Sentencia CP-219-21 — Registro 19965
Resumen
En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando a la acusada de los delitos de abuso de autoridad y vejámenes, resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar el recurso de casación y declaró la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso de Casación. El recurso no es de recibo. La recurrente denuncia como único motivo de casación, que la sentencia recurrida carece de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. No identifica de forma clara y precisa cuál es el motivo a desarrollar tal como ordena el artículo 363 del Código Procesal Penal, el cual establece que al tratarse de la casación en la forma, se debe exponer con claridad y precisión los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos. El precepto invocado como autorizante por la recurrente contiene siete elementos de casación distintos que deben ser desarrollados, en un buen uso de la técnica casacional, de forma individual y separada. Carencia, insuficiencia y contradicción de motivación fáctica, son tres motivos de casación. Igual ocurre con carencia, insuficiencia y contradicción de motivación jurídica, los cuales deben ser identificados, explicados y comprobados de forma separada. Si bien es cierto que la impetrante, no puntualiza ninguno de los elementos descritos tampoco los desarrolla para el fácil entendimiento de su reclamo No obstante lo anterior, esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán de ser estudiados siempre desde la premisa del principio de tutela judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada La no observancia de falta de claridad y motivación de la sentencia , es también un motivo de casación distinto en el cual se debe identificar cuál ha sido la regla considerada como infringida y desarrollar una argumentación orientada en definitiva a comprobar tal alegato. por ello a dicho principio interesa lo referente a: 1. Derecho de acceso a la justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la tutela cautelar; y, 5. Derecho a la ejecución. Por esta razón, mediante doctrina legal esta Sala de lo Penal, ha establecido que aún y cuando en el planteamiento de un recurso de casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida), o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo ad portas del conocimiento del recurso, siempre que aún a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; En el caso de méritos para sustentar la presente causa el Ministerio Público oferto entre otros, los siguientes medios de prueba 1) testificales 2) documentales 3) inspecciones, los cuales fueron evacuados en juicio oral y público, y que motivó el fallo del tribunal de sentencia mediante el cual condena la encausada por el delito de abuso de autoridad. En el caso de marras La censora no pudo exponer claramente cual fue el defecto o vicio que causó perjuicio a su representada, tomando en consideración que cuando nos referimos a la Sana critica, es un concepto con distintos elementos de tal forma que para recibir la respuesta adecuada tiene que ser precisa con el vicio. En la sustanciación del recurso plantea lo siguiente “que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de la imputada, en vista que a la conclusión que arribó el tribunal de sentencia para condenar no provienen de elementos verdaderos ni suficientes. “Por todo lo anterior esta sala penal al revisar las actuaciones del Tribunal sentenciador, se comparte el fallo emitido que se deriva de los medios de pruebas evacuados, utilizando las normas de la sana crítica mediante razonamientos claros correctos, válidos, dando lugar a una inferencia producto de la valoración efectuada, así mismo la resolución está debidamente fundamentada, y siendo que con el planteamiento hecho por la recurrente, es difícil dar respuesta a su reclamo por el hecho que plantea de forma genérica, razón por lo que debe ser declarado no ha lugar los dos recursos de casación en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso de Casación. El recurso no es de recibo. La recurrente denuncia como único motivo de casación, que la sentencia recurrida carece de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. No identifica de forma clara y precisa cuál es el motivo a desarrollar tal como ordena el artículo 363 del Código Procesal Penal, el cual establece que al tratarse de la casación en la forma, se debe exponer con claridad y precisión los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos. El precepto invocado como autorizante por la recurrente contiene siete elementos de casación distintos que deben ser desarrollados, en un buen uso de la técnica casacional, de forma individual y separada. Carencia, insuficiencia y contradicción de motivación fáctica, son tres motivos de casación. Igual ocurre con carencia, insuficiencia y contradicción de motivación jurídica, los cuales deben ser identificados, explicados y comprobados de forma separada. Si bien es cierto que la impetrante, no puntualiza ninguno de los elementos descritos tampoco los desarrolla para el fácil entendimiento de su reclamo No obstante lo anterior, esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán de ser estudiados siempre desde la premisa del principio de tutela judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada La no observancia de falta de claridad y motivación de la sentencia , es también un motivo de casación distinto en el cual se debe identificar cuál ha sido la regla considerada como infringida y desarrollar una argumentación orientada en definitiva a comprobar tal alegato. por ello a dicho principio interesa lo referente a: 1. Derecho de acceso a la justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la tutela cautelar; y, 5. Derecho a la ejecución. Por esta razón, mediante doctrina legal esta Sala de lo Penal, ha establecido que aún y cuando en el planteamiento de un recurso de casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida), o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo ad portas del conocimiento del recurso, siempre que aún a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; En el caso de méritos para sustentar la presente causa el Ministerio Público oferto entre otros, los siguientes medios de prueba 1) testificales 2) documentales 3) inspecciones, los cuales fueron evacuados en juicio oral y público, y que motivó el fallo del tribunal de sentencia mediante el cual condena la encausada por el delito de abuso de autoridad. En el caso de marras La censora no pudo exponer claramente cual fue el defecto o vicio que causó perjuicio a su representada, tomando en consideración que cuando nos referimos a la Sana critica, es un concepto con distintos elementos de tal forma que para recibir la respuesta adecuada tiene que ser precisa con el vicio. En la sustanciación del recurso plantea lo siguiente “que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de la imputada, en vista que a la conclusión que arribó el tribunal de sentencia para condenar no provienen de elementos verdaderos ni suficientes. “Por todo lo anterior esta sala penal al revisar las actuaciones del Tribunal sentenciador, se comparte el fallo emitido que se deriva de los medios de pruebas evacuados, utilizando las normas de la sana crítica mediante razonamientos claros correctos, válidos, dando lugar a una inferencia producto de la valoración efectuada, así mismo la resolución está debidamente fundamentada, y siendo que con el planteamiento hecho por la recurrente, es