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Sentencia CP-197-22 — Registro 20149

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de homicidio simple, se declara sin lugar el recurso interpuesto por su defensa. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal por no representar beneficio para el imputado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...". El Motivo no es de Recibo. Para dar respuesta al recurso presentado, es necesario hacer una revisión a los juicios de valor que ha externado el Sentenciador y determinar con ello si ha existido violación a las reglas del correcto pensamiento humano; en el apartado “Análisis intelectivo individual y conjunto de los medios de prueba” el Sentenciador refirió: “Tercero: Análisis intelectivo individual y conjunto de los medios de prueba descritos: Las declaraciones descritas en los incisos 1), 2), 3) corresponden a lo narrado por los testigos presenciales del hecho, y la del numeral 4) del investigador del hecho. Todos ellos comparecieron y declararon en la audiencia de juzgamientos, y se sometieron al examen y contra examen. A partir de las manifestaciones de los testigos y en lenguaje no verbal observado al momento de rendir sus testimonios se pudo apreciar que se encontraban lúcidos, orientados en tiempo y espacio, con sus sentidos en estado funcional; dadas las repuestas proporcionadas sobre sus datos de identificación personal y la correspondencia de sus respuestas con las preguntas, y en retrospectiva también se deduce que lo estaban al momento del acaecimiento. Al analizar en su conjunto las declaraciones de los testigos Edwin Mendoza, Zoila Velásquez y Anallenci Deras, no se determinó la existencia de motivos espurios para incriminar falsamente al acusado. Tocante al conocimiento de lo acontecido, fueron coherentes, concordantes, sin contradicciones internas, ni entre sí; fueron examinados por la contra parte, pero sus dichos no fueron impugnados bajo argumentos válidos, por lo que, se le da valor probatorio a sus manifestaciones y permiten concluir que en fecha 9 de diciembre del año 2018, entre la 9:30 y 10:00 p.m., en unas gradas de concreto que llevan a una segunda planta de una edificación de apartamentos, que a través de un callejón conecta con la calle principal del Barrio El Centro de Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, Olman Jacobo Puerto Meza, le asestó 2 puñaladas en el tórax a Arles Alberto que le causó lesión de órganos vitales y sangrado, que le produjo la muerte minutos más tarde en el hospital Público de Roatán. Si bien la defensa alegó la existencia de contradicciones sobre como sucedió el hecho, sobre la iluminación en el lugar y sobre la falta de precisión por parte de algunos de los testigos respecto de quién hirió a Arles Ruiz, lo anterior fue en virtud del análisis segmentado de las versiones por parte de la defensa, pues al analizar en su conjunto las declaraciones, se logra reconstruir de forma lógica cada eslabón que configura el hecho, porque cada testigo observó parte de lo sucedido, pues estaban en ubicaciones diferentes, pero sus versiones se concatenan lógicamente entre sí, y se deriva lo declarado en el hecho probado. No existe duda que fue el acusado quién le asestó las dos puñaladas en el tórax, lado izquierdo, pues esta acción se deriva de lo declarado por los testigos, y no fue refutado su testimonio sobre ese punto, porque si bien conforme a la versión de los testigos no vieron el arma, es posterior al ataque realizado por Olman Puerto, que Arles Ruiz sale herido lo cual fue observado por los testigos y luego se desmayó. Tampoco la acción de Olman Puerto fue en una legítima defensa, pues Arles no tenía arma, quedó claro con la versión de los testigos que, Arles Ruiz posterior al hecho se armó para desquitarse con Olman Puerto además en un primer momento cuando se interpuso la testigo Zoila Velásquez, Olman Puerto tuvo la oportunidad de retirarse del lugar, pues era la única persona que no vivía en los apartamentos, solo estaba de visita en ese lugar. El acta de levantamiento y de inspección realizado por el investigador descriptos arriba fue ratificado en la vista pública por el agente que realizó las diligencias, así como el testimonio del investigador Rindier Marley quien en todo momento participo en esas diligencias. Ellos ilustraron con fotografías de forma gráfica lo descrito en las actas. Estos medios de prueba fueron sometidos al contradictorio y no fueron refutados por la contraparte, por lo que merece pleno valor probatorio en cuanto a su contenido y corrobora la versión de los testigos presenciales del hecho. Con la prueba científica, consistente en la intervención del médico que revisó el cuerpo sin vida de Arles Ruiz en el Levantamiento, se determinó que el ofendido presentaba herida compatible con