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Sentencia CP-231-20 — Registro 19771

Resumen

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de homicidio y tentativa de homicidio, La Sala de lo Penal resolvió ha lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. El proceso penal que nos ocupa inicio mediante requerimiento fiscal el 14 de agosto del 2012, presentado por el Ministerio Público en contra de Carlos Perdomo y Rene Alberto Argueta, por suponerlos responsable a título de autores del delito de Homicidio, en perjuicio de Jonny Mauricio Velásquez Bulnes y Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa de Edwin Edgardo Escobar Montes y Rony Javier Cardona Morales, solicitando a su vez la orden de captura para los imputados. En relación a lo reclamado por el impetrante se la logrado verificar de la foliada de méritos, que de forma anticipada el 10 de agosto del mismo año, el Ministerio Publico solicito al Juez de Letras Seccional de Siguatepeque se tomara declaración testifical de Edwin Edgardo Escobar Montes y Ronny Javier Cardona Morales como prueba anticipada en la investigación que se seguía contra Carlos Perdomo y Rene Alberto Argueta, para lo cual el juez de garantía admitió la petición mandando a notificar la resolución a la Defensa Publica y al represente Fiscal, al momento de celebrarse dicha audiencia ese mismo día 10 de agosto estuvo presente además del Ministerio Público, un abogado Defensor Público quien manifestó que en su condición de Defensor Público y en aras de no violentar ningún derecho o garantía procesal de cualquier persona que sea llamada ante ese Tribunal. Resulta claro para esta Sala de Casación, que al momento de recibir estas declaraciones no se encontraba habida ninguna de las personas investigadas y la comparecencia del Defensor Publico garantizaba los derechos de los que en ese momento no tenían presentado un requerimiento fiscal en su contra pues el proceso estaba en su etapa de investigación preliminar. El Ministerio Público, en su recurso formula protesta en contra de la decisión del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque de no admitir la introduccion por lectura autorizada de las declaraciones tomadas con las formalidades de prueba anticipada, violentando así el derecho a la defensa de los intereses de la sociedad. Este Ad-quem se ha dado a la tarea de analizar el acta de debate de méritos y logra observar, que por parte del Tribunal de Sentencia a instancia del Ministerio Publico se agotó el procedimiento para hacer comparecer a los testigos en referencia, para lo cual se ordenó suspender la audiencia de debate y citar por edictos a los señores Edwin Edgardo Escobar Montes y Rony Javier Cardona Morales, una vez reanudada la sesión de juicio oral y público, ante la incomparecencia de los testigos en referencia el Fiscal solicito la incorporación por lectura autorizada, lo cual fue declarado sin lugar bajo el fundamento siguiente: …si bien es cierto los señores RONY JAVIER CARDONA MORALES, EDWIN EDGARDO ESCOBAR MONTES, rindieron declaración con las formalidades de prueba anticipada, no es menos cierto que la misma sirvió como prueba valga la redundancia en contra del señor RENE ALBERTO ARGUETA y en ese momento el señor CARLOS ROBERTO PERDOMO no se encontraba habido, por ende; dicho medio de prueba no puede ser utilizado por el ente fiscal en la presente causa ya que si esa hubiera sido la pretensión de la fiscalía y teniendo conocimiento que no se encontraba un defensor en aquel momento que controlara o prestara defensa técnica al imputado de autos tuvo el juez instructor que nombrara un público en todo caso, es por ello, que se declara sin lugar la petición del ente fiscal en consecuencia de lo anterior, no se admiten las declaraciones de los señores RONY JAVIER CARDONA MORALES, EDWIN EDGARDO ESCOBAR MONTES, rendidas con formalidades de prueba anticipada. Dicho fundamento resulta incomprensible, pues del caso en estudio consta la presencia de un defensor público para controlar la audiencia en la cual se toma las declaraciones con las garantías de prueba anticipada de los testigos en referencia, en el caso de mérito se reúnen los presupuestos que legitiman la incorporación de las tales declaraciones al debate, según lo prescribe el artículo 277 relacionándolo como los requisitos del 311 numeral 1, el Tribunal de Sentencia estaba en el devenir que incorporar las declaraciones de los señores RONY JAVIER CARDONA MORALES, EDWIN EDGARDO ESCOBAR MONTES, otorgarles el valor que a su buen juicio consideraran, pues las mismas poseen las garantías de prueba anticipada, tomadas por un juez competente, con la presencia de un defensor público que controló que el acto judicial, para que no existiera vulneración a derechos y garantías constitucionales de los no habidos en ese momento, por lo cual en el caso de autos al negarle al Ministerio Publico el poder incorporar como lectura autorizada estas declaraciones que son parte del acervo probatorio para sustentar su tesis acusatoria viene en menoscabo del derecho que tiene el ente acusatorio de defender los derechos de las victimas y de la sociedad, el tal sentido prospera el presente motivo de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-231-2020, que literalmente dice:” SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún día de mayo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-231-2020 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Carlos Roberto Perdomo García, del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de la vida del señor Yony Mauricio Velásquez Bulnes. SEGUNDO: Absolvió a Carlos Roberto Perdomo García, por el delito de Homicidio Simple en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de la vida del señor Edwin Edgardo Escobar Montes. TERCERO: Absolvió a Carlos Roberto Perdomo García, por el delito de Homicidio Simple en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de la vida del señor Rony Javier Cardona Morales. CUARTO: Revocó las medidas cautelares impuestas en el trámite del proceso, a Carlos Roberto Perdomo García, y ordenó que el señor secretario del este Tribunal le extienda su carta de libertad respectiva. SON PARTES EN ÚNICA INSTANCIA: La abogada Ligia Cristina Roque Gómez en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, el abogado Víctor Ramon Caceres Santos como defensor privado de Carlos Roberto Perdomo, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: Entre siete y las ocho de la noche, del día trece (13) de mayo del año dos mil doce (2012), a inmediaciones de un salón de Billares situado en el lugar conocido como San Isidro, jurisdicción del Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua, cuando los señores JONY MAURICIO VELASQUEZ BULNES, EDWIN EDGARDO ESCOBAR MONTES y RONY JAVIER CARDONA MORALES, se dirigían por una calle de aquel lugar, se les aparecieron dos personas no identificadas, quienes haciendo uso de armas de fuego que portaban dispararon a la cabeza, cara y abdomen del señor JONY MAURICIO VELASQUEZ BULNES, traumas que de seguido le causaron la muerte. SEGUNDO: En el mismo suceso resultaron heridos por disparos de arma de fuego, los ex- presados señores: EDWIN EDGARDO ESCOBAR MONTES, quien sufrió golpes en la región del cuello, nariz y ojo izquierdo, que lo incapacitaron temporalmente por el termino de cuarenta (40) días; de igual modo el RONY JAVIER CARDONA MORALES, quien sufrió golpes en la región del cuello lado izquierdo y tórax, que lo incapacitaron temporal- mente por el termino de quince (15) días.” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogado Elmer Santos Diaz Gómez en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO ÚNICO: Infracción por violación del artículo 82 de la Constitución de la República, en relación con los artículos: 7, 8, 12, 13, 14 y 311 numerales 1) y 2) del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO. Los preceptos constitucionales y procesales citados como infringidos por violación textualmente prescriben: El artículo 82 Constitucional en su parte conducente dice: "El Derecho de Defensa es inviolable....." De Nuestro Código Procesal Penal: Artículo 14: Inviolabilidad del derecho a la defensa, "El derecho de defensa es inviolable....". ".Artículo 7: Independencia de Jueces y Magistrados. "El juzgamiento de los delitos y de las faltas.... corresponderá a jueces y magistrados....imparciales, sólo sometidos a la Constitución de la República, a los Tratados y a las leyes.... ".Artículo 8: Finalidad del proceso. "La finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal". Artículo 12 párrafo primero: Lealtad para con la justicia. "Los juzgados y demás tribunales en el proceso penal actuaran con absoluta lealtad a la justicia". Artículo 13: Igualdad de los Intervinientes. "Los jueces y magistrados velarán por la efectiva igualdad de los intervinientes en el proceso". El Artículo 311: Lecturas Autorizadas. "Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura que hará el Secretario. 1) Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio. 2) Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral. ".Partiendo de las normas supra indicadas y tal como lo ha expresado la Honorable Sala de lo Penal en fallos anteriores el Derecho de Defensa fue concebido como una necesidad de solución a las constantes vejaciones de las que eran objeto las personas sometidas al proceso penal, específicamente a la imposibilidad material en la que se encontraba el procesado para hacer valer su versión sobre los hechos que se enjuiciaban.-Dicho Derecho, además de constituirse como un prerrogativa a favor de su titular, también se proyecta como una garantía al procurar la protección de otros derechos otorgados a las personas intervinientes en los procesos, como el de contradicción, igualdad de armas, derecho a recursos, etc. Si bien el derecho de defensa, en apariencia se concibe como de exclusiva utilización de las personas imputadas por la comisión de un delito, al instituirse como una de las muchas limitantes en las que se puede atrincherar el indiciado ante los abusos de un Estado como órgano represor; lo cierto, es que tal derecho no es del patrimonio privilegiado del enjuiciado, sino de todo aquel sujeto que intervenga en la realización del proceso.-Es así, que si considerásemos que el Derecho de Defensa no puede ser alegado por el Ministerio Público, estaríamos cayendo en un gran error que implicaría injusticias de gran incidencia. Lo anterior queda fielmente plasmado en el artículo 82 de la Constitución de la República y el 14 del Código Procesal Penal, cuando al momento de instituir el Derecho de Defensa no lo limitan al uso único de las personas sometidas a proceso, entendiéndose que es un derecho que le asiste tanto al imputado (Defensor) como a la víctima (Acusador Privado y/o Ministerio Público), es más, el artículo constitucional no lo encasilla al proceso penal, de tal suerte que es un derecho que rige en todo tipo de procesamiento jurídico, sin importar la materia que se trate; además la referida norma desarrolla inmediatamente el Derecho de Libre Acceso a los Tribunales, dejando establecido vínculo entre el Derecho de Defensa y su efectividad al permitirle a cualquiera el acceso a los Tribunales para hacer valer sus derecho, o en otras palabras, para defender su derecho; tratando de resumir de manera sencilla el Derecho de Defensa, indicando que es la facultad que se le otorga a las partes para que puedan defender su derecho de la agresión que dicen sufrir de la contraparte, es decir "el imputado defiende su libertad, mientras que la víctima defiende su derecho a la justicia". Partiendo de esa idea es que se logra entender, como es que el Derecho de Defensa se viene a establecer como la cuna y abrevadero de otros derechos; igualdad de armas (¿Cómo podría defenderme eficazmente si no estoy en igualdad de condiciones?, como ha ocurrido en el presente proceso; Pues resulta que durante el desarrollo del juicio los testigos, siendo estos los ofendido sobrevivientes Edwin Edgardo escobar Montes y Rony Javier Cardona Morales, no fue posible su comparecencia al juico oral, agotándose todo el tramite que permite la ley; razón por la cual el Ministerio Publico a través del fiscal actuante solicita al tribunal de sentencia la incorporación al proceso de lecturas autorizadas, con fundamento del artículo 311 numerales 2) del Código Procesal Penal; pues dichos testigos rindieron su declaración con las formalidades de la prueba anticipada, en etapa preparatoria; resoluciones a la que oportunamente presentamos reclamos a través del recurso de reposición, petición que fue declarada sin lugar. El Ministerio Público, realiza tal petición, ya que los testigos Edwin Escobar montes y Rony Javier Cardona Morales, establecen claramente la fecha, hora y circunstancias, en que fueron agredidos con armas de fuego por el sospechoso, Carlos Roberto Perdomo, y su acompañante señor René Alberto Argueta, y que como consecuencia de las agresiones resulto muerto de inmediato el señor YONNY MAURICIO VELASQUEZ NUÑEZ, pues fue herido por arma de fuego, como de igual manera heridos también por armas de fuego los ofendidos señores Edwin Edgardo Escobar Montes y Rony Javier Cardona Morales, con la suerte que estos sobrevivieran, lo que permitió que declararan con las formalidades de la prueba anticipada, condición que permite al ministerio publico bajo el amparo