Sentencia CP-156-20 — Registro 19084
Resumen
En primer instancia se condena al imputado como autor del delito de Estafa Continuada (libramiento de cheques sin la suficiente provisión), se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa, procede la aplicación retroactiva de la ley penal ya que las penas del Nuevo Código Penal 130-2017, son menos gravosas que las previstas en el Código Penal 144-83
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación por falta de razón suficiente como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. Establece el recurrente en su desarrollo casacional, que el fallo que hoy se recurre se han inobservado las reglas de la sana crítica, no observó la regla lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, en la apreciación de valoración a las conclusiones que lo llevaron a condenar, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la sentencia son inatacables en casación. Si bien en su desarrollo casacional el recurrente establece alegatos de instancia haciendo sus propias valoraciones en cuanto a los medios de prueba, de igual manera el recurrente no desarrolla o en que consiste la violación de las reglas de la sana crítica, no solo basta mencionarla sino explicar como se inobservo las reglas de la lógica, el impetrante debió concretar su censura al medio de prueba especifico y la valoración que hace el tribunal sentenciador en base a esa prueba y en la que inobservo las reglas de la sana crítica. De acuerdo al control de convencionalidad, y para dar respuesta al motivo presentado por el censor, resulta indispensable traer a análisis los juicios de valor que externó el Sentenciador respecto a la prueba evacuada en juicio oral y público. Se presentaron como prueba documental, tres (3) cheques de BAC Honduras, valorándolos el Tribunal Sentenciador: “Estos tres documentos para este Juzgador son creíbles y confiables y no encuentro razón alguna para dudar de los mismos; ha sido a través de estos tres documentos que se ha acreditado en juicio que el señor José Encarnación Melgar Vásquez fue la persona que en fechas veinte, veintidós y veinticinco de junio de dos mil dieciocho, libró tres cheques a nombre del señor Jorge Humberto Pinto Portillo , uno por la cantidad de cuatros cientos mil lempiras (L.4000,000.00), otro por la cantidad de un millón quinientos mil Lempiras (L..1,500,000.00) y un último cheque por la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos Lempiras (L..475,600.00), que hacían un total De dos millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos Lempiras (L.2,375,600.00), cheques que al ser cobrados en la institución bancaria correspondiente no tenían fondos suficientes”. De igual manera se evacuo la declaración testifical del señor Jorge Humberto Pinto Portillo, quién en su deposición y al ser interrogado por las partes, manifestó: “Que en el año dos mil dieciocho fue visitado por el Ingeniero José Encarnación Melgar Vásquez a su casa de habitación para proponerle un negocio; dijo, que el negocio que le propuso fue que si él financiaba los costos y pagos de garantía para poder repatriar recurso provenientes de fondos soberanos de Brasil para la construcción y operación de tres proyectos hidros donde alcanzaba básicamente repatriar cien millones de dólares ($ 100,000,000.00) y le presentó la documentación y como tenía una empresa de nombre Mainsa por allí iba a canalizar los recursos que iba a repatriar y que automáticamente adquiriría el pago de intereses y el cuarenta por ciento (40%) de las acciones de l empresa ya en operaciones y que iba a percibir aproximadamente cuarenta millones de dólares ($40,000.00) con una aportación mínima que hiciera para que pudiera movilizarse y poner en desarrollo el proceso a fin de repatriar los recursos y poder construir y operar tres proyectos hidros en ese momento que equivalían de veintinueve a treinta megas de energía en el país; señalo, que según negociaciones le realizó depósitos ya programados de seiscientos mil Lempiras, cuatrocientos mil Lempiras, doscientos mil Lempiras, cien mil Lempiras y cincuenta mil Lempiras de los cuales tenía los comprobantes y que dicha inversión se la iba a retornar en seis meses; relató, que cuando ya habían pasado el plazo se preocupó y como no le contesto por un mes se presentó a la casa del señor José Encarnación Melgar Vásquez y le exigió lo negociado por lo que este libro tres cheques para que los fuera a cobrar y que al presentarse al banco estos no tenían fondos”. Declaración testifical en la que el Tribunal Juzgador estableció: “Lo dicho por este testigo para este Juzgador es creíble pues sus dichos son coherentes con los cheques ya valorados y declarados creíbles; se ha acreditado con esta declaración que efectivamente el señor José Encarnación Melgar Vásquez fue la persona que libros los tres cheques con las cantidades ya referidas, los cuales al ser cobrados no tenían fondos suficientes”. Se presentó como prueba documental la Constancia de BAC-HONDURAS, de fecha 17 de mayo de 2019, estableciendo que la cuenta bancaria 730341951 perteneciente a Melgar Ardón Inversiones S.A. de C.V, la persona que tiene firma autorizada es el señor José Encarnación Melgar Vásquez, adjuntando en la constancia estado de cuentas y movimientos financieros entre los meses de mayo y julio del año 2018. Valorándolos el Juzgador: “Este documento resulta creíble y confiable para este juzgador pues refuerza la certeza positiva otorgada a los medios de prueba con los cuales di por probado el hecho único de esta sentencia, pues ha quedado acreditado con este documento, que efectivamente fue el señor José Encarnación Melgar Vásquez la persona que libro los cheques objeto del presente proceso, pues de acuerdo con la constancia aquí valorada, el señor Melgar Vásquez es la única persona que tiene la firma autorizada en dicha cuenta bancaria; así mismo se probó que en fecha dos de julio del año dos mil dieciocho se rechazaron los cheque número 108 y 111emitidos en dicha cuenta bancaria por insuficiencia de fondos lo que refuerza aún más la certeza positiva otorgado a los medios de prueba que sirvieron de sustento para tener por probado el hecho único de esta sentencia”. También se presentaron como prueba documental ocho comprobantes de depósito, cuyo cuentahabiente es el señor José Encarnación Melgar Vásquez, siendo depositante el señor Jorge Humberto Pinto Portillo, describiéndose dichas transacciones con valores los siguientes: 1) L.50,000.00; 2) L.100,000.00; 3) L.100,000.00; 4) L.200,000.00; 5) L.400,000.00; 6) L.400,000.00; 7) L.236,533.00; 8) L.600,000.00. Estableciéndose en su valoración por el Sentenciador: “Estos documentos son creíbles y con los mismos se acreditó que el señor Jorge Humberto Pinto Portillo entre el mes de noviembre de dos ml diecisiete al mes de abril del dos mil dieciocho, realizó varios depósitos de dinero (lo ya detallados) a favor del señor José Encarnación Melgar Vásquez, medios de prueba que resultan complementarios con la declaración rendida por el señor Jorge Humberto Pinto Portillo, declaración ya valorada y declarada creíble por el juzgador “. Esta Sala de Casación, luego de analizar los razonamientos del Juzgador para valorar las pruebas allegadas al juicio no encuentra quebranto a las reglas de la sana crítica, especialmente la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, todo lo contrario, la aplicación correcta de estas reglas ha hecho que el A-quo efectúe razonamientos lógicos y derivados del resultado probatorio, estableciendo con la declaración testifical del señor Jorge Humberto Pinto Portillo que llego a su casa de habitación el señor José Encarnación Melgar Vásquez, proponiéndole un negocio, en el cual consistía que si él financiaba los costos y pagos de garantía para repatriar recurso de fondos soberanos de Brasil para la construcción y operación de 3 proyectos hidros y que automáticamente adquiriría el pago de intereses y el cuarenta por ciento (40%) de las acciones de la empresa, las cuales iba a percibir aproximadamente cuarenta millones de dólares ($40,000,000.00), estableciendo que dicha inversión se la iba a retornar en seis meses, haciéndole el señor Jorge Humberto Pinto Portillo ocho (8) depósitos de diferentes cantidades y en la que una vez cumplido el plazo se preocupo y como no le contesto por un mes le fue a cobrar lo negociado, por lo que el señor Jose Encarnación libros tres (3) cheques para que los fuera a cobrar y que al presentarlos al banco estos no tenían fondo. Por lo que las conclusiones a las que arribaron los Sentenciadores fueron correctas y se desprenden precisamente del resultado probatorio en su totalidad; concatenando las pruebas entre sí y externando juicios de valor coherentes que le llevaron a externar conclusiones lógicas y correctas, por tanto, resulta procedente desestimar el presente motivo de casación.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al Código Penal decreto144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal decreto130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado José Encarnación Melgar Vásquez, como autor del delito de Estafa Continuada (Artículos 240, 241 numeral 3 y 37 del Código Penal), en perjuicio de Jorge Humberto Pinto Portillo, imponiendo la pena de Diez (10) años de reclusión, y multa de doscientos treinta y siete mil quinientos sesenta lempiras (L.237, 560.00) como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta e interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017 el delito de Estafa se encuentra regulado en el artículo 365, el cual tiene una pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años, si el valor de lo defraudado, excede de cinco mil Lempiras (L.5,000.00), pena que deberá de aumentarse 1/3 por tener un agravantes especifica del artículo 366 numeral 3) del Código Penal, cuando los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada, de acuerdo a los hechos probados la cantidad defraudada sumado los tres cheques asciende a la cantidad de dos millones trescientos setenta y cinco seiscientos Lempiras (L.237,560.00), quedando la pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatros (4) meses de prisión. y por ser delito continuado, conforme al artículo 68 del código Penal deberá aumentarse 1/3, quedando un margen abstracto de la pena de cinco (5) años 4 meses de prisión a siete (7) años un (1) mes y un (1) día de prisión, pena que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior. En este sentido, y para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP al no tener circunstancias agravantes ni atenuantes. y de acuerdo a las circunstancias personales del imputado, es procedente dictar la pena concreta de seis (6) años dos (2) meses y dieciséis (16) días de prisión para el señor José Encarnación Melgar Vásquez. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular las normas del Nuevo Código Penal 130-2017, son menos gravosas que las previstas en el Código Penal 144-83. Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código Penal 130-2017.
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 , 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-156-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro del mes de marzo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Danilo Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-156-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de diciembre dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenar a José Encarnación Melgar Vásquez como autor del delito de Estafa Continuada (libramiento de cheques sin la suficiente provisión), en perjuicio del señor Jorge Humberto Pinto Portillo, a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSION, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán debiéndose abonársele el tiempo que ha permanecido privado de su libertad por esta causa, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el régimen penitenciario. También se le condena al pago de una MULTA de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS (L.237,560.00), cantidad que deberá enterar en la Tesorería General de la República. Segundo: Condenar al señor JOSE ENCARNACIÓN MELGAR VÁSQUEZ a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. Tercero: Declarar al señor JOSE ENCARNACIÓN MELGAR VÁSQUEZ, responsable civilmente del delito por el cual hoy se le condena. Cuarto: No procede condenar en costas al señor JOSE ENCARNACIÓN MELGAR VÁSQUEZ. Quinto: No procede el comiso. SON PARTES: El Abogado Martín Turcios, en su condición de defensor Privado del señor José Encarnación Melgar Vásquez, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente, probados los hechos siguientes: ÚNICO: En fechas veinte, veintidós y veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, el señor JOSÉ ENCARNACIÓN MELGAR VÁSQUEZ en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, libró tres cheques por las cantidades de cuatrocientos mil lempiras, un millón quinientos mil lempiras y, cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos lempiras a favor del señor JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO, los cuales al ser presentados por el señor PINTO PORTILLO a la institución bancaria en fecha dos de julio del dos mil dieciocho, no fueron pagados por insuficiencia de fondos. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Martín Torres, defensor Privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 3del código procesal penal; literalmente explica que cuando la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica...; EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: En el FALLO que hoy se recurre se han inobservado las reglas de la sana critica en la apreciación de valoración y a las conclusiones que los llevaron a condenar, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, está en cambio, sujeto a control, el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento. Es a través de este recurso que el Tribunal de casación deberá realizar un examen de la aplicación del sistema probatorio establecido por la ley, con el fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana critica en la fundamentación de la sentencia, verificando si se han observado las reglas de fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. "VIOLACION A LEY DE LA LOGICA: PRINCIPIO DE DERIVACION. El principio de derivación consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, no debiendo violarse en el razonamiento ninguna de las reglas de la sana critica específicamente la lógica. Según lo que entiende FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal) como derivación, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando." Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente a un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. En la sentencia que hoy se impugna se aprecia el vicio descrito, en la valoración que hace de la prueba ya que el Tribunal declara como hecho probado la declaración únicamente del querellante el señor JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO, tomando como concordancia una unificación de pruebas que si bien es cierto no podemos obviar los documentos presentados en juicio de querella, pero la valoración de dicha declaración donde él es el directamente afectado (querellante), dicha declaración carece de veracidad o realidad de cómo sucedieron los hechos fehacientemente puesto que el mismo afectado pudo haberlos narrado a su propia conveniencia y modificada la realidad del trato que se suscitara entre ambas partes de manera verbal, valorando así de manera anti jurídica y no concordando la sana critica para escuchar las ambas partes del contrato en el que ambos llegaron al momento de realizarlo, pues al final de la declaración de mi representado explica claramente que los cheques emitidos los presento en blanco como en acto de buena fe, puesto que el contrato que dio inicio a esta relación laboral entre el señor PINTO PORTILLO y mi Poderdante se tardó más del tiempo que ellos mismo pactaron, pues como bien explica en la sentencia de la cual se está presentando la casación, dicha relación inicio como un trato en el que ambos saldrían beneficiados económicamente, puesto que mi poderdante tiene los contactos para realizar una empresa Hidroeléctrica dentro del país con fondos provenientes de un país extranjero y del cual existiría una inversión por parte de ambos y que esa inversión se recuperaría en un tiempo, tiempo el cual no fue pactado, puesto que era conocimiento de ambos que el proyecto del cual se estaban comprometiendo era un proyecto de mucha cantidad de dinero y por lo tanto no sería un corto tiempo más al contrario estaríamos hablando de un tiempo bastante largo que ambos esperarían para realizar dichas transacciones comerciales con los fondos del extranjero, como se explicaba anteriormente la paciencia del señor PINTO PORTILLO y ante tal insistencia mi poderdante libro los cheque en mención sin fecha de cobro para que cuando los fondos estuvieran librados de dichas transacciones comerciales el querellante pudiera realizar los cobros respectivos y de esta manera recuperar su inversión y empezar a laborar con las inversiones del dinero del extranjero de la empresa a la que ambos se habían suscrito; al pasar un tiempo el señor PINTO decidió cobrar los cheques que le fueron entregados por mi representado con fechas que el mismo decidió (querellado) aun a sabiendas del mismo que dicha cuenta no contaba con los fondos suficientes para que se le pudieran devolver su inversión final. De esta manera, se puede apreciar que en la sentencia que hoy se impugna no se observó la regla de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, por lo cual, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las palabras y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Sin determinar por el recurrente. • Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente. • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Establece el recurrente que el fallo que hoy se recurre se han inobservado las reglas de la sana crítica, no observó la regla lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, en la apreciación de valoración a las conclusiones que lo llevaron a condenar, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la sentencia son inatacables en casación. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación por falta de razón suficiente como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. Establece el recurrente en su desarrollo casacional, que el fallo que hoy se recurre se han inobservado las reglas de la sana crítica, no observó la regla lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, en la apreciación de valoración a las conclusiones que lo llevaron a condenar, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la sentencia son inatacables en casación. Si bien en su desarrollo casacional el recurrente establece alegatos de instancia haciendo sus propias valoraciones en cuanto a los medios de prueba, de igual manera el recurrente no desarrolla o en que consiste la violación de las reglas de la sana crítica, no solo basta mencionarla sino explicar como se inobservo las reglas de la lógica, el impetrante debió concretar su censura al medio de prueba especifico y la valoración que hace el tribunal sentenciador en base a esa prueba y en la que inobservo las reglas de la sana crítica. De acuerdo al control de convencionalidad, y para dar respuesta al motivo presentado por el censor, resulta indispensable traer a análisis los juicios de valor que externó el Sentenciador respecto a la prueba evacuada en juicio oral y público. Se presentaron como prueba documental, tres (3) cheques de BAC Honduras, valorándolos el Tribunal Sentenciador: “Estos tres documentos para este Juzgador son creíbles y confiables y no encuentro razón alguna para dudar de los mismos; ha sido a través de estos tres documentos que se ha acreditado en juicio que el señor José Encarnación Melgar Vásquez fue la persona que en fechas veinte, veintidós y veinticinco de junio de dos mil dieciocho, libró tres cheques a nombre del señor Jorge Humberto Pinto Portillo , uno por la cantidad de cuatros cientos mil lempiras (L.4000,000.00), otro por la cantidad de un millón quinientos mil Lempiras (L..1,500,000.00) y un último cheque por la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos Lempiras (L..475,600.00), que hacían un total De dos millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos Lempiras (L.2,375,600.00), cheques que al ser cobrados en la institución bancaria correspondiente no tenían fondos suficientes”. De igual manera se evacuo la declaración testifical del señor Jorge Humberto Pinto Portillo, quién en su deposición y al ser interrogado por las partes, manifestó: “Que en el año dos mil dieciocho fue visitado por el Ingeniero José Encarnación Melgar Vásquez a su casa de habitación para proponerle un negocio; dijo, que el negocio que le propuso fue que si él financiaba los costos y pagos de garantía para poder repatriar recurso provenientes de fondos soberanos de Brasil para la construcción y operación de tres proyectos hidros donde alcanzaba básicamente repatriar cien millones de dólares ($ 100,000,000.00) y le presentó la documentación y como tenía una empresa de nombre Mainsa por allí iba a canalizar los recursos que iba a repatriar y que automáticamente adquiriría el pago de intereses y el cuarenta por ciento (40%) de las acciones de l empresa ya en operaciones y que iba a percibir aproximadamente cuarenta millones de dólares ($40,000.00) con una aportación mínima que hiciera para que pudiera movilizarse y poner en desarrollo el proceso a fin de repatriar los recursos y poder construir y operar tres proyectos hidros en ese momento que equivalían de veintinueve a treinta megas de energía en el país; señalo, que según negociaciones le realizó depósitos ya programados de seiscientos mil Lempiras, cuatrocientos mil Lempiras, doscientos mil Lempiras, cien mil Lempiras y cincuenta mil Lempiras de los cuales tenía los comprobantes y que dicha inversión se la iba a retornar en seis meses; relató, que cuando ya habían pasado el plazo se preocupó y como no le contesto por un mes se presentó a la casa del señor José Encarnación Melgar Vásquez y le exigió lo negociado por lo que este libro tres cheques para que los fuera a cobrar y que al presentarse al banco estos no tenían fondos”. Declaración testifical en la que el Tribunal Juzgador estableció: “Lo dicho por este testigo para este Juzgador es creíble pues sus dichos son coherentes con los cheques ya valorados y declarados creíbles; se ha acreditado con esta declaración que efectivamente el señor José Encarnación Melgar Vásquez fue la persona que libros los tres cheques con las cantidades ya referidas, los cuales al ser cobrados no tenían fondos suficientes”. Se presentó como prueba documental la Constancia de BAC-HONDURAS, de fecha 17 de mayo de 2019, estableciendo que la cuenta bancaria 730341951 perteneciente a Melgar Ardón Inversiones S.A. de C.V, la persona que tiene firma autorizada es el señor José Encarnación Melgar Vásquez, adjuntando en la constancia estado de cuentas y movimientos financieros entre los meses de mayo y julio del año 2018. Valorándolos el Juzgador: “Este documento resulta creíble y confiable para este juzgador pues refuerza la certeza positiva otorgada a los medios de prueba con los cuales di por probado el hecho único de esta sentencia, pues ha quedado acreditado con este documento, que efectivamente fue el señor José Encarnación Melgar Vásquez la persona que libro los cheques objeto del presente proceso, pues de acuerdo con la constancia aquí valorada, el señor Melgar Vásquez es la única persona que tiene la firma autorizada en dicha cuenta bancaria; así mismo se probó que en fecha dos de julio del año dos mil dieciocho se rechazaron los cheque número 108 y 111emitidos en dicha cuenta bancaria por insuficiencia de fondos lo que refuerza aún más la certeza positiva otorgado a los medios de prueba que sirvieron de sustento para tener por probado el hecho único de esta sentencia”. También se presentaron como prueba documental ocho comprobantes de depósito, cuyo cuentahabiente es el señor José Encarnación Melgar Vásquez, siendo depositante el señor Jorge Humberto Pinto Portillo, describiéndose dichas transacciones con valores los siguientes: 1) L.50,000.00; 2) L.100,000.00; 3) L.100,000.00; 4) L.200,000.00; 5) L.400,000.00; 6) L.400,000.00; 7) L.236,533.00; 8) L.600,000.00. Estableciéndose en su valoración por el Sentenciador: “Estos documentos son creíbles y con los mismos se acreditó que el señor Jorge Humberto Pinto Portillo entre el mes de noviembre de dos ml diecisiete al mes de abril del dos mil dieciocho, realizó varios depósitos de dinero (lo ya detallados) a favor del señor José Encarnación Melgar Vásquez, medios de prueba que resultan complementarios con la declaración rendida por el señor Jorge Humberto Pinto Portillo, declaración ya valorada y declarada creíble por el juzgador “. Esta Sala de Casación, luego de analizar los razonamientos del Juzgador para valorar las pruebas allegadas al juicio no encuentra quebranto a las reglas de la sana crítica, especialmente la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, todo lo contrario, la aplicación correcta de estas reglas ha hecho que el A-quo efectúe razonamientos lógicos y derivados del resultado probatorio, estableciendo con la declaración testifical del señor Jorge Humberto Pinto Portillo que llego a su casa de habitación el señor José Encarnación Melgar Vásquez, proponiéndole un negocio, en el cual consistía que si él financiaba los costos y pagos de garantía para repatriar recurso de fondos soberanos de Brasil para la construcción y operación de 3 proyectos hidros y que automáticamente adquiriría el pago de intereses y el cuarenta por ciento (40%) de las acciones de la empresa, las cuales iba a percibir aproximadamente cuarenta millones de dólares ($40,000,000.00), estableciendo que dicha inversión se la iba a retornar en seis meses, haciéndole el señor Jorge Humberto Pinto Portillo ocho (8) depósitos de diferentes cantidades y en la que una vez cumplido el plazo se preocupo y como no le contesto por un mes le fue a cobrar lo negociado, por lo que el señor Jose Encarnación libros tres (3) cheques para que los fuera a cobrar y que al presentarlos al banco estos no tenían fondo. Por lo que las conclusiones a las que arribaron los Sentenciadores fueron correctas y se desprenden precisamente del resultado probatorio en su totalidad; concatenando las pruebas entre sí y externando juicios de valor coherentes que le llevaron a externar conclusiones lógicas y correctas, por tanto, resulta procedente desestimar el presente motivo de casación. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al Código Penal decreto144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal decreto130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado José Encarnación Melgar Vásquez, como autor del delito de Estafa Continuada (Artículos 240, 241 numeral 3 y 37 del Código Penal), en perjuicio de Jorge Humberto Pinto Portillo, imponiendo la pena de Diez (10) años de reclusión, y multa de doscientos treinta y siete mil quinientos sesenta lempiras (L.237, 560.00) como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta e interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017 el delito de Estafa se encuentra regulado en el artículo 365, el cual tiene una pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años, si el valor de lo defraudado, excede de cinco mil Lempiras (L.5,000.00), pena que deberá de aumentarse 1/3 por tener un agravantes especifica del artículo 366 numeral 3) del Código Penal, cuando los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada, de acuerdo a los hechos probados la cantidad defraudada sumado los tres cheques asciende a la cantidad de dos millones trescientos setenta y cinco seiscientos Lempiras (L.237,560.00), quedando la pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatros (4) meses de prisión. y por ser delito continuado, conforme al artículo 68 del código Penal deberá aumentarse 1/3, quedando un margen abstracto de la pena de cinco (5) años 4 meses de prisión a siete (7) años un (1) mes y un (1) día de prisión, pena que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior. En este sentido, y para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP al no tener circunstancias agravantes ni atenuantes. y de acuerdo a las circunstancias personales del imputado, es procedente dictar la pena concreta de seis (6) años dos (2) meses y dieciséis (16) días de prisión para el señor José Encarnación Melgar Vásquez. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular las normas del Nuevo Código Penal 130-2017, son menos gravosas que las previstas en el Código Penal 144-83. Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código Penal 130-2017. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338,339,362 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Martín Turcios, actuando en su condición de defensor privado del acusado José Encarnación Melgar Vásquez. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al acusado José Encarnación Melgar Vásquez; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia impugnada en los siguientes términos: I: Que debemos condenar y condenamos al señor José Encarnación Melgar Vásquez, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de la sentencia, como autor del delito de Estafa Continuada, en perjuicio de Jorge Humberto Pinto Portillo, imponiéndole las penas principales de: i.- prisión por Seis (6) años Dos (2) meses y Dieciséis (16) días; II: Las penas principales deberán de ejecutarse siguiendo las siguientes reglas : a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el reo haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- III: Que debemos condenar y condenamos al Señor José Encarnación Melgar Vásquez, a cumplir la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena de prisión, a cumplir de manera simultánea con ésta, ello por disposición constitucional (Art. 41.2).- IV: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al señor José Encarnación Melgar Vásquez, civilmente responsable por las consecuencia resultante del delito por el cual se le ha condenado.- La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- V: No procede condenar al reo José Encarnación Melgar Vásquez, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. VI: Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Secretaria de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiocho de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-156-2020.Pia Cristina Mejia Nuñez. Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-156-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro del mes de marzo del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Danilo Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-156-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha doce de diciembre dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenar a José Encarnación Melgar Vásquez como autor del delito de Estafa Continuada (libramiento de cheques sin la suficiente provisión), en perjuicio del señor Jorge Humberto Pinto Portillo, a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSION, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán debiéndose abonársele el tiempo que ha permanecido privado de su libertad por esta causa, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el régimen penitenciario. También se le condena al pago de una MULTA de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS (L.237,560.00), cantidad que deberá enterar en la Tesorería General de la República. Segundo: Condenar al señor JOSE ENCARNACIÓN MELGAR VÁSQUEZ a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, durante el tiempo de duración de la pena principal. Tercero: Declarar al señor JOSE ENCARNACIÓN MELGAR VÁSQUEZ, responsable civilmente del delito por el cual hoy se le condena. Cuarto: No procede condenar en costas al señor JOSE ENCARNACIÓN MELGAR VÁSQUEZ. Quinto: No procede el comiso. SON PARTES: El Abogado Martín Turcios, en su condición de defensor Privado del señor José Encarnación Melgar Vásquez, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara, expresa y terminantemente, probados los hechos siguientes: ÚNICO: En fechas veinte, veintidós y veinticinco de junio del año dos mil dieciocho, el señor JOSÉ ENCARNACIÓN MELGAR VÁSQUEZ en el municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, libró tres cheques por las cantidades de cuatrocientos mil lempiras, un millón quinientos mil lempiras y, cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos lempiras a favor del señor JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO, los cuales al ser presentados por el señor PINTO PORTILLO a la institución bancaria en fecha dos de julio del dos mil dieciocho, no fueron pagados por insuficiencia de fondos. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Martín Torres, defensor Privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 3del código procesal penal; literalmente explica que cuando la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica...; EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: En el FALLO que hoy se recurre se han inobservado las reglas de la sana critica en la apreciación de valoración y a las conclusiones que los llevaron a condenar, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, está en cambio, sujeto a control, el proceso lógico seguido por el juez en su razonamiento. Es a través de este recurso que el Tribunal de casación deberá realizar un examen de la aplicación del sistema probatorio establecido por la ley, con el fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana critica en la fundamentación de la sentencia, verificando si se han observado las reglas de fundamentales de la lógica, la psicología y la experiencia. "VIOLACION A LEY DE LA LOGICA: PRINCIPIO DE DERIVACION. El principio de derivación consiste en que de cada elemento probatorio se tiene que derivar una conclusión, debiendo existir coherencia entre el primero y el segundo, no debiendo violarse en el razonamiento ninguna de las reglas de la sana critica específicamente la lógica. Según lo que entiende FERNANDO DE LA RUA (La Casación Penal) como derivación, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando." Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente a un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. En la sentencia que hoy se impugna se aprecia el vicio descrito, en la valoración que hace de la prueba ya que el Tribunal declara como hecho probado la declaración únicamente del querellante el señor JORGE HUMBERTO PINTO PORTILLO, tomando como concordancia una unificación de pruebas que si bien es cierto no podemos obviar los documentos presentados en juicio de querella, pero la valoración de dicha declaración donde él es el directamente afectado (querellante), dicha declaración carece de veracidad o realidad de cómo sucedieron los hechos fehacientemente puesto que el mismo afectado pudo haberlos narrado a su propia conveniencia y modificada la realidad del trato que se suscitara entre ambas partes de manera verbal, valorando así de manera anti jurídica y no concordando la sana critica para escuchar las ambas partes del contrato en el que ambos llegaron al momento de realizarlo, pues al final de la declaración de mi representado explica claramente que los cheques emitidos los presento en blanco como en acto de buena fe, puesto que el contrato que dio inicio a esta relación laboral entre el señor PINTO PORTILLO y mi Poderdante se tardó más del tiempo que ellos mismo pactaron, pues como bien explica en la sentencia de la cual se está presentando la casación, dicha relación inicio como un trato en el que ambos saldrían beneficiados económicamente, puesto que mi poderdante tiene los contactos para realizar una empresa Hidroeléctrica dentro del país con fondos provenientes de un país extranjero y del cual existiría una inversión por parte de ambos y que esa inversión se recuperaría en un tiempo, tiempo el cual no fue pactado, puesto que era conocimiento de ambos que el proyecto del cual se estaban comprometiendo era un proyecto de mucha cantidad de dinero y por lo tanto no sería un corto tiempo más al contrario estaríamos hablando de un tiempo bastante largo que ambos esperarían para realizar dichas transacciones comerciales con los fondos del extranjero, como se explicaba anteriormente la paciencia del señor PINTO PORTILLO y ante tal insistencia mi poderdante libro los cheque en mención sin fecha de cobro para que cuando los fondos estuvieran librados de dichas transacciones comerciales el querellante pudiera realizar los cobros respectivos y de esta manera recuperar su inversión y empezar a laborar con las inversiones del dinero del extranjero de la empresa a la que ambos se habían suscrito; al pasar un tiempo el señor PINTO decidió cobrar los cheques que le fueron entregados por mi representado con fechas que el mismo decidió (querellado) aun a sabiendas del mismo que dicha cuenta no contaba con los fondos suficientes para que se le pudieran devolver su inversión final. De esta manera, se puede apreciar que en la sentencia que hoy se impugna no se observó la regla de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, por lo cual, el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las palabras y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma sustantiva que se denuncia infringida: Sin determinar por el recurrente. • Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente. • Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Establece el recurrente que el fallo que hoy se recurre se han inobservado las reglas de la sana crítica, no observó la regla lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, en la apreciación de valoración a las conclusiones que lo llevaron a condenar, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la sentencia son inatacables en casación. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación por falta de razón suficiente como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. Establece el recurrente en su desarrollo casacional, que el fallo que hoy se recurre se han inobservado las reglas de la sana crítica, no observó la regla lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente, en la apreciación de valoración a las conclusiones que lo llevaron a condenar, si bien la estimación valorativa de las pruebas y las condiciones fácticas de la sentencia son inatacables en casación. Si bien en su desarrollo casacional el recurrente establece alegatos de instancia haciendo sus propias valoraciones en cuanto a los medios de prueba, de igual manera el recurrente no desarrolla o en que consiste la violación de las reglas de la sana crítica, no solo basta mencionarla sino explicar como se inobservo las reglas de la lógica, el impetrante debió concretar su censura al medio de prueba especifico y la valoración que hace el tribunal sentenciador en base a esa prueba y en la que inobservo las reglas de la sana crítica. De acuerdo al control de convencionalidad, y para dar respuesta al motivo presentado por el censor, resulta indispensable traer a análisis los juicios de valor que externó el Sentenciador respecto a la prueba evacuada en juicio oral y público. Se presentaron como prueba documental, tres (3) cheques de BAC Honduras, valorándolos el Tribunal Sentenciador: “Estos tres documentos para este Juzgador son creíbles y confiables y no encuentro razón alguna para dudar de los mismos; ha sido a través de estos tres documentos que se ha acreditado en juicio que el señor José Encarnación Melgar Vásquez fue la persona que en fechas veinte, veintidós y veinticinco de junio de dos mil dieciocho, libró tres cheques a nombre del señor Jorge Humberto Pinto Portillo , uno por la cantidad de cuatros cientos mil lempiras (L.4000,000.00), otro por la cantidad de un millón quinientos mil Lempiras (L..1,500,000.00) y un último cheque por la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco mil seiscientos Lempiras (L..475,600.00), que hacían un total De dos millones trescientos setenta y cinco mil seiscientos Lempiras (L.2,375,600.00), cheques que al ser cobrados en la institución bancaria correspondiente no tenían fondos suficientes”. De igual manera se evacuo la declaración testifical del señor Jorge Humberto Pinto Portillo, quién en su deposición y al ser interrogado por las partes, manifestó: “Que en el año dos mil dieciocho fue visitado por el Ingeniero José Encarnación Melgar Vásquez a su casa de habitación para proponerle un negocio; dijo, que el negocio que le propuso fue que si él financiaba los costos y pagos de garantía para poder repatriar recurso provenientes de fondos soberanos de Brasil para la construcción y operación de tres proyectos hidros donde alcanzaba básicamente repatriar cien millones de dólares ($ 100,000,000.00) y le presentó la documentación y como tenía una empresa de nombre Mainsa por allí iba a canalizar los recursos que iba a repatriar y que automáticamente adquiriría el pago de intereses y el cuarenta por ciento (40%) de las acciones de l empresa ya en operaciones y que iba a percibir aproximadamente cuarenta millones de dólares ($40,000.00) con una aportación mínima que hiciera para que pudiera movilizarse y poner en desarrollo el proceso a fin de repatriar los recursos y poder construir y operar tres proyectos hidros en ese momento que equivalían de veintinueve a treinta megas de energía en el país; señalo, que según negociaciones le realizó depósitos ya programados de seiscientos mil Lempiras, cuatrocientos mil Lempiras, doscientos mil Lempiras, cien mil Lempiras y cincuenta mil Lempiras de los cuales tenía los comprobantes y que dicha inversión se la iba a retornar en seis meses; relató, que cuando ya habían pasado el plazo se preocupó y como no le contesto por un mes se presentó a la casa del señor José Encarnación Melgar Vásquez y le exigió lo negociado por lo que este libro tres cheques para que los fuera a cobrar y que al presentarse al banco estos no tenían fondos”. Declaración testifical en la que el Tribunal Juzgador estableció: “Lo dicho por este testigo para este Juzgador es creíble pues sus dichos son coherentes con los cheques ya valorados y declarados creíbles; se ha acreditado con esta declaración que efectivamente el señor José Encarnación Melgar Vásquez fue la persona que libros los tres cheques con las cantidades ya referidas, los cuales al ser cobrados no tenían fondos suficientes”. Se presentó como prueba documental la Constancia de BAC-HONDURAS, de fecha 17 de mayo de 2019, estableciendo que la cuenta bancaria 730341951 perteneciente a Melgar Ardón Inversiones S.A. de C.V, la persona que tiene firma autorizada es el señor José Encarnación Melgar Vásquez, adjuntando en la constancia estado de cuentas y movimientos financieros entre los meses de mayo y julio del año 2018. Valorándolos el Juzgador: “Este documento resulta creíble y confiable para este juzgador pues refuerza la certeza positiva otorgada a los medios de prueba con los cuales di por probado el hecho único de esta sentencia, pues ha quedado acreditado con este documento, que efectivamente fue el señor José Encarnación Melgar Vásquez la persona que libro los cheques objeto del presente proceso, pues de acuerdo con la constancia aquí valorada, el señor Melgar Vásquez es la única persona que tiene la firma autorizada en dicha cuenta bancaria; así mismo se probó que en fecha dos de julio del año dos mil dieciocho se rechazaron los cheque número 108 y 111emitidos en dicha cuenta bancaria por insuficiencia de fondos lo que refuerza aún más la certeza positiva otorgado a los medios de prueba que sirvieron de sustento para tener por probado el hecho único de esta sentencia”. También se presentaron como prueba documental ocho comprobantes de depósito, cuyo cuentahabiente es el señor José Encarnación Melgar Vásquez, siendo depositante el señor Jorge Humberto Pinto Portillo, describiéndose dichas transacciones con valores los siguientes: 1) L.50,000.00; 2) L.100,000.00; 3) L.100,000.00; 4) L.200,000.00; 5) L.400,000.00; 6) L.400,000.00; 7) L.236,533.00; 8) L.600,000.00. Estableciéndose en su valoración por el Sentenciador: “Estos documentos son creíbles y con los mismos se acreditó que el señor Jorge Humberto Pinto Portillo entre el mes de noviembre de dos ml diecisiete al mes de abril del dos mil dieciocho, realizó varios depósitos de dinero (lo ya detallados) a favor del señor José Encarnación Melgar Vásquez, medios de prueba que resultan complementarios con la declaración rendida por el señor Jorge Humberto Pinto Portillo, declaración ya valorada y declarada creíble por el juzgador “. Esta Sala de Casación, luego de analizar los razonamientos del Juzgador para valorar las pruebas allegadas al juicio no encuentra quebranto a las reglas de la sana crítica, especialmente la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, todo lo contrario, la aplicación correcta de estas reglas ha hecho que el A-quo efectúe razonamientos lógicos y derivados del resultado probatorio, estableciendo con la declaración testifical del señor Jorge Humberto Pinto Portillo que llego a su casa de habitación el señor José Encarnación Melgar Vásquez, proponiéndole un negocio, en el cual consistía que si él financiaba los costos y pagos de garantía para repatriar recurso de fondos soberanos de Brasil para la construcción y operación de 3 proyectos hidros y que automáticamente adquiriría el pago de intereses y el cuarenta por ciento (40%) de las acciones de la empresa, las cuales iba a percibir aproximadamente cuarenta millones de dólares ($40,000,000.00), estableciendo que dicha inversión se la iba a retornar en seis meses, haciéndole el señor Jorge Humberto Pinto Portillo ocho (8) depósitos de diferentes cantidades y en la que una vez cumplido el plazo se preocupo y como no le contesto por un mes le fue a cobrar lo negociado, por lo que el señor Jose Encarnación libros tres (3) cheques para que los fuera a cobrar y que al presentarlos al banco estos no tenían fondo. Por lo que las conclusiones a las que arribaron los Sentenciadores fueron correctas y se desprenden precisamente del resultado probatorio en su totalidad; concatenando las pruebas entre sí y externando juicios de valor coherentes que le llevaron a externar conclusiones lógicas y correctas, por tanto, resulta procedente desestimar el presente motivo de casación. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al Código Penal decreto144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal decreto130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la defensa privada escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado José Encarnación Melgar Vásquez, como autor del delito de Estafa Continuada (Artículos 240, 241 numeral 3 y 37 del Código Penal), en perjuicio de Jorge Humberto Pinto Portillo, imponiendo la pena de Diez (10) años de reclusión, y multa de doscientos treinta y siete mil quinientos sesenta lempiras (L.237, 560.00) como penas accesorias se impuso al acusado la inhabilitación absoluta e interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito. Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017 el delito de Estafa se encuentra regulado en el artículo 365, el cual tiene una pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años, si el valor de lo defraudado, excede de cinco mil Lempiras (L.5,000.00), pena que deberá de aumentarse 1/3 por tener un agravantes especifica del artículo 366 numeral 3) del Código Penal, cuando los hechos revisten especial gravedad por la cuantía defraudada, de acuerdo a los hechos probados la cantidad defraudada sumado los tres cheques asciende a la cantidad de dos millones trescientos setenta y cinco seiscientos Lempiras (L.237,560.00), quedando la pena abstracta de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatros (4) meses de prisión. y por ser delito continuado, conforme al artículo 68 del código Penal deberá aumentarse 1/3, quedando un margen abstracto de la pena de cinco (5) años 4 meses de prisión a siete (7) años un (1) mes y un (1) día de prisión, pena que se debe imponer en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior. En este sentido, y para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP al no tener circunstancias agravantes ni atenuantes. y de acuerdo a las circunstancias personales del imputado, es procedente dictar la pena concreta de seis (6) años dos (2) meses y dieciséis (16) días de prisión para el señor José Encarnación Melgar Vásquez. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el caso particular las normas del Nuevo Código Penal 130-2017, son menos gravosas que las previstas en el Código Penal 144-83. Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código Penal 130-2017. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338,339,362 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Martín Turcios, actuando en su condición de defensor privado del acusado José Encarnación Melgar Vásquez. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al acusado José Encarnación Melgar Vásquez; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia impugnada en los siguientes términos: I: Que debemos condenar y condenamos al señor José Encarnación Melgar Vásquez, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de la sentencia, como autor del delito de Estafa Continuada, en perjuicio de Jorge Humberto Pinto Portillo, imponiéndole las penas principales de: i.- prisión por Seis (6) años Dos (2) meses y Dieciséis (16) días; II: Las penas principales deberán de ejecutarse siguiendo las siguientes reglas : a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el reo haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- III: Que debemos condenar y condenamos al Señor José Encarnación Melgar Vásquez, a cumplir la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena de prisión, a cumplir de manera simultánea con ésta, ello por disposición constitucional (Art. 41.2).- IV: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al señor José Encarnación Melgar Vásquez, civilmente responsable por las consecuencia resultante del delito por el cual se le ha condenado.- La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- V: No procede condenar al reo José Encarnación Melgar Vásquez, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial. VI: Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Secretaria de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiocho de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-156-2020.
Pia Cristina Mejia Nuñez
receptora adscrita a sala de lo penal.”