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Sentencia CP-244-19 — Registro 19967

Resumen

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de asesinato, resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar al recurso de casación y declaró la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del único motivo de casación. El único motivo no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, los recurrentes que alegan la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo a la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revision de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A- quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto con relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, la parte recurrente acude a alegatos de instancia para sustentar la explicación del vicio, y no tiene duda la Sala de lo Penal que la parte recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la Defensa, todo ello impropio de sede casacional. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y, finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Nada de lo anterior ha sido debidamente desarrollado por los recurrentes, quienes se limitan a relacionar los medios de prueba de cargo evacuados en juicio y posteriormente hacer su particular valoración intelectiva de los medios determinando el alcance que a su parecer tiene cada uno de ellos. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del único motivo de casación. El único motivo no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, los recurrentes que alegan la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo a la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revision de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A- quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto con relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, la parte recurrente acude a alegatos de instancia para sustentar la explicación del vicio, y no tiene duda la Sala de lo Penal que la parte recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la Defensa, todo ello impropio de sede casacional. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y, finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Nada de lo anterior ha sido debidamente desarrollado por los recurrentes, quienes se limitan a relacionar los medios de prueba de cargo evacuados en juicio y posteriormente hacer su particular valoración intelectiva de los medios determinando el alcance que a su parecer tiene cada uno de ellos. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Hugo Roberto Coto Soriano y Armando Chávez Mejia, la pena principal de cuarenta y dos (42) años de reclusión por ser autores de dos delitos de Asesinato, en perjuicio de Héctor Edgardo Garcia Herrera y María Pedrina Saavedra, y se le condenó al señor Hugo Roberto Coto Soriano por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Ernesto Gómez, a la pena de quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal, el delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193 con una pena de 20 a 25 años de prisión; como delito de homicidio (artículo 192) cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años; asimismo el articulo 66 en relación al concurso real en su párrafo quinto manifiesta que: en el caso de que alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable exceda de veinte (20) años, el máximo de cumplimiento efectivo de la pena es de cuarenta (40) años; al hacer el comparativo de penas, el artículo 35 del código penal (Decreto 144-83) establece como límite de cumplimiento en relación a las penas acumuladas por varios delitos no excederán de treinta (30) años. Es posible concluir que la pena impuesta conforme a la legislación derogada (Decreto 144-83) no le favorece, por lo que no procede aplicar de forma retroactiva la nueva legislación penal (Decreto 130-2017). Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66, 580 y 616 del Código Penal decreto 130-2017..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Hugo Roberto Coto Soriano y Armando Chávez Mejia, la pena principal de cuarenta y dos (42) años de reclusión por ser autores de dos delitos de Asesinato, en perjuicio de Héctor Edgardo Garcia Herrera y María Pedrina Saavedra, y se le condenó al señor Hugo Roberto Coto Soriano por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Ernesto Gómez, a la pena de quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal, el delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193 con una pena de 20 a 25 años de prisión; como delito de homicidio (artículo 192) cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años; asimismo el articulo 66 en relación al concurso real en su párrafo quinto manifiesta que: en el caso de que alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable exceda de veinte (20) años, el máximo de cumplimiento efectivo de la pena es de cuarenta (40) años; al hacer el comparativo de penas, el artículo 35 del código penal (Decreto 144-83) establece como límite de cumplimiento en relación a las penas acumuladas por varios delitos no excederán de treinta (30) años. Es posible concluir que la pena impuesta conforme a la legislación derogada (Decreto 144-83) no le favorece, por lo que no procede aplicar de forma retroactiva la nueva legislación penal (Decreto 130-2017). Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66, 580 y 616 del Código Penal decreto 130-2017..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-244-2019, que literalmente dice:” Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de octubre del dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-244-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante el cual falló: PRIMERO: Condenó a Hugo Roberto Coto Soriano, como autor responsable materialmente de un delito consumado de Asesinato en perjuicio del señor Héctor Edgardo García Herrera, a la pena de veintiún (21) años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. SEGUNDO: Condenó a Hugo Roberto Coto Soriano, como autor responsable materialmente de un delito consumado de Asesinato en perjuicio de María Pedrina Saavedra, a la pena de veintiún (21) años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. TERCERO: Condenó a Hugo Roberto Coto Soriano, como autor responsable materialmente de un delito consumado de Homicidio Simple en perjuicio de Ernesto Gómez, a la pena de quince (15) años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. CUARTO: Condenó a Armando Chávez Mejía, como autor responsable materialmente de un delito consumado de Asesinato en perjuicio de Héctor Edgardo García Herrera, a la pena de veintiún (21) años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. QUINTO: Condenó a Armando Chávez Mejía, como autor responsable materialmente de un delito consumado de Asesinato en perjuicio de María Pedrina Saavedra, a la pena de veintiún (21) años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. SEXTO: Condenó a los señores Hugo Roberto Coto Soriano y Armando Chávez Mejía, como consecuencia de las penas de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión. SÉPTIMO: Declaró a Hugo Roberto Coto Soriano y Armando Chávez Mejía, responsables civilmente de los delitos por los cuales hoy se les condena. OCTAVO: Sin COSTAS. NOVENO: No procedió el comiso. Son partes en única instancia: Los abogados Sandra Leticia Quesada Castillo y Jimmy Francisco Funez Aguilar, en su condición de defensores privados de Hugo Roberto Coto Soriano, y la abogada Marina Audely Varela en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO.- En fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis, siendo la una treinta de la mañana, los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO, ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA y otra persona, portando armas de fuego y armas blancas, tipo machete, llegaron a la casa de habitación de los señores HÉCTOR EDGARDO GARCÍA HERRERA Y MARÍA PEDRINA SAAVEDRA, ubicada en la aldea El Pasquigualón del municipio de Dolores, departamento de Copán; estando ahí, el acompañante de los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO Y ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA, después de tocar la puerta de la casa, le solicitó a la señora MARÍA PEDRINA SAAVEDRA, que le vendiera una pastilla, pues ahí funcionaba una pulpería. SEGUNDO.- Cuando la señora MARÍA PEDRINA SAAVERDRA, abrió la puerta de la casa, los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO, ARMANDO CHAVEZ MEJÍA, y su acompañante, ingresaron al interior de la vivienda y le solicitaron que les entregara el dinero que tenía, por lo que el señor HÉCTOR EDGARDO GARCÍA HERRERA, quien se encontraba acostado, se levantó y le entregó el dinero a la señora MARÍA PEDRINA SAAVEDRA, para que esta se los entregara; luego, los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO Y ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA, con las armas blancas, tipo machete que portaban atacaron al señor HÉCTOR EDGARDO GARCÍA HERRERA, ocasionándole heridas en el brazo derecho, tórax, cuello y cabeza que le ocasionaron la muerte; después, los señores HUGO ROBERTO сото SORIANO Y ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA, se dirigieron hacía la señora MARÍA PEDRINA SAAVEDRA, quien estaba siendo sujetada por el otro acompañante, y le solicitaron más dinero, pero al no darles más, la atacaron con las armas blancas, tipo machete que portaban ocasionándole heridas en la mano derecha, cuello y cabeza, que le ocasionaron la muerte. TERCERO.- El señor HÉCTOR EDGARDO GARCÍA HERRERA, falleció a consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico abierto y laceración cerebral, producto de las heridas que por arma blanca, tipo machete, le ocasionaron los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO Y ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA; así mismo, la señora MARÍA PEDRINA SAAVEDRA, falleció a consecuencia de una laceración pulmonar y hemotórax, producto de las heridas que por arma blanca, machete, le ocasionaron los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO Y ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA. CUARTO.- En fecha veintisiete de diciembre del año dos mil dieciséis, entre las ocho treinta y nueve de la noche, en las cercanías de la casa del señor Ernesto Coto, ubicada en la aldea El Triunfo del municipio de Veracruz, departamento de Copán, el señor HUGO ROBERTO COTO SORIANO, después de sostener una discusión con el señor ERNESTO GÓMEZ, sacó un arma de fuego que portaba y disparó en varias ocasiones a la humanidad de este, impactándole varios balazos en tórax, espalda, cintura, brazo derecho y mano izquierda que le produjeron la muerte. QUINTO.- El señor ERNESTO GÓMEZ, falleció a consecuencia de una laceración del corazón y hemopericardio, producto de las heridas que por proyectil de arma de fuego, le ocasionó el señor HUGO ROBERTO COTO SORIAΝΟ.” RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes abogados Sandra Leticia Quesada Castillo y Jimmy Francisco Funez Aguilar, en su condición de defensores privados de Hugo Roberto Coto Soriano, procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “ EXPOSICION DEL MOTIVO UNICO MOTIVO: Que al haber dictado el Juzgador Sentencia Condenatoria por los delitos de dos Asesinatos y Homicidio simple, lo hizo valorando la prueba inobservando las reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Juzgador consideró dictar un fallo condenatorio, al estimar que la prueba de cargo tiene la virtualidad necesaria para demostrar que el acusado participó en los delitos por los que se le acusó, en consecuencia tuvo por cierto los siguientes hechos probados: PRIMERO: En fecha veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis, siendo la una treinta de la mañana, los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO, ARMANDO CHAVEZ MEJIA y otra persona, portando armas de fuego y armas blancas tipo machete, llegaron a la casa de habitación de los señores HECTOR EDGARDO GARCIA HERRERA y MARIA PEDRINA SAAVEDRA ubicada en la aldea El Pasquingualon del municipio de Dolores, departamento de Copán, estando ahí, el acompañante de los señores Hugo Roberto Coto Soriano y Armando Chávez Mejía, después de tocar la puerta de la casa, le solicito a la señora María Pedrina Saavedra que le vendiera una pastilla, pues ahí funcionaba una pulpería. SEGUNDO: Cuando la señora MARÍA PEDRINA SAAVERDRA, abrió la puerta de la casa, los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO, ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA, y su acompañante, ingresaron al interior de la vivienda y le solicitaron que les entregara el dinero que tenía, por lo que el señor HÉCTOR EDGARDO GARCÍA HERRERA, quien se encontraba acostado, se levantó y le entregó el dinero a la señora MARÍA PEDRINA SAAVEDRA, para que esta se los entregara; luego, los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO Y ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA, con las armas blancas, tipo machete que portaban atacaron al señor HÉCTOR EDGARDO GARCÍA HERRERA, ocasionándole heridas en el brazo derecho, tórax, cuello y cabeza que le ocasionaron la muerte; después, los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO y ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA, se dirigieron hacía la señora MARÍA PEDRINA SAAVEDRA, quien estaba siendo sujetada por el otro acompañante, y le solicitaron más dinero, pero al no darles más, la atacaron con las armas blancas, tipo machete que portaban ocasionándole heridas en la mano derecha, cuello y cabeza, que le ocasionaron la muerte. TERCERO: El señor HÉCTOR EDGARDO GARCÍA HERRERA, falleció a consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico abierto y laceración cerebral, producto de las heridas que por arma blanca, tipo machete, le ocasionaron los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO Y ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA; así mismo, la señora MARÍA PEDRINA SAAVEDRA, falleció a consecuencia de una laceración pulmonar y hemotórax, producto de las heridas que por arma blanca, machete, le ocasionaron los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO Y ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA. CUARTO: En fecha veintisiete de diciembre del año dos mil dieciséis, entre las ocho treinta y nueve de la noche, en las cercanías de la casa del señor Ernesto Coto, ubicada en la aldea El Triunfo del municipio de Veracruz, departamento de Copán, el señor HUGO ROBERTO COTO SORIANO, después de sostener una discusión con el señor ERNESTO GÓMEZ, sacó un arma de fuego que portaba y disparó en varias ocasiones a la humanidad de este, impactándole varios balazos en tórax, espalda, cintura, brazo derecho y mano izquierda que le produjeron la muerte. QUINTO: El señor ERNESTO GÓMEZ, falleció a consecuencia de una laceración del corazón y hemopericardio, producto de las heridas que por proyectil de arma de fuego, le ocasionó el señor HUGO ROBERTO COTO SORIANO. Para efectos de declarar los factum primero, segundo y tercero, el Juzgador solo valora la prueba de cargo aportada de la siguiente manera: Testigo Protegido Escorpión "narro los hechos por el vividos y lo hizo de una manera lógica y coherente sin ningún tipo de fascinación ni contradicción, que nos haga restarle credibilidad, pues fue claro y contundente en establecer que los señores HUGO ROBERTO COTO SORIANO, ARMANDO CHÁVEZ MEJÍA, en compañía de otra persona, le dieron muerte a los señores HÉCTOR EDGARDO GARCÍA HERRERA Y MARÍA PEDRINA SAAVEDRA, con arma blanca, machete, declaración que es concordante y complementaria con los dictámenes de autopsia, en relación a las heridas recibidas por los ofendidos, ubicación y objeto que las produjo" Esta valoración resulta ajena a lo que se deriva de la prueba evacuada en juicio y es por ende, donde enfocamos nuestro reproche casacional, en virtud, que si bien en el acto de debate de Juicio Oral y Púbico depuso este testigo de cargo el mismo no es congruente con los demás medios de prueba como aduce el juzgador ya que la Autopsia establece que la herida mortal de la señora María Pedrina Saavedra está ubicada en la región lateral izquierda del cuello de 2.5 cm y profundidad de 15 cm, lo que a todas luces de la lógica, la experiencia y el sentido común indica que fue realizada con arma blanca tipo cuchillo o puñal al igual que otras siete heridas punzo cortante profundas en la región del cuello, sin embargo el testigo escorpión en ningún momento estableció la existencia de un arma blanca tipo cuchillo no obstante que fue interrogado en ese sentido por la defensa y que según sus dichos se encontraba a escaso medio metro del lugar donde estaban sucediendo los hechos, aspecto que no valoro el juzgador en descargo de los acusados no obstante que para los jueces los dictámenes de autopsia "resultan creíbles y confiables, pues se trata de prueba científica, debidamente incorporada a juicio, mediante su ratificación por la persona que los elaboró; acreditándose con dicha prueba, las heridas que por arma blanca, machete presentaban los señores HÉCTOR EDGARDO GARCÍA HERRERA y MARÍA PEDRINA SAAVEDRA, que les ocasionaron la muerte"; aduciendo que esta prueba de carácter científico es coincidente con el testimonio del testigo protegido Escorpión valorado y declarado creíble, cuando es evidente como lo hemos dejado de manifiesto la contradicción existente entre estos elementos de prueba. En relación con el acta de inspección de levantamiento de cadáver ratificado por el agente de Investigación Darlin Josué Caballero el juzgador solo valora los aspectos que coinciden con la declaración del testigo protegido cuando establece que con este medio de prueba "los juzgadores damos por acreditado el lugar donde fueron levantados los cuerpos de los ofendidos, siendo este, la aldea El Pasquigualón, Dolores, Copán, las heridas que presentaban en diferentes partes del cuerpo, las cuales fueron ocasionadas por arma blanca, machete, por los acusados, y la causa de muerte de los ofendidos; además, esta prueba resulta coherente y complementaria con los dictámenes de autopsia, ya valorados y declarados creíbles así como con lo manifestado por el testigo protegido Escorpión, también valorado y declarado creíble, en lo que respecta a la vestimenta de los ofendidos, el sitio exacto donde quedaron los cuerpos y la descripción del lugar de los hechos”, sin valorar que tanto los agentes de investigación como el testigo protegido Escorpión establecen como móvil del hecho el robo, sin embargo en la supra indicada acta se establece que la victima HECTOR EDGARDO GARCIA portaba en la bolsa de su pantalón más de cinco mil lempiras por lo que la declaración del testigo protegido Escorpión resulta inverosímil y fantasiosa ya que siendo tres los perpetradores no revisaron a su víctima ni el resto de la casa donde hubieran encontrado al testigo protegido en la habitación contigua donde primero se encontraba durmiendo y luego viendo todo lo sucedido. Finalmente sobre estos hechos la defensa presento prueba de descargo consistente en la declaración testifical del señor Adelmo Carvajal Vásquez a quien el juzgador no le da credibilidad ni le genera confianza únicamente por ser contradictoria con la prueba testifical de cargo declarada creíble, sin establecer los motivos en base a la sana critica que tomaron en consideración para restarle credibilidad y confianza ya que se trata de una autoridad de la comunidad que fue conteste y coherente en su deposición. Enseguida el juzgador a efectos de declarar los factum cuarto y quinto, valora la prueba tanto de cargo como de descargo aportada, solo en los aspectos que inculpa al acusado otorgándole total credibilidad a lo dicho por el Testigo Protegido Águila "en virtud de no apreciar en sus manifestaciones contradicción alguna, y por la forma coherente y contundente en que manifiesta sus vivencias, dándolas a conocer de manera clara y sencilla, lo cual solo puede hacerlo alguien que haya tenido conocimiento de un hecho por sus propios sentidos, por lo que se tienen por ciertos sus dichos; además, con dicho testimonio damos por acreditado que fue el señor HUGO ROBERTO COTO SORIANO, en el lugar y fecha señalado, la persona que con arma de fuego en mano le dio muerte al señor ERNESTO GÓMEZ, medio de prueba que se complementa con lo dicho por el testigo protegido Bambú” sin embargo la misma no es complementaria ni coherente con la prueba científica ni con las inspecciones realizadas al momento del levantamiento por el agente de investigación ni con la realizada in situ por el tribunal, ya que ambos testigos establecen que Hugo Coto y Ernesto Gómez tenían una discusión sin embargo la autopsia establece que la mayor parte de las lesiones las tiene por la espalda, por otro lado si toda la acción se dio en el pasillo de la casa del señor Coto y fueron nueve disparos los que se realizaron porque solo se encontraron 3 casquillos y una ojiva como evidencia, además debemos establecer que desde las posiciones donde aducen los testigos que se encontraban observando los hechos es imposible que hayan podido observarlos mucho menos con tanta exactitud como pretende hacerlo ver el testigo protegido águila al brindar una descripción tan precisa en cuanto a las personas que participaron, los movimientos que realizo el ofendido y al establecer que el acusado le disparo en la cabeza al ofendido y este se quiso ir por lo que Hugo lo siguió y le hiso otros tres o cuatro disparos lo que se contradice con la autopsia en la cual no se establece ninguna herida en la cabeza y con el acta de levantamiento ya que si el ofendido trato irse como es que quedo muerto adentro de la propiedad entre la pila y la pared y no en el pasillo de salida, situaciones todas que valoradas en su conjunto deben causar una duda más que razonable sobre la participación del acusado ya que la declaración de estos testigos es la única prueba que lo vincula al hecho delictivo que se le imputa. En relación al Acta de Inspección y álbum fotográfico ratificado en juico por el agente de investigación Darlin Josué Caballero Ulloa establece el juzgador que "es creíble y confiable y no encontramos motivos que nos haga dudar del mismo, además, fue ratificado en juicio por la persona que lo elaboró, medios de prueba con los cuales damos por acreditado el lugar en donde el señor HUGO ROBERTO COTO SORIANO, con arma de fuego le dio muerte al señor ERNESTO GÓMEZ; además esta prueba, se complementa con lo dicho por los testigos protegidos águila y bambú, declaramos creíbles sin embargo esta Inspección fue realizada un día antes de iniciar el juicio y sin ningún control jurisdiccional, desconociendo el juzgador lo establecido en el articulo 101 numeral 10 del código procesal penal, misma que se realizó con la única intención de ubicar al testigo protegido águila en un lugar donde supuestamente podía observar los hechos ya que este testigo no había sido conocido en ninguna de las etapas anteriores del proceso. Valora el juzgador la prueba consistente en la declaración y ratificación de documento realizada por el agente WILSON ELI MACHADO CASTRO, al manifestar que "al ser analizado por los jueces, resultan creíbles y confiables pues no solo se complementan entre sí, sino, que también resultan coherentes con la prueba que hemos valorado y declarado creíble que nos sirvió de sustento para dar por probados los hechos cuarto y quinto de esta sentencia" no obstante que en dicho informe solo mencionan al testigo protegido bambú como el testigo que presencio los hechos desde una pulpería, que durante la inspección in situ por parte del tribunal se pudo evidenciar que desde esa posición nada podía ver dicho testigo, por otro lado apunta el juzgador las observaciones de dicho informe en el cual se indica que "según información proporcionada por vecinos el señor HUGO ROBERTO COTO SORIANO, le dio muerte al señor ERNESTO GÓMEZ, porque le dijo que lo iba a hundir por que Hugo junto a otras personas mataron a una pareja en la aldea El Pasquigualón, Dolores, Copán" en tanto que el testigo protegido Águila establece que la riña era por robo de café, dejando de lado también las contradicciones introducidas al debate por la defensa y que no fueron fehacientemente aclaradas por el testigo en referencia. En relación con la prueba de descargo presentada el juzgador la valora solo en los aspectos que coincide con la valoración otorgada a la prueba de cargo sin embargo la misma proporciona elementos para que el juzgador pudiera llegar a la convicción de que nuestro representado no participó en el hecho ilícito que se le imputa por las siguientes situaciones: La inspección al expediente clínico 7000296 referente a la hospitalización del joven Franklin Omar Coto producto de dos disparos recibidos durante el hecho ilícito en el que perdió la vida Ernesto Gómez, así como el Levantamiento de Cadáver ratificado por el Doctor Elias Josué Euceda la valoran solo en cuanto es coincidente con lo dicho por el testigo protegido águila aun como testigo de referencia, sin embargo no le dan valor a la declaración del joven Franklin Omar Coto solo por ser hermano del acusado sin observar que su declaración es concordante con los medios de prueba de cargo como ser Dictamen de Autopsia por la ubicación de las heridas que indican según la lógica de la narración de los hechos que hizo este testigo que fueron por la espalda, la Inspección realizada durante el Levantamiento pues solo se encuentran cuatro evidencias en ese lugar lo que indica que no toda la acción se dio ahí sino como lo indica el testigo de descargo y con el Dictamen de Levantamiento ratificado por el Doctor Elías Josué Euceda y el Acta de Inspección del Levantamiento en cuanto a que el lugar estaba oscuro que no podía identificar a las personas y que tuvo que auxiliarse de foco para realizar el examen