del Articulo 311 numeral 1) y 2), la introducción al debate de dichas declaraciones, mediante lectura autorizada, dada la imposibilidad de no contar con los testigos en el juicio; Solicitud que fue resuelta por él A quo, con el argumento, tal como consta en el acta de debate, que si bien es cierto los señores Rony Javier Cardona Morales, Edwin Edgardo escobar Montes rindieron declaración con las formalidades de la prueba anticipada, no es menos cierto que la misma sirvió como prueba valga la redundancia en contra del señor René Alberto Argueta y en ese momento el señor Carlos Roberto Perdomo, no se encontraba habido, por ende dicho medio de prueba no puede ser utilizado por el ente fiscal en la presente causa ya que si esa hubiese sido la pretensión de la fiscalía y teniendo conocimiento que no se encontraba un defensor en aquel momento que controlara o prestara defensa técnica al imputado de autos (Carlos Roberto), tuvo el juez instructor que nombrar un Publio en todo caso, siendo estas las razones para declarar sin lugar la petición del Ministerio Publico, franqueando sin duda el principio de inviolabilidad del derecho de defensa, que de igual manera lo tiene el ministerio publico en representación de las victimas, puesto que tal como se establece en los hechos probados de la sentencia, quedo acreditado la muerte violenta del señor JONY MAURICIO VELASQUEZ BULNES, al ser herido por disparos de arma de fuego en cabeza, cara y abdomen, y que en el mismo suceso resultan heridos por disparos de armas de fuego los señores EDWIN EDGARDO ESCOBAR MONTES Y RONY JAVIER CARDONA MORALES, quienes declararon con las formalidades de la prueba anticipada y que establecen que esas dos personas no identificadas a la que el tribunal hace mención una de ellas es el imputado Carlos Roberto Perdomo, sin embargo el tribunal de sentencia por las razones arriba indicadas no permite la introducción al juicio oral, mediante la lectura autorizada; dictando por ello una sentencia absolutoria, por cuanto los testigos presenciales Edwin Edgardo y Rony Javier son los que indican que el imputado en compañía de otra persona también identificada fueron los que los agredieron y que al no permitirse la introducción de las declaraciones al debate, mediante lectura autorizada, cómodamente se llega a esa conclusión. Por lo que con base a los argumentos anteriormente expuestos: solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respetivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea sustanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la sustanciación del mismo.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO UNICO: Haber inobservado el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 5) del Código Procesal Penal.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los Preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación por el juzgador en la sustanciación del juicio son: El ".Artículo 14: Inviolabilidad del derecho a la defensa. "El derecho de defensa es inviolable..." Artículo 198: Finalidad de los medios de prueba. "La finalidad de los medios de prueba es el esclarecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de éste Código". Artículo 277: Autos jurisdiccionales prueba anticipada. Articulo 311: Lecturas Autorizadas. "Excepcionalmente podrán ser incorporadas al juicio por lectura que hará el Secretario: 1) Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio. 2) Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral. "El vicio se presenta porque el Tribunal de Sentencia, ha dejado de observar las reglas esenciales establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral; En ese orden de situaciones ocurridas, y que precisamos la manera en que el a quo agravió la pretensión acusatoria, mediante la inobservancia de las reglas esenciales para la realización del juicio: 1. Una vez iniciado el juicio y en el turno de evacuar la prueba testifical, los señores ofendidos y por ende testigos presenciales del hecho Rony Javier Cardona Morales y Edwin Edgardo Escobar Montes, a raíz de su incomparecencia el Ministerio Público solicita se citen a dichos testigos por edictos y por ende suspendiéndose el juicio, pues la petición del ministerio publico por parte del A-Quo, fue admitida; no obstante al momento de reanudar el juicio se informa sobre la incomparecencia de los testigos antes referidos, de los cuales el ministerio público a través de su agente fiscal actuante a sabiendas que dichos