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Sentencia CP-158-22 — Registro 20146

Resumen

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia falló absolviendo a los acusados del delito de asesinato, portación ilegal de armas y asociación ilícita. Resolvió la Sala de lo Penal Ha lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

".... De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. La recurrente denuncia infringida la regla de la lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en virtud que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria resultan ajenas a lo vertido por las propias pruebas aportadas a juicio. En el presente caso, la censora centra su reproche recursivo en la valoración de los siguientes medios de prueba: Declaración Testifical a) Testigos Protegidos con clave JPTP-24-2017, b) Oscar Esaú López Umanzor (agente de investigación). Pericial a) Dictamen de autopsia A-SPS-2150-16 en relación del cadáver de Cristian Noel Gómez Díaz, practicada por el Dr. Víctor Manuel Hernández; y, Dictamen de autopsia A-SPS-2151-16 en relación del cadáver de Osmán Hernández Espinal, practicada por el Dr. Víctor Manuel Hernández, ratificada en juicio por el Doctor Enrique Ernesto López Fiallos; b) Dictamen de Matriz de Asociación elaborado y ratificado por el agente de investigación Joselyn Elizabeth Cárcamo Espinal. c) Dictamen Balístico número 2019-0501-0502-6818 realizado por Melvin Geovany Romero Hernández. Finalmente, Documental consistente en a. Acta de Levantamiento de cadáver con su respectivo álbum Fotográfico practicado por la agente de investigación Conce Pérez; b. Acta de Registro Personal y decomiso practicado al acusado Edwin Edgardo Castro Sánchez; y c. Constancia extendida por el Registro Nacional de Armas. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador erróneamente no logra vincular a los acusados David Enrique Hernández y Edwin Edgardo Castro Sánchez, con dos delitos de Asesinato, Asociación Ilícita y por último Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial; por razón, que el testigo protegido comunicó a las autoridades policiales hasta el año 2017 que había presenciado la muerte de los ofendidos, cuando esos hechos suscitaron en el 2016, además por señalar que dos de los cuatro participantes en el hecho violento, anduvieran pasamontañas y los otros dos que son los hoy acusados deambularan con su rostro descubierto; que el testigo protegido describió haber escuchado 06 detonaciones de arma de fuego, cuando la autopsia revela que los cuerpos de los ofendidos tenían en total 11 heridas por arma de fuego y que de todo el andamiaje probatorio, solo la declaración del testigo protegido es la única tendiente a acreditar la participación de los acusados; aunando, que debió haber corroboración de otros elementos de incriminación y que el presente caso para los juzgadores no existió; aun y cuando el testigo protegido fue contundente en manifestar que el día 12 de octubre del 2016, aproximadamente 1:50 de la tarde, observó cuando un vehículo tipo Pick up, marca Amarok se estacionó frente a la vivienda donde residía Cristian Gómez, lugar identificado como "sector MS", del vehículo se bajaron cuatro personas, identificando a dos de ellas, a David alias “frosti” y Edgardo alias “pra", quienes ingresaron a la vivienda de Cristian, preguntando "quien es el barbero", en el interior de dicha vivienda se encontraban los señores Cristian Noe Gomez Diaz (Barbero) y Osman Hernández Espinal (cliente de la barbería), a quienes les ordenaron que se pusieran boca abajo, David y Edgardo portaban armas de fuego, las que dispararon en varias ocasiones contra los ofendidos,, luego del hecho los acusados salieron huyendo del lugar. El testigo protegido describió físicamente y con señas particulares a los acusados e identificándolos en la sala de juicio oral y público como los autores de la muerte de los ofendidos, quienes también se dedicaban a matar y tirar embolsados en la treinta y tres calle, de la colonia Miguel Ángel Pavón; Por su parte el Agente de Investigación Oscar Esaú López Umanzor verificó el testimonio del testigo protegido antes mencionado, constató y confirmó que, tal como mencionó el testigo protegido, los hechos se ejecutaron en el lugar, fecha y hora señalados por él, las heridas fueron ocasionadas por arma de fuego y los ofendidos perdieron la vida por múltiples disparos por arma de fuego, corroboró la zona donde operan los acusados como miembros de la estructura delictiva ms-13, verificó antecedentes de los acusados, información de la FNA y la DIPOL donde se encontraban identificados como miembros de dicha estructura criminal, tal y como lo manifestó el testigo protegido, quien también pudo identificar perfectamente a ambos partícipes, ahora acusados; por otra parte el Dictamen de Autopsia A-SPS-2150-16, elaborada por el Dr. Víctor Manuel Hernández practicado al cuerpo de Cristian Noel Gómez Díaz, señala como conclusión que "el cuerpo de la víctima presentaba cinco heridas por proyectil de arma de fuego, Manera de Muerte de Homicida desde el punto de vista médico legal, trayecto de atrás hacia adelante"; al igual que con el Dictamen de Autopsia A-SPS-2151-16, elaborada por el mismo Dr. Víctor Manuel Hernández practicado al cuerpo de Osman Hernández Espinal, señala como conclusión: "Cuatro heridas por proyectil de arma de fuego, Manera de Muerte de Homicida desde el punto de vista médico legal, trayecto de atrás hacia adelante"; El Acta de Levantamiento de Cadáver de los señores Cristian Noe Gomez Diaz y Osman Hernández Espinal y su respectivo Álbum Fotográfico, practicada por el agente de investigación Conce Pérez, la estableció: "... constatamos que se trata de dos personas sin vida de sexo masculino en posición de cubito ventral...", se describe la recolección de diez indicios (casquillos),. Del Dictamen de Matriz de Asociación Criminal elaborado y ratificado por el agente de Investigación Joselyn Elizabeth Cárcamo Espinal, señala el lugar de residencia de los acusados es zona donde opera MS-13, información obtenida por fuente humana y visitas a la zona, los acusados se encuentran registrados en las base de datos de los Cuerpos de seguridad Nacional como miembros de la MS-13, el Rango de los acusados dentro de la estructura criminal como gatillero denominados como HOMBOY; de los cuales se deriva constancias extendidas por el Instituto Nacional Penitenciario que señala que el acusado Edwin se encuentra recluido en módulos exclusivos de la MS-13, así como actas de registro y decomiso, practicada a Edwin el día de su captura, se le encontró en posesión de arma de fuego, según se describe del Acta de Registro Personal y Decomiso se le encontró en posesión de un arma de fuego, tipo pistola, marca GLOCK, modelo 17, serie KFW913, con capacidad para 17 cartuchos, (16) cartuchos sin percutir de color amarillo y un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy S5 color blanco, con su respectiva batería, ship y memoria, sin el permiso de portación de arma, pues dicha arma se encontraba registrada a favor del señor Elvin David Acosta Estrada, extremo que se desprende de las Constancia extendida por el Registro Nacional de Armas, así como del Dictamen Balístico 2019-0501-0502-6818, elaborado por el perito Melvin Geovany Romero Hernández, sobre el análisis practicado a los indicios consistentes en un arma de fuego, tipo pistola, marca GLOCK, modelo 17 calibre 9x19, número de serie KFW913, que presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. En el caso actual, al remitirnos a la fundamentación probatoria de la sentencia, se identifica tal y como lo denuncia la recurrente, la infracción a la regla lógica de derivación en el principio de razón suficiente, en lo que respecta a la valoración intelectiva de las declaraciones testificales. Este ejercicio lógico de identificar las premisas probatorias, las premisas valorativas y posterior conclusión de construcción de hechos probados, permite identificar la violación a la regla de la lógica de derivación, pues las premisas no se corresponden con la posterior conclusión por falta de concordancia derivacional; pues, como resultado de la evacuación de la prueba de cargo cuestionada, puede ser corroborado al contrastarlo con el andamiaje probatorio. La Sala de lo Penal, ha advertido en varias sentencias, que las imprecisiones en declaraciones no significan que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad, el sentenciador debe al momento de valorar los testimonio “la percepción de los hechos”, desde su propia experiencia y percepción de la realidad, no pudiendo exigir el mismo nivel de precisión en todos los testigos; por lo que la conclusión del sentenciador de desacreditar la declaración del testigo protegido, por razón de necesitar contar con otros elementos probatorios confiables que corroboren los dichos no es suficiente, menos por haber prestado su declaración tiempo después de haber suscitado el hecho violento o porque dos de los cuatro participantes en el hecho no andaban cubiertos sus rostros, resulta una argumentación intelectiva débil para su descredito. Además, es jueces casacionales en sinnúmero de sentencia ha referido, que para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial durante un período de vigencia, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal 144-83, sino que también deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona en posesión o que almacena un arma de fuego comercial, sin autorización, durante el tiempo de la veda debe mostrar la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple posesión o almacenamiento, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir este tipo de decretos, aunando otro aspecto, que para su aplicación al momento de los hallazgos debe estar en vigencia los decretos relativos a la amnistía o popularmente llamada “veda”. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración probatoria que ciertamente transgrede la regla lógica de derivación, debido a que toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-158-2022, que literalmente dice: “SENTENCIA En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 158-2022, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de abril del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a David Enrique Hernández y Edwin Edgardo Castro Sánchez, por dos (2) delitos de Asesinato, en perjuicio de Cristian Noel Gómez Díaz y Osman Hernández Espinal. SEGUNDO: Absolvió a David Enrique Hernández y Edwin Edgardo Castro Sánchez, por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. TERCERO: Absolvió a Edwin Edgardo Castro Sánchez, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Ordenó la devolución de Un (1) arma de fuego, tipo pistola, marca GLOCK, modelo 17, calibre 9 x 19 MM, número de serie KFW913, con un cargador, sin proyectiles, a su titular Elvin David Acosta Estrada, o quien demuestre corresponderle derecho sobre del bien descrito en la sentencia. Interpuso el recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Jackeline Reyes, en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Yanory de Jesús Ramos González, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente. La Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, Defensora Pública de los imputados, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “ÚNICO: En fecha doce (12) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), aproximadamente a las dos con cincuenta minutos de la tarde, en la colonia El Estadio, treinta (30) calle, veintiocho avenida, del sector satélite en esta ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés; diferentes autoridades policiales, juntamente con el Médico Forense, procedieron a llevar a cabo el levantamiento de los cadáveres de CRISTIAN NOEL GÓMEZ DÍAZ, quien presentaba siete (7) heridas producidas por proyectil de arma de fuego que le provocaron la muerte por Traumatismo cráneo encefálico abierto y Laceración cerebral; así mismo el cadáver de OSMAN HERNÁNDEZ ESPINAL, quien presentaba cuatro (4) heridas producidas por proyectil de arma de fuego, que también le provocaron la muerte por Traumatismo cráneo encefálico abierto y Laceración cerebral.”RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Jackeline Reyes, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación Por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como sabemos, el sistema de valoración de prueba que rige a nuestro Código Procesal Penal, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de pruebas que lo llevan a un convencimiento, pero siempre su argumentación debe estar integrada por conclusiones obtenidas a partir de la probanza, así como de los principios de la Lógica, la Psicología y el Sentido Común. Voluntad del Legislador determinada en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. De los razonamientos que el Juzgador plasmó para arribar al fallo que hoy se impugna por esta vía recursiva, se advierte que efectuó un ejercicio intelectivo inobservando las reglas de la Sana Crítica y que en consecuencia dicho proceso de valoración le llevó a un convencimiento erróneo, al realizar un análisis sesgado de la probanza que se incorporó al juicio, concluyendo, equívocamente, que existe insuficiencia probatoria para demostrar la responsabilidad de los encartados DAVID ENRIQUE HERNANDEZ Y EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ por sindicarlos responsables de la comisión de los delitos de ASESINATO, ASOCIACION ILICITA Y POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL en perjuicio de CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ, OSMAN HERNANDZ ESPINAL Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, resultando en una clara infracción a las Reglas de la Sana Crítica, específicamente a las inobservancia de la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, pues, siendo libre el A-quo en la apreciación de las pruebas que le generen su convicción, su juicio de valoración debe ser razonable, es decir sujetarse a las reglas que gobiernan el correcto pensamiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuáles falsos. Al respecto, la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en reiteradas ocasiones ha explicado los componentes de una valoración acorde a las Reglas de la Sana Crítica, para el caso citamos: "...La motivación lógica deberá responder a las características de: A) COHERENCIA, es decir que la motivación estará constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas. b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contrastantes que se anulen entre sí. c) Inequívoca: Los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones que determinan. B) DERIVACIÓN: El razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que por ella se vayan formando"; evidenciándose así la clara infracción a ambos postulados por parte del juzgador, pues de la probanza de cargo se desprende con certeza que los acusados sí son responsables de los ilícitos de ASESINATO, ASOCIACION ILICITA Y POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL por los cuales fueron sometidos a juicio. La prueba de cargo demuestra sin lugar a dudas la responsabilidad de los acusados DAVID ENRIQUE HERNANDEZ Y EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ como autores de los delitos de ASESINATO y ASOCIACION ILICITA y en el caso de Edwin Castro del delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL; siendo la prueba testifical, armónica y coherente entre sí, encontró total correspondencia con los medios documentales y periciales; en relación, nos referiremos al Testigo Protegido con clave "JPTP-24-2017" Quien compareció a la vista pública, y que, en síntesis, señaló que: "el día 12 de octubre del 2016, aproximadamente 1:50 de la tarde, observó cuando un vehículo tipo Pick up, marca Amarok se estacionó frente a la vivienda donde residía Cristian Gómez, lugar identificado como "sector MS", del vehículo se bajaron cuatro personas, identificando a dos de ellas, a David alias frosti y Edgardo alias pra, quienes ingresaron a la vivienda de Cristian, preguntando "quien es el barbero", en el interior de dicha vivienda se encontraban los señores CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ (quien residía en la vivienda y era el barbero), OSMAN HERNANDEZ ESPINAL (cliente de la barbería), a quienes les ordenaron que se pusieran boca abajo, David y Edgardo portaban armas de fuego, las que dispararon en varias ocasiones contra los señores CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ, OSMAN HERNANDEZ ESPINAL, luego del hecho los acusados salieron huyendo del lugar". Procediendo el testigo protegido a describir físicamente y con señas particulares a los acusados e identificándolos en la sala de juicio oral y público como los autores de la muerte de los señores CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ y OSMAN HERNANDEZ ESPINAL, también agregó el testigo protegido que los acusados se dedican a matar y tirar embolsados en la treinta y tres calle, de la colonia Miguel Ángel Pavón; este testimonio fue coincidente con la prueba científica y documental, es así que fue corroborado con el resto de la prueba en aspectos como fecha, hora y lugar en que sucedieron los hechos, identificación de los autores de los hechos, así como la identificación de la víctima, actividades que realizan los acusados y grupo delictivo al que pertenecen, tal y como fue ratificado con la declaración del Agente de Investigación Oscar Esaú López Umanzor quien verificó el testimonio del testigo protegido antes mencionado, constató y confirmó que, tal como mencionó el testigo protegido, los hechos se ejecutaron en el lugar, fecha y hora señalados por él, las heridas fueron ocasionadas por arma de fuego y los ofendidos perdieron la vida por múltiples disparos por arma de fuego, corroboró la zona donde operan los acusados como miembros de la estructura delictiva ms-13, verificó antecedentes de los acusados, información de la FNA y la DIPOL donde se encontraban identificados como miembros de dicha estructura criminal, tal y como lo manifestó el testigo, quien también pudo identificar perfectamente a ambos partícipes, ahora acusados; el relato del testigo presencial también fue corroborado con el Dictamen de Autopsia A-SPS-2150-16, elaborada por el Dr. Víctor Manuel Hernández practicado al cuerpo de Cristian Noel Gómez Díaz, que señala como conclusión que "el cuerpo de la victima presentaba cinco heridas por proyectil de arma de fuego, Manera de Muerte de Homicida desde el punto de vista médico legal, trayecto de atrás hacia adelante"; al igual que con el Dictamen de Autopsia A-SPS-2151-16, elaborada por el Dr. Victor Manuel Hernández practicado al cuerpo de Osman Hernández Espinal, que señala como conclusión: "Cuatro heridas por proyectil de arma de fuego, Manera de Muerte de Homicida desde el punto de vista médico legal, trayecto de atrás hacia adelante"; lo cual concuerda con el dicho del testigo al señalar "David alias "Frosty" le disparó en varias ocasiones a Cristian, y Edgardo alias "Pra" le disparó a Osman...". De igual manera los dichos del testigo al afirmar "Cristian alquilaba la vivienda y era el barbero, Osman se encontraba en la barbería como cliente... ingresaron a la barberia...les dijeron que se tiraran al suelo...les ordenaron que se pusieran boca abajo...escuchó aproximadamente 6 detonaciones", verificándose la trayectoria de disparos, narrada por la víctima, objeto que provoco las heridas y la cantidad, tiempo de muerte, corroborándose que los hechos ocurrieron tal como lo narró el testigo protegido. coincidentes estos extremos con los hallazgos del Acta de Levantamiento de Cadáver de los señores CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ y OSMAN HERNANDEZ ESPINAL y su respectivo Álbum Fotográfico, practicada por el agente de investigación Conce Pérez, la cual estableció: "... en el interior de la vivienda una meza pequeña de madera, conteniendo sobre ella dos máquinas de cortar cabello, un bote de gelatina, peines.... constatamos que se trata de dos personas sin vida de sexo masculino en posición de Cubito Ventral...", de igual forma se describe la recolección de diez indicios (casquillos),. Confirmándose lo referido por testigo protegido JPTP-24-2017, que los acusados llegaron a la barbería, aproximadamente a la 1:50 de la tarde, colocaron las victimas boca abajo y les dispararon en varias ocasiones, siendo concordantes con lugar y tiempo de ocurrencia de los hechos, dinámica desarrollada, cantidad de disparos, arma utilizada posición de las víctimas,-El Dictamen de Matriz de Asociación Criminal también sirvió para fortalecer los dichos del testigo JPTP-24-2017 al manifestar "el lugar donde sucedieron los hechos fue en la colonia El Estadio y que colinda con la Colonia Villa Ernestina de San Pedro Sula, el sector le pertenece a la mara ms-13...los conoce desde hace 3 o 4 años y se dedican a contratar gente y a botar embolsados en la 33 calle de la Colonia Miguel Ángel Pavón" pues en el referido documento que fuera elaborado y ratificado por el agente de Investigación Joselyn Elizabeth Cárcamo Espinal, que señala el lugar de residencia de los acusados es zona donde opera MS-13, información obtenida por fuente humana y visitas a la zona, los acusados se encuentran registrados en las base de datos de los Cuerpos de seguridad Nacional como miembros de la MS-13, información de DIPOL, DPI que los identifica como miembros de la MS-13, el Rango de los acusados dentro de la estructura criminal como gatillero(portan las armas y disparan a las víctimas) denominados como HOMBOY, información comprobada el día de los hechos pues los acusados dispararon contra los ofendidos, pues así lo refirió el testigo protegido; de igual forma las constancias extendidas por el Instituto Nacional Penitenciario que señala que el acusado Edwin se encuentra recluido en módulos exclusivos de la MS-13, así como actas de registro y decomiso, practicada a Edwin el día de su captura, se le encontró en posesión de arma de fuego, demostrándose que los acusados están asociados, pertenecen a la estructura criminal denominada MS-13, y que se dedican a ejecutar acciones ilícitas como las ya descritas, acreditándose la veracidad del testimonio del testigo protegido, quien también refirió que conoce que los acusados desde hace cuatro años a quienes identifica con él nombre y alias DAVID ENRIQUE HERNANDEZ alias frosti y EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ alias prac, sabe que se dedican como parte de la estructura criminal MS-13 a "tirar embolsados en la treinta y tres calle, de la colonia Miguel Ángel Pavón", extremos que además de ser respaldados con la matriz de asociación, también fueron respaldados con la declaración del agente de Investigación Oscar Esaú López, por lo que el testimonio del Testigo protegido también se encuentra totalmente respaldado con este medio de prueba. Asimismo se allegó al proceso el Acta de Registro Personal v Decomiso practicado al acusado EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ, la cual describe que al momento del registro practicado a su persona se le encontró en posesión de un arma de fuego, tipo pistola, marca GLOCK, modelo 17, serie KFW913, con capacidad para 17 cartuchos, (16) cartuchos sin percutir de color amarillo y un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy S5 color blanco, con su respectiva batería, ship y memoria; demostrándose la posesión del arma de fuego por parte del acusado, sin el permiso de portación del arma, pues dicha arma se encontraba registrada a favor del señor Elvin David Acosta Estrada, extremo que se Acreditó con la Constancia extendida por el Registro Nacional de Armas, así como el Dictamen Balístico 2019-0501-0502-6818, elaborado por el perito Melvin Geovany Romero Hernández, sobre el análisis practicado a los indicios consistentes en un arma de fuego, tipo pistola, marca GLOCK, modelo 17 calibre 9x19, número de serie KFW913, un fragmento de bala recuperado del cuerpo de CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ, un fragmento de revestimiento de bala recuperado del cuerpo de CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ, un fragmento de plomo recuperado en el cuerpo de OSMAN HERNANDEZ ESPINAL, lo cual demuestra que el arma de fuego que le fuera decomisada al acusado Edwin Edgardo Castro Sánchez y que portaba al momento de su detención presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. Por lo cual, el análisis conjunto y armónico de toda la prueba de cargo confirma su concordancia, revistiéndola de credibilidad y virtualidad, siendo la probanza tendiente a vincular directamente a los acusados DAVID ENRIQUE HERNANDEZ Y EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ como autores de los delitos de ASESINATO, ASOCIACION ILICITA Y POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL; conclusión misma a la que hubiese llegado el Tribunal, de haber realizado una valoración de la prueba conforme a las reglas de la Sana Crítica. Al momento de valorar la declaración del Testigo Protegido JPTP-24-2017², el Juzgador, no orienta sus razonamientos a una valoración conjunta con el resto de la prueba y en apego a una sana crítica racional, ya que las descalificaciones que realiza de la misma, realmente reposan en apreciaciones puramente subjetivas y sobre aspectos intrascendentes, que lo conducen erróneamente a estimar lo siguiente: I. "... la declaración del Testigo Protegido JPTP-24-2017, no nos resulta creíble: ..., pues no nos orienta a determinar en qué manera los señores DAVID ENRIQUE HERNANDEZ Y EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ, realizaron actos tendientes a quitarles la vida a los señores CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ y OSMAN HERNANDEZ ESPINAL...." Sobre este señalamiento del Juzgador, consideramos que infringen el postulado de la derivación integrado por la ley de la razón suficiente en su característica de suficiencia, al no estar asentadas en lo que deriva de este testimonio, pues el testigo protegido fue contundente al indicar el juicio oral que "David y Edgardo portaban armas de fuego, las que dispararon en varias ocasiones contra los señores CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ, OSMAN HERNANDEZ ESPINAL" lo cual evidencia que dicha conclusión errónea no se derivó de lo demostrado con la prueba. II. Continua el Juzgador en su desacertada valoración señalando que "...su deposición no resultó a estos Juzgadores supremamente interesante, el hecho que este testigo haya comunicado a las autoridades policiales, hasta el año dos mil diecisiete (2017) que había presenciado la muerte de los señores CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ y OSMAN HERNANDEZ ESPINAL, cuando esos hechos habían acontecido el doce (12) de octubre del año 2016...," • Consideramos que el Juzgador centra su atención en aspectos irrelevantes, como ser el momento en que rindió su declaración administrativa, pues ni siquiera es la declaración procedente a ser valorada en juicio, además de que la fecha del testimonio en sede administrativa no altera la manera en cómo ocurrieron los hechos o la participación de los acusados, pues lo realmente transcendental es que el testigo protegido compareció a juicio y narró una dinámica de los hechos, que fue percibida por sus propios sentidos, la cual ha sostenido durante todo el proceso y que fue confirmada por el resto de la prueba; demostrándose con ello la participación de los acusados como autores de los hechos por los cuales fueron llevados a juicio. III. También señala el Juzgador que "el testigo protegido en su deposición manifiesta, que dos de los cuatro hombres que llegaron a la barberia a perpetrar el delito, andaban pasamontañas y que los otros dos, que son los acusados, deambularan con su rostro descubierto aun y cuando, según su relato fueron ellos los que dispararon, lo que nos parece desprovisto de toda lógica, ya que el común es que estas personas oculten su identidad...." • Estos señalamientos por parte del Juzgador se consideran totalmente subjetivos, pues el testigo protegido fue preciso al indicar que solo dos de ellos andaban el rostro cubierto, logrando identificar sin lugar a dudas a los acusados como David alias frosti y Edgardo alias prac. Asimismo, los conocía con anterioridad, circunstancia que facilitó aún más su identificación. Por lo que las apreciaciones del Juzgador se alejan de una sana crítica racional. IV. "Por otra parte el Juzgador concluye que el Testigo Protegido JPTP-24-2017manifiesta haber escuchado seis (6) detonaciones..., entre ambos cuerpos hizo un total de once (11) heridas por arma de fuego, circunstancias que no concuerda y son inconsistentes con su testimonio..." • Consideramos desafortunada esta apreciación por parte del tribunal, al demeritar un testigo por la cantidad aproximada de disparos que mencionó haber escuchado al presenciar un hecho criminoso, pues el mismo testigo señaló que escuchó "como seis detonaciones" lo que claramente señala que es un aproximado; sin embargo, lo relevante en sí, es que el testigo protegido escuchó varios disparos, y ésta afirmación es congruente con el resto de la prueba, pues fueron varios los disparos realizados contra las víctimas, el ente jurisdiccional debió tomar en cuenta, la capacidad de cada persona para percibir y dividir su atención hacia distintas direcciones simultáneamente, pues eran dos personas disparando simultáneamente a las vos ahora occisos, siendo evidente que fue más de un disparo que hicieron los acusados a los ofendidos. V. Finalmente señala el Juzgador que si bien el testigo dijo haberse encontrado en la sala a los señores DAVID ENRIQUE HERNANDEZ alias Frosty y EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ alias Prac, ello podría deberse a que como el mismo testigo dijo que lo conocía con anterioridad..." • Consideramos totalmente desacertada esta apreciación por parte del Juzgador, pues el hecho de que el testigo protegido conozca a los acusados, lejos de restarle valor, fortalece su testimonio y le da total credibilidad, además de ser contundente la identificación de los acusados DAVID ENRIQUE HERNANDEZ alias Frosty y EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ alias Pra, no solo por conocerlos hace 3 o 4 años, sino porque los ubica e identifica como autores de los hechos por los cuales se les acusó. Por lo que, el Juzgador no tiene fundamento válido para descartar al testigo ocular de los hechos, testimonio fundamental pues pudo ver e identificar plenamente a los acusados. En relación la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que el testigo conozca con anterioridad a los enjuiciados es un factor de certeza en su identificación, así lo establece en la sentencia número SP-218-2016, tal y como se transcribe a continuación: "Ante las contradicciones que refiere el A quo en su valoración, habla de imposibilidad de los testigos de poder ver, pero la máxima de la experiencia orienta a una probabilidad que más bien puede reputarse como un factor que colaboró en que los testigos pudieran ver y reconocer a los enjuiciados, pues ellos son habitantes del lugar y reconocidos por ellos. La prueba allegada al proceso, muestra con claridad la serie de sucesos que ocurrieron, mostrándonos la relación cronológica del hecho...asimismo el lugar se encontraba iluminado por las luces del vehículo donde se transportaban los enjuiciado y por la circulina de la patrulla policial, por lo que las máximas de la experiencia nos indica que si es posible que los identificaran fácilmente pues los enjuiciados eran conocidos por ellos.... Esta Sala considera que las razones por las que el tribunal de juicio resta credibilidad a las declaraciones de los testigos protegidos A, B, C son ilógicas e insuficientes, dado que los testigos de cargo protegidos A, B y C son testigos presenciales, que han percibido los hechos sobre los que declaran directamente por medio de sus sentidos de la vista y del oído, sin que se haya puesto de manifiesto en el juicio razones para suponer que hayan querido faltar a la verdad,… por lo que esta Sala colige, que el tribunal de juicio ha aplicado de forma indebida la máxima de la experiencia al concluir categóricamente, sin tomar en cuenta que la escena del crimen es abierta y dinámica, en la que los vehículos y participantes de desplazan mientras disparan, y que los hechos se producen en horas de la noche, sin que el juzgador pueda descartar válidamente que los testigos oculares de los hechos, haya podido ver e identificar plenamente a sus atacantes. Esta Sala concluye asimismo, que el tribunal de sentencia incurre también en violación a las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su principio de derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, al restar fuerza probatoria a las declaraciones rendidas por los testigos protegidos A, B y C, y del resto de la prueba pericial y documental agregada al juicio de tipo incriminatoria con la que es plenamente coincidente, y no lograr derivar, ni inferir el juzgador indicios suficientes de la participación de los acusados… en los hechos ilícitos de los que se les acusa. Por todo lo anterior, esta Sala declara ha lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente". También debemos resaltar, las certeras apreciaciones de la Honorable Sala de lo Penal, mediante fallo CP 198-2008, donde expuso: "Resulta oportuno señalar que para restar credibilidad a la versión de testigos oculares, el Juzgador debe antes asegurarse que en juicio se ha puesto de manifiesto, prueba suficiente para tener por acreditada una causa de animosidad en los testigos presenciales, capaz de producir en ellos el deseo de distorsionar los hechos y faltar a la verdad"; extremo que no se produjo en el caso de autos. Y a través del Recurso de Casación SP 56-2016, sostuvo: "... Asimismo, el juzgador, con motivación insuficiente e inconsistente ha restado valor a las declaraciones tanto de la víctima, como la de los testigos, ya que sus declaraciones han sido contestes y guardan relación unas con otras, en el sentido de narrar de forma espontánea como los hechos ocurrieron identificando al imputado N. D. E. A, como la persona que disparó en contra de la humanidad del ofendido." Entonces, no se comprende, por qué el Sentenciador concluye "que la declaración del testigo protegido JPTP-24-2017 presenta vacíos, ambigüedades y falta de convencimiento", pues el testigo protegido, es testigo presencial de los hechos, mismos que ha percibido directamente por medio de sus sentidos de la vista y del oído, sin que se haya puesto de manifiesto en el juicio razones para suponer que haya querido faltar a la verdad, pues no existe prueba que respalde esas conclusiones por parte del Tribunal, las que obedecen más bien a apreciaciones meramente personales y subjetivas. Continuando el Tribunal con sus desacertadas conclusiones señala "con el análisis realizado a la totalidad de la prueba practicada, el Tribunal deviene en la absolución a favor de DAVID ENRIQUE HERNANDEZ y EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ, por insuficiencia probatoria" conclusión con la que estamos en desacuerdo, pues, si los juicios de valor del ente judicial, se hubieran realizado sin vicios de error y en apego a las reglas de la Sana Crítica, y de los parámetros de valoración establecidos mediante Jurisprudencia, se hubiera percatado de la relevancia probatoria de los testimonios de cargo, que al haberse introducido legalmente al juicio constituir una fuente imparcial de conocimiento de los hechos, merecen ser valorados certeramente, de manera conjunta y armónica. Es por ello, que el Ministerio Público reitera, que el Tribunal de primera instancia, ha apreciado dicha probanza de manera arbitraria y no en respeto al sistema lógico de valoración, lo que lo lleva a pronunciar erróneamente un fallo de absolución. El testigo protegido JPTP-24-2017 fue contundente al identificar plenamente a los acusados, DAVID ENRIQUE HERNANDEZ alias frosti y EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ alias prac, por ser las personas que llegaron a la barbería y dispararon en varias ocasiones contra CRISTIAN NOEL GÓMEZ DÍAZ Y OSMAN HERNÁNDEZ ESPINAL, es decir que los identifica no solo por haber cometido el hecho de muerte, sino que también los identifica por conocerlos desde hace aproximadamente cuatro años atrás, de igual forma conoce las actividades ilícitas a las que se dedican por formar parte de la estructura criminal MS-13 "matar y tirar embolsados en la treinta y tres calle, de la colonia Miguel Ángel Pavón", además hace una descripción física de los acusados refiriendo señales particulares de cada uno de los acusados, por lo que no hay lugar a duda sobre la identificación de los acusados. Referente a que el acusado al momento de su detención se le encontró en posesión de un arma de fuego, lo cual se acredita con el Acta de Registro Personal y Decomiso practicado al acusado EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ, la cual describe que al momento del registro practicado su persona se le encontró en posesión de un arma de fuego, tipo pistola, marca GLOCK, modelo 17, serie KFW913, con capacidad para 17 cartuchos, (16) cartuchos sin percutir de color amarillo..., de igual forma, el acusado no tenía el permiso de portación de dicha arma, contrario a ello, se encontraba registrada a favor de una tercera persona, demostrándose que el acusado se encontraba en posesión ilegal del arma de fuego de uso comercial antes descrita. Sin embargo, el Tribunal Concluyó "por lo que el acusado se encuentra amparado por estos decretos de conformidad y en aplicación a la ley intermedia misma que nos establece el referido periodo de VEDA, que dejo en suspenso la tipicidad del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL contenido en el artículo 332 B del Código penal" Sobre este razonamiento del Tribunal, consideramos oportuno referir en cuanto al Decreto de veda, que el Tribunal considera aplicable en relación al arma mencionada por estar vigente, de igual forma señala estar amparado en la figura de "Ley Intermedia" que la disposición legal en referencia se decretó con la única finalidad de que la persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar el correspondiente registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, pero ésta disposición legal no puede interpretarse como que dicho período de veda se otorgó para permitir que las personas puedan poseer armas sin registrar y sin tener como consecuencia ninguna responsabilidad penal por ello; no es, por tanto, una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que el ciudadano, por un período de tiempo establecido, no tenga consecuencias jurídicas al acudir voluntariamente a registrar su arma. Es por ello que en los casos donde se encuentre a un sujeto portando un arma, sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de la misma, deben tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal, por considerarse en principio que existe un ilícito penal del art. 332 A o B, según el caso. A dicho efecto debe valorarse una serie de elementos objetivos (tales como la hora, ubicación del sujeto (s), del arma y de la oficina encargada del respectivo registro, clase de arma, entre otros), a fin de analizar si existió una intención dirigida al registro o entrega del arma. De no existir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la existencia del delito correspondiente... pues el precepto en mención no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal. En la presente causa, por tanto, el acusado no evidenció con sus acciones que se disponía a registrar el arma ni en ese momento, ni que lo haría posteriormente; pues se le encontró en posesión de la misma en el momento que se le dio captura; hecho que sucedió en agosto de 2017, cuando el mencionado decreto 184-2013 y que dicha vigencia fue extendida mediante el decreto 52-2017 hasta el 31 de diciembre del 2018, por lo que estaba vigente y el acusado en ningún momento previo a los hechos acudió a registrar el arma y tampoco dio razón de cuándo la obtuvo, pues no portaba documentos de propiedad de las mismas. Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que sólo por el hecho de estar vigente el Decreto 184-2013 y que dicha vigencia fue extendida mediante el decreto 52-2017 hasta el 31 de diciembre del 2018, por lo que el acusado se encuentra amparado por estos decretos, de conformidad y en aplicación de la ley intermedia, misma que nos establece el referido periodo de VEDA que dejo en suspenso la tipicidad del delito de PORTACIONILEGAL DE ARMA COMERCIAL contenido en el artículo 332-B del Código Penal. En relación a lo señalado por el sentenciador en cuanto a la aplicación de una Ley Intermedia, lo cual es totalmente improcedente, cabe señalar, en primer lugar en el caso en comento no se presenta la existencia de ninguna Ley intermedia pues el acusado cometió el ilícito en el momento mismo en que el decreto 184-2013 y los que respectivamente le fueron prorrogando, siendo el ultimo 52-2017 vigente a partir de su publicación cuatro de agosto del 2017, se encontraba en vigencia.-Aunque no es procedente la aplicación de la figura de "ley intermedia" utilizada por el Juzgador, nos referiremos brevemente a este aspecto, pues la apreciación del sentenciador, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1: "Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito" y Artículo 2: "No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley". Consideramos que lo señalado por el Juzgador es solamente una posibilidad de falencia del sistema de justicia penal, que a efectos legales resulta imposible conceptualizar consecuencias que retrotraigan la vigencia del artículo 332-B; en segundo lugar, no debe interpretarse, que la vigencia del Decreto 184-2013 y los que respectivamente le fueron prorrogando, implica un permiso para que las personas puedan poseer armas sin registrar y sin tener como consecuencia ninguna responsabilidad penal por ello. En síntesis el Tribunal ha incurrido en violación de la regla lógica de la derivación integrado por el Principio de Razón Suficiente, en sus características de suficiencia, pues no ha concedido plena credibilidad y virtualidad a la declaración brindada por el Testigo Protegido JPTP-24-2017 y el agente de investigación, a pesar de estar concatenada por la prueba documental, los cuales no dan margen para dudar que, dichos testimonios se visualicen motivos para sospechar intención alguna de querer faltar a la verdad, o resentimiento que resten veracidad a dichas declaraciones; siendo evidente que el juzgador con el fallo ahora censurado incumplió lo expresado por la Honorable Sala de lo Penal, quien ha establecido lo siguiente: "En este sentido, la verificación de la existencia de prueba de cargo suficiente, requiere una triple comprobación. En primer lugar, que el tribunal de instancia haya apoyado su relato fáctico, en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea", Por lo que el Tribunal no ha logrado vincular en forma conjunta y armoniosa la totalidad de las pruebas incorporadas al juicio y conducir a la inexorable conclusión de que los acusados DAVID ENRIQUE HERNANDEZ Y EDWIN EDGARDO CASTRO SANCHEZ, sí perpetraron los hechos delictivos por los cuales fueron enjuiciados, quienes debieron ser condenados por los delitos de ASESINATO y ASOCIACION ILICITA y en el caso de EDWIN EDGARDO CASTRO SÁNCHEZ también por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL, en perjuicio de CRISTIAN NOE GOMEZ DIAZ, OSMAN HERNANDZ ESPINAL Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, respectivamente. En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo expuesto, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley.... Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo .Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 338 numeral 2 regla cuarta del Código Procesal Penal. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Se declare procedente el presente motivo. Reprocha la recurrente, que los juzgadores han concluido equivocadamente sobre la existencia de insuficiencia de prueba para demostrar la responsabilidad de los acusados, resultando en una clara violación a las regla de la sana crítica específicamente a la lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, en su característica de suficiencia; luego, sustrajo abstractos del resultado de la evacuación de toda la prueba, para cuestionar que el sentenciador, no orientó sus razonamientos a una valoración conjunta con el resto de la prueba, pues al restarles credibilidad, se reposó en apreciaciones subjetivas y aspectos intrascendentes y describió el recurrente las estimaciones del Juzgador; es por ello, que para la recurrente el Tribunal de primera instancia, ha apreciado dicha probanza de manera arbitraria y no en respeto al sistema lógico de valoración, lo que lo lleva a pronunciar erróneamente un fallo de absolución. Que el testigo protegido JPTP-24-2017 fue contundente al identificar plenamente a los acusados, David Enrique Hernández alias frosti y Edwin Edgardo Castro Sánchez alias prac, por ser las personas que llegaron a la barbería y dispararon en varias ocasiones contra Cristian Noel Gómez Díaz y Osman Hernández Espinal, es decir, que los identifica no solo por haber cometido el hecho de muerte, sino que también los identifica por conocerlos desde hace aproximadamente cuatro años atrás, de igual forma conoce las actividades ilícitas a las que se dedican por formar parte de la estructura criminal MS-13 "matar y tirar embolsados en la treinta y tres calle, de la colonia Miguel Ángel Pavón", además hace una descripción física de los acusados refiriendo señales particulares de cada uno de los acusados, por lo que no hay lugar a duda sobre la identificación de los acusados. Cuestiona además que al acusado Edwin Edgardo Castro Sánchez al momento de su detención se le encontró en posesión de un arma de fuego, lo cual se acredita con el Acta de Registro Personal y Decomiso y no tenía el permiso de portación de dicha arma, contrario a ello, se encontraba registrada a favor de una tercera persona, demostrándose que el acusado se encontraba en posesión ilegal de un arma de fuego de uso comercial, sin embargo, el Tribunal Concluyó "por lo que el acusado se encuentra amparado por estos decretos de conformidad y en aplicación a la ley intermedia misma que nos establece el referido periodo de VEDA” conclusión errónea para la recurrente, pues el acusado no mostraba la intención de registro, pues dichos decreto no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El único motivo es de recibo. La recurrente denuncia infringida la regla de la lógica, en su modalidad de la derivación, integrado por el Principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, en virtud que las conclusiones alcanzadas por el juzgador en la valoración probatoria resultan ajenas a lo vertido por las propias pruebas aportadas a juicio. En el presente caso, la censora centra su reproche recursivo en la valoración de los siguientes medios de prueba: Declaración Testifical a) Testigos Protegidos con clave JPTP-24-2017, b) Oscar Esaú López Umanzor (agente de investigación). Pericial a) Dictamen de autopsia A-SPS-2150-16 en relación del cadáver de Cristian Noel Gómez Díaz, practicada por el Dr. Víctor Manuel Hernández; y, Dictamen de autopsia A-SPS-2151-16 en relación del cadáver de Osmán Hernández Espinal, practicada por el Dr. Víctor Manuel Hernández, ratificada en juicio por el Doctor Enrique Ernesto López Fiallos; b) Dictamen de Matriz de Asociación elaborado y ratificado por el agente de investigación Joselyn Elizabeth Cárcamo Espinal. c) Dictamen Balístico número 2019-0501-0502-6818 realizado por Melvin Geovany Romero Hernández. Finalmente, Documental consistente en a. Acta de Levantamiento de cadáver con su respectivo álbum Fotográfico practicado por la agente de investigación Conce Pérez; b. Acta de Registro Personal y decomiso practicado al acusado Edwin Edgardo Castro Sánchez; y c. Constancia extendida por el Registro Nacional de Armas. Esta Sala de lo Penal, considera que el juzgador erróneamente no logra vincular a los acusados David Enrique Hernández y Edwin Edgardo Castro Sánchez, con dos delitos de Asesinato, Asociación Ilícita y por último Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial; por razón, que el testigo protegido comunicó a las autoridades policiales hasta el año 2017 que había presenciado la muerte de los ofendidos, cuando esos hechos suscitaron en el 2016, además por señalar que dos de los cuatro participantes en el hecho violento, anduvieran pasamontañas y los otros dos que son los hoy acusados deambularan con su rostro descubierto; que el testigo protegido describió haber escuchado 06 detonaciones de arma de fuego, cuando la autopsia revela que los cuerpos de los ofendidos tenían en total 11 heridas por arma de fuego y que de todo el andamiaje probatorio, solo la declaración del testigo protegido es la única tendiente a acreditar la participación de los acusados; aunando, que debió haber corroboración de otros elementos de incriminación y que el presente caso para los juzgadores no existió; aun y cuando el testigo protegido fue contundente en manifestar que el día 12 de octubre del 2016, aproximadamente 1:50 de la tarde, observó cuando un vehículo tipo Pick up, marca Amarok se estacionó frente a la vivienda donde residía Cristian Gómez, lugar identificado como "sector MS", del vehículo se bajaron cuatro personas, identificando a dos de ellas, a David alias “frosti” y Edgardo alias “pra", quienes ingresaron a la vivienda de Cristian, preguntando "quien es el barbero", en el interior de dicha vivienda se encontraban los señores Cristian Noe Gomez Diaz (Barbero) y Osman Hernández Espinal (cliente de la barbería), a quienes les ordenaron que se pusieran boca abajo, David y Edgardo portaban armas de fuego, las que dispararon en varias ocasiones contra los ofendidos,, luego del hecho los acusados salieron huyendo del lugar. El testigo protegido describió físicamente y con señas particulares a los acusados e identificándolos en la sala de juicio oral y público como los autores de la muerte de los ofendidos, quienes también se dedicaban a matar y tirar embolsados en la treinta y tres calle, de la colonia Miguel Ángel Pavón; Por su parte el Agente de Investigación Oscar Esaú López Umanzor verificó el testimonio del testigo protegido antes mencionado, constató y confirmó que, tal como mencionó el testigo protegido, los hechos se ejecutaron en el lugar, fecha y hora señalados por él, las heridas fueron ocasionadas por arma de fuego y los ofendidos perdieron la vida por múltiples disparos por arma de fuego, corroboró la zona donde operan los acusados como miembros de la estructura delictiva ms-13, verificó antecedentes de los acusados, información de la FNA y la DIPOL donde se encontraban identificados como miembros de dicha estructura criminal, tal y como lo manifestó el testigo protegido, quien también pudo identificar perfectamente a ambos partícipes, ahora acusados; por otra parte el Dictamen de Autopsia A-SPS-2150-16, elaborada por el Dr. Víctor Manuel Hernández practicado al cuerpo de Cristian Noel Gómez Díaz, señala como conclusión que "el cuerpo de la víctima presentaba cinco heridas por proyectil de arma de fuego, Manera de Muerte de Homicida desde el punto de vista médico legal, trayecto de atrás hacia adelante"; al igual que con el Dictamen de Autopsia A-SPS-2151-16, elaborada por el mismo Dr. Víctor Manuel Hernández practicado al cuerpo de Osman Hernández Espinal, señala como conclusión: "Cuatro heridas por proyectil de arma de fuego, Manera de Muerte de Homicida desde el punto de vista médico legal, trayecto de atrás hacia adelante"; El Acta de Levantamiento de Cadáver de los señores Cristian Noe Gomez Diaz y Osman Hernández Espinal y su respectivo Álbum Fotográfico, practicada por el agente de investigación Conce Pérez, la estableció: "... constatamos que se trata de dos personas sin vida de sexo masculino en posición de cubito ventral...", se describe la recolección de diez indicios (casquillos),. Del Dictamen de Matriz de Asociación Criminal elaborado y ratificado por el agente de Investigación Joselyn Elizabeth Cárcamo Espinal, señala el lugar de residencia de los acusados es zona donde opera MS-13, información obtenida por fuente humana y visitas a la zona, los acusados se encuentran registrados en las base de datos de los Cuerpos de seguridad Nacional como miembros de la MS-13, el Rango de los acusados dentro de la estructura criminal como gatillero denominados como HOMBOY; de los cuales se deriva constancias extendidas por el Instituto Nacional Penitenciario que señala que el acusado Edwin se encuentra recluido en módulos exclusivos de la MS-13, así como actas de registro y decomiso, practicada a Edwin el día de su captura, se le encontró en posesión de arma de fuego, según se describe del Acta de Registro Personal y Decomiso se le encontró en posesión de un arma de fuego, tipo pistola, marca GLOCK, modelo 17, serie KFW913, con capacidad para 17 cartuchos, (16) cartuchos sin percutir de color amarillo y un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy S5 color blanco, con su respectiva batería, ship y memoria, sin el permiso de portación de arma, pues dicha arma se encontraba registrada a favor del señor Elvin David Acosta Estrada, extremo que se desprende de las Constancia extendida por el Registro Nacional de Armas, así como del Dictamen Balístico 2019-0501-0502-6818, elaborado por el perito Melvin Geovany Romero Hernández, sobre el análisis practicado a los indicios consistentes en un arma de fuego, tipo pistola, marca GLOCK, modelo 17 calibre 9x19, número de serie KFW913, que presentaba buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. En el caso actual, al remitirnos a la fundamentación probatoria de la sentencia, se identifica tal y como lo denuncia la recurrente, la infracción a la regla lógica de derivación en el principio de razón suficiente, en lo que respecta a la valoración intelectiva de las declaraciones testificales. Este ejercicio lógico de identificar las premisas probatorias, las premisas valorativas y posterior conclusión de construcción de hechos probados, permite identificar la violación a la regla de la lógica de derivación, pues las premisas no se corresponden con la posterior conclusión por falta de concordancia derivacional; pues, como resultado de la evacuación de la prueba de cargo cuestionada, puede ser corroborado al contrastarlo con el andamiaje probatorio. La Sala de lo Penal, ha advertido en varias sentencias, que las imprecisiones en declaraciones no significan que sean falsas o que los hechos relatados carezcan de veracidad, el sentenciador debe al momento de valorar los testimonio “la percepción de los hechos”, desde su propia experiencia y percepción de la realidad, no pudiendo exigir el mismo nivel de precisión en todos los testigos; por lo que la conclusión del sentenciador de desacreditar la declaración del testigo protegido, por razón de necesitar contar con otros elementos probatorios confiables que corroboren los dichos no es suficiente, menos por haber prestado su declaración tiempo después de haber suscitado el hecho violento o porque dos de los cuatro participantes en el hecho no andaban cubiertos sus rostros, resulta una argumentación intelectiva débil para su descredito. Además, es jueces casacionales en sinnúmero de sentencia ha referido, que para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial durante un período de vigencia, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-B del Código Penal 144-83, sino que también deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona en posesión o que almacena un arma de fuego comercial, sin autorización, durante el tiempo de la veda debe mostrar la intencionalidad de ir a registrarla, pues el permiso o veda es para registrar el arma y no para su simple posesión o almacenamiento, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir este tipo de decretos, aunando otro aspecto, que para su aplicación al momento de los hallazgos debe estar en vigencia los decretos relativos a la amnistía o popularmente llamada “veda”. En definitiva, por lo anteriormente expuesto, la Sala de lo Penal concluye que el tribunal de sentencia ha realizado una valoración probatoria que ciertamente transgrede la regla lógica de derivación, debido a que toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. Razón por la cual, resulta necesario anular el fallo proferido, el debate que lo pronunció y ordenar la repetición del juicio con jueces distintos a los que participaron en el anulado. DECISIÓN • Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Jackeline Reyes, actuando en su condición de agente fiscal de Ministerio Público. Segundo: En consecuencia Casa la sentencia de fecha cinco de abril del año dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que contiene el pronunciamiento absolutorio en favor de los señores David Enrique Hernández y Edwin Edgardo Castro Sánchez, a quienes se les siguió proceso como coautores de dos delitos de Asesinato en perjuicio de Cristian Noel Gómez Díaz y Osman Hernández Espinal; asimismo por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; además, en el caso particular de Edwin Edgardo Castro Sánchez, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; decretando su nulidad y de la audiencia de debate que le origina. Y MANDA: I: Observando estrictamente los términos señalados en el Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, proceda a celebrar un nuevo juicio para resolver la acusación penal incoada por el Ministerio Público en contra de los acusados David Enrique Hernández y Edwin Edgardo Castro Sánchez, por dos delitos de Asesinato en perjuicio de Cristian Noel Gómez Díaz y Osman Hernández Espinal; asimismo por el delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; además, en el caso particular de Edwin Edgardo Castro Sánchez, por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, en el cual deberán participar jueces distintos a aquellos que concurrieron a la audiencia de juicio que tuvo como resultado la sentencia de fecha cinco de abril del año dos mil veintiuno,. II: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese.Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Lety Emelda Posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil veintiseis, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-158-2022.

LETY EMELDA POSADAS

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL