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Sentencia CP-183-22 — Registro 19963

Resumen

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló condenando al acusado del delito de Asesinato, resolvió la Sala de lo Penal que no ha lugar el recurso de casación y declaró la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para esta Sala de lo Penal, los argumentos expuestos por la parte recurrente en el recurso de casación carecen de fundamento jurídico suficiente que permita su admisión, en la medida en que no se verifica una transgresión real y efectiva de los derechos fundamentales invocados, concretamente el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. La recurrente sostiene que dichos derechos habrían sido vulnerados al haberse valorado una declaración testifical emitida por un testigo protegido, tomada en una audiencia previa al juicio oral y público, sin que dicha declaración hubiera sido objeto de un verdadero y efectivo contra examen, dado que el testigo no compareció físicamente a rendir declaración en el juicio. Sin embargo, esta Sala estima necesario hacer una serie de precisiones jurídicas relevantes. En primer término, debe señalarse que la declaración atribuida al testigo protegido identificado como “A” no constituye una simple manifestación testimonial brindada en fases preliminares del proceso, sino que se trata de una prueba anticipada, debidamente autorizada y practicada conforme a los presupuestos legales y constitucionales que rigen esta figura procesal en el ordenamiento jurídico penal hondureño. La prueba anticipada, como institución procesal, se encuentra regulada en el Código Procesal Penal de Honduras y responde a la necesidad de preservar ciertos elementos probatorios cuando exista un riesgo real, actual y concreto de que los mismos no puedan ser practicados en la etapa del juicio oral. Dicha figura permite la incorporación posterior de las declaraciones o diligencias mediante su lectura en juicio, siempre que se haya respetado el principio de contradicción, y que se haya garantizado la participación de las partes, en especial de la defensa técnica del imputado. En ese contexto, la declaración del testigo protegido “A” fue recibida por el Juez de Garantías en calidad de prueba anticipada, en virtud del fundado peligro que corría su vida, derivado del rol que desempeñó en los hechos materia del proceso penal. La valoración de la solicitud del Ministerio Público se realizó bajo el estándar de urgencia y necesidad, y con plena observancia de los principios de inmediación, contradicción, oralidad, publicidad y legalidad, garantizando de este modo los derechos fundamentales del imputado. Cabe destacar que el testigo protegido “A” no ostenta la calidad de testigo común o circunstancial, sino que, conforme a lo declarado, se trata de un testigo-víctima, ya que fue objeto directo de los actos delictivos atribuidos a los encausados. En su relato, detalla de manera precisa y coherente los hechos acaecidos, incluyendo el modo en que fue sacado de su residencia junto con la víctima fallecida, el trayecto recorrido hasta el lugar de ejecución del crimen, y la agresión armada que sufrió él mismo, de la cual sobrevivió milagrosamente a pesar de haber recibido impactos de bala en el pecho y en la cabeza. La gravedad de los hechos y la calidad del testimonio justificaron sobradamente la solicitud del ente acusador para que dicha prueba fuera incorporada en forma anticipada. Es importante subrayar que durante la recepción de esta prueba anticipada, estuvo presente la defensa técnica del imputado, representada por una defensora pública, quien ejerció plenamente el derecho al contra examen, formulando preguntas al testigo protegido y participando activamente en la audiencia, garantizando así el principio de contradicción y la bilateralidad de la prueba. La normativa penal hondureña reconoce que la prueba anticipada tiene el mismo valor probatorio que las pruebas producidas durante el juicio oral, siempre que su práctica haya sido legal, legítima y respetuosa de los derechos del acusado. Su valoración debe realizarse conforme a las reglas de la sana crítica racional, permitiendo al juzgador formar convicción con base en la credibilidad, coherencia, pertinencia y fuerza persuasiva del medio de prueba. En el caso concreto que nos ocupa, el tribunal de juicio valoró dicha prueba conforme a los parámetros legales y constitucionales aplicables, no existiendo elementos que evidencien arbitrariedad, ilegalidad o afectación sustancial al derecho de defensa. Por el contrario, se observa que se garantizó la participación de todas las partes procesales en la producción y posterior incorporación de dicha prueba