testigos en etapa preparatoria han rendido su declaración solicita que dichas declaraciones rendidas con las formalidades de la prueba anticipada, sean incorporadas al debate de juicio oral, mediante lectura autorizada; pues como ofendido son los que establecen las circunstancias de tiempo, fecha, hora e instrumento con la que se lesiona y por ende pierde la vida el señor Jhonny Mauricio Velásquez y de igual manera cómo y con qué instrumento también a ellos se les lesiona en diferentes partes de su cuerpo, sindicando como uno de los responsables al imputado señor Carlos Roberto Perdomo; declaraciones que se practicaron, con el control jurisdiccional, es decir juez, fiscal y defensa, antes de la ejecución de la orden de captura en contra de los imputados Carlos Roberto Perdomo y René Alberto Argueta, donde posterior mente se ejecuta la orden de captura en contra del señor René Alberto Argueta, en la que en audiencia inicial comparece a declarar nuevamente el testigo Rony Javier Cardona Morales, quien declara con las formalidades de la prueba anticipada, las circunstancias de tiempo, lugar y como el imputado René Argueta Bonilla, indicando al imputado René Alberto Argueta como la persona que junto a Carlos Roberto Perdomo con arma de fuego los agredieron, estando presente el juez, fiscal y defensor privado, mismo que obra en el proceso como defensor del imputado señor Carlos Roberto Perdomo, donde además dicho testigo en dicha audiencia establece que ha sido amenazado y buscado por personas extrañas, así como el hecho de haber recibido una llamada telefónica de una persona, diciéndole que si estaba recibiendo ayuda económica que el imputado Carlos Perdomo le estaba enviando, circunstancias que determinan la razones de la no comparecencia de los testigos al juicio y por ende valida la petición del ministerio público, de introducir dichas declaraciones al debate de juicio mediante lectura; sin embargo dicha petición fue denegada por el ente sentenciados argumentando bajo ningún argumento legal y tal como se determina en el acta de juicio oral en la que establece: que si bien es cierto los señores Rony Javier Cardona Morales, Edwin Edgardo escobar Montes rindieron declaración con las formalidades de la prueba anticipada, no es menos cierto que la misma sirvió como prueba valga la redundancia en contra del señor René Alberto Argueta y en ese momento el señor Carlos Roberto Perdomo, no se encontraba habido, por ende dicho medio de prueba no puede ser utilizado por el ente fiscal en la presente causa ya que si esa hubiese sido la pretensión de la fiscalía y teniendo conocimiento que no se encontraba un defensor en aquel momento que controlara o prestara defensa técnica al imputado de autos (Carlos Roberto), tuvo el juez instructor que nombrar un Publio en todo caso, siendo esta una desacertada decisión por cuanto no se le puede dar esa interpretación al Artículo 277 del código procesal penal y por ende como consecuencia, al no permitir el Tribunal Juzgador incorporar por lectura las precitadas declaraciones, inobserva las reglas esenciales para la sustanciación del juicio, concretamente el Artículo 311 en referencia. De igual manera, el A-Quo quebrantó el artículo 7 de la supra indicada norma procesal en suma a las antes señaladas, al denegar la incorporación de la declaración de los testigos, cuya legitimidad de procedencia se encuentra establecida en los numerales 1) y 2) del artículo 311 de la misma norma; utilizando el criterio para la motivación de su decisión, lo consignado en el acta de debate y que al efecto hemos trascrito en acápites anteriores, en cuyas palabras utilizadas por el Juzgador, denotan en él una clara posición arbitraria y alejada de la ley, que son opuestas a lo que manda el artículo 321 de la Constitución de la República: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley..." ;y el artículo 7 del Código Procesal Penal, que dispone: "El juzgamiento de los delitos..... corresponderá a Jueces y Magistrados...... sometidos a la Constitución de la República, a los Tratados y a las leyes", es por ello que ambas normas tanto la primaria, como la secundaria derivada de aquella, ordenan a los jueces, actuar dentro del marco que al efecto estas les facultan, en el sentido de cuando aplicar aquella excepción dispuesta por la Ley y cuando no, precisamente con la finalidad de imponer limites al Juzgador, Por no estar conforme con esa resolución el ente acusador hizo el oportuno reclamo interponiendo recurso de reposición, el cual obviamente fue resuelto sin lugar por el Tribunal, perjudicado con ello la pretensión acusatoria. -En tal sentido y por todo lo señalado, la infracción a las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público en los términos del precepto utilizado como autorizante en el presente motivo, se presenta por la infracción procesal a los artículos 14, 198, 277 y 311 numerales 1) y 2) del Código Procesal Penal, consecuencia de lo cual se generó la violación absoluta al debido proceso por lesionarse el derecho de acción, de defensa, de igualdad de armas, respecto a una de las partes legitimadas en juicio, postulados que deben campear en todo juzgamiento regular conforme al programa de enjuiciamiento penal proclamado en la prima lex; que sin duda alguna confiamos y solicitamos a la Sala de lo Penal que una vez de su conocimiento, resuelva de la manera que en derecho procede, que es casar la presente sentencia.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por el Fiscal del Ministerio Publico. Único Motivo. Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 82 de la Constitución de la República en relación a los 7, 8, 12, 13, 14 y 311 numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: Violación al Derecho de Defensa. Propuesta de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Se reclamo el vicio en juicio oral y público. Pretensión: Que se mande anular el fallo devolviendo los antecedentes al Tribunal de Sentencia para que sea sustanciado de conformidad a la ley. Expone el Censor que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, ha incurrido en violación al derecho de defensa que tiene ese ente acusatorio en representación de las víctimas, explica que en el desarrollo del juicio oral y público no fue admitido por el A-quo la incorporación mediante lectura autorizada las declaración de los testigos y a la vez ofendidos Edwin Edgardo Escobar Montes y Rony Javier Cardona Morales, aun y cuando estos rindieron declaración con carácter de prueba anticipada y habiéndose agotado todo el trámite para su comparecencia sin resultados positivos, de lo cual se interpuso recurso de reposición el cual fue declarado sin lugar. Del derecho a la defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia de un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acude al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia, cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de solicitar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. El proceso penal que nos ocupa inicio mediante requerimiento fiscal el 14 de agosto del 2012, presentado por el Ministerio Público en contra de Carlos Perdomo y Rene Alberto Argueta, por suponerlos responsable a título de autores del delito de Homicidio, en perjuicio de Jonny Mauricio Velásquez Bulnes y Homicidio en su grado de ejecución de Tentativa de Edwin Edgardo Escobar Montes y Rony Javier Cardona Morales, solicitando a su vez la orden de captura para los imputados. En relación a lo reclamado por el impetrante se la logrado verificar de la foliada de méritos, que de forma anticipada el 10 de agosto del mismo año, el Ministerio Publico solicito al Juez de Letras Seccional de Siguatepeque se tomara declaración testifical de Edwin Edgardo Escobar Montes y Ronny Javier Cardona Morales como prueba anticipada en la investigación que se seguía contra Carlos Perdomo y Rene Alberto Argueta, para lo cual el juez de garantía admitió la petición mandando a notificar la resolución a la Defensa Publica y al represente Fiscal, al momento de celebrarse dicha audiencia ese mismo día 10 de agosto estuvo presente además del Ministerio Público, un abogado Defensor Público quien manifestó que en su condición de Defensor Público y en aras de no violentar ningún derecho o garantía procesal de cualquier persona que sea llamada ante ese Tribunal. Resulta claro para esta Sala de Casación, que al momento de recibir estas declaraciones no se encontraba habida ninguna de las personas investigadas y la comparecencia del Defensor Publico garantizaba los derechos de los que en ese momento no tenían presentado un requerimiento fiscal en su contra pues el proceso estaba en su etapa de investigación preliminar. El Ministerio Público, en su recurso formula protesta en contra de la decisión del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque de no admitir la introduccion por lectura autorizada de las declaraciones tomadas con las formalidades de prueba anticipada, violentando así el derecho a la defensa de los intereses de la sociedad. Este Ad-quem se ha dado a la tarea de analizar el acta de debate de méritos y logra observar, que por parte del Tribunal de Sentencia a instancia del Ministerio Publico se agotó el procedimiento para hacer comparecer a los testigos en referencia, para lo cual se ordenó suspender la audiencia de debate y citar por edictos a los señores Edwin Edgardo Escobar Montes y Rony Javier Cardona Morales, una vez reanudada la sesión de juicio oral y público, ante la incomparecencia de los testigos en referencia el Fiscal solicito la incorporación por lectura autorizada, lo cual fue declarado sin lugar bajo el fundamento siguiente: …si bien es cierto los señores RONY JAVIER CARDONA MORALES, EDWIN EDGARDO ESCOBAR MONTES, rindieron declaración con las formalidades de prueba anticipada, no es menos cierto que la misma sirvió como prueba valga la redundancia en contra del señor RENE ALBERTO ARGUETA y en ese momento el señor CARLOS ROBERTO PERDOMO no se encontraba habido, por ende; dicho medio de prueba no puede ser utilizado por el ente fiscal en la presente causa ya que si esa hubiera sido la pretensión de la fiscalía y teniendo conocimiento que no se encontraba un defensor en aquel momento que controlara o prestara defensa técnica al imputado de autos tuvo el juez instructor que nombrara un público en todo caso, es por ello, que se declara sin lugar la petición del ente fiscal en consecuencia de lo anterior, no se admiten las declaraciones de los señores RONY JAVIER CARDONA MORALES, EDWIN EDGARDO ESCOBAR MONTES, rendidas con formalidades de prueba anticipada. Dicho fundamento resulta incomprensible, pues del caso en estudio consta la presencia de un defensor público para controlar la audiencia en la cual se toma las declaraciones con las garantías de prueba anticipada de los testigos en referencia, en el caso de mérito se reúnen los presupuestos que legitiman la incorporación de las tales declaraciones al debate, según lo prescribe el artículo 277 relacionándolo como los requisitos del 311 numeral 1, el Tribunal de Sentencia estaba en el devenir que incorporar las declaraciones de los señores RONY JAVIER CARDONA MORALES, EDWIN EDGARDO ESCOBAR MONTES, otorgarles el valor que a su buen juicio consideraran, pues las mismas poseen las garantías de prueba anticipada, tomadas por un juez competente, con la presencia de un defensor público que controló que el acto judicial, para que no existiera vulneración a derechos y garantías constitucionales de los no habidos en ese momento, por lo cual en el caso de autos al negarle al Ministerio Publico el poder incorporar como lectura autorizada estas declaraciones que son parte del acervo probatorio para sustentar su tesis acusatoria viene en menoscabo del derecho que tiene el ente acusatorio de defender los derechos de las victimas y de la sociedad, el tal sentido prospera el presente motivo de casación. Decisión: Declara Ha Lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Publico. La Sala de lo Penal no hará pronunciamiento del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma presentado por el recurrente, por efecto de haberse declarado con lugar el motivo único del recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por Infracción de Precepto Constitucional, invocado por el abogado Elmer Santos Diaz Gomez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra el acusado Carlos Roberto Perdomo García, a quien se le absolvió por el delito de Homicidio Simple en perjuicio de la vida del señor Yony Mauricio Velásquez Bulnes, y por el delito de Homicidio Simple en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de la vida del señor Edwin Edgardo Escobar Montes y Rony Javier Cardona Morales. Segundo: Declara la nulidad de la sentencia de fecha diecinueve de julio del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua y el debate que lo pronunció. Y manda: 1) Que se repita el debate con jueces diferentes a los que participaron en el anulado, 2) Que con certificación del presente fallo se devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Mairena Franco. NOTIFÍQUESE. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – lety emelda posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veintiún días del mes de mayo de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-231-2020.

PIA CRISTINA MEJIA

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL