado en los laboratorios balísticos, no coincide con lo descrito en el registro vehicular, ya que en el acta de inspección se consigna que en el vehículo inspeccionado se encontraron un total de cinco armas de fuego, pero en el laboratorio balístico únicamente se recibieron cuatro armas y en los hechos probados del fallo impugnado se declara que fueron dos las armas encontradas en dicho vehículo, entonces ¿cuántas eran las armas realmente encontradas?; 3) Acta de Levantamiento de Cadáver y RECOLECCIÓN DE INDICIOS, según ésta en la escena del delito se recolectaron únicamente 25 casquillos de arma de fuego calibre 9mm que en su base se lee Águila 9mm y 3 casquillos que en su base se lee Luger 9mm Win, sin embargo, en el Dictamen Balístico Comparativo número 2206 se hicieron pericias sobre evidencias que en las actas que constan en la sentencia impugnada no se describe cuál es su procedencia, consecuentemente dichos medios de prueba carecen de valor probatorio y no debieron ser tomadas en cuenta por el Tribunal para condenar a nuestra representada por carecer de las formalidades requeridas por la ley; i) Asimismo supuestamente la policía encontró en el vehículo cinco armas de fuego, vehículo automotor en el que se conducían varias personas (cuatro), donde dos de ellos fueron remitidos al Juzgado de la Niñez por ser menores de edad, es entonces que nos preguntamos ¿Cómo podemos atribuir efectivamente a quien pertenecían dichas armas o individualizar quien o quienes las portaban, en vista que a nuestra representada no se le decomisó nada y dichas armas se encontraron supuestamente dentro del vehículo automotor?; y j) Por último existió un dictamen de absorción atómica, que la defensa lo venía pidiendo desde la etapa preparatoria, el cual al darle lectura se observa que esa prueba se le realiza a nuestra representada el mismo día que se le dan detención; dicha prueba se le hizo en las oficinas del Core 7, donde posteriormente fue llevado a los laboratorios del Ministerio Público, prueba esta que salió negativa, es decir que no se le encontró residuos de pólvora a nuestra representada en sus manos o vestimenta, pero el Ministerio público demeritó dicha prueba diciendo que no era contundente y que la misma no refleja nada seguro; advirtiendo el técnico especialista que el resultado de dicha prueba puede ser negativa por muchas razones, que la persona no disparó un arma de fuego, que la munición utilizada no produce suficientes residuos, que la persona que disparó haya podido rosar sus manos con sus prendas de vestir o con la superficie o que se haya lavado las manos, siendo esto demasiado subjetivo lo que genera dudas en cuanto a si la joven GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ disparó o no un arma de fuego, dudas que por aplicación del principio del in dubio pro reo deben favorecer a la imputada y no como lo hace el Tribunal que ante la duda opta por interpretarla en contra de la imputada; además dicen los policias que monitorean el recorrido de los imputados por las cámaras de seguridad vial y en el juicio oral el ente acusador no presentó ningún video del monitoreo de dicha persecución para así respaldar el dicho de los testigos de cargo y por ende imputar a nuestra representada los delitos de dos asesinatos, tenencia de armas de fuego y ocultamiento de vehículo robado, razón por la cual la defensa considera que aquí no se está hablando de mínimos indicios, por lo que para condenar a una persona debe de haber certeza de la participación en los hechos que se le imputan. Siendo así consideramos que la declaración del testigo Protegido de cargo "H2O" no debió ser tomada en cuenta por el Tribunal Sentenciador, por las razones antes señaladas, de lo cual podemos arribar a la conclusión que este testigo no dijo la verdad al señalar a quien le había dado muerte a los señores Darwin Efraín Ordoñez Martinez y Carlos Daniel Martínez Acosta; sumado a esto consideramos que él faltó a la verdad para que se le tomara su declaración como protegido por considerar ser poco creíble su relato razón por la cual su declaración incorporada por lectura al juicio fue condicionada; en tanto que el contenido de la misma pone de manifiesto que no era posible que a esa hora de la noche, escondido detrás de unos carros y que trabajaba de noche pero que estaba de vacaciones pudiera observar que primero llegaron a las once de la mañana y luego por la noche e identificar a los hechores, por lo que partiendo de esa manifestación del testigo protegido "H2O" somos del criterio que el mismo es espurio o que existía algún móvil de interés personal en querer perjudicar a los imputados. QUINTO Ahora bien, Honorables Magistrados, el hecho que el Tribunal Sentenciador haya tomado como sustento probatorio la declaración del testigo protegido "H2O" nos deja preocupados y ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la institución encargada de la persecución penal por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertas que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, por lo que el Juzgador basa su fallo en una declaración dudosa, confusa e ilógica, y con la gran posibilidad que dicha declaración este motivada por móviles espurios. SEXTO: Considera la defensa que las señaladas circunstancias que se dieron en el debate no permiten tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mi representada GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ para conocer con seguridad si ella, junto a otras personas, en realidad le dio muerte a los señores Darwin Efraín Ordoñez Martínez y Carlos Daniel Martínez Acosta. Por todo ello el testigo protegido "H2O" de cargo no fue contundente, ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical, documental y pericial la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autora del delito de Asesinato, Tenencia de Armas de Fuego de tipo comercial y Encubrimiento a mi representada GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vayan determinando, principio que se vulneró al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mi representada GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ le haya dado muerte, junto a otras personas, a los occisos y que por lo tanto su actuar equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de la declaración del testigo Protegido "H2O" la cual es impropia, carente de veracidad plena no resultando corroborada con otras pruebas, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa nuestra representada en los hechos, en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a GEYMI NICOLLE GARCÍA LÓPEZ como autora directa porque así lo dijera el dudoso testigo de cargo Protegido "H2O". RECLAMACIÓN HECHA PARA LA SUBSANACIÓN DEL VICIO Por haberse producido el vicio denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1.Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2.Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3.Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4.Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5.La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7.Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por las recurrentes N°1 y N°2. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla cuarta N°2 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica; • Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia; • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. El contenido de libelo en que desarrolla el recurso de casación la Recurrente 1, es idéntico a aquel presentado por la Recurrente 2; por ello ambos recursos serán resueltos en un mismo pronunciamiento casacional, ambos fundan su reproche recursivo de quebrantamiento de forma, en la violación de las reglas de la Sana Crítica, concretamente de la regla lógica de derivación, realizando alegatos propios de instancia, realizando su propia valoración de la prueba sin confrontar los principios o reglas de la sana crítica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que este último no sigue lo mandado por el primero; y señalan que existe duda en la participación de sus defendidos, señalando que la declaración del testigo protegido “H20” no debió ser tomada en cuenta por el Tribunal de Sentencia para condenar a sus representados. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado: Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la Procedencia del Único Motivo Plateado por la Recurrente N°1 y la Recurrente n° 2. el recurso no es de recibo. El contenido de libelo en que desarrolla el recurso de casación el Recurrente N°1, es idéntico a aquel presentado por el Recurrente N°2; por ello ambos recursos serán resueltos en un mismo pronunciamiento casacional. Manda el artículo 350 del Código Procesal Penal que, en los recursos devolutivos, como lo es el recurso extraordinario de casación, el tribunal de alzada solo se deberá pronunciar sobre los aspectos que fueron objeto de impugnación; lo que constituye una disposición que a su vez prohíbe que los tribunales ad-quem resuelvan los recursos devolutivos haciendo pronunciamientos sobre aspectos distintos a aquellos que el recurrente ha identificado como de su interés para ser corregido. Es por tal disposición legal que la Sala de lo Penal dará respuesta estrictamente a aquello que el defensor público ha identificado como aspectos a revisar en sede casacional, sin extender su pronunciamiento a otros aspectos de la sentencia, que no fueron del interés del recurrente.- La resolución que presenta esta Sala de lo Penal se limita estrictamente a lo que fue impugnado, determinando primero si los argumentos son correctos conforme al recurso y motivo elegido, y en su caso, si lo que se denuncia efectivamente es concurrente; por ello cuando la Sala de lo Penal rechaza un recurso por mala técnica no equivale a decir que la sentencia ha superado revisión de legalidad; por el contrario, se está declarado que no se realizó dicha revisión como consecuencia de un mal planteamiento del recurso. El caso que nos ocupa es un recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la violación de las reglas de la sana crítica; lo que hace dirigir la atención a los hechos declarados probados y a la valoración intelectiva de los medios de prueba, pues es en ese proceso en donde los jueces de sentencia pueden incurrir en el vicio que se está denunciando; empero en el desarrollo del recurso interpuesto la Defensa Pública, se aprecian profundas dolencias a una correcta falta de técnica recursiva por la falta de precisión y calidad, por la impropiedad de los alegatos y por la impropiedad de la pretensión: i.- Transcribe los hechos declarados probados; ii.-Alega que la prueba es dudosa, que la prueba no es creíble, que los testigos Maria Santos Calderón Reyes y Testigo Protegido clave 10 mintieron, que son inconsistentes; todos ellos alegatos de instancia que pretenden que este tribunal ad-quem revalorice la prueba, lo que como ya se ha indicado, no le es permitido por la ley; iii.- Que el Tribunal de Sentencia no determina con exactitud cuál fue el accionar de Jeremías Trochez. Las alegaciones sustituyeron lo que debió ser el verdadero planteamiento casacional, identificando el razonamiento judicial que se considera vicioso y la demostración del porqué éste ha violentado alguna de las reglas de la sana critica. Debe recordar la Defensa Pública que la confección del recurso parte de un proceso básico, a saber:1. Lectura de la sentencia e identificación de los razonamientos judiciales intelectivos, en donde se haga análisis y valoración de la prueba; Normalmente se encuentran en el apartado de “Fundamentación Probatoria”, lo que no obsta para que de igual modo puedan ser encontrados en el apartado de “Fundamentación Jurídica”; El razonamiento es un proceso de la lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, que en nuestro caso es la prueba. 2. Determinación de que en la sentencia existen razonamientos judiciales mal construidos por colisionar con el recto entendimiento humano; 3. Identificación de las reglas de la sana crítica que fueron inobservadas o mal aplicadas en el razonamiento judicial; 4. Confrontación de los principios o reglas de la sana crítica con el razonamiento judicial, a efecto de demostrar que este último no sigue lo mandado por el primero; 5. Determinación del porqué el razonamiento judicial resulta relevante para la formación del convencimiento judicial que llevó a la decisión adoptada. En ocasiones será necesario hacer relación de la prueba de donde parte el razonamiento judicial, ello no con el objeto de pedir que se revalore la prueba sino para demostrar que dicho razonamiento ha sido mal construido por reñir con la específica regla de la sana crítica que se ha señalado. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta; nos referimos a una debida técnica recursiva, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- Por tanto, es irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo, se insiste, el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no el tratar de sobreponer una valoración alternativa, indicando que testigos, peritos o documentos no tiene credibilidad, son dudosos o inconsistentes, pues ello es pedir un nuevo examen de valoración a la Sala de lo Penal. Por lo anterior se desestima el recurso de casación. DECISIÓN: No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Lesly Sofia Medina Sierra, en su condición de defensora pública de José Luis Velásquez, conocido también como William Fernando Escobar Carranza No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Carmen Reyna Ortiz Canales, en su condición de defensora pública de Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son:1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena).Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Suplementario No fue presentado ante la única instancia, escrito por parte de las defensas de los acusados José Luis Velásquez conocido también como William Fernando Escobar Carranza y Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio, tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores: 1- José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza), las siguientes sanciones: i.- Dos delitos de Asesinato, a la pena de veinte años de reclusión, por cada delito. ii- Tenencia Ilegal de Armas de Tipo Comercial, a la pena de tres años de reclusión. iii.- Encubrimiento de Vehículo Automotor Robado, a la pena de tres años de reclusión. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta, Inhabilitación Especial e Interdicción Civil y declaró la responsabilidad civil. En suma, las penas principales obligan al acusado a cumplir cuarenta y seis (46) años de reclusión. 2- Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López), las siguientes sanciones: i.- Dos delitos de Asesinato, a la pena de veinte años de reclusión, por cada delito. ii- Tenencia Ilegal de Armas de Tipo Comercial, a la pena de tres años de reclusión. iii.- Encubrimiento de Vehículo Automotor Robado, a la pena de tres años de reclusión. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta, Inhabilitación Especial e Interdicción Civil y declaró la responsabilidad civil. En suma, las penas principales obligan al acusado a cumplir cuarenta y seis (46) años de reclusión. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017. 1.- Delito de Asesinato (Art.193), debe imponérsele una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años de prisión. 2.- Delito de Tenencia o Porte Ilegal De Armas, (Art. 580) se penaliza así: De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas; y 1) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. Del hecho probado se describe que los acusados José Luis Velásquez y Geymi Nicolle García López, portaban las armas de fuego sin autorización, encontrándolas en el interior del vehículo en el que se transportaban al momento de su captura, por lo cual la pena abstracta a imponer sería de cuatro (04) años a cinco (05) años cuatro (04) meses de prisión, más las penas accesorias correspondientes. 3.- Delito de Encubrimiento (artículo 513), cuya pena es la correspondiente al delito encubrimiento rebajada en dos tercios (2/3), en este caso el delito encubierto se trata de un delito de Robo de Vehículo. En el presente caso los juzgadores establecieron que el delito que encubrieron los acusados Vicente Antonio Meza Fuentes fue un robo de vehículo automotor; el delito de robo con intimidación conforme a la nueva legislación penal tiene una pena abstracta de 04 a 08 años de prisión (Art. 361), pena que como se ha indicado debe ser rebajada en dos tercios (2/3) para determinar la pena abstracta de encubrimiento, siendo ésta entonces de 01 año 04 meses a 02 años 08 meses de prisión. En suma, la pena abstracta que deberá imponerse a los acusados José Luis Velásquez conocido también como William Fernando Escobar Carranza y Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejia o Génesis García López, con la nueva disposición penal sería de 45 años 04 meses a 58 años de prisión. A partir de lo anterior, al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017, la pena impuesta se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que les hubiese corresponder en el caso de ser juzgados conforme a las normas del CP 130-2017, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo, interpuesto por la Abogada Lesly Sofia Medina Sierra, en su condición de defensora pública de José Luis Velásquez (conocido también como William Fernando Escobar Carranza). Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo, interpuesto por la Abogada Carmen Reyna Ortiz Canales, en su condición de Defensora Pública de Geymi Nicolle García López (conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López). Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por no representar un beneficio a favor de los acusados José Luis Velásquez, conocido también como William Fernando Escobar Carranza y Geymi Nicolle García López, conocida también como Geymy Lilibeth López Mejía o Génesis García López. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia condenatoria de fecha quince de octubre del año dos mil diecinueve, (f. 287) dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio.. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veinticinco de julio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-264-2020.

LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ

Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal”