Sentencia CP-160-20 — Registro 19962
Resumen
En primer instancia se absuelve al acusado por los delitos de Portación Ilegal de Arma de Uso Prohibido y Tenencia Ilegal de Municiones Ilegal, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Motivo no es de Recibo. La Sala de lo Penal, observa que el argumento que sustenta el motivo se aleja totalmente de la finalidad del precepto normativo citado como autorizante, pues ha explicado esta Sala que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea; la segunda hipótesis implica falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo omite totalmente su valoración ya sea de crédito o de descrédito. El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo Código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2), que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una ignorancia total de la prueba o falta de consideración de determinada prueba de valor decisivo. Un examen detenido de los medios de pruebas apuntados por el impetrante consistente en el dictamen balístico, confrontando las valoraciones probatorias del juzgador de instancia efectuadas en la sentencia, revela que dicha prueba fue enlistada dentro del apartado de valoración, pero se omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. Por lo tanto, el motivo del censor debió de ir inclinado en su segunda hipótesis consístete en la falta de consideración de prueba de valor decisivo, razón por la cual se observa que el argumento que sustenta el motivo se aleja totalmente de la finalidad precepto normativo citado como autorizante. En resumen, el recurso presentado en su primer motivo debe de ser desestimado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-160-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante el cual falló: PRIMERO: Absolvió a Francisco Antonio Carrasco Moncada, de los delitos de Portación Ilegal de Arma de Uso Prohibido y Tenencia Ilegal de Municiones Ilegales, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. TERCERO: No procedió declarar la responsabilidad civil. CUARTO: Se decretó el comiso de las piezas de convicción supuestamente decomisadas al condenado Son partes en única instancia: La Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente, y; el Abogado Yaxkin Román Urbina Bonilla, en su condición de defensor privado de Francisco Antonio Carrasco Moncada, como parte recurrida. Hechos Probados “primero: A eso de la una de la tarde (1:00 pm) del uno (01) de julio del año dos mil quince (2015), miembros de la Policía Militar del Orden Público, se encontraban realizando un patrullaje de rutina en la Terminal de Buses Guillian Guifarro de Gomez, ubicada en esta ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, cuando observaron a una persona sospechosa por lo que le solicitaron un registro personal, encontrándole una arma de fuego de uso comercial con su respectiva documentación, igualmente le solicitaron un registro a su vehículo marca Toyota, Modelo Hilux, tipo Pick-Up, color Frosaceo, placa PCS9887, año 2009, donde encontraron en la guantera un cargador de arma de fuego color negro, un mini cargador de arma de fuego color café conteniendo veintiséis (26) cartuchos color amarillo, y en el asiento trasero encontraron un arma de fuego tipo Fusil M16, modelo carabina, color negro con gris y un cargador color negro conteniendo veinte (20) cartuchos aun sin percutir. SEGUNDO: Esta persona se identificó como FRANCISCO ANTONIO CARRASCO MONCADA, fue detenida y puesta a la orden de la autoridad competente para su enjuiciamiento…” Recurso De Casación El recurrente José Cruz Mejía Meza, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: "Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo." PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha (1) febrero del año dos mil dieciocho, (SP 234-14), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: "Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba, es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable..... descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige para la configuración del vicio, que el medio de prueba indebidamente excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método de Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba, el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser Así, el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal". Al examinar la sentencia censurada se concluye claramente, que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en la pericia de balística con número de control 57-2015, realizado por el experto Marlon González, relacionado al tipo de arma y munición, así como el estado de funcionamiento mecánico y operativo de los indicios recibidos de control de evidencias, siendo estos, una bolsa plástica transparente conteniendo el indicio N°2.2 un arma de fuego tipo fusil, marca colt, modelo M16 A1, calibre 5.56 mm, serie borrada con su cargador; N° 2.3 cuarenta y seis cartuchos sin percutir que en su base se lee PMP223 REM(27)/LC73(15)/1008 5.56(4); estableciendo el perito que el arma de fuego recibida presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y los 46 cartuchos recibidos corresponden al calibre: 5.56mm/.223, pues considera, que se trata de una prueba ilícita que carece de eficacia probatoria, al haber vulnerado garantías procesales, habida cuenta de la forma como se obtuvo, el juez erróneamente estableció en el numeral sexto de la valoración intelectiva de la prueba, entre otras cosas, lo siguiente: "…trasladaron el vehículo propiedad del acusado Francisco Antonio Carrasco Moncada, hasta la 115 Brigadas de Infantería de esta ciudad de Juticalpa., con el fin de terminar el procedimiento en aquel lugar, violentando de esta manera el debido proceso que como servidores policiales están en la obligación de saber, ya que el registro del vehículo no se hiso siguiendo el debido proceso, en virtud de que el mismo fue trasladado hasta la 115 Brigada de Infantería, donde se realizó dicho registro, lo cual se determina con las actas de las supuestas armas que dieron lugar y origen al presente proceso, no siendo este el proceso establecido por nuestra normativa procesal penal para la diligencia del registro del vehículo, ya que el lugar donde debió haberse practicado, fue en el lugar donde estaba estacionado el mismo, por lo que para este tribunal no existe la certeza y le abriga la duda si dichas armas fueron encontradas efectivamente en el referido vehículo propiedad del acusado". (lo subrayado y en negrita es nuestro) Esta representante de la sociedad estima, que las apreciaciones que ha efectuado el Tribunal para descartar la valoración de la pericia balística realizada sobre las armas y municiones decomisadas al imputado, por considerar el procedimiento de decomiso irregular, resultan totalmente desacertadas por las razones que se exponen a continuación: 1.- Se evidencia de los antecedentes, que los policías militares Jairo Javier Miranda Vásquez Y Prayma Gosta Santiago en presencia del señor Francisco Antonio Carrasco Moncada, realizaron un registro al vehículo en que se transportaba el mismo, resultando el hallazgo de dos cajas de municiones con la leyenda PMP 223 y un fusil marca colt, modelo M16 calibre 5.56 mm, serie borrada y como dichos policías no contaban en ese momento con la papelería para realizar el levantamiento de las actas respectivas, trasladaron el automotor hacia la 115 Brigada para completar el llenado de las actas en cuestión; así como, realizar el embalaje de las evidencias (hecha por ellos mismos); de manera, que esta actuación de parte de la autoridad, no ha violentado el procedimiento establecido para el registro de vehículos automotores; por cuanto, no ha existido duda respecto a la evidencia plasmada en las actas de registro, decomiso, y cadena de custodia, por ende, la pericia balística, que fue excluida de la valoración probatoria por el ente jurisdiccional y que constituye una prueba esencial para calificar el delito objeto de juicio, merece absoluta credibilidad, ya que, no ha surgido ninguna acción o evento que haya interrumpido el traslado del vehículo hacia la 115 Brigada de infantería; consecuentemente, no existe duda como asevera el Tribunal, en torno a que las armas y municiones periciadas, fueron las mismas decomisadas al acusado, por el sólo hecho que la revisión del vehículo no se haya realizado en la escena de los hechos, debiendo considerar además, que dicho automotor fue conducido por el propio acusado desde el lugar donde fue decomisado, hasta el 115 batallón de la policía Militar. A este respecto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido: "más éste acto per se no demerita la evidencia al grado de que merezca privarle de total valor, tal y como lo hizo la mayoría del Tribunal, sin reflexionar que la autenticidad e inalterabilidad de la evidencia debe tasarse conforme al conjunto de la prueba y a la luz de las reglas de la sana crítica, y que el acto en cuestión no alteró la naturaleza ni la condición de la evidencia, solamente el lugar donde originalmente se encontraba (Segundo Paso de la Cadena de Custodia: Fijación de la Evidencia), lo que es posible determinar gracias al resto del acervo probatorio". Partiendo de lo anteriormente expresado podemos concluir, que no se puede calificar de ilícita una prueba por el hecho de no concluir en un solo momento una diligencia investigativa que trae como consecuencia la exclusión de otra prueba científica como lo es el dictamen de balística sobre el arma y munición decomisada, cuando se ha mantenido inalterable el contenido del hallazgo, es innegable que la pericia realizada por Marlon González, sobre el tipo y funcionamiento del arma de fuego tipo fusil, marca colt, modelo M16 A1, calibre 5.56 mm, serie borrada con su cargador, y de los cuarenta y seis cartuchos sin percutir que en su base se lee PMP223 REM(27)/LC73(15)/1008 5.56 y que ha sido excluida indebidamente por el Tribunal sentenciador del acervo probatorio, a pesar de ser relevante y decisiva para establecer la responsabilidad del imputado en el delito que se le atribuye, debió ser valorada al evacuarse en apego a las garantías constitucionales y procesales, que la vuelven una prueba válida, y al no hacerlo, ha provocado la concurrencia de un vicio in procedendo, que debe ser enmendado mediante la sentencia que resuelva con lugar el presente recurso de casación. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional, a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador; no obstante hacemos la advertencia que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar. SEGUNDO MOTIVO: "Motivaciones Jurídicas Contradictorias." PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO De manera general, existe motivación contradictoria cuando el órgano juzgador en su sentencia desarrolla juicios contrapuestos, de modo que la coherencia en el fallo fuese ausente por desbordarse los límites de la logicidad en los argumentos desarrollados socavando la seguridad de la decisión adoptada, al ser la conclusión de un discurso falaz. La contradicción puede presentarse entre los hechos probados y la fundamentación probatoria, entre aquellos y la fundamentación jurídica, entre la fundamentación probatoria y la fundamentación jurídica o internamente en cada una de ellas. SP-451-13.- En el apartado titulado Fundamentación Jurídica del fallo in examine, específicamente en el numeral segundo, el sentenciador establece: "Este tribunal descarta el delito solicitado por el ente acusador, si bien es cierto existe el decomiso de un arma de fuego de uso prohibido y munición de uso prohibido, no es menos cierto, que no se utilizó el procedimiento legal para el decomiso de las mismas como lo establece nuestra normativa procesal penal", la contradicción de la que adolece la sentencia es precisamente que el tribunal tiene por cierto la existencia del decomiso del arma de fuego tipo fusil, marca colt, modelo M16 A1, calibre 5.56 mm, serie borrada con su cargador, y de los cuarenta y seis cartuchos sin percutir que en su base se lee PMP 223, ambos de uso prohibido, y a la vez señala en el mismo numeral que no se utilizó el procedimiento legal, como lo establece la normativa procesal penal, el juzgador afirma y niega cuestiones de hecho a la hora de establecer el marco fáctico; pues tiene como cierto el decomiso al enjuiciado del arma y las municiones, por ende valida el procedimiento de registro y decomiso y al mismo tiempo considera, que el decomiso es inválido; de ahí, que el fallo adolece de juicios contradictorios u opuestos entre sí. Por haberse producido el vicio in procediendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido previamente efectuarse Reclamación alguna para la subsanación del vicio; no obstante, solicitamos que se case el fallo recurrido y se proceda conforme a derecho corresponde.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el ministerio público. Primer Motivo Norma autorizante: Artículo 362 numerales 2 del Código Procesal Penal. Norma Adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numerales 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Se excluye prueba de valor decisivo. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se case el fallo que se recurre. Para la parte recurrente el Tribunal de Sentencia en la valoración de la prueba excluyó prueba de valor decisivo como ser la pericia balística, al considerar que se trata de prueba ilícita que carece de eficacia probatoria al haber vulnerado las garantías procesales, al determinar el Tribunal que: ‘’ trasladaron el vehículo propiedad del acusado, hasta la 115 brigada de Infantería, con el fin de terminar el procedimiento en aquel lugar, violentado de esta manera el proceso que como servidores policiales están en la obligación de saber, ya que el registro del vehículo no se hizo siguiendo el debido proceso..’’, manifestando la parte recurrente que el Tribunal a raíz de esa valoración ha excluido el dictamen antes mencionado, por considerar el procedimiento de decomiso irregular. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. La Sala de lo Penal, observa que el argumento que sustenta el motivo se aleja totalmente de la finalidad del precepto normativo citado como autorizante, pues ha explicado esta Sala que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea; la segunda hipótesis implica falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo omite totalmente su valoración ya sea de crédito o de descrédito. El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo Código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2), que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una ignorancia total de la prueba o falta de consideración de determinada prueba de valor decisivo. Un examen detenido de los medios de pruebas apuntados por el impetrante consistente en el dictamen balístico, confrontando las valoraciones probatorias del juzgador de instancia efectuadas en la sentencia, revela que dicha prueba fue enlistada dentro del apartado de valoración, pero se omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. Por lo tanto, el motivo del censor debió de ir inclinado en su segunda hipótesis consístete en la falta de consideración de prueba de valor decisivo, razón por la cual se observa que el argumento que sustenta el motivo se aleja totalmente de la finalidad precepto normativo citado como autorizante. En resumen, el recurso presentado en su primer motivo debe de ser desestimado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el ministerio público. Segundo Motivo Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: la sentencia recurrida contiene motivaciones fácticas o jurídicas insuficientes o contradictorias. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo. Pretensión: declarar ha lugar el recurso. Denuncia la parte recurrente que en la sentencia impugnada no se expresaron los razonamientos jurídicos suficientes, debido a que el Tribunal tiene por cierto la existencia del decomiso de las armas de fuego, y a la vez señala en el mismo numeral que no se utilizó el procedimiento legal, como lo establece la normativa penal. De la motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir qué es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el instrumento jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legitima y respetuosa de la sana critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (la motivación legítima y respetuosa de la sana crítica está asociado con el motivo de casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de motivación fáctica o jurídica: acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación fáctica o jurídica insuficiente: se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concreta, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Artículo 2-D del Código Penal). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo en su segundo motivo. La Sala de lo Penal desea recordar a las partes que la motivación de una resolución judicial tiene que ver con la respuesta dada en derecho con los puntos que son objeto de la pretensión bien sea ésta directa o por vía impugnativa, o bien, de forma tácita a través de la respuesta a puntos de derecho que desestiman otra pretensión jurídica planteada que se contrapone a la respondida. Se trata de un derecho a saber por qué el órgano judicial estima o desestima una pretensión, sin que la extensión de la motivación sea un derecho del recurrente, o la mayor explicación al aserto que explica el Tribunal ante el tema suscitada en el mismo. No cabe confundir este derecho subjetivo a la motivación con que ésta sea en la extensión, en la forma que pretende el recurrente, ya que éste no tiene un derecho a que el juez motive en la medida que él reclama, sino que la motivación es la explicación fundada en derecho, pero no tiene que ser en el derecho que reclama quien impugna. Por ello, en ocasiones se confunde este derecho subjetivo con un derecho a que se motive en la forma que pretende el recurrente. Este último supuesto es el concurrente en el presente caso, pues pretende que el Tribunal de casación le dé la razón en el sentido que el juez de instancia confeccione la motivación judicial de la sentencia conforme a su pretensión subjetiva, sobre todo cuando es contraria a sus pedimentos; esta Sala de lo Penal ha constatado que la motivación jurídica de la sentencia impugnada es suficiente, no tiene ningún déficit jurídico ya que responde las pretensiones de derecho planteadas por las partes en juicio, hace un razonamiento y una aplicación razonable y reconciliable con el ordenamiento jurídico, ha puesto de manifiesto de manera comprensible para los destinatarios el porqué de su decisión judicial, por ello las discrepancias planteadas por el recurrente no son suficientes para provocar la nulidad de la sentencia, pues no puede pretender, con razón, la invocación de una motivación en la medida y extensión que desea, sino que sea suficiente, razonable y consecuente con el ordenamiento jurídico. Por lo anteriormente expuesto, el recurso no es de recibo en su segundo motivo. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer y segundo motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer y segundo motivo, interpuesto por el Abogado José Cruz Mejía Meza, en su condición de agente Fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha veintitrés (23) de eneero de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – Lety emelda posadas receptora adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-160-2020.
PIA CRISTINA MEJIA
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL