Sentencia CP-143-23 — Registro 19584
Resumen
El Ministerio Público en conjunto con la Procuraduría General de la República interpusieron el recurso de casación contra el fallo mediante el cual el Tribunal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal absolvió a los acusados por el delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
Caso que inició a través de una denuncia que recibió la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico acerca de la existencia de una organización criminal dedicada supuestamente a la fabricación y comercialización de droga sintética y de actividades ilícitas que además obtenían cuantiosas ganancias que eran utilizadas para adquirir bienes inmuebles, invertidas en sociedades mercantiles y productos financieros, sin causa de justificación de su procedencia, En consecuencia, se realizó una investigación patrimonial para ubicar los activos y determinar su procedencia u origen durante el período 2005 al 2018, de modo que a través del sistema financiero nacional se logró identificar manejó de créditos por más de L271 millones, cancelaciones anticipadas de préstamos millonarios con fondos cuyo origen se desconoce, ya que sus ingresos legales y utilidades declaradas eran insuficientes para cubrir tales obligaciones, esquema de adquisición de múltiples bienes inmuebles y la constitución de sociedades mercantiles.
Finalmente, la Sala de lo Penal resolvió declarar No Ha lugar el recurso de casación, ya que al momento de dictar sentencia les favorecía la aplicación del Código Penal (Decreto 130-2017) que fue reformado mediante Decreto legislativo 93-202, emitido por el Congreso Nacional.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...Se impone con mayor fuerza, el principio de retroactividad pues al tenor de lo establecido en la Constitución y en el Decreto 130-2017 actualmente vigente, en su artículo 615, Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas". En tal sentido, y en desarrollo de la Audiencia Ad-Hoc, este Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, aplicando la norma al caso concreto, y habiendo establecido que la condición hipotética sobre la cual se declaró la responsabilidad penal en la presente causa ha desaparecido como un acto constitutivo del delito de Lavado de Activos, por ende, los actos..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Una ley intermedia que tuvo una vigencia entre el momento que fue dictada la sentencia condenatoria hasta un tiempo antes de este momento en que se está dictando fallo a los recursos presentados por las partes y es la que resulta más benigna a los acusados, habiendo analizado los antecedentes, es criterio de esta Sala de lo Penal que en el caso examine procede la aplicación retroactiva de la ley, considerando la eficacia de la ley intermedia por ser la que en este caso más favorece a los enjuiciados, en ese sentido se aplica de forma retroactiva el decreto legislativo 93-2021, conforme el cual entre otros, y en ese caso concreto se reprocha la conducta de que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia, y esta ha sido despenalizada por el decreto 93-2021 entre el periodo de 1 de noviembre del 2021 hasta el 25 de julio del 2023, periodo en el cual esta Sala de lo Penal pudo haber resuelto el recurso de casación con dicho decreto vigente, que dicho fallo no se haya dictado no es atribuible al imputado, por tanto no puede operar en su contra la reforma del nuevo decreto 43-2023 vigente en este momento actual en que se dicta fallo y penaliza nuevamente la conducta, que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia, por lo cual resulta procedente sobreseer la presente causa..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. Los Motivos no son de Recibo. Esta Sala de lo Penal luego de analizar los argumentos de los censores, así como el fundamento del Tribunal de Sentencia, y no encuentra violación al debido proceso al decidir dictar sentencia absolutoria en el caso de los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Enry Noe Aguilera Ortiz, Romel Bimard Posas Matute, y Dilcia Rebeca Lara Tabora, pues al momento en que se iba a dictar sentencia les favorecía la aplicación del Código Penal decreto 130-2017 que fue reformado mediante decreto legislativo 93-2021, emitido por el Soberano Congreso Nacional. La Sala de lo Constitucional, así como la Sala de lo Penal, han asumido la misma posición que plantea el Tribunal Sentenciador al expresar las razones de hecho y de derecho que impedían dictaran una sentencia condenatoria: “En el presente caso, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República no presentaron prueba que vincule a los ahora condenados a una hipótesis relacionada con alguno de esos tipos penales ni la prueba evacuada en juicio tampoco arrojó alguna vinculación de estos con alguna organización criminal dedicada a la comisión de los delitos precedentes señalados en la reforma del Código Penal. Lo anterior resulta relevante pues al desaparecer esa característica de los activos que no tengan un origen legal determinado, queda la presente causa desprovista de la base que fundamentó la acción penal, resultando ahora tal condición, no parte del tipo penal, por ende, a partir de dicha reforma a ese artículo del Código Penal, tal condición no puede ser objeto de una acción penal que persiga un reproche penal. Frente al principio de legalidad, que obligaría a observar el tipo penal vigente a la fecha de los hechos, se impone con mayor fuerza, el principio de retroactividad pues al tenor de lo establecido en la Constitución y en el Decreto 130-2017 actualmente vigente, en su artículo 615, Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas". En tal sentido, y en desarrollo de la Audiencia Ad-Hoc, este Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, integrado en este momento por los Jueces Wendy Escobar Cantarero, Ana Wendy Cruz Castro y Leandra Vega Montoya ponente de la presente sentencia, ya que el Abg. Walter Lara Mejía quien conoció del presente juicio no forma parte de este Tribunal, aplicando la norma al caso concreto, y habiendo establecido que la condición hipotética sobre la cual se declaró la responsabilidad penal en la presente causa ha desaparecido como un acto constitutivo del delito de Lavado de Activos, por ende, los actos. Es así que, que por lo antes expuesto y al estar imposibilitado este Tribunal en poder disponer de estos mediante la figura del Comiso regulado en este ámbito penal, por no poderse establecer la existencia de delito, no menos cierto es que el artículo 70 último párrafo de la Ley de Lavado de Activos del Decreto 144-14 que también es aún vigente, establece que aun cuando resultase revocada la medida cautelar o de aseguramiento en la sentencia, ello puede ser sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, contenido en el Decreto 27-2010 del 18 de noviembre del 2010. De igual de esta resolución emitida por este Tribunal de Sentencia, se emitió resolución por parte de la Corte de Apelaciones, la que decidió revocar el sobreseimiento proferido por esta Sala en virtud que consideran que este Tribunal no tiene atribuciones para conocer o para aplicar la Norma Penal más favorable, no obstante, este Tribunal decidió revocar el sobreseimiento otorgado en su momento, sin embargo este Tribunal ha considerado que se debe emitir una sentencia absolutoria, ya que al desaparecer esa característica de los activos que no tengan un origen legal determinado, queda la presente causa desprovista de la base que fundamentó la acción penal, resultando ahora tal condición, no parte del tipo penal, y por ende, a partir de dicha reforma a ese artículo del Código Penal, tal condición no puede ser objeto de una acción penal que persiga un reproche penal. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-143-2023, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 143-2023 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, mediante la cual falló; Primero: Absolvió a Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Ortiz y Dilcia Rebeca Lara Tabora, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Segundo: Absolvió a Santos Aguilera Chirinos, por suponerlo participante del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Tercero: Ordenó a librar cartas de libertad a los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Ortiz, Dilcia Rebeca Lara Tabora y Santos Aguilera Chirinos, sin perjuicio de deban permanecer en prisión por causa penal pendiente. Cuarto: Declaró a sin lugar el comiso solicitado por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República sobre los bienes, dinero y productos financieros de Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Ortiz y Dilcia Rebeca Lara Tabora, sin perjuicio de las acciones encaminadas o que pueda iniciar. Son Partes En La Única Instancia: La abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de fiscal del Ministerio Público, y el abogado Erick Gerardo Rodríguez Licona en su condición de procurador judicial del Estado de Honduras, como parte recurrente, el abogado Andrés Rivera Urtecho Jeamborde en su condición de defensor privado de Dilcia Rebeca Lara Tabora y el abogado Carlos Eduardo Rivera González como defensor privado de Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Aguilera Ortiz, y Santos Aguilera Chirinos, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha veintiséis de marzo del año dos mil dieciséis, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico recibió denuncia acerca de la existencia de una organización criminal dedicada supuestamente a la fabricación y comercialización de droga sintética, integrada entre otras personas por los señores: Ricardo Aguilera Chirinos, Enry Noel Aguilera Ortíz, Santos Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute y Dilcia Rebeca Lara Tábora y el esposo de esta última, actividades ilícitas que además obtenían sendas ganancias que eran utilizadas para adquirir bienes inmuebles, invertidas en sociedades mercantiles y productos financieros, sin causa de justificación de su procedencia, a raíz de dicha denuncia elementos de la DLCN, iniciaron una investigación patrimonial para dar con la ubicación de los activos de los denunciados y determinar su procedencia u origen durante el periodo del año 2005 al 2018, tiempo de estudio en el cual se centraron las investigaciones, por lo tanto las pericias se realizaron cubriendo ese transcurso de tiempo. SEGUNDO: En cuanto al señor Ricardo Aguilera Chirinos desde el año 2006 según testimonio 909 se constituyó como comerciante individual inscrito bajo número 67, tomo 73 del Registro Mercantil de Choluteca, como único propietario del negocio denominado Farmacia El Descuento, asimismo adquirió los negocios Súper Farmacia Arteaga bajo denominación Farmacia El Descuento, según testimonio 933 de fecha 22 de marzo de 2017, inscrito bajo número 74 del tomo 113 del Registro Mercantil de fecha 03 de mayo de 2007, esta empresa declarada al rubro de compras y venta de medicamentos. 2.1) De acuerdo a la información proporcionada por UIF se estableció que el señor Ricardo Aguilera obtuvo en préstamos bancarios por cantidad de treinta y tres millones quinientos diez mil, (33,510.000.00), algunos de los cuales fueron cancelados anticipadamente. - 2.2) De acuerdo a los ingresos reportados ante el SAR el señor Ricardo Aguilera Chirinos obtuvo utilidades del 2007 al 2016, por un monto de dos millones trescientos sesenta y tres mil seiscientos veintiocho lempiras con treinta y cuatro centavos, por lo cual estas utilidades no coinciden con los ingresos conocidos durante el periodo analizado ni con los bienes muebles e inmuebles adquiridos en esos años. - 2.3) De la investigación del periodo 2005 al 2018 el señor Ricardo Aguilera Chirinos obtuvo diez vehículos por un monto que asciende a la cantidad de cuatro millones doscientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y nueve lempiras con treinta y siete centavos (L. 4,293,249.37) sin determinar la forma en que fueron pagados estos vehículos o su origen de financiamiento, que las utilidades obtenidas en el periodo. El señor Ricardo Aguilera Chirinos, desde el año 2005 al 2018, manejó créditos en el el Sistema Financiero Nacional por la cantidad de L. 271,443,150.05, en las distintas instituciones bancarias en donde él mantenía cuentas corrientes, cuentas de cheque etc., sin embargo a través de la prueba presentada por la Defensa se determinó que durante los años 2017 y 2018 presentó ingresos ante el SAR por la cantidad de ciento treinta y dos millones setecientos cuarenta y siete doscientos cuarenta lempiras con noventa y cuatro centavos (132, 747,240.94), no obstante estas declaraciones no reflejan cambios significativos en los montos no justificados. 2.4) Además el señor Ricardo Aguilera Chirinos adquirió en bienes inmuebles, una propiedad en Barrio La Libertad cuyo costo de adquisición es 125, 458 lempiras, sin embargo el costo retrospectivo de acuerdo al avalúo es de L. 6,740.438.09, por lo que existe una diferencia de L.6,614,980.09 y los inmuebles en la Aldea San Rafael cuyo costo de adquisión es de L. 126.000.00 y mediante avalúo bancario es de L. 1,445,600.00 y propiedad en Barrio Maria Auxiliadora cuyo valor asciende a 9,101,120.00, propiedad ern Barrio Los Graneros de Choluteca cuyo costo es de L.58,052.00, Brisas del Sur con un valor de L. 20,000.00, Barrio Suyapa con un valor de L. 20,000.00, Barrio Guadalupe con un valor de L. 50,000 y Colonia Renacer de la ciudad de Choluteca con un valor de L. 5,000.00. 2.5) De los diferentes allanamientos realizados en las propiedades y comercios del señor Ricardo Aguilera Chirinos, se le encontraron en la Farmarcias El Descuento L. 102,515.14 más lempiras 80,000 en su casa de habitación. Por lo que debido al análisis hecho por el Ministerio Público el señor Ricardo Aguilera no justifica la cantidad de L. 45,844,940.94, sin embargo ya que este Tribunal ha considerado otros valores en cuanto a los avaluos de los bienes inmuebles el monto no justificado asciende a la cantidad de L. 41,047.139.03. TERCERO: De la investigación Patrimonial del periodo 2005 al 2018, con respecto al señor ROMEL BIMARD POSAS MATUTE, se estableció que adquirió los siguientes bienes inmuebles: 3.1) En fecha 30 de julio del año 2010, adquirió el bien con matricula 174494, ubicado en el Barrio Concepción, quinta avenida de Comayaguela, por un valor de L.2,623,200, reportando mejoras en fecha 18 de abril de 2011, por un valor de L.1,803,200.00. Haciendo un total de L. 4, 426,400, sin embargo, el valor real retrospectivo que le es mas favorable es de L.3,166,292.45. 3.2) En fecha 13 de marzo de 2006, adquirió los inmuebles con matriculas 373248, 373299 y 373402, con un valor de escritura y retrospectivo de L. 5,699,000, y en fecha 01/07/2007 todos estos lotes fueron agrupados en la matricula 506243 quedando con un área de 949.47 M², sitio ubicado en el Barrio Barandillas de San Pedro Sula; posteriormente en fecha 19/05/2008 declaró mejoras valorados en la cantidad de L.5,699,000.00. 3.3) Inmueble con matrícula 426330, mediante escritura pública de fecha 09 de febrero de 2004, ubicado en el Barrio Concepción, de la ciudad de San Pedro Sula, entre 1ra y 2da calle 6ta avenida., con un valor escritural de L.800,000.00 y sin embargo este bien tenía al momento de su adquisición un valor real retrospectivo de 4,170,639. por lo que fue subvaluado en la escritura pública. 3.4) Inmueble con matricula 785400, mediante escritura pública de fecha 16 de agosto de 2011, ubicado en la Curva Victoria, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, con un valor retrospectivo y de testimonio de L.2,014,000.00., inmueble con matricula 470174, ubicado en la Curva Victoria, con un valor según testimonio de L.170,000.00, del cual no se cuenta con avaluó retrospective, inmueble inscrito en el número 42 tomo 6595 del 02 de agosto del 2011, ubicado en la Buenos Aires, San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con un valor de testimonio de L.4,518,798.00, inmueble con matricula 505701 ubicado en los Alpes, San Pedro Sula, Departamento de • Cortés, con un valor de testimonio de L.100,000.00, inmueble ubicado en la Villa Angelina Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con un valor de acuerdo a recibos de pago de L.450,000.00. De lo anteriormente mencionado el señor Romel Bimar Posas Matute, adquirió bienes y realizó mejoras por la cantidad de L.27,660,101.45 3.5) El Señor Romel Bimard Posas Matute, se constituyó como comerciante individual, en fecha 03 de diciembre de 1997, bajo matricula 18147, asimismo constituyó las sociedades Surtidora del Norte. S de R.L., con matricula 10618, con un capital inicial de L.5,000.00, Comercial Súper Descuento, S de RL. de C.V, bajo matricula 49652, con un capital inicial de L. 20,000.00 y con un aumento de capital de L.2,000.000.00., Cromo. S.A., con un capital inicial de L.30,000.00, matricula 44639, en fecha 26 de septiembre de 2005, Comercial Shanghai. S de R.L. de C.V., matricula 35118, con un capital de L.5,000.00, en fecha 19 de abril de 2007, Parrillas y Bomper Neva York, S de R.L. de C.V., matricula 26103, con un capital de L.5,000.00., y un aumento de capital de L.3,026.000.00, el 11 de julio de 2008, Corporación Nakamoto Morotcy, S de R.L. de C.V, matricula 19204, con un capital de L.5,000.00.0, en fecha 3 de marzo de 2009, Auto Repuestos New York S. de R.L., bajo matricula 11821, con un capital de L.5,000.00, el 10 de diciembre de 2009, Transporte el Catracho, S. de R.L. con matricula 11200 y con un capital de L.5,000.00., en fecha 18 de diciembre de 2009 Transportes Nueva York. S. de R.L., bajo matricula 11313, con un capital de L.5,000.00., en fecha 10 de noviembre de 2011, en Guatemala Corporación Posas S.A, con un capital de L.12,254.00., y en fecha 20 de noviembre de 2011, Constructora Posas, S.A., con un capital de L.5,000.00, Todas estas sociedades mercantiles no reportaron impuestos sobre la renta ante el SAR, excepto Parrillas y Bomper Nueva York, sin embargo la totalidad del capital fundacional asciende a la cantidad de L.102,254 y en el periodo de estudio reporto un aumento de capital de L.5,026,000.00., siendo que la única Empresa Mercantil que presentó impuestos sobre la Renta ante el SAR fue Parrillas y Bompers Nueva York S de R.L. de C.V.; empresa con la cual el señor Romel Bimard Posas Matute, mezcló su capital personal. 3.6) La Sociedad Parillas y Bompers Nueva York, tuvó creditos en el sistema bancario Nacional por un valor de L. 227,049,475.61, y débitos por la cantidad de L.227,073.04, sin embargo sus compras declaradas no superan la cantidad de treinta millones y las ventas que reportó al fisco nacional asciende a la cantidad de L.24 millones, asimismo en el periodo de estudio realizó cancelación anticipada de préstamos por un monto de L.10,472,136.20, asimismo adquirió un bien en el Barrio Buenos Aires de la ciudad de San Pedro Sula por un monto de L.12,723,883.27, por lo cual sus ingresos conocidos no le eran suficientes para cubrir el monto de los prestamos que le fueron otorgados, por lo que se desconoce el origen del capital que se utilizó para cumplir con las obligaciones contraídas, aunado a ello don Romel Posas en calidad de comerciante individual presentó declaraciones que no superan la cantidad de L. 635,472.36, y tampoco los saldos mínimos de sus cuentas bancarias y sus utilidades conocidas le eran suficientes para para cancelar dichos préstamos y menos de manera anticipada. 3.7) El Señor Romel Bimard Posas, obtuvo apalancamientos mediante garantías hipotecarias por un valor de L.15,54,998.00, que pagó anticipadamente, sobre bienes inmuebles que según avaluó retrospectivo ascienden a la cantidad de L. 20,288,729.45 y si restamos el apalancamientos y la garantía otorgada queda como resultado la cantidad de L. 4,633,731.250, asimismo pagó la prima del un local Centro Comercial Altara B.1-A que colocó a nombre de Parillas y Bomper New York, por la cantidad de L.1,234,578.89, también adquirió vehículos por un valor de L.102,254.00 y un bien inmueble en Barrio Buenos Aires de San Pedro Sula por la cantidad de L.12723.883.27, con fondos propios de Parrillas y Bomper Nueva Yor, sumadas dichas cantidades asciende al señor Ronmel Bimard Posas Matute obtuvo un Incremento patrimonial no justificado al menos de L. 18,694,447.61 durante el periodo de estudio. CUARTO: De la investigación patrimonial con respecto a la señora DILCIA REBECA LARA TÁBORA, se pudo establecer que desde fecha 23 de mayo del 2003 según testimonio de 760, inscrito bajo el número 63 del tomo del Registro Mercantil de Choluteca, se constituyó como comerciante individual operando bajo la denominación Inversiones Dilcia, con sede en la ciudad de San Lorenzo, Valle, ademas adquirió mediante compra venta en fecha 04 de diciembre del 2002, la Farmacia Gaitan, según testimonio # 29, inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Tegucigalpa, bajo número 35, Tomo 14. Por otra parte, dentro del periodo de los años 2005 al 2018, la señora Dilcia Rebeca Tábora constituyó el negocio denominado Comercial La Excelencia mediante escritura pública 114 de fecha 13 de abril del 2015, todas estas entidades mercantiles dedicadas al rubro de compra y venta de medicamentos. Así mismo en fecha 11 de julio del 2011, mediante escritura 140 inscrita bajo registro mercantil con matricula 2521716 se constituyó como socia de la sociedad mercantil denominada COFARMA S. de R. L con el 70% del capital equivalente a 70, 000 mil lempiras, cuyo giro comercial igualmente es la compra y venta de medicamentos. 4.2) Durante los años 2013 al 2018 la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora realizó depósitos en cuentas bancarias a su nombre, que mantuvo en distintas instituciones del sistema financiero nacional por un total de treinta y un millones, doscientos diecisiete mil doscientos sesenta y cinco lempiras con setenta y un centavos (L 31,217,265.61). 4.3) Durante el periodo del 28 de noviembre del 2013 al 30 de abril del 2018, la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora realizó pagos en efectivo a sus tarjetas de crédito, por un total de trece millones doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos dieciséis lempiras con seis centavos (13, 248, 616.79) que no provenían de sus cuentas bancarias. 4.4) Durante el periodo del 2006 al 2014 la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora adquirió los siguientes inmuebles: a) Inmueble con matricula 339657, ubicado en la séptima avenida de comayaguela sobre el cual esta construido un edificio de cinco niveles destinado a locales comerciales, adquirido en fecha 04 de julio del 2006, mediante escritura pública 104, cuyo valor real retrospectivo a la fecha de la adquisición era de tres millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos sesenta y siete lempiras (L. 3, 420, 467.00) mismo que fue subvaluado en la escritura pública al atribuirle un valor de un millón trescientos mil lempiras (L. 1, 300, 000), por lo cual existe un diferencial de L. 2, 120, 467 de aumento injustificado del patrimonio de la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora. b) Inmueble con matricula 481770, ubicado en el lote 6 colonia El Prado de Comayaguela, sobre el cual esta construida una vivienda de dos plantas, adquirido por compra venta mediante escritura publica numero 69 de fecha 30 de septiembre del 2008,con un valor real retrospectivo al momento de su adquisición de un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete lempiras con cincuenta centavos (L.1,765,667.50), mismo que fue subvaluado en la escritura publica con un valor de un millón de lempiras, por lo cual existe un valor diferencial de 765,667.50 de aumento injustificado del patrimonio de la señora Dilcia Tábora. c) En fecha 18 de mayo del 2015, adquirió por compra venta las matriculas 929742 y 929707, ubicadas en la Residencial El Dorado de esta ciudad de Tegucigalpa, sobre las cuales esta construida una vivienda de dos plantas, cuyo valor real retrospectivo a la fecha de la adquisición es de tres millones, trescientos ochenta y seis mil, setenta y cinco lempiras con treinta y cuatro centavos (3,386,075.34) mismo que fue subvaluado en escritura publica por un monto de un millón doscientos mil lempiras. por lo cual existe un valor diferencial de 2, 386, 075.34, de aumento injustificado del patrimonio de la señora Dilcia Tábora. d) En fecha 29 de noviembre del 2012, mediante escritura numero 2478, adquirió un inmueble ubicado en la Colonia San Miguel de la ciudad de Santa Rosa de Copán, por un valor de cincuenta mil lempiras, (50, 000). e) En fecha 24 de diciembre del 2014, mediante escritura número 2416, adquirió inmueble ubicado en la Colonia San Miguel de Santa Rosa de Copán, por un valor de cincuenta mil lempiras (50,000). f) En fecha 21 de noviembre del 2008 adquirio inmueble ubicado en la aldea de Quezailica, Santa Rosa de Copan, por un valor de diez mil lempiras, (10,000). 4.5) En fecha 18 de marzo del año 2018, elementos de la policia practicaron distintas inspección en el local de comercial La Excelencia, propiedad de la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora ubicado en la séptima avenida de Comayaguela donde se encontró la cantidad de 20, 504 dolares americanos, equivalentes al factor de cambio a L. 488, 384.78, y L. 221, 338 lempiras, para hacer un total de L. 669, 722.78 lempiras, ademas en la casa de habitación de la señora Dilcia Lara Tábora ubicada en Residencial El Dorado, donde se encontró la cantidad de L. 36, 500, siendo el gran total de lo incautado ese dia a la señora Lara Tábora de 706, 222.78 lempiras en efectivo. 4.6) De lo antes relacionado se establece que los bienes y activos de la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora durante los años 2005 al 2018, conformados por sus créditos bancarios, efectivo utilizado en pago de tarjetas de crédito, diferencial entre el valor real de Tos bienes inmuebles subvaluados y dinero que le fue incautado ascienden a la cantidad de L. 41, 288,441.89 4.7 En ese mismo periodo del 2005 al 2018 la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora tuvo ingresos por ventas de sus actividades comerciales, por un orden de L. 8, 101,777.93, según sus declaraciones de impuesto sobre ventas, presentada ante la DEI, recibió pagos por alquiler de un inmueble de su propiedad ubicado en la Colonia El Dorado por la cantidad de L. 1, 134,164, sin contar con mas ingresos conocidos debido a que no se confirmó reparto de utilidades por su participación social de la Sociedad Mercantil COFARMA S. DE R. L y no se reportaron prestamos o apalancamientos a su favor otorgados por instituciones del sistema financiero. Por lo cual sus ingresos conocidos durante el periodo referido no guardan relación con sus activos, teniendo un Incremento patrimonial injustificado de L. 32, 052, 499.00. No obstante, la fiscalía del Ministerio Publico que es el titular de la acción penal publica en nuestro país, solo le atribuye como monto no justificado la cantidad de L. 30,190,751.74, los cuales por congruencia entre acusación y la sentencia, que deben respetar los órganos jurisdiccionales, se consideran como valor de los bienes y activos no justificados por la señora Dilcia Rebeca Lara durante el periodo de análisis patrimonial del año 2005 al 2018. QUINTO: De la investigación patrimonial del periodo 2005 al 2018, en cuanto al señor ENRY NOEL AGUILERA ORTIZ se estableció que mediante testimonio 5 de fecha 05 de enero del 2010, debidamente inscritó en el Registro Mercantil número 2, tomo 9 de la Camara de Comercio e Industria del Sur, se constituyó como comerciante individual operando bajo la denominación de Distribuidora Aguilera, reportando el inicio de sus operaciones a la DEI en fecha 01 de mayo del 2010, dedicado a la compra y venta de mercaderia, abarrotería, medicinas, ropa nueva y usada, cosméticos y calzado, con un capital inicial de 50 mil lempiras. 5.1) Durante los años 2005 al 2018 el señor Enry Noel Aguilera realizó depósitos en cuentas bancarias a su nombre, que abrió en distintas instituciones del sistema financiero nacional por un total de L. 85, 830, 920. 36 5.2) El señor Enry Noel Aguilera Ortíz, adquirió los siguientes bienes muebles e inmuebles: a) Inmueble con matricula 1297788, ubicado en la aldea Santa Rosa, Choluteca, adquirido mediante escritura pública 216, de fecha 01 de enero del 2014 por un valor de cuatrocientos mil lempiras. b) Inmueble con matricula 151311, ubicado en Choluteca adquirido mediante escritura pública 436 de fecha 01 de agosto del 2014, por un valor de 5, 000. c) Asi mismo adquirió en fecha 25 de abril del 2016, un vehiculo tipo Pick up, doble cabina, color silver metalico, comprado en corporación Flores por la cantidad de L. 678,844.00, el cual fue vendido en fecha 21 de agosto del 2017 al señor Denis Sánchez por la cantidad de L. 680,000, quedandole a su favor un ingreso de L. 1,156. 5.3) De lo antes relacionado se establece que los activos del señor Enry Noel Aguilera Ortíz en el periodo del 2005 al 2018, conformados por sus créditos bancarios, ascendió a un gran total de L. 830, 920. 36 5.4) Durante los mismos años del 2005 al 2018 el señor Enry Noel Aguilera Ortíz obuvo ingresos por ventas de sus actividades comerciales, por un orden de L.28,345,160.86, según sus declaraciones de impuesto sobre ventas, presentadas ante el órgano administrativo competente, recibió pagos por alquiler de un inmueble propiedad de su madre la señora María Félix Ortíz, alquilado a Bodegas Banasupro, por la cantidad de L.402,400.00, percibió apalancamientos y préstamos otorgados por instituciones financieras, por la cantidad de L. 1,308,350, asi mismo se le acreditaron intereses de sus productos financieros por la cantidad de L. 10,245.34, que aunados a la ganancia de la reventa de un vehiculo por la cantidad L. 1,156 lempiras, suman un gran total de L. 30,067,312.2 en ingresos conocidos durante el periodo. Por lo cual sus ingresos conocidos durante el periodo referido no guardan relación con sus activos, teniendo un incremento patrominial injustificado L. 55, 763, 608.16. No obstante la fiscalía del Ministerio Publico que es el titular de la acción penal publica en nuestro país, solo le atribuye como monto no justificado la cantidad de L. 41,373,050.41, los cuales por congruencia entre acusación y la sentencia, que deben respetar los órganos jurisdiccionales, se consideran como valor de los bienes y activos no justificados por el señor Enry Noel Aguilera Ortíz durante el periodo de análisis patrimonial del año 2005 al 2018. SEXTO: De la Investigación patrimonial del periodo 2005 al 2018, en cuanto al señor SANTOS AGUILERA CHIRINOS se estableció que mediante testimonio 50 de fecha 06 de febrero del 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil número 93, tomo 34 de la Camara de Comercio e Industrias del Sur, se constituyó como comerciante individual operando bajo la denominación de Mariscos del Sur, sin embargo, venía realizando actividades comerciales de manera informal antes de dicha fecha. 6.1) Durante los años 2013 al 2018 el señor Santos Aguilera Chirinos realizó depósitos en cuentas bancarias a su nombre, que abrió en distintas instituciones del sistema financiero nacional por un total de L. 2,417,549.28. 6.2) El señor Santos Aguilera Chirinos, adquirió un bien inmueble mediante testimonio 1265, inscrito bajo el N 84, tomo 227 de fecha 02 de noviembre del 2005, ubicado en el desvio del Transito jurisdicción de Nacaome Valle, con un area de 1250 Vr2 por un valor de 500, 000 mil lempiras. 6.3Asi mismo en fecha 31 de julio del 2014, el señor Santos Aguilera Chirinos aseguró un vehículo tipo pick, up, hilux, doble cabina, colo beige, motor 2KD-A094522 por un valor de L 497, 060.00. 6.4) Por lo cual los bienes y activos del señor Santos Aguilera Chirinos durante el periodo del año 2005 al 2018, constituidos de sus ingresos bancarios, un inmueble y un vehiculo ascienden a la cantidad de L. 2,417, 549.28. 6.5) Durante el periodo del 2005 al 2018 el señor Santos Aguilera Chirinos tuvo ingresos por prestamos con garantía hipotecaria sobre inmueble de su propiedad, otorgados por instituciones financieras por el orden de L. 2,172,000 y recibió remesas de familiares radicados en el exterior por la cantidad de L. 247,284.31, sumando un gran total de ingresos de fuente conocida de L. 2, 419,284.31, por lo cual sus bienes y activos cuentan con un respaldo económico licito de procedencia.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurrente Numero 1 La recurrente Abogada Marlen Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción por violación de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República con relación al artículo 624del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Los preceptos Constitucionales y penales citados como infringidos por violación textualmente dicen: Principio de Legalidad, que se encuentra regulado en el artículo 321 de la Constitución de la República, establece, "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; el cual se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 90 del mismo cuerpo legal, que prescribe Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece."; mismo que se ha visto vulnerado por el juzgador, quien decretó sentencia absolutoria contra los señores RICARDO AGUILERA CHIRINOS, ENRY NOE AGUILERA ORTIZ, ROMMEL BIMAR POSAS MATUTE, DILCIA REBECA LARA TABORA, por considerarlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, absolviéndolo el Tribunal de sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, en virtud que los hechos probados en este juicio, no son ya constitutivos de delito, en base a la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. PRIMERO: En fecha treinta (30) de octubre del dos mil veinte (2020). Se dictó fallo condenatorio contra los señores RICARDO AGUILERA CHIRINOS, ROMMEL BIMAR POSAS MATUTE DILCIA REBECA LARA TABORA por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, culminado con todas las etapas del proceso como ser 1) Preparación del debate; 2) Sustanciación del juicio; y, 3) Deliberación y sentencia, así mismo se evacuaron las dos fases contempladas en la ley para la condena de los imputados según lo prescrito en los artículos en los artículos 342 y 343 del código procesal penal, siendo el tiempo transcurrido desde el fallo condenatorio de 12 meses 23 días sin la notificación de la sentencia como un acto de mero de trámite impulso procesal que le corresponde al tribunal de sentencia, en fecha del 03 de noviembre del año 2021 entra en vigencia el decreto 93-2021 que introdujo una reforma al artículo 439 quitando la no justificación como precepto autorizante para el delito de lavados de activos. SEGUNDO: Se desprende de expediente de mérito, que debido a la reforma del articulo 439 de código penal decreto 93-2021, las defensas solicitaron audiencias Audiencia Ad- Hoc, basándose en la aplicación de la retroactividad de la ley más favorable cuando no haya debido promoverse a cuando no pueda proseguirse, el Tribunal Sentencia fundamentándose en el artículo 615 del código penal vigente dicto un sobreseimiento definitivo, por lo cual Ministerio publico recurrió por las vias de apelación de hecho al haberse declarado los Recursos Inadmisible por el órgano Jurisdiccional, Resolviendo la Corte de Apelaciones ha lugar el Recurso y ordenando que se revocara el sobreseimiento definitivo acatando parcialmente el Tribunal la Resolución y procediendo a revocar el sobreseimiento definitivo y emiten una Resolución de Sentencia Absolutoria, que fue notificada en fecha del veintiocho (28) de octubre del año veintidós 2022, transformado por completo la declaratoria de culpabilidad que había sido evacuadas en todas sus fases, convirtiendo el fallo condenatorio en una sentencia absolutoria. ARTÍCULO 615- Del código penal vigente establece la RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el dia de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Que dicha Norma Penal vigente, Establece los principios y condiciones bajo los cuales se aplicara el principio de retroactividad penal, identificando como condición sine quo non, la etapa del proceso, que debe ser antes que hubiera emitido sentencia, circunstancia que no ocurre en el presente proceso el Tribunal de Sentencia hacía más de un año había emitido un fallo condenatorio, que solo faltaba materializara través de las notificaciones escritas de la sentencia como un acto de mero trámite e impulso procesal que corresponde al órgano jurisdiccional realizar en los términos establecidos por la ley. Considerando que el presente proceso se debió seguir por lo que establece el artículo 624 del código penal vigente. ARTÍCULO 624.