Sentencia CP-149-21 — Registro 20145
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por el delito de estafa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. Procede la aplicación retroactiva de la ley penal por favorecer al imputado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Primer Motivo NO es de recibo. Establece el recurrente que el sentenciador en el apartado de valoración excluye totalmente la prueba documental, consistente en el tracto sucesivo ubicados en los folios 74 y 75, documentos públicos por ser expedidos por la autoridad competente como lo es el Instituto de la Propiedad que, como sabemos, lleva a cargo el registro vehicular del país, debidamente sellado y firmado. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. La Sala de lo Penal ha explicado que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. Así las cosas, la Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, no logra identificar la existencia del vicio que ha motivado al recurrente acudir a la única instancia; es decir, de la existencia de una indebida exclusión del medio de prueba, consistente en la prueba documental presentada por la defensa privada, consistente en el tracto sucesivo extendido por el Instituto de la propiedad, pues, la invocación de dicho motivo se debe de plantear cuando no exista valoración, ya sea porque el tribunal de sentencia no considero la prueba o ya sea porque el tribunal excluyo la prueba, resultando en uno u otro caso, tener este medio de prueba un valor que decide el caso. Para el caso subjudice, ha dispuesto el juzgador en relación al anterior medio de prueba lo siguiente: “Si bien la defensa aporto el tracto sucesivo (folio 74 al 75 de la segunda pieza de autos) con hoja impresa del registro de la propiedad en la cual se colige como propietario al ofendido de autos en fecha 13 de agosto del año 2007, no es menos cierto que se aportó como auto para mejor proveer, fotocopias debidamente certificados de Bacher de remesas número 2206213413, 22377, 340794999, 313036099, 334189499, 332496799, de fechas 14 de febrero del 2007, 16 de febrero del 2007, 25 de febrero del 2007, 17 de marzo del 2007, 28 de marzo del 2007; dichas remesas fueron enviadas por el ofendido de autos; siendo así, que este Tribunal se pregunta ¿Cómo es que aparece el tracto sucesivo del Instituto de la Propiedad que indica que el ofendido era propietario del camión, en fecha 13 de agosto de 2007, cuando este se encontraba en Estados Unidos desde el mes de febrero del 2007, específicamente en la ciudad de USTIN TEXAS, generando en este Tribunal contradicción en relación al documento de tracto sucesivo presentado por la defensa como material de descargo”. Lo anterior no excluye el medio de prueba, pues para el Tribunal Sentenciador este medio probatorio del tracto sucesivo es contradictorio y lo contrapone con otro medio de prueba como es las fotocopias debidamente certificados de los bauchers de las remesas que fueron enviados por el ofendido. De lo anteriormente expuesto, debe de declararse sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362.2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. En juicio oral y público el Ministerio Público se hizo valer de los siguientes medios de prueba de cargo, como ser: A. DECLARACIÓN TESTIFICAL: 1) Declaración del señor Elvin René Cáceres Medina (ofendido), 2) Declaración del señor Rony Darío Durán Cáceres, 3) Declaración del señor René Fernando Cáceres Castillo. B. PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Constancia emitida en fecha 27 de mayo del 2005, 2) Acta de inspección ocular de fecha 19 de abril 2005, practicado al vehículo tipo camión que fue vendido al ofendido. 3) Un recibo de fecha 04 de noviembre de 2002, firmado por el imputado. 4) Cinco comprobantes de depósito, realizado por Elvin René Cáceres Medina. 5) Baucher de cheques presentados. Por su parte la defensa privada presentó únicamente: C. PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Tracto sucesivo extendido por el Instituto de la Propiedad. 2) Listado del tracto sucesivo, extendido por el Instituto de la Propiedad Vehicular. Antes de centrarnos en el análisis de la motivación intelectiva realizado por el Tribunal Sentenciador referente a la prueba evacuada en el juicio oral y público, es importante plasmar lo que referenciaron los testigos en sus declaraciones, mismas que fueron confirmadas por este Tribunal Casacional, mediante el audio y la transcripción, por lo que de acuerdo a: Con la declaración de Elvin René Cáceres Medina, estableció: “Yo en el momento que me encuentro es por la denuncia que puse el 2004 por un camión que le compre, al principio me dijo que me lo entregaría, pero después lo busque y no volvió a contestarme”. A preguntas de las partes, respondió:” Ese trato en noviembre 2002, ese trato se hizo en jugo florida en el 2002, el trato era que le entregara mi carro un poco de efectivo y le diera en mensualidades, el carro fue valorado en 50,000, el camión era de él, así me dijo, él se llama Roberto Bonilla serrano, el carro se lo entregue en la paz frente a mi casa y con el efectivo esa ves fue la última vez, la cuota de DIEZ MIL LEMPIRAS, los pagos los realice por banco de occidente, la última cuota de 10, 800 por el banco no la realice..., yo lo cite a mi casa para que entregara el dinero... esos depósitos a nombre de Roberto Bonilla Serrano y a mi nombre yo lo depositaba, yo lo busque llamarlo..., no podía matricular el carro porque no tenía ningún documento, posteriormente pare mi carro, ese carro estuvo parado demasiados años, perdí el trabajo, el camión, me fui para estados unidos, me fui en noviembre del 2005 para usa, el carro estuvo parado se le pego e motor se tuvo que vender como chatarra, a honduras regrese como el 2016, camión Mitsubishi blanco de cajón, la boleta de revisión salía a nombre de este señor, bueno la verdad no recuerdo a nombre de quien salía, gaste bastante dinero el carro quedo parado por más de 5 años se pegó el motor, hasta ahorita le vuelvo a ver, trabajaba en jugo florida; del 2002 al 2004 hasta el 2007 al 2008 estaba estacionado el vehículo”. Por su parte, el señor Rony Darío Duran Cáceres, estableció en su declaración: “En ese tiempo yo era ayudante de vendedor, vendía frutas, tenía un camión alquilado mi primo tenía interés en cómpralo hizo negocio con un señor para comprarlo ellos los dos hicieron un trato, le hizo el traspaso con un abogado, pero no sé qué trato hicieron los dos del dinero no me recuerdo creo que le dio 25 mil o 50, es ya hace varios años no recuerdo”. A preguntas de las Partes, respondió: “Esto fue hace aproximadamente 14 años, yo era empleado de una empresa de jugos, se llamaba alcosa jugo florida, mi primo Elvin Rene Cáceres, él era el vendedor de ruta de mayoreo y yo era el ayudante, Junto con su primo había un camión alquilado, en ese tiempo alquilaron varios camiones para ruta y nosotros lo andábamos manejando ese camión era grande blanco, mi primo hizo un trato con un señor que se lo iba a vender a el porque el primo quería alquilárselo a la empresa, el trato era compra de camión, el traspaso lo hizo el primo mío con el señor que hicieron un trato él tenía un Toyota se lo dio como prima, ese camión lo termino pagando en cuotas creo, lo termino de pagar no se solo me hizo el comentario por los documentos sobre el traspaso del camión, creo que nunca llegaron a un acuerdo, el comentario lo hizo que no tenía los documentos del carro entonces que iba a esperar a pagar una letra, la verdad no sé cómo quedaron con el señor, yo me fui a trabajar a Tegucigalpa. En la ciudad de Tegucigalpa, la empresa lo tuvo alquilado como un año, no recuerdo mucho, eso fue hace como 10 años”. Con la Declaración del señor René Fernando Cáceres Castillo, estableció: “ EN EL 2002, se trató un camión con el señor este y trabajo desde el 2002 hasta el 2004, de allí el camión en el 2004 se parqueo, porque ese camión no podía circular porque tenía problemas con la autoridad el camión se parqueo porque no habla quien diera trabajo porque no hablan papeles, entonces el camión se parqueo porque no podía trabajar, y entonces en el 2006 ese camión se vendió como chatarra porque no servía para nada”. A preguntas del fiscal responde: “Del señor Elvin soy el papa, el tarto no estaba yo lo hizo el hijo con el señor ese, cuando el trato se hizo yo no estaba presente, el trato no sé qué en mes se hizo el año si se, en ese trato que se hizo el hijo mío le entrego un Toyota negro extracar 4x4 lo entrego a cambio del camión color negro extracar, mi hijo le entrego un Toyota negro con 25,000 a cambio del camión el trato era de 75, yo sabía de ese trato porque el hijo me dijo que había tratado ese camión y él le estaba pagando a través de un banco, el problema del camión es que no andaba legal y aparecía a nombre de otra persona, ese problema con la autoridad el hijo mío tuvo que parquearlo, lo parqueo dos años, él no le había entregado el traspaso del camión, el camión se parqueo enfrente de donde yo vio, vivo en el sagrado corazón, permaneció dos años parqueado en el 2006 lo vendimos, lo vendí como chatarra porque no tenía papeles, por 50, 000 para darle de comer a los hijo, lo vendí a gente que andaba comprando, se deterioró todo el motor y la caja, él se fue para estados unidos el hijo mío, en el 2006, el hijo se fue porque no tenía trabajo no tenía para donde agarrar el, el señor ROBERTO BONILLA CERRANO desparecido, mi hijo lo buscaba para que hiciera el traspaso del camión.- A preguntas de la defensa responde. Los 50 mil los recibí yo, solamente lo vendí como chatarra”. La Sala de lo Penal centró su análisis en el apartado de la sentencia en donde los jueces hacen el proceso de valoración probatoria, es decir donde consta la motivación descriptiva y la motivación intelectiva de la prueba evacuada en la audiencia de debate. El título “Valoración Conjunta de la Prueba”, el Tribunal Sentenciador estableció: “Del factico narrado por los testigos ofendido y presenciales del hecho, se entiende o percibe la conducta engañosa, es decir que el aquí enjuiciable, se fingió dueño de bienes muebles, en este caso de un camión, pues creo un escenario, una fantasía, puesto que aparento ser dueño del vehículo tipo camión, objeto de enjuiciamiento resultando que el aquí enjuiciable recibió como primer abono la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (L.75,000.00), quedando un saldo pendiente según describe el documento referido de sesenta y cinco mil lempiras (L. 65,000.00), dicha cantidad fue entregada por el propio ofendido, constando la auténtica del mismo en el expediente de mérito; dicha cuota restante se pagaría de forma mensual por el ofendido dando saldo de diez mil lempiras (L.10,000.00) hasta completar to restante; este factico lo extraemos de los relatos ofrecidos por los testigos de cargo al momento de rendir su declaración en juicio, quienes fueron coherentes entre si permitiendo resaltar la verosimilitud de sus testimonios, así como la persistencia en sus declaraciones pese al paso del tiempo, conforme a la inmediatez percibimos por nuestros sentidos ese autenticidad y credibilidad de los testimonios vertidos con nitidez sin ambigüedad ni inexactitud alguna. Si bien, a folios 15 al 20 del expediente de mérito, se observan copias de los recibos de depósitos realizados por el ofendido al imputado de autos, en la cual indican que dichas cantidades fueron depositadas en banco de occidente en cuotas que oscila entre 4 recibos de diez mil acho cientos (L. 10,800.00), y un recibo de siete mil seiscientos cincuenta y cinco (L. 7,655.00) lempiras, no es menos cierto que las mismas son copias sin que en ellas se observe certificación por parte de la secretaria del Juzgado de letras o autentica alguna que acredite la confiabilidad del documento. Por todo ello, este tribunal considera que únicamente se encuentra acreditado la cantidad de L. 75,000.00, pues reúne los requisitos exigidos por el código civil en lo referente a la autenticidad de los mismos, las demás cantidades, no son consideradas confiables, pues carecen de la autenticidad exigida por la norma, puesto que se ha reflejado que las mismas son copias sin soporte de autenticidad alguna. Amen las cosas, a este tribunal le quedo claro sin lugar a dudes de ese engaño provisto de mala fe por parte del aquí enjuiciable, cuya finalidad del mismo era la obtención de ese bien mueble (dinero), en perjuicio del patrimonio del ofendido de autos. Del factico formalizado por el ente fiscal, se entiende que el camión objeto de transección era por le cantidad de ciento cuarenta mil lempiras (L.140,000.00), y con el recibo que antecede se acredita que el señor BONILLA SERRANO recibió la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (L. 75,000.00) quedando pendiente la cantidad de sesenta y cinco mil lempiras (L. 65,000.00). Todo esto con apariencia de legalidad y transparencia, pues dicha transacción fueron realizadas mientras el ofendido mantuvo en su poder el camión, sin la documentación respectiva, ya que una vez cancelada la totalidad, este (ofendido) recibirle los documentos del referido camión, pues así lo convino con el sr. Bonilla; por lo que fue fácil que el sujeto pasivo cayera en el error, ya que esto conllevo a una simulación de una realidad oculta, ficticia, atribuyéndose éste bienes inexistentes para efectos de defraudación. Es decir, que dichos documentos del vehículo no fueron entregados pues según se reflejó no existían ya que el sr. Bonilla nunca los tuvo en su poder, según la prueba documental refleja que este no era el verdadero propietario, el folio 113 de la primera pieza del expediente se encuentra una constancia del instituto de la propiedad vehicular extendida en fecha 20 de octubre del 2015, en la cual refleja las descripciones del camión objeto del delito, nominando como propietario a OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ Las máximas de la experiencia indican que en el mundo del comercio en especial de vehículos automotores, muchos poseedores de los mismos no realizan los traspasos a su nombre esta práctica se ha vuelto costumbre en la zona, quedando como propietario el anterior poseedor, decimos esto porque si bien el Bonilla no aparece como propietario, en dicha constancia emitida por el Registro de propiedad Vehicular, no es menos cierto, que este debió tener siempre dicha documentación y entregarla a su ultimo poseedor, en este caso el ofendido de autos. La tesis de la defensa consistió en que el imputado no entrego la documentación en virtud de que el atendido no completo la transacción convenida, ahora bien, el ofendido adujo que el imputado se desconectó totalmente de él, a modo que no lo pudo ubicar vía celular ni presencialmente, pese a sus enormes esfuerzos realizados por intentar ubicarlo; este tribunal no duda de lo vertido por el ofendido y de los demás testigos de cargos, puesto que observamos de legajo probatorio que el ofendido le hizo falta completar un poco menos de la cantidad pactada, por lo que no consideramos que el ofendido quisiera comer riesgo alguno de perder la cantidad dada en un inicio como prima al imputado de autos, así como de transportarse en el camión ya mencionado sin la documentación correspondiente, ya que el mismo lo ocupaba para trabajo, sabiendo que ante la falencia de este requisito sería objeto de decomiso por parte de la policía de tránsito, e inclusive este podía enfrentar cargos con la justicia en caso de no acreditar la propiedad. El anterior extremo, es considerado como elemento subjetivo, que se desemboca en haberse logrado el efecto engañoso, pues el señor Bonilla, percibió la cantidad de L 75,000.00 del hoy perjudicado, quien posteriormente se ocultó, y conforme a la sana crítica y máximas de la experiencia, ¿logramos entender porque?, apreciando estos juzgadores que lo lógico es que el sr. Bonilla nunca tuvo en su poder los documentos de referido vehículo, y durante al desarrollo del proceso jamás los aporto como medio de prueba amen de todo, esto permite calibrar la mayor potencia y peligrosidad para inducir a ese error, acreditándose con ello el dolo "intención" de engañar, siendo este "engaño" el papel rector de la Estafa, ya que le acción dolosa antes descrita lesiona la buena fe de sus victimes pretendiendo asegurar el perjuicio económico de terceros, debiendo mediar entre el engaño y ese perjuicio antes reseñado la relación de causalidad, como un nexo causal entre la acción y el resultado, considerando estos juzgadores que esa acción típica en el presente caso produjo un resultado como ser el perjuicio económico Si bien la defensa aporto el tracto sucesivo (folio 74 al 75 de la segunda pieza de autos) con hoja impresa del registro de la propiedad en la cual se colige como propietario al ofendido de autos en fecha 13 de agosto del año 2007, no es menos cierto que se aportó como auto para mejor proveer, fotocopias debidamente certificadas de Boucher de remesas número 2206213413, 22377, 340794999, 313036099, 334189499, 332496799, de fechas 14 de febrero del 2007, 16 de febrero del 2007, 25 de febrero del 2007, 17 de marzo del 2007, 28 de marzo del 2007, dichas remesas fueron enviadas por el ofendido de autos; siendo así, que este tribunal se pregunta ¿Como es que aparece el tracto sucesivo del Instituto de la Propiedad que indica que el ofendido era propietario del camión, en fecha 13 de agosto de 2007, cuando este se encontraba en estados Unidos desde el mes de febrero del 2007, específicamente en la ciudad de USTIN EXAS, generando es este tribunal contradicción en relación al documento de tracto sucesivo presentado por la defensa como material de descargo. En referencia a la constancia que obra a folio 23 de la primera pieza de autos emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos Regional de Comayagua en fecha 27 de mayo del 2005, hace constar que el camión en mención objeto de juicio cuyas características son tipo camión, año 1992, placa PAX 6207, motor No. 6D16699502, CHASIS FK4171030051, VIN No. Jw6dml1e4n1002342, color blanco, C.C. 3500, es propiedad del señor HECTOR ALEJANDRO MENA GUIFARRO, el cual es coherente con el tracto sucesivo que obra a folio 75 de la segunda pieza de autos, pues en ese documento extendido por el Instituto de le Propiedad aparece el señor MENA GUIFARRO como propietario este último documento lo establece que lo fue en fecha 26 de abril del 2006, según el relato del ofendido el trato lo hizo con el imputado en noviembre del 2002, es decir que el dueño en ese entonces era don MENA GUIFARRO y no el imputado de autos, como se lo hizo entender al ofendido, esto permite aseverar aún más el "engaño", pues el imputado no fue transparente con el ofendido, pues desde su inicio le dio a entender que era dueño del camión y para consumar su estrategia engañosa este le entrega el camión al ofendido, a efecto de recibir la prima de la cantidad pactada, esto permitiría ganarse la confianza de su víctima, y así lograr mantener durante cierto tiempo su montaje escénico, hasta lograr consumar su estrategia dolosa, la lógica y máximas de la experiencia nos permiten percibir que el imputado jamás actuó de buena fe, puesto que nunca tuvo los documentos del camión referido, para su posterior entrega una vez culminado el trato, pues es claro que su intención era inducir en error a su víctima en provecho propio. Y nótese a folio 113 de la primera pieza del expediente en la que se encuentra una constancia del instituto de la propiedad vehicular extendida en fecha 20 de octubre del 2015, en la cual refleja las descripciones del camión objeto del delito, nominando como propietario a OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ; esto permite observar de forma aún más nítida el engaño y como su autor al aquí enjuiciable. El acta de inspección ocular solamente resalta la inspección (valga la redundancia) al vehículo antes descrito esto practicado en fecha 19 de abril del 2009, quien en ese tiempo se estableció que no presentaba daño superficial, esto permite acreditar la existencia del objeto ilícito, además se acompañó las fotografías del camión para efectos de ilustración y el cual se observa la coherencia con los relatos de los testigos de cargo y de la prueba documental traída a juicio”. Esta Sala de Casación, luego de analizar los razonamientos del Juzgador para valorar las pruebas allegadas al juicio no encuentra quebranto a las reglas de la sana crítica, especialmente la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, todo lo contrario, la aplicación correcta de estas reglas ha hecho que el A-quo efectúe razonamientos lógicos y derivados del resultado probatorio, estableciendo con la declaración testifical del señor Elvin René Caceres, que hizo un trato con el señor Roberto Bonilla Serrano en comprarle un camión marca Mitsubishi color blanco, quién estaba a nombre del señor Hector Alejandro Mena Guifarro, convenido por el precio de L.140, 000.00 y en la que le dio como prima un vehículo color negro marca Toyota extracar 4x 4 valorado en L.50, 000.00 y al mismo tiempo entregándole en efectico la cantidad de L.25,000.00, quedando pactado que el resto lo pagaría en mensualidades con una cuota de L.10,000.00, una vez recibido la totalidad de lo pagado recibiría los documentos del referido camión, por lo que el señor Cáceres Medina lo busco y lo llamó para hacerle la cancelación del último pago y que le entregara la documentación del camión, sin encontrarlo, ya que el camión no podía seguir trabajando porque no andaba legal, por lo que el señor Cáceres Medina perdió su trabajo y tuvo que irse para Estados Unidos a trabajar, dejando estacionado el camión enfrente de la casa de su padre el señor René Fernando Cáceres Castillo por dos años, cuya consecuencia de estar parado se le pego el motor y se tuvo que vender como chatarra, dicha declaración fueron corroborados con los demás declaraciones testificales de los señores Rony Darío Durán Cáceres y René Fernando Cáceres Castillo y las pruebas documentales como la constancia emitida en fecha 27 de mayo del 2005, acta de inspección ocular de fecha 19 de abril 2005, practicado al vehículo tipo camión que fue vendido al ofendido, un recibo de fecha 04 de noviembre de 2002, firmado por el imputado, cinco comprobantes de depósito, realizado por Elvin René Cáceres Medina, y los correspondientes Baucher de cheques presentados. Por lo que las conclusiones a las que arribaron los Sentenciadores fueron correctas y se desprenden precisamente del resultado probatorio en su totalidad; concatenando las pruebas entre sí y externando juicios de valor coherentes que le llevaron a externar conclusiones lógicas y correctas, por tanto, resulta procedente desestimar el presente motivo de casación...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. • Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1.Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2.Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3.Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: •Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; •Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y •Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: •Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. •Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. •La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al Código Penal decreto144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal decreto130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública ni el Ministerio Público escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Roberto Bonilla Serrano, la pena principal de Cinco (5) años de reclusión, más el diez por ciento (10%) del valor de lo defraudado, como autor material de un delito de Estafa en perjuicio de la propiedad de Elvin René Cáceres Medina, así mismo se le condena a la pena accesoria de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, y a trabajos en obras públicas o a labores dentro del centro penal, durante el tiempo de las penas principales y la declaratoria de responsabilidad civil. Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017 el delito de Estafa se encuentra regulado en el artículo 365, el cual tiene una pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años, si el valor de lo defraudado, excede de cinco mil Lempiras (L.5,000.00), de acuerdo a los hechos probados la cantidad defraudada que fue acreditado por el Tribunal de Sentencia fue de L.75,000.00, quedando la pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años de prisión. esta última no tiene contemplada la pena de multa. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Conforme se señala en la sentencia las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y circunstancias atenuantes. La pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. y en relación a sus circunstancias personales no denota algún tipo de peligrosidad, de igual manera está acreditado en la foliada judicial que no tiene antecedentes penales, esta Sala de casación considera que es procedente aplicar la pena mínima, de Dos (2) años de prisión. Por lo que se puede concluir que, si es procedente la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal, pues le es más favorable a la imputado, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615, 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-149-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecisiete del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-149-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenò al señor Roberto Bonilla Serrano, por el delito de Estafa en perjuicio de Elvin Renè Càceres Medina a la pena de cinco años de reclusiòn, mas el diez por ciento del valor de lo defraudado; Ademas de las penas accesorias de Inhabilitaciòn Especial e Interdicciòn Civil durante el tiempo de las penas principales. SEGUNDO: Declarò la responsabilidad civil del condenado, del importe de la reparaciòn de los gastos ocasionados y de la ocmprensaciòn e indemnizaciòn de los perjuicios causados por el delito cometido. TERCERO: Ordenò mantener las medidas cautelares hasta la firmeza de la sentencia. CUARTO: No procediò la condena en costas al encausado. SON PARTES: El Abogado Denis Adalid Sánchez Fuentes, en su condición de Defensor Privado del señor Roberto Bonilla Serrano, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Pùblico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil dos (2002), en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, el señor ROBERTO BONILLA SERRANO en pláticas sostenidas con el señor ELVIN RENE CACERES MEDINA y haciéndose pasar como dueño de un vehículo Tipo Camión, marca Mitsubushi, color blanco, placa PAX-6207, AÑO 1992, le manifestó al señor CACERES que le podía vender el camión antes referido. SEGUNDO: Siendo que el señor ELVIN RENE CACERES, tenía necesidad de la compra de un camión para trabajo, y confiando en la palabra del señor BONILLA, este mostro interés en comprárselo, a lo que el señor BONILLA acepto vendérselo por el precio de ciento cuarenta mil lempiras (L.140,000.00), indicándole que le entregara la prima de setenta y cinco mil lempiras (L.75,000.00), a su vez que le entregaría el vehículo y que el resto del dinero se lo entregará en seis cuotas de diez mil lempiras (L.10,000.00) mensuales, y que una vez de terminar de pagar la cantidad pactada este le entregaría los documentos del vehículo. TERCERO: El señor CACERES confiando en la palabra del señor BONILLA esa misma fecha cuatro (4) de noviembre del dos mil dos (2002), le entrego la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (L.75,000.00), recibiéndole el camión; posteriormente y en reiteradas ocasiones el señor CACERES, busco al señor BONILLA para realizarle los pagos mensuales pactados, a su vez que este le realizaba llamadas, sin que pudiese ubicarlo nuevamente. CUARTO: El señor CACERES al no ubicar al señor Bonilla para cerrar el trato y que este le entregará los documentos del camión, tuvo que parquearlo, pues sin documentos no podía matricularlo menos utilizarlo para el trabajo, este parqueo del vehículo duro por mas de cinco años, producto de ello el motor se averió, quedando inutilizable, por lo que posteriormente tuvo que venderlo como chatarra; al quedarse sin trabajo el señor CECERES se vio obligado a emigrar a los Estados Unidos de América y así recuperarse del menoscabo económico que le produjo ese acuerdo con el señor BONILLA, QUINTO: Mediante constancia de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil cinco (2005) y veintiséis (26) de abril del dos mil seis (2006), la Dirección Ejecutiva de Ingresos Regional, hizo constar que el camión en mención objeto de juicio cuyas características son tipo camión, año 1992, placa PAX 6207, motor No.6D16699502, CHASIS FK4171030051, VIN No. Jw6dml1e4nl002342, color blanco, C.C 3500, era propiedad del señor HECTOR ALEJANDRO MENA GUIFARRO. SEXTO: En fecha veinte (20) de octubre del dos mil quince (2015), mediante constancia del instituto de la propiedad vehicular nomina como propietario del camión reiteradamente descrito a OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Denis Adalid Sánchez Fuentes, Defensor Privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la Litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.2 del C.C.P. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El motivo se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido, ha excluido prueba de valor decisivo, de fundamental importancia para decidir en forma regular lo debatido en el juicio. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación prescribe: Articulo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Expresa el sentenciador en el apartado de valoración de la prueba (página 3 del fallo) y en el sub apartado “Como medio de prueba de la Defensa”, señala los medios de prueba documental los cuales son: 1. Tracto sucesivo extendido por el Instituto de la Propiedad (folio 113 de la primera pieza de autos) 2. Listado de tracto sucesivo por el Instituto de la Propiedad (folios 74 al 75 de segunda pieza de autos) Señala el Sentenciador, en el apartado otro aparatado denominado “VALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBA”, que: «[...] por todo ello, este Tribunal considera que únicamente se encuentra acreditado la cantidad de L. 75,000.00 pues reúne los requisitos exigidos por el Código Civil en lo referente a la autenticidad exigida por la norma, puesto que se ha reflejado que la mismas son coplas sin soporte de autenticidad alguna [...]». Señala también el Sentenciador en dicho apartado, una valoración que excluye totalmente la prueba documental, consistente en el tracto sucesivo ubicado en los folios numero 74 al 75. Documentos públicos por ser expedidos por la autoridad competente como lo es el Instituto de la Propiedad que, como sabemos, lleva a su cargo el registro vehicular del país. Expresa el Tribunal que: «[...] si bien la defensa aporto el tracto sucesivo (folio 74 al 75 de la segunda pieza de autos) con hoja impresa del registro de la propiedad en la cual se colige como propietario al ofendido de autos en fecha 13 de agosto de del año 2007, no es menos cierto que se aportó como auto para mejor proveer, las fotocopias debidamente certificadas de Boucher de remesas número 2206213413, 22377, 340794999, 334189499, 332496799, de fecha 14 de febrero de 2007, 16 de febrero de 2007, 16 de febrero de 2007, 25 de febrero de 2007, 17 de marzo de 2007 y 28 de marzo de 2007, dichas remesas fueron enviadas por el ofendido de autos, siendo así, que este tribunal se pregunta ¿Cómo es que aparece el tracto sucesivo del instituto de la Propiedad que indica que el ofendido era propietario del camión, en fecha 13 de agosto de 2007, cuando este se encontraba en Estados Unidos desde el mes de febrero del 2007, específicamente en la ciudad de [A]Ustin Texas? Generando en este tribunal contradicción en relación al documento de tracto sucesivo presentado por la defensa como material de descargo [...]». Como se puede apreciar los razonamientos del Tribunal son claros en cuanto a la descalificación de la prueba consistentes en documentos públicos, por lo que conviene traer a la memoria del Tribunal de Casación lo expresado inclusive por los testigos de cargo en el debate para que se determine si las razones del Tribunal de instancia son concordantes y soportan la fuerza probatoria de esta prueba documental en relación con otras evacuadas en juicio a las que nos referiremos más adelante. Dicho lo anterior, pasamos a describir y analizar las pruebas estimadas de valor decisivo a que nos referimos, veamos: 1. A folio 74 y 75 de la segunda pieza de autos de autos, se encuentra el Lista Tracto sucesivo NRO. DOCUMENTO. extendido por el Instituto de la Propiedad de Comayagua, Departamento de Comayagua, debidamente firmado y sellado en la parte superior del mismo. En él se establece el listado de dueños o propietarios del camión marca Mitsubishi, camión color blanco, placas AAH5896, siendo el primer dueño OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ. A folio 75 continúa dicho documento encontrándose a simple vista y lectura los demás propietarios, en el apartado llamado “Traspasos”, se encuentra que HECTOR ALEJANDRO MENA GUIFARRO, lo compro en fecha 26 de mayo de 2006. Luego aparecer nada menos que el señor ELVIN RENE CACERES MEDINA, con compra del automotor en fecha 13 de agosto de 2007 y, en el apartado “Cambio de placa”, ELVIN RENE CACERES MEDINA, realizo dicho trámite. 2 Copias debidamente certificadas por el Tribunal de Sentencia de los giros con números 2206213413 de fecha 25 de febrero de 2007, 22377 de fecha 14 de febrero de 2007, 3407794999 de fecha 28 de marzo de 2007, 313036099 de fecha 16 de febrero de 2007, 334189499 de fecha 19 de marzo de 2007, 332496799 de fecha 17 de marzo de 2007. Con dichos documentos el Sentenciador pretende acreditar dos extremos totalmente contrario a la verdad y al propósito y naturaleza del valor de dichos documentos. En primer lugar, que el supuesto ofendido no se encontraba en Honduras al momento de llevarse a cabo el traspaso del vehículo a su favor. Como se puede apreciar, estos documentos que dicho sea de paso el tribunal los obtuvo abusando de la facultad que le confiere el artículo 333 del Código Procesal Penal ya que no contaba con algún elemento que señalara el descubrimiento de una prueba importante desconocida que no es lo mismo omitida por el Ministerio Publico, supliendo su negligencia y falencias- quiere dar por acreditado el hecho que en fecha 13 de agosto de 2007, el supuesto ofendido no estaba, como se ha dicho, en nuestro país, sin embargo nótese que dichos giros o remeses, comprenden fechas de febrero y marzo, NO EN EL MES DE AGOSTO de 2007. Es evidente la descalificación de estas pruebas, las mismas han sido excluidas de la Litis, conllevando a una conclusión totalmente distinta a la que se puede arribar si se hubieran tomado para su valoración correcta. Y en segundo lugar, dichos documentos indican que os giros o remesas no van dirigidos al señor ROBERTO BONILLA SERRANO y lo más grave, el Tribunal de Sentencia de Comayagua, pretende utilizar estos documentos como “un documento de valor migratorio”, lo que es incorrecto desde todo punto de vista. El artículo 1 de la Ley de Migración y Extranjería señala «El objeto de la presente Ley es regular la política migratoria del Estado, la entrada o salida de personas nacionales y extranjeras, la permanencia de estas últimas en territorio hondureño y la emisión de los documentos migratorios». (Lo subrayado es mío). Si bien se puede deducir indiciariamente que una persona se encuentra fuera el país con dichos documentos por su origen, también lo es que no funcionan como manera de acreditar como movimiento migratorio y más aún, cuando las fechas no coinciden con a fecha del suceso de inscripción de propietario como lo demuestra el tracto sucesivo que indica que fue el 13 de agosto de 2007 у по en los meses de febrero y marzo de ese mismo año. Es por ello que se descubre la mala intención del denunciante, sorprendiendo al Ministerio Publico-si es que no se fijó en dichos documentos o declaraciones tomadas que indican que no existe una estafa, sino una omisión que se pudo resolver mediante demanda civil por una obligación de hacer. 3. La declaración del testigo RONY DARIO DURAN CACERES, quien señala que: [...] en ese tiempo yo era ayudante de vendedor, vendía frutas, tenía una camión alquilado mi primo tenía interés en comprarlo hizo con un señor para comprarlo ellos los dos hicieron con un abogado pero no sé qué trato hicieron los dos del dinero no me acuerdo creo que le dio 25 mil o 50 [...] esto fue hace aproximadamente 14 años [...]». En ese sentido resulta de trascendencia indicar, que constituye una posición sostenida por la doctrina actualmente, la determinación del valor decisivo de una prueba por medio del método denominado “supresión hipotética”, que consiste en que su invalidez afecte de manera fundamental a la motivación, cuando si mentalmente se le suprimiese las conclusiones hubieren sido necesariamente distintas y a contrario censu, no será de valor decisivo la probanza que al ser suprimida mentalmente no afecta la resolución impugnada conservando esta última su sustento independiente De tal definición doctrinaria científica y, tal como se demuestra en el caso de estudio, al brindar el valor probatorio que realmente tienen las probanzas relacionadas, la conclusión a la que llega es absolutamente distinta a la que arribo este Tribunal y por ende, necesariamente desemboca en una decisión a la Litis en la que se determina plenamente la responsabilidad civil y no penal en la que incurrió el enjuiciado en el hecho objeto de procesamiento, cuando mentalmente se incluye la prueba documental relacionada. Con las razones legales antes expuestas se concluye, que el carácter de valor decisivo de esta prueba se pone de manifiesto, cuando si se le excluye mentalmente (como es el caso de que se trata) surge la duda de sí en realidad el señor Roberto Bonilla Serrano, engaño o no al señor Elvin Rene Cáceres Medina, pero si se le incluye y valora en toda su dimensión de acuerdo a la tesis propuesta, tenemos que indudablemente por su peso y consistencia se traduce en certeza positiva de que el señor BONILLA SERRANO, no es responsable del delito de ESTAFA, cometido en perjuicio de CACERES MEDINA, como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el propio acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio, SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362.3 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: "Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida (el resaltado es nuestro). En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. Como el motivo se orienta a demostrar la inobservancia de las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de la prueba, que a la vez es un problema de fundamentación, conviene explicar en qué consisten esas reglas: Conforme el artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el C.P.P. es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definitiva en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo. Debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otros le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: 1. Como ya se expresó anteriormente, el Tribunal de instancia en el apartado de valoración de la prueba, esgrime que las declaraciones de los testigos y ofendido ELVIN RENE CACERES MEDINA, RONY DARIO DURAN CECERES Y RENE CACERES CASTILLO, arrojan hechos contundentes para acreditar el engaño y la participación del imputado en el enjuiciamiento penal ya que los testigos entran en merecen credibilidad por tener coherencia lógica y fiabilidad objetiva. Por el contrario, ninguno de ellos preciso la forma en que se dieron los hechos, que sus declaraciones son nulas como prueba de cargo. Veamos entonces, cuáles son esas certezas que ha encontrado el sentenciador en este apartado de valoración de la prueba: a) El Testigo ELVIN RENE CACERES MEDINA, expreso que entre otras cosas que se pueden apreciar en el audio y cita de la sentencias ahora recurrida, que: «[...] ese trato en noviembre de 2002, ese trato de se hizo en jugo florida en el 2002, el trato era que le entregara mi carro un poco de efectivo y le diera en mensualidades, el carro fue valorado en 50,000 el camión era de él así me dijo, él se llama Roberto Bonilla Serrano, el carro se lo entregue en La Paz [...] no podía matricular el carro porque no tenía ningún documento, posteriormente pare mi carro, ese carro estuvo parado demasiados años, perdí el trabajo, el camión, me fui para los Estados Unidos, me fui en noviembre de 2005 [...] a Honduras regrese en el 2016 [...] b) Que RONY DARIO DURAN CACERES, declaro que: «[...] en ese tiempo yo era ayudante de vendedor, vendía frutas, tenía un camión alquilado mi primo tenia interés en comprarlo hizo negocio con un señor para comprarlo ellos los dos hicieron un trato le hizo el traspaso con un abogado pero no sé qué trato hicieron los dos del dinero no me recuerdo creo que le dio 25 mil o 50 [...] el comentario lo hizo que no tenía los documentos del carro entonces que iba a esperar a pagar una letra, la verdad no sé cómo quedaron con el señor, yo me fui a trabajar a Tegucigalpa[...]». c) El testigo RENE FERNANDO CECERES CASTILLO, expreso que: « [...] en el 2002, se trató un camión con el señor este y trabajo desde el 2002 hasta el 2004, de allí el camión en el 2004 se parqueo porque ese camión no podía circular porque tenía problemas con la autoridad el camión se parqueo, no había quien diera trabajo porque no habían papeles, en el 2006 se viendo como chatarra [...]». d) La prueba documental consistente en Lista Tracto sucesivo NRO. DOCUMENTO. Extendido por el Instituto de la Propiedad, señala claramente En él se establece el listado de dueños o propietarios del camión marca Mitsubishi, camión color blanco, placas AAH5896, siendo el primer dueño OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ. A folio 75 continúa dicho documento encontrándose a simple vista y lectura los demás propietarios, en el apartado llamado “Traspasos”, se encuentra que HECTOR ALEJANDRO MENA GUIFARRO, lo compro en fecha 26 de mayo de 2006. Luego aparecer nada menos que el señor ELVIN RENE CACERES MEDINA, con compra del automotor en fecha 13 de agosto de 2007 y, en el apartado “Cambio de placa”, ELVIN RENE CACERES MEDINA, realizo dicho trámite. e) Copias debidamente certificadas por el Tribunal de Sentencia de los giros con números 2206213413 de fecha 25 de febrero de 2007, 22377 de fecha 14 de febrero de 2007, 3407794999 de fecha 28 de marzo de 2007. 313036099 de fecha 16 de febrero de 2007, 334189499 de fecha 19 de marzo de 2007, 332496799 de fecha 17 de marzo de 2007. Con dichos documentos el Sentenciador pretende acreditar dos extremos totalmente contrario a la verdad y al propósito y naturaleza del valor de dichos documentos. En primer lugar, que el supuesto ofendido no se encontraba en Honduras al momento de llevarse a cabo el traspaso del vehículo a su favor. 2. Vemos entonces, que al revisar en el audio y transcripción en la sentencia del debate las declaraciones de estos testigos presenciales y al confrontarlas objetivamente con los documentos públicos, no se presentan las contradicciones, falsedades, o desméritos a que alude el sentenciador, pues estos explican en forma clara como percibieron por sus sentidos la dinámica del suceso, de manera que se expuso en el motivo anterior, de donde se deriva que no se presenta contradicción alguna entre lo afirmado por los testigos y documentos. Se observa que la valoración de la prueba es errónea y arbitraria, por cuanto las declaraciones de los testigos señalan que si se entregaron documentos hace más de catorce años, y que el señor ROBERTO BONILLA SERRANO, no tenía el camión a su nombre cuando lo adquirió, como es una mala costumbre en nuestro país, pero que no trasciende el ámbito meramente administrativo. Sin embargo, al venderlo se entregó documentación a tal grado que se encontró registrado el mismo, tal como lo indica el documento público de tracto sucesivo emitido por el Instituto de la Propiedad. No es cierto que se acredito que el supuesto ofendido CACERES MEDINA, se encontraba fuera del país, ya que el Ministerio Publico no aporto prueba alguna, como movimiento migratorio que es lo correcto según la Ley precitada en el motivo anterior. Sumado a ello, encontramos además que los giros realizados de Austin Texas, van a nombre del señor CACERES MEDINA, pudiendo no ser el mismo el que lo envió y, además con estos documentos no se acredita que, en el mes de agosto de 2007, no se encontraba en nuestro país o en el extranjero. De ahí entonces, que resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba, por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente y fundada, para considerar verdadera una conclusión, pues todo razonamiento debe de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Como el sentenciador encuentra contradicciones en la prueba de la Defensa y que no se presentan entre las pruebas singularizadas en este apartado, ha violado la regla lógica de la derivación, pues ha extraído conclusiones que no guardan concordancia con el contenido de esas dos pruebas que nos referimos, pues no acepta que en cuanto a este punto controvertido los testigos no fueron claros, precisos y consistentes con la prueba documental, como mal lo sostiene el tribunal sin base en las reglas de la sana critica, por mandato de los artículos 202 y 336 del C.P.P. En consecuencia, se afirma una vez más la infracción de la regla lógica de la derivación en tanto en cuanto, se extraen conclusiones equivocadas, e inexactas de la prueba efectuada ya que no se dio por acreditado, como era lo correcto, que los testigos de cargo al presenciar el hecho expresaron la forma en que el trato se llevó sin engaño, esas conclusiones brindadas por el sentenciador están al margen de las reglas de la sana critica, porque no cabría más que aceptar que no existe delito alguno y, al no entenderlo así el juzgador, ha incurrido en una grave violación de las reglas del recto entendimiento humano, siendo obligatorio. que vosotros, respetable Tribunal de Casación, reviséis estás probanzas que constan en el audio y sentencia del debate para que comprobéis lo sostenido por esta Defensa, en cuanto a que en la descalificación de esta prueba no se han esgrimido los razonamientos suficientes que soporten el peso del contenido de la misma, con lo que se ultraja una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del C.P.P., en lo referente a la obligatoriedad de valorar en forma conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana crítica la prueba evacuada en juicio, toda vez que se descalifica arbitrariamente estas pruebas documentales, que unida a las otras da soporte a extremos fundamentales para considerar acreditada que no existe la comisión de delito, sino un ilícito de orden civil y que se resuelve por dicha vía, porque el Derecho penal es la última ratio, es fragmentario y subsidiario y no es la primera línea de protección de bienes jurídicos protegidos. Sobre la base del planteamiento estructurado, se reitera que si el tribunal sentenciador, hubiere valorado las pruebas conforme al recto entendimiento humano (sana crítica) el resultado, lejos de ser certeza, se hubiese traducido en duda de que exista delito alguno. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo.3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. •Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. •Norma Procesal que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. •Concepto de la infracción: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la litis. •Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar. •Pretensión: Que se declare ha lugar. Establece el recurrente que el sentenciador en el apartado de valoración excluye totalmente la prueba documental, consistente en el tracto sucesivo ubicados en los folios 74 y 75, documentos públicos por ser expedidos por la autoridad competente como lo es el Instituto de la Propiedad que, como sabemos, lleva a cargo el registro vehicular del país, debidamente sellado y firmado. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: • Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. •Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso. El Primer Motivo NO es de recibo. Establece el recurrente que el sentenciador en el apartado de valoración excluye totalmente la prueba documental, consistente en el tracto sucesivo ubicados en los folios 74 y 75, documentos públicos por ser expedidos por la autoridad competente como lo es el Instituto de la Propiedad que, como sabemos, lleva a cargo el registro vehicular del país, debidamente sellado y firmado. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. La Sala de lo Penal ha explicado que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. Así las cosas, la Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, no logra identificar la existencia del vicio que ha motivado al recurrente acudir a la única instancia; es decir, de la existencia de una indebida exclusión del medio de prueba, consistente en la prueba documental presentada por la defensa privada, consistente en el tracto sucesivo extendido por el Instituto de la propiedad, pues, la invocación de dicho motivo se debe de plantear cuando no exista valoración, ya sea porque el tribunal de sentencia no considero la prueba o ya sea porque el tribunal excluyo la prueba, resultando en uno u otro caso, tener este medio de prueba un valor que decide el caso. Para el caso subjudice, ha dispuesto el juzgador en relación al anterior medio de prueba lo siguiente: “Si bien la defensa aporto el tracto sucesivo (folio 74 al 75 de la segunda pieza de autos) con hoja impresa del registro de la propiedad en la cual se colige como propietario al ofendido de autos en fecha 13 de agosto del año 2007, no es menos cierto que se aportó como auto para mejor proveer, fotocopias debidamente certificados de Bacher de remesas número 2206213413, 22377, 340794999, 313036099, 334189499, 332496799, de fechas 14 de febrero del 2007, 16 de febrero del 2007, 25 de febrero del 2007, 17 de marzo del 2007, 28 de marzo del 2007; dichas remesas fueron enviadas por el ofendido de autos; siendo así, que este Tribunal se pregunta ¿Cómo es que aparece el tracto sucesivo del Instituto de la Propiedad que indica que el ofendido era propietario del camión, en fecha 13 de agosto de 2007, cuando este se encontraba en Estados Unidos desde el mes de febrero del 2007, específicamente en la ciudad de USTIN TEXAS, generando en este Tribunal contradicción en relación al documento de tracto sucesivo presentado por la defensa como material de descargo”. Lo anterior no excluye el medio de prueba, pues para el Tribunal Sentenciador este medio probatorio del tracto sucesivo es contradictorio y lo contrapone con otro medio de prueba como es las fotocopias debidamente certificados de los bauchers de las remesas que fueron enviados por el ofendido. De lo anteriormente expuesto, debe de declararse sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. •Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. •Norma Procesal que se denuncia infringida: Artículo 202 Código Procesal Penal. •Concepto de la infracción: Violación a las Reglas de la Sana Crítica. •Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar. •Pretensión: Que se declare ha lugar. Establece el recurrente que resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba, por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente, se observa que la valoración de la prueba es errónea y arbitraria, por cuanto las declaraciones de los testigos señalan que si se entregaron los documentos hace más de catorce años, y que el señor Roberto Bonilla Serrano, no tenía el camión a su nombre cuando lo adquirió, como es una mala costumbre en nuestro país, pero que no trasciende el ámbito meramente administrativo. Sin embargo, al venderlo se entregó documentación a tal grado que se encontró registrado el mismo, tal como lo indica el documento público de tracto sucesivo emitido por el Instituto de la Propiedad. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: •Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. •Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, •Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: •La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: •El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” •El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. •El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. •La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: •Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. •Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. •Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: •Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; •Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; •No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; •Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y •Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El segundo NO es de recibo. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. En juicio oral y público el Ministerio Público se hizo valer de los siguientes medios de prueba de cargo, como ser: A. DECLARACIÓN TESTIFICAL: 1) Declaración del señor Elvin René Cáceres Medina (ofendido), 2) Declaración del señor Rony Darío Durán Cáceres, 3) Declaración del señor René Fernando Cáceres Castillo. B. PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Constancia emitida en fecha 27 de mayo del 2005, 2) Acta de inspección ocular de fecha 19 de abril 2005, practicado al vehículo tipo camión que fue vendido al ofendido. 3) Un recibo de fecha 04 de noviembre de 2002, firmado por el imputado. 4) Cinco comprobantes de depósito, realizado por Elvin René Cáceres Medina. 5) Baucher de cheques presentados. Por su parte la defensa privada presentó únicamente: C. PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Tracto sucesivo extendido por el Instituto de la Propiedad. 2) Listado del tracto sucesivo, extendido por el Instituto de la Propiedad Vehicular. Antes de centrarnos en el análisis de la motivación intelectiva realizado por el Tribunal Sentenciador referente a la prueba evacuada en el juicio oral y público, es importante plasmar lo que referenciaron los testigos en sus declaraciones, mismas que fueron confirmadas por este Tribunal Casacional, mediante el audio y la transcripción, por lo que de acuerdo a: Con la declaración de Elvin René Cáceres Medina, estableció: “Yo en el momento que me encuentro es por la denuncia que puse el 2004 por un camión que le compre, al principio me dijo que me lo entregaría, pero después lo busque y no volvió a contestarme”. A preguntas de las partes, respondió:” Ese trato en noviembre 2002, ese trato se hizo en jugo florida en el 2002, el trato era que le entregara mi carro un poco de efectivo y le diera en mensualidades, el carro fue valorado en 50,000, el camión era de él, así me dijo, él se llama Roberto Bonilla serrano, el carro se lo entregue en la paz frente a mi casa y con el efectivo esa ves fue la última vez, la cuota de DIEZ MIL LEMPIRAS, los pagos los realice por banco de occidente, la última cuota de 10, 800 por el banco no la realice..., yo lo cite a mi casa para que entregara el dinero... esos depósitos a nombre de Roberto Bonilla Serrano y a mi nombre yo lo depositaba, yo lo busque llamarlo..., no podía matricular el carro porque no tenía ningún documento, posteriormente pare mi carro, ese carro estuvo parado demasiados años, perdí el trabajo, el camión, me fui para estados unidos, me fui en noviembre del 2005 para usa, el carro estuvo parado se le pego e motor se tuvo que vender como chatarra, a honduras regrese como el 2016, camión Mitsubishi blanco de cajón, la boleta de revisión salía a nombre de este señor, bueno la verdad no recuerdo a nombre de quien salía, gaste bastante dinero el carro quedo parado por más de 5 años se pegó el motor, hasta ahorita le vuelvo a ver, trabajaba en jugo florida; del 2002 al 2004 hasta el 2007 al 2008 estaba estacionado el vehículo”. Por su parte, el señor Rony Darío Duran Cáceres, estableció en su declaración: “En ese tiempo yo era ayudante de vendedor, vendía frutas, tenía un camión alquilado mi primo tenía interés en cómpralo hizo negocio con un señor para comprarlo ellos los dos hicieron un trato, le hizo el traspaso con un abogado, pero no sé qué trato hicieron los dos del dinero no me recuerdo creo que le dio 25 mil o 50, es ya hace varios años no recuerdo”. A preguntas de las Partes, respondió: “Esto fue hace aproximadamente 14 años, yo era empleado de una empresa de jugos, se llamaba alcosa jugo florida, mi primo Elvin Rene Cáceres, él era el vendedor de ruta de mayoreo y yo era el ayudante, Junto con su primo había un camión alquilado, en ese tiempo alquilaron varios camiones para ruta y nosotros lo andábamos manejando ese camión era grande blanco, mi primo hizo un trato con un señor que se lo iba a vender a el porque el primo quería alquilárselo a la empresa, el trato era compra de camión, el traspaso lo hizo el primo mío con el señor que hicieron un trato él tenía un Toyota se lo dio como prima, ese camión lo termino pagando en cuotas creo, lo termino de pagar no se solo me hizo el comentario por los documentos sobre el traspaso del camión, creo que nunca llegaron a un acuerdo, el comentario lo hizo que no tenía los documentos del carro entonces que iba a esperar a pagar una letra, la verdad no sé cómo quedaron con el señor, yo me fui a trabajar a Tegucigalpa. En la ciudad de Tegucigalpa, la empresa lo tuvo alquilado como un año, no recuerdo mucho, eso fue hace como 10 años”. Con la Declaración del señor René Fernando Cáceres Castillo, estableció: “ EN EL 2002, se trató un camión con el señor este y trabajo desde el 2002 hasta el 2004, de allí el camión en el 2004 se parqueo, porque ese camión no podía circular porque tenía problemas con la autoridad el camión se parqueo porque no habla quien diera trabajo porque no hablan papeles, entonces el camión se parqueo porque no podía trabajar, y entonces en el 2006 ese camión se vendió como chatarra porque no servía para nada”. A preguntas del fiscal responde: “Del señor Elvin soy el papa, el tarto no estaba yo lo hizo el hijo con el señor ese, cuando el trato se hizo yo no estaba presente, el trato no sé qué en mes se hizo el año si se, en ese trato que se hizo el hijo mío le entrego un Toyota negro extracar 4x4 lo entrego a cambio del camión color negro extracar, mi hijo le entrego un Toyota negro con 25,000 a cambio del camión el trato era de 75, yo sabía de ese trato porque el hijo me dijo que había tratado ese camión y él le estaba pagando a través de un banco, el problema del camión es que no andaba legal y aparecía a nombre de otra persona, ese problema con la autoridad el hijo mío tuvo que parquearlo, lo parqueo dos años, él no le había entregado el traspaso del camión, el camión se parqueo enfrente de donde yo vio, vivo en el sagrado corazón, permaneció dos años parqueado en el 2006 lo vendimos, lo vendí como chatarra porque no tenía papeles, por 50, 000 para darle de comer a los hijo, lo vendí a gente que andaba comprando, se deterioró todo el motor y la caja, él se fue para estados unidos el hijo mío, en el 2006, el hijo se fue porque no tenía trabajo no tenía para donde agarrar el, el señor ROBERTO BONILLA CERRANO desparecido, mi hijo lo buscaba para que hiciera el traspaso del camión.- A preguntas de la defensa responde. Los 50 mil los recibí yo, solamente lo vendí como chatarra”. La Sala de lo Penal centró su análisis en el apartado de la sentencia en donde los jueces hacen el proceso de valoración probatoria, es decir donde consta la motivación descriptiva y la motivación intelectiva de la prueba evacuada en la audiencia de debate. El título “Valoración Conjunta de la Prueba”, el Tribunal Sentenciador estableció: “Del factico narrado por los testigos ofendido y presenciales del hecho, se entiende o percibe la conducta engañosa, es decir que el aquí enjuiciable, se fingió dueño de bienes muebles, en este caso de un camión, pues creo un escenario, una fantasía, puesto que aparento ser dueño del vehículo tipo camión, objeto de enjuiciamiento resultando que el aquí enjuiciable recibió como primer abono la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (L.75,000.00), quedando un saldo pendiente según describe el documento referido de sesenta y cinco mil lempiras (L. 65,000.00), dicha cantidad fue entregada por el propio ofendido, constando la auténtica del mismo en el expediente de mérito; dicha cuota restante se pagaría de forma mensual por el ofendido dando saldo de diez mil lempiras (L.10,000.00) hasta completar to restante; este factico lo extraemos de los relatos ofrecidos por los testigos de cargo al momento de rendir su declaración en juicio, quienes fueron coherentes entre si permitiendo resaltar la verosimilitud de sus testimonios, así como la persistencia en sus declaraciones pese al paso del tiempo, conforme a la inmediatez percibimos por nuestros sentidos ese autenticidad y credibilidad de los testimonios vertidos con nitidez sin ambigüedad ni inexactitud alguna. Si bien, a folios 15 al 20 del expediente de mérito, se observan copias de los recibos de depósitos realizados por el ofendido al imputado de autos, en la cual indican que dichas cantidades fueron depositadas en banco de occidente en cuotas que oscila entre 4 recibos de diez mil acho cientos (L. 10,800.00), y un recibo de siete mil seiscientos cincuenta y cinco (L. 7,655.00) lempiras, no es menos cierto que las mismas son copias sin que en ellas se observe certificación por parte de la secretaria del Juzgado de letras o autentica alguna que acredite la confiabilidad del documento. Por todo ello, este tribunal considera que únicamente se encuentra acreditado la cantidad de L. 75,000.00, pues reúne los requisitos exigidos por el código civil en lo referente a la autenticidad de los mismos, las demás cantidades, no son consideradas confiables, pues carecen de la autenticidad exigida por la norma, puesto que se ha reflejado que las mismas son copias sin soporte de autenticidad alguna. Amen las cosas, a este tribunal le quedo claro sin lugar a dudes de ese engaño provisto de mala fe por parte del aquí enjuiciable, cuya finalidad del mismo era la obtención de ese bien mueble (dinero), en perjuicio del patrimonio del ofendido de autos. Del factico formalizado por el ente fiscal, se entiende que el camión objeto de transección era por le cantidad de ciento cuarenta mil lempiras (L.140,000.00), y con el recibo que antecede se acredita que el señor BONILLA SERRANO recibió la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (L. 75,000.00) quedando pendiente la cantidad de sesenta y cinco mil lempiras (L. 65,000.00). Todo esto con apariencia de legalidad y transparencia, pues dicha transacción fueron realizadas mientras el ofendido mantuvo en su poder el camión, sin la documentación respectiva, ya que una vez cancelada la totalidad, este (ofendido) recibirle los documentos del referido camión, pues así lo convino con el sr. Bonilla; por lo que fue fácil que el sujeto pasivo cayera en el error, ya que esto conllevo a una simulación de una realidad oculta, ficticia, atribuyéndose éste bienes inexistentes para efectos de defraudación. Es decir, que dichos documentos del vehículo no fueron entregados pues según se reflejó no existían ya que el sr. Bonilla nunca los tuvo en su poder, según la prueba documental refleja que este no era el verdadero propietario, el folio 113 de la primera pieza del expediente se encuentra una constancia del instituto de la propiedad vehicular extendida en fecha 20 de octubre del 2015, en la cual refleja las descripciones del camión objeto del delito, nominando como propietario a OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ Las máximas de la experiencia indican que en el mundo del comercio en especial de vehículos automotores, muchos poseedores de los mismos no realizan los traspasos a su nombre esta práctica se ha vuelto costumbre en la zona, quedando como propietario el anterior poseedor, decimos esto porque si bien el Bonilla no aparece como propietario, en dicha constancia emitida por el Registro de propiedad Vehicular, no es menos cierto, que este debió tener siempre dicha documentación y entregarla a su ultimo poseedor, en este caso el ofendido de autos. La tesis de la defensa consistió en que el imputado no entrego la documentación en virtud de que el atendido no completo la transacción convenida, ahora bien, el ofendido adujo que el imputado se desconectó totalmente de él, a modo que no lo pudo ubicar vía celular ni presencialmente, pese a sus enormes esfuerzos realizados por intentar ubicarlo; este tribunal no duda de lo vertido por el ofendido y de los demás testigos de cargos, puesto que observamos de legajo probatorio que el ofendido le hizo falta completar un poco menos de la cantidad pactada, por lo que no consideramos que el ofendido quisiera comer riesgo alguno de perder la cantidad dada en un inicio como prima al imputado de autos, así como de transportarse en el camión ya mencionado sin la documentación correspondiente, ya que el mismo lo ocupaba para trabajo, sabiendo que ante la falencia de este requisito sería objeto de decomiso por parte de la policía de tránsito, e inclusive este podía enfrentar cargos con la justicia en caso de no acreditar la propiedad. El anterior extremo, es considerado como elemento subjetivo, que se desemboca en haberse logrado el efecto engañoso, pues el señor Bonilla, percibió la cantidad de L 75,000.00 del hoy perjudicado, quien posteriormente se ocultó, y conforme a la sana crítica y máximas de la experiencia, ¿logramos entender porque?, apreciando estos juzgadores que lo lógico es que el sr. Bonilla nunca tuvo en su poder los documentos de referido vehículo, y durante al desarrollo del proceso jamás los aporto como medio de prueba amen de todo, esto permite calibrar la mayor potencia y peligrosidad para inducir a ese error, acreditándose con ello el dolo "intención" de engañar, siendo este "engaño" el papel rector de la Estafa, ya que le acción dolosa antes descrita lesiona la buena fe de sus victimes pretendiendo asegurar el perjuicio económico de terceros, debiendo mediar entre el engaño y ese perjuicio antes reseñado la relación de causalidad, como un nexo causal entre la acción y el resultado, considerando estos juzgadores que esa acción típica en el presente caso produjo un resultado como ser el perjuicio económico Si bien la defensa aporto el tracto sucesivo (folio 74 al 75 de la segunda pieza de autos) con hoja impresa del registro de la propiedad en la cual se colige como propietario al ofendido de autos en fecha 13 de agosto del año 2007, no es menos cierto que se aportó como auto para mejor proveer, fotocopias debidamente certificadas de Boucher de remesas número 2206213413, 22377, 340794999, 313036099, 334189499, 332496799, de fechas 14 de febrero del 2007, 16 de febrero del 2007, 25 de febrero del 2007, 17 de marzo del 2007, 28 de marzo del 2007, dichas remesas fueron enviadas por el ofendido de autos; siendo así, que este tribunal se pregunta ¿Como es que aparece el tracto sucesivo del Instituto de la Propiedad que indica que el ofendido era propietario del camión, en fecha 13 de agosto de 2007, cuando este se encontraba en estados Unidos desde el mes de febrero del 2007, específicamente en la ciudad de USTIN EXAS, generando es este tribunal contradicción en relación al documento de tracto sucesivo presentado por la defensa como material de descargo. En referencia a la constancia que obra a folio 23 de la primera pieza de autos emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos Regional de Comayagua en fecha 27 de mayo del 2005, hace constar que el camión en mención objeto de juicio cuyas características son tipo camión, año 1992, placa PAX 6207, motor No. 6D16699502, CHASIS FK4171030051, VIN No. Jw6dml1e4n1002342, color blanco, C.C. 3500, es propiedad del señor HECTOR ALEJANDRO MENA GUIFARRO, el cual es coherente con el tracto sucesivo que obra a folio 75 de la segunda pieza de autos, pues en ese documento extendido por el Instituto de le Propiedad aparece el señor MENA GUIFARRO como propietario este último documento lo establece que lo fue en fecha 26 de abril del 2006, según el relato del ofendido el trato lo hizo con el imputado en noviembre del 2002, es decir que el dueño en ese entonces era don MENA GUIFARRO y no el imputado de autos, como se lo hizo entender al ofendido, esto permite aseverar aún más el "engaño", pues el imputado no fue transparente con el ofendido, pues desde su inicio le dio a entender que era dueño del camión y para consumar su estrategia engañosa este le entrega el camión al ofendido, a efecto de recibir la prima de la cantidad pactada, esto permitiría ganarse la confianza de su víctima, y así lograr mantener durante cierto tiempo su montaje escénico, hasta lograr consumar su estrategia dolosa, la lógica y máximas de la experiencia nos permiten percibir que el imputado jamás actuó de buena fe, puesto que nunca tuvo los documentos del camión referido, para su posterior entrega una vez culminado el trato, pues es claro que su intención era inducir en error a su víctima en provecho propio. Y nótese a folio 113 de la primera pieza del expediente en la que se encuentra una constancia del instituto de la propiedad vehicular extendida en fecha 20 de octubre del 2015, en la cual refleja las descripciones del camión objeto del delito, nominando como propietario a OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ; esto permite observar de forma aún más nítida el engaño y como su autor al aquí enjuiciable. El acta de inspección ocular solamente resalta la inspección (valga la redundancia) al vehículo antes descrito esto practicado en fecha 19 de abril del 2009, quien en ese tiempo se estableció que no presentaba daño superficial, esto permite acreditar la existencia del objeto ilícito, además se acompañó las fotografías del camión para efectos de ilustración y el cual se observa la coherencia con los relatos de los testigos de cargo y de la prueba documental traída a juicio”. Esta Sala de Casación, luego de analizar los razonamientos del Juzgador para valorar las pruebas allegadas al juicio no encuentra quebranto a las reglas de la sana crítica, especialmente la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, todo lo contrario, la aplicación correcta de estas reglas ha hecho que el A-quo efectúe razonamientos lógicos y derivados del resultado probatorio, estableciendo con la declaración testifical del señor Elvin René Caceres, que hizo un trato con el señor Roberto Bonilla Serrano en comprarle un camión marca Mitsubishi color blanco, quién estaba a nombre del señor Hector Alejandro Mena Guifarro, convenido por el precio de L.140, 000.00 y en la que le dio como prima un vehículo color negro marca Toyota extracar 4x 4 valorado en L.50, 000.00 y al mismo tiempo entregándole en efectico la cantidad de L.25,000.00, quedando pactado que el resto lo pagaría en mensualidades con una cuota de L.10,000.00, una vez recibido la totalidad de lo pagado recibiría los documentos del referido camión, por lo que el señor Cáceres Medina lo busco y lo llamó para hacerle la cancelación del último pago y que le entregara la documentación del camión, sin encontrarlo, ya que el camión no podía seguir trabajando porque no andaba legal, por lo que el señor Cáceres Medina perdió su trabajo y tuvo que irse para Estados Unidos a trabajar, dejando estacionado el camión enfrente de la casa de su padre el señor René Fernando Cáceres Castillo por dos años, cuya consecuencia de estar parado se le pego el motor y se tuvo que vender como chatarra, dicha declaración fueron corroborados con los demás declaraciones testificales de los señores Rony Darío Durán Cáceres y René Fernando Cáceres Castillo y las pruebas documentales como la constancia emitida en fecha 27 de mayo del 2005, acta de inspección ocular de fecha 19 de abril 2005, practicado al vehículo tipo camión que fue vendido al ofendido, un recibo de fecha 04 de noviembre de 2002, firmado por el imputado, cinco comprobantes de depósito, realizado por Elvin René Cáceres Medina, y los correspondientes Baucher de cheques presentados. Por lo que las conclusiones a las que arribaron los Sentenciadores fueron correctas y se desprenden precisamente del resultado probatorio en su totalidad; concatenando las pruebas entre sí y externando juicios de valor coherentes que le llevaron a externar conclusiones lógicas y correctas, por tanto, resulta procedente desestimar el presente motivo de casación. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. • Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1.Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2.Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3.Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: •Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; •Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y •Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: •Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. •Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. •La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al Código Penal decreto144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal decreto130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública ni el Ministerio Público escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Roberto Bonilla Serrano, la pena principal de Cinco (5) años de reclusión, más el diez por ciento (10%) del valor de lo defraudado, como autor material de un delito de Estafa en perjuicio de la propiedad de Elvin René Cáceres Medina, así mismo se le condena a la pena accesoria de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, y a trabajos en obras públicas o a labores dentro del centro penal, durante el tiempo de las penas principales y la declaratoria de responsabilidad civil. Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017 el delito de Estafa se encuentra regulado en el artículo 365, el cual tiene una pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años, si el valor de lo defraudado, excede de cinco mil Lempiras (L.5,000.00), de acuerdo a los hechos probados la cantidad defraudada que fue acreditado por el Tribunal de Sentencia fue de L.75,000.00, quedando la pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años de prisión. esta última no tiene contemplada la pena de multa. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Conforme se señala en la sentencia las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y circunstancias atenuantes. La pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. y en relación a sus circunstancias personales no denota algún tipo de peligrosidad, de igual manera está acreditado en la foliada judicial que no tiene antecedentes penales, esta Sala de casación considera que es procedente aplicar la pena mínima, de Dos (2) años de prisión. Por lo que se puede concluir que, si es procedente la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal, pues le es más favorable a la imputado, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338,339,362 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Denis Adalid Sánchez Fuentes, actuando en su condición de defensor privado del acusado Roberto Bonilla Serrano, por suponerle responsable del delito de Estafa, en perjuicio de La Propiedad de Elvin René Cáceres Medina. SEGUNDO: Declara la PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al acusado Roberto Sánchez Serrano; en consecuencia Reforma el pronunciamiento primero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil veinte dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua en los siguientes términos: i.- Que debemos Condenar y Condenamos al acusado Roberto Bonilla Serrano, como autor de un delito de Estafa en perjuicio de Elvin Rene Cáceres Medina a cumplir la pena principal de Dos (2) años de prisión. ii.- Inhabilitación especial de prohibición de aproximarse a la víctima y a sus familiares, por el tiempo que dura la condena principal (2 años). iii.- Como consecuencia de la pena de prisión, debemos condenar y condenamos al acusado Roberto Bonilla Serrano, a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. iv.- La pena accesoria se cumplirá de manera simultánea a las penas principales de prisión. TERCERO: Se mantiene incólume los pronunciamientos segundo, tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. NOTIFÍQUESE. Mario Rolando Díaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Pia Cristina Mejia Nuñez Receptora Adscrita. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a diecisiete días del mes de febrero de 2026. Certificación de la Sentencia dictada el diecisiete de noviembre de 2025, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-149-2021.Pía Cristina mejía Nuñez. Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-149-2021, que literalmente dice:“SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecisiete del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-149-2021 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenò al señor Roberto Bonilla Serrano, por el delito de Estafa en perjuicio de Elvin Renè Càceres Medina a la pena de cinco años de reclusiòn, mas el diez por ciento del valor de lo defraudado; Ademas de las penas accesorias de Inhabilitaciòn Especial e Interdicciòn Civil durante el tiempo de las penas principales. SEGUNDO: Declarò la responsabilidad civil del condenado, del importe de la reparaciòn de los gastos ocasionados y de la ocmprensaciòn e indemnizaciòn de los perjuicios causados por el delito cometido. TERCERO: Ordenò mantener las medidas cautelares hasta la firmeza de la sentencia. CUARTO: No procediò la condena en costas al encausado. SON PARTES: El Abogado Denis Adalid Sánchez Fuentes, en su condición de Defensor Privado del señor Roberto Bonilla Serrano, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Pùblico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha cuatro (4) de noviembre del año dos mil dos (2002), en la ciudad de La Paz, Departamento de La Paz, el señor ROBERTO BONILLA SERRANO en pláticas sostenidas con el señor ELVIN RENE CACERES MEDINA y haciéndose pasar como dueño de un vehículo Tipo Camión, marca Mitsubushi, color blanco, placa PAX-6207, AÑO 1992, le manifestó al señor CACERES que le podía vender el camión antes referido. SEGUNDO: Siendo que el señor ELVIN RENE CACERES, tenía necesidad de la compra de un camión para trabajo, y confiando en la palabra del señor BONILLA, este mostro interés en comprárselo, a lo que el señor BONILLA acepto vendérselo por el precio de ciento cuarenta mil lempiras (L.140,000.00), indicándole que le entregara la prima de setenta y cinco mil lempiras (L.75,000.00), a su vez que le entregaría el vehículo y que el resto del dinero se lo entregará en seis cuotas de diez mil lempiras (L.10,000.00) mensuales, y que una vez de terminar de pagar la cantidad pactada este le entregaría los documentos del vehículo. TERCERO: El señor CACERES confiando en la palabra del señor BONILLA esa misma fecha cuatro (4) de noviembre del dos mil dos (2002), le entrego la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (L.75,000.00), recibiéndole el camión; posteriormente y en reiteradas ocasiones el señor CACERES, busco al señor BONILLA para realizarle los pagos mensuales pactados, a su vez que este le realizaba llamadas, sin que pudiese ubicarlo nuevamente. CUARTO: El señor CACERES al no ubicar al señor Bonilla para cerrar el trato y que este le entregará los documentos del camión, tuvo que parquearlo, pues sin documentos no podía matricularlo menos utilizarlo para el trabajo, este parqueo del vehículo duro por mas de cinco años, producto de ello el motor se averió, quedando inutilizable, por lo que posteriormente tuvo que venderlo como chatarra; al quedarse sin trabajo el señor CECERES se vio obligado a emigrar a los Estados Unidos de América y así recuperarse del menoscabo económico que le produjo ese acuerdo con el señor BONILLA, QUINTO: Mediante constancia de fecha veintisiete (27) de mayo del año dos mil cinco (2005) y veintiséis (26) de abril del dos mil seis (2006), la Dirección Ejecutiva de Ingresos Regional, hizo constar que el camión en mención objeto de juicio cuyas características son tipo camión, año 1992, placa PAX 6207, motor No.6D16699502, CHASIS FK4171030051, VIN No. Jw6dml1e4nl002342, color blanco, C.C 3500, era propiedad del señor HECTOR ALEJANDRO MENA GUIFARRO. SEXTO: En fecha veinte (20) de octubre del dos mil quince (2015), mediante constancia del instituto de la propiedad vehicular nomina como propietario del camión reiteradamente descrito a OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Denis Adalid Sánchez Fuentes, Defensor Privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la Litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.2 del C.C.P. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. El motivo se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido, ha excluido prueba de valor decisivo, de fundamental importancia para decidir en forma regular lo debatido en el juicio. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación prescribe: Articulo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Expresa el sentenciador en el apartado de valoración de la prueba (página 3 del fallo) y en el sub apartado “Como medio de prueba de la Defensa”, señala los medios de prueba documental los cuales son: 1. Tracto sucesivo extendido por el Instituto de la Propiedad (folio 113 de la primera pieza de autos) 2. Listado de tracto sucesivo por el Instituto de la Propiedad (folios 74 al 75 de segunda pieza de autos) Señala el Sentenciador, en el apartado otro aparatado denominado “VALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBA”, que: «[...] por todo ello, este Tribunal considera que únicamente se encuentra acreditado la cantidad de L. 75,000.00 pues reúne los requisitos exigidos por el Código Civil en lo referente a la autenticidad exigida por la norma, puesto que se ha reflejado que la mismas son coplas sin soporte de autenticidad alguna [...]». Señala también el Sentenciador en dicho apartado, una valoración que excluye totalmente la prueba documental, consistente en el tracto sucesivo ubicado en los folios numero 74 al 75. Documentos públicos por ser expedidos por la autoridad competente como lo es el Instituto de la Propiedad que, como sabemos, lleva a su cargo el registro vehicular del país. Expresa el Tribunal que: «[...] si bien la defensa aporto el tracto sucesivo (folio 74 al 75 de la segunda pieza de autos) con hoja impresa del registro de la propiedad en la cual se colige como propietario al ofendido de autos en fecha 13 de agosto de del año 2007, no es menos cierto que se aportó como auto para mejor proveer, las fotocopias debidamente certificadas de Boucher de remesas número 2206213413, 22377, 340794999, 334189499, 332496799, de fecha 14 de febrero de 2007, 16 de febrero de 2007, 16 de febrero de 2007, 25 de febrero de 2007, 17 de marzo de 2007 y 28 de marzo de 2007, dichas remesas fueron enviadas por el ofendido de autos, siendo así, que este tribunal se pregunta ¿Cómo es que aparece el tracto sucesivo del instituto de la Propiedad que indica que el ofendido era propietario del camión, en fecha 13 de agosto de 2007, cuando este se encontraba en Estados Unidos desde el mes de febrero del 2007, específicamente en la ciudad de [A]Ustin Texas? Generando en este tribunal contradicción en relación al documento de tracto sucesivo presentado por la defensa como material de descargo [...]». Como se puede apreciar los razonamientos del Tribunal son claros en cuanto a la descalificación de la prueba consistentes en documentos públicos, por lo que conviene traer a la memoria del Tribunal de Casación lo expresado inclusive por los testigos de cargo en el debate para que se determine si las razones del Tribunal de instancia son concordantes y soportan la fuerza probatoria de esta prueba documental en relación con otras evacuadas en juicio a las que nos referiremos más adelante. Dicho lo anterior, pasamos a describir y analizar las pruebas estimadas de valor decisivo a que nos referimos, veamos: 1. A folio 74 y 75 de la segunda pieza de autos de autos, se encuentra el Lista Tracto sucesivo NRO. DOCUMENTO. extendido por el Instituto de la Propiedad de Comayagua, Departamento de Comayagua, debidamente firmado y sellado en la parte superior del mismo. En él se establece el listado de dueños o propietarios del camión marca Mitsubishi, camión color blanco, placas AAH5896, siendo el primer dueño OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ. A folio 75 continúa dicho documento encontrándose a simple vista y lectura los demás propietarios, en el apartado llamado “Traspasos”, se encuentra que HECTOR ALEJANDRO MENA GUIFARRO, lo compro en fecha 26 de mayo de 2006. Luego aparecer nada menos que el señor ELVIN RENE CACERES MEDINA, con compra del automotor en fecha 13 de agosto de 2007 y, en el apartado “Cambio de placa”, ELVIN RENE CACERES MEDINA, realizo dicho trámite. 2 Copias debidamente certificadas por el Tribunal de Sentencia de los giros con números 2206213413 de fecha 25 de febrero de 2007, 22377 de fecha 14 de febrero de 2007, 3407794999 de fecha 28 de marzo de 2007, 313036099 de fecha 16 de febrero de 2007, 334189499 de fecha 19 de marzo de 2007, 332496799 de fecha 17 de marzo de 2007. Con dichos documentos el Sentenciador pretende acreditar dos extremos totalmente contrario a la verdad y al propósito y naturaleza del valor de dichos documentos. En primer lugar, que el supuesto ofendido no se encontraba en Honduras al momento de llevarse a cabo el traspaso del vehículo a su favor. Como se puede apreciar, estos documentos que dicho sea de paso el tribunal los obtuvo abusando de la facultad que le confiere el artículo 333 del Código Procesal Penal ya que no contaba con algún elemento que señalara el descubrimiento de una prueba importante desconocida que no es lo mismo omitida por el Ministerio Publico, supliendo su negligencia y falencias- quiere dar por acreditado el hecho que en fecha 13 de agosto de 2007, el supuesto ofendido no estaba, como se ha dicho, en nuestro país, sin embargo nótese que dichos giros o remeses, comprenden fechas de febrero y marzo, NO EN EL MES DE AGOSTO de 2007. Es evidente la descalificación de estas pruebas, las mismas han sido excluidas de la Litis, conllevando a una conclusión totalmente distinta a la que se puede arribar si se hubieran tomado para su valoración correcta. Y en segundo lugar, dichos documentos indican que os giros o remesas no van dirigidos al señor ROBERTO BONILLA SERRANO y lo más grave, el Tribunal de Sentencia de Comayagua, pretende utilizar estos documentos como “un documento de valor migratorio”, lo que es incorrecto desde todo punto de vista. El artículo 1 de la Ley de Migración y Extranjería señala «El objeto de la presente Ley es regular la política migratoria del Estado, la entrada o salida de personas nacionales y extranjeras, la permanencia de estas últimas en territorio hondureño y la emisión de los documentos migratorios». (Lo subrayado es mío). Si bien se puede deducir indiciariamente que una persona se encuentra fuera el país con dichos documentos por su origen, también lo es que no funcionan como manera de acreditar como movimiento migratorio y más aún, cuando las fechas no coinciden con a fecha del suceso de inscripción de propietario como lo demuestra el tracto sucesivo que indica que fue el 13 de agosto de 2007 у по en los meses de febrero y marzo de ese mismo año. Es por ello que se descubre la mala intención del denunciante, sorprendiendo al Ministerio Publico-si es que no se fijó en dichos documentos o declaraciones tomadas que indican que no existe una estafa, sino una omisión que se pudo resolver mediante demanda civil por una obligación de hacer. 3. La declaración del testigo RONY DARIO DURAN CACERES, quien señala que: [...] en ese tiempo yo era ayudante de vendedor, vendía frutas, tenía una camión alquilado mi primo tenía interés en comprarlo hizo con un señor para comprarlo ellos los dos hicieron con un abogado pero no sé qué trato hicieron los dos del dinero no me acuerdo creo que le dio 25 mil o 50 [...] esto fue hace aproximadamente 14 años [...]». En ese sentido resulta de trascendencia indicar, que constituye una posición sostenida por la doctrina actualmente, la determinación del valor decisivo de una prueba por medio del método denominado “supresión hipotética”, que consiste en que su invalidez afecte de manera fundamental a la motivación, cuando si mentalmente se le suprimiese las conclusiones hubieren sido necesariamente distintas y a contrario censu, no será de valor decisivo la probanza que al ser suprimida mentalmente no afecta la resolución impugnada conservando esta última su sustento independiente De tal definición doctrinaria científica y, tal como se demuestra en el caso de estudio, al brindar el valor probatorio que realmente tienen las probanzas relacionadas, la conclusión a la que llega es absolutamente distinta a la que arribo este Tribunal y por ende, necesariamente desemboca en una decisión a la Litis en la que se determina plenamente la responsabilidad civil y no penal en la que incurrió el enjuiciado en el hecho objeto de procesamiento, cuando mentalmente se incluye la prueba documental relacionada. Con las razones legales antes expuestas se concluye, que el carácter de valor decisivo de esta prueba se pone de manifiesto, cuando si se le excluye mentalmente (como es el caso de que se trata) surge la duda de sí en realidad el señor Roberto Bonilla Serrano, engaño o no al señor Elvin Rene Cáceres Medina, pero si se le incluye y valora en toda su dimensión de acuerdo a la tesis propuesta, tenemos que indudablemente por su peso y consistencia se traduce en certeza positiva de que el señor BONILLA SERRANO, no es responsable del delito de ESTAFA, cometido en perjuicio de CACERES MEDINA, como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el propio acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio, SEGUNDO MOTIVO: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362.3 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: "Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida (el resaltado es nuestro). En relación con el párrafo primero del artículo 336 del C.P.P. Como el motivo se orienta a demostrar la inobservancia de las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de la prueba, que a la vez es un problema de fundamentación, conviene explicar en qué consisten esas reglas: Conforme el artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el C.P.P. es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definitiva en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo. Debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otros le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba en que incurrió el sentenciador de instancia: 1. Como ya se expresó anteriormente, el Tribunal de instancia en el apartado de valoración de la prueba, esgrime que las declaraciones de los testigos y ofendido ELVIN RENE CACERES MEDINA, RONY DARIO DURAN CECERES Y RENE CACERES CASTILLO, arrojan hechos contundentes para acreditar el engaño y la participación del imputado en el enjuiciamiento penal ya que los testigos entran en merecen credibilidad por tener coherencia lógica y fiabilidad objetiva. Por el contrario, ninguno de ellos preciso la forma en que se dieron los hechos, que sus declaraciones son nulas como prueba de cargo. Veamos entonces, cuáles son esas certezas que ha encontrado el sentenciador en este apartado de valoración de la prueba: a) El Testigo ELVIN RENE CACERES MEDINA, expreso que entre otras cosas que se pueden apreciar en el audio y cita de la sentencias ahora recurrida, que: «[...] ese trato en noviembre de 2002, ese trato de se hizo en jugo florida en el 2002, el trato era que le entregara mi carro un poco de efectivo y le diera en mensualidades, el carro fue valorado en 50,000 el camión era de él así me dijo, él se llama Roberto Bonilla Serrano, el carro se lo entregue en La Paz [...] no podía matricular el carro porque no tenía ningún documento, posteriormente pare mi carro, ese carro estuvo parado demasiados años, perdí el trabajo, el camión, me fui para los Estados Unidos, me fui en noviembre de 2005 [...] a Honduras regrese en el 2016 [...] b) Que RONY DARIO DURAN CACERES, declaro que: «[...] en ese tiempo yo era ayudante de vendedor, vendía frutas, tenía un camión alquilado mi primo tenia interés en comprarlo hizo negocio con un señor para comprarlo ellos los dos hicieron un trato le hizo el traspaso con un abogado pero no sé qué trato hicieron los dos del dinero no me recuerdo creo que le dio 25 mil o 50 [...] el comentario lo hizo que no tenía los documentos del carro entonces que iba a esperar a pagar una letra, la verdad no sé cómo quedaron con el señor, yo me fui a trabajar a Tegucigalpa[...]». c) El testigo RENE FERNANDO CECERES CASTILLO, expreso que: « [...] en el 2002, se trató un camión con el señor este y trabajo desde el 2002 hasta el 2004, de allí el camión en el 2004 se parqueo porque ese camión no podía circular porque tenía problemas con la autoridad el camión se parqueo, no había quien diera trabajo porque no habían papeles, en el 2006 se viendo como chatarra [...]». d) La prueba documental consistente en Lista Tracto sucesivo NRO. DOCUMENTO. Extendido por el Instituto de la Propiedad, señala claramente En él se establece el listado de dueños o propietarios del camión marca Mitsubishi, camión color blanco, placas AAH5896, siendo el primer dueño OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ. A folio 75 continúa dicho documento encontrándose a simple vista y lectura los demás propietarios, en el apartado llamado “Traspasos”, se encuentra que HECTOR ALEJANDRO MENA GUIFARRO, lo compro en fecha 26 de mayo de 2006. Luego aparecer nada menos que el señor ELVIN RENE CACERES MEDINA, con compra del automotor en fecha 13 de agosto de 2007 y, en el apartado “Cambio de placa”, ELVIN RENE CACERES MEDINA, realizo dicho trámite. e) Copias debidamente certificadas por el Tribunal de Sentencia de los giros con números 2206213413 de fecha 25 de febrero de 2007, 22377 de fecha 14 de febrero de 2007, 3407794999 de fecha 28 de marzo de 2007. 313036099 de fecha 16 de febrero de 2007, 334189499 de fecha 19 de marzo de 2007, 332496799 de fecha 17 de marzo de 2007. Con dichos documentos el Sentenciador pretende acreditar dos extremos totalmente contrario a la verdad y al propósito y naturaleza del valor de dichos documentos. En primer lugar, que el supuesto ofendido no se encontraba en Honduras al momento de llevarse a cabo el traspaso del vehículo a su favor. 2. Vemos entonces, que al revisar en el audio y transcripción en la sentencia del debate las declaraciones de estos testigos presenciales y al confrontarlas objetivamente con los documentos públicos, no se presentan las contradicciones, falsedades, o desméritos a que alude el sentenciador, pues estos explican en forma clara como percibieron por sus sentidos la dinámica del suceso, de manera que se expuso en el motivo anterior, de donde se deriva que no se presenta contradicción alguna entre lo afirmado por los testigos y documentos. Se observa que la valoración de la prueba es errónea y arbitraria, por cuanto las declaraciones de los testigos señalan que si se entregaron documentos hace más de catorce años, y que el señor ROBERTO BONILLA SERRANO, no tenía el camión a su nombre cuando lo adquirió, como es una mala costumbre en nuestro país, pero que no trasciende el ámbito meramente administrativo. Sin embargo, al venderlo se entregó documentación a tal grado que se encontró registrado el mismo, tal como lo indica el documento público de tracto sucesivo emitido por el Instituto de la Propiedad. No es cierto que se acredito que el supuesto ofendido CACERES MEDINA, se encontraba fuera del país, ya que el Ministerio Publico no aporto prueba alguna, como movimiento migratorio que es lo correcto según la Ley precitada en el motivo anterior. Sumado a ello, encontramos además que los giros realizados de Austin Texas, van a nombre del señor CACERES MEDINA, pudiendo no ser el mismo el que lo envió y, además con estos documentos no se acredita que, en el mes de agosto de 2007, no se encontraba en nuestro país o en el extranjero. De ahí entonces, que resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba, por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente y fundada, para considerar verdadera una conclusión, pues todo razonamiento debe de estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Como el sentenciador encuentra contradicciones en la prueba de la Defensa y que no se presentan entre las pruebas singularizadas en este apartado, ha violado la regla lógica de la derivación, pues ha extraído conclusiones que no guardan concordancia con el contenido de esas dos pruebas que nos referimos, pues no acepta que en cuanto a este punto controvertido los testigos no fueron claros, precisos y consistentes con la prueba documental, como mal lo sostiene el tribunal sin base en las reglas de la sana critica, por mandato de los artículos 202 y 336 del C.P.P. En consecuencia, se afirma una vez más la infracción de la regla lógica de la derivación en tanto en cuanto, se extraen conclusiones equivocadas, e inexactas de la prueba efectuada ya que no se dio por acreditado, como era lo correcto, que los testigos de cargo al presenciar el hecho expresaron la forma en que el trato se llevó sin engaño, esas conclusiones brindadas por el sentenciador están al margen de las reglas de la sana critica, porque no cabría más que aceptar que no existe delito alguno y, al no entenderlo así el juzgador, ha incurrido en una grave violación de las reglas del recto entendimiento humano, siendo obligatorio. que vosotros, respetable Tribunal de Casación, reviséis estás probanzas que constan en el audio y sentencia del debate para que comprobéis lo sostenido por esta Defensa, en cuanto a que en la descalificación de esta prueba no se han esgrimido los razonamientos suficientes que soporten el peso del contenido de la misma, con lo que se ultraja una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del C.P.P., en lo referente a la obligatoriedad de valorar en forma conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana crítica la prueba evacuada en juicio, toda vez que se descalifica arbitrariamente estas pruebas documentales, que unida a las otras da soporte a extremos fundamentales para considerar acreditada que no existe la comisión de delito, sino un ilícito de orden civil y que se resuelve por dicha vía, porque el Derecho penal es la última ratio, es fragmentario y subsidiario y no es la primera línea de protección de bienes jurídicos protegidos. Sobre la base del planteamiento estructurado, se reitera que si el tribunal sentenciador, hubiere valorado las pruebas conforme al recto entendimiento humano (sana crítica) el resultado, lejos de ser certeza, se hubiese traducido en duda de que exista delito alguno. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo.3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. •Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. •Norma Procesal que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. •Concepto de la infracción: Haber excluido el sentenciador prueba de valor decisivo en la litis. •Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar. •Pretensión: Que se declare ha lugar. Establece el recurrente que el sentenciador en el apartado de valoración excluye totalmente la prueba documental, consistente en el tracto sucesivo ubicados en los folios 74 y 75, documentos públicos por ser expedidos por la autoridad competente como lo es el Instituto de la Propiedad que, como sabemos, lleva a cargo el registro vehicular del país, debidamente sellado y firmado. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: • Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. •Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la Procedencia del Recurso. El Primer Motivo NO es de recibo. Establece el recurrente que el sentenciador en el apartado de valoración excluye totalmente la prueba documental, consistente en el tracto sucesivo ubicados en los folios 74 y 75, documentos públicos por ser expedidos por la autoridad competente como lo es el Instituto de la Propiedad que, como sabemos, lleva a cargo el registro vehicular del país, debidamente sellado y firmado. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. La Sala de lo Penal ha explicado que el vicio de exclusión de prueba de valor decisivo ocurre cuando propuesto, admitido y reproducido un medio de prueba, el Tribunal de Sentencia le resta eficacia probatoria de forma arbitraria, es decir, sin externar las razones que lo motivaron a tomar esa decisión, o bien, cuando por un desacertado criterio jurídico considera el sentenciador la ilicitud de dicho medio de prueba cuando no lo sea. Otro tanto igual ocurre con la falta de consideración de prueba de valor decisivo, pues el requisito condicionante para que se ocasione el vicio es que el medio de prueba dejado de considerar haya sido previamente propuesto, admitido y reproducido en juicio, y en donde el Tribunal de Sentencia, a pesar de la actividad procesal llevada a cabo, omite hacer toda referencia positiva o negativa de dicho medio de prueba en la sentencia, dejando la incertidumbre si la toma en cuenta del medio de prueba dejado de considerar o excluido hubiese cambiado el estado de convicción del juzgador en relación al objeto del proceso. De ocurrir cualquiera de los dos vicios, la Sala de lo Penal tendrá como tarea determinar si el medio de prueba indebidamente excluido o dejado de considerar posee un valor decisivo para la resolución del fallo, lo cual se hará conforme al método de inclusión hipotética explicado anteriormente. Así las cosas, la Sala de lo Penal, tras leer con detenimiento y analizar el discurso judicial contenido en la sentencia que se impugna vía casación, no logra identificar la existencia del vicio que ha motivado al recurrente acudir a la única instancia; es decir, de la existencia de una indebida exclusión del medio de prueba, consistente en la prueba documental presentada por la defensa privada, consistente en el tracto sucesivo extendido por el Instituto de la propiedad, pues, la invocación de dicho motivo se debe de plantear cuando no exista valoración, ya sea porque el tribunal de sentencia no considero la prueba o ya sea porque el tribunal excluyo la prueba, resultando en uno u otro caso, tener este medio de prueba un valor que decide el caso. Para el caso subjudice, ha dispuesto el juzgador en relación al anterior medio de prueba lo siguiente: “Si bien la defensa aporto el tracto sucesivo (folio 74 al 75 de la segunda pieza de autos) con hoja impresa del registro de la propiedad en la cual se colige como propietario al ofendido de autos en fecha 13 de agosto del año 2007, no es menos cierto que se aportó como auto para mejor proveer, fotocopias debidamente certificados de Bacher de remesas número 2206213413, 22377, 340794999, 313036099, 334189499, 332496799, de fechas 14 de febrero del 2007, 16 de febrero del 2007, 25 de febrero del 2007, 17 de marzo del 2007, 28 de marzo del 2007; dichas remesas fueron enviadas por el ofendido de autos; siendo así, que este Tribunal se pregunta ¿Cómo es que aparece el tracto sucesivo del Instituto de la Propiedad que indica que el ofendido era propietario del camión, en fecha 13 de agosto de 2007, cuando este se encontraba en Estados Unidos desde el mes de febrero del 2007, específicamente en la ciudad de USTIN TEXAS, generando en este Tribunal contradicción en relación al documento de tracto sucesivo presentado por la defensa como material de descargo”. Lo anterior no excluye el medio de prueba, pues para el Tribunal Sentenciador este medio probatorio del tracto sucesivo es contradictorio y lo contrapone con otro medio de prueba como es las fotocopias debidamente certificados de los bauchers de las remesas que fueron enviados por el ofendido. De lo anteriormente expuesto, debe de declararse sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. •Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. •Norma Procesal que se denuncia infringida: Artículo 202 Código Procesal Penal. •Concepto de la infracción: Violación a las Reglas de la Sana Crítica. •Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar. •Pretensión: Que se declare ha lugar. Establece el recurrente que resulta acreditado un grave vicio de apreciación de la prueba, por infracción de la regla lógica de la derivación que impone la necesidad de razón suficiente, se observa que la valoración de la prueba es errónea y arbitraria, por cuanto las declaraciones de los testigos señalan que si se entregaron los documentos hace más de catorce años, y que el señor Roberto Bonilla Serrano, no tenía el camión a su nombre cuando lo adquirió, como es una mala costumbre en nuestro país, pero que no trasciende el ámbito meramente administrativo. Sin embargo, al venderlo se entregó documentación a tal grado que se encontró registrado el mismo, tal como lo indica el documento público de tracto sucesivo emitido por el Instituto de la Propiedad. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: •Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. •Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, •Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: •La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: •El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” •El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. •El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. •La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: •Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. •Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. •Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: •Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; •Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; •No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; •Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y •Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El segundo NO es de recibo. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente no en pocos casos el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el Tribunal de Sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio. En juicio oral y público el Ministerio Público se hizo valer de los siguientes medios de prueba de cargo, como ser: A. DECLARACIÓN TESTIFICAL: 1) Declaración del señor Elvin René Cáceres Medina (ofendido), 2) Declaración del señor Rony Darío Durán Cáceres, 3) Declaración del señor René Fernando Cáceres Castillo. B. PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Constancia emitida en fecha 27 de mayo del 2005, 2) Acta de inspección ocular de fecha 19 de abril 2005, practicado al vehículo tipo camión que fue vendido al ofendido. 3) Un recibo de fecha 04 de noviembre de 2002, firmado por el imputado. 4) Cinco comprobantes de depósito, realizado por Elvin René Cáceres Medina. 5) Baucher de cheques presentados. Por su parte la defensa privada presentó únicamente: C. PRUEBA DOCUMENTAL: 1) Tracto sucesivo extendido por el Instituto de la Propiedad. 2) Listado del tracto sucesivo, extendido por el Instituto de la Propiedad Vehicular. Antes de centrarnos en el análisis de la motivación intelectiva realizado por el Tribunal Sentenciador referente a la prueba evacuada en el juicio oral y público, es importante plasmar lo que referenciaron los testigos en sus declaraciones, mismas que fueron confirmadas por este Tribunal Casacional, mediante el audio y la transcripción, por lo que de acuerdo a: Con la declaración de Elvin René Cáceres Medina, estableció: “Yo en el momento que me encuentro es por la denuncia que puse el 2004 por un camión que le compre, al principio me dijo que me lo entregaría, pero después lo busque y no volvió a contestarme”. A preguntas de las partes, respondió:” Ese trato en noviembre 2002, ese trato se hizo en jugo florida en el 2002, el trato era que le entregara mi carro un poco de efectivo y le diera en mensualidades, el carro fue valorado en 50,000, el camión era de él, así me dijo, él se llama Roberto Bonilla serrano, el carro se lo entregue en la paz frente a mi casa y con el efectivo esa ves fue la última vez, la cuota de DIEZ MIL LEMPIRAS, los pagos los realice por banco de occidente, la última cuota de 10, 800 por el banco no la realice..., yo lo cite a mi casa para que entregara el dinero... esos depósitos a nombre de Roberto Bonilla Serrano y a mi nombre yo lo depositaba, yo lo busque llamarlo..., no podía matricular el carro porque no tenía ningún documento, posteriormente pare mi carro, ese carro estuvo parado demasiados años, perdí el trabajo, el camión, me fui para estados unidos, me fui en noviembre del 2005 para usa, el carro estuvo parado se le pego e motor se tuvo que vender como chatarra, a honduras regrese como el 2016, camión Mitsubishi blanco de cajón, la boleta de revisión salía a nombre de este señor, bueno la verdad no recuerdo a nombre de quien salía, gaste bastante dinero el carro quedo parado por más de 5 años se pegó el motor, hasta ahorita le vuelvo a ver, trabajaba en jugo florida; del 2002 al 2004 hasta el 2007 al 2008 estaba estacionado el vehículo”. Por su parte, el señor Rony Darío Duran Cáceres, estableció en su declaración: “En ese tiempo yo era ayudante de vendedor, vendía frutas, tenía un camión alquilado mi primo tenía interés en cómpralo hizo negocio con un señor para comprarlo ellos los dos hicieron un trato, le hizo el traspaso con un abogado, pero no sé qué trato hicieron los dos del dinero no me recuerdo creo que le dio 25 mil o 50, es ya hace varios años no recuerdo”. A preguntas de las Partes, respondió: “Esto fue hace aproximadamente 14 años, yo era empleado de una empresa de jugos, se llamaba alcosa jugo florida, mi primo Elvin Rene Cáceres, él era el vendedor de ruta de mayoreo y yo era el ayudante, Junto con su primo había un camión alquilado, en ese tiempo alquilaron varios camiones para ruta y nosotros lo andábamos manejando ese camión era grande blanco, mi primo hizo un trato con un señor que se lo iba a vender a el porque el primo quería alquilárselo a la empresa, el trato era compra de camión, el traspaso lo hizo el primo mío con el señor que hicieron un trato él tenía un Toyota se lo dio como prima, ese camión lo termino pagando en cuotas creo, lo termino de pagar no se solo me hizo el comentario por los documentos sobre el traspaso del camión, creo que nunca llegaron a un acuerdo, el comentario lo hizo que no tenía los documentos del carro entonces que iba a esperar a pagar una letra, la verdad no sé cómo quedaron con el señor, yo me fui a trabajar a Tegucigalpa. En la ciudad de Tegucigalpa, la empresa lo tuvo alquilado como un año, no recuerdo mucho, eso fue hace como 10 años”. Con la Declaración del señor René Fernando Cáceres Castillo, estableció: “ EN EL 2002, se trató un camión con el señor este y trabajo desde el 2002 hasta el 2004, de allí el camión en el 2004 se parqueo, porque ese camión no podía circular porque tenía problemas con la autoridad el camión se parqueo porque no habla quien diera trabajo porque no hablan papeles, entonces el camión se parqueo porque no podía trabajar, y entonces en el 2006 ese camión se vendió como chatarra porque no servía para nada”. A preguntas del fiscal responde: “Del señor Elvin soy el papa, el tarto no estaba yo lo hizo el hijo con el señor ese, cuando el trato se hizo yo no estaba presente, el trato no sé qué en mes se hizo el año si se, en ese trato que se hizo el hijo mío le entrego un Toyota negro extracar 4x4 lo entrego a cambio del camión color negro extracar, mi hijo le entrego un Toyota negro con 25,000 a cambio del camión el trato era de 75, yo sabía de ese trato porque el hijo me dijo que había tratado ese camión y él le estaba pagando a través de un banco, el problema del camión es que no andaba legal y aparecía a nombre de otra persona, ese problema con la autoridad el hijo mío tuvo que parquearlo, lo parqueo dos años, él no le había entregado el traspaso del camión, el camión se parqueo enfrente de donde yo vio, vivo en el sagrado corazón, permaneció dos años parqueado en el 2006 lo vendimos, lo vendí como chatarra porque no tenía papeles, por 50, 000 para darle de comer a los hijo, lo vendí a gente que andaba comprando, se deterioró todo el motor y la caja, él se fue para estados unidos el hijo mío, en el 2006, el hijo se fue porque no tenía trabajo no tenía para donde agarrar el, el señor ROBERTO BONILLA CERRANO desparecido, mi hijo lo buscaba para que hiciera el traspaso del camión.- A preguntas de la defensa responde. Los 50 mil los recibí yo, solamente lo vendí como chatarra”. La Sala de lo Penal centró su análisis en el apartado de la sentencia en donde los jueces hacen el proceso de valoración probatoria, es decir donde consta la motivación descriptiva y la motivación intelectiva de la prueba evacuada en la audiencia de debate. El título “Valoración Conjunta de la Prueba”, el Tribunal Sentenciador estableció: “Del factico narrado por los testigos ofendido y presenciales del hecho, se entiende o percibe la conducta engañosa, es decir que el aquí enjuiciable, se fingió dueño de bienes muebles, en este caso de un camión, pues creo un escenario, una fantasía, puesto que aparento ser dueño del vehículo tipo camión, objeto de enjuiciamiento resultando que el aquí enjuiciable recibió como primer abono la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (L.75,000.00), quedando un saldo pendiente según describe el documento referido de sesenta y cinco mil lempiras (L. 65,000.00), dicha cantidad fue entregada por el propio ofendido, constando la auténtica del mismo en el expediente de mérito; dicha cuota restante se pagaría de forma mensual por el ofendido dando saldo de diez mil lempiras (L.10,000.00) hasta completar to restante; este factico lo extraemos de los relatos ofrecidos por los testigos de cargo al momento de rendir su declaración en juicio, quienes fueron coherentes entre si permitiendo resaltar la verosimilitud de sus testimonios, así como la persistencia en sus declaraciones pese al paso del tiempo, conforme a la inmediatez percibimos por nuestros sentidos ese autenticidad y credibilidad de los testimonios vertidos con nitidez sin ambigüedad ni inexactitud alguna. Si bien, a folios 15 al 20 del expediente de mérito, se observan copias de los recibos de depósitos realizados por el ofendido al imputado de autos, en la cual indican que dichas cantidades fueron depositadas en banco de occidente en cuotas que oscila entre 4 recibos de diez mil acho cientos (L. 10,800.00), y un recibo de siete mil seiscientos cincuenta y cinco (L. 7,655.00) lempiras, no es menos cierto que las mismas son copias sin que en ellas se observe certificación por parte de la secretaria del Juzgado de letras o autentica alguna que acredite la confiabilidad del documento. Por todo ello, este tribunal considera que únicamente se encuentra acreditado la cantidad de L. 75,000.00, pues reúne los requisitos exigidos por el código civil en lo referente a la autenticidad de los mismos, las demás cantidades, no son consideradas confiables, pues carecen de la autenticidad exigida por la norma, puesto que se ha reflejado que las mismas son copias sin soporte de autenticidad alguna. Amen las cosas, a este tribunal le quedo claro sin lugar a dudes de ese engaño provisto de mala fe por parte del aquí enjuiciable, cuya finalidad del mismo era la obtención de ese bien mueble (dinero), en perjuicio del patrimonio del ofendido de autos. Del factico formalizado por el ente fiscal, se entiende que el camión objeto de transección era por le cantidad de ciento cuarenta mil lempiras (L.140,000.00), y con el recibo que antecede se acredita que el señor BONILLA SERRANO recibió la cantidad de setenta y cinco mil lempiras (L. 75,000.00) quedando pendiente la cantidad de sesenta y cinco mil lempiras (L. 65,000.00). Todo esto con apariencia de legalidad y transparencia, pues dicha transacción fueron realizadas mientras el ofendido mantuvo en su poder el camión, sin la documentación respectiva, ya que una vez cancelada la totalidad, este (ofendido) recibirle los documentos del referido camión, pues así lo convino con el sr. Bonilla; por lo que fue fácil que el sujeto pasivo cayera en el error, ya que esto conllevo a una simulación de una realidad oculta, ficticia, atribuyéndose éste bienes inexistentes para efectos de defraudación. Es decir, que dichos documentos del vehículo no fueron entregados pues según se reflejó no existían ya que el sr. Bonilla nunca los tuvo en su poder, según la prueba documental refleja que este no era el verdadero propietario, el folio 113 de la primera pieza del expediente se encuentra una constancia del instituto de la propiedad vehicular extendida en fecha 20 de octubre del 2015, en la cual refleja las descripciones del camión objeto del delito, nominando como propietario a OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ Las máximas de la experiencia indican que en el mundo del comercio en especial de vehículos automotores, muchos poseedores de los mismos no realizan los traspasos a su nombre esta práctica se ha vuelto costumbre en la zona, quedando como propietario el anterior poseedor, decimos esto porque si bien el Bonilla no aparece como propietario, en dicha constancia emitida por el Registro de propiedad Vehicular, no es menos cierto, que este debió tener siempre dicha documentación y entregarla a su ultimo poseedor, en este caso el ofendido de autos. La tesis de la defensa consistió en que el imputado no entrego la documentación en virtud de que el atendido no completo la transacción convenida, ahora bien, el ofendido adujo que el imputado se desconectó totalmente de él, a modo que no lo pudo ubicar vía celular ni presencialmente, pese a sus enormes esfuerzos realizados por intentar ubicarlo; este tribunal no duda de lo vertido por el ofendido y de los demás testigos de cargos, puesto que observamos de legajo probatorio que el ofendido le hizo falta completar un poco menos de la cantidad pactada, por lo que no consideramos que el ofendido quisiera comer riesgo alguno de perder la cantidad dada en un inicio como prima al imputado de autos, así como de transportarse en el camión ya mencionado sin la documentación correspondiente, ya que el mismo lo ocupaba para trabajo, sabiendo que ante la falencia de este requisito sería objeto de decomiso por parte de la policía de tránsito, e inclusive este podía enfrentar cargos con la justicia en caso de no acreditar la propiedad. El anterior extremo, es considerado como elemento subjetivo, que se desemboca en haberse logrado el efecto engañoso, pues el señor Bonilla, percibió la cantidad de L 75,000.00 del hoy perjudicado, quien posteriormente se ocultó, y conforme a la sana crítica y máximas de la experiencia, ¿logramos entender porque?, apreciando estos juzgadores que lo lógico es que el sr. Bonilla nunca tuvo en su poder los documentos de referido vehículo, y durante al desarrollo del proceso jamás los aporto como medio de prueba amen de todo, esto permite calibrar la mayor potencia y peligrosidad para inducir a ese error, acreditándose con ello el dolo "intención" de engañar, siendo este "engaño" el papel rector de la Estafa, ya que le acción dolosa antes descrita lesiona la buena fe de sus victimes pretendiendo asegurar el perjuicio económico de terceros, debiendo mediar entre el engaño y ese perjuicio antes reseñado la relación de causalidad, como un nexo causal entre la acción y el resultado, considerando estos juzgadores que esa acción típica en el presente caso produjo un resultado como ser el perjuicio económico Si bien la defensa aporto el tracto sucesivo (folio 74 al 75 de la segunda pieza de autos) con hoja impresa del registro de la propiedad en la cual se colige como propietario al ofendido de autos en fecha 13 de agosto del año 2007, no es menos cierto que se aportó como auto para mejor proveer, fotocopias debidamente certificadas de Boucher de remesas número 2206213413, 22377, 340794999, 313036099, 334189499, 332496799, de fechas 14 de febrero del 2007, 16 de febrero del 2007, 25 de febrero del 2007, 17 de marzo del 2007, 28 de marzo del 2007, dichas remesas fueron enviadas por el ofendido de autos; siendo así, que este tribunal se pregunta ¿Como es que aparece el tracto sucesivo del Instituto de la Propiedad que indica que el ofendido era propietario del camión, en fecha 13 de agosto de 2007, cuando este se encontraba en estados Unidos desde el mes de febrero del 2007, específicamente en la ciudad de USTIN EXAS, generando es este tribunal contradicción en relación al documento de tracto sucesivo presentado por la defensa como material de descargo. En referencia a la constancia que obra a folio 23 de la primera pieza de autos emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos Regional de Comayagua en fecha 27 de mayo del 2005, hace constar que el camión en mención objeto de juicio cuyas características son tipo camión, año 1992, placa PAX 6207, motor No. 6D16699502, CHASIS FK4171030051, VIN No. Jw6dml1e4n1002342, color blanco, C.C. 3500, es propiedad del señor HECTOR ALEJANDRO MENA GUIFARRO, el cual es coherente con el tracto sucesivo que obra a folio 75 de la segunda pieza de autos, pues en ese documento extendido por el Instituto de le Propiedad aparece el señor MENA GUIFARRO como propietario este último documento lo establece que lo fue en fecha 26 de abril del 2006, según el relato del ofendido el trato lo hizo con el imputado en noviembre del 2002, es decir que el dueño en ese entonces era don MENA GUIFARRO y no el imputado de autos, como se lo hizo entender al ofendido, esto permite aseverar aún más el "engaño", pues el imputado no fue transparente con el ofendido, pues desde su inicio le dio a entender que era dueño del camión y para consumar su estrategia engañosa este le entrega el camión al ofendido, a efecto de recibir la prima de la cantidad pactada, esto permitiría ganarse la confianza de su víctima, y así lograr mantener durante cierto tiempo su montaje escénico, hasta lograr consumar su estrategia dolosa, la lógica y máximas de la experiencia nos permiten percibir que el imputado jamás actuó de buena fe, puesto que nunca tuvo los documentos del camión referido, para su posterior entrega una vez culminado el trato, pues es claro que su intención era inducir en error a su víctima en provecho propio. Y nótese a folio 113 de la primera pieza del expediente en la que se encuentra una constancia del instituto de la propiedad vehicular extendida en fecha 20 de octubre del 2015, en la cual refleja las descripciones del camión objeto del delito, nominando como propietario a OSCAR ARTURO GODOY VASQUEZ; esto permite observar de forma aún más nítida el engaño y como su autor al aquí enjuiciable. El acta de inspección ocular solamente resalta la inspección (valga la redundancia) al vehículo antes descrito esto practicado en fecha 19 de abril del 2009, quien en ese tiempo se estableció que no presentaba daño superficial, esto permite acreditar la existencia del objeto ilícito, además se acompañó las fotografías del camión para efectos de ilustración y el cual se observa la coherencia con los relatos de los testigos de cargo y de la prueba documental traída a juicio”. Esta Sala de Casación, luego de analizar los razonamientos del Juzgador para valorar las pruebas allegadas al juicio no encuentra quebranto a las reglas de la sana crítica, especialmente la regla lógica de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, todo lo contrario, la aplicación correcta de estas reglas ha hecho que el A-quo efectúe razonamientos lógicos y derivados del resultado probatorio, estableciendo con la declaración testifical del señor Elvin René Caceres, que hizo un trato con el señor Roberto Bonilla Serrano en comprarle un camión marca Mitsubishi color blanco, quién estaba a nombre del señor Hector Alejandro Mena Guifarro, convenido por el precio de L.140, 000.00 y en la que le dio como prima un vehículo color negro marca Toyota extracar 4x 4 valorado en L.50, 000.00 y al mismo tiempo entregándole en efectico la cantidad de L.25,000.00, quedando pactado que el resto lo pagaría en mensualidades con una cuota de L.10,000.00, una vez recibido la totalidad de lo pagado recibiría los documentos del referido camión, por lo que el señor Cáceres Medina lo busco y lo llamó para hacerle la cancelación del último pago y que le entregara la documentación del camión, sin encontrarlo, ya que el camión no podía seguir trabajando porque no andaba legal, por lo que el señor Cáceres Medina perdió su trabajo y tuvo que irse para Estados Unidos a trabajar, dejando estacionado el camión enfrente de la casa de su padre el señor René Fernando Cáceres Castillo por dos años, cuya consecuencia de estar parado se le pego el motor y se tuvo que vender como chatarra, dicha declaración fueron corroborados con los demás declaraciones testificales de los señores Rony Darío Durán Cáceres y René Fernando Cáceres Castillo y las pruebas documentales como la constancia emitida en fecha 27 de mayo del 2005, acta de inspección ocular de fecha 19 de abril 2005, practicado al vehículo tipo camión que fue vendido al ofendido, un recibo de fecha 04 de noviembre de 2002, firmado por el imputado, cinco comprobantes de depósito, realizado por Elvin René Cáceres Medina, y los correspondientes Baucher de cheques presentados. Por lo que las conclusiones a las que arribaron los Sentenciadores fueron correctas y se desprenden precisamente del resultado probatorio en su totalidad; concatenando las pruebas entre sí y externando juicios de valor coherentes que le llevaron a externar conclusiones lógicas y correctas, por tanto, resulta procedente desestimar el presente motivo de casación. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. • Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1.Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2.Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3.Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: •Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; •Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y •Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: •Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. •Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. •La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al Código Penal decreto144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal decreto130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de la Defensa Pública ni el Ministerio Público escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Roberto Bonilla Serrano, la pena principal de Cinco (5) años de reclusión, más el diez por ciento (10%) del valor de lo defraudado, como autor material de un delito de Estafa en perjuicio de la propiedad de Elvin René Cáceres Medina, así mismo se le condena a la pena accesoria de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, y a trabajos en obras públicas o a labores dentro del centro penal, durante el tiempo de las penas principales y la declaratoria de responsabilidad civil. Conforme a la nueva legislación penal, decreto 130-2017 el delito de Estafa se encuentra regulado en el artículo 365, el cual tiene una pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años, si el valor de lo defraudado, excede de cinco mil Lempiras (L.5,000.00), de acuerdo a los hechos probados la cantidad defraudada que fue acreditado por el Tribunal de Sentencia fue de L.75,000.00, quedando la pena abstracta de dos (2) a cuatro (4) años de prisión. esta última no tiene contemplada la pena de multa. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el código penal 130-2017 prevé sanciones menos gravosas que las impuestas conforme el código penal 144-83, por lo que es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado. Conforme se señala en la sentencia las partes en la audiencia de individualización de la pena concreta alegaron ausencia de circunstancia agravantes y circunstancias atenuantes. La pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. y en relación a sus circunstancias personales no denota algún tipo de peligrosidad, de igual manera está acreditado en la foliada judicial que no tiene antecedentes penales, esta Sala de casación considera que es procedente aplicar la pena mínima, de Dos (2) años de prisión. Por lo que se puede concluir que, si es procedente la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal, pues le es más favorable a la imputado, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338,339,362 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Denis Adalid Sánchez Fuentes, actuando en su condición de defensor privado del acusado Roberto Bonilla Serrano, por suponerle responsable del delito de Estafa, en perjuicio de La Propiedad de Elvin René Cáceres Medina. SEGUNDO: Declara la PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada al acusado Roberto Sánchez Serrano; en consecuencia Reforma el pronunciamiento primero de la parte resolutiva de la sentencia de fecha ocho de junio de dos mil veinte dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua en los siguientes términos: i.- Que debemos Condenar y Condenamos al acusado Roberto Bonilla Serrano, como autor de un delito de Estafa en perjuicio de Elvin Rene Cáceres Medina a cumplir la pena principal de Dos (2) años de prisión. ii.- Inhabilitación especial de prohibición de aproximarse a la víctima y a sus familiares, por el tiempo que dura la condena principal (2 años). iii.- Como consecuencia de la pena de prisión, debemos condenar y condenamos al acusado Roberto Bonilla Serrano, a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2) por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. iv.- La pena accesoria se cumplirá de manera simultánea a las penas principales de prisión. TERCERO: Se mantiene incólume los pronunciamientos segundo, tercero, cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Mairena Franco. NOTIFÍQUESE. Mario Rolando Díaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Pia Cristina Mejia Nuñez Receptora Adscrita. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a diecisiete días del mes de febrero de 2026. Certificación de la Sentencia dictada el diecisiete de noviembre de 2025, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-149-2021.
Pía Cristina mejía Nuñez.
Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal”.