al juicio, conforme a los estándares del debido proceso legal. Este testimonio fue debidamente valorado por el Tribunal Sentenciador quien afirmó: “ La anterior declaración resultó creíble, atendiendo que deponente es claro y especifico en sus manifestaciones, advirtiéndose que se trata de un relato vivenciado personalmente por el testigo protegido, además, sus manifestaciones se encuentran respaldas con el resto de medios de prueba, sin evidenciarse contradicciones que puedan mermar su credibilidad y consistencia, de modo que de su testimonio se individualiza un hecho con relevancia penal, que describió profusamente, tanto en su existencia, como las acciones desarrolladas por el acusado. En esa línea de ideas, el testigo estableció con claridad, de cómo el acusado junto dos personas, llegaron hasta su domicilio y en contra de su voluntad sacaron de la vivienda a él y a MARTÍN ELEUTERIO LARA CABALLERO, a quien ataron de sus extremidades superiores y los trasladaron hasta un lugar solitario, y mientras se hallaba de rodillas, una de estas personas le disparó en la cabeza causándole la muerte. De ahí que el testigo protegido es contundente en el sentido, que el causante de la muerte del señor MARTÍN ELEUTERIO LARA CABALLERO, fue uno de los acompañantes del acusado; no obstante, de la dinámica de los hechos se infiere que éste y sus dos acompañantes obraron sobre la base de una decisión común, lo que se ve reflejado en el aspecto que, todos llegaron al mismo tiempo al domicilio del ofendido y entre los tres los condujeron a éste y al testigo protegido a la orilla de la playa, y mientras se hallaba sometido y de rodillas sobre la arena, uno de los agresores le disparó con un arma de fuego, lo cual indica que bajo esas condiciones el ahora occiso estaba vedado de ejercer cualquier acción defensiva, pues se hallaba en desventaja en relación a las personas que lo acometieron, quienes como ante se expresó, actuaron de manera conjunta, lo cual señalada necesariamente que las acciones desarrolladas por los tres atacantes son consideradas como un todo. Además, de la declaración del testigo protegido se infiere que conoce personalmente al acusado, al haberlo individualizado y señalándolo de manera directa como uno de los responsables de los hechos, conocimiento que deriva que se trata de vecinos de mismo sector, por lo tanto, no queda duda alguna respecto a su identidad y por ende participación en la muerte violenta de la víctima.” Por tanto, esta Sala concluye que no existe vulneración al derecho de defensa ni al debido proceso, ya que la prueba anticipada fue debidamente autorizada, practicada y valorada en el marco legal vigente, y se garantizó la posibilidad real de contradicción por parte de la defensa del imputado, desvirtuando así el argumento central del recurso de casación interpuesto, así mismo fue valorado por parte del Tribunal Sentenciador, en completo respeto a las reglas de la sana crítica; además que fue valorado por parte del Tribunal Sentenciador, en completo respeto a las reglas de la sana critica. En consecuencia, no se configura un motivo válido de reproche casacional, por lo que este recurso debe ser declarado no ha lugar..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 117, declaró responsable al acusado Jose Abraham Cubas Garcia, como autor responsable del delito de Asesinato, en perjuicio de Martin Eleuterio Lara Caballero, a la pena de veinte años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con lo que regula la Ley del Sistema Penitenciario; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 193 tiene regulado el delito de asesinato, que tiene señalada una pena de 20 a 25 años de prisión. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado mediante el decreto 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues representa ningún beneficio.."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-183-2022, que literalmente dice:” Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 183-2022 por infracción de precepto constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes, mediante la cual falló; Primero: Condenó a Jose Abraham Cubas Garcia, como coautor del delito de Asesinato, en perjuicio de Martin Eleuterio Lara Caballero, a la pena de veinte años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con lo que regula la Ley del Sistema Penitenciario; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Se declaró al condenado responsable civilmente. Tercero: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: No procedió declarar el comiso al no haberse puesta ninguna pieza de convicción o ejecución a disposición del Tribunal. Son Partes En La Única Instancia: El Abogado Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensor público de Jose Abraham Cubas Garcia, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “ÚNICO: El veintitrés de noviembre de dos mil once, siendo las diez y cuarenta de la noche, el señor MARTÍN ELEUTERIO LARA CABALLERO y el TESTIGO PROTEGIDO CLAVE A, se encontraban en una casa de habitación situada en la residencial Sol Dorado, Masca, Omoa, Cortés, cuando llegaron tres personas de común acuerdo, entre ellos, JOSÉ ABRAHÁM CUBAS GARCÍA, quienes los obligaron a salir de la vivienda y ataron de sus manos hacia atrás a MARTÍN ELEUTERIO y los trasladaron hasta la playa en ese mismo sector. Una vez en ese lugar y mientras MARTIN ELEUTERIO LARA CABALLERO, se hallaba atado de sus extremidades y de rodillas sobre la arena, uno de los acompañantes de JOSÉ ABRAHÁM, haciendo uso de un arma de fuego, le disparó en tres ocasiones, causándole la muerte por laceración cerebral, lo cual aconteció en presencia del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE A.”Recurso De Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Carmen Alejandra Madrid, en su condición de defensora pública de Jose Abraham Cubas Garcia, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 82.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) El derecha de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor JOSÉ ABRAHAM CUBAS GARCÍA por el delito de ASESINATO en perjuicio de MARTÍN ELEUTERIO LARA CABALLERO; infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le asisten al referido imputado por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se incorporó como prueba decisiva de cargo, la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "A", rendida en audiencia previa e incorporada al juicio mediante lectura, con la que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el señor JOSÉ ABRAHAM CUBAS GARCÍA participó en el ataque mortal que terminó con la vida del señor MARTÍN ELEUTERIO LARA CABALLERO. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque esa prueba en la que se apoyan los hechos antes referidos no es suficientemente apta para acreditarlos ya que la misma está constituida, decisivamente, por la declaración de un TESTIGO PROTEGIDO, de la que el Tribunal de Juicio se sirve para dar por acreditada la forma de cómo sucedieron los hechos y además para vincular al encausado JOSÉ ABRAHAM CUBAS GARCÍA como partícipe en los mismos, medio de prueba con el que el Juzgador afirma que: El 23 de noviembre de 2011, en la residencial Sol Dorado de La Masica, Omoa, Cortés, el imputado JOSÉ ABRAHAM CUBÁS GÁRCIA junto con dos personas más, obligaron a salir de su casa al señor MARTÍN ELEUTERIO LARA CABALLERO, lo trasladaron hasta la playa en ese mismo sector, en donde uno de los acompañantes de JOSÉ ABRAHAM CUBAS GARCÍA, haciendo uso de un arma de fuego le disparó en tres ocasiones, causándole la muerte por laceración cerebral"; la anterior conclusión del Juzgador no tiene un adecuado sustento, porque dicho testigo no fue sometido a un auténtico contra examen, en el que se respetasen los principios de oralidad, publicidad e inmediación, pues el decisivo testigo no compareció a juicio a pesar de las exigencia de la defensa para que se le hiciera llegar al debate, pues era de vital importancia, para la defensa del señor JOSÉ ABRAHAM CUBAS GARCÍA, interrogarlo sobre datos aportados en el juicio por el imputado, expresados al momento de rendir su declaración, sin embargo, consideramos que no se hizo lo necesario para hacerlo comparecer al juicio, con el inconveniente de que en el momento en que se le tomó su declaración, tratándose de un testigo protegido (oculto y con identidad reservada), tampoco se pudo ejercer un verdadero examen respecto a posibles causas espurias que pudieran motivar sus declaraciones, no pudiendo ejercer plenamente el principio de contradicción, el cual implica, la posibilidad del inculpado de examinar a los testigos de cargo en iguales condiciones que las que detenta el ente acusador, pero la no comparecencia a juicio y el desconocimiento de la identidad del decisivo testigo por parte del imputado lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y del debido proceso. QUINTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso de los que legalmente goza el señor JOSÉ ABRAHAM CUBAS GARCÍA, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales del oralidad (introducción por lectura de la cuestionada declaración), publicidad (no compareció a juicio el decisivo testigo) y contradicción (imposibilidad de contrainterrogatorio), infringiendo los derechos de defensa y al debido proceso del referido imputado, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena es la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVES "A'' (testigo oculto, con identidad reservada y rendida en audiencia previa), mismas que no cuenta con corroboradores objetivos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. Sobre este particular la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: "Le preocupa a la Sala de la Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... La ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanta a los justiciables como a las víctimas, han llevada a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna... Insiste esta Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba.- Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical como consecuencia de la naturaleza de este particular medio de prueba, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios a capacidad de percepción de hechos; por ello, la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible”, el motivo de preocupación de la Sala Penal se agrava, de manera superlativa, tratándose de un testigo protegido que ni siquiera llega a juicio, como sucede en el presente caso. SEXTO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: "Incluso cuando se hayan adaptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente a un grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitadas, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución...b)..., la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista... estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el "testigo protegido Nº 1"), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstas por sí solas no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto.... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de Identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao. “…este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringida considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios". SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso antes referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor JOSÉ ABRAHAM CUBAS GARCÍA, porque a él se le condenó con base en la declaración de un TESTIGO PROTEGIDO (oculto, con identidad reservada y no presente en el juicio) frente a quien, por esa condición de protegido y no presente en el Tribunal, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero tales medios de prueba no aportan datos que incriminen al señor JOSÉ ABRAHAM CUBAS GARCÍA, por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del imputado que represento.”Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos en que se fundan (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: violación al derecho de defensa y debido proceso Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. Pretensión: que se dicte una sentencia absolutoria. Explicó el recurrente que el vicio se produce porque esa prueba en la que se apoyan los hechos, es decir la declaración del testigo protegido A rendida en audiencias previas, no es suficientemente apta para acreditarlos, ya que la misma esta constituida decisivamente en la declaración de ese testigo que no fue sometido a un auténtico contra examen en el que se respeten los principios de oralidad, publicidad e inmediación, pues el testigo no compareció al juicio a pesar de las exigencias de la defensa; la no comparecencia en juicio y el desconocimiento de la identidad dejo a la defensa en un claro desequilibrio procesal, violatorio de sus derechos de defensa y el debido proceso. Del Derecho de Defensa. Uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio, como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal; en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone así mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49). Del Debido Proceso PenalLa Garantía del debido proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; Sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011 en Exp 318-2010). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para esta Sala de lo Penal, los argumentos expuestos por la parte recurrente en el recurso de casación carecen de fundamento jurídico suficiente que permita su admisión, en la medida en que no se verifica una transgresión real y efectiva de los derechos fundamentales invocados, concretamente el derecho al debido proceso y el derecho de defensa. La recurrente sostiene que dichos derechos habrían sido vulnerados al haberse valorado una declaración testifical emitida por un testigo protegido, tomada en una audiencia previa al juicio oral y público, sin que dicha declaración hubiera sido objeto de un verdadero y efectivo contra examen, dado que el testigo no compareció físicamente a rendir declaración en el juicio. Sin embargo, esta Sala estima necesario hacer una serie de precisiones jurídicas relevantes. En primer término, debe señalarse que la declaración atribuida al testigo protegido identificado como “A” no constituye una simple manifestación testimonial brindada en fases preliminares del proceso, sino que se trata de una prueba anticipada, debidamente autorizada y practicada conforme a los presupuestos legales y constitucionales que rigen esta figura procesal en el ordenamiento jurídico penal hondureño. La prueba anticipada, como institución procesal, se encuentra regulada en el Código Procesal Penal de Honduras y responde a la necesidad de preservar ciertos elementos probatorios cuando exista un riesgo real, actual y concreto de que los mismos no puedan ser practicados en la etapa del juicio oral. Dicha figura permite la incorporación posterior de las declaraciones o diligencias mediante su lectura en juicio, siempre que se haya respetado el principio de contradicción, y que se haya garantizado la participación de las partes, en especial de la defensa técnica del imputado. En ese contexto, la declaración del testigo protegido “A” fue recibida por el Juez de Garantías en calidad de prueba anticipada, en virtud del fundado peligro que corría su vida, derivado del rol que desempeñó en los hechos materia del proceso penal. La valoración de la solicitud del Ministerio Público se realizó bajo el estándar de urgencia y necesidad, y con plena observancia de los principios de inmediación, contradicción, oralidad, publicidad y legalidad, garantizando de este modo los derechos fundamentales del imputado. Cabe destacar que el testigo protegido “A” no ostenta la calidad de testigo común o circunstancial, sino que, conforme a lo declarado, se trata de un testigo-víctima, ya que fue objeto directo de los actos delictivos atribuidos a los encausados. En su relato, detalla de manera precisa y coherente los hechos acaecidos, incluyendo el modo en que fue sacado de su residencia junto con la víctima fallecida, el trayecto recorrido hasta el lugar de ejecución del crimen, y la agresión armada que sufrió él mismo, de la cual sobrevivió milagrosamente a pesar de haber recibido impactos de bala en el pecho y en la cabeza. La gravedad de los hechos y la calidad del testimonio justificaron sobradamente la solicitud del ente acusador para que dicha prueba fuera incorporada en forma anticipada. Es importante subrayar que durante la recepción de esta prueba anticipada, estuvo presente la defensa técnica del imputado, representada por una defensora pública, quien ejerció plenamente el derecho al contra examen, formulando preguntas al testigo protegido y participando activamente en la audiencia, garantizando así el principio de contradicción y la bilateralidad de la prueba. La normativa penal hondureña reconoce que la prueba anticipada tiene el mismo valor probatorio que las pruebas producidas durante el juicio oral, siempre que su práctica haya sido legal, legítima y respetuosa de los derechos del acusado. Su valoración debe realizarse conforme a las reglas de la sana crítica racional, permitiendo al juzgador formar convicción con base en la credibilidad, coherencia, pertinencia y fuerza persuasiva del medio de prueba. En el caso concreto que nos ocupa, el tribunal de juicio valoró dicha prueba conforme a los parámetros legales y constitucionales aplicables, no existiendo elementos que evidencien arbitrariedad, ilegalidad o afectación sustancial al derecho de defensa. Por el contrario, se observa que se garantizó la participación de todas las partes procesales en la producción y posterior incorporación de dicha prueba al juicio, conforme a los estándares del debido proceso legal. Este testimonio fue debidamente valorado por el Tribunal Sentenciador quien afirmó: “ La anterior declaración resultó creíble, atendiendo que deponente es claro y especifico en sus manifestaciones, advirtiéndose que se trata de un relato vivenciado personalmente por el testigo protegido, además, sus manifestaciones se encuentran respaldas con el resto de medios de prueba, sin evidenciarse contradicciones que puedan mermar su credibilidad y consistencia, de modo que de su testimonio se individualiza un hecho con relevancia penal, que describió profusamente, tanto en su existencia, como las acciones desarrolladas por el acusado. En esa línea de ideas, el testigo estableció con claridad, de cómo el acusado junto dos personas, llegaron hasta su domicilio y en contra de su voluntad sacaron de la vivienda a él y a MARTÍN ELEUTERIO LARA CABALLERO, a quien ataron de sus extremidades superiores y los trasladaron hasta un lugar solitario, y mientras se hallaba de rodillas, una de estas personas le disparó en la cabeza causándole la muerte. De ahí que el testigo protegido es contundente en el sentido, que el causante de la muerte del señor MARTÍN ELEUTERIO LARA CABALLERO, fue uno de los acompañantes del acusado; no obstante, de la dinámica de los hechos se infiere que éste y sus dos acompañantes obraron sobre la base de una decisión común, lo que se ve reflejado en el aspecto que, todos llegaron al mismo tiempo al domicilio del ofendido y entre los tres los condujeron a éste y al testigo protegido a la orilla de la playa, y mientras se hallaba sometido y de rodillas sobre la arena, uno de los agresores le disparó con un arma de fuego, lo cual indica que bajo esas condiciones el ahora occiso estaba vedado de ejercer cualquier acción defensiva, pues se hallaba en desventaja en relación a las personas que lo acometieron, quienes como ante se expresó, actuaron de manera conjunta, lo cual señalada necesariamente que las acciones desarrolladas por los tres atacantes son consideradas como un todo. Además, de la declaración del testigo protegido se infiere que conoce personalmente al acusado, al haberlo individualizado y señalándolo de manera directa como uno de los responsables de los hechos, conocimiento que deriva que se trata de vecinos de mismo sector, por lo tanto, no queda duda alguna respecto a su identidad y por ende participación en la muerte violenta de la víctima.” Por tanto, esta Sala concluye que no existe vulneración al derecho de defensa ni al debido proceso, ya que la prueba anticipada fue debidamente autorizada, practicada y valorada en el marco legal vigente, y se garantizó la posibilidad real de contradicción por parte de la defensa del imputado, desvirtuando así el argumento central del recurso de casación interpuesto, así mismo fue valorado por parte del Tribunal Sentenciador, en completo respeto a las reglas de la sana crítica; además que fue valorado por parte del Tribunal Sentenciador, en completo respeto a las reglas de la sana critica. En consecuencia, no se configura un motivo válido de reproche casacional, por lo que este recurso debe ser declarado no ha lugar. Decisión Se declara no ha lugar al recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. De La Aplicación Retroactiva Del Código Penal Decreto 130-2017Ya la Sala de lo Penal ha establecido mediante su doctrina legal, los lineamientos, normas y preceptos que se deben considerar para realizar un estudio y ponderación sobre la aplicación retroactiva de la ley penal, en este caso del decreto 130-2017; por lo que tomando como fundamento esa doctrina, procede a realizar la ponderación para determinar si resulta más favorable o no la aplicación retroactiva de la ley penal. (Doctrina Legal: *SP 301-2016 de fecha 28 de junio de 2022. *SP 397-2018 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 507-2018 de fecha 11 de noviembre de 2021. *SP 582-2019 de fecha 24 de febrero de 2022. *SP 623-2019 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 11-2020 de fecha 01 de noviembre de 2023. *SP 104-2022 de fecha 06 de junio de 2023. Entre otros fallos dictados por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.) Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal decreto 144-83 en su artículo 117, declaró responsable al acusado Jose Abraham Cubas Garcia, como autor responsable del delito de Asesinato, en perjuicio de Martin Eleuterio Lara Caballero, a la pena de veinte años de reclusión, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con lo que regula la Ley del Sistema Penitenciario; asimismo, se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. El decreto legislativo 130-2017 en su artículo 193 tiene regulado el delito de asesinato, que tiene señalada una pena de 20 a 25 años de prisión. Al hacer el comparativo de penas se puede concluir que, la pena impuesta al acusado mediante el decreto 144-83 se encuentra dentro del margen abstracto de la pena que le correspondería conforme al decreto 130-2017, en ese sentido no procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal pues representa ningún beneficio. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 66, 193 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por la Abogada Carmen Alejandra Madrid, en su condición de Defensora Pública del señor Jose Abraham Cubas Garcia, a quien se le condenó por el delito de Asesinato, en perjuicio de Martin Eleuterio Lara Caballero. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – pía cristina Mejía receptora adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de noviembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-183-2022.

PIA CRISTINA MEJIA

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL