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Sentencia CP-175-20 — Registro 19053

Resumen

En primera instancia se condenó a los acusados por el delito de asesinato, resolviendo en segunda instancia por parte de la Sala de lo Penal Ha Lugar el recurso de casación .

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. - El motivo es de recibo. - Para entender los antecedentes y como ha llegado al reclamo que plantea el recurrente es importante establecer un contexto procesal: El Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal en contra del señor Enry Reiniery Maldonado Bardales, por suponerlo responsable a título de autor del delito consumado de Asesinato, en perjuicio de José Benedicto Valenzuela García y José Neptalí Padilla Flores; Según la denuncia del recurrente, el Tribunal de instancia excluyó indebidamente el medio de prueba testifical, consistente en la Declaración del Testigo Protegido “Clave C” La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado al recurrente acudir a la única instancia; el a quo, haciendo mano de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente la Declaración del Testigo Protegido “Clave C” introducido mediante lectura autorizada. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado “Que en fecha veintitrés de mayo del año dos mil once, en el lugar conocido como Maragua, jurisdicción del Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua, pierde la vida el señor José Benedicto Valenzuela, como consecuencia de haber sufrido heridas en la región de: 1) Lado derecho del Cráneo, 2) Quinto y sexto arco costal derecho, 3) En huesos de lado derecho de la cara, 4) Lado izquierdo del Cráneo, 5) Ausencia de hueso cigomático, 6) Fractura y ausencia del lado izquierdo de la mandíbula, 7) en la cara, espalda y cuello; y, las heridas presentes en la cabeza, cuello y espalda, compatibles con las producidas con arma blanca tipo machete; y, las heridas producidas en costal derecho producida por arma de fuego Calibre 38 disparado por arma de fuego tipo revolver; y Calibre 12 disparado por arma de fuego tipo escopeta; Manera de muerte: Homicida. En la misma fecha del veintitrés de mayo del año dos mil once; y, en el mismo lugar conocido como Maragua, jurisdicción del Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua, también pierde la vida el señor José Nepctali Padilla Rodríguez, como consecuencia de haber sufrido cuatro heridas contusas cortantes en región de: 1) Lado izquierdo de la cabeza, 2) Lado izquierdo de Cráneo, 3) En la espalda, cuello, 4) en región inferior de la espalda y, 5) en región del glúteo izquierdo; todas producida por proyectil de arma de fuego. En la misma fecha del veintitrés de mayo del año dos mil once; y, en el mismo lugar conocido como Maragua, jurisdicción del Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua, de igual manera pierde la vida el señor Dionicio Bardales, como consecuencia de haber sufrido heridas en la región de estómago; producidas por proyectil de arma de fuego”. La Sala de lo Penal ha verificado y consta a folio 328 vuelto la autorización de la lectura del testigo protegido “clave C” en base al articulo 311 numeral segundo del Código Procesal Penal, lectura que obra a folios 237-239 de las diligencias de mérito. Relatando en su declaración el testigo protegido clave c, que: Que el día 23 de mayo de 2011 cuando con Benedicto sacamos las vacas por la puerta del roblón se vino para la casa, luego llegó Manuel de Jesús Bardales Maldonado, Arístides Gonzalo Maldonado, José Alfredo Maldonado a discutir con Benedicto Valenzuela le quito el teléfono prestado a Neptalí para llamar a la esposa para que fuera a llamar a la policía porque ya había sido amenazado, luego ellos se fueron hacia la casa diciéndole que iban a regresar a matarlo, luego me dijo que fuera a revisar la cerca arriba, cuando iba de seis a ocho brazadas escuche unas voces fuertes luego mire dentro Dionicio Maldonado vi que cayó Dionicio hacia atrás luego escuche tres disparos más suave, cuando se le pregunta observó cuando Dionicio Maldonado estaba peleando con Benedicto, que escucho un disparo fuerte seguido de tres disparos y miró a Benedicto caer hacia atrás diciendo “ya me mataron.” Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespeta el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362 numeral dos del Código Procesal Penal, excluyó de la Sentencia el medio prueba Testigo Protegido Clave C. El medio de prueba Testigo Protegido “Clave C” introducido mediante lectura autorizada, debió ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la Sana Crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate. La exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido. Por lo tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma. El recurrente presentó adicionalmente un segundo motivo para sustentar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, por no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica, solicitando la nulidad del fallo recurrido; pretensión que el recurrente ha alcanzado al haberse declarado de recibo el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, por lo que resulta improcedente que esta Sala de lo Penal se pronuncie sobre el segundo motivo de casación. Decisión: Declarar Ha Lugar el primer motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el Ministerio Público. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-175-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-175-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de abril del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante el cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor Enry Reiniery Maldonado Bardales, del delito de Asesinato, en perjuicio de José Benedicto Valenzuela García. SEGUNDO: Absolvió al señor Enry Reiniery Maldonado Bardales, del delito de Asesinato, en perjuicio de José Neptalí Padilla Flores. TERCERO: Absolvió al señor Enry Reiniery Maldonado Bardales, del delito de Asesinato, en perjuicio de Dionicio Bardales. CUARTO: Declaró al señor Enry Reiniery Maldonado Bardales, exento de Costas Procesales y de responsabilidad civil por los hechos enjuiciados. Son partes en única instancia: La Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado en su condición de Fiscal del Ministerio Público como parte recurrente; y El Abogado Julio César Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de Defensor Privado del señor Enry Reiniery Maldonado Bardales, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil once (2011), en el lugar conocido como Maragua, jurisdicción del Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua, pierde la vida el señor JOSÉ BENEDICTO VALENZUELA, como consecuencia de haber sufrido heridas en la región de: 1) Lado derecho del Cráneo, 2) Quinto y sexto arco costal derecho, 3) En huesos de lado derecho de la cara, 4) Lado izquierdo del Cráneo, 5) Ausencia de hueso cigomático, 6) Fractura y ausencia del lado izquierdo de la mandíbula, 7) en la cara, espalda y cuello; y, las heridas presentes en la cabeza, cuello y espalda, compatibles con las producidas con arma blanca tipo machete; y, las heridas producidas en costal derecho producida por arma de fuego Calibre 38 disparado por arma de fuego tipo revolver; y Calibre 12 disparado por arma de fuego tipo escopeta; Manera de muerte: Homicida SEGUNDO: En la misma fecha del veintitrés (23) de mayo del año dos mil once (2011); y, en el mismo lugar conocido como Maragua, jurisdicción del Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua, también pierde la vida el señor JOSÉ NEPCTALI PADILLA RODRÍGUEZ, como consecuencia de haber sufrido cuatro (4) heridas contusas cortantes en región de: 1) Lado izquierdo de la cabeza, 2) Lado izquierdo de Cráneo, 3) En la espalda, cuello, 4) en región inferior de la espalda y, 5) en región del glúteo izquierdo; todas producida por proyectil de arma de fuego. SEGUNDO: En la misma fecha del veintitrés (23) de mayo del año dos mil once (2011); y, en el mismo lugar conocido como Maragua, jurisdicción del Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua, de igual manera pierde la vida el señor DIONICIO BARDALES, como consecuencia de haber sufrido heridas en la región de estómago; producidas por proyectil de arma de fuego.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Maximiliano Rubí Jiménez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: “Dejar de considerar prueba de valor decisivo”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El sistema Procesal Penal otorga a las partes intervinientes, poder demostrar sus pretensiones, basándose en el principio de libertad probatoria, donde los hechos y circunstancias relacionadas con el delito objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba siempre que sean objetivamente confiables, en el presente caso el vicio se presenta porque el Tribunal dejo de considerar en la valoración de la prueba de cargo un elemento probatorio de valor decisivo. Como se manifestó en el párrafo anterior el Tribunal dejo de considerar prueba de valor decisivo, consistente en la declaración del testigo protegido clave “C”, aun y cuando el Juzgador hace referencia de éste testimonio en el acta de debate como prueba evacuada, sin embargo, no hace mención de la misma en el apartado de "Valoración de la Prueba" donde únicamente se limitó a señalar que el Fiscal renunció a ese medio probatorio, cuando del acta de debate se pudo constatar que no hubo tal renuncia, reiterando que dicho testimonio sí fue evacuado, tal como lo dice el mismo Tribunal en el acta de debate. (Ver tercer párrafo página 10 del acta de debate). La declaración del testigo protegido clave “C”, introducida al debate mediante lectura autorizada constituye elemento de prueba que incide directamente en el resultado del proceso, pues de haberse incluido el testimonio en la valoración probatoria, la conclusión hubiese resultado indudablemente en la condena del encausado. El relato de éste testigo aporta los siguientes elementos esenciales para el esclarecimiento de los hechos y la certeza de la participación del imputado como autor del mismo: Al momento de declarar, el testigo protegido clave “C” reconoce al hoy imputado como uno de los partícipes en el hecho, señalando en primer lugar que observó cuando Dionisio Maldonado estaba peleando con Benedicto, después escuchó un disparo fuerte seguido de tres disparos más suaves y miró que Benedicto cayó hacia atrás diciendo “me mataron”, seguidamente manifestó que los señores Manuel de Jesús Bardales, Miguel Maldonado Ramírez, José Ángel Maldonado, José de la Cruz Maldonado, José de Jesús Medina, y Henry Maldonado (identificado en el proceso como Enry Reiniery Maldonado Bardales) estando éste último en el suelo le propinaron “machetazo tras machetazo”, atacando el área del rostro, cuello y abdomen. El artículo 199 párrafo tercero del Código Procesal Penal, establece lo siguiente: “Los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir”, (Lo resaltado no corresponde al texto original). Considerando que la calificación legal expuesta por el Ministerio Publico desde el inicio del proceso consistió en un delito de Asesinato, el medio probatorio denominado Declaración del Testigo Protegido clave “C”, introducida al debate mediante lectura autorizada, si resultaba útil y proporcional para acreditar la participación del imputado como autor de dicho delito, sin embargo, el Tribunal al hacer la valoración de la prueba de cargo dejó de considerar en el apartado de valoración de la prueba dicho medio probatorio, contrario a lo establecido en el acta de debate donde da por evacuado el testimonio mediante el procedimiento de lectura autorizada. Asimismo, reiteramos que la prueba supra relacionada además de no haber sido considerada, la misma constituye prueba de valor decisivo, ya que al recurrir al juicio de inclusión hipotética, la cual consiste en incluir la prueba no considerada, junto con las restantes, las conclusiones de hecho hubieran sido necesariamente distintas; de haberse considerado tal probanza y valorarla con el resto de la prueba, el juzgador hubiera llegado a la conclusión indefectible de que el enjuiciado es responsable del delito imputado por el ente fiscal. Por tanto, el vicio consiste: En que al dejar de considerar la declaración del testigo protegido clave “C” mediante lectura autorizada, pues, no se valoró prueba fundamental que acredita la participación del acusado como autor del hecho delictivo que se les ha incoado. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la Ley. Por haberse producido el vicio in procediendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo”. Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por quebrantamiento de forma. SEGUNDO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la Valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la Sana Critica prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. Para acreditar le vicio es necesario conocer las consideraciones a las que arribó el Juzgador con respecto a los medios de prueba allegados al debate, siendo estos los siguientes: En la relación a la prueba documental consistente en el acta de declaración de la testigo señora MARIA ENMENDELA ULLOA PADILLA introducida al debate mediante lectura autorizada, el Juzgador consideró que dicha persona no presenció los hechos pues a criterio del tribunal fue otra persona la que le dio la información resultando imposible de esta forma poder tener la seguridad si el imputado participó o no en los hechos investigados, Referente al Informe de Investigación Policial acompañado del respectivo álbum fotográfico, el tribunal determinó que los mismos únicamente enumeran las diligencias de investigación practicadas en torno al caso y mediante el set fotográfico solo se observa el lugar en el que incurrieron los hechos. Con la Certificación de Audiencia de conciliación, el tribunal apreció que el documento no hace referencia a la audiencia de conciliación propuesta en su lugar, el contenido corresponde a una denuncia de que hiciera el señor José Benedicto Valenzuela García contra los señores Miguel Ángel Maldonado y Manuel de Jesús Bardales por el delito de amenazas en contra del primero. Los medios de prueba documentales finalizan con la evacuación de la copia de una denuncia interpuesta por la señora Margarita Valenzuela Ulloa, de la cual el Juzgador consideró que por tratarse de una copia ilegible no se puede determinar a qué hechos se refiere. Por último, con los Dictámenes de Exhumación el Juzgador determinó que los mismos solo acreditan que el día 21 de mayo del 2011 perdieron la vida los señores JOSE BENEDICTO VALENZUELA Y JOSE NEPTALY PADILLA RODRIGUEZ como consecuencia de haber sufrido heridas producidas tanto por arma blanca machete como por disparos por arma de fuego calibre 38 y calibre 12. (ver en su totalidad el Apartado de Valoración de la Prueba en la sentencia.) Las consideraciones a las que llegó el Juzgador, no fueron el resultado de una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la Sana Critica ya que la prueba de cargo que ha sido evaluada en juicio ha resultado suficiente para demostrar que el acusado ENRY REINIERY MALDONADO LARA era parte del grupo de personas, quienes el día 23 de mayo del año 2011 siendo aproximadamente las ocho y media a las nueve de la mañana, llegaron al terreno del señor Benedicto Valenzuela y después de amenazarlo verbalmente le infirieron varios disparos realizados por arma de fuego calibre 38 y calibre 12, seguidamente le provocaron heridas producidas por arma blanca machete las que le provocaron la muerte, ataque que también dirigieron en contra de señor Neptaly Padilla Flores, quien al igual que el anterior falleció debido a la gravedad de las heridas recibidas. En virtud de lo anterior, debemos señalar que las anteriores apreciaciones hechas por el Juzgador, las consideramos como una infracción a la regla de veracidad, así como a la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias que se desprenden de pruebas allegadas al debate en legal y debida forma así como de conclusiones razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de éstas que se vayan determinando, Principio que se encuentra vulnerado al establecer el Juzgador como conclusión que se extrae de las pruebas aportadas, que las mismas no resultaron suficiente para acreditar plenamente la participación material del encausado en los hechos; si se hace una valoración conjunta de los medios probatorios allegados al proceso concluimos que las declaraciones de los testigos de cargo, son acorde al resto de la prueba, pues sus dichos al ser contrastados con la prueba documental y científica nos Llevan a demostrar con certeza la responsabilidad del acusado Enry Reiniery Maldonado Lara como autor de la muerte de los señores José Benedicto Valenzuela, José Neptaly Padilla Rodríguez y Dionisio Bardales; afirmación que realizamos en base a los siguientes aspectos que fueron plenamente probados en juicio: 1) Con la declaración del testigo protegido identificados con clave “C”, se demostró sin lugar a dudas que el día de los hechos un grupo de personas entre las cuales se encontraba el imputado Enry Maldonado, llegaron a la propiedad del señor José Benedicto Valenzuela, donde después de amenazarlo le infirieron varios disparos, además le causaron heridas producidas por arma blanca machete, localizadas en el área de la cara, cuello y abdomen, todas estas heridas le provocaron la muerte. 2) Los dichos relatados por el testigo protegido clave “C” son coincidentes con el testimonio de la señora María Enmendela Ulloa Ulloa, entre los puntos concordantes proporcionados por ambos declarantes podemos señalar los siguientes: Los hechos sucedieron el día 23 de mayo del 2011, entre las ocho y media a nueve de la mañana en el lugar conocido como Meámbar. El occiso, José Benedicto Ulloa, anteriormente al hecho ya había recibido amenazas por parte del imputado Miguel Ángel Maldonado, conflicto que había sido denunciado por el primero ante las autoridades competentes. Las amenazas se originaron debido a que las vacas propiedad del imputado Miguel Ángel Maldonado ingresaban a la propiedad del occiso José Benedicto Ulloa. El día de los hechos el hoy occiso José Benedicto utilizando el teléfono del señor Neptaly, otra de las víctimas, llamó a la testigo María Enmendela informándole que los imputados lo habían amenazado y que fuera a buscar ayuda ya que temía por su vida. Ambos testigos afirman que los hoy occisos José Benedicto Valenzuela y Neptaly Padilla, presentaban en varias partes del cuerpo heridas de arma de fuego y de machete. Los dichos por el testigo “C”, específicamente en relación al tipo de armas utilizadas por los imputados, describiendo en ese momento que Aristides portaba una 22 Magnum calibre largo, asimismo que Alfredo una 22 corriente y José Efraín una escopeta, fueron debidamente corroborados con el Dictamen de Exhumación donde hace constar que fueron recuperados del cuerpo: “una bala calibre .38 SPL, un concentrador plástico calibre 12 Gauge, disparado por un tipo de arma Escopeta, y dieciséis perdigones.” Y por último, otro dicho relatado por el testigo protegido “C” y que fue debidamente corroborado con el resto de los medios de prueba, consiste en la circunstancia de que el conflicto entre la víctima y el imputado se originó por el pleito de la tierra, tal y como se demostró con la denuncia interpuesta por el señor José Benedicto Valenzuela en contra de los señores Miguel Ángel Maldonado y Manuel de Jesús Bardales por el delito de amenazas.3) Es importante referir que aun y cuando las actas de exhumación, indican un avanzado estado de putrefacción, con esa pericia se pudo constatar que las heridas que presentan los occisos fueron producidas tanto por machete como por arma de fuego, tal como lo afirmaron los testigos. 4) En conclusión, el imputado Enry Reiniery Maldonado formaba parte del grupo de personas que portando armas de fuego y machetes, llegaron a la propiedad del occiso José Benedicto Valenzuela, y sin mediar palabra lo atacaron, causándole heridas en varias partes del cuerpo las que le provocaron la muerte. 5) En consecuencia, la prueba de cargo allegada a juicio nos conduce a tener por acreditada sin lugar a dudas la existencia del hecho, lo que no ha sido negado por el Juzgador, pero asimismo la participación del acusado como autor del mismo, tipificado como delito de ASESINATO En este orden de resultados obtenidos de la prueba evacuada en el proceso, el Ministerio Público no logra extraer la razón por la cual el sentenciador dejó de valorar el contenido de las mismas, ya que los testimonios son congruentes y estos se encuentran debidamente corroborados con el resto de la prueba de cargo, además resultaron ser precisos y claros, la prueba fue legalmente incorporada, y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión de que el imputado si perpetró el hecho delictivo por el cual fue enjuiciado; por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Critica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Primer Motivo Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: Por haberse basado en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Sin determinar por el recurrente; Reclamación Ex Ante: el vicio se realiza en la sentencia definitiva; y Pretensión: Que se realice un nuevo juicio. Establece el recurrente que el Tribunal al hacer la valoración de la prueba de cargo dejó de considerar en el apartado de valoración de la prueba la declaración del testigo protegido clave “C” el cual fue introducido al debate mediante lectura autorizada, y que la prueba supra relacionada además de no haber sido considerada, la misma constituye prueba de valor decisivo. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido proceso, invocada por el Ministerio Público como aquella que ha sufrido inobservancia por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal. más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un Tribunal Superior; xiii.- A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. - El motivo es de recibo. - Para entender los antecedentes y como ha llegado al reclamo que plantea el recurrente es importante establecer un contexto procesal: El Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal en contra del señor Enry Reiniery Maldonado Bardales, por suponerlo responsable a título de autor del delito consumado de Asesinato, en perjuicio de José Benedicto Valenzuela García y José Neptalí Padilla Flores; Según la denuncia del recurrente, el Tribunal de instancia excluyó indebidamente el medio de prueba testifical, consistente en la Declaración del Testigo Protegido “Clave C” La Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, logra identificar la existencia del vicio que ha motivado al recurrente acudir a la única instancia; el a quo, haciendo mano de un criterio desatinado, procedió a excluir indebidamente la Declaración del Testigo Protegido “Clave C” introducido mediante lectura autorizada. En el caso de mérito el Tribunal de Sentencia declaró como probado “Que en fecha veintitrés de mayo del año dos mil once, en el lugar conocido como Maragua, jurisdicción del Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua, pierde la vida el señor José Benedicto Valenzuela, como consecuencia de haber sufrido heridas en la región de: 1) Lado derecho del Cráneo, 2) Quinto y sexto arco costal derecho, 3) En huesos de lado derecho de la cara, 4) Lado izquierdo del Cráneo, 5) Ausencia de hueso cigomático, 6) Fractura y ausencia del lado izquierdo de la mandíbula, 7) en la cara, espalda y cuello; y, las heridas presentes en la cabeza, cuello y espalda, compatibles con las producidas con arma blanca tipo machete; y, las heridas producidas en costal derecho producida por arma de fuego Calibre 38 disparado por arma de fuego tipo revolver; y Calibre 12 disparado por arma de fuego tipo escopeta; Manera de muerte: Homicida. En la misma fecha del veintitrés de mayo del año dos mil once; y, en el mismo lugar conocido como Maragua, jurisdicción del Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua, también pierde la vida el señor José Nepctali Padilla Rodríguez, como consecuencia de haber sufrido cuatro heridas contusas cortantes en región de: 1) Lado izquierdo de la cabeza, 2) Lado izquierdo de Cráneo, 3) En la espalda, cuello, 4) en región inferior de la espalda y, 5) en región del glúteo izquierdo; todas producida por proyectil de arma de fuego. En la misma fecha del veintitrés de mayo del año dos mil once; y, en el mismo lugar conocido como Maragua, jurisdicción del Municipio de Meambar, Departamento de Comayagua, de igual manera pierde la vida el señor Dionicio Bardales, como consecuencia de haber sufrido heridas en la región de estómago; producidas por proyectil de arma de fuego”. La Sala de lo Penal ha verificado y consta a folio 328 vuelto la autorización de la lectura del testigo protegido “clave C” en base al articulo 311 numeral segundo del Código Procesal Penal, lectura que obra a folios 237-239 de las diligencias de mérito. Relatando en su declaración el testigo protegido clave c, que: Que el día 23 de mayo de 2011 cuando con Benedicto sacamos las vacas por la puerta del roblón se vino para la casa, luego llegó Manuel de Jesús Bardales Maldonado, Arístides Gonzalo Maldonado, José Alfredo Maldonado a discutir con Benedicto Valenzuela le quito el teléfono prestado a Neptalí para llamar a la esposa para que fuera a llamar a la policía porque ya había sido amenazado, luego ellos se fueron hacia la casa diciéndole que iban a regresar a matarlo, luego me dijo que fuera a revisar la cerca arriba, cuando iba de seis a ocho brazadas escuche unas voces fuertes luego mire dentro Dionicio Maldonado vi que cayó Dionicio hacia atrás luego escuche tres disparos más suave, cuando se le pregunta observó cuando Dionicio Maldonado estaba peleando con Benedicto, que escucho un disparo fuerte seguido de tres disparos y miró a Benedicto caer hacia atrás diciendo “ya me mataron.” Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespeta el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362 numeral dos del Código Procesal Penal, excluyó de la Sentencia el medio prueba Testigo Protegido Clave C. El medio de prueba Testigo Protegido “Clave C” introducido mediante lectura autorizada, debió ser objeto de valoración (positiva o negativa) a la luz de la Sana Crítica a efecto de dar respuesta de fondo a las pretensiones que formularon las partes en la audiencia de debate. La exclusión indebida de los medios de prueba provocó una falta de tutela judicial efectiva a las partes, pues la decisión de fondo contenida en la sentencia que ahora se conoce en casación, no se basa en todo el acervo probatorio ofertado y admitido. Por lo tanto, es procedente declarar ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma. El recurrente presentó adicionalmente un segundo motivo para sustentar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, por no haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica, solicitando la nulidad del fallo recurrido; pretensión que el recurrente ha alcanzado al haberse declarado de recibo el primer motivo de casación por quebrantamiento de forma, por lo que resulta improcedente que esta Sala de lo Penal se pronuncie sobre el segundo motivo de casación. Decisión: Declarar Ha Lugar el primer motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el primer motivo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por el Abogado Maximiliano Rubí Jiménez, en su condición de fiscal del Ministerio Público; en consecuencia se Casa la sentencia de fecha dos de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- Segundo: Declara la Nulidad Absoluta de la audiencia de debate celebrada en fecha diecisiete de septiembre del año dos mil dieciocho (f. 325), y la nulidad absoluta de la sentencia que es objeto del recurso de casación en el presente caso (f. 338)- Y Manda: I. Que se repita el debate ante un Tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Siendo ponente en la presente sentencia el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. - Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. - Firma y Sello. – Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-175-2020.

PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL