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Sentencia CP-196-22 — Registro 20244

Resumen

El Tribunal de Sentencia declaró inocente al acusado del delito de detentación del espacio público. Dicho proceso penal inició luego de que un grupo de personas se instalara y construyera covachas en una franja de terreno estatal, ubicada junto a la carretera principal en el municipio de Jutiapa, Atlántida. Finalmente, tras analizar las impugnaciones, la Sala de lo Penal resolvió declarar no ha lugar el recurso de casación interpuesto.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...Esta Sala de Casación luego de analizar los reclamos de la censora y de efectuar una revisión exhaustiva de los juicios de valor externados por el juzgador sobre la prueba evacuada en el juicio, concluye que no existe quebranto a la regla de la lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, sobre todo al momento de razonar la prueba en su totalidad, pues tomando las premisas de los testigos y las pruebas documentales derivo conclusiones reflejadas por la prueba evacuada, la que le sirvió para sustentar su fallo absolutorio, en este sentido debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión. Por tanto, es procedente declarar no ha lugar el recurso de casación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP196-22, que literalmente dice: “SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de agosto de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-196-2022 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a José Israel Cruz Rosales del delito de Detentación del Espacio Público, en perjuicio de El Estado de Honduras. SEGUNDO: Absolvió a Luis Alberto Martínez Calix, del delito de Detentación del Espacio Público, en perjuicio de El Estado de Honduras. TERCERO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, ni ordenó el comiso. Son partes en única instancia: La Abogada Karla Marcela Roque Gómez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y, la Abogada Giovinezza Dubois Zavala, en su condición de defensora pública de José Israel Cruz Rosales, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Único: A 10 de febrero de 2019 un grupo de individuos se plantó y construyeron covachas en la franja de terrenos aledaña a la carretera principal, que pertenece al Estado de Honduras, sitio en Jutiapa, Atlántida y ubicada frente a un terreno con un área de ochenta y seis manzanas con mil quinientas veinticuatro varas cuadradas, que pertenece a Luis Ramon Fernández Robles...” RECURSO DE CASACIÓN La recurrente Ada Rivera, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO UNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El sistema de valoración de prueba en el proceso penal hondureño permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de las probanzas que le son ofertadas, para alcanzar determinado convencimiento; para lo cual está obligado hacer valoraciones conforme a las reglas de la sana critica, asegurando el más certero juicio en su decisión. Voluntad del legislador establecida en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. La conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica; es por ello, que se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: PRUEBA TESTIFICAL: 1. Declaración del TESTIGO LUIS RAMON FERNANDEZ ROBLES quien manifestó que tuvo conocimiento a través del administrador de la "invasión" que se había dado, justo en el área verde de su propiedad, pegado al cerco de su hacienda, indicando inclusive, a preguntas del juzgador que el área donde estas personas se encontraban pertenece al Estado, y que él vio a los señores imputados en el sitio, ubicándolos como parte de las personas que se encontraban con ánimos de dueños en el lugar. 2. Declaración del TESTIGO RIGOBERTO LAZO BARELA, la cual fue incorporada por lectura autorizada, cuya declaración fue rendida bajo lo establecido en el artículo 88 de la Constitución de la República de Honduras: que vio cuando un grupo de personas que estaban haciendo casitas de madera y era un buen grupo, que entre ellos estaban, Luis Alberto Martínez y don Israel, (imputados habidos en el presente proceso) personas que estaban presentes en la audiencia inicial, momento en que el testigo Lazo, rindió su declaración y pudo establecer al juez de garantía, que los encausados, eran parte de las personas que estaban invadiendo dicho predio, propiedad del Estado de Honduras; inclusive, según esta declaración, la cual fue evacuada bajo el resguardo de todos los principios que rigen nuestro procedimiento judicial penal, indicó a preguntas de la defensa, en su derecho de contradictorio, que él tenía la capacidad de reconocer y señalar a los encausados como parte de las personas que ejercieron flagrantemente dicho ilícito, por que los conocía, en virtud que tenía un aproximado de 24 años de trabajar en el sector y son conocidos, por tal razón, y concatenado con la declaración del testigo anterior, se podría establecer la participación indubitada de los encausados en el ilícito que se les reprocha. PRUEBA DOCUMENTAL: En relación a la prueba documental evacuada en la audiencia de juicio y la cual, en su conjunto fue establecida como veraz y de eficacia probatoria, tal como ser: constancia junto con cuatro fotografías extendidas por el Director de Justicia Municipal, Sr. Daniel Funez Matamoros, documento debidamente sellados y firmados, se constató evidentemente la existencia de un asentamiento humano en el predio propiedad del Estado de Honduras; así con la certificación integra de asiento 44 del tomo 1326 del libro registro de la propiedad hipotecas y anotaciones preventivas, se verifica que el denunciante y testigo en el proceso, el Sr. Luis Ramón Fernández Robles, es propietario de un inmueble, el cual una de sus colindancias detalla un derecho de vía, lugar donde se apoderaron con el ánimo de dueño los imputados, aduciendo, según la declaración de Rigoberto Lazo, que estarían realizando trámites ante el INA para obtener documentos de propiedad de dichas tierras, es decir, tomándose el inmueble bajo las circunstancias penalizadas y contenidas en el código penal, según el artículo 231 del decreto 144 - 83. Además, con el plano catastral presentado y evacuado en juicio, documento que fue ratificado por el Ing. Luciano Bonilla, en su condición de Jefe de Catastro Municipal de Jutiapa, Atlántida, se logró determinar que el asentamiento humano o usurpación, se encontraba situado en el derecho de vía, cuya área afectada era de 5,467metros cuadrados, la cual, se evidencia quedaba justo continuo a la propiedad del señor denunciante y testigo Luis Ramón Fernández. Con el acta de inspección ocular No. 1212018 junto con cinco fotografías y debidamente ratificada por el técnico de inspecciones oculares de la DPI, Alejandro Archaga, se constató la actividad ejercida por los encausados, en cuanto a la construcción de covachas en el lugar, pues, la intención de ellos, era indiscutiblemente apoderarse con ánimos de dueños, de dicho inmueble, propiedad del Estado de Honduras. Pues bien, para acreditar el vicio, resulta necesario invocar las consideraciones a las que arribó el Juzgador al momento de valorar en forma conjunta la prueba de cargo, siendo estas las siguientes: "En tal sentido, las únicas pruebas que señalan a los acusados y los sitúan en el lugar de los hechos son los testimonios de Luis Fernández y Rigoberto Lazo. En cuanto al testimonio de este último recuérdese que fue introducido por lectura autorizada y para apreciarlo con eficacia y relevancia probatoria debe estar reforzada con otra prueba objetiva. Tal prueba, podría ser el testimonio de Luis Fernández, sin embargo, el valorar de manera crítica su testimonio se apreció, que su relato fue dubitativo, porque a preguntas de la defensa refirió que a ellos los observó el administrador, cuando pasó el problema deje de ir al lugar, quien manejo el problema fue el administrador. Luego, a preguntas del juez respondió que sí miré a los señores en el lugar de los hechos. Sí personalmente los miré. Además, su relato fue escueto, sin detalles y carente de frases evocativas, que denoten una experiencia vivencial, por lo consiguiente, no se le confirió valor y eficacia probatoria. Al no conferirle valor probatorio a Luis, no fue posible corroborar el testimonio de Rigoberto, por ello, tampoco se le confiere valor y eficacia probatoria". Debemos señalar, que las anteriores apreciaciones por parte del Tribunal, constituyen una infracción a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como las conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de estas que se vaya determinando, Principio que se encuentra vulnerado al no apreciar el conjunto de pruebas que nos lleva a la inaudible conclusión que los encausados son responsables de detentar el suelo correspondiente al derecho de vía, en este caso, bien inmueble propiedad del Estado de Honduras, cuya acción es castigada con una pena abstracta de 03 a 05 años de reclusión. Si el sentenciador hubiese realizado una valoración conjunta de los medios de prueba incorporados por el ente acusador, la conclusión del presente proceso sería una sentencia condenatoria en contra JOSE ISRAEL CRUZ ROSALES Y LUIS ALBERTO MARTINEZ CALIX por sindicarlo responsable de haber cometido el delito de USURPACION EN SU MODALIDAD DE DETENTAR EL ESPACIO PÚBLICO en perjuicio de EL ESTADO DE HONDURAS, ya que todos estos elementos de prueba constituyen prueba suficiente para acreditar cómo se desarrollaron los hechos y evidenciar la responsabilidad de los acusados como los autores de los mismos por las siguientes razones: con el testimonio del testigo LUIS RAMON FERNANDEZ ROBLES que fue sometido en su momento procesal al contradictorio con las partes intervinientes en el proceso y ante el Aquo como garante de haber recibido su testimonio quedo establecido lo siguiente: Que es dueño de una propiedad, donde el administrador le aviso que un grupo de personas estaban invadiendo Que se personó ante autoridad competente a promover denuncia, con la única intención de que estas personas desalojaran el lugar Que estas personas se encontraban en el área verde aledañas a su propiedad Que él vio a los imputados en el presente juicio, presentes en el lugar de los hechos como parte de las personas que estaban usurpando el predio Este testimonio fue corroborado por la lectura autorizada del testimonio rendido ante control judicial del señor RIGOBERTO LAZO BARELA, quien fue específico en indicar y señalar la participación de los imputados, Jose Israel Cruz Rosales y Luis Alberto Martínez Calix, como parte del grupo de personas que tenían todo el ánimo de apropiarse de dicha área, infringiendo las leyes, con la finalidad de poseerlas. Además, con la inspección ocular, como constancia con cuatro fotografías expedidas por Director de Justicia Municipal y plano catastral expedido por jefe del departamento de Catastro Municipal de Jutiapa, Atlántida, se advierte la invasión en el predio propiedad del Estado de Honduras, donde además de los dos encausados procesados en el presente juicio, también se encontraban más ciudadanos cometiendo flagrantemente el ilícito reprochado. De ahí que, atendiendo la posición jurisprudencial y doctrinal vemos que el Juzgador considera que no se puede condenar a un enjuiciado porque a su juicio le resta credibilidad al testimonio del testigo de cargo LUIS FERNANDEZ y por ende a la evacuación por lectura autorizada del testigo de cargo RIGOBERTO LAZO, los que al ser concatenados entre sí y con la demás prueba permiten imponer un fallo condenatorio por el delito de USURPACION EN SU MODALIDAD DE DETENTAR EL ESPACIO PÚBLICO, por haber sido la prueba de cargo real, legal, autentica y directa relacionada con los hechos que se les imputo a los procesados, en consecuencia se enervo su estado de inocencia. Pues quedo demostrado en el presente caso que JOSE ISRAEL CRUZ ROSALES Y LUIS ALBERTO MARTINEZ CALIX participación a título de autores en la comisión del ilícito enunciado. El juzgador no aprecio de ninguna manera que el testigo LUIS FERNANDEZ Y RIGOBERTO LAZO ubicaron a los encausados en el mismo lugar de los hechos, en el mismo tiempo y circunstancias pues observaron mediante sus sentidos lo que ocurría y donde no hay duda de que los imputados son responsables a título de autor del delito de USURPACION EN SU MODALIDAD DE DETENTAR EL ESPACIO PÚBLICO. Por lo antes indicado, es evidente que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que se estableciera la participación como autores a los encausados en la comisión de los hechos por los cuales fue sometido a proceso, siendo evidente que el juzgador con el Fallo Absolutorio por el delito de DETENTACION DEL ESPACIO PÚBLICO, Incumple lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en Tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea"En consecuencia, en este orden de ideas, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que los testimonios de los testigos de cargo resultan congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que los imputados sí perpetraron el hecho delictivo por los cuales fueron enjuiciados, por lo que debieron ser condenados por el delito de USURPACION EN SU MODALIDAD DE DETENTAR EL ESPACIO PÚBLICO por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación de este.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Cesación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único MOTIVO • Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. •Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. •Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. •Reclamación ex-ante: el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. • Pretensión: que se anule el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes. Se queja la recurrente, que la conclusión a la cual arribó el A quo, a criterio del Ente Acusador no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica; es por ello, que se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que siguió el Tribunal de Sentencia al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. Siguió manifestando el Ministerio Público, que resulta evidente que la prueba aportada en juicio fue suficiente y contundente para que se estableciera la participación como autores a los encausados en la comisión de los hechos por los cuales fue sometido a proceso. En consecuencia, en este orden de ideas, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que los testimonios de los testigos de cargo resultan congruentes, precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que los imputados sí perpetraron el hecho delictivo por los cuales fueron enjuiciados, por lo que debieron ser condenados por el delito de usurpación en su modalidad de detentar el espacio público por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El único motivo No es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. El Ministerio Público promovió acción penal pública en contra de los ciudadanos José Israel Cruz Rosales, y Luis Alberto Martínez Calix, a quienes se les imputó el delito de usurpación de bien público, en perjuicio del Estado de Honduras. Durante el desarrollo del juicio oral y público, el ente acusador presentó como principales medios de prueba las declaraciones testificales del señor Luis Ramón Fernández Robles y del señor Rigoberto Lazo Barela, esta última introducida mediante lectura autorizada. Asimismo, se evacuaron diversas pruebas documentales, entre ellas actas de inspección, plano catastral, constancias municipales y certificaciones del Instituto de la Propiedad. Con fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia absolutoria, al estimar que la prueba evacuada no alcanzaba el umbral de certeza requerido para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. Inconforme con dicha resolución, el Ministerio Público interpuso recurso de casación por quebrantamiento de forma, alegando vulneración a las reglas de la sana crítica, en particular del principio de razón suficiente, por cuanto el tribunal no habría valorado la prueba de manera conjunta y armónica, ni derivado correctamente sus conclusiones de los hechos acreditados en juicio. En el presente caso el Ministerio Público presentó como pruebas de cargo las declaraciones testificales del señor Luis Ramón Fernández Robles, quien entre otras cosas manifestó; que nació un 15 de febrero del año 1969, casado, comerciante, con domicilio en la Colonia el Toronjal, quien no tiene ningún interés en el presente proceso y que no es familiar ni tiene ningún tipo de relación con los procesados. En una parte de la propiedad estaba una invasión, a mi lo que me interesaba era que salieran del lugar porque yo no quiero ningún tipo de problemas solo quería que desocuparan. -Acto Seguido se le cede la palabra a la fiscalía para que interrogue al testigo. - A preguntas de la fiscalía contesto: No recuerdo cuando fueron los hechos. Ellos estaban en el área verde de la propiedad. Yo era el administrador. - No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuvieron allí. -Acto seguido se le cede la palabra a la defensa Abogada Kerly Yánez para que interrogue al testigo. A preguntas de la defensa el testigo contestó: A ellos los observo el administrador. Cuando paso el problema deje de ir al lugar, quien manejo el problema fue el administrador, El área verde ocupada por ellos pega justo con el cerco. - El área verde le pertenece al Gobierno. Si miro a los señores en el lugar de los hechos. - Si, personalmente los mire. – También, se introdujo mediante lectura autorizada la declaración del señor Rigoberto Lazo Barela, rendida en audiencia inicial, quien entre otras cosas manifestó; Que trabaja como administrador de una finca, el 10 de febrero del 2018, cerca de la finca y áreas verdes, mire un grupo de personas que estaban haciendo casitas de madera y era un buen grupo por lo cual ahí estaba el señor Luis Alberto Martínez y Don Israel, yo lo reconocí y había otro grupo de personas que ya se había mencionado; Le hizo saber al señor Luis Fernández, qué es el dueño de la finca que estaba el grupo de personas construyendo casa y él hizo la denuncia a la fiscalía y bueno el lunes siguiente nosotros fuimos a la policía de Jutiapa, fue a hablar con el grupo de personas que estaban ahí, que desocupar y que no podían quedarse ahí; El grupo de persona ya estaba dispuesto a salirse pero él dijo de que no que no se saliera que iba a venir el INA, a hablar que esas tierras las iban a ocupar ellos, les dije que el área verde de ahí y que están obstruyendo la entrada de la finca y después el señor Luis, vino hizo la denuncia e hizo todos los movimientos para que se moviera la gente. Eso fue el 10 de febrero en la tarde, tipo 2 de la tarde del 2018 había un grupo, no le podría decir que cantidad de gente pero si había un buen grupo de personas, no sé si todos estaban interesados en eso, pero había un buen grupo, recuerda que se encontraban en ese lugar construyendo las viviendas la persona Luis Alberto y Don Israel estaba -Roger Mendoza estaba Santos pero no sé si Santos, estaba haciendo construcción o no pero yo sé que él andaba ahí, Nancy Mendoza, son los que recuerdo en este momento; El día que los de la DPI llegaron ese día no estaba el ahí, el día que hicieron inspección; El llego con los policías ahí al lugar; legalmente si pertenece porque enfrente es la entrada de la propiedad, pero pertenece al Estado porque es una vía pública. Si recuerda a ver visto a don Israel en el grupo de personas, ya estaba haciendo las casitas, al final del día había 22 casitas, no todas estaban habitadas, A los acusados hace mucho tiempo los conoce, porque tiene 24 años de laborar ahí por esa zona y son conocidos. Actualmente no hay nadie en dicha área. En este primer aparatado el Tribunal de Sentencia, valoro estos medios de prueba de la siguiente manera: En tal sentido, las únicas prueban que señalan a los acusados y los sitúan en el lugar de los hechos son los testimonios de Luis Fernández y Rigoberto Lazo. En cuanto al testimonio de este último recuerde que fue introducido por lectura autorizada y para apreciarlo con eficacia y relevancia probatoria debe estar reforzada con otra prueba objetiva. Tal prueba, podría ser el testimonio de Luis Fernández, sin embargo, al valorar de manera critica su testimonio se apreció, que su relato fue dubitativo porque a preguntas de la defensa refirió que a ellos los observo el administrador. Luego a preguntas del Juez respondió si mire a los señores en el lugar de los hechos. Si personalmente los mire, además su relato fue escueto sin detalles y carentes de fases evocativas, que denoten una experiencia vivencial, por lo consiguiente, no se le confirió valor y eficacia probatoria. Al no conferirle valor probatorio a Luis, no fue posible corroborar el testimonio La Sala al examen de la queja alegada por la recurrente, encuentra en el acápite Valoración de la prueba que el Juzgador le resta credibilidad al testimonio del señor Rigoberto Lazo Barela, mismo que fue introducido mediante lectura autorizada en la audiencia de debate, al cual le restó credibilidad estableciendo lo siguiente; “ En cuanto al testimonio de este último recuerde que fue introducido por lectura autorizada y para apreciarlo con eficacia y relevancia probatoria debe estar reforzada con otra prueba objetiva” . Tal prueba, podría ser el testimonio de Luis Fernández, sin embargo, al valorar de manera critica su testimonio se apreció, que su relato fue dubitativo”: La Sala, considera que el medio de prueba testifical del señor Rigoberto Lazo Barela, al haber sido introducido al debate mediante lectura autorizada, sin posibilidad alguna de hacer valer el principio de contradicción por parte de las partes: ante tal situación el Juzgador tuvo a bien valorar de manera cuidadosa, al considerar que el mismo debía estar reforzado por otro testimonio; además considero no darle valor probatorio de forma aislada, cuando dicho testigo no estuvo presente en la audiencia de juicio oral y público aun y cuando transmita su propio peso probatorio, considero debía ser confrontado con el resto de los diferentes medios de prueba ( pericial, documental), a efectos de ser valorados de forma conjunta y armónica, no solo con un medio de prueba de su misma naturaleza, ni de forma armónica tal y como lo hizo el Sentenciador; Mas bien, con la totalidad de los medios de prueba evacuados durante el debate; La Sala, recuerda que el juzgador al momento de valorar un medio de prueba, es decir en su valoración intelectiva, debe establecer de forma clara si le concede credibilidad o no, además de los motivos que lo conducen a merecerles credibilidad, debiendo tomar en consideración toda su deposición y haciendo énfasis en los aspectos más relevantes del medio de prueba de forma individual; para luego armonizarlo con el resto de la prueba; Tal ejercicio intelectivo fue realizado por el Juzgador, al valorar la prueba de forma conjunta a efectos de constatar si la misma se concierta entre sí, resultando la misma armónica, es decir si un medio de prueba lo llevo a otro y así sucesivamente hasta llegar a una conclusión final derivada del contenido de los medios de prueba. Respecto al testimonio del señor Luis Ramón Fernández Robles, considero que el mismo resulta escueta, son señalamientos frágiles, resultando para el juzgador confusa en lo relatado tal y como aseguro el juzgador en la valoración intelectiva de dicho medio de prueba; Este ha señalado que los acusados fueron vistos por el administrador (refiriéndose al primer testigo) de la finca mientras estos ocupan el área verde propiedad del estado, pero también fueron vistos realizando dicha conducta en el lugar de los hechos, lo que lo motivo a interponer la denuncia ante el Ministerio Público. En cuanto a los medios de prueba consistentes en ;1.-Acta de inspección ocular número 121-2018 realizada por la Unidad del Procesamiento de la Escena del delito de la Dirección Policial de Investigaciones; Realizada en la Aldea La Bomba, Jutiapa, Atlántida; Al momento de realizar la inspección, establece que se observa a orilla de calle de tierra de un sólo carril, un cerco de Alambre Púas, postes naturales y no naturales, se procede a dirigirse hacia el lugar exacto de los hechos por el ofendido, posteriormente se observa un terreno cercado con alambre de púas y postes de madera no naturales a orilla de calle; se observa una champa que aparentemente funciona como vivienda de personas , la misma está en uso ya que en la parte de afuera presentan utensilios de cocina, herramientas de trabajo, en su interior varias personas del sexo masculino. 2.- El plano catastral (f.80) en el que se hace constar que el área afectada es el área verde, derecho a vía carretera, con un área de 5,467 metros cuadrados; extendido por el jefe de Catastro, Municipal de Jutiapa, Atlántida, Ingeniero Luciano Bonilla Alvarado, mismo que fue ratificado en la audiencia de juicio oral y público, quien manifestó ser ingeniero Civil, casado, con domicilio en Jutiapa, Atlántida, ratifica el documento y reconoció su firma en el-Acto, al área verde se refiere al área que invadieron; El área invadida eran 5467 metros cuadrados; Toda el área estaba invadida. 3.- Constancia emitida por departamento de Justicia Municipal, del Municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida de fecha 12 de febrero de 2018, en la que consta que se logró constatar que existe un grupo de personas usurpando derecho de vía pública, en la carretera que conduce a diamante y área verde de la propiedad, se adjuntan fotografías. 4.- La Certificación integra de asiento extendida en fecha 28 de febrero de 2018, del Instituto de la Propiedad de la Ceiba, Atlántida, en la que consta la compra que hiciera el señor Luis Ramon Fernández Robles, de un terreno rural ubicado en el Municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida. Mismo que fueron valorados por el Juzgador de forma individual y en conjunto de cada uno de los medios de prueba documental y de los testimonios de los testigos Luis Ramón Fernández Robles y Rigoberto Lazo Barela, Esta Sala de Casación luego de analizar los reclamos de la censora y de efectuar una revisión exhaustiva de los juicios de valor externados por el juzgador sobre la prueba evacuada en el juicio, concluye que no existe quebranto a la regla de la lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia, sobre todo al momento de razonar la prueba en su totalidad, pues tomando las premisas de los testigos y las pruebas documentales derivo conclusiones reflejadas por la prueba evacuada, la que le sirvió para sustentar su fallo absolutorio, en este sentido debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión. Por tanto, es procedente declarar no ha lugar el recurso de casación. Decisión Se declara No Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Ada Rivera, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra los señores José Israel Cruz Rosales y Luis Alberto Martínez Calix, a quienes se les absolvió del delito de Detentación del Espacio Público, en perjuicio del Estado de Honduras; Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.-Redacto Magistrado Mairena Franco Notifíquese.”. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Rina Koritza Sandoval. Secretaria Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP -196-2022.

PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL