Sentencia CP-236-20 — Registro 20247
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal, por no representar beneficio para el imputado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...". El Primer motivo no es de recibo. La recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de hechos que el Tribunal declara probados no es clara y terminante”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca la impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, cuando los hechos no son claros o terminantes, supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho, en consecuencia, debe la impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en sí, demostrando como en su opinión se da ese vicio, pero en el caso subjudice esta Sala nota que el único hecho declarado probado ha sido enumerado en forma clara, precisa, terminante y coherente de manera que no ha lugar al motivo invocado. La recurrente intenta demostrar el motivo arguyendo que el hecho declarado probado “concreta una falta de claridad y que impide una precisa subsunción de la conducta punible, a su vez la defensa no dirige su argumentación a demostrar la supuesta falta de claridad y determinación del hecho probado, sino que limita sus alegatos a cuestionar la credibilidad y consistencia de los medios de prueba en el proceso, así como la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia. Esta Sala de lo Penal recuerda, que según nuestra normativa procesal penal, la narración de los hechos probados en la sentencia, debe ser clara y terminante y no contradictoria, esto ocurre cuando no se utilizan frases confusas, imprecisas o vacilantes, que impiden aclarar la realidad debatida, debiendo el relato por el contrario, ser concluyente y categórico para cumplir con el requisito de claridad y determinación; razón por la cual, no existe falta de claridad en cuanto a lo declarado en el hecho probado plasmado en la sentencia, siendo además el mismo claro y terminante, por la cual procede declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa, en su primer motivo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El Segundo Motivo no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo a la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, la recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisión de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto con relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, la recurrente acude a alegatos de instancia para sustentar la explicación del vicio, y no tiene duda la Sala de lo Penal que la recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la Defensa, todo ello impropio de sede casacional. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y, finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Nada de lo anterior ha sido debidamente desarrollado por la recurrente, quien se limita a relacionar los medios de prueba de cargo evacuados en juicio y posteriormente hacer su particular valoración intelectiva de los medios determinando el alcance que a su parecer tiene cada uno de ellos. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...". Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130 -2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130 -2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130- 2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el código penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el código penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concretoEn la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Alex Geovanni Sorto Benítez y Elvin Eli Argueta Cáceres, la pena principal de veinte (20) años de reclusión por ser autores de asesinato, en perjuicio de Carlos Orlando Duarte Ortega, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 193) cuya pena es de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio a los acusados Alex Geovanni Sorto Benítez y Elvin Eli Argueta Cáceres respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615,616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP 236-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-236-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Alex Geovanni Sorto Benítez, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Carlos Orlando Duarte Ortega, a la pena de veinte años de reclusión. SEGUNDO: Condenó a Elvin Eli Argueta Cáceres, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Carlos Orlando Duarte Ortega, a la pena de veinte años de reclusión. TERCERO: Condenó a Alex Geovanni Sorto Benítez y Elvin Eli Argueta Cáceres, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. CUARTO: Se declaró la responsabilidad civil de los condenados. QUINTO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: No procedió el comiso. Son partes en única INSTANCIA La Abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, en su condición de defensora privada de Elvin Eli Argueta Cáceres, y los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos de Alex Geovanni Sorto Benítez y Elvin Eli Argueta Cáceres, todos como parte recurrentes, y; el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: En fecha veinticinco de septiembre del dos mil dieciséis, a eso de las seis con cincuenta minutos de la tarde, se encontraba el señor Carlos Orlando Duarte, en compañía del testigo protegido con clave TP 007 en un taller ubicado en la colonia Las Brisas del Rio, sector Kilometro del municipio de Choloma, departamento de Cortés, cuando recibió una llamada telefónica de parte de una persona del sexo femenino a quien le respondió "ya llego". Entonces el señor Duarte se dirigió a la tortillería de enfrente donde una mujer se le acercó y lo abrazó, empujándolo inmediatamente hacia los señores ALEX GEOVANNI SORTO BENITEZ y ELVIN ELI ARGUETA CACERES, quienes usando armas de fuego dispararon en distintas partes de su cuerpo, por lo que este ya herido corre en busca de ayuda hacia el taller desplomándose en la calle donde perdió la vida de forma inmediata...” Recurso De Casación La recurrente Miryan Ivone Palomo Núñez, en su condición de defensora privada de Elvin Eli Argueta Cáceres, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: LA DECLARACIÓN DEL HECHO PROBADO NO SEA CLARA Y TERMINANTE, PRECEPTO AUTORIZANTE: ART.362.1 EXPLICACION DE MOTIVO: El hecho probado tiene el siguiente tramo: ",....donde una mujer se le acerco y lo abrazo, empujándolo inmediatamente hacia los señores ALEX GEOVANNI SORTO BENITEZ, y ELVIN ELI ARGUETA CACERES, quienes usando amas de fuego dispararon en distintas partes de su cuerpo, por lo que este ya herido corre en busca de ayuda hacia el taller desplomándose en la calle." De la lectura de lo anterior, se coligen los siguientes aspectos: no se individualiza y mucho menos se determina, el grado de participación de la mujer que supuestamente realiza la llamada al hoy occiso, y que supuestamente lo hace llegar al lugar donde le esperan y que aunado a lo anterior según el testigo protegido 007, " abraza y empuja " a la víctima hacia donde se encuentran los sujetos que le quitan la vida; es imperante establecer que durante su deposición, en otro momento, el testigo de cargo Protegido 007, asevera que esta mujer desconocida, se llama GLENDA, era amante del hoy occiso y que previamente le había amenazado a muerte; además casualmente refiere, que días después del hecho, se encontraba donde una amiga y escucho cuando uno de los imputados (ALEX GEOVANNI SORTO BENITEZ alias pichete), a viva voz que él había a "caliche" refiriéndose a la víctima del presente caso; Es así, que el hecho probado manifestado por el sentenciador, en su epígrafe único, lejos de establecer la certeza del hecho probado, que conlleva al sentenciador a emitir un fallo condenatorio, establece múltiples dudas sobre la ocurrencia del hecho y la participación de los encausados en el mismo, a tal efecto el hecho probado supradescrito, no es terminante, no establece una individualización de roles en los hechos traídos a juzgamiento, por parte de los encausados y una tercera persona (la mujer identificada como Glenda, que al parecer, tenía una relación con el occiso y es quien se encarga de atraerlo, hacia sus ofensores) es así, que el denominado hecho probado no es claro en su expresión, al no haber existido otros medios de prueba de cargo, que corroboraran el dicho del testigo protegido 007; Es imperante establecer y así lo redacta la sentencia cuyo fallo de culpabilidad hoy se recurre, que durante el Debate, como medios de prueba para sustentar la acusación, únicamente fueron evacuados, tres medios de prueba, detallados así: Número uno El testimonio del testigo protegido 007, cuya declaración sobre la existencia de una mujer que atrae a la víctima (mediante una llamada telefónica), hacia determinado lugar, que lo abraza (señalándolo) y que lo empuja hacia las supuestas personas que le quitan la vida, es un testimonio NO CORROBORADO, por cuanto pese a saber el testigo protegido 007, que esta mujer se llamaba Glenda, y que tenía una tortillería frente al taller, esa mujer no es individualizada mucho menos es traída a juicio a fin de corroborar los dichos del testigo protegido; aunado a lo anterior, sabiendo que el hoy occiso recibió una llamada telefónica de esta misma mujer, tampoco se corroboro tal extremo, no se estableció ni siquiera la existencia de esa llamada telefónica o de un número telefónico del cual se hubiera realizado una llamada, hacia el teléfono de la víctima y cuyo recibo le conmina a salir de donde estaba supuestamente en compañía del testigo protegido 007, hacia el lugar donde esta mujer que le llama lo entrega supuestamente a sus ofensores: tampoco existió un testimonio adicional, que permitiera corroborar que efectivamente el testigo protegido realmente se encontraba en compañía de la víctima, con cuyo testimonio pudiera acreditar sus dichos o corroborarlos; Número dos, el medio de prueba consistente en el acta de levantamiento 1449-2016, mismo que nos detalla el lugar donde este fuera realizado en una escena modificada (en la paila de un carro), y los hallazgos observados por las autoridades que realizaron el mismo, en el que establece las heridas sufridas por el señor DUARTE, así como el intervalo pos monten, con el que se acredita la muerte real y legal del señor CARLOS DUARTE, pero que en ningún aspecto se relaciona, acredita o corrobora los dichos sostenidos por el testigo protegido; Número tres, el dictamen número 2023-16, concemiente a la autopsia realizada al cadáver, mismo que establece al igual que el anterior, la manera de muerte, heridas ocasionadas, que las heridas tienen dos trayectos diferentes y otros aspectos propios de la muerte sufrida por el señor CARLOS DUARTE, pero que en ningún inciso establecen una posible comparación o cotejamiento de objeto alguno, que permita relacionar este hecho con la participación incoada en contra de mi representado; es así, que este medio de prueba, creíble per se, por ser realizado por un perito de Medicina Forense, nos establece la manera de muerte de la víctima, pero no establece ni acredita en forma alguna indicio que demuestre que existe una relacione de comparación y por consiguiente de participación de los encausados en los hechos investigados; De lo anterior se colige, que la ausencia de Indicios, ya sea directos o circunstanciales, así como la ausencia de un investigación de todos estos hechos, dirime, en la falta de claridad establecida en la ocurrencia de los hechos que culminan con la muerte del señor CARLOS DUARTE; y por consiguiente el sentenciador incurre en un quebrantamiento de forma, en la declaración del hecho probado, pues el mismo lejos de ser claro y determinante, está lleno de lagunas y dudas por hechos que no fueron investigados ni mucho menos acreditados o corroborados en la audiencia de Juicio Oral y Público; De esta forma la declaración insustentada del testigo protegido 007, es el único medio de prueba de cargo, que el sentenciador valora para establecer la participación de mi representado en la muerte del señor CARLOS DUARTE, Por lo tanto, se carece de un indicio que relacionado con esta declaración insustentada, nos indique con precisión y determine que efectivamente ELVIN ELY, se encontraba presente en ese lugar y que lo relacione directamente con la detonación de un arma, en perjuicio de CARLOS DUARTE. Ante ello, tal falta de claridad, en efecto incide en la subsunción jurídica de la participación del imputado, ya que impide determinar con atino si existió una participación por parte del acusado, en los hechos incoados (cuestión derivada de la falta de corroboración de los dichos del testigo protegido en el intercriminis previo a la muerte del señor CARLOS DUARTE) Por tanto, se concreta una falta de claridad que impide una precisa subsunción de la conducta punible, por lo que se patenta el vicio aducido de quebrantamiento de forma por falta de claridad en la redacción del hecho probado y contradicción entre el hecho probado y lo acreditado con los escasos tres medios de prueba evacuados en juicio . AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS. - El vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que impide un ejercicio recursivo previo al presente de casación. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO SEGUNDO: Violación de la Sana Crítica en la Valoración de la Prueba, infracción del principio de contradicción. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.3 del código procesal penal. EXPLICACION DE MOTIVO: Se ha incurrido en la infracción de violación de la sana crítica, en el principio de contradicción, en la valoración de la prueba toral del presente juicio. Ello se cerciora en los próximos tramos de la sentencia recurrida: En el epígrafe Cuarto, del título "Valoración de Prueba", de la sentencia recurrida, se hubo apreciado la declaración testifical de los testigos protegidos DP2 y DPI. En lo conducente, refieren haber observado los hechos suscitados en fecha 25 de septiembre del año 2016, en horas de la tarde, y no reconocen a los imputados presentes en la sala de audiencia, entre ellos mi representado ELVIN ELI ARGUETA, como los autores del delito de ASESINATO, en perjuicio de CARLOS DUARTE. Aunado a lo anterior ambos testigos refieren tener conocimiento que el autor de este hecho y así lo señalan en sus deposiciones con nombre y apellido, es una persona de nombre VICTOR MANUEL GONZALES, que no es ninguno de los hoy imputados, indicando que los acusados que se encontraban presentes en la sala, no eran los culpables de los hechos traídos a juicio."(pg.8 y 10 de la sentencia) Dicha declaración fue apreciada por las partes, mismas que pese a los intentos del ente fiscal, no incurrieron en contradicción alguna, siendo contestes y congruentes en sus deposiciones, sin embargo y en consecuencia, el tribunal no les otorgó credibilidad alguna, tal y como lo discursa en el tramo de la sentencia aquí señalado. Por tanto, se tuvo como cierta la declaración no corroborada del testigo protegido 007, y se le resta valor probatorio a la declaración de los testigos protegidos DPI Y DP2.” La recurrente Victoria Elizabeth Funes Castillo, en su condición de defensora pública de Alex Geovanni Sorto Benítez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: No haber observado el Sentenciador en la Valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4 No.2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las Pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. PRIMERO: En la sentencia recurrida el Tribunal valora prueba de cargo testifical contradictoria y no creíble que para la investigación de la verdad debieron haberse practicado todas las diligencias pertinentes y útiles, para haber determinado la acción de los imputados y poder determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los mismos y además al hacer el sentenciador el juicio de valor sobre dicha prueba incurre en claras omisiones, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a la Regla de la Lógica en su Postulado de la Derivación. En el presente caso precisa referirnos a la regla de la lógica por ser esta la más inobservada por el Tribunal de Sentencia y sobre la cual ésta orientado el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de un razonamiento proveniente de elementos Congruentes, verdaderos y suficientes. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los imputados, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a ALEX GEOVANNI SORTO BENITEZ Y ELVIN ELI ARGUETA CACARES no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente imprecisa como para deducir la culpabilidad como autores por el delito de Asesinato por parte de mis defendidos, pues del análisis de la sentencia de mérito hemos concluido que el hecho estimado y declarado probado se deriva de prueba dudosa y no terminante. SEGUNDO: Honorables Magistrados si observamos la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, específicamente la del testigo protegido 007 la que consideramos espuria por tener un interés manifiesto en querer perjudicar a nuestros representados, donde con la misma el tribunal consideró haberse acreditado plenamente que en fecha veinticinco de septiembre del dos mil dieciséis a eso de las seis con cincuenta minutos de la tarde se encontraba el señor Carlos Orlando Duarte en compañía del testigo protegido con clave 007 en un taller ubicado en la colonia Las Brisas del Rio, sector Kilometro del municipio de Choloma departamento de Cortés, cuando recibió una llamada telefónica de parte de una persona del sexo femenino a quien le respondió "ya llego", entonces el señor Duarte se dirigió a la tortillería de enfrente donde una mujer se le acercó y lo abrazó, empujándolo inmediatamente hacia los señores ALEX GEOVANNI SORTO BENITEZ y ELVIN ELI ARGUETA CACERES, quienes usando armas de fuego dispararon en distintas partes de su cuerpo, por lo que este ya herido corre en busca de ayuda hacia el taller desplomándose en la calle donde perdió la vida de forma inmediata. Por consiguiente esta defensa no está de acuerdo con la valoración efectuada por el tribunal a la versión rendida por el único testigo protegido de cargo 007 propuesto por el Ministerio Público, pues considera esta defensa existir muchas inconsistencias, así: a) El hecho de no encontrar la relación de la declaración del testigo protegido de cargo TP 007 con el acta de levantamiento cadavérico, ya que el agente fiscal ha referido que estos dos medios de prueba se concatenan, pero no es así, es decir que existe duda que los hechos narrados por el testigo protegido de cargo hayan sucedido como él los narró en su declaración en juicio oral y público; por lo que a todas luces se puede deducir que la misma carece de credibilidad por existir inconsistencias; b) Por otra parte se solicitó en la Autopsia por parte del perito que se estableciera el dictamen balístico a una ojiva encontrada en el cuerpo de la víctima; pero eso no se hizo, por ende no se pudo establecer si en el hecho participo más de un arma de fuego, porque el testigo protegido de cargo 007 manifestó en su declaración que el día de los hechos dos personas de las cuales no dijo quiénes eran se encontraban en una esquina y que estas dos personas le dispararon al occiso; c) Asimismo sumado a lo anterior el testigo protegido de cargo manifestó en juicio oral que ese día de los hechos al ver esas dos personas que no conocía sacar sus armas se escondió y que por eso no pudo observar a las personas que le dispararon, en ese sentido esta persona no es un testigo -presencial, como si lo fueron los testigos de descargo de la defensa quienes si observaron a la persona que le disparo al occiso; d) Que existió contradicción del testigo protegido de cargo 007 el hecho que el en juicio oral manifestó que los imputados portaban sus armas en la cintura, más sin embargo en la audiencia Inicial manifestó que las portaban escondidas entre las piernas; y e) Por último el testigo protegido se contradijo al manifestar en juicio que los dos imputados estaban parados en la esquina, pero en audiencia Inicial dijo que él iba por el callejón y miro que los dos individuos iban caminando con dirección a Carlos Orlando Duarte. Siendo así consideramos que la declaración del testigo Protegido de cargo 007 no debió ser tomada en cuenta por el Tribunal Sentenciador por las razones antes señaladas, de lo cual podemos arribar a la conclusión que este testigo mintió al decir que Alex Geovanni Sorto Benítez y Elvin Elí Argueta Cáceres le dieran muerte a Carlos Orlando Duarte Ortega y contradecirse con la prueba pericial de levantamiento de Cadáver, pues consideramos que dicho testigo tiene un interés manifiesto en querer perjudicar a nuestros representados desconociendo las causas; por lo que partiendo de esas manifestaciones del testigo protegido 007, somos del criterio que el mismo es espurio y que existió algún móvil de interés personal en querer perjudicarlos por las razones antes señaladas, debiendo para tal efecto haberse excluido de toda responsabilidad a nuestros representados y habérseles decretado una sentencia absolutoria. TERCERO: Ahora bien Honorables Magistrados el hecho que el Tribunal Sentenciador haya tomado como sustento valorativo la declaración del testigo protegido 007, nos deja preocupados y ser este un signo demostrativo en ocasiones de la pobreza de la Institución por falta de agotamiento de las diferentes líneas de Investigación abiertos que tiene su reflejo en el acto del juicio oral en donde se presenta un escenario de parquedad probatoria incompatible con el derecho a la presunción de inocencia, sino que el juzgador basa su fallo en una declaración dudosa e imprecisa, y con la gran posibilidad que dicha declaración esté motivadas por móviles espurios. En referencia a la prueba de descargo presentada por la defensa de los imputados en Tribunal Sentenciador manifestó que dichas declaraciones no les merecían credibilidad, pues lo que podía advertirse de las mismas es que trataban de acomodar los hechos de manera que les favoreciera a los acusados, dice el Tribunal que la prueba científica arrojaba que en la escena participaron más de una persona, conclusión que se basó en la trayectoria de los disparos, pero el tribunal no advierte que el perito autopsiante solicitó que se estableciera el dictamen balístico a una ojiva encontrada en el cuerpo de la víctima; pero eso no se hizo, lo anterior en virtud para establecer si en el hecho habían participado más de un arma. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación de mis representados ALEX GEOVANNI SORTO BENITEZ y ELVIN ELÍ ARGUETA CACERES para conocer con certeza si estos en realidad le dieron muerte a CARLOS ORLANDO DUARTE ORTEGA, Por todo ello el testigo protegido 007 falto a la verdad en su relato de cómo sucedieron los hechos y contradecirse con la prueba pericial Levantamiento de Cadáver de cargo, donde ni los cuerpos investigativos realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical y documental de cargo la consideramos como no concluyente para tener una certeza que hubiera permitido emitir una sentencia objetiva como debió haber sido y que la prueba de cargo hubiera sido una prueba confiable como para condenar por autores del delito de Asesinato a mis representados ALEX GEOVANNI SORTO BENITEZ y ELVIN ELÍ ARGUETA CACERES, por lo que la apreciación del Tribunal en la valoración de la prueba consideramos haber infringido el postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, el cual debe estar constituido por Inferencias razonables deducidas de las pruebas aportadas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, principio que se vulnero al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que mis representados Alex Geovanni Sorto Benítez y Elvin Elí Argueta Cáceres le haya dado muerte a Carlos Orlando Duarte Ortega y que por lo tanto el actuar de los mismos equivalía a una autoría, razonamiento este que se desprende de la declaración espuria del testigo Protegido 007 la cual es impropia carente de veracidad plena, siendo mínima no resultando corroborable con otras pruebas, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado en juicio la culpabilidad de nuestros representados y existir Duda Razonable y en el entendido que la responsabilidad penal es personal, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser absolutorio y no condenar a Alex Geovanni Sorto Benítez y Elvin Elí Argueta Cáceres como autores directos porque así lo dijera el dudoso testigo de cargo Protegido 007. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. “Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumplen con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Recurrente#1 Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la Defensa Privada. Primer motivo. • Norma procesal infringida: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal; • Concepto de la Infracción: La declaración de hechos probados no es clara ni terminante. • Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. • Pretensión: Sin determinar. Arguye la parte recurrente que la sentencia que el hecho probado lejos de establecer la certeza que con lleva al Tribunal a emitir un fallo condenatorio, establece múltiples dudas sobre la ocurrencia del hecho y la participación de los encausados en el mismo, a tal efecto que el hecho probado no es terminante, no establece una individualización de los roles en los hechos probados, a su vez denuncia que los hechos probados no son claros al no haber existido otros medios de prueba de cargo que corroboraran el dicho del testigo protegido. De los Hechos Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que fueron debatidos; es una realidad existente que ha sido reconstruida por el juzgador. Como lo señala Murena (Murena, Maximiliano, en “Acerca de la Motivación de los Hechos en la Sentencia Penal”, contenido en La Sentencia Penal, Madrid 1002, pág. 133): es “el intento de determinación de los hechos probados del pasado, a través del análisis de hechos probatorios del presente”. Los hechos probados es una descripción, donde los/as juzgadores/as hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate.- Los hechos probados, junto con la motivación probatoria y la motivación jurídica integran la “jugement motive” (sentencia motivada), garantía ante el arbitrio judicial; motivar una sentencia no solo es una manifestación de respeto ante el poder delegado de juzgar sino un instrumento contra su abuso. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores/as, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. En los hechos probados el juzgador deberá de evitar plasmar resultados aislados de prueba, mucho menos sus valoraciones, pues esto le atañe al apartado de valoración de la prueba, así pues, el relato fáctico debe de ser neutral, ajeno de valoraciones, debe de ser una verdad cuya justificación no está en si misma, sino en el apartado donde se valore la prueba (descriptiva e intelectivamente). La significancia de los hechos declarados probados tiene especial trascendencia no solo respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado, sino que además como base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva; así entonces dentro de la sentencia los hechos probados cumplen dos funciones: 1. Función Descriptiva: Fijar cuales fueron las conclusiones fácticas arribadas por el tribunal producto de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica; Es la reconstrucción del hecho histórico objeto de debate, cuyo esclarecimiento fue el propósito de la actividad probatoria; y 2. Función Justificativa: Es a partir de los hechos probados que los/as juzgadores/as determinan la norma sustantiva aplicable al caso. - Su contenido, tomado como una verdad absoluta, autoriza a los juzgadores a aplicar las normas sustantivas, y en su caso, a imponer las consecuencias que éstas prevén a las personas responsables del delito. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse.- Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377 -2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009); y d. La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores deben de ser capaz de suministrar un relato neutro, con la debida distancia respecto del derecho sustantivo de eventual aplicación, evitando caer en el riesgo fácil de producir un caso; por tanto no deben los juzgadores hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El Código Procesal Penal prevé como defecto por quebrantamiento de forma una indebida construcción del relato fáctico, aglutinando en el artículo 362.1 los diferentes motivos oponibles al referirse: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. Es importante resaltar que este primer numeral recoge únicamente los defectos que pueden plantearse como motivos exclusivamente de los hechos declarados probados. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal determina que en el planteamiento de un recurso de casación por quebrantamiento de forma en donde se señale como motivo una mala construcción de los hechos probados, el Censor deberá de acreditar los siguientes requisitos: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que quisieron manifestar los juzgadores debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o colisionantes o por ser los hechos probados la mera enumeración de actuaciones procesales o la mera descripción de medios probatorios; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y 4. Que la Censora, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del recurso. El Primer motivo no es de recibo. La recurrente invoca vía quebrantamiento de forma que “la declaración de hechos que el Tribunal declara probados no es clara y terminante”. El artículo 338 regla cuarta numeral 1) del Código Procesal Penal, establece que “la declaración de hechos probados se hará expresa y terminante, y se describirán con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse”, la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca la impetrante, sin embargo, es necesario hacer notar que el precepto autorizante; en principio vale afirmar que los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de Sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, cuando los hechos no son claros o terminantes, supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho, en consecuencia, debe la impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en sí, demostrando como en su opinión se da ese vicio, pero en el caso subjudice esta Sala nota que el único hecho declarado probado ha sido enumerado en forma clara, precisa, terminante y coherente de manera que no ha lugar al motivo invocado. La recurrente intenta demostrar el motivo arguyendo que el hecho declarado probado “concreta una falta de claridad y que impide una precisa subsunción de la conducta punible, a su vez la defensa no dirige su argumentación a demostrar la supuesta falta de claridad y determinación del hecho probado, sino que limita sus alegatos a cuestionar la credibilidad y consistencia de los medios de prueba en el proceso, así como la valoración efectuada por el Tribunal de Sentencia. Esta Sala de lo Penal recuerda, que según nuestra normativa procesal penal, la narración de los hechos probados en la sentencia, debe ser clara y terminante y no contradictoria, esto ocurre cuando no se utilizan frases confusas, imprecisas o vacilantes, que impiden aclarar la realidad debatida, debiendo el relato por el contrario, ser concluyente y categórico para cumplir con el requisito de claridad y determinación; razón por la cual, no existe falta de claridad en cuanto a lo declarado en el hecho probado plasmado en la sentencia, siendo además el mismo claro y terminante, por la cual procede declarar Sin Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa, en su primer motivo.Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la Defensa Privada. Segundo motivo. • Norma Autorizante: Artículo 362 numeral del Código Procesal Penal. • Norma procesal infringida: Sin definir. • Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. •Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Arguye la parte recurrente que la valoración de la prueba que ha efectuado el Tribunal es contraria a las reglas de la sana critica, en el principio de contradicción, con relación a la declaración de los testigos protegidos, donde refieren haber observado los hechos y no reconocen a los imputados y que el autor de los hechos es el señor Víctor Manuel Gonzales, y que los imputados que se encontraban en la sala no eran los culpables del hecho por e cual fueron condenados. De La Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime a la Recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que la Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa, explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para la Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.).De la procedencia del recurso. El Segundo Motivo no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo a la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, la recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisión de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto con relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual, la recurrente acude a alegatos de instancia para sustentar la explicación del vicio, y no tiene duda la Sala de lo Penal que la recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la Defensa, todo ello impropio de sede casacional. La Sala de lo Penal ha sostenido que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, y, finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. Nada de lo anterior ha sido debidamente desarrollado por la recurrente, quien se limita a relacionar los medios de prueba de cargo evacuados en juicio y posteriormente hacer su particular valoración intelectiva de los medios determinando el alcance que a su parecer tiene cada uno de ellos. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. Recurrente#2 Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa pública. Único motivo. • Norma Autorizante: Artículo 362 numeral del Código Procesal Penal. • Norma procesal infringida: Sin definir. • Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. • Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso y se anule la sentencia. Arguye la parte recurrente que el Tribunal en la valoración de la prueba infringió el postulado de derivación integrado por el principio de razón suficiente, principio que se vulnero al concluir que derivaba de las pruebas aportadas que los encausados le dieron muerte a Carlos Orlando Duarte y que por tanto equivalía a una autoría. De la procedencia del recurso. El Único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. Observa esta Sala de lo Penal, que la recurrente reclama que el Juzgador al dictar la sentencia condenatoria viola las reglas de la sana critica, indicando que los medios de prueba no fueron valorados conforme a la regla de la lógica en su característica de no contradicción, esta Sala de lo Penal encuentra que la recurrente no hace uso de una correcta técnica recursiva, si bien señala el fundamento del vicio al momento de exponer el motivo de casación divagan en argumentos propios de instancia, haciendo una valoración alterna de la prueba de como debió ser valorada la misma por el Tribunal de Sentencia a favor de su representado, sin centrar de forma clara y precisa cuáles son esas inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia, que estén reñidas con la regla de la lógica en este caso de no contradicción. Considerando el principio de convencionalidad y el derecho de las partes a recurrir el fallo, esta Sala de lo Penal, procede a realizar un análisis de la valoración probatoria efectuada por el A-quo, no encuentra que los razonamientos del sentenciador se hayan apartado de los lineamientos de la sana crítica como lo denuncia la parte recurrente; todo lo contrario en el apartado “Valoración Conjunta de la Prueba” el sentenciador a efectuado una valoración amplia conjunta y armónica de toda la prueba, aplicando en ellos las reglas de la sana crítica para el caso tenemos: Al examinar la sentencia recurrida, La valoración probatoria realizada por el Tribunal se ajusta de manera rigurosa a las reglas de la sana crítica, en la medida en que las juzgadoras efectúan un examen integral, concatenado y coherente de todos los medios de prueba incorporados en juicio, contrastando las declaraciones testificales con la prueba científica y los hallazgos objetivos derivados del levantamiento de cadáver y la autopsia. Lejos de limitarse a una apreciación aislada o parcial de cada elemento, el Tribunal hace lo que doctrinaria y jurisprudencialmente se exige: un análisis fundado en reglas de lógica, máximas de experiencia y principios científicos, que le permite determinar qué pruebas resultan creíbles, cuáles no lo son y por qué. En ese contexto, las declaraciones de los testigos protegidos DP1 y DP2 son desestimadas no de manera arbitraria, sino porque su contenido resulta materialmente incompatible con la prueba objetiva que arroja el análisis forense. Ambos testigos sostienen que solo una persona disparó contra la víctima, que los impactos provinieron desde atrás y que la agresión se produjo desde una única posición. Sin embargo, estas afirmaciones se enfrentan frontalmente con los dictámenes científicos que establecen que el cadáver presentaba múltiples trayectorias de proyectil, entre ellas heridas en la región anterior del tórax, lo cual supone que la víctima recibió disparos de frente y no únicamente por la espalda, y que intervinieron más de una persona armada durante la ejecución del hecho. Esta incompatibilidad no es menor ni accesoria: constituye un choque directo entre lo que dictan los sentidos de un testigo y lo que acredita de forma objetiva la ciencia forense. La sana crítica impone, en tales casos, privilegiar la prueba que ofrece mayor garantía de objetividad, precisión y veracidad, y esa es precisamente la prueba pericial. El Tribunal explica que la contradicción entre la prueba científica y los relatos testificales no es salvable, pues según el principio lógico de no contradicción, dos afirmaciones excluyentes entre sí no pueden ser simultáneamente verdaderas. Si la autopsia certifica que hubo disparos de frente y que existieron al menos dos trayectorias diferentes, resultaría ilógico y contrario a las máximas de la experiencia dar valor positivo a la versión de que un solo individuo disparó únicamente por la espalda. A ello se suma que las testificales presentan imprecisiones, acomodamientos y fragmentos poco verosímiles, al punto que no alcanzan a superar la barrera mínima de credibilidad exigida para que un testimonio sea tomado como base suficiente para quebrar las conclusiones de la ciencia. De ahí que, aplicando el principio de razón suficiente, el Tribunal concluye que no existen fundamentos racionales para considerar dichas declaraciones como creíbles o determinantes. Aunado a lo anterior, se observa que la motivación del fallo no se limita a describir la prueba, sino que justifica por qué las conclusiones derivadas de la prueba científica son coherentes entre sí y armonizan con el resto del material probatorio, especialmente con la escena del crimen, el levantamiento de cadáver y la autopsia practicada. Esta articulación lógica le permite al Tribunal confirmar que la dinámica de los hechos relatada por DP1 y DP2 no resiste el contraste con la realidad física evidenciada en la inspección y en los dictámenes médicos; por el contrario, dichas declaraciones contradicen la posición de la víctima, las trayectorias de ingreso, la multiplicidad de disparos y la pluralidad de tiradores determinada científicamente. En consecuencia, el análisis del Tribunal va de la mano con las reglas de la sana crítica, porque pondera racionalmente la credibilidad de los testigos a partir de la compatibilidad externa de sus dichos con la prueba científica, descarta aquello que no resiste la verificación lógica y empírica, y concluye, de manera motivada, que las declaraciones de DP1 y DP2 carecen de fuerza suficiente para desvirtuar lo acreditado de forma objetiva. Lo relevante es que esta conclusión no surge de una simple preferencia subjetiva, sino del reconocimiento de que la prueba pericial ofrece un grado de certeza superior y elimina toda posibilidad de que los hechos ocurrieran de la manera descrita por los testigos, lo que obliga, conforme al método de valoración racional, a otorgar prevalencia a la ciencia y a desechar aquello que resulta irreconciliable con ella. Por tanto, la valoración realizada por el Tribunal es jurídicamente correcta, respetuosa del estándar constitucional, y plenamente ajustada a las exigencias de la sana crítica, al fundamentar con claridad, lógica y suficiencia por qué los testimonios de DP1 y DP2 no pueden tenerse como veraces y por qué la prueba científica constituye el elemento decisivo que orienta la reconstrucción fáctica del caso. Decisión No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el recurrente #1, la defensa privada del señor Elvin Eli Argueta Cáceres. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el recurrente#2, la defensa pública de los señores Alex Geovanni Sorto Benítez y Elvin Eli Argueta Cáceres. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena) Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigor y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo con la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y, c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130 -2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130 -2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130- 2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el código penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el código penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concretoEn la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados Alex Geovanni Sorto Benítez y Elvin Eli Argueta Cáceres, la pena principal de veinte (20) años de reclusión por ser autores de asesinato, en perjuicio de Carlos Orlando Duarte Ortega, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 193) cuya pena es de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta a los acusados en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio a los acusados Alex Geovanni Sorto Benítez y Elvin Eli Argueta Cáceres respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362 y 363 del Código Procesal Penal; 616 del Código Penal 130-2017; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por la parte recurrente #1, la Abogada Miryan Ivone Palomo Núñez, en su condición de defensora privada del señor Elvin Eli Argueta Cáceres. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la parte recurrente #2, la Abogada Victoria Elizabeth Funes Castillo, en su condición de defensora pública del señor Alex Giovanni Sorto Benítez y Elvin Eli Argueta Cáceres. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, Cuarto: Declara la NO procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Y manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redacto Magistrado Mairena Franco. Notifíquese.”. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Rina Koritza Sandoval. Secretaria Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince del mes de abril dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-236-2020.
RINA KORITZA SANDOVAL
SECRETARIA SALA DE LO PENAL