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Sentencia CP-144-21 — Registro 19429

Resumen

En primer instancia se absuelve a los acusados por los delitos de del delito de Posesión y Uso Ilegal de Arma de Fuego Comercial, Posesión y Uso Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal encuentra la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia, contenida en la ahora sentencia impugnada, acorde con las reglas de la sana crítica, sin que exista disparidad entre las conclusiones arribadas por los Juzgadores y los postulados del sistema de valoración de la prueba que manda la ley procesal en su artículo 202, derivando de manera correcta que no existe prueba que permita la certeza que el hecho imputado existió y, por lo tanto, que los acusados sean los responsables del mismo. El Tribunal de Sentencia contó entre otros medios de prueba, con las declaraciones testificales de Ariel Escobar Gómez y de Kevin Mauricio Mejía Bonilla, quienes en su deposición narraron como se encontraban distribuidas las armas de fuego y las municiones en el pipante, es decir, dentro de una mochila, envuelta en colchones tapados con nilón azul y en medio de quintales de arroz; asimismo, acta de inspección ocular que corrobora los dichos de los testigos. Estos medios probatorios fueron valorados de manera armónica con el resto de medio de prueba, describiendo el dictamen de laboratorio de balística forense, que las armas de fuego analizadas presentan buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, que conforme a la Constancia de Registro de Balística Nacional de Armas de Fuego, no se encuentran registradas en la base de datos. Como bien lo refieren los juzgadores, las armas y municiones iban ocultas y no era posible observarlas a simple vista, que no basta solo estar en la lancha para asumir la responsabilidad de lo que en la misma se encontró, más cuando otra persona asumió la responsabilidad mediante procedimiento abreviado, asimismo, resulta necesario tener el conocimiento del traslado de las armas con sus municiones para asumirle responsabilidad penal alguna; finalmente para establecer la coautoría se tuvo que individualizar la participación y el conocimiento del hecho ilícito de cada uno de los ocupantes del pipante. Habiendo hecho un examen al proceso de valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia a cada medio de prueba, es criterio de esta Sala de lo Penal, que claramente el Sentenciador recalca con exactitud, las razones por las cuales no le son objetivamente confiable los medios de prueba evacuados durante el debate para alcanzar una sentencia condenatoria, así las cosas, el sentenciador a efectuado razonamientos coherentes, concatenados y derivados de las pruebas que pudieron ser valoradas, utilizando en sus consideraciones las reglas de la sana crítica, por lo que, es procedente desestimar el presente recurso de casación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-144-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 144-2021, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlantida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Jose Fabio Herrera Gonzales, Orlando Hilario Rivera Padilla, Elvin Nahún Orellana Aplicano, Jose Francisco Rivera Santos y Jose Abel Dubon Orellana, del delito de Posesión y Uso Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Absolvió a Jose Fabio Herrera Gonzales, Orlando Hilario Rivera Padilla, Elvin Nahún Orellana Aplicano, Jose Francisco Rivera Santos y Jose Abel Dubon Orellana, del delito de Posesión y Uso Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: Declaro procedente la devolución a quien acredite ser el legítimo propietario de la evidencia física consistente en: un Arma de fuego tipo fusil, calibre 22mm, marca ARMSCOR con serie A937180, con su respectivo cargador y 15 proyectiles 22mm; en relación a un arma de fuego tipo Fusil, M 16 A2 con serie OP0050, con su respectivo cargador y 30 proyectiles sin percutir y un arma de fuego tipo fusil AK-47 con serie 1975318594, con su respectivo cargador y 30 proyectiles sin percutir; y ordenó la destrucción a la firmeza de esta sentencia por consistir en armas de uso prohibido. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, la abogada Liana Lourdes Soto, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente; y, el Abogado Roger Orlando Martínez Bermúdez, defensor privada, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En fecha 19 de marzo de 2018, aproximadamente a las 23:00 horas, los señores José Fabio Herrera Gonzales, Orlando Hilario Rivera Padilla, Elvin Nahún Orellana Aplícano, José Francisco Rivera Santos, José Abel Dubón Orellana y Joel Antonio Rivera Sorto, se conducían en un pipante sobre la Laguna de Evans, desde Palacios hasta la comunidad de Las Marías, siendo interceptados por agentes de la Fuerza Naval los que realizaban patrullaje de rutina, quienes después de un registro a dicha embarcación encontraron dentro de unos colchones tres armas de fuego y sus respectivos cargadores cuyas características son: a) Arma de fuego tipo Fusil, M16 A2 con serie OP0050, con su respectivo cargador y 30 proyectiles sin percutir; b) Arma de fuego tipo fusil AK-47 con serie 19753185941 con su respectivo cargador y 30 proyectiles sin percutir; c) Arma de fuego tipo fusil, calibre 22mm, marca ARMSCOR con serie A937180, con su respectivo cargador y 15 proyectiles 22mm. las que presentaban un buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y de las que no registro de tenencia en el Registro Nacional Balístico. Segundo: En fecha Quince de octubre del dos mil Dieciocho el señor Joel Antonio Rivera Santos, asumió responsabilidad penal del traslado de las armas arriba descritas emitiendo el Juzgado de Letras con competencia Territorial Nacional en Materia Penal en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, una sentencia condenatoria número 28-2018, la cual a este momento se encuentra firme y ejecutoriada.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Liana Lourdes Soto, agente fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La conclusión a la cual arribó el juzgador, a criterio del ente acusador, no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que los miembros del Tribunal de Sentencia, al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, ya que, su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; produciendo consecuentemente, una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano, al estimar que:" El ente acusador del Estado no le interesó traer al debate fotografías de la manera en que fueron encontrados los objetos, es decir, no existe fijación de los objetos al momento del hallazgo, este elemento es importante, porque uno de los imputados cuestiona la manera y el lugar en donde los objetos fueron encontrados y el Ministerio Público no presentó prueba de calidad para demonstrar sin lugar a dudas en donde y como fueron encontrados". (Ver numeral cuarto, párrafo segundo del Análisis intelectivo de los medios de prueba descritos en el acápite segundo de esta sentencia). El anterior razonamiento que hacen los sentenciadores sobre la prueba, no es acorde a las reglas de la Sana Crítica, pues, contrario a sus apreciaciones, la prueba evacuada en juicio demostró contundentemente la responsabilidad de los acusados, ya que la declaración del señor Kelvin Mauricio Mejía Bonilla, fue clara y contundente al establecer que el día de los hechos, los enjuiciados se conducían a bordo de un pipante, y que al solicitarles realizar un registro a dicha embarcación, encontraron en la proa, 4 colchones nuevos con sus respectivas bolsa plásticas, enrollados y amarrados, y al palpar un colchón color rojo floreado sintió algo pesado y al introducir la mano dentro del mismo encontró un arma AR 15, razón por la cual se Io reportó al Alférez de Fragata Ariel Escobar Gómez, quien instruyó llevar al pipante al apostadero de Brus Laguna donde continuaron con la inspección, encontrando dentro del resto de los colchones un arma AK 47 con su respectivo cargador y 30 proyectiles, un fusil M16 con su respectivo cargador conteniendo 30 proyectiles sin percutir, un arma de fuego tipo fusil calibre 22 con su respectivo cargador y 15 cartuchos. También en diferentes partes de la embarcación se encontró: 55 cartuchos de calibre 5.56 y 70 cartuchos de calibre 22 mm, 65 cartuchos de AK 47 y 21 cartuchos calibre 12 mm; deposición que fue reforzada con lo declarado por el Alférez de Fragata Ariel Escobar Gómez al establecer que una vez que el cabo Kevin le informo sobre el hallazgo del arma R 15 dentro de uno de los colchones, ordenó que el pipante fuera trasladado al apostadero de Brus Laguna junto con los 6 tripulantes, donde fueron encontradas las armas y municiones antes descritas. Así mismo esta declaraciones se concatenan y se entrelazan con el Acta de Inspección, con la cual se acreditó el lugar, la cantidad de armas y municiones encontradas en el pipante donde se transportaban los hoy encartados, como ser, que dentro de un colchón color rojo floreado se encontró un arma AK 47 con su respectivo cargador y 30 proyectiles, en el colchón color café con flores azules un fusil M16 con su respectivo cargador conteniendo 30 proyectiles sin percutir, en el colchón rosado floreada, un arma de fuego tipo fusil calibre 22 con su respectivo cargador y 15 cartuchos, en medio de los quintales de arroz se encontró dos bolsas platicas de color rojo y verde que contenía 55 cartuchos de calibre 5.56 y la otra contenía 70 cartuchos de calibre 22 mm, en medio de los paquetes de fresco se encontró una bolsa plástica de color negra la cual contenía 65 cartuchos de AK 47 y en medio del pipante en una bolsa plástica color azul se encontró 21 cartuchos calibre 12 mm. Aunado a lo anterior con el Dictamen del Laboratorio Balístico se demostró que las armas de fuego recibidas presentaban buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con buen estado de conservación externo y su mecanismo de acción en las armas tipo fusil, marca RUSSIAN, modelo AKM, calibre 7.62X39 MM, Serie 1975318494 y el arma de fuego tipo fusil, marca COLT, modelo M16, calibre 5.56x45 mm, serie # OP0050 son de acción automática con selector de disparo y el arma de fuego tipo rifle, marca AMSCOR, modelo 20P, calibre 22 LR, serie # A937180 es de acción semi automática y se consideran armas largas o de hombro. Tomando en consideración lo antes expuesto, vemos que la afirmación del Tribunal en el apartado de la Fundamentación Jurídica, es errónea al establecer que: " El ente acusador no logró probar estos delitos, porque no se pudo determinar si los imputados abordaron el pipante en el mismo lugar y a la misma hora y no determinó si los encausados tenían conocimiento que dentro de los colchones iban introducidas las armas de fuego que la autoridad encontró"; argumentos que son desacertados, ya que desvalora la declaración de los testigos, en el sentido de que estos han dejado claramente establecido que las municiones iban en lugares visibles a las personas que abordaban la embarcación, como ser dentro de una mochila, en los quintales de arroz, en medio de los paquetes de fresco, en medio de la embarcación; además los colchones donde se transportaban las armas iban en la proa del pipante. Expuesto lo anterior, se colige que hay un error de razonamiento por parte del Tribunal, al eximir a los imputados de los delitos de Transporte Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Comercial, y Transporte Ilegal de Municiones de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Comercial, pues con fa prueba de cargo se demostró que los encartados no desconocían que dentro del dicha embarcación se transportaban armas y municiones tanto de uso comercial como prohibida, ya que, las mismas iban distribuidas en diferentes partes del pipante, lo que es lógico que no desconocieran lo que llevaban a bordo por la forma estratégica en que iba distribuida la munición antes mencionada. De ahí que el tribunal ha vulnerado la Regla Lógica en su postulado de derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, porque, cuando vemos la prueba en su conjunto resulta precisa y coherente y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión que los imputados José Fabio Herrera Gonzales, Orlando Hilario Rivera Padilla, Elvin Nahún Orellana Aplicano, José Francisco Rivera Santos y José Abel Dubón Orellana, sí perpetraron el hecho delictivo por el cual fueron enjuiciados, por lo que debieron ser condenados a título de autor de la conducta delictiva de Transporte Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Comercial y Transporte Ilegal de Municiones de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Comercial , por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador at momento de valorar la prueba antes señalada Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de tos antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Declarar procedente el motivo, anulando el fallo recurrido. La recurrente inicia su desarrollo recursivo, señalando que la conclusión del sentenciador, no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la sana crítica en su postulado de derivación, integrado por la razón suficiente, a criterio de la recurrente, la prueba evacuada en juicio demostró contundentemente la responsabilidad de los acusados, ya que la declaración del señor Kelvin Mauricio Mejía Bonilla fue clara y contundente al establecer que el día de los hechos, los acusados se conducían a bordo de un pipante y que al realizar registro a dicha embarcación, encontraron en la proa las armas de fuego; que con el acta de inspección se acredito el lugar, la cantidad de armas y municiones encontradas en el pipante donde se transportaban los hoy encartados. Concluye la recurrente, que la afirmación del Tribunal en el apartado de la Fundamentación Jurídica, es errónea al establecer que: " El ente acusador no logró probar estos delitos, porque no se pudo determinar si los imputados abordaron el pipante en el mismo lugar y a la misma hora y no determinó si los encausados tenían conocimiento que dentro de los colchones iban introducidas las armas de fuego que la autoridad encontró"; argumentos que son desacertados para la recurrente, a su entender desvalora la declaración de los testigos, en el sentido de que estos han dejado claramente establecido que las municiones iban en lugares visibles a las personas que abordaban la embarcación, como ser dentro de una mochila, en los quintales de arroz, en medio de los paquetes de fresco, en medio de la embarcación; además los colchones donde se transportaban las armas iban en la proa del pipante. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal encuentra la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia, contenida en la ahora sentencia impugnada, acorde con las reglas de la sana crítica, sin que exista disparidad entre las conclusiones arribadas por los Juzgadores y los postulados del sistema de valoración de la prueba que manda la ley procesal en su artículo 202, derivando de manera correcta que no existe prueba que permita la certeza que el hecho imputado existió y, por lo tanto, que los acusados sean los responsables del mismo. El Tribunal de Sentencia contó entre otros medios de prueba, con las declaraciones testificales de Ariel Escobar Gómez y de Kevin Mauricio Mejía Bonilla, quienes en su deposición narraron como se encontraban distribuidas las armas de fuego y las municiones en el pipante, es decir, dentro de una mochila, envuelta en colchones tapados con nilón azul y en medio de quintales de arroz; asimismo, acta de inspección ocular que corrobora los dichos de los testigos. Estos medios probatorios fueron valorados de manera armónica con el resto de medio de prueba, describiendo el dictamen de laboratorio de balística forense, que las armas de fuego analizadas presentan buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, que conforme a la Constancia de Registro de Balística Nacional de Armas de Fuego, no se encuentran registradas en la base de datos. Como bien lo refieren los juzgadores, las armas y municiones iban ocultas y no era posible observarlas a simple vista, que no basta solo estar en la lancha para asumir la responsabilidad de lo que en la misma se encontró, más cuando otra persona asumió la responsabilidad mediante procedimiento abreviado, asimismo, resulta necesario tener el conocimiento del traslado de las armas con sus municiones para asumirle responsabilidad penal alguna; finalmente para establecer la coautoría se tuvo que individualizar la participación y el conocimiento del hecho ilícito de cada uno de los ocupantes del pipante. Habiendo hecho un examen al proceso de valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia a cada medio de prueba, es criterio de esta Sala de lo Penal, que claramente el Sentenciador recalca con exactitud, las razones por las cuales no le son objetivamente confiable los medios de prueba evacuados durante el debate para alcanzar una sentencia condenatoria, así las cosas, el sentenciador a efectuado razonamientos coherentes, concatenados y derivados de las pruebas que pudieron ser valoradas, utilizando en sus consideraciones las reglas de la sana crítica, por lo que, es procedente desestimar el presente recurso de casación. DECISIÓN •Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Interpuesto por la Abogada Liana Lourdes Soto, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, que contiene el pronunciamiento absolutorio en favor de los señores Jose Fabio Herrera Gonzales, Orlando Hilario Rivera Padilla, Elvin Nahún Orellana Aplicano, Jose Francisco Rivera Santos y Jose Abel Dubon Orellana, por los delitos de Posesión y Uso Ilegal de Arma de Fuego Comercial, además de Posesión y Uso Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. - Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”.Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-144-2021. LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-144-2021, que literalmente dice: “Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 144-2021, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlantida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a Jose Fabio Herrera Gonzales, Orlando Hilario Rivera Padilla, Elvin Nahún Orellana Aplicano, Jose Francisco Rivera Santos y Jose Abel Dubon Orellana, del delito de Posesión y Uso Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Absolvió a Jose Fabio Herrera Gonzales, Orlando Hilario Rivera Padilla, Elvin Nahún Orellana Aplicano, Jose Francisco Rivera Santos y Jose Abel Dubon Orellana, del delito de Posesión y Uso Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: Declaro procedente la devolución a quien acredite ser el legítimo propietario de la evidencia física consistente en: un Arma de fuego tipo fusil, calibre 22mm, marca ARMSCOR con serie A937180, con su respectivo cargador y 15 proyectiles 22mm; en relación a un arma de fuego tipo Fusil, M 16 A2 con serie OP0050, con su respectivo cargador y 30 proyectiles sin percutir y un arma de fuego tipo fusil AK-47 con serie 1975318594, con su respectivo cargador y 30 proyectiles sin percutir; y ordenó la destrucción a la firmeza de esta sentencia por consistir en armas de uso prohibido. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso recurso de casación por Quebrantamiento de Forma, la abogada Liana Lourdes Soto, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Paz Yamileth Reyes Valdiviezo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente; y, el Abogado Roger Orlando Martínez Bermúdez, defensor privada, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Primero: En fecha 19 de marzo de 2018, aproximadamente a las 23:00 horas, los señores José Fabio Herrera Gonzales, Orlando Hilario Rivera Padilla, Elvin Nahún Orellana Aplícano, José Francisco Rivera Santos, José Abel Dubón Orellana y Joel Antonio Rivera Sorto, se conducían en un pipante sobre la Laguna de Evans, desde Palacios hasta la comunidad de Las Marías, siendo interceptados por agentes de la Fuerza Naval los que realizaban patrullaje de rutina, quienes después de un registro a dicha embarcación encontraron dentro de unos colchones tres armas de fuego y sus respectivos cargadores cuyas características son: a) Arma de fuego tipo Fusil, M16 A2 con serie OP0050, con su respectivo cargador y 30 proyectiles sin percutir; b) Arma de fuego tipo fusil AK-47 con serie 19753185941 con su respectivo cargador y 30 proyectiles sin percutir; c) Arma de fuego tipo fusil, calibre 22mm, marca ARMSCOR con serie A937180, con su respectivo cargador y 15 proyectiles 22mm. las que presentaban un buen estado de funcionamiento mecánico y operativo y de las que no registro de tenencia en el Registro Nacional Balístico. Segundo: En fecha Quince de octubre del dos mil Dieciocho el señor Joel Antonio Rivera Santos, asumió responsabilidad penal del traslado de las armas arriba descritas emitiendo el Juzgado de Letras con competencia Territorial Nacional en Materia Penal en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, una sentencia condenatoria número 28-2018, la cual a este momento se encuentra firme y ejecutoriada.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Liana Lourdes Soto, agente fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La conclusión a la cual arribó el juzgador, a criterio del ente acusador, no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las Reglas de la Sana Crítica; es por ello, que para evitar la impunidad en este caso, se torna de vital importancia que vosotros Honorables Magistrados, reviséis el proceso lógico de razonamiento que los miembros del Tribunal de Sentencia, al examinar cada una de las probanzas que se allegaron al proceso y así evidenciar la inobservancia de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, ya que, su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; produciendo consecuentemente, una valoración fáctica alejada del sistema del recto entendimiento humano, al estimar que:" El ente acusador del Estado no le interesó traer al debate fotografías de la manera en que fueron encontrados los objetos, es decir, no existe fijación de los objetos al momento del hallazgo, este elemento es importante, porque uno de los imputados cuestiona la manera y el lugar en donde los objetos fueron encontrados y el Ministerio Público no presentó prueba de calidad para demonstrar sin lugar a dudas en donde y como fueron encontrados". (Ver numeral cuarto, párrafo segundo del Análisis intelectivo de los medios de prueba descritos en el acápite segundo de esta sentencia). El anterior razonamiento que hacen los sentenciadores sobre la prueba, no es acorde a las reglas de la Sana Crítica, pues, contrario a sus apreciaciones, la prueba evacuada en juicio demostró contundentemente la responsabilidad de los acusados, ya que la declaración del señor Kelvin Mauricio Mejía Bonilla, fue clara y contundente al establecer que el día de los hechos, los enjuiciados se conducían a bordo de un pipante, y que al solicitarles realizar un registro a dicha embarcación, encontraron en la proa, 4 colchones nuevos con sus respectivas bolsa plásticas, enrollados y amarrados, y al palpar un colchón color rojo floreado sintió algo pesado y al introducir la mano dentro del mismo encontró un arma AR 15, razón por la cual se Io reportó al Alférez de Fragata Ariel Escobar Gómez, quien instruyó llevar al pipante al apostadero de Brus Laguna donde continuaron con la inspección, encontrando dentro del resto de los colchones un arma AK 47 con su respectivo cargador y 30 proyectiles, un fusil M16 con su respectivo cargador conteniendo 30 proyectiles sin percutir, un arma de fuego tipo fusil calibre 22 con su respectivo cargador y 15 cartuchos. También en diferentes partes de la embarcación se encontró: 55 cartuchos de calibre 5.56 y 70 cartuchos de calibre 22 mm, 65 cartuchos de AK 47 y 21 cartuchos calibre 12 mm; deposición que fue reforzada con lo declarado por el Alférez de Fragata Ariel Escobar Gómez al establecer que una vez que el cabo Kevin le informo sobre el hallazgo del arma R 15 dentro de uno de los colchones, ordenó que el pipante fuera trasladado al apostadero de Brus Laguna junto con los 6 tripulantes, donde fueron encontradas las armas y municiones antes descritas. Así mismo esta declaraciones se concatenan y se entrelazan con el Acta de Inspección, con la cual se acreditó el lugar, la cantidad de armas y municiones encontradas en el pipante donde se transportaban los hoy encartados, como ser, que dentro de un colchón color rojo floreado se encontró un arma AK 47 con su respectivo cargador y 30 proyectiles, en el colchón color café con flores azules un fusil M16 con su respectivo cargador conteniendo 30 proyectiles sin percutir, en el colchón rosado floreada, un arma de fuego tipo fusil calibre 22 con su respectivo cargador y 15 cartuchos, en medio de los quintales de arroz se encontró dos bolsas platicas de color rojo y verde que contenía 55 cartuchos de calibre 5.56 y la otra contenía 70 cartuchos de calibre 22 mm, en medio de los paquetes de fresco se encontró una bolsa plástica de color negra la cual contenía 65 cartuchos de AK 47 y en medio del pipante en una bolsa plástica color azul se encontró 21 cartuchos calibre 12 mm. Aunado a lo anterior con el Dictamen del Laboratorio Balístico se demostró que las armas de fuego recibidas presentaban buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, con buen estado de conservación externo y su mecanismo de acción en las armas tipo fusil, marca RUSSIAN, modelo AKM, calibre 7.62X39 MM, Serie 1975318494 y el arma de fuego tipo fusil, marca COLT, modelo M16, calibre 5.56x45 mm, serie # OP0050 son de acción automática con selector de disparo y el arma de fuego tipo rifle, marca AMSCOR, modelo 20P, calibre 22 LR, serie # A937180 es de acción semi automática y se consideran armas largas o de hombro. Tomando en consideración lo antes expuesto, vemos que la afirmación del Tribunal en el apartado de la Fundamentación Jurídica, es errónea al establecer que: " El ente acusador no logró probar estos delitos, porque no se pudo determinar si los imputados abordaron el pipante en el mismo lugar y a la misma hora y no determinó si los encausados tenían conocimiento que dentro de los colchones iban introducidas las armas de fuego que la autoridad encontró"; argumentos que son desacertados, ya que desvalora la declaración de los testigos, en el sentido de que estos han dejado claramente establecido que las municiones iban en lugares visibles a las personas que abordaban la embarcación, como ser dentro de una mochila, en los quintales de arroz, en medio de los paquetes de fresco, en medio de la embarcación; además los colchones donde se transportaban las armas iban en la proa del pipante. Expuesto lo anterior, se colige que hay un error de razonamiento por parte del Tribunal, al eximir a los imputados de los delitos de Transporte Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Comercial, y Transporte Ilegal de Municiones de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Comercial, pues con fa prueba de cargo se demostró que los encartados no desconocían que dentro del dicha embarcación se transportaban armas y municiones tanto de uso comercial como prohibida, ya que, las mismas iban distribuidas en diferentes partes del pipante, lo que es lógico que no desconocieran lo que llevaban a bordo por la forma estratégica en que iba distribuida la munición antes mencionada. De ahí que el tribunal ha vulnerado la Regla Lógica en su postulado de derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, porque, cuando vemos la prueba en su conjunto resulta precisa y coherente y al ser analizada de manera conjunta y armónica, conduce toda ella a la inexorable conclusión que los imputados José Fabio Herrera Gonzales, Orlando Hilario Rivera Padilla, Elvin Nahún Orellana Aplicano, José Francisco Rivera Santos y José Abel Dubón Orellana, sí perpetraron el hecho delictivo por el cual fueron enjuiciados, por lo que debieron ser condenados a título de autor de la conducta delictiva de Transporte Ilegal de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Comercial y Transporte Ilegal de Municiones de Armas de Fuego de Uso Prohibido y Comercial , por ende, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se vulneró, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador at momento de valorar la prueba antes señalada Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de tos antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); Ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Normas Autorizantes Citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por la recurrente. • Concepto de la infracción expuesto: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica; • Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin reclamación previa, al producirse el vicio en la sentencia; • Pretensión: Declarar procedente el motivo, anulando el fallo recurrido. La recurrente inicia su desarrollo recursivo, señalando que la conclusión del sentenciador, no es más que un claro ejemplo del resultado de una valoración de la prueba de cargo que a todas luces vulnera las reglas de la sana crítica en su postulado de derivación, integrado por la razón suficiente, a criterio de la recurrente, la prueba evacuada en juicio demostró contundentemente la responsabilidad de los acusados, ya que la declaración del señor Kelvin Mauricio Mejía Bonilla fue clara y contundente al establecer que el día de los hechos, los acusados se conducían a bordo de un pipante y que al realizar registro a dicha embarcación, encontraron en la proa las armas de fuego; que con el acta de inspección se acredito el lugar, la cantidad de armas y municiones encontradas en el pipante donde se transportaban los hoy encartados. Concluye la recurrente, que la afirmación del Tribunal en el apartado de la Fundamentación Jurídica, es errónea al establecer que: " El ente acusador no logró probar estos delitos, porque no se pudo determinar si los imputados abordaron el pipante en el mismo lugar y a la misma hora y no determinó si los encausados tenían conocimiento que dentro de los colchones iban introducidas las armas de fuego que la autoridad encontró"; argumentos que son desacertados para la recurrente, a su entender desvalora la declaración de los testigos, en el sentido de que estos han dejado claramente establecido que las municiones iban en lugares visibles a las personas que abordaban la embarcación, como ser dentro de una mochila, en los quintales de arroz, en medio de los paquetes de fresco, en medio de la embarcación; además los colchones donde se transportaban las armas iban en la proa del pipante. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal encuentra la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Sentencia, contenida en la ahora sentencia impugnada, acorde con las reglas de la sana crítica, sin que exista disparidad entre las conclusiones arribadas por los Juzgadores y los postulados del sistema de valoración de la prueba que manda la ley procesal en su artículo 202, derivando de manera correcta que no existe prueba que permita la certeza que el hecho imputado existió y, por lo tanto, que los acusados sean los responsables del mismo. El Tribunal de Sentencia contó entre otros medios de prueba, con las declaraciones testificales de Ariel Escobar Gómez y de Kevin Mauricio Mejía Bonilla, quienes en su deposición narraron como se encontraban distribuidas las armas de fuego y las municiones en el pipante, es decir, dentro de una mochila, envuelta en colchones tapados con nilón azul y en medio de quintales de arroz; asimismo, acta de inspección ocular que corrobora los dichos de los testigos. Estos medios probatorios fueron valorados de manera armónica con el resto de medio de prueba, describiendo el dictamen de laboratorio de balística forense, que las armas de fuego analizadas presentan buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, que conforme a la Constancia de Registro de Balística Nacional de Armas de Fuego, no se encuentran registradas en la base de datos. Como bien lo refieren los juzgadores, las armas y municiones iban ocultas y no era posible observarlas a simple vista, que no basta solo estar en la lancha para asumir la responsabilidad de lo que en la misma se encontró, más cuando otra persona asumió la responsabilidad mediante procedimiento abreviado, asimismo, resulta necesario tener el conocimiento del traslado de las armas con sus municiones para asumirle responsabilidad penal alguna; finalmente para establecer la coautoría se tuvo que individualizar la participación y el conocimiento del hecho ilícito de cada uno de los ocupantes del pipante. Habiendo hecho un examen al proceso de valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia a cada medio de prueba, es criterio de esta Sala de lo Penal, que claramente el Sentenciador recalca con exactitud, las razones por las cuales no le son objetivamente confiable los medios de prueba evacuados durante el debate para alcanzar una sentencia condenatoria, así las cosas, el sentenciador a efectuado razonamientos coherentes, concatenados y derivados de las pruebas que pudieron ser valoradas, utilizando en sus consideraciones las reglas de la sana crítica, por lo que, es procedente desestimar el presente recurso de casación. DECISIÓN •Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Interpuesto por la Abogada Liana Lourdes Soto, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil veinte, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, que contiene el pronunciamiento absolutorio en favor de los señores Jose Fabio Herrera Gonzales, Orlando Hilario Rivera Padilla, Elvin Nahún Orellana Aplicano, Jose Francisco Rivera Santos y Jose Abel Dubon Orellana, por los delitos de Posesión y Uso Ilegal de Arma de Fuego Comercial, además de Posesión y Uso Ilegal de Arma de Fuego de Uso Prohibido, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. - Receptora Adscrita de la sala de lo penal. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-144-2021.

LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.

Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal.”.