difícil dar respuesta a su reclamo por el hecho que plantea de forma genérica, razón por lo que debe ser declarado no ha lugar los dos recursos de casación en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Rosa Helena Cáceres Pérez, como autora, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, la pena de tres años, más la pena de Inhabilitación Especial, e interdicción civil por el doble del tiempo de la pena de prisión, es decir, seis años. Se declaró la responsabilidad civil a Rosa Helena Cáceres Pérez. la conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de abuso de autoridad (artículo 499.2), cuya pena es de tres (3) a seis (6) años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; según el artículo 255 del NCP, en la presente causa no hay agravantes ni atenuantes establecidas. Por tanto, corresponde para la señora Rosa Helena Cáceres Pérez la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo código penal. El inciso dos de este Artículo aumenta en un tercio la pena cuando en el caso de que los actos se refieran a tareas de justicia, orden público educación, o salud pública y exijan un cumplimiento inmediato. De tal manera al aumentar 1/3 a la pena principal quedaría de cuatro (4) a ocho años (8) años de inhabilitación especial para empleo o cargo público , de tal manera Concluye esta Sala de lo Penal que en el caso de la señora Rosa Helena Cáceres Pérez, quien fungía como la directora de la penitenciaria femenina( por lo que es de orden público) procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior, tomando en consideración que la ley anterior imponía penas de prisión , conforme dispone el artículo 616 del nuevo código penal. Queda la pena abstracta en inhabilitación por cuatro (4) años para ejercer empleos o cargos públicos..."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-219-2021, que literalmente dice:” SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno mayo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-219-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de junio del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a la señora Rosa Helena Cáceres Pérez, por el delito de Vejámenes en perjuicio de Madison Indira Chan Castillo. Segundo: Condenó a la señora Rosa Helena Cáceres Pérez, por el delito de Abuso de Autoridad en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de tres años de reclusiòn. Tercero: Condenó a la señora Rosa Helena Cáceres Pérez, a las penas accesorias de Inhabilitaciòn relativa e Interdicciòn Civil, por el tiempo que dure la pena principal. Cuarto: Declaró la responsabilidad civil de la acusada. Quinto: No Procedió la condena en costas. Son partes en única instancia: La Abogada Mercedes Dubón, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y Abogada Alba Regina Paniagua pacheco en su condición de Defensora Pública de la señora Rosa Helena Cáceres Pérez, ambas como parte recurrente-recurrida. HECHOS PROBADOS “Primero: La señora Rosa Elena Cáceres Pérez fungía como Directora dela Penitenciaria Femenina de Adaptación Social en el año 2013, según acuerdo No. 401-2000 del Instituto Penitenciario. Segundo: En junio del año 2013 la señora Madison Indira Chang Castillo se encontraba privada de libertad en condición de condenada en la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social. Tercero: En fecha 24 de mayo del año 2013 se emitió resolución por parte de la señora Rosa Elena Cáceres Pérez, Directora de PNFAS, resolución No. 007-PNFAS-2013 donde se le imponía como sanción administrativa a la señora Madison Indira Chang Castillo alojara en la celda destinada para visita conyugal ubicada en el interior de dicho Centro Penitenciario. Cuarto: Que en fecha 11 de junio del año 2013 se celebró audiencia de queja interpuesta por familiares de la señora Madison Indira Chang Castillo en la que se ordenó por parte de la Juez de Ejecución, Sandra Palacios, a la señora Rosa Elena Cáceres Pérez, que la celda no debe de estar cerrada con candado, permitir estar fuera de la celda en un horario de once a una de la tarde a dicha privada de libertad y en un horario de cinco a nueve de la noche, respetando el horario para recibir el sol. Quinto: En fecha 22 de julio del año 2013 según oficio JE-SJT180-2013 la Juez Sandra Palacios, envió oficio a la directora de la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social, Rosa Elena Cáceres, para que diera cumplimiento a lo resuelto en la audiencia de queja, Ya que la Señora Madison Indira Chang, continuaba sin salir de la celda.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Mercedes Dubón, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “Motivo Único: “No haber observado el Sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación del motivo: Para el Jurista Uruguayo Eduardo Juan Couture: “la Sana Crítica, no puede desentenderse, de los principios lógicos; ni de las máximas de la experiencia. Los primeros son verdades inmutables, anteriores a toda experiencia; las segundas son contingencias, variables con relación al tiempo y al espacio. La Sana Critica, será pues, permanente e inmutable.” Desde esa óptica, el sistema de apreciación de prueba en el proceso penal hondureño, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de las probanzas que le son ofertadas para alcanzar determinado convencimiento; sin embargo, ésta, ni es de carácter absoluto, ni arbitraria, sino que debe observar las reglas de la lógica, la psicología y el sentido común; asegurando el más certero juicio en su decisión. Voluntad del legislador establecida en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. Durante sus deposiciones ante el órgano jurisdiccional, las señoras: 1. Madison Indira Chang Castillo, en síntesis declaró: El 11 de Junio de 2013, fuimos a una audiencia de queja a Ejecución con la Abogada Sandra Palacios, cuando ella había visto mi caso y mi situación, ella dio una resolución donde tenían que sacarme de la plancha y pasarme a un lugar más, donde pudiera tener baño y poder hacer mis necesidades; al trece día me sacó y me puso en un módulo donde viven las 18, yo no soy ningún pandillera. Ellas(reclusas) me empezaron a querer y me metieron una lata donde podía hacer mis necesidades, porque igual había una resolución, pero pasaba con candado, y no se estaba cumpliendo con la orden de la Jueza de Ejecución, yo continuaba con el candado igual cuando llegaba la jueza de ejecución yo estaba encerrada... Mis necesidades las hacía en una lata, mi hermano buscó ayuda nuevamente y llegaron DDHH Internacionales, pudieron constatar que yo hacía mis necesidades en una lata. Luego poco a poco me fueron quitando el castigo, pero si duró bastante. Ante el interrogatorio de las partes agregó: la señora directora me colocó en esa celda, me dijo que iba a ser mi casa.- yo estuve 15 días en la plancha que llegó Derechos Humanos.- era una celda de castigo, con luz, una celda pequeña, con una plancha de cemento.- la Dra. Martha Montero me atendió por sangrado de nariz. Asimismo, la testigo 2.- Karen Fonseca Cardona indicó ante el juzgador, que: “era compañera de Madison Indira Chang Castillo, ella siempre está encerrada con llave, en el hogar habían tres sanitarios pero en la celda de ella no. No recuerda cuanto tiempo estuvo ahí. Mi fiscalía es sección como parte de la probanza Documental desarrollada a la Vista Pública, básicamente consta entre otros: A) copia de Acuerdo 401-2000 como Policía Penitenciaria de la Procesada Rosa Elena Cáceres. B) copia autenticada de recurso de exhibición personal, declarando con lugar Habeas Corpus a favor de la señora Indira Chang Castillo, y es registrado en la Sala de lo Constitucional bajo el número 612- 13. Adjunto lleva: C) Informe, remitido por la Juez Ejecutora Yensy María Barrientos, que a su vez contiene entre otros, Resolución Definitiva de Queja 015-2013. D) informe emitido por la juez de ejecución abogada Sandra Isabel Palacios de fecha 13 de Agosto de 2013, sumadas van Actas de Inspección realizadas por la mencionada funcionaria, en las celdas donde estaba recluida la señora Madison Chang Castillo. E) Acta de Inspección Ocular de fecha 24 de Febrero de 2015 junto a Álbum fotográfico realizado en el Hogar 5 de CEFAS. F) certificación de sentencia del recurso de exhibición interpuesto a favor de la señora Madison Indira Chang Castillo. Al momento de apreciar la precitada probanza testifical y documental, el A Quo les otorga credibilidad y valor probatorio, teniendo en consecuencia por derivado de la misma, que la encausada Rosa Elena Cáceres en su condición de Servidora Pública al desempeñarse como Directora del Penitenciaria Femenina de Adaptación Social CEFAS, tenía bajo su custodia a la reclusa Madison Indira Chang Castillo, ordenando bajo Resolución 007-PNFAS-2013 el ingreso de ésta en una celda conyugal ubicada al interior del Centro Penitenciario, la cual se mantuvo con candado y sin salida de la interna en los horarios ordenados por la Juez de Ejecución Sandra Palacios, aun después de resuelta Audiencia de Queja y recibir Oficio JE SJT180-2013 contentivo de esa orden judicial, lo que lo conduce a decretar fallo de culpabilidad por el ilícito de Abuso de Autoridad. Sin embargo, el Tribunal también expone, que: “De la evacuación de los medios de prueba se acredita que no hubo ningún tipo de vejamen contra la interna Madison Chang Castillo, en razón de que es conocido por todos, las condiciones carcelarias del sistema penitenciario en nuestro País ésta era de alta peligrosidad pues habían intentado fugarse dos veces, y dicho centro no cuenta con celdas para abrigar a privados de libertad considerados de alto riesgo, estimando, que no se asignó de forma dolosa o antojadiza a dicha interna a la celda conocida como área conyugal; razonamiento judicial que infringe el postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia y veracidad, pues, pese a concluir que la Copia Autenticada de Recurso de Exhibición Personal, el Informe remitido por la Juez Ejecutora Yensy María Barrientos, la Resolución Definitiva de Queja 015-2013, el Informe remitido por la Juez de Ejecución Abogada Sandra Palacios de fecha 13 de Agosto de 2013, más las Actas de Inspección realizadas por la funcionaria precitada, Acta de Inspección de fecha 24 de Febrero de 2015, junto a Álbum fotográfico realizado en el Hogar 5 de CEFAS y la Certificación de Sentencia del Recurso de Exhibición Personal, le son creíbles”, sobradamente no les ha valorado en todo su contexto, ya que es innegable, que de realizarse apreciaciones lógicas, al igual éstos documentos desprenden como conclusión inevitable la responsabilidad de la encausada Rosa Elena Cáceres, al realizar acciones degradantes y humillantes en perjuicio de la ofendida Madison Indira Chang Castillo quien estaba bajo su custodia policial. La fuerza vinculante de la prueba supra descrita ha quedado menguada, cuando el ente judicial a través de la valoración sesgada de todos los medios de prueba, llega a un resultado probatorio incompatible, pues no existe razón suficiente para sostener: “que no hubo ningún tipo de vejamen contra la interna Madison Chang Castillo”, cuando la probanza de cargo que ha sostenido le resulta confiable, también contiene que: “se verificó que después de estar 15 días en el lugar conocido como la plancha, la interna Madison Chang, se encuentra ubicada en la celda número 9 con candado, constatando que en dicha celda no hay, ni servicio sanitario, ni baño, y no se le permite salir de ahí, excepto veinte minutos para bañarse, y se le ha colocado una lata que según la privada de libertad es para hacer sus necesidades” “... en el presente caso no puede considerarse un trato digno a la persona humana, el hecho de tener que hacer sus necesidades fisiológicas en una lata, teniendo que soportar malos olores hasta el momento que se le permite salir de su celda, sumado a esto otras circunstancias biológicas propias de la mujer que conllevan otro tipo de molestias, si no se cuenta con un servicio sanitario dentro de una celda”(Fuente Medio de Prueba Informe realizado por la Juez ejecutora Abogada Yensy María Barrientos) “...Que la Autoridad Penitenciaria denunciada, по ha dado cabal cumplimiento de la orden judicial girada por Juez Judicial Competente, mediante la cual se ordena modificar la situación precaria a que ha sido sometida la señora Madison Indira Chang Castillo, siendo que ésta ha sido ha sido víctima de restricciones innecesarias, indignas e injustificadas durante su reclusión, que se traducen a un trato arbitrario y contrario a ley, no resultando razones justificables que expliquen la extensión de los malos tratos por parte de la autoridad recurrida en perjuicio de dicha interna... (Considerando 10, Certificación de Sentencia de Exhibición Personal 0612-13 de fecha 28 de Mayo de 2014). “... constándose que en dicha celda no hay servicio sanitario, ni baño, y no se le permite salir de ahí, excepto veinte minutos para bañarse, y se le ha colocado una lata que según la privada de libertad es para hacer sus necesidades” (Extracto de Inspección realizada por Juez de Ejecución en fecha 10 de junio de 2013) En ese contexto, al concluir el Sentenciador por mayoría en sus apreciaciones, que no pueden verse del elenco probatorio que desfiló en juicio, las vejaciones cometidas a la interna Madison Chang Castillo está dejando en evidencia, que ha arribado a convicciones incorrectamente formadas, sin acudir al análisis de todo el contenido del mismo, como le es de imperativo cumplimiento. El cual, en contraposición a lo que erróneamente concluye, deja ver un trato desigual, denigratorio, humillante a la interna Madison Indira Chang Castillo, aplicado por la encausada Rosa Elena Cáceres, en su condición de Directora de la Penitenciaria Femenina de Adaptación Social, al aislarla por largos periodos en celdas con candado, que la obligaban a realizar sus necesidades fisiológicas en una lata. Vejaciones que persistieron aun después de haberle sido ordenado el cese de los mismos, por la parte de la Jueza de Ejecución Sandra Palacios. Vale la pena recordar aquí, la marcada Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre Honduras, encaminada siempre a compeler respecto de las condiciones generales de las Personas Privadas de Libertad, que deben ser siempre compatibles con la dignidad personal, tal es el caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras., citado por el A quo. A partir del que, la Corte IDH, recalca: “que ha incorporado: en su jurisprudencia los principales estándares sobre condiciones carcelarias y deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. En particular, como ha sido establecido por esta Corte a)... b).... c)....; h) todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y adecuadas condiciones de higiene: i) los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y privacidad: j)... y k) las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente prohibidas.” (El subrayado no corresponde al texto original). Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Asimismo, y en tercer lugar, el Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana. Como lo ha señalado este Tribunal “si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”. En el mismo sentido, constituye una infracción a las reglas de la sana crítica el hecho de que, el Tribunal sostenga que no existen vejaciones a la interna Madison Indira Chang Castillo, pues según su criterio: "es conocido por todos, las condiciones carcelarias del sistema penitenciario en nuestro país. - ésta reclusa era de alta peligrosidad pues había intentado fugarse dos veces, y dicho centro no cuenta con celdas para abrigar a privados de libertad considerados de alto riesgo, estimando, que no se asignó de forma dolosa o antojadiza a dicha interna a la celda conocida como área conyugal, “consecuentemente está vulnerando la Ley de la Derivación, ya que su conclusión no proviene de los elementos probatorios desarrollados a la vista pública, más bien es especulativa, al intentar justificar la acciones denigratorias dolosas, reiterativas y persistentes en el tiempo, de la encausada Rosa Elena Cáceres con la reclusa Madison Indira Hernández, sobre la base de la situación carcelaria del país. En otros términos, su afirmación es general, pues ni aun proviene de la probanza cuáles eran las condiciones específicas de Penitenciaria Femenina de Adaptación Social. Y de ser éstas realmente precarias, un razonamiento judicial apegado a las reglas del recto entendimiento humano, y al margen de todo subjetivismo; lejos de apoyarse en opiniones propias, se hubiese encaminado a derivar, que ante tales circunstancias la imputada Rosa Elena Cáceres, en su posición de Directora de ese Centro Penitenciario y garante de las personas ahí recluidas, devenía en la obligación de buscar soluciones y alternativas a esas necesidades, antes que, someter a situaciones atentatorias de la dignidad a las personas bajo su cuidado y custodia. Es preciso resaltar, que las infracciones a las reglas del correcto entendimiento humano o errores de apreciación del Tribunal a las pruebas supra mencionadas, aluden especialmente, a que se aleja de los principios lógicos formales y de los criterios de valoración de prueba establecidos mediante Jurisprudencia por la Honorable Sala de lo Penal, pues no hace una valoración integral e individual de cada medio probatorio, para luego confrontarles entre sí, lo que lo limita a ver su consistencia, su valía, y lo conduce a juicios falsos, sobre todo cuando lo que ha expuesto en el Apartado Primero Párrafo 10, Pág. 13, de la Valoración Probatoria de la Sentencia al indicar: “...que al realizarse las distintas inspecciones se corroboró que al llegar a dichas instalaciones, la señora Madison Chang Castillo se encontraba con otras internas viendo televisión”, vulnera la ley de la razón suficiente en su característica de veracidad, pues como lo expuso la señora Madison Chang Castillo ante el juzgador: “poco a poco le fueron quitando el castigo, pero si duró bastante,, dichos que resultan consistentes con las Inspecciones realizadas por la Juez de Ejecución y Juez Ejecutora nombrada en razón de Habeas Corpus, en las que, ambas constatan los tratos indignos que ella recibía y por ello ordenan su cese, y también confluyen con las inspecciones evacuadas tiempo después por el Analista de Investigación, que reflejan disminución y mejoría de las precitadas condiciones, sin que esto signifique como parece entenderlo el Sentenciador, que tales limitaciones no existieron. No se comprende entonces, por qué el Sentenciador no apreció adecuadamente el contenido de la prueba desarrollada en juicio, sobre todo cuando constituyen una fuente imparcial de conocimiento de los hechos y les ha otorgado credibilidad. Es por ello, que el Ministerio Público reitera, que el Tribunal de primera instancia, ha apreciado dicha probanza de manera arbitraria y no en respeto al sistema lógico de valoración, lo que lo lleva a pronunciar erróneamente un fallo de absolución por el Ilícito de Vejaciones En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley.” RECURSO DE CASACIÓN La recurrente Abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de Defensora Pública de la señora Rosa Helena Cáceres, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “Expresión del motivo de casación Motivo Único: Por haberse violentado las reglas de la sana critica norma adjetiva infringida: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el Artículo 336 y 338 regla 4ta No.2 del Código Procesal penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Expresión del motivo Previo a explicar nuestro motivo, conviene aclarar en que consiste la fundamentación y valoración de prueba conforme a las reglas de la sana crítica así: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el código Procesal Penal, es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A-quo. Debe de mantener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la aplicación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En ese apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además porque un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Primero: Siendo así resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, en vista que a la conclusión que arribo el tribunal de sentencias para condenar al mismo no proviene de elementos verdaderos, ni suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad por abuso de autoridad por parte de mi defendida Rosa Helena Cáceres Pérez. En el caso de mérito precisa referirnos a la Regla de la lógica por ser esta la más inobservada por el tribunal de sentencia y sobre la cual está orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos congruentes, verdaderos y suficientes por lo que puntualizaremos primeramente sobre la prueba testifical de cargo evacuada en juicio oral donde la testigo ofendida de viva voz narra en audiencia de juicio oral y público entre otras cosas...........”que ella tenía muchos problemas en su casa con su familia, tenía una hermana agonizando, yo intente fugarme del penal y luego cuando ingrese..........yo sabía que había cometido un error, pero yo creo que como ser humano en el modo que ella puso la sanción creo que no porque yo estuve mucho tiempo sin colchón en mi celda.......” Asimismo podemos observar que la mayoría del tribunal en su apartado Valoración Conjunta de la Prueba manifiesta que se desprende de las declaraciones antes descritas que como lo refieren las señoras; Karen Fonseca Cardina y Madison Indira Chang Castillo, que las mismas son privadas de libertad que están dentro del hogar cinco en el Centro Femenino de Adaptación Social CEFAS, que esta última estaba cumpliendo condena por un delito de Robo y que intentó fugarse en dos ocasiones, según sus dichos porque una hermana estaba agonizando, siendo frustrados esos dos intentos de fuga, fue asignada al hogar 5 de dicho Centro Penitenciario a una celda a las que las internas le llaman la Plancha, lugar que no reunía las condiciones necesarias para mantener recluida a ninguna persona, por lo que la misma fue objeto de queja por parte de la interna Madison Chang ante la Juez de Ejecución correspondiente, dichos que a criterio del Tribunal son creíbles ya que fueron corroborados con otros medios de prueba. Asimismo, consta la declaración de la testigo de descargo Karla María Durón Valladares quién declaró en juicio oral y público manifestando que había sido citada para dar testimonio sobre una acusación que hace la privada de libertad Indira Chang Castillo hacia la Clase II Rosa Helena Cáceres de Abuso de Autoridad y Vejámenes. Lo que tengo que decir es que en ningún momento la Clase II ha abusado de su autoridad y tampoco ha cometido Vejámenes contra la privada de libertad Indira Chang. Dicho lo anterior considera esta defensa Pública haber sido lo lógico que la Mayoría del Tribunal hubiera tomado en cuenta estos aspectos al emitir su fallo y por ende haber valorado toda la prueba en su conjunto y en forma armónica para posteriormente argüir que mi representada Rosa Helena había cometido o no el delito de Abuso de Autoridad, siendo nuestro criterio que con dicha prueba no debió haber sido condenada. Segundo: Esta Defensa considera que lo único que se probó en juicio oral y público con la prueba aportada por el Ministerio Público es que nuestra representada la señora Rosa Helena Cáceres Pérez a partir del 15 de agosto del año 2000 fue nombrada como Policía Penitenciaria según Acuerdo No. 401-2000 y que estuvo asignada al Centro de Adaptación Femenino como Directora, lo que no compartimos es que la misma haya cometido el delito de Abuso de Autoridad contra la señora Madison Indira Chang Castillo, en vista que como Directora de dicho Centro Penal lo único que la misma realizó fue su labor de Directora y por ende responsable de la custodia de todas las internas entre ellas Madison Indira Chang Castillo, pues como quedo probado anteriormente la interna Madison Indira en dos ocasiones intento fugarse de dicho Centro Penal por lo que tenía que aplicársele un Régimen de Seguridad Máxima para generar un cambio de conducta en dicha interna, siempre preservando la seguridad personal de la misma, tomándose en cuenta con la precariedad con que se cuenta en todos los centros penales del país, las condiciones de dichas celdas o módulos no son las mejores y como la ley lo establece la Seguridad penitenciaria en el régimen de seguridad es responsabilidad del Director del establecimiento máxime cuando los internos son problemáticos como el caso de la señora Madison Indira, por lo que como norma de seguridad tenía que tomarse una decisión como la que hizo nuestra representada Rosa Helena Cáceres Pérez de mantener aislada a una persona peligrosa que trato de fugarse en dos ocasiones. Refiriéndonos a la declaración de la supuesta ofendida Madison Indira Chang Castillo consideramos que la misma vino a magnificar un poco la situación en la que estaba privada de libertad al ser un poco exagerada, estableciendo la misma que la tenían privada de libertad y un poco restringida en la celda porque ella había intentado fugarse dos veces y que la habían recapturado en las dos ocasiones, estableciendo en la declaración que estuvo privada de libertad en un lugar con grilletes de pies y manos constantemente, pero dichos extremos no fueron acreditados de ninguna forma en juicio oral y público, por otro lado estableció que personeros de Derechos Humanos llegaron y la encontraron en ese lugar, pero posteriormente también estableció que habían llegado los Jefes de mi representada, es decir las autoridades penitenciarias y que estas mismas personas le manifestaron que podía estar ahí si tenía un colchón, son cuestiones que se contraponen en cuanto a que ella había sido privada de libertad de una manera ilegal en el centro penal, donde no se acreditó en juicio oral documentalmente denuncia ante Derechos Humanos a pesar de que el Ministerio Público manifestó que los familiares estaban pendientes y que hacían las denuncias respectivas, por lo que consideramos que la declaración de la supuesta ofendida Madison Indira Chang Castillo no aportó elemento alguno para acreditar la participación de nuestra representada en el ilícito imputado. Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es el hecho que existió un informe por parte de la Juez Ejecutora Jensy María Fonseca en una Exhibición Personal, de la cual existen consideraciones que se deben tomar en cuenta como ser el hecho que ella constató como se encontraba la ofendida Madison Indira en el momento de realizar la Exhibición personal donde la misma estableció que estaba condenada, que peleaba un poco por su derechos y que la habían capturado en dos ocasiones, es importante mencionar que en el numeral 2 del mismo informe al momento que la Juez Ejecutora constata la instalación donde se encontraba la señora Madison Indira en el Módulo 5 manifestó que la encontró en compañía de otras privadas de libertad viendo televisión, es decir que no la encontró en la celda encerrada como ella lo establecía constantemente y sí el portón de acceso estaba cerrado, pero todas estaban en el mismo lugar, asimismo se estableció que la celda en que se encontraba ubicada solo existía una cama unipersonal con colchón, por lo que esta defensa considera que esas son condiciones mínimas para una privada de libertad que no se pueden considerar que estuviera bajo vejámenes o en condiciones deplorables. Por último queremos señalar que la interna Madison Indira era una persona problemática en dicho centro penal, donde había sido sancionada administrativamente por violentar las reglas de dicho centro penal, entre ellas la número 85-2013 en al que establece que a pesar de que la señora Madison Chang de saber que era prohibido tener celulares la misma estaba realizando llamadas telefónicas y no quiso entregar el celular, lógicamente de esto tuvo una sanción que fue una suspensión de visita por los días de semana y aun así tenía visitas durante esa privación por parte de sus familiares y en su momento se tuvo que sancionar puesto que violentó las reglas a las que debía estar sometida, es decir la No. 066-2012 en la que se sancionó por insultos a la Policía aunado a esto se tiene un informe de la clase II de la Policía María Josefa Vásquez de fecha 11 de junio del año 2013 en la cual se establece que ellas seguían las órdenes que se habían establecido en cuanto a que debían de abrirle la puerta para darle la comida, es decir que ella recibía comida y le permitían acceder a los baños y todo lo que era aseo personal de la misma, que en algunas ocasiones era ella la que no cumplía con los horarios, la misma ofendida estableció que ella había veces que no quería comerse la comida porque le hacía daño y en el centro penal no se le podía dar un alimento diferente por las condiciones que tenía dicho centro penal. Asimismo, se presentó como prueba un libro de novedades que establecía que dicha interna tenía permiso de visita conyugal. Un aspecto importante es que en la audiencia de queja presentada por la interna se estableció que por los dos intentos de fugas que ella había cometido debían de tenerse las medidas de seguridad sobre ella para que no volviera a intentar escaparse, en vista que la custodia la tenía el centro penal y este estaba obligado a tomar las medidas de seguridad sobre la misma mientras un Tribunal no le diera una carta de libertad provisional o definitiva a favor de ella. Tercero: Por tal razón consideramos que de todo este conjunto de circunstancias que se dieron al momento de evacuar la prueba de cargo en el juicio oral y público, la misma no nos permite tener una certeza jurídicamente valida sobre la forma o circunstancias reales para conocer la verdad o adquirir más conocimiento sobre ello. Los autores José Manuel Arrollo y Alexander Rodríguez Campos, en su libro lógica jurídica y motivación de la sentencia penal, unidad VI pagina 136 pie de página 121 afirman: “Debe recordarse que en la estructura de la sentencia, la aplicación de aquellas reglas tiene lugar al momento de analizar las pruebas y por ello, a los efectos de fundamentar las resoluciones no basta con que el Tribunal inserte la afirmación genérica de que su decisión se efectuó de exteriorizar en su discurso razones lógicas y conformes con la experiencia y la psicología. Francisco Dall’ Anese en la Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica de diciembre de 1992 expresa: “El Tribunal tendrá que sentar en la sentencia, la fundamentación probatoria intelectiva, que es la apreciación de los medios de prueba. Es ahí donde el Juez dice por que un medio le merece crédito y como lo vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio. Inclusive el Tribunal a la hora de hacer la valoración y redactar la fundamentación intelectiva, podrá remitirse a argumentos como la memoria remota y memoria reciente para creer a un testigo”. Esta fundamentación es precisamente sobre la que recae el reproche del recurso referido a violación de las Reglas de la Sana Critica.” Por tanto Honorables magistrados de la Sala Penal de lo antes manifestado podréis analizar que en la Sentencia Recurrida se viola la Regla de la Lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, ya que el Juzgador incurre en clara violación a las Reglas de la Sana Critica al momento de hacer la valoración intelectiva de la prueba de cargo aportada en juicio por parte del ente acusador, debiendo para tal efecto anular la sentencia condenatoria proferida contra mi representada el señora Rosa Helena Cáceres Pérez. Reclamación hecha para la subsanación del vicio En cumplimiento a lo dispuesto en la norma adjetiva contenida en el Artículo 363 párrafo tercero parte última, es del caso manifestar que, por proceder el vicio de la sentencia misma, no es posible subsanar el vicio más que por esta vía impugnativa.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362, numeral 3 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145 del Código Procesal Penal. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Norma que se denuncia infringida: Artículo 202 en relación al Art.338 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: infringe el postulado de derivación integrado por la ley de la razón suficiente, en su característica de suficiencia. Reclamación Ex Ante: No ha podido efectuarse reclamación ya que el vicio denunciado ocurrió en el acto mismo de sentenciar.; Pretensión: Que se case la sentencia. La recurrente Abogada Mercedes Dubón en su condición de fiscal de Ministerio Público, manifiesta la existencia de un vicio en la sentencia Absolutoria emitido por el tribunal de sentencia que lo enmarca, en la infracción del postulado de derivación integrada por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia, la censora al referirse a la resolución absolutoria a favor de la acusada Rosa Helena Cáceres Pérez señala que se verificó que después de estar 15 días en el lugar conocido como la plancha, la interna Madison Chang, estaba ubicada en la celda número nueve, constatándose que en dicha celda no hay, ni servicio sanitario, ni baño, y no se le permite salir de ahí, excepto veinte minutos para bañarse, y que se le coloco una lata para hacer sus necesidades” por lo que la recurrente motiva que . en el presente caso no puede considerarse un trato digno a la persona humana, el hecho de tener que hacer sus necesidades fisiológicas en una lata, teniendo que soportar malos olores hasta el momento que se le permite salir de su celda, el Ministerio Público reitera, que el Tribunal de primera instancia, ha apreciado dicha probanza de manera arbitraria y no en respeto al sistema lógico de valoración, lo que lo llevo a pronunciar erróneamente un fallo de absolución por el Ilícito de Vejaciones En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley.” De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (…) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. – Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 2) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El Juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión “X” solo puede ser “X”, sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión De la procedencia del recurso: El recurso no es de recibo La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. El Ministerio Público considera la infracción a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente en su característica de suficiencia, ello en lo concerniente a la totalidad de la valoración de los medios de prueba de cargo propuestos por el ente acusador. Es así que la Sala de lo Penal procederá a realizar una auditoría de racionalidad de dicha valoración intelectiva para determinar si es así como lo denuncia la recurrente, o por el contrario, el juzgador sí respetó la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, lo que consecuentemente daría lugar a desestimar el recurso interpuesto. El Ministerio Público para acreditar los extremos sustentados en el requerimiento. Ofertó los siguientes medios de prueba: 1) Testifical: a) Karen Fonseca Cardona b): Madison Indira Chang Castillo 2) Documental a) copia del acuerdo numero 401-2000, Nombramiento de Rosa Elena Caceres b) copia autenticada del expediente del recurso de Exhibición personal de fecha 12 de agosto 2013 c) informe de fecha veinte de agosto del 2013 por la Abogada Yensy María Barrientos Fonseca d) acta de inspección ocular de fecha 12 y 13 de agosto 2013., testigo Karen Fonseca Cardona, declara yo era compañera de ella, pero pasaba encerrada en un cuarto aparte de las demás compañeras, cuando yo estuve ahí. Madison Indira Chang. yo llegue escuchaba ruido en el cuarto donde estaba, pregunte que quien era ella, me dijeron que estaba ahí porque por castigo, pero no me dijeron porque y como después me pasaron para otro hogar. Al interrogatorio del Ministerio Público contestó: ¿en qué año sucedió eso que usted nos narró? Como 2013 y 2014 ¿a qué distancia estaba usted de ese cuarto? Como a tres cuartos, ¿estaba cerrada esa celda? Siempre estaba encerrada con llave, ¿en qué hogar estaba usted? Número 5, estuvo un mes, y después la pasaron al 1, ¿había sanitarios en ese hogar? Había tres sanitarios, pero en la celda de ella no, pero estaban al fondo del hogar, ¿cuánto tiempo estuvo Madison en esa celda? No sé cuánto tiempo estuvo ella ahí. A las preguntas de la Defensa respondió: ¿cómo era su celda? Un cuarto normal, ahí dormíamos varias, era un solo cuarto, ¿a qué distancia estaban las celdas a los baños? Casi enfrente, ¿Cuántos había? Como cuatro en el hogar 5, cuantas personas estaban ahí, no recuerdo. Madison Indira Chang Castillo Quien manifestó: Yo cometí un error como cualquier ser humano, empezaron los problemas pues ella me metió a la celda de castigo, “La Plancha”. Yo estuve mucho tiempo sin colchón en mi celda. Cuando mi hermano vino de Nicaragua fue a verme y ella me sacó solo cinco minutos para que el me pudiera ver, con grilletes en los pies y en las manos, solo me dio cinco minutos para que mi hermano me pudiera ver la primera vez, como mi hermano miro que la situación estaba bien fea recurrió al padre de mi hijo que trabaja en Migración, se llama Jimmy Alexander Hernández Barrientos, con el cual tenemos un bebe, él fue a poner la denuncia formalmente. Luego de eso llegó un Abogado a verme como a los quince días, el puso un Habeas Corpus y pidió y exigió que quería entrar a la celda en la que a mí me tenían, porque siempre que iban no permitían la entrada, el Abogado