arma punzo-cortante, que le causó sangrado y lesión de órganos vitales, que le produjo la muerte minutos más tarde en el Hospital Público de Roatán, Islas de la Bahía…” Conforme a los juicios de valor externados por el Sentenciador, esta Sala de Casación encuentra que en efecto el Sentenciador ha externado el siguiente erróneo razonamiento: “A partir de las manifestaciones de los testigos y en lenguaje no verbal observado al momento de rendir sus testimonios se pudo apreciar que se encontraban lúcidos, orientados en tiempo y espacio, con sus sentidos en estado funcional; dadas las repuestas proporcionadas sobre sus datos de identificación personal y la correspondencia de sus respuestas con las preguntas, y en retrospectiva también se deduce que lo estaban al momento del acaecimiento (lo resaltado es nuestro)”. Tal como lo señala la recurrente, es desacertada esa parte de la valoración del Tribunal, pues no es posible deducir de ningún medio de prueba cual era el estado de los imputados al momento de los hechos y tampoco se puede concluir que ese mismo estado de lucidez mental lo presentaban los testigos en el momento de rendir su testimonio; sin embargo ese es el único error de valoración que contiene el Juzgador en sus razonamientos, en la extensa y detallada valoración, el Sentenciador, con excepción del anterior cuestionamiento, efectúa razonamientos coherentes, certeros y derivados mediante los cuales les concede valor probatorio a los testimonios de los testigos, quienes evidentemente captaron los hechos desde diferentes perspectivas y por tal situación sus testimonios no van a calzar a la perfección, pues tal como lo hace ver el Juzgador, las supuestas contradicciones que la defensa advierte incurrieron los testigos en sus deposiciones es por la segmentaciones que hizo de ellas, al respecto el A-quo afirmó: “Si bien la defensa alegó la existencia de contradicciones sobre como sucedió el hecho, sobre la iluminación en el lugar y sobre la falta de precisión por parte de algunos de los testigos respecto de quién hirió a Arles Ruiz, lo anterior fue en virtud del análisis segmentado de las versiones por parte de la defensa, pues al analizar en su conjunto las declaraciones, se logra reconstruir de forma lógica cada eslabón que configura el hecho, porque cada testigo observó parte de lo sucedido, pues estaban en ubicaciones diferentes, pero sus versiones se concatenan lógicamente entre sí…” Precisamente lo que hace del razonamiento del A-quo adecuado a las reglas de la sana crítica, es su valoración conjunta y armónica de la prueba, pues no es posible segmentar las declaraciones de los testigos, deben verse de forma vinculada. Por tanto, si apartamos in mente de la valoración probatoria el único desacertado razonamiento del Juzgador, subsiste aún abundantes, certeros, coherentes y derivados juicios de valor conformados en base a las reglas del correcto pensamiento humano, que sirven como base para fundamentar el fallo condenatorio dictado por el Tribunal Sentenciador. Por tanto, esa única y desacertada valoración, no desmerita ni resta valor probatorio al fallo recurrido. En cuanto a los argumentos de la defensa de que los declarantes Edwin Alexander Mendoza y Zoila Dalila Velasquez Milla, afirmaron en sus declaraciones que todos los testigos, así como el imputado y el ofendido habían ingerido bebidas alcohólicas y drogas, dichas aseveraciones no fueron plasmadas dentro de la fundamentación descriptiva que hizo el A-quo, por lo que, si la recurrente pretendía que esta Sala de lo Penal verificara sus testimonios con la respectiva revisión del acta de debate, esto lo debió solicitar como prueba conforme lo establece el artículo 368 del Código Procesal Penal, pero al no solicitarlo en legal y debido tiempo esta Sala de lo Penal no puede verificar que la información brindada por la censora es correcta; tampoco se cuenta con un dictamen médico que confirme lo revelado por la recurrente; concluimos que, por todas las razones antes expuestas es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 116, declaró responsable al acusado Olman Jacobo Puerto Meza, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Arles Alberto Ruiz Girón, a la pena de quince años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 192 tiene regulado el delito de homicidio, el cual tiene señalada una pena de 15 a 20 años de prisión. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado Olman Jacobo Puerto Meza, mediante el decreto 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, pues no representa ningún beneficio. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-197-2022, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 197-2022 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló; Primero: Condenó a Olman Jacobo Puerto Meza, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Arles Alberto Ruiz Girón, a la pena de quince años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Se declaró la responsabilidad civil de Olman Jacobo Puerto Meza. Tercero: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No se declaró el comiso de objeto alguno. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Giovinezza Dubois Zavala y Mario Reniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos de Olman Jacobo Puerto Meza, como parte recurrente; y, la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “Único: En fecha nueve (9) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), entre las 9:30 y 10:00 p.m., en unas gradas de concreta que llevan a una segunda planta de una edificación de apartamentos, que a través de un callejón conecta con la calle principal del Barrio El Centro de Coxen Hole, municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, se encontraba Olman Jacobo Puerto Meza con número de identificación 1103-200-00136, Arles Alberto Ruiz Girón con número de identificación 0205-2001-00960 y otros amigos departiendo, cuando inició una discusión entre Olman Puerto y Arles Ruiz, luego comenzaron a golpearse; instante en que Olman Puerto con un casco que tenía en la mano izquierda golpeó a Arles Ruiz, mientras que con un puñal filoso, cacha negra que esgrimía en la mano derecha, con el propósito de quitarle la vida, le asestó dos puñalada en el tórax izquierdo, que le causó lesión de órganos vitales y sangrado, y le produjo la muerte minutos más tarde en el hospital Público de la ciudad de Roatán, departamento de Islas de la Bahía...” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Kerlly Yareth Yánez Woods, en su condición defensora pública de Olman Jacobo Puerto Meza, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA ÚNICO: La infracción por parte del Juzgador de lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal al inobservar, en la valoración de las pruebas, las reglas de la sana crítica. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: En el juicio oral y público en el que fue juzgado el señor OLMAN JACOBO PUERTO MEZA, a quien el Ministerio Público le atribuye el haberle quitado la vida al señor ARLES ALBERTO RUÍZ GIRÓN y para acreditar tal imputación el ente acusador ofreció como pruebas decisivas de cargo, las declaraciones de los señores Edwin Alixander Mendoza y Zoila Dalila Velásquez Milla. SEGUNDO: Es en la valoración de la prueba antes referida en donde el Tribunal de juicio flagrantemente viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación al atribuyes una calidad probatoria que realmente no les corresponde, pues, referente a los señalados testigos de cargo les confiere absoluta credibilidad y se sirve de ellos para dar por acreditados los hechos declarados probados en el fallo impugnado, ya que, según el Juzgador: a partir de sus declaraciones, el lenguaje no verbal observado al momento de rendir sus testimonios, la percepción de que los testigos se encontraban lucidos, orientados en tiempo y espacio, con sus sentidos en estado funcional dada la correspondencias entre las preguntas y sus respuestas y que en retrospectiva deduce que tal condición también la poseían al momento del acaecimiento de los hechos en los que perdió la vida el señor ARLES ALBERTO RUIZ GIRÓN. TERCERO: La anterior conclusión es violatoria de las reglas de la sana crítica, pues contrario a la percepción del Tribunal, las condiciones físicas y mentales que mostraban los testigos de cargo Edwin Alixander Mendoza y Zoila Dalila Velásquez Milla al momento de rendir sus declaraciones no podían ser similares a las que poseían cuando sucedieron los hechos en los que perdió la vida el joven RUÍZ GIRÓN, ya que en aquel tiempo ellos habían ingerido bebidas alcohólicas junto con el consumo de alucinógenos, pues así lo afirmaron en sus declaraciones, para el caso la señora Zoila Dalila Velásquez Milla dijo en la audiencia de juicio oral y público que: ese 9 de diciembre de 2018 ellos (los testigos) habían empezado a tomar (bebidas alcohólicas) desde las cinco de la mañana hasta las dos de la tarde y que por la noche, previo a la muerte del joven RUIZ GIRÓN, compraron marihuana y fumaron todas. Por su parte el señor Edwin Alixander Mendoza, en cuanto al consumo de alucinógenos, confirmó la versión de la señora Zoila Dalila Velásquez Milla al declarar que ellos: salieron a comprar marihuana y comenzaron a fumar: siendo sabido que el consumo de drogas como la marihuana y la ingesta de alcohol produce en las personas alteraciones graves en la percepción de la realidad, debilitamiento de la memoria, alucinaciones, etc., por lo que resulta patente la violación a las reglas de la sana crítica por parte del Tribunal, al "derivar" que las sobrias condiciones físicas y mentales que mostraban los testigos de cargo al tiempo de rendir sus declaraciones en el juicio oral tenían que ser las mismas en el momento en que sucedieron los hechos en los que perdió la vida el joven ARLES ALBERTO RUÍZ GIRÓN, lo que no resulta compatible con lo declarado por los propios testigos de cargo, pues en sus declaraciones se advierte que ellos no se encontraban en las mejores condiciones sensoriales para percibir, discernir y retener la información que se producía en su entorno y por tanto se producen serias dudas sobre la veracidad de sus relatos. CUARTO: Aunado a las señaladas fragilidades, los testigos de cargo también entraron en serias contradicciones que inapropiadamente fueron desestimadas por el Juzgador, pero que realmente les restan calidad para sustentar un fallo de condena, por ejemplo la testigo Zoila Dalila Velásquez Milla describe varias versiones del momento previo al inicio de la reunión en la que perdiera la vida el joven ARLES ALBERTO RUÍZ GIRÓN, pues en la audiencia declaró: yo me fui a acostar, yo me fui a acostar, llego Arles y se acostó encima de mí, pero en otra parte del relato dijo cuando llegué a la casa Arles estaba discutiendo por la comida, incoherente también resulta su relato cuando en un mismo momento sitúa al imputado en una posición y luego lo ubica en Otra, al decir que: Olman estaba sentado en la última grada de la escalera, pero después dijo que: Olman estaba sentado en el suelo en la primera grada: similares contradicciones se muestran entre las declaraciones del testigo Edwin Elixander Mendoza y de Anallenci Rosales Deras, Edwin dijo: cuando le levante la camisa miré una herida que le sangraba: pero la testigo Anallenci contrario a ello dijo Arles me enseño la herida a mí y a Edwin, yo observe que la herida no era tan grande ni sangraba, tales inconsistencias le fueron advertidas al Juzgador, quien sin ninguna justificación las ignora y en una notoria violación a las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, les concede absoluto valor probatorio a las declaraciones de los testigos Edwin Alixander Mendoza y Zoila Dalila Velásquez Milla. QUINTO: Es por lo antes referido que la defensa pública del señor OLMAN JACOBO PUERTO MEZA sostiene que la conclusión a la que arriba el Tribunal de juicio, no corresponde a una valoración probatoria apegada a las reglas de la sana crítica, especialmente en relación a la información proporcionada por los señores Edwin Alixander Mendoza y Zoila Dalila Velásquez Milla derivando una conclusión de condena sobre la base de una precaria prueba testifical y en materia penal, por el principio de legalidad, toda condena debe guardar una relación directa entre la conducta desplegada por el agente y las pruebas que la acrediten más allá de toda duda razonable, circunstancia que no se cumple en el presente caso, violentándose con ello las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, vicio que deberá ser enmendado por el más alto Tribunal, ordenando el reenvío para que en un nuevo juicio las pruebas sean valoradas con apego estricto a las reglas de la sana crítica. SEXTO: Dado que el vicio que provoca la interposición del presente recurso de casación se produce en el fallo mismo, por lo que solo es posible su corrección a través de esta vía y de ello resulta que no hubo reclamación previa.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. • Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. • Pretensión: que se dicte una nueva sentencia que case el fallo recurrido. Explica el recurrente que el Tribunal Sentenciador incurrió en el vicio denunciado al establecer en su valoración probatoria y en relación a las declaraciones testificales de Edwin Alexander Mendoza y Zoila Dalila Velasquez Milla: “a partir de sus declaraciones, el lenguaje no verbal observado al momento de rendir sus testimonios, la percepción de que los testigos se encontraban lucidos, orientados en tiempo y espacio, con sus sentidos en estado funcional dada la correspondencias entre las preguntas y sus respuestas y que en retrospectiva deduce que tal condición también la poseían al momento del acaecimiento de los hechos en los que perdió la vida el señor ARLES ALBERTO RUIZ GIRÓN. Para el censor tal razonamiento violenta la lógica de derivación, pues las condiciones físicas y mentales de los testigos no podían ser las mismas, ya que al rendir sus declaraciones afirmaron que todos habían consumido drogas y alcohol. De igual forma denuncia el recurrente que no es posible concederles credibilidad a los testigos, pues incurrieron en varias contradicciones que no fueron observadas ni analizadas por el Sentenciador. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para dar respuesta al recurso presentado, es necesario hacer una revisión a los juicios de valor que ha externado el Sentenciador y determinar con ello si ha existido violación a las reglas del correcto pensamiento humano; en el apartado “Análisis intelectivo individual y conjunto de los medios de prueba” el Sentenciador refirió: “Tercero: Análisis intelectivo individual y conjunto de los medios de prueba descritos: Las declaraciones descritas en los incisos 1), 2), 3) corresponden a lo narrado por los testigos presenciales del hecho, y la del numeral 4) del investigador del hecho. Todos ellos comparecieron y declararon en la audiencia de juzgamientos, y se sometieron al examen y contra examen. A partir de las manifestaciones de los testigos y en lenguaje no verbal observado al momento de rendir sus testimonios se pudo apreciar que se encontraban lúcidos, orientados en tiempo y espacio, con sus sentidos en estado funcional; dadas las repuestas proporcionadas sobre sus datos de identificación personal y la correspondencia de sus respuestas con las preguntas, y en retrospectiva también se deduce que lo estaban al momento del acaecimiento. Al analizar en su conjunto las declaraciones de los testigos Edwin Mendoza, Zoila Velásquez y Anallenci Deras, no se determinó la existencia de motivos espurios para incriminar falsamente al acusado. Tocante al conocimiento de lo acontecido, fueron coherentes, concordantes, sin contradicciones internas, ni entre sí; fueron examinados por la contra parte, pero sus dichos no fueron impugnados bajo argumentos válidos, por lo que, se le da valor probatorio a sus manifestaciones y permiten concluir que en fecha 9 de diciembre del año 2018, entre la 9:30 y 10:00 p.m., en unas gradas de concreto que llevan a una segunda planta de una edificación de apartamentos, que a través de un callejón conecta con la calle principal del Barrio El Centro de Coxen Hole, Roatán, Islas de la Bahía, Olman Jacobo Puerto Meza, le asestó 2 puñaladas en el tórax a Arles Alberto que le causó lesión de órganos vitales y sangrado, que le produjo la muerte minutos más tarde en el hospital Público de Roatán. Si bien la defensa alegó la existencia de contradicciones sobre como sucedió el hecho, sobre la iluminación en el lugar y sobre la falta de precisión por parte de algunos de los testigos respecto de quién hirió a Arles Ruiz, lo anterior fue en virtud del análisis segmentado de las versiones por parte de la defensa, pues al analizar en su conjunto las declaraciones, se logra reconstruir de forma lógica cada eslabón que configura el hecho, porque cada testigo observó parte de lo sucedido, pues estaban en ubicaciones diferentes, pero sus versiones se concatenan lógicamente entre sí, y se deriva lo declarado en el hecho probado. No existe duda que fue el acusado quién le asestó las dos puñaladas en el tórax, lado izquierdo, pues esta acción se deriva de lo declarado por los testigos, y no fue refutado su testimonio sobre ese punto, porque si bien conforme a la versión de los testigos no vieron el arma, es posterior al ataque realizado por Olman Puerto, que Arles Ruiz sale herido lo cual fue observado por los testigos y luego se desmayó. Tampoco la acción de Olman Puerto fue en una legítima defensa, pues Arles no tenía arma, quedó claro con la versión de los testigos que, Arles Ruiz posterior al hecho se armó para desquitarse con Olman Puerto además en un primer momento cuando se interpuso la testigo Zoila Velásquez, Olman Puerto tuvo la oportunidad de retirarse del lugar, pues era la única persona que no vivía en los apartamentos, solo estaba de visita en ese lugar. El acta de levantamiento y de inspección realizado por el investigador descriptos arriba fue ratificado en la vista pública por el agente que realizó las diligencias, así como el testimonio del investigador Rindier Marley quien en todo momento participo en esas diligencias. Ellos ilustraron con fotografías de forma gráfica lo descrito en las actas. Estos medios de prueba fueron sometidos al contradictorio y no fueron refutados por la contraparte, por lo que merece pleno valor probatorio en cuanto a su contenido y corrobora la versión de los testigos presenciales del hecho. Con la prueba científica, consistente en la intervención del médico que revisó el cuerpo sin vida de Arles Ruiz en el Levantamiento, se determinó que el ofendido presentaba herida compatible con arma punzo-cortante, que le causó sangrado y lesión de órganos vitales, que le produjo la muerte minutos más tarde en el Hospital Público de Roatán, Islas de la Bahía…” Conforme a los juicios de valor externados por el Sentenciador, esta Sala de Casación encuentra que en efecto el Sentenciador ha externado el siguiente erróneo razonamiento: “A partir de las manifestaciones de los testigos y en lenguaje no verbal observado al momento de rendir sus testimonios se pudo apreciar que se encontraban lúcidos, orientados en tiempo y espacio, con sus sentidos en estado funcional; dadas las repuestas proporcionadas sobre sus datos de identificación personal y la correspondencia de sus respuestas con las preguntas, y en retrospectiva también se deduce que lo estaban al momento del acaecimiento (lo resaltado es nuestro)”. Tal como lo señala la recurrente, es desacertada esa parte de la valoración del Tribunal, pues no es posible deducir de ningún medio de prueba cual era el estado de los imputados al momento de los hechos y tampoco se puede concluir que ese mismo estado de lucidez mental lo presentaban los testigos en el momento de rendir su testimonio; sin embargo ese es el único error de valoración que contiene el Juzgador en sus razonamientos, en la extensa y detallada valoración, el Sentenciador, con excepción del anterior cuestionamiento, efectúa razonamientos coherentes, certeros y derivados mediante los cuales les concede valor probatorio a los testimonios de los testigos, quienes evidentemente captaron los hechos desde diferentes perspectivas y por tal situación sus testimonios no van a calzar a la perfección, pues tal como lo hace ver el Juzgador, las supuestas contradicciones que la defensa advierte incurrieron los testigos en sus deposiciones es por la segmentaciones que hizo de ellas, al respecto el A-quo afirmó: “Si bien la defensa alegó la existencia de contradicciones sobre como sucedió el hecho, sobre la iluminación en el lugar y sobre la falta de precisión por parte de algunos de los testigos respecto de quién hirió a Arles Ruiz, lo anterior fue en virtud del análisis segmentado de las versiones por parte de la defensa, pues al analizar en su conjunto las declaraciones, se logra reconstruir de forma lógica cada eslabón que configura el hecho, porque cada testigo observó parte de lo sucedido, pues estaban en ubicaciones diferentes, pero sus versiones se concatenan lógicamente entre sí…” Precisamente lo que hace del razonamiento del A-quo adecuado a las reglas de la sana crítica, es su valoración conjunta y armónica de la prueba, pues no es posible segmentar las declaraciones de los testigos, deben verse de forma vinculada. Por tanto, si apartamos in mente de la valoración probatoria el único desacertado razonamiento del Juzgador, subsiste aún abundantes, certeros, coherentes y derivados juicios de valor conformados en base a las reglas del correcto pensamiento humano, que sirven como base para fundamentar el fallo condenatorio dictado por el Tribunal Sentenciador. Por tanto, esa única y desacertada valoración, no desmerita ni resta valor probatorio al fallo recurrido. En cuanto a los argumentos de la defensa de que los declarantes Edwin Alexander Mendoza y Zoila Dalila Velasquez Milla, afirmaron en sus declaraciones que todos los testigos, así como el imputado y el ofendido habían ingerido bebidas alcohólicas y drogas, dichas aseveraciones no fueron plasmadas dentro de la fundamentación descriptiva que hizo el A-quo, por lo que, si la recurrente pretendía que esta Sala de lo Penal verificara sus testimonios con la respectiva revisión del acta de debate, esto lo debió solicitar como prueba conforme lo establece el artículo 368 del Código Procesal Penal, pero al no solicitarlo en legal y debido tiempo esta Sala de lo Penal no puede verificar que la información brindada por la censora es correcta; tampoco se cuenta con un dictamen médico que confirme lo revelado por la recurrente; concluimos que, por todas las razones antes expuestas es procedente declarar no ha lugar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017 Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 116, declaró responsable al acusado Olman Jacobo Puerto Meza, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Arles Alberto Ruiz Girón, a la pena de quince años de reclusión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 192 tiene regulado el delito de homicidio, el cual tiene señalada una pena de 15 a 20 años de prisión. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado Olman Jacobo Puerto Meza, mediante el decreto 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal, pues no representa ningún beneficio. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363, 368 y 369 del Código Procesal Penal; 66 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Kerlly Yareth Yanez Woods, en su condición de Defensora Pública del señor Olman Jacobo Puerto Meza, a quien se le condenó como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio de Arles Alberto Ruiz Girón. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Mairena Franco.Notifíquese. el Magistrado Mairena Franco. Notifíquese.”. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Lety Emelda Posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de marzo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP -197-2022.

PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL