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Sentencia CP-197-19 — Registro 19768

Resumen

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de asesinato, resolvió la Sala de lo Penal no ha lugar el recurso de casación y declaró la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que la recurrente señala como violentadas las reglas de la lógica como el de la razón suficiente, la impetrante realizó una serie de argumentaciones y señalamientos en este motivo de casación los cuales escapan a una correcta técnica recursiva, sin embargo logro establecer aspectos que a su entender están errados, violatorios de la regla de la lógica de la razón suficiente, la censora logra determinar el punto central de su impugnación y será sobre esos planteamientos que esta Sala de Casación dará respuesta, determinando si el Sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate lo hizo siguiendo las reglas de la sana crítica. El recurso que hoy nos ocupa, por elección de la recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana critica en su vertiente de derivación en su característica de suficiencia, el argumento de la impetrante va en relación a que las declaraciones los testigos Jesús Antonio Perdomo Chávez que es agente de investigación y del testigo protegido Luna, van en contrario con lo valorado por el A-quo, por lo cual se analiza la valoración en conjunta realizada por el Tribunal de Sentencia con el contenido del acta de debate a folios 169 vuelto al 171 vuelto que es donde constan dichas declaraciones, este Ad-quem observa que la valoración realizada por el A-quo de la cual transcribimos: …En cuanto a la declaración del testigo Jesús Antonio Perdomo Chávez, se trata del agente que tuvo a cargo la investigación de los hechos, se persono en primera instancia a la escena del crimen, se encargó de identificar y entrevistar de primera mano a los testigos presenciales de los hechos e individualizarlo con la clave de Testigo Protegido Luna y Testigo Protegido K, éste último perdió la vida de forma violenta y justamente era quien acompañaba a la víctima al momento de los hechos y le refirió haber visto a cuatro individuos que se transportaban en dos motocicletas entre ellos Andrés Salomón Andino, este último fue debidamente identificado por las testigos en referencia a través de un álbum fotográfico que se les mostro en sede administrativa con lo cual logró individualizar al señor Andrés Salomón Andino como una de las personas que junto a un coimputado ya condenando dispararon contra Jenny Anardalina; asimismo de las Investigaciones se estableció que el móvil de la muerte de la señor Jenny obedeció a que el hijo de esta Kevin Ponce agredió a Eleazar Benítez hijo de Alfredo Benítez, resultando que Eleazar era miembro de la barra del Club Motagua al igual que Andrés Salomón y Kevin de la barra contraria.. En cuanto a la Testigo Protegida Luna además de corroborar la dinámica de los hechos y establecer que los mismo ocurrieron a las tres de la tarde; identifica tanto a Andrés Salomón Andino y Alfredo Benítez (ya condenado por esta causa) como las personas que sin justa causa le disparan con un revolver a quema ropa a Jenny y esta muere en el lugar a causa de las heridas recibidas, que tras de los hechos el señor Salomón se regresó se quitó el casco a ver y con la misma se fue y les advirtió a los que estaban que no dijeran nada; también expreso "perro ahí te dejamos un regalito"; lo cual corrobora en cuanto al móvil que este tenía para dar muerte a la víctima; y ratifica la presencia de la Testigo Protegida K, razón por la cual este Tribunal le da total credibilidad a lo expresado por ambos testigos quienes declararon sobre el conocimiento que estos tenían el primero por referencia y la segunda por ser presencial de los hechos controvertidos. Esta valoración observa esta Sala de Casación se encuentra en consonancia con las declaraciones rendidas en juicio oral y público por los testigos en referencia, si bien la peticionario señala una contradicción en cuanto a la fecha que ocurrieron los hechos, ya que el testigo Perdomo Chávez señala que los hechos fueron el 11 de septiembre del 2011 y el testigo Luna que fueron el 13 de septiembre del 2011, lo cierto que es que esa falta de precisión en cuanto a la fecha de los hechos brindada por el del agente de investigación no saca de la escena al acusado, ni tampoco contradice la dinámica de los hechos proporcionada por el testigo Luna, los que sucedieron en las cercanías del instituto Técnico Luis Bográn, ambos testigos aportaron su conocimiento al A-quo, el cual se dio a la labor de relacionar la totalidad de la prueba, y es así como el Tribunal de Sentencia, utilizando las reglas de la sana critica deriva al conocimiento de cómo sucedio el hecho violento en el cual participo el acusado y que perdió la vida Jenny Anadarlina Ponce, lo cual ha resultado suficiente para que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa dicte una sentencia condenatoria, no podía haber arribado a otro razonamiento más que declarar la responsabilidad penal del encartado Andrés Salomón Andino Andino, por el asesinato de Jenny Anardalina Ponce. Por estas razones no logra esta Sala de lo Penal estimar que en la sentencia de mérito se hayan violentado las reglas de la sana critica en su principio básico de derivación en la vertiente de razón suficiente, por lo cual el recurso presentado por la Defensa Privada debe desestimarse..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO El Tribunal de Sentencia, basado en el artículo 117 del Código Penal 144-83 castigaba el delito de asesinato con una pena abstracta de 20 a 30 años, el enjuiciado fue declarado responsable imponiéndole una pena a Andrés Salomón Andino Andino de veinte de reclusión; como penas accesorias se impuso la inhabilitación absoluta y la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, la conducta descrita en el factum de mérito se encuentra regulada en el artículo 193, que establece una pena de 25 a 30 años de prisión. De la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena impuesta al condenado se encuentra por debajo del margen abstracto del nuevo Código Penal 130-2017 por lo cual no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación, por no representar un beneficio para Andrés Salomón Andino Andino..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-197-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de enero del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-197-2019 por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Andrés Salomón Andino Andino, como autor responsable del delito de Asesinato en perjuicio del señor Jenny Anardalina Ponce a la pena de veinte años de reclusión como pena principal. SEGUNDO: Condenó al señor Andrés Salomón Andino Andino a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. TERCERO: Declaró al condenado civilmente responsable. CUARTO: No procedió declarar el comiso. QUINTO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: La Abogada Heike Ninoska Elvir García, en su condición de Defensora Privada del señor Andrés Salomón Andino Andino, como parte recurrente; Y la Abogada Ligia Cristina Roque Gòmez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS ÚNICO: En fecha de 13 de septiembre de año 2011 a eso de las tres de la tarde, la señora Jenny Anardalina Ponce en compañía de su nuera transitaban por la calle ubicada atrás del Instituto Técnico Luis Bográn de la colonia Carrizal No. 2 cuando fueron alcanzadas por dos motocicletas sobre las cuales se transportaban dos individuos entre ellos Andrés Salomón Andino Andino, luego de rodearla uno de ellos de nombre Alfredo Benítez saco un revolver y le disparo, tras de lo cual Andrés Salomón Andino Andino le arrebata el arma y le hace otros dos disparos los cuales le impactaron en su cuerpo, perdiendo la vida a consecuencia de los mismos” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogada Heike Ninoska Elvir García, en su condición de Defensora Privada del señor Andrés Salomón Andino Andino, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL: UNICO MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en el artículo 117 del Código Penal Vigente, en virtud de haber incurrido el Tribunal de Sentencia, en error de hecho en la apreciación de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Elprecepto autorizantelo constituyeel artículo 360 del Código Procesal Penal CONCEPTO DE LA INFRACCION: El articulo número 117 del Código Penal Vigente preceptúa “Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía… y que conlleva una pena abstracta de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión. En el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el juzgador, siendo que los mismos para este tipo de recurso deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles, sin embargo como una excepción a esta regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la Casación en el fondo en materia penal el Error de Hecho en la apreciación de la prueba, si parte de un acto documento autentico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otra prueba, esta es la única manera en que en un Recurso de Casación por Infracción de la Ley, el impugnante podrá contradecir los hechos declarados como probados por el juzgador y alegar a su vez hechos nuevos, en razón a lo anterior en la sentencia recurrida a través de este recurso, el Tribunal de Sentencia, al condenar a mi representado. desprendiéndose de los hechos probados de la Sentencia recurrida, que el Tribunal de Sentencia. tiene como hechos probados; el recurrente a través de este recurso impugnarnos la sentencia citada y emitida por el tribunal precitado, en el sentido que en sus hecho probado se establece como verdad el hechos UNICO, por lo que al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al imponer una pena al ciudadano ANDRES SALOMON ANDINO ANDINO, a título de Autor, pues a la luz de la Sana Critica de la Prueba, el no tienen ninguna participación en el ilícito enunciado y que se le imputa, además de ello no encontramos ni el mínimo indicio de la comisión del delito, extremo este que quedó demostrado con la prueba de descargo, pero que el juzgador no valoro en su conjunto, con lo cual el juzgador hace uso de un indicio racional frágil como fulcro para emitir una sentencia condenatoria; al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al imponer una pena a mi defendido a título de autor, pues al umbral de la luz de la sana critica de la prueba, mi defendido en ningún momento ha tenido participación en la comisión del ilícito penal, en esa razón el Tribunal de Sentencia, según nuestra apreciación. no valoro la prueba en su conjunto, incurríendo en un Error de Hecho en la apreciación de la prueba, siendo esto un acto autentico con la documentación llegada ante estrados, así como las declaraciones testificales brindadas por los testigos propuestos por el Ministerio Publico, tal corno deja entrever el Tribunal de Sentencias en su valoración cuando expresa que el TESTIGO PROTEGIDO “LUNA” Y JESUS ANTONIO PERDOMO CHAVEZ, cuyos testimonios dejan entrever que no son concordantes en sus dichos, y esto no lo inventa la defensa, se encuentra plasmado en la sentencia condenatoria, en consecuencia existen graves contradicciones relativas a los testimonios brindados por estos testigos, y los hechos probados que llevo al sentenciador al error de hecho en la apreciación de la prueba, y estos actos fueron desvirtuados por la inconsistencia y contradicciones de los testigos de cargo, lo cual claramente evidenciado, así como la prueba documental de cargo, las que debieron ser admitidas únicamente de recibo por su inconsistencia, los hechos fueron diferente en cuanto a la conducta de mis defendidos, y el juzgador solamente ha tomado en consideración aspectos subjetivos, por todo lo anteriormente expuesto concluyo que al no tomar en cuenta el juzgador los medíos probatorios en su contenido autentico, ha incurrido en un grave error de hecho en la apreciación de la prueba de actos auténticos como la prueba científica, y declaraciones testificales que no han sido controvertidas por otras pruebas con respecto a los hechos probados, con lo cual el juzgador evidencia una completa equivocación. Cabe destacar que al momento de rendir testimonio el Testigo Protegido, expresa detalles que ocurrieron en el lugar de los hechos, lo cual no es creíbje, porque narra hechos, horas, lenguaje que esbozo el homicida, etc,, y toda esta narración viene a ser una fabricaciòn bien cimentada para darle porque este testigo está divorciado y alejado totalmente de la verdad y este testimonio, y/o declaración, es totalmente falso, porque está faltando a la verdad, incluso porque él está afirmando una falsedad, es una negación de la verdad y la ocultación de esta a reticencia. Y el Testigo Perdomo Chávez, es un Perito Testigo, que su función fue la de investigación de campo, y no un testigo ocular, para poder darle crédito a sus declaraciones, y esto quedo debidamente acreditado, cuál fue su participación. entonces concluimos que la prueba del Ministerio Publico, con respecto a los testimonios, no nos arrojan hechos reales para poder presumir que mi mandante haya tenido participación en el ilícito que se le imputa de manera arbitraria, EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: UNICO MOTIVO: Violación a infracción de precepto Constitucional, contenido en el artículo número 90 de la Constitución de la Republica de Honduras, PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo número 361 del Código Procesal Penal, CONCEPTO DE LA INFRACCION:, La Sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente de Honduras, en ese sentido la Constitución de la Republica de Honduras, dándole plena vigencia al derecho fundamental al Debido Proceso, prescribe en el párrafo primero del articulo número 90 que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, de donde resulta la imperiosas necesidad de encuadrar el proceso dentro de las provisiones establecidas en la Ley Procesal. respetando los derechos y las garantías constitucionales establecidas en la ley, los tratados internacionales suscritos por nuestro país, en ese sentido y de conformidad a la sentencia recurrida, la negación arbitraria e injustificada del acceso instaurado en la ley procesal infringe el derecho al proceso en todas las garantías o derechos fundamentales, porque a uno de los detenidos y posteriormente capturado mi representado el ciudadano ANDRES SALOMON ANDINO ANDINO, al momento de su captura se le violentaron una gama de derechos y garantías procesales y constitucionales, situaciones irregulares que se encuentra en el foliado del juicio de mérito, y aun así, el juzgador obvio esos derechos y garantías a que hacemos alusión, por cuanto al foliado del juicio se pueden observar nulidades sustantivas y adjetivas, dependiendo la fundamentación jurídica que se use en su planteamiento. Al momento de su captura y posterior registro personal. me refiero al señor ANDRES SALOMON ANDINO ANDINO, no se le encuentra ningún elemento que se pueda presumir la comisión del delito que se le imputo y posteriormente condeno, sin haber hecho una valoración técnico jurídica para encartarle la comisión de ese delito imputado, ya que no tuvo ninguna participación en el hecho, y esto se encuentra debidamente acreditado en el foliado, con documentos indubitados que acreditan que el día de los hechos, él se encontraba laborando para la institución donde presta sus servicios profesionales, y el Tribunal Sentenciador obvio y desvalorizo estas pruebas que eran y son concluyentes para demostrar su no participación en el acto criminoso. Dentro del Juicio Oral que se desarrolló, esta defensa haciendo uso de los derechos que le otorga la Constitución de la Republica como las Normas Procesales, propuso un medio de prueba documental, mediante Auto Para Mejor Proveer, tal como lo preceptúa el Articulo 333 del Código Procesal Penal, consistente en una Sentencia Ejecutoriada, con lo que se acredita y queda establecido que el ciudadano Alfredo Benítez Mejía fue la persona que le disparo tres veces y le causó la muerte a la joven Jenny Anardelina Ponce, de conformidad al expediente penal registrado en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. bajo número de entrada TST-(7)-348-2012 y Sentencia número S5TST-98-2012. Y EL Tribunal de Sentencia, desestimo este medio de prueba, con ello violentando los principios de legalidad constitucionales y procesales. y poniendo en ridículo a la defensa, al manifestar que “le fallo la técnica”, lo cual considero que todas las partes procesales se merecen respeto y no minimizar a la actuación jurídica del postulante procesal, lo cual es indicativo con la fragilidad que operan estos tribunales de justicia, que ponen en precario una verdadera justicia. Una vez narrada y acreditados los extremos que esbozamos, y para que la Honorable Corte Suprema de Justicia, pueda darle apertura y considere al momento a de admitir el motivo de casación y que no se le tome como de recibo, exponernos las diferencias que logramos ver y que existen en el juicio. que son en cuanto al origen, en cuanto al bien jurídico tutelado y en el procedimiento que se sigue para su declaración judicial. En las nulidades sustantivas se mira el acto o contrato al que le falta algún requisito que la ley prescribe para su valor, según su especie y calidad o estado de las partes; mientras que en las adjetivas se observa exclusivamente si en el procedimiento empleado para el reconocimiento de un derecho se cumplió con el precepto fundamental del proceso el derecho de defensa y la organización o estructura judicial, El sentenciador debe ser garante del cumplimiento efectivo de las formas procesales y las garantías constitucionales que asisten a los imputados de un delito y nuestra legislación hondureña como los convenios internacionales relativos a los derechos humanos a que honduras es signatario, con lo cual le dan plena garantía a un procesado para ser respetado en todas sus manifestaciones y el articulo número 200 del Código Procesal Penal como principio de legalidad nos dice que “carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la Republica y en los Convenios Internacionales”. Según el principio del Debido Proceso consagrado en el artículo número 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica de Honduras, preceptúa que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, o sea que, según el precepto constitucional, toda persona tiene derecho a que lo juzgue un juez natural, el que deberá actuar, ciñéndose a las exigencias que en cuanto a las formalidades, derechos y garantías establezca la ley; de manera para que ese principio, el del Debido Proceso, pueda considerarse violado es necesario que el sentenciador que intervenga no sea un juez natural o que omita alguna formalidad de las que señala la ley procesal, o que se atropelle un derecho constitucional, o que se irrespete una garantía judicial establecidas por la ley, que es el caso que nos ocupa, lo cual se podrá observar la Implementación de pruebas que no tuvieron la suficiente garantía constitucional y procesal. EXPOSICIÒN DE MOTIVO DE CASACIÒN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: UNICO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3) del artículo 362 del Código procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÒN; Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica”, en relación con lo dispuesto en el artículo 338 del mismo cuerpo legal. En este sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica. veamos; tal corno lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación. las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica, Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados- Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia, Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido, La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuadamente correlación entre ellas), y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente unconvencimiento cierto del suceso que se juzga). Analizada la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia Impugnada; expuesto lo anterior esta defensa encuentra violatoria del sistema de valoración en la proclama del Código Procesal Penal, la presente sentencia por lo siguiente: 1.- refiere el Tribunal de Sentencia, en el apartado de valoración de la prueba testifical, que por mayoría de sus miembros encuentra que las declaraciones que han sido expuestas por los testigos protegido Luna y Jesús Antonio Perdomo Chávez, quienes declararon ante estrados, sin embargo el citado Tribunal de Sentencia en el preámbulo de sus hechos probados como en la valoración de la prueba, expresa en su sentencia que los testigos han narrado los hechos horas y lugar de la comisión, pero de manera individual, como se podrá ver y escuchar en audio que sus testimonio son totalmente y diametralmente contradictorio e inconsistente. En conclusión, existen contradicciones que no cita el Tribunal de Sentencia, y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón; suficiente y justificada para considerar verdadera una conclusión, lo que no sucede en el caso de autos, pues lo afirmado no resiste el peso de la prueba evacuada en juicio; todavía más si se toma en consideración que se deduce del análisis de la valoración de la prueba que ha realizado el Tribunal de Sentencia, que este ha fundamentado su decisión, argumentando que entre las deposiciones de los testigos no son discordantes, lo cual no es acertado, puesto que como se ha venido exponiendo en el desarrollo del presente recurso, los mismos se mantienen en cuanto a la esencia de los hechos; por otra parte el Tribunal de Sentencia, ha considerado este elemento probatorio determinante para llegar a la conclusión sobre la responsabilidad del Imputado, de manera que si el sentenciador hubiera valorado la prueba en referencia, respetando las reglas de la sana critica, el fallo sería diferente, porque al afirmar el sentenciador esta circunstancia en el acápite del fallo impugnado, no hace más que vulnerar la regla de la derivación, en virtud que la sentencia contiene un juicio lógico que no es verdadero y por lo tanto ha viciado la misma de una motivación falsa, ya que el Tribunal de Sentencia al concluir que la prueba de cargo le merece credibilidad, al asistirle la certeza entre las versiones de los únicos dos testigos, con ello ha hecho una utilización arbitraria en la fuente del convencimiento, en el caso subjudice las declaraciones testificales de cargo que han conducido al juzgador a la falsa motivación de la sentencia, pues es evidente a la luz del día que esas contradicciones que logramos durante el desarrollo del juicio. nunca descalifico esa prueba a que nos referimos, por eso la conclusión del juzgador es equivocada, esta defensa considera que desde un inicio una falta de prueba contundente para establecer el tipo penal que se le imputa a mi defendido. Al hacer un análisis de la prueba aportada por el Ministerio Público, esta defensa fue de la consideración que éste ente acusador lo único que demostró con la prueba, fue la fecha de los hechos, y haciendo una comparación del medio de prueba testifical, con sus testimonios observamos que están totalmente divorciados de la verdad y por ende sus dichos son inconsistentes, y además los testigo hacen uso de una presunción, entonces no vemos la culpabilidad de mi defendido, y que se deba condenar por una mínima presunción. Explicó que en la doctrina y en el artículo 19 del Código Procesal Penal, se establecen las fuentes auxiliares del derecho penal y que han sido abordados por grandes expertos en investigación criminal en el sistema acusatorio proceso, como por ejemplo el científico José Alfredo Torres Alvarado, que es un comisario de Honduras, con postgrado en Ciencias Penales en Colombia y que también tiene otros títulos. También existe la opinión de Raúl Enrique Zajackowski, de Buenos Aires y que es fundador de la Asociación de Graduados de Criminalística, que redactó el manual de criminalística de México, mediante el cual se determina que estas actuaciones no reúnen los requisitos del trabajo de la escena del crimen, pues no se cumple ni se logra su fin, porque no se acredita el lugar donde estaba la evidencia. En ese sentido, esta defensa considera que la prueba de cargo fue insuficiente, ineficaz e ilícita, la cual nos conduce a llevar la certeza necesaria para enervar la inocencia de mi representado, reiteró que no se probó la participación. Y agregándole un hecho fundamental, lo constituyo Dentro del juicio Oral que se desarrolló, esta defensa haciendo uso de los derechos que le otorga la Constitución de la Republica como las Normas Procesales, propuso un medio de prueba documental, mediante Auto Para Mejor Proveer, tal como lo preceptúa el Articulo 333 del Código Procesal Penal, consistente en una Sentencia Ejecutoriada, con lo que se acredita y queda establecido que el ciudadano Alfredo Benítez Mejía fue la persona que le dispara tres veces y le causó la muerte a la joven Jenny Anardelina Ponce, de conformidad al expediente penal registrado en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, bajo número de entrada TST-(7)-348-2012 y Sentencia número S5TST-98-2012, Y EL Tribunal de Sentencia, desestimo este medio de prueba, con ello violentando los principios de legalidad constitucionales y procesales y poniendo en ridículo a la defensa, al manifestar que “le fallo la técnica”, lo cual considero que todas las partes procesales se merecen respeto y no minimizar a la actuación jurídica del postulante procesal, lo cual es indicativo con la fragilidad que operan estos tribunales de justicia, que ponen en precario una verdadera justicia. Cabe destacar que al momento de rendir testimonio el Testigo Protegido, expresa detalles que ocurrieron en el lugar de los hechos, lo cual no es creíble, porque narra hechos, horas, lenguaje que esbozo el homicida, etc,, y toda esta narración viene a ser una fabricación bien cimentada para darle valor a sus dichos, lo cual vendría a ser un prototipo de invención, porque este testigo está divorciado y alejado totalmente de la verdad y este testimonio, y/o declaración, es totalmente falso, porque está faltando a la verdad, incluso porque él está afirmando una falsedad. es una negación de la verdad y la ocultación de esta o reticencia. Y el Testigo Perdomo Chávez. es un Perito Testigo, que su función fue la de investigación de campo, y no un testigo ocular. para poder darle crédito a sus declaraciones, y esto quedo debidamente acreditado, cuál fue su participación, entonces concluimos que la prueba del Ministerio Publico, con respecto a los testimonios, no nos arrojan hechos reales para poder presumir que mi mandante haya tenido participación en el ilícito que se le imputa de manera arbitraria, reitero en el juicio que nos ocupa entonces observamos la fragilidad con que opera el sentenciador, obviando la norma jurídica al caso concreto. Honorables Magistrados, soy del criterio que el juez sentenciador, vulnera el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al separarse de la Sana Critica de la prueba y obviando toda una gama de derechos constitucionales, agregando además que nunca pudo enervar la presunción de inocencia que le otorga la Constitución de la Republica a mi defendido; en el cuadro factico que las asistencias judiciales no son vinculantes con el juicio que nos ocupa, para presumir la comisión del delito, no se incorpora a los hechos probados la descripción de la participación activa de los imputado, que sirva como premisa menor en el proceso subsunción en el silogismo probatorio, no se describe hecho de participación activa del acusado, ni describe en la valoración de los elementos de prueba o indicios de recibo que sirvan para deducir o indicar la intención o dolo de los imputados, no teniendo estos que ser actos ofertorios, pero si deben contener la fundamentación descriptiva de los elementos objetivos del tipo infringido, de hecho si analizamos detenidamente la sentencia, observaremos que el sentenciador no logra describir la acción ilícita por la cual condena. En la fundamentación probatoria, el sentenciador afirma prueba para los hechos tenidos corno probados, pero no establece un nexo causal entre el delito y el imputado, que permita derivar la procedencia de la misma. En conclusión, los elementos objetivos del delito de Asesinato, no están contenidos en el cuadro factico de la sentencia, careciendo además del nexo que relacione al imputado con el delito, incluso da como ciertos hechos controvertidos, RECLAMACIONES PARA OBTENER SUBSANACIONES Puesto que los vicios procesales que sé denuncian en este motivo de Casación, ocurrieron también en la misma Sentencia Definitiva, contra los mismos, no es posible interponer otro recurso ni ordinario ni extraordinario. más que el presente.” FUNDAMENTACIÓN JURICA. Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la defensa privada.. - Motivo Único. • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 117 del Código Penal. • Concepto de la Infracción del Primer Motivo: Aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal decreto 144-83. • Reclamación Ex Ante: El yerro ocurre al dictar la sentencia. • Pretensión: Que se declare a lugar el recurso, resolviendo conforme a derecho corresponda. Analiza la censora que el A-quo en su sentencia aplicó de forma indebida el artículo 117 del código Penal, argumentando en su escrito de casación que el A-quo incurrió en error de hecho al apreciar la prueba, explicando como a la luz de la sana critica su representado Andrés Salomón Andino Andino, no tiene ninguna participación en el ilícito enunciado que se le ha imputado, la impetrante denuncia que el juzgador no valoró la prueba en su conjunto, continua la recurrente tratando de hacer un análisis sobre como debieron valorarse la declaraciones del testigo protegido y el testigo Perdomo Chávez. De la debida técnica recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. Explicación del Vicio: Es ineludible para la Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la procedencia del único motivo de casación. No es de Recibo. La Sala de lo Penal encuentra un recurso defectuoso, al apelar la Censora a la reconsideración de la prueba, tal como si se estuviese dirigiendo a un Tribunal de Segunda Instancia, olvidando que estamos ante una única instancia revisora de legalidad y que precisamente por ello, tratándose del recurso de casación por infracción de ley, el Código Procesal Penal manda que los argumentos sustentatorios deben erigirse a partir de los hechos declarados probados y no en su cuestionamiento valorando la prueba evacuada. El recurso que hoy nos ocupa, por elección de la recurrente, es el de casación por infracción de ley por aplicación indebida de la norma sustantiva del artículo 1117 del código penal decreto 144-83, la recurrente de esta forma fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación al que debe darle respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar: El Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. La Censora denuncia la aplicación indebida de una norma sustantiva, más al desarrollar su argumentación se distrae en aspectos tan distantes como el discutir la calidad de la prueba en contra del acusado, expresando argumentaciones propias de instancia sumado a la falta de claridad, olvidando que no corresponde a esta Sala de lo Penal valorar prueba, ni tampoco la elaboración de nuevos hechos probados aplicando la norma sustantiva que a juicio de la recurrente se ha dejado de aplicar, colisionando de franco con el Principio de Intangibilidad de los hechos probados, por lo cual el motivo único de infracción de ley interpuesto por la defensa privada debe ser desestimado. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá enunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, la recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 90 de la Constitución de la Republica. • Concepto de la infracción: violación al Debido Proceso. • Reclamación Ex ante: Sin determinar por la censora. • Pretensión: Sin determinar por la censora. Explicó la recurrente que, en la sentencia condenatoria dictada contra su patrocinado, el Juzgador la dictó infringiendo el debido proceso, argumentando que cuando su representado Andrés Salomón Andino Andino, fue detenido se le violentaron una gama de derechos y garantías procesales y constitucionales, situaciones irregulares que se encuentran en la foliada del juicio, y aun así el juzgador obvio esos derechos garantías, señalando que el expediente de merito se pueden observar nulidades sustantivas y adjetivas, indica la impetrante que al momento de la detención a su representado no se le encontró ningún elemento que se pueda presumir la comisión del delito que se le imputó y posteriormente se le condenó, sin hacer una valoración técnica jurídica, ya que se representado no participó en el hecho, arguye que se acredito que el día de los hechos su poderdante se encontraba trabajando en la institución para la cual presta sus servicios, argumenta la peticionaria que se presento por parte de la defensa la solicitud para un auto para mejor proveer proponiendo un medio de prueba consistente en la sentencia ejecutoriada del expediente número TST(7)348-12 con número de sentencia S5TST-98-2012 donde se declara la responsabilidad penal de Alfredo Benítez Mejia como responsable de la muerte de Jenny Anardalina Ponce, mismo fue desestimado por el Tribunal de sentencia al manifestar que le había fallado la técnica lo cual considera como una falta de respeto a las partes procesales. del debido proceso. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración del debido proceso, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; De la Procedencia del Recurso. El MOTIVO NO es de Recibo. Esta Sala de lo Penal entiende los alegatos como estrategia de defensa, sin embargo, la censora no ha podido enlazar su cuestionamiento con la violación al derecho denunciado como infringido; la recurrente debe ser totalmente claro y puntual al establecer no solo el derecho violentado, sino también determinar cómo se transgredió. En aras del control de convencionalidad que deben observar todos los Tribunales de la República, mediante el cual se debe aplicar los lineamientos y fundamentos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus diferentes fallos; entre ellos el derecho que tiene la persona sometida a juicio para recurrir el fallo ante un Tribunal Superior, esta Sala de lo Penal dará respuesta a aquellos argumentos que son entendibles. Conforme el recurso presentado, se alega violación al debido proceso, es indispensable que la recurrente señale de manera puntual en que consistieron las supuestas transgresiones a los derechos denunciados, lo cual no se ha visto plasmado en la presente impugnación, pues la recurrente afirmó en sus alegatos que, cuando se detuvo a su representado no se le encontró en posesión de ningún elemento que se pueda presumir con la comisión del hecho y que el Tribunal condenó sin haber hecho una valoración técnico jurídica para encartarle comisión de ese delito imputado, este argumento alegado por la censora no implica una violación al debido proceso, sino es más bien un asunto en el cual la impetrante no está de acuerdo en cómo se ha valorado la prueba en el debate, y presenta una arista paralela de como a criterio suyo debió haber sido valorada la prueba en conjunto a favor de su representado, señalamiento que no puede considerarse dentro del motivo de casación planteado. Al referir la casacionista que se presentó por parte de la defensa solicitud de auto para mejor proveer proponiendo un medio de prueba consistente en la sentencia ejecutoriada del expediente número TST (7)348-12 con numero de sentencia S5TST-98-2012 donde se declara la responsabilidad penal de Alfredo Benítez Mejia como responsables de la muerte de Jenny Anardalina Ponce, mismo fue desestimado por el Tribunal de Sentencia, del análisis que esta Sala de lo Penal a realizado a dicha petición la que se encuentra a folios 174 al 175 del foliado de mérito, comparte el criterio del A-quo, considerado que las partes procesales ya tenían conocimiento con anterioridad de ese documento pues data del año 2012, y el mismo corresponde a la sentencia condenatoria de un coimputado, por lo cual si a la defensa le interesaba la incorporación del mismo debió haberlo propuesto en la audiencia de proposición de pruebas, o en la etapa incidental del juicio oral, pues NO resultaba ser un hecho nuevo, pues dicha sentencia corresponde al juicio oral que se celebrado en relación a estos hechos pero otro imputado, dicha sentencia de condena de señor Alfredo Benítez Mejia no es un medio de prueba nuevo que haya surgido de la evacuación de las pruebas en el juicio oral y público, pues en el mismo factum de la sentencia se señala a esta persona como participe de los hechos enjuiciados, se ha constatado por esta Sala de Casación que la defensa del señor Andrés Salomón Andino Andino recibió por parte del A-quo una resolución en la cual se expresó claramente del porqué la negativa de la admisión, asimismo ha tenido la oportunidad de interponer recurso de reposición, la cual fue resuelta sin lugar, externando ampliamente la justificación a la negativa de la admisión de dicho auto para mejor proveer. Ante la denuncia de la recurrente, esta Sala de Casación deviene en la tarea de revisar el fallo recurrido y determinar si ha existido vulneración al Debido Proceso, Conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo materializando el principio de legalidad, logrando verificar en el caso de marras que las pruebas evacuadas en el juicio oral y público incoado contra Andrés Salomón Andino Andino, fueron debidamente evacuadas en la audiencia de debate, el cual se celebró con las garantías que la norma procesal penal indica para cada una de las partes, verificando esta Sala de Casación que si se contaron con las garantías que consagra el articulo 90 de la Constitución de la Republica, al incorporarse todos los medios de prueba el Sentenciador deviene en la obligación de hacer su juico de valor y determinar si le merece o no credibilidad, lo que ha ocurrido en el caso de autos. Esta Sala de Casación, una vez que ha analizado el razonamiento y motivaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, concluye que los medios de prueba evacuados en el debate y que fueron objeto de valoración en la sentencia cumplen con la licitud, debido proceso, motivación y razonamiento, en el proceso celebrado en contra de Andrés Salomón Andino Andino, a quien le ha sido respetado el debido proceso, siguiendo los principios de legalidad, oralidad, inmediatez inmediación y contradicción; por lo cual no existen razones para que este motivo de casación interpuesto prospere, en ese sentido se desestima el único motivo de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la defensa privada. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la defensa privada. Motivo único. • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: El reclamo resulta de la propia sentencia. • Pretensión: Que se declare con lugar el motivo, dictando lo que en derecho corresponda. Explicó la recurrente que los juzgadores violaron las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación en su vertiente de razón suficiente, pues lo resuelto por el Tribunal de Sentencia no resiste el peso de la prueba, considera la impetrante que la prueba de cargo a resultado insuficiente, ineficaz e ilícita para enervar el estado de inocencia, agregando que lo manifestado por los testigos protegido Luna y Jesús Antonio Perdomo Chávez es diametralmente diferente a lo valorado por el Tribunal de Sentencia, realizando análisis personal sobre las declaraciones del testigo protegido y del testigo Perdomo Chávez, señala la impetrante que se ha vulnerado el articulo 362 numeral 3, al separarse la sana critica de la prueba obviando toda una gama de derechos constitucionales, alega el peticionario que no se probó la participación de su representado, además señala la casacionista que se han violentado normas procesales al no admitir un auto para mejor proveer, agrega la peticionaria que el cuadro fáctico carece de elementos objetivos del delito de asesinato. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; I. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; II. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; III. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y IV. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que la recurrente señala como violentadas las reglas de la lógica como el de la razón suficiente, la impetrante realizó una serie de argumentaciones y señalamientos en este motivo de casación los cuales escapan a una correcta técnica recursiva, sin embargo logro establecer aspectos que a su entender están errados, violatorios de la regla de la lógica de la razón suficiente, la censora logra determinar el punto central de su impugnación y será sobre esos planteamientos que esta Sala de Casación dará respuesta, determinando si el Sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate lo hizo siguiendo las reglas de la sana crítica. El recurso que hoy nos ocupa, por elección de la recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana critica en su vertiente de derivación en su característica de suficiencia, el argumento de la impetrante va en relación a que las declaraciones los testigos Jesús Antonio Perdomo Chávez que es agente de investigación y del testigo protegido Luna, van en contrario con lo valorado por el A-quo, por lo cual se analiza la valoración en conjunta realizada por el Tribunal de Sentencia con el contenido del acta de debate a folios 169 vuelto al 171 vuelto que es donde constan dichas declaraciones, este Ad-quem observa que la valoración realizada por el A-quo de la cual transcribimos: …En cuanto a la declaración del testigo Jesús Antonio Perdomo Chávez, se trata del agente que tuvo a cargo la investigación de los hechos, se persono en primera instancia a la escena del crimen, se encargó de identificar y entrevistar de primera mano a los testigos presenciales de los hechos e individualizarlo con la clave de Testigo Protegido Luna y Testigo Protegido K, éste último perdió la vida de forma violenta y justamente era quien acompañaba a la víctima al momento de los hechos y le refirió haber visto a cuatro individuos que se transportaban en dos motocicletas entre ellos Andrés Salomón Andino, este último fue debidamente identificado por las testigos en referencia a través de un álbum fotográfico que se les mostro en sede administrativa con lo cual logró individualizar al señor Andrés Salomón Andino como una de las personas que junto a un coimputado ya condenando dispararon contra Jenny Anardalina; asimismo de las Investigaciones se estableció que el móvil de la muerte de la señor Jenny obedeció a que el hijo de esta Kevin Ponce agredió a Eleazar Benítez hijo de Alfredo Benítez, resultando que Eleazar era miembro de la barra del Club Motagua al igual que Andrés Salomón y Kevin de la barra contraria.. En cuanto a la Testigo Protegida Luna además de corroborar la dinámica de los hechos y establecer que los mismo ocurrieron a las tres de la tarde; identifica tanto a Andrés Salomón Andino y Alfredo Benítez (ya condenado por esta causa) como las personas que sin justa causa le disparan con un revolver a quema ropa a Jenny y esta muere en el lugar a causa de las heridas recibidas, que tras de los hechos el señor Salomón se regresó se quitó el casco a ver y con la misma se fue y les advirtió a los que estaban que no dijeran nada; también expreso "perro ahí te dejamos un regalito"; lo cual corrobora en cuanto al móvil que este tenía para dar muerte a la víctima; y ratifica la presencia de la Testigo Protegida K, razón por la cual este Tribunal le da total credibilidad a lo expresado por ambos testigos quienes declararon sobre el conocimiento que estos tenían el primero por referencia y la segunda por ser presencial de los hechos controvertidos. Esta valoración observa esta Sala de Casación se encuentra en consonancia con las declaraciones rendidas en juicio oral y público por los testigos en referencia, si bien la peticionario señala una contradicción en cuanto a la fecha que ocurrieron los hechos, ya que el testigo Perdomo Chávez señala que los hechos fueron el 11 de septiembre del 2011 y el testigo Luna que fueron el 13 de septiembre del 2011, lo cierto que es que esa falta de precisión en cuanto a la fecha de los hechos brindada por el del agente de investigación no saca de la escena al acusado, ni tampoco contradice la dinámica de los hechos proporcionada por el testigo Luna, los que sucedieron en las cercanías del instituto Técnico Luis Bográn, ambos testigos aportaron su conocimiento al A-quo, el cual se dio a la labor de relacionar la totalidad de la prueba, y es así como el Tribunal de Sentencia, utilizando las reglas de la sana critica deriva al conocimiento de cómo sucedio el hecho violento en el cual participo el acusado y que perdió la vida Jenny Anadarlina Ponce, lo cual ha resultado suficiente para que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa dicte una sentencia condenatoria, no podía haber arribado a otro razonamiento más que declarar la responsabilidad penal del encartado Andrés Salomón Andino Andino, por el asesinato de Jenny Anardalina Ponce. Por estas razones no logra esta Sala de lo Penal estimar que en la sentencia de mérito se hayan violentado las reglas de la sana critica en su principio básico de derivación en la vertiente de razón suficiente, por lo cual el recurso presentado por la Defensa Privada debe desestimarse. DECISIÓN. 1. No ha lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su motivo único. 2. No ha lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único. 3. No ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO El Tribunal de Sentencia, basado en el artículo 117 del Código Penal 144-83 castigaba el delito de asesinato con una pena abstracta de 20 a 30 años, el enjuiciado fue declarado responsable imponiéndole una pena a Andrés Salomón Andino Andino de veinte de reclusión; como penas accesorias se impuso la inhabilitación absoluta y la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, la conducta descrita en el factum de mérito se encuentra regulada en el artículo 193, que establece una pena de 25 a 30 años de prisión. De la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena impuesta al condenado se encuentra por debajo del margen abstracto del nuevo Código Penal 130-2017 por lo cual no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación, por no representar un beneficio para Andrés Salomón Andino Andino. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 117 del Código Penal (decreto 144-83); Falla: Primero: NO HA LUGAR el motivo único del recurso de casación por Infracción de Ley. Segundo: NO HA LUGAR el motivo único del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional. Tercero: NO HA LUGAR el motivo único del recurso de casación por Quebrantamiento de forma. Recursos instados por la Defensa Privada abogada Heike Ninoska Elvir García en representación de Andrés Salomón Andino Andino. Cuarto: Declara No ha lugar la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al acusado Andrés Salomón Andino Andino; Quinto: Declara Firme la sentencia de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales del caso. Redacto el Magistrado Miranda Sabio. - Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-197-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-197-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de enero del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-197-2019 por Infracción de Ley, por Infracción de Precepto Constitucional y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Andrés Salomón Andino Andino, como autor responsable del delito de Asesinato en perjuicio del señor Jenny Anardalina Ponce a la pena de veinte años de reclusión como pena principal. SEGUNDO: Condenó al señor Andrés Salomón Andino Andino a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. TERCERO: Declaró al condenado civilmente responsable. CUARTO: No procedió declarar el comiso. QUINTO: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son partes en única instancia: La Abogada Heike Ninoska Elvir García, en su condición de Defensora Privada del señor Andrés Salomón Andino Andino, como parte recurrente; Y la Abogada Ligia Cristina Roque Gòmez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS ÚNICO: En fecha de 13 de septiembre de año 2011 a eso de las tres de la tarde, la señora Jenny Anardalina Ponce en compañía de su nuera transitaban por la calle ubicada atrás del Instituto Técnico Luis Bográn de la colonia Carrizal No. 2 cuando fueron alcanzadas por dos motocicletas sobre las cuales se transportaban dos individuos entre ellos Andrés Salomón Andino Andino, luego de rodearla uno de ellos de nombre Alfredo Benítez saco un revolver y le disparo, tras de lo cual Andrés Salomón Andino Andino le arrebata el arma y le hace otros dos disparos los cuales le impactaron en su cuerpo, perdiendo la vida a consecuencia de los mismos” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente abogada Heike Ninoska Elvir García, en su condición de Defensora Privada del señor Andrés Salomón Andino Andino, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DOCTRINA LEGAL: UNICO MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto penal sustantivo contenido en el artículo 117 del Código Penal Vigente, en virtud de haber incurrido el Tribunal de Sentencia, en error de hecho en la apreciación de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: Elprecepto autorizantelo constituyeel artículo 360 del Código Procesal Penal CONCEPTO DE LA INFRACCION: El articulo número 117 del Código Penal Vigente preceptúa “Es reo de asesinato, quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía… y que conlleva una pena abstracta de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión. En el Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, prevalece como regla general el respeto absoluto de los hechos estimados y declarados como probados por el juzgador, siendo que los mismos para este tipo de recurso deberán ser considerados como verdades indiscutibles e incontrovertibles, sin embargo como una excepción a esta regla general, el legislador ha incluido dentro de las causales que dan lugar a la Casación en el fondo en materia penal el Error de Hecho en la apreciación de la prueba, si parte de un acto documento autentico que evidencia la equivocación manifiesta del juzgador y que no haya sido controvertida por otra prueba, esta es la única manera en que en un Recurso de Casación por Infracción de la Ley, el impugnante podrá contradecir los hechos declarados como probados por el juzgador y alegar a su vez hechos nuevos, en razón a lo anterior en la sentencia recurrida a través de este recurso, el Tribunal de Sentencia, al condenar a mi representado. desprendiéndose de los hechos probados de la Sentencia recurrida, que el Tribunal de Sentencia. tiene como hechos probados; el recurrente a través de este recurso impugnarnos la sentencia citada y emitida por el tribunal precitado, en el sentido que en sus hecho probado se establece como verdad el hechos UNICO, por lo que al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al imponer una pena al ciudadano ANDRES SALOMON ANDINO ANDINO, a título de Autor, pues a la luz de la Sana Critica de la Prueba, el no tienen ninguna participación en el ilícito enunciado y que se le imputa, además de ello no encontramos ni el mínimo indicio de la comisión del delito, extremo este que quedó demostrado con la prueba de descargo, pero que el juzgador no valoro en su conjunto, con lo cual el juzgador hace uso de un indicio racional frágil como fulcro para emitir una sentencia condenatoria; al analizar lo expuesto, se demuestra la equivocación del juzgador al imponer una pena a mi defendido a título de autor, pues al umbral de la luz de la sana critica de la prueba, mi defendido en ningún momento ha tenido participación en la comisión del ilícito penal, en esa razón el Tribunal de Sentencia, según nuestra apreciación. no valoro la prueba en su conjunto, incurríendo en un Error de Hecho en la apreciación de la prueba, siendo esto un acto autentico con la documentación llegada ante estrados, así como las declaraciones testificales brindadas por los testigos propuestos por el Ministerio Publico, tal corno deja entrever el Tribunal de Sentencias en su valoración cuando expresa que el TESTIGO PROTEGIDO “LUNA” Y JESUS ANTONIO PERDOMO CHAVEZ, cuyos testimonios dejan entrever que no son concordantes en sus dichos, y esto no lo inventa la defensa, se encuentra plasmado en la sentencia condenatoria, en consecuencia existen graves contradicciones relativas a los testimonios brindados por estos testigos, y los hechos probados que llevo al sentenciador al error de hecho en la apreciación de la prueba, y estos actos fueron desvirtuados por la inconsistencia y contradicciones de los testigos de cargo, lo cual claramente evidenciado, así como la prueba documental de cargo, las que debieron ser admitidas únicamente de recibo por su inconsistencia, los hechos fueron diferente en cuanto a la conducta de mis defendidos, y el juzgador solamente ha tomado en consideración aspectos subjetivos, por todo lo anteriormente expuesto concluyo que al no tomar en cuenta el juzgador los medíos probatorios en su contenido autentico, ha incurrido en un grave error de hecho en la apreciación de la prueba de actos auténticos como la prueba científica, y declaraciones testificales que no han sido controvertidas por otras pruebas con respecto a los hechos probados, con lo cual el juzgador evidencia una completa equivocación. Cabe destacar que al momento de rendir testimonio el Testigo Protegido, expresa detalles que ocurrieron en el lugar de los hechos, lo cual no es creíbje, porque narra hechos, horas, lenguaje que esbozo el homicida, etc,, y toda esta narración viene a ser una fabricaciòn bien cimentada para darle porque este testigo está divorciado y alejado totalmente de la verdad y este testimonio, y/o declaración, es totalmente falso, porque está faltando a la verdad, incluso porque él está afirmando una falsedad, es una negación de la verdad y la ocultación de esta a reticencia. Y el Testigo Perdomo Chávez, es un Perito Testigo, que su función fue la de investigación de campo, y no un testigo ocular, para poder darle crédito a sus declaraciones, y esto quedo debidamente acreditado, cuál fue su participación. entonces concluimos que la prueba del Ministerio Publico, con respecto a los testimonios, no nos arrojan hechos reales para poder presumir que mi mandante haya tenido participación en el ilícito que se le imputa de manera arbitraria, EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL: UNICO MOTIVO: Violación a infracción de precepto Constitucional, contenido en el artículo número 90 de la Constitución de la Republica de Honduras, PRECEPTO AUTORIZANTE: El precepto autorizante lo constituye el artículo número 361 del Código Procesal Penal, CONCEPTO DE LA INFRACCION:, La Sentencia recurrida adolece de violaciones al ordenamiento jurídico preeminente de Honduras, en ese sentido la Constitución de la Republica de Honduras, dándole plena vigencia al derecho fundamental al Debido Proceso, prescribe en el párrafo primero del articulo número 90 que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, de donde resulta la imperiosas necesidad de encuadrar el proceso dentro de las provisiones establecidas en la Ley Procesal. respetando los derechos y las garantías constitucionales establecidas en la ley, los tratados internacionales suscritos por nuestro país, en ese sentido y de conformidad a la sentencia recurrida, la negación arbitraria e injustificada del acceso instaurado en la ley procesal infringe el derecho al proceso en todas las garantías o derechos fundamentales, porque a uno de los detenidos y posteriormente capturado mi representado el ciudadano ANDRES SALOMON ANDINO ANDINO, al momento de su captura se le violentaron una gama de derechos y garantías procesales y constitucionales, situaciones irregulares que se encuentra en el foliado del juicio de mérito, y aun así, el juzgador obvio esos derechos y garantías a que hacemos alusión, por cuanto al foliado del juicio se pueden observar nulidades sustantivas y adjetivas, dependiendo la fundamentación jurídica que se use en su planteamiento. Al momento de su captura y posterior registro personal. me refiero al señor ANDRES SALOMON ANDINO ANDINO, no se le encuentra ningún elemento que se pueda presumir la comisión del delito que se le imputo y posteriormente condeno, sin haber hecho una valoración técnico jurídica para encartarle la comisión de ese delito imputado, ya que no tuvo ninguna participación en el hecho, y esto se encuentra debidamente acreditado en el foliado, con documentos indubitados que acreditan que el día de los hechos, él se encontraba laborando para la institución donde presta sus servicios profesionales, y el Tribunal Sentenciador obvio y desvalorizo estas pruebas que eran y son concluyentes para demostrar su no participación en el acto criminoso. Dentro del Juicio Oral que se desarrolló, esta defensa haciendo uso de los derechos que le otorga la Constitución de la Republica como las Normas Procesales, propuso un medio de prueba documental, mediante Auto Para Mejor Proveer, tal como lo preceptúa el Articulo 333 del Código Procesal Penal, consistente en una Sentencia Ejecutoriada, con lo que se acredita y queda establecido que el ciudadano Alfredo Benítez Mejía fue la persona que le disparo tres veces y le causó la muerte a la joven Jenny Anardelina Ponce, de conformidad al expediente penal registrado en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa. bajo número de entrada TST-(7)-348-2012 y Sentencia número S5TST-98-2012. Y EL Tribunal de Sentencia, desestimo este medio de prueba, con ello violentando los principios de legalidad constitucionales y procesales. y poniendo en ridículo a la defensa, al manifestar que “le fallo la técnica”, lo cual considero que todas las partes procesales se merecen respeto y no minimizar a la actuación jurídica del postulante procesal, lo cual es indicativo con la fragilidad que operan estos tribunales de justicia, que ponen en precario una verdadera justicia. Una vez narrada y acreditados los extremos que esbozamos, y para que la Honorable Corte Suprema de Justicia, pueda darle apertura y considere al momento a de admitir el motivo de casación y que no se le tome como de recibo, exponernos las diferencias que logramos ver y que existen en el juicio. que son en cuanto al origen, en cuanto al bien jurídico tutelado y en el procedimiento que se sigue para su declaración judicial. En las nulidades sustantivas se mira el acto o contrato al que le falta algún requisito que la ley prescribe para su valor, según su especie y calidad o estado de las partes; mientras que en las adjetivas se observa exclusivamente si en el procedimiento empleado para el reconocimiento de un derecho se cumplió con el precepto fundamental del proceso el derecho de defensa y la organización o estructura judicial, El sentenciador debe ser garante del cumplimiento efectivo de las formas procesales y las garantías constitucionales que asisten a los imputados de un delito y nuestra legislación hondureña como los convenios internacionales relativos a los derechos humanos a que honduras es signatario, con lo cual le dan plena garantía a un procesado para ser respetado en todas sus manifestaciones y el articulo número 200 del Código Procesal Penal como principio de legalidad nos dice que “carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la Republica y en los Convenios Internacionales”. Según el principio del Debido Proceso consagrado en el artículo número 90 párrafo primero de la Constitución de la Republica de Honduras, preceptúa que “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, o sea que, según el precepto constitucional, toda persona tiene derecho a que lo juzgue un juez natural, el que deberá actuar, ciñéndose a las exigencias que en cuanto a las formalidades, derechos y garantías establezca la ley; de manera para que ese principio, el del Debido Proceso, pueda considerarse violado es necesario que el sentenciador que intervenga no sea un juez natural o que omita alguna formalidad de las que señala la ley procesal, o que se atropelle un derecho constitucional, o que se irrespete una garantía judicial establecidas por la ley, que es el caso que nos ocupa, lo cual se podrá observar la Implementación de pruebas que no tuvieron la suficiente garantía constitucional y procesal. EXPOSICIÒN DE MOTIVO DE CASACIÒN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: UNICO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de Casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3) del artículo 362 del Código procesal Penal. CONCEPTO DE LA INFRACCIÒN; Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal en la parte que dice: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica”, en relación con lo dispuesto en el artículo 338 del mismo cuerpo legal. En este sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica. veamos; tal corno lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación. las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica, Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados- Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia, Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido, La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuadamente correlación entre ellas), y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente unconvencimiento cierto del suceso que se juzga). Analizada la fundamentación fáctica y probatoria de la sentencia Impugnada; expuesto lo anterior esta defensa encuentra violatoria del sistema de valoración en la proclama del Código Procesal Penal, la presente sentencia por lo siguiente: 1.- refiere el Tribunal de Sentencia, en el apartado de valoración de la prueba testifical, que por mayoría de sus miembros encuentra que las declaraciones que han sido expuestas por los testigos protegido Luna y Jesús Antonio Perdomo Chávez, quienes declararon ante estrados, sin embargo el citado Tribunal de Sentencia en el preámbulo de sus hechos probados como en la valoración de la prueba, expresa en su sentencia que los testigos han narrado los hechos horas y lugar de la comisión, pero de manera individual, como se podrá ver y escuchar en audio que sus testimonio son totalmente y diametralmente contradictorio e inconsistente. En conclusión, existen contradicciones que no cita el Tribunal de Sentencia, y que son relevantes, puesto que se refieren a la parte sustancial de los hechos y al confrontar el contenido de los testimonios de cargo con lo argumentado por el sentenciador resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón; suficiente y justificada para considerar verdadera una conclusión, lo que no sucede en el caso de autos, pues lo afirmado no resiste el peso de la prueba evacuada en juicio; todavía más si se toma en consideración que se deduce del análisis de la valoración de la prueba que ha realizado el Tribunal de Sentencia, que este ha fundamentado su decisión, argumentando que entre las deposiciones de los testigos no son discordantes, lo cual no es acertado, puesto que como se ha venido exponiendo en el desarrollo del presente recurso, los mismos se mantienen en cuanto a la esencia de los hechos; por otra parte el Tribunal de Sentencia, ha considerado este elemento probatorio determinante para llegar a la conclusión sobre la responsabilidad del Imputado, de manera que si el sentenciador hubiera valorado la prueba en referencia, respetando las reglas de la sana critica, el fallo sería diferente, porque al afirmar el sentenciador esta circunstancia en el acápite del fallo impugnado, no hace más que vulnerar la regla de la derivación, en virtud que la sentencia contiene un juicio lógico que no es verdadero y por lo tanto ha viciado la misma de una motivación falsa, ya que el Tribunal de Sentencia al concluir que la prueba de cargo le merece credibilidad, al asistirle la certeza entre las versiones de los únicos dos testigos, con ello ha hecho una utilización arbitraria en la fuente del convencimiento, en el caso subjudice las declaraciones testificales de cargo que han conducido al juzgador a la falsa motivación de la sentencia, pues es evidente a la luz del día que esas contradicciones que logramos durante el desarrollo del juicio. nunca descalifico esa prueba a que nos referimos, por eso la conclusión del juzgador es equivocada, esta defensa considera que desde un inicio una falta de prueba contundente para establecer el tipo penal que se le imputa a mi defendido. Al hacer un análisis de la prueba aportada por el Ministerio Público, esta defensa fue de la consideración que éste ente acusador lo único que demostró con la prueba, fue la fecha de los hechos, y haciendo una comparación del medio de prueba testifical, con sus testimonios observamos que están totalmente divorciados de la verdad y por ende sus dichos son inconsistentes, y además los testigo hacen uso de una presunción, entonces no vemos la culpabilidad de mi defendido, y que se deba condenar por una mínima presunción. Explicó que en la doctrina y en el artículo 19 del Código Procesal Penal, se establecen las fuentes auxiliares del derecho penal y que han sido abordados por grandes expertos en investigación criminal en el sistema acusatorio proceso, como por ejemplo el científico José Alfredo Torres Alvarado, que es un comisario de Honduras, con postgrado en Ciencias Penales en Colombia y que también tiene otros títulos. También existe la opinión de Raúl Enrique Zajackowski, de Buenos Aires y que es fundador de la Asociación de Graduados de Criminalística, que redactó el manual de criminalística de México, mediante el cual se determina que estas actuaciones no reúnen los requisitos del trabajo de la escena del crimen, pues no se cumple ni se logra su fin, porque no se acredita el lugar donde estaba la evidencia. En ese sentido, esta defensa considera que la prueba de cargo fue insuficiente, ineficaz e ilícita, la cual nos conduce a llevar la certeza necesaria para enervar la inocencia de mi representado, reiteró que no se probó la participación. Y agregándole un hecho fundamental, lo constituyo Dentro del juicio Oral que se desarrolló, esta defensa haciendo uso de los derechos que le otorga la Constitución de la Republica como las Normas Procesales, propuso un medio de prueba documental, mediante Auto Para Mejor Proveer, tal como lo preceptúa el Articulo 333 del Código Procesal Penal, consistente en una Sentencia Ejecutoriada, con lo que se acredita y queda establecido que el ciudadano Alfredo Benítez Mejía fue la persona que le dispara tres veces y le causó la muerte a la joven Jenny Anardelina Ponce, de conformidad al expediente penal registrado en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, bajo número de entrada TST-(7)-348-2012 y Sentencia número S5TST-98-2012, Y EL Tribunal de Sentencia, desestimo este medio de prueba, con ello violentando los principios de legalidad constitucionales y procesales y poniendo en ridículo a la defensa, al manifestar que “le fallo la técnica”, lo cual considero que todas las partes procesales se merecen respeto y no minimizar a la actuación jurídica del postulante procesal, lo cual es indicativo con la fragilidad que operan estos tribunales de justicia, que ponen en precario una verdadera justicia. Cabe destacar que al momento de rendir testimonio el Testigo Protegido, expresa detalles que ocurrieron en el lugar de los hechos, lo cual no es creíble, porque narra hechos, horas, lenguaje que esbozo el homicida, etc,, y toda esta narración viene a ser una fabricación bien cimentada para darle valor a sus dichos, lo cual vendría a ser un prototipo de invención, porque este testigo está divorciado y alejado totalmente de la verdad y este testimonio, y/o declaración, es totalmente falso, porque está faltando a la verdad, incluso porque él está afirmando una falsedad. es una negación de la verdad y la ocultación de esta o reticencia. Y el Testigo Perdomo Chávez. es un Perito Testigo, que su función fue la de investigación de campo, y no un testigo ocular. para poder darle crédito a sus declaraciones, y esto quedo debidamente acreditado, cuál fue su participación, entonces concluimos que la prueba del Ministerio Publico, con respecto a los testimonios, no nos arrojan hechos reales para poder presumir que mi mandante haya tenido participación en el ilícito que se le imputa de manera arbitraria, reitero en el juicio que nos ocupa entonces observamos la fragilidad con que opera el sentenciador, obviando la norma jurídica al caso concreto. Honorables Magistrados, soy del criterio que el juez sentenciador, vulnera el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal, al separarse de la Sana Critica de la prueba y obviando toda una gama de derechos constitucionales, agregando además que nunca pudo enervar la presunción de inocencia que le otorga la Constitución de la Republica a mi defendido; en el cuadro factico que las asistencias judiciales no son vinculantes con el juicio que nos ocupa, para presumir la comisión del delito, no se incorpora a los hechos probados la descripción de la participación activa de los imputado, que sirva como premisa menor en el proceso subsunción en el silogismo probatorio, no se describe hecho de participación activa del acusado, ni describe en la valoración de los elementos de prueba o indicios de recibo que sirvan para deducir o indicar la intención o dolo de los imputados, no teniendo estos que ser actos ofertorios, pero si deben contener la fundamentación descriptiva de los elementos objetivos del tipo infringido, de hecho si analizamos detenidamente la sentencia, observaremos que el sentenciador no logra describir la acción ilícita por la cual condena. En la fundamentación probatoria, el sentenciador afirma prueba para los hechos tenidos corno probados, pero no establece un nexo causal entre el delito y el imputado, que permita derivar la procedencia de la misma. En conclusión, los elementos objetivos del delito de Asesinato, no están contenidos en el cuadro factico de la sentencia, careciendo además del nexo que relacione al imputado con el delito, incluso da como ciertos hechos controvertidos, RECLAMACIONES PARA OBTENER SUBSANACIONES Puesto que los vicios procesales que sé denuncian en este motivo de Casación, ocurrieron también en la misma Sentencia Definitiva, contra los mismos, no es posible interponer otro recurso ni ordinario ni extraordinario. más que el presente.” FUNDAMENTACIÓN JURICA. Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la defensa privada.. - Motivo Único. • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 117 del Código Penal. • Concepto de la Infracción del Primer Motivo: Aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal decreto 144-83. • Reclamación Ex Ante: El yerro ocurre al dictar la sentencia. • Pretensión: Que se declare a lugar el recurso, resolviendo conforme a derecho corresponda. Analiza la censora que el A-quo en su sentencia aplicó de forma indebida el artículo 117 del código Penal, argumentando en su escrito de casación que el A-quo incurrió en error de hecho al apreciar la prueba, explicando como a la luz de la sana critica su representado Andrés Salomón Andino Andino, no tiene ninguna participación en el ilícito enunciado que se le ha imputado, la impetrante denuncia que el juzgador no valoró la prueba en su conjunto, continua la recurrente tratando de hacer un análisis sobre como debieron valorarse la declaraciones del testigo protegido y el testigo Perdomo Chávez. De la debida técnica recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. Explicación del Vicio: Es ineludible para la Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. Demostración del Vicio: La Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la procedencia del único motivo de casación. No es de Recibo. La Sala de lo Penal encuentra un recurso defectuoso, al apelar la Censora a la reconsideración de la prueba, tal como si se estuviese dirigiendo a un Tribunal de Segunda Instancia, olvidando que estamos ante una única instancia revisora de legalidad y que precisamente por ello, tratándose del recurso de casación por infracción de ley, el Código Procesal Penal manda que los argumentos sustentatorios deben erigirse a partir de los hechos declarados probados y no en su cuestionamiento valorando la prueba evacuada. El recurso que hoy nos ocupa, por elección de la recurrente, es el de casación por infracción de ley por aplicación indebida de la norma sustantiva del artículo 1117 del código penal decreto 144-83, la recurrente de esta forma fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación al que debe darle respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar: El Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados. La Censora denuncia la aplicación indebida de una norma sustantiva, más al desarrollar su argumentación se distrae en aspectos tan distantes como el discutir la calidad de la prueba en contra del acusado, expresando argumentaciones propias de instancia sumado a la falta de claridad, olvidando que no corresponde a esta Sala de lo Penal valorar prueba, ni tampoco la elaboración de nuevos hechos probados aplicando la norma sustantiva que a juicio de la recurrente se ha dejado de aplicar, colisionando de franco con el Principio de Intangibilidad de los hechos probados, por lo cual el motivo único de infracción de ley interpuesto por la defensa privada debe ser desestimado. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá enunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, la recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 90 de la Constitución de la Republica. • Concepto de la infracción: violación al Debido Proceso. • Reclamación Ex ante: Sin determinar por la censora. • Pretensión: Sin determinar por la censora. Explicó la recurrente que, en la sentencia condenatoria dictada contra su patrocinado, el Juzgador la dictó infringiendo el debido proceso, argumentando que cuando su representado Andrés Salomón Andino Andino, fue detenido se le violentaron una gama de derechos y garantías procesales y constitucionales, situaciones irregulares que se encuentran en la foliada del juicio, y aun así el juzgador obvio esos derechos garantías, señalando que el expediente de merito se pueden observar nulidades sustantivas y adjetivas, indica la impetrante que al momento de la detención a su representado no se le encontró ningún elemento que se pueda presumir la comisión del delito que se le imputó y posteriormente se le condenó, sin hacer una valoración técnica jurídica, ya que se representado no participó en el hecho, arguye que se acredito que el día de los hechos su poderdante se encontraba trabajando en la institución para la cual presta sus servicios, argumenta la peticionaria que se presento por parte de la defensa la solicitud para un auto para mejor proveer proponiendo un medio de prueba consistente en la sentencia ejecutoriada del expediente número TST(7)348-12 con número de sentencia S5TST-98-2012 donde se declara la responsabilidad penal de Alfredo Benítez Mejia como responsable de la muerte de Jenny Anardalina Ponce, mismo fue desestimado por el Tribunal de sentencia al manifestar que le había fallado la técnica lo cual considera como una falta de respeto a las partes procesales. del debido proceso. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al Juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010). En sede de casación, al alegarse la vulneración del debido proceso, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; De la Procedencia del Recurso. El MOTIVO NO es de Recibo. Esta Sala de lo Penal entiende los alegatos como estrategia de defensa, sin embargo, la censora no ha podido enlazar su cuestionamiento con la violación al derecho denunciado como infringido; la recurrente debe ser totalmente claro y puntual al establecer no solo el derecho violentado, sino también determinar cómo se transgredió. En aras del control de convencionalidad que deben observar todos los Tribunales de la República, mediante el cual se debe aplicar los lineamientos y fundamentos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus diferentes fallos; entre ellos el derecho que tiene la persona sometida a juicio para recurrir el fallo ante un Tribunal Superior, esta Sala de lo Penal dará respuesta a aquellos argumentos que son entendibles. Conforme el recurso presentado, se alega violación al debido proceso, es indispensable que la recurrente señale de manera puntual en que consistieron las supuestas transgresiones a los derechos denunciados, lo cual no se ha visto plasmado en la presente impugnación, pues la recurrente afirmó en sus alegatos que, cuando se detuvo a su representado no se le encontró en posesión de ningún elemento que se pueda presumir con la comisión del hecho y que el Tribunal condenó sin haber hecho una valoración técnico jurídica para encartarle comisión de ese delito imputado, este argumento alegado por la censora no implica una violación al debido proceso, sino es más bien un asunto en el cual la impetrante no está de acuerdo en cómo se ha valorado la prueba en el debate, y presenta una arista paralela de como a criterio suyo debió haber sido valorada la prueba en conjunto a favor de su representado, señalamiento que no puede considerarse dentro del motivo de casación planteado. Al referir la casacionista que se presentó por parte de la defensa solicitud de auto para mejor proveer proponiendo un medio de prueba consistente en la sentencia ejecutoriada del expediente número TST (7)348-12 con numero de sentencia S5TST-98-2012 donde se declara la responsabilidad penal de Alfredo Benítez Mejia como responsables de la muerte de Jenny Anardalina Ponce, mismo fue desestimado por el Tribunal de Sentencia, del análisis que esta Sala de lo Penal a realizado a dicha petición la que se encuentra a folios 174 al 175 del foliado de mérito, comparte el criterio del A-quo, considerado que las partes procesales ya tenían conocimiento con anterioridad de ese documento pues data del año 2012, y el mismo corresponde a la sentencia condenatoria de un coimputado, por lo cual si a la defensa le interesaba la incorporación del mismo debió haberlo propuesto en la audiencia de proposición de pruebas, o en la etapa incidental del juicio oral, pues NO resultaba ser un hecho nuevo, pues dicha sentencia corresponde al juicio oral que se celebrado en relación a estos hechos pero otro imputado, dicha sentencia de condena de señor Alfredo Benítez Mejia no es un medio de prueba nuevo que haya surgido de la evacuación de las pruebas en el juicio oral y público, pues en el mismo factum de la sentencia se señala a esta persona como participe de los hechos enjuiciados, se ha constatado por esta Sala de Casación que la defensa del señor Andrés Salomón Andino Andino recibió por parte del A-quo una resolución en la cual se expresó claramente del porqué la negativa de la admisión, asimismo ha tenido la oportunidad de interponer recurso de reposición, la cual fue resuelta sin lugar, externando ampliamente la justificación a la negativa de la admisión de dicho auto para mejor proveer. Ante la denuncia de la recurrente, esta Sala de Casación deviene en la tarea de revisar el fallo recurrido y determinar si ha existido vulneración al Debido Proceso, Conforme lo ha señalado esta Sala de Casación en fallos anteriores, nuestra misión radica en determinar si el Juzgador al llegar a la convicción de culpabilidad lo hizo materializando el principio de legalidad, logrando verificar en el caso de marras que las pruebas evacuadas en el juicio oral y público incoado contra Andrés Salomón Andino Andino, fueron debidamente evacuadas en la audiencia de debate, el cual se celebró con las garantías que la norma procesal penal indica para cada una de las partes, verificando esta Sala de Casación que si se contaron con las garantías que consagra el articulo 90 de la Constitución de la Republica, al incorporarse todos los medios de prueba el Sentenciador deviene en la obligación de hacer su juico de valor y determinar si le merece o no credibilidad, lo que ha ocurrido en el caso de autos. Esta Sala de Casación, una vez que ha analizado el razonamiento y motivaciones realizadas por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán, concluye que los medios de prueba evacuados en el debate y que fueron objeto de valoración en la sentencia cumplen con la licitud, debido proceso, motivación y razonamiento, en el proceso celebrado en contra de Andrés Salomón Andino Andino, a quien le ha sido respetado el debido proceso, siguiendo los principios de legalidad, oralidad, inmediatez inmediación y contradicción; por lo cual no existen razones para que este motivo de casación interpuesto prospere, en ese sentido se desestima el único motivo de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la defensa privada. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la defensa privada. Motivo único. • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica • Reclamación ex-ante: El reclamo resulta de la propia sentencia. • Pretensión: Que se declare con lugar el motivo, dictando lo que en derecho corresponda. Explicó la recurrente que los juzgadores violaron las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación en su vertiente de razón suficiente, pues lo resuelto por el Tribunal de Sentencia no resiste el peso de la prueba, considera la impetrante que la prueba de cargo a resultado insuficiente, ineficaz e ilícita para enervar el estado de inocencia, agregando que lo manifestado por los testigos protegido Luna y Jesús Antonio Perdomo Chávez es diametralmente diferente a lo valorado por el Tribunal de Sentencia, realizando análisis personal sobre las declaraciones del testigo protegido y del testigo Perdomo Chávez, señala la impetrante que se ha vulnerado el articulo 362 numeral 3, al separarse la sana critica de la prueba obviando toda una gama de derechos constitucionales, alega el peticionario que no se probó la participación de su representado, además señala la casacionista que se han violentado normas procesales al no admitir un auto para mejor proveer, agrega la peticionaria que el cuadro fáctico carece de elementos objetivos del delito de asesinato. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; I. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; II. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; III. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y IV. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Observa esta Sala de lo Penal que la recurrente señala como violentadas las reglas de la lógica como el de la razón suficiente, la impetrante realizó una serie de argumentaciones y señalamientos en este motivo de casación los cuales escapan a una correcta técnica recursiva, sin embargo logro establecer aspectos que a su entender están errados, violatorios de la regla de la lógica de la razón suficiente, la censora logra determinar el punto central de su impugnación y será sobre esos planteamientos que esta Sala de Casación dará respuesta, determinando si el Sentenciador para valorar la prueba evacuada en el debate lo hizo siguiendo las reglas de la sana crítica. El recurso que hoy nos ocupa, por elección de la recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma por violación a las reglas de la sana critica en su vertiente de derivación en su característica de suficiencia, el argumento de la impetrante va en relación a que las declaraciones los testigos Jesús Antonio Perdomo Chávez que es agente de investigación y del testigo protegido Luna, van en contrario con lo valorado por el A-quo, por lo cual se analiza la valoración en conjunta realizada por el Tribunal de Sentencia con el contenido del acta de debate a folios 169 vuelto al 171 vuelto que es donde constan dichas declaraciones, este Ad-quem observa que la valoración realizada por el A-quo de la cual transcribimos: …En cuanto a la declaración del testigo Jesús Antonio Perdomo Chávez, se trata del agente que tuvo a cargo la investigación de los hechos, se persono en primera instancia a la escena del crimen, se encargó de identificar y entrevistar de primera mano a los testigos presenciales de los hechos e individualizarlo con la clave de Testigo Protegido Luna y Testigo Protegido K, éste último perdió la vida de forma violenta y justamente era quien acompañaba a la víctima al momento de los hechos y le refirió haber visto a cuatro individuos que se transportaban en dos motocicletas entre ellos Andrés Salomón Andino, este último fue debidamente identificado por las testigos en referencia a través de un álbum fotográfico que se les mostro en sede administrativa con lo cual logró individualizar al señor Andrés Salomón Andino como una de las personas que junto a un coimputado ya condenando dispararon contra Jenny Anardalina; asimismo de las Investigaciones se estableció que el móvil de la muerte de la señor Jenny obedeció a que el hijo de esta Kevin Ponce agredió a Eleazar Benítez hijo de Alfredo Benítez, resultando que Eleazar era miembro de la barra del Club Motagua al igual que Andrés Salomón y Kevin de la barra contraria.. En cuanto a la Testigo Protegida Luna además de corroborar la dinámica de los hechos y establecer que los mismo ocurrieron a las tres de la tarde; identifica tanto a Andrés Salomón Andino y Alfredo Benítez (ya condenado por esta causa) como las personas que sin justa causa le disparan con un revolver a quema ropa a Jenny y esta muere en el lugar a causa de las heridas recibidas, que tras de los hechos el señor Salomón se regresó se quitó el casco a ver y con la misma se fue y les advirtió a los que estaban que no dijeran nada; también expreso "perro ahí te dejamos un regalito"; lo cual corrobora en cuanto al móvil que este tenía para dar muerte a la víctima; y ratifica la presencia de la Testigo Protegida K, razón por la cual este Tribunal le da total credibilidad a lo expresado por ambos testigos quienes declararon sobre el conocimiento que estos tenían el primero por referencia y la segunda por ser presencial de los hechos controvertidos. Esta valoración observa esta Sala de Casación se encuentra en consonancia con las declaraciones rendidas en juicio oral y público por los testigos en referencia, si bien la peticionario señala una contradicción en cuanto a la fecha que ocurrieron los hechos, ya que el testigo Perdomo Chávez señala que los hechos fueron el 11 de septiembre del 2011 y el testigo Luna que fueron el 13 de septiembre del 2011, lo cierto que es que esa falta de precisión en cuanto a la fecha de los hechos brindada por el del agente de investigación no saca de la escena al acusado, ni tampoco contradice la dinámica de los hechos proporcionada por el testigo Luna, los que sucedieron en las cercanías del instituto Técnico Luis Bográn, ambos testigos aportaron su conocimiento al A-quo, el cual se dio a la labor de relacionar la totalidad de la prueba, y es así como el Tribunal de Sentencia, utilizando las reglas de la sana critica deriva al conocimiento de cómo sucedio el hecho violento en el cual participo el acusado y que perdió la vida Jenny Anadarlina Ponce, lo cual ha resultado suficiente para que el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa dicte una sentencia condenatoria, no podía haber arribado a otro razonamiento más que declarar la responsabilidad penal del encartado Andrés Salomón Andino Andino, por el asesinato de Jenny Anardalina Ponce. Por estas razones no logra esta Sala de lo Penal estimar que en la sentencia de mérito se hayan violentado las reglas de la sana critica en su principio básico de derivación en la vertiente de razón suficiente, por lo cual el recurso presentado por la Defensa Privada debe desestimarse. DECISIÓN. 1. No ha lugar el recurso de casación por Infracción de Ley en su motivo único. 2. No ha lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único. 3. No ha lugar el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma en su motivo único. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO El Tribunal de Sentencia, basado en el artículo 117 del Código Penal 144-83 castigaba el delito de asesinato con una pena abstracta de 20 a 30 años, el enjuiciado fue declarado responsable imponiéndole una pena a Andrés Salomón Andino Andino de veinte de reclusión; como penas accesorias se impuso la inhabilitación absoluta y la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal decreto 130-2017, la conducta descrita en el factum de mérito se encuentra regulada en el artículo 193, que establece una pena de 25 a 30 años de prisión. De la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que la pena impuesta al condenado se encuentra por debajo del margen abstracto del nuevo Código Penal 130-2017 por lo cual no es procedente la aplicación retroactiva de la nueva codificación, por no representar un beneficio para Andrés Salomón Andino Andino. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 117 del Código Penal (decreto 144-83); Falla: Primero: NO HA LUGAR el motivo único del recurso de casación por Infracción de Ley. Segundo: NO HA LUGAR el motivo único del recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional. Tercero: NO HA LUGAR el motivo único del recurso de casación por Quebrantamiento de forma. Recursos instados por la Defensa Privada abogada Heike Ninoska Elvir García en representación de Andrés Salomón Andino Andino. Cuarto: Declara No ha lugar la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al acusado Andrés Salomón Andino Andino; Quinto: Declara Firme la sentencia de fecha veintisiete de agosto del año dos mil dieciocho dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán.- Y Manda: Que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales del caso. Redacto el Magistrado Miranda Sabio. - Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS. – receptora adscrita a sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintidós de enero de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-197-2019.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL.”