consiguió a unas personas de Derechos Humanos para ingresar y entrar a la celda en la que yo estaba, donde yo no tenía colchón, yo no tenía sabana más que “La Plancha”. Pues luego el Abogado recurrió a la Jueza de Ejecución, Sandra Palacios, y esta llegó a verme al penal donde yo le expuse lo que estaba pasando. El 11 de junio del año 2013 fuimos a una audiencia de queja a ejecución con la Abogada Sandra Palacios, cual ella había visto mi caso y mi situación y dio una resolución donde tenían que sacarme de “La Plancha” y pasarme a un lugar más donde pudiera tener un baño y poder hacer mis necesidades, no me sacó el mismo día en que hubo una resolución, sino que me fue a meter nuevamente a la misma “Plancha” igual había una resolución pasaba con candado y no se estaba cumpliendo con la orden que había dado la Jueza de Ejecución en la resolución, yo continuaba así con el candado igual, cuando llegaba la Jueza de Ejecución yo estaba encerrada, las compañeras le gritaban por la malla a la Jueza de Ejecución diciéndole que yo necesitaba hablar con ella, un día la Abogada entró hasta adentro del módulo donde yo estaba y ella pudo constatar que yo todavía estaba con candado después de que había una resolución y sucesivamente así pasaron las cosas. Al interrogatorio del Ministerio Público contestó: ¿Quién la colocó en esa celda? La señora directora. ¿qué le dijo? Que esa iba ser mi casa. ¿En qué mes fue eso? Mayo del 2013, por un intento de fuga, nunca tuve problemas con ella. ¿Quién puso la denuncia? El padre de mis hijos fue el que tuvo conocimiento, yo conseguí una llamada. ¿Cómo se llama el padre de sus niños? Miguel Antonio Chang Castillo, él estaba estudiando en Cuba, ¿y él llego al penal y vio las acciones y abusos que usted acabada de manifestar? Sí, me llevó un colchón, el vio que me vino mi periodo, que estaba con grilletes en pies y manos, lavé mi blúmer y me lo quité, así estuve casi 15 días, no comía del centro penal, las compañeras Marina Aguilar, Iris Mendoza, me dieron agua o jugo, tenía temor, yo estuve 15 días en la plancha, hasta que llegó Derechos Humanos yo estaba en el área de conyugal, ¿Cómo era esa celda? La plancha era una celda de castigo, esa era el área de conyugal En el apartado de la valoración de la prueba, en el caso de méritos la censora en su denuncia refiere que el fallo Absolutorio dictado por el tribunal de sentencia es producto de un vicio grave que atenta contra las reglas de la Sana Crítica, que además el Tribunal de primera instancia, ha apreciado dicha probanza de manera arbitraria y no en respeto al sistema lógico de valoración, que lo llevó a pronunciar erróneamente un fallo de absolución por el Ilícito de Vejaciones. En el desarrollo del recurso no hizo un apartado para indicar el vicio en si quedando el razonamiento en los elementos de valoración de la prueba, de tal forma cumpliendo con las convenciones de derecho humano se le da respuesta. La Sala de lo Penal observa que la argumentación empleada por el Tribunal de Sentencia al valorar los medios probatorios evacuados se deriva del contenido aportado por los medios de prueba evacuados, que constituye una correcta aplicación a la regla lógica de derivación en su principio de concordancia. Sabemos que el sistema probatorio establecido por el Código Procesal Penal hondureño (Artículo 202), ordena la custodia de la aplicación de las reglas de la Sana Crítica en la fundamentación, específicamente en la valoración probatoria, significa que siendo libre el A-Quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración debe ser razonable, Así, la motivación lógica responde a la característica de derivación; en el caso examine, el sentenciador alcanza conclusiones que ciertamente provienen del contenido del medio de prueba valorado, por lo que esta sala de casación comparte la resolución emitida por ser clara, suficiente motivación, congruente, y que se sujeta plenamente a las reglas de la sana crítica. Por todo lo anterior se declara improcedente este motivo de casación. Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, presentado por la defensa publica Único motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 202 en relación a los art 336 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. la fundamentación del fallo. Reclamación Ex Ante: Imposibilidad de reclamación previa al estar contenido el vicio denunciado en la sentencia definitiva. Pretensión: Casar el fallo impugnado La censora en su condición de defensora pública de la encausada Rosa Elena Cáceres Pérez, manifiesta la existencia de un vicio en la sentencia condenatorio que lo enmarca en la violación de la regla de la lógica, estando constituido por la ley de la coherencia y derivación describe la compareciente que el elemento probatorio de la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, en vista que a la conclusión que arribó el tribunal de sentencia para condenar no proviene de elementos verdaderos, ni suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto del suceso que se juzga, enfatiza sobre la fundamentación del fallo. De la Procedencia del Recurso de Casación. El recurso no es de recibo. La recurrente denuncia como único motivo de casación, que la sentencia recurrida carece de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. No identifica de forma clara y precisa cuál es el motivo a desarrollar tal como ordena el artículo 363 del Código Procesal Penal, el cual establece que al tratarse de la casación en la forma, se debe exponer con claridad y precisión los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos. El precepto invocado como autorizante por la recurrente contiene siete elementos de casación distintos que deben ser desarrollados, en un buen uso de la técnica casacional, de forma individual y separada. Carencia, insuficiencia y contradicción de motivación fáctica, son tres motivos de casación. Igual ocurre con carencia, insuficiencia y contradicción de motivación jurídica, los cuales deben ser identificados, explicados y comprobados de forma separada. Si bien es cierto que la impetrante, no puntualiza ninguno de los elementos descritos tampoco los desarrolla para el fácil entendimiento de su reclamo No obstante lo anterior, esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán de ser estudiados siempre desde la premisa del principio de tutela judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada La no observancia de falta de claridad y motivación de la sentencia , es también un motivo de casación distinto en el cual se debe identificar cuál ha sido la regla considerada como infringida y desarrollar una argumentación orientada en definitiva a comprobar tal alegato. por ello a dicho principio interesa lo referente a: 1. Derecho de acceso a la justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la tutela cautelar; y, 5. Derecho a la ejecución. Por esta razón, mediante doctrina legal esta Sala de lo Penal, ha establecido que aún y cuando en el planteamiento de un recurso de casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida), o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo ad portas del conocimiento del recurso, siempre que aún a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; En el caso de méritos para sustentar la presente causa el Ministerio Público oferto entre otros, los siguientes medios de prueba 1) testificales 2) documentales 3) inspecciones, los cuales fueron evacuados en juicio oral y público, y que motivó el fallo del tribunal de sentencia mediante el cual condena la encausada por el delito de abuso de autoridad. En el caso de marras La censora no pudo exponer claramente cual fue el defecto o vicio que causó perjuicio a su representada, tomando en consideración que cuando nos referimos a la Sana critica, es un concepto con distintos elementos de tal forma que para recibir la respuesta adecuada tiene que ser precisa con el vicio. En la sustanciación del recurso plantea lo siguiente “que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de la imputada, en vista que a la conclusión que arribó el tribunal de sentencia para condenar no provienen de elementos verdaderos ni suficientes. “Por todo lo anterior esta sala penal al revisar las actuaciones del Tribunal sentenciador, se comparte el fallo emitido que se deriva de los medios de pruebas evacuados, utilizando las normas de la sana crítica mediante razonamientos claros correctos, válidos, dando lugar a una inferencia producto de la valoración efectuada, así mismo la resolución está debidamente fundamentada, y siendo que con el planteamiento hecho por la recurrente, es difícil dar respuesta a su reclamo por el hecho que plantea de forma genérica, razón por lo que debe ser declarado no ha lugar los dos recursos de casación en su único motivo. DECISIÓN. Se declara No Ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Mercedes Dubón en representación del Ministerio Público. No Ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por la abogada Alba Regina Paniagua pacheco como Defensa Pública de la acusada Rosa Helena Cáceres Pérez. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. a. principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.2) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 9). de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el Artículo 84 que dice: "nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley". norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” en consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. el problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : derecho penal parte general, tomo i, fundamentos. la estructura de la teoría del delito. 1997, editorial Civitas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. la nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). en el texto del artículo 96 de la constitución política de honduras establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: 1. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su cometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. 2. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. 3. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. en los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. b. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal decreto 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (art. 615, 1er párrafo NCP). corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo código penal (art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (art. 624.3 NCP). el órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del código penal 144-1983 con las del código 130-2017. cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. la ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- la ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al cp-144-83 y los límites del concurso real que regula el cp-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. límite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. límite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. límite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. ESCRITO SUPLEMENTARIO Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no fue presentado escrito suplementario por el Ministerio Público ni por las distintas representaciones legales de los acusados, por lo que, conforme lo indica el mismo artículo 624, corresponde a la Sala de lo Penal hacer de oficio la ponderación de la norma penal más favorable en el caso concreto. D. PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Rosa Helena Cáceres Pérez, como autora, del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, la pena de tres años, más la pena de Inhabilitación Especial, e interdicción civil por el doble del tiempo de la pena de prisión, es decir, seis años. Se declaró la responsabilidad civil a Rosa Helena Cáceres Pérez. la conducta reprochada a la acusada está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de abuso de autoridad (artículo 499.2), cuya pena es de tres (3) a seis (6) años de inhabilitación especial para empleo o cargo público; según el artículo 255 del NCP, en la presente causa no hay agravantes ni atenuantes establecidas. Por tanto, corresponde para la señora Rosa Helena Cáceres Pérez la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo código penal. El inciso dos de este Artículo aumenta en un tercio la pena cuando en el caso de que los actos se refieran a tareas de justicia, orden público educación, o salud pública y exijan un cumplimiento inmediato. De tal manera al aumentar 1/3 a la pena principal quedaría de cuatro (4) a ocho años (8) años de inhabilitación especial para empleo o cargo público , de tal manera Concluye esta Sala de lo Penal que en el caso de la señora Rosa Helena Cáceres Pérez, quien fungía como la directora de la penitenciaria femenina( por lo que es de orden público) procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior, tomando en consideración que la ley anterior imponía penas de prisión , conforme dispone el artículo 616 del nuevo código penal. Queda la pena abstracta en inhabilitación por cuatro (4) años para ejercer empleos o cargos públicos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de honduras, por unanimidad de votos de la sala de lo penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la constitución de la república; 1 y 80 numeral 1 de la ley de organización y atribuciones de los tribunales; 142, 360, 361, 362, 363 y 369 del código procesal penal; 31, 32, 68, 70, 482, 499 y 513 del código penal 130-2017; falla: 1) declara No ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por Abogada Mercedes Dubón en su condición de fiscal del Ministerio Público 2) declara No ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo interpuesto por Abogada Alba Regina Paniagua pacheco, en su condición de Defensora Pública de la señora Rosa Helena Cáceres, 3) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal 130-2017, a la conducta reprochada a la ahora condenada señora Rosa Helena Cáceres Pérez en consecuencia, reforma el pronunciamiento segundo, quedando incólumes los numerales primero , tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia en el siguiente término: Primero: que debemos condenar y condenamos a la señora Rosa Helena Cáceres Pérez, de generales conocidas en el acumulado judicial como autor penalmente responsable del delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena principal de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público por el tiempo cuatro (4) años. Y manda: a efecto de que se acate lo resuelto, la secretaría del despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz flores Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas Secretaria SALA DE Lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil veintiseis, Certificación de la Sentencia dictada a los veintiuno días del mes de mayo de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-219-2021.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVA
SECRETARIA SALA DE LO PENAL