del cadáver, y la posición en que quedo el cadáver que indica que venía hacia adentro de la propiedad y no saliendo como aduce el testigo protegido águila. Y finalmente en relación a la inspección al lugar de los hechos el juzgador establece que durante dicha inspección "pudo constatar que, en lo referente a la visibilidad que dijeron tener los testigos protegidos Águila y Bambú, al momento de ocurrir los hechos, determinamos los juzgadores, que efectivamente existían en el lugar, los focos y lugares que relacionaron los testigos protegidos al momento de dar su testimonio, comprobando también, que desde los lugares en que estos manifestaron haber observado los hechos había suficiente visibilidad; además, los juzgadores constatamos la existencia y funcionalidad de todas las luces que al momento de los hechos dijeron los testigos que estaban encendidas, de acuerdo a sus testimonios” situación que se aleja totalmente de la realidad ya que los testigos en ningún momento establecen ni que las luces estaban encendidas ni que funcionaban correctamente, en tanto que las declaraciones de descargo como ser la del testigo Franklin Omar Coto y el Doctor Elías Josué Euceda si fueron claros y contestes en cuanto a que el lugar estaba oscuro, motivo por el cual Franklin no pudo ver quien lo atacó y el Doctor utilizó foco para realizar el levantamiento de cadáver la misma noche de los hechos. Partiendo de la valoración de la prueba en su conjunto y por ende del resultado de ello en que se centra nuestro reproche recursivo, pues estimamos que la probanza allegada al juicio resultó ser insuficiente y contradictoria para establecer sin lugar a dudas la autoría en los hechos por parte del acusado. Si advertimos las reflexiones que hizo el Sentenciador una vez analizada toda la prueba desarrollada en audiencia de debate y que lo indujeron a dictar tan desacertada decisión, vemos como efectivamente éste, al momento de valorar la prueba se apartó de las reglas integrantes de la Sana Crítica y para ello basta revisar el contenido de la prueba en sí y los resultados que de ella se derivan, tal como lo desarrollamos a continuación: Se puede advertir que efectivamente en varios aspectos importantes las declaraciones de los testigos de cargo, incurren en contradicciones, con la prueba científica y documental que no advirtió el Juzgador y arriba se señaló; que dichas contradicciones son relevantes al proceso, pues las mismas no son periféricas sino que dejan en evidencia que los testigos no pudieron observar los hechos, por lo que si el Tribunal las hubiere estimado, hubiese realizado una correcta valoración de la totalidad del andamiaje probatorio allegado al proceso y dictar una sentencia absolutoria por insuficiencia probatoria y duda razonable respectivamente. Y es que el Juzgador omitió valorar los medios de prueba de descargo y las mismas contradicciones entre la prueba de cargo a favor del acusado, no obstante que en el debate solo se presentó prueba testifical en relación a la participación del acusado en los hechos pues ninguna prueba científica evacuada vincula a nuestro representado como partícipe de los hechos ya que NO se realizaron comparaciones balísticas, tampoco se le decomiso la fuerte cantidad de dinero supuestamente robado, ni se acredito que nuestro representado poseyera arma de fuego; en tal sentido, no resulta lógico que el Juzgador haya estimado que los medios de prueba testificales por si solos sean suficiente para dictar un fallo de condena como así lo hiso. Bajo estos extremos la actuación de valoración de la prueba efectuada por el Juzgador es violatoria a la Regla Lógica en el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, dado que las razones expuestas para dictar un fallo condenatorio se enfocaron en circunstancias periféricas al asunto tratado, y no de lo realmente derivado de las probanzas del juicio, por cuanto si se analiza la conclusión a la cual arribó como producto del razonamiento de las declaraciones testificales en relación, concatenadas con el resto de la prueba, fácilmente se infiere que dicha probanza fue desvalorada porque según el A-quo los deponentes NO se contradicen entre si, cuando en el fondo SI es así, y así lo confirma la prueba documental y pericial. En resumen, si el Juzgador se hubiese apegado a la observación irrestricta de las reglas integrantes de la Sana Crítica al momento de valorar la prueba evacuada, tal como hemos señalado y hubiese armonizado la prueba en su conjunto, el resultado del proceso hubiese sido un fallo distinto al emitido y por ende ajustado a derecho, por cuanto aún la prueba de cargo fue útil en la pretensión de la defensa, de que los hechos no pudieron haber ocurrido de manera distinta que la narrada por los testigos de descargo. En consecuencia, instamos a Vosotros Honorables Magistrados que se le dé la oportunidad a la Defensa en un nuevo debate, para lograr la realización de justicia en el caso que hoy nos ocupó; haciendo la aclaración que el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, se produjo en el acto mismo de sentenciar, razón por la cual no se hizo reclamo anterior.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada.Unico Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numerales 3 del Código Procesal Penal. Norma Adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numerales 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la sana critica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por los pretensores. Pretensión: Que se case el fallo que se recurre. Para la parte recurrente la valoración realizada por el Tribunal de Sentencia resulta ajena a lo que la prueba derivo, dándole total credibilidad lo narrado por el testigo protegido cuando el mismo es contradictorio con la prueba evacuada, a su vez los testigos por parte de la defensa si fueron claros y conteste a como se realizó la dinámica de los hechos, resultando que la probanza allegada a juicio resulto ser insuficiente y contradictoria para establecer la autoría del imputado en los hechos denunciados, violentando así la regla de la lógica en su postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia. Del Principio de Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realizan los censores, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011). De la procedencia del único motivo de casación. El único motivo no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, los recurrentes que alegan la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo a la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revision de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A- quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto con relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, la parte recurrente acude a alegatos de instancia para sustentar la explicación del vicio, y no tiene duda la Sala de lo Penal que la parte recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la Defensa, todo ello impropio de sede casacional. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y, finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Nada de lo anterior ha sido debidamente desarrollado por los recurrentes, quienes se limitan a relacionar los medios de prueba de cargo evacuados en juicio y posteriormente hacer su particular valoración intelectiva de los medios determinando el alcance que a su parecer tiene cada uno de ellos. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. Decisión No Ha Lugar el Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma en único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; a. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y b. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: c. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. d. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. e. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. A. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el código penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el código penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Hugo Roberto Coto Soriano y Armando Chávez Mejia, la pena principal de cuarenta y dos (42) años de reclusión por ser autores de dos delitos de Asesinato, en perjuicio de Héctor Edgardo Garcia Herrera y María Pedrina Saavedra, y se le condenó al señor Hugo Roberto Coto Soriano por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Ernesto Gómez, a la pena de quince (15) años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal, el delito de asesinato se encuentra regulado en el artículo 193 con una pena de 20 a 25 años de prisión; como delito de homicidio (artículo 192) cuya pena es de prisión de quince (15) a veinte (20) años; asimismo el articulo 66 en relación al concurso real en su párrafo quinto manifiesta que: en el caso de que alguno de los delitos por los que hubiere sido penado el culpable exceda de veinte (20) años, el máximo de cumplimiento efectivo de la pena es de cuarenta (40) años; al hacer el comparativo de penas, el artículo 35 del código penal (Decreto 144-83) establece como límite de cumplimiento en relación a las penas acumuladas por varios delitos no excederán de treinta (30) años. Es posible concluir que la pena impuesta conforme a la legislación derogada (Decreto 144-83) no le favorece, por lo que no procede aplicar de forma retroactiva la nueva legislación penal (Decreto 130-2017). Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66, 580 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por los Abogados Sandra Leticia Quesada Castillo y Jimmy Francisco Funez Aguilar, en su condición de Defensores Privados del señor Hugo Roberto coto Soriano a quien se le condenó por los delitos de Asesinato en perjuicio de Hector Edgardo Garcia Herrera y Maria Pedrina Saavedra y por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de Ernesto gomez. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha ocho (8) de marzo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – Lety Emelda Posadas Rodríguez Receptora adscrita SALA DE Lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero de dos mil veinticinco, Certificación de la Sentencia dictada a los veinte días del mes de octubre de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-244-2019.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

SECRETARIA SALA DE LO PENAL