- SENTENCIAS PENDIENTES DE RECURSO. En las sentencias dictadas de acuerdo con la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, se aplican las reglas siguientes: La Gaceta 1) Tanto si se trata de un recurso de apelación como de casación las partes pueden invocar al formalizarlo los preceptos del presente Código, cuando resulten más favorables al reo; 2) Aunque las partes ya hubieren formalizado el recurso y si éste no hubiese sido aún sustanciado, puedan presentar escrito suplementario invocando en caso de serles favorable, la nueva legislación; y, 3) En todo caso el Órgano Jurisdiccional competente tendrá en cuenta, de oficio, la nueva legislación de ser más favorable al condenado. Causa agravios a la ley y a los principios que regula su aplicación esta Resolución del Tribunal de Sentencia, al excederse en sus facultades legalmente previstas amparándose en un precepto legal inaplicable, al transformar un fallo condenatorio en una sentencia absolutoria violentando la garantía de legalidad establecida en el Art. 321 de la Constitución de la República, según la cual, "Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad", circunstancia que se constituye como precepto autorizante de casación por infracción de precepto constitucional, según lo regulado en el articulo 361 del código procesal penal, este sustento constitucional tiene su importancia, tal como evidencia OLIVA DE SANTOS "en un Estado de Derecho, la legalidad y la imparcialidad han de ser notas de la actuación de todo órgano público y de todo servidor público", infracción al principio de legalidad, que resulta de la no aplicación de la Norma penal en comento. Es importante resaltar que el Juzgador se está excediendo en el ejercicio de sus atribuciones, produciéndose como consecuencia la Infracción a la norma Constitucional invocada como infringida en el presente recurso y a las referidas en relación. El Principio de Legalidad se haya consagrado en sus cuatro vertientes, esto es, la garantía criminal, la garantía procesal, la garantía penitenciaria o de ejecución de penas; debiéndose añadir que en el caso de la garantía criminal, se desdobla en dos terminantes declaraciones, una de ellas de naturaleza negativa; los Tribunales no pueden incriminar hechos que no se hallen penados por la Ley, absteniéndose de todo procedimiento sobre ellos y la otra, de índole positiva, la cual compele a los Tribunales a dictar la sentencia, aplicando las penas que determinan las normas sustantivas, aunque ellos estimen que la acción u omisión de que se trate no debía ser punible o que la pena es notablemente excesiva, atendidos el grado de malicia y el daño causados por el delito. El Principio de Legalidad significa, en síntesis, que la única fuente creadora de los delitos y penas y por consiguiente de las causas de agravación y de las llamadas medidas de seguridad es la Ley, fuera de la cual no hay, en este sentido, otras fuentes del Derecho². Como resultado de lo anteriormente expuesto, es evidente la violación a la Legalidad, por lo que, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto de que, una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador, no habiendo reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” Recurrente Numero 2 El recurrente Abogado Erick Gerardo Rodríguez Licona, en su condición de Procurador Judicial, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “1. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción por violación de los artículos 90 y 321 de la constitución de la Republica con relación al artículo 624 del código procesal penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido artículo 361 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia recurrida vulnero a la víctima constituida por el Estado de Honduras, del Derecho Constitucional a través del Principio de Legalidad, el cual textualmente dice y regulado en el artículo 321 de la Constitución de la República, establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; el cual se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 90 del mismo cuerpo legal, que prescribe: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, mismo que se ha visto vulnerado por el juzgador, quien decretó sentencia absolutoria a favor de los señores RICARDO AGUILERA CHIRINOS, ENRY NOE AGUILERA ORTIZ, ROMMEL BIMAR POSAS MATUTE, DILCIA REBECA LARA TABORA, por considerarlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, absolviéndolo el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, en virtud que los hechos probados en este juicio, no son ya constitutivos de delito, en base a la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. PRIMERO: En fecha treinta (30) de octubre del dos mil veinte (2020) Se dictó fallo condenatorio contra los señores RICARDO AGUILERA CHIRINOS, ROMMEL BIMAR POSAS MATUTE DILCIA REBECA LARA TABORA por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, culminado con todas las etapas del proceso como ser Preparación del debate, Sustanciación del juicio, Deliberación y Sentencia, así mismo se evacuaron las dos fases contempladas en la ley para la condena de los imputados según lo prescrito en los artículos en los artículos 342 y 343 del código procesal penal, siendo el tiempo transcurrido desde el fallo condenatorio de 12 meses 23 días sin la notificación de la sentencia como un acto de mero de trámite impulso procesal que le corresponde al tribunal de sentencia, en fecha del 03 de noviembre del año 2021 entra en vigencia el decreto 93-2021 que introdujo una reforma al artículo 439 quitando la no justificación como precepto autorizante para el delito de lavados de activos. SEGUNDO: Se desprende de expediente de mérito, que debido a la reforma del artículo 439 de código penal decreto 93-2021, las defensas solicitaron audiencias Audiencia Ad-Hoc, basándose en la aplicación de la retroactividad de la ley más favorable cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, el Tribunal Sentencia fundamentándose en el artículo 615 del código penal vigente dieto un sobreseimiento definitivo, por lo cual el ente acusador recurrió por las vías de apelación de hecho al haberse declarado los Recursos Inadmisible por el órgano Jurisdiccional, Resolviendo la Corte de Apelaciones ha lugar el Recurso y ordenando que se revocara el sobreseimiento definitivo acatando parcialmente el Tribunal la Resolución y procediendo a revocar el sobreseimiento definitivo y emiten una Resolución de Sentencia Absolutoria, que fue notificada en fecha del veintiocho (28) de octubre del año veintidós 2022, transformado por completo la declaratoria de culpabilidad que había sido evacuadas en todas sus fases y convirtiendo el fallo condenatorio en una sentencia absolutoria. Ya nuestra legislación penal establece los principios y condiciones bajo los cuales se aplicara el principio de retroactividad penal, identificando como condición sine quo non, la etapa del proceso, que debe ser antes que hubiera emitido sentencia, circunstancia que no ocurre en el presente proceso el Tribunal de Sentencia hacía más de un año había emitido un fallo condenatorio, que solo faltaba se materializara través de las notificaciones escritas de la sentencia como un acto de mero trámite e impulso procesal que corresponde al órgano jurisdiccional realizar en los términos establecidos por la ley; no atendiendo las disposiciones del artículo 624 del Código Penal Vigente, que habla sobre las Sentencias Pendientes de Recurso y habiendo manifestado los agravios, queda a la vista la violación a la legalidad por el juzgador, por lo que, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto de que una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a la víctima constituida por el Estado de Honduras.” FUNDAMENTACIÓN JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos en que se fundan (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Observa esta Sala de lo Penal que los recurrentes 1 y 2 han interpuesto recurso de casación por infracción de precepto constitucional denunciado las mismas normas constitucionales y poseen similares argumentos, por lo que ambos motivos serán resueltos en un mismo apartado. Recurrente Numero 1 Abg. Marlen Rodríguez Fiscal del Ministerio Público Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 90 y 321 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: violación al debido proceso. • Reclamación ex-ante: no hay reclamo previo pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. • Pretensión: sin determinar por la censora. Explicó la recurrente, que causa agravios a la ley y a los principios que regula su aplicación esta resolución del Tribunal de Sentencia, al excederse en sus facultades legalmente previstas amparándose en un precepto legal inaplicable, al transformar un fallo condenatorio en una sentencia absolutoria violentando la garantía de legalidad establecida en el Art. 321 de la Constitución de la República, según la cual, "Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad", circunstancia que se constituye como precepto autorizante de casación por infracción de precepto constitucional, según lo regulado en el artículo 361 del código procesal penal, este sustento constitucional tiene su importancia, tal como evidencia Oliva De Santos' "en un Estado de Derecho, la legalidad y la imparcialidad han de ser notas de la actuación de todo órgano público y de todo órgano público y de todo servidor público", infracción al principio de legalidad, que resulta de la no aplicación de la Norma penal en comento. Es importante resaltar que el Juzgador se está excediendo en el ejercicio de sus atribuciones, produciéndose como consecuencia la Infracción a la norma Constitucional invocada como infringida en el presente recurso y a las referidas en relación. Recurrente Numero 2 Abg. Erick Gerardo Rodríguez Licona Procurador de la Procuraduría General de la República Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 90 y 321 de la Constitución de la República, en relación al 624 del Código Penal. • Concepto de la infracción: violación al debido proceso. • Reclamación ex-ante: no hay reclamo previo pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. • Pretensión: sin determinar por la censora.Explicó el recurrente, que la sentencia recurrida vulneró a la víctima constituida por el Estado de Honduras, del derecho constitucional a través del Principio de Legalidad, el cual textualmente dice y regulado en el artículo 321 de la Constitución de la República, establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; el cual se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 90 del mismo cuerpo legal, que prescribe: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece; mismo que se ha visto vulnerado por el juzgador, quien decretó sentencia absolutoria a favor de los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Enry Noe Aguilera Ortiz, Romel Bimard Posas Matute, y Dilcia Rebeca Lara Tabora, por considerarlos responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, absolviéndolos el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en virtud que los hechos probados en este juicio, no son ya constitutivos de delito, en base a la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Del Debido Proceso Penal La Garantía del debido proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011 en Exp 318-2010). Criterio de la Sala de lo Constitucional sobre la Aplicación retroactiva de una nueva Ley Penal. Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…” Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley De la Procedencia del Recurso. Los Motivos no son de Recibo. Esta Sala de lo Penal luego de analizar los argumentos de los censores, así como el fundamento del Tribunal de Sentencia, y no encuentra violación al debido proceso al decidir dictar sentencia absolutoria en el caso de los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Enry Noe Aguilera Ortiz, Romel Bimard Posas Matute, y Dilcia Rebeca Lara Tabora, pues al momento en que se iba a dictar sentencia les favorecía la aplicación del Código Penal decreto 130-2017 que fue reformado mediante decreto legislativo 93-2021, emitido por el Soberano Congreso Nacional. La Sala de lo Constitucional, así como la Sala de lo Penal, han asumido la misma posición que plantea el Tribunal Sentenciador al expresar las razones de hecho y de derecho que impedían dictaran una sentencia condenatoria: “En el presente caso, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República no presentaron prueba que vincule a los ahora condenados a una hipótesis relacionada con alguno de esos tipos penales ni la prueba evacuada en juicio tampoco arrojó alguna vinculación de estos con alguna organización criminal dedicada a la comisión de los delitos precedentes señalados en la reforma del Código Penal. Lo anterior resulta relevante pues al desaparecer esa característica de los activos que no tengan un origen legal determinado, queda la presente causa desprovista de la base que fundamentó la acción penal, resultando ahora tal condición, no parte del tipo penal, por ende, a partir de dicha reforma a ese artículo del Código Penal, tal condición no puede ser objeto de una acción penal que persiga un reproche penal. Frente al principio de legalidad, que obligaría a observar el tipo penal vigente a la fecha de los hechos, se impone con mayor fuerza, el principio de retroactividad pues al tenor de lo establecido en la Constitución y en el Decreto 130-2017 actualmente vigente, en su artículo 615, Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas". En tal sentido, y en desarrollo de la Audiencia Ad-Hoc, este Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, integrado en este momento por los Jueces Wendy Escobar Cantarero, Ana Wendy Cruz Castro y Leandra Vega Montoya ponente de la presente sentencia, ya que el Abg. Walter Lara Mejía quien conoció del presente juicio no forma parte de este Tribunal, aplicando la norma al caso concreto, y habiendo establecido que la condición hipotética sobre la cual se declaró la responsabilidad penal en la presente causa ha desaparecido como un acto constitutivo del delito de Lavado de Activos, por ende, los actos. Es así que, que por lo antes expuesto y al estar imposibilitado este Tribunal en poder disponer de estos mediante la figura del Comiso regulado en este ámbito penal, por no poderse establecer la existencia de delito, no menos cierto es que el artículo 70 último párrafo de la Ley de Lavado de Activos del Decreto 144-14 que también es aún vigente, establece que aun cuando resultase revocada la medida cautelar o de aseguramiento en la sentencia, ello puede ser sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, contenido en el Decreto 27-2010 del 18 de noviembre del 2010. De igual de esta resolución emitida por este Tribunal de Sentencia, se emitió resolución por parte de la Corte de Apelaciones, la que decidió revocar el sobreseimiento proferido por esta Sala en virtud que consideran que este Tribunal no tiene atribuciones para conocer o para aplicar la Norma Penal más favorable, no obstante, este Tribunal decidió revocar el sobreseimiento otorgado en su momento, sin embargo este Tribunal ha considerado que se debe emitir una sentencia absolutoria, ya que al desaparecer esa característica de los activos que no tengan un origen legal determinado, queda la presente causa desprovista de la base que fundamentó la acción penal, resultando ahora tal condición, no parte del tipo penal, y por ende, a partir de dicha reforma a ese artículo del Código Penal, tal condición no puede ser objeto de una acción penal que persiga un reproche penal. Frente al principio de legalidad, que-obligaría a observar el tipo penal vigente a la fecha de los hechos, se impone con mayor fuerza, el principio de retroactividad pues al tenor de lo establecido en la Constitución y en el Decreto 130-2017 actualmente vigente, en su artículo 615, Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas". En tal sentido, aplicando la norma al caso concreto, y habiendo establecido que la condición hipotética sobre la cual se fundó la presente causa ha desaparecido como un acto constitutivo del delito de Lavado de Activos, por ende, los actos sometidos a este juicio ya no constituyen delito que deba se reprochado penalmente. Conforme lo ha analizado esta Sala de lo Penal, la posición incluso del Tribunal Sentenciador era correcta al dictar el sobreseimiento definitivo, pues así lo manda el nuevo Código Penal, pero al acatar lo establecido por la Corte de Apelaciones no tenía otra opción que el dictado de una sentencia absolutoria, pues los elementos objetivos del tipo penal ya habían cambiado y esa conducta por la cual estaban siendo juzgados los imputados había desaparecido. Los recurrentes consideran que se violentó el debido proceso pues ya había una sentencia condenatoria y luego el Juzgador lo cambió a absolutoria, nada más errada que esa posición, pues lo que el Tribunal A-quo había dictaminado era la declaratoria de culpabilidad de los acusados, pero la sentencia mientras no estuviese notificada a las partes, no puede considerarse dictada. Es de considerar además que, si el Tribunal Sentenciador no hubiese aplicado la nueva ley penal, tal circunstancia hubiese beneficiado a los acusados, pues la ley ya prevé otros mecanismos, como en recurso de casación o mediante revisión penal ante la Sala de lo Constitucional, por lo que más tarde o más temprano el efecto es el mismo. Esta Sala de lo Penal en el expediente SP 444-2021, dictó sentencia de casación penal de fecha 19 de marzo de 2024, en la que estableció una postura similar al afirmar: “Las conductas reprochadas a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de lavado de activos en este caso concreto el numeral tres (artículo 439 Numeral 3), que dice: "Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, de apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito cometidos por el o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. 1…2…3. Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a cinco millones una pena es de prisión de ocho (8) a trece (13) años y una multa del 150% de dicho valor, a las penas anteriores hay que agregarles, la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena principal. Se les declaró responsables civilmente, se declaró el comiso de los bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias. En el caso examine han existido reformas a dicho articulado la primera que se encuentra bajo el decreto 93-2021, la cual fue publicada en el diario oficial la gaceta el 1 de noviembre del año dos mil veintiuno, cuya reforma consiste en suprimir de la lectura la parte final del artículo 439 lo siguiente: o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia, lo que nos indica que esa falta de causa o justificación fue despenalizada por un periodo de tiempo hasta que se publicó una nueva reforma del artículo en mención en la gaceta de fecha 25 de julio del 2023 bajo decreto 43-2023, reforma que consiste en retornar a la definición original del delito de lavado de activos según en el código penal decreto 130-2017, y nuevamente le penaliza esa conducta de que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. En el caso sometido a recurso de casación, los hechos declarados como probados están sustentados precisamente en esa falta de justificación de los bienes de los enjuiciados, pudiendo apreciar esta Sala de lo Penal, el concurso de leyes que se nos presenta, para lo cual debemos considerar el criterio vertido por la Sala de lo Constitucional en la Sentencia número SCO1429-2021:“…cuando el legislador consideró que el comportamiento no merece reproche desde un punto vista jurídico penal y lo considera atípico. Finalmente, es importante señalar que la Sala de lo Constitucional tiene como criterio jurisprudencial consolidado que una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por revisionista y que al momento de peticionar estaba el en vigencia; asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada O reformada, se tomara consideración la más benigna, ya que el cambio en de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo. (Ver sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-568-2020, SCO-599-2020, SCO-629-2020, 300-652-2020, SCO-718-2020, SCO-760-2020, SCO-1094-2020, SCO- 148-2021, SCO-374-2021, SCO-392-2021, SCO-503-2021, SCO-620- 2021, SCO-796-2021, SCO-805-2020, SCO-850-2020; entre otras)”. De manera que nos encontramos ante una ley intermedia, traemos la opinión del Doctor Suazo Lagos quien nos aporta: "Se reconoce, sin embargo, por la mayoría, que en justicia el juez debe también tomar en cuenta las leyes intermedias de manera que cuando exista una sucesión de tres o más leyes entre la fecha de comisión y la fecha de sentencia, debe el juez aplicar aquélla de entre esas tres o más leyes que sea más favorable al reo, salvo el caso de que una de dichas leyes sea una ley temporal", en ese mismo sentido Muñoz Conde nos ilustra: ley intermedia a la que no estaba en vigor en el momento de comisión de los hechos ni lo está en el momento del juicio, sino que ha tenido vigencia entre uno y otro. Las dudas que plantea su posible aplicación provienen del hecho de que la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco lo es en el momento en que ésta se enjuicia. Pese a ello, si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que éste pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica. En cuanto al ámbito temporal de ley, así como la retroactividad de la ley penal más favorable, estas tienen valides según el periodo de vigencia en apego al principio de legalidad, evidente en el caso de marras existen varias leyes entre la sentencia y la resolución mediante fallo de casación, una ley intermedia que tuvo una vigencia entre el momento que fue dictada la sentencia condenatoria hasta un tiempo antes de este momento en que se está dictando fallo a los recursos presentados por las partes y es la que resulta más benigna a los acusados, habiendo analizado los antecedentes, es criterio de esta Sala de lo Penal que en el caso examine procede la aplicación retroactiva de la ley, considerando la eficacia de la ley intermedia por ser la que en este caso más favorece a los enjuiciados, en ese sentido se aplica de forma retroactiva el decreto legislativo 93-2021, conforme el cual entre otros, y en ese caso concreto se reprocha la conducta de que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia, y esta ha sido despenalizada por el decreto 93-2021 entre el periodo de 1 de noviembre del 2021 hasta el 25 de julio del 2023, periodo en el cual esta Sala de lo Penal pudo haber resuelto el recurso de casación con dicho decreto vigente, que dicho fallo no se haya dictado no es atribuible al imputado, por tanto no puede operar en su contra la reforma del nuevo decreto 43-2023 vigente en este momento actual en que se dicta fallo y penaliza nuevamente la conducta, que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia, por lo cual resulta procedente sobreseer la presente causa.” Así las cosas, esta Sala de lo Penal reitera que la posición del Tribunal Sentenciador fue la correcta pues la sentencia aún no había sido notificada a las partes, por tanto no existía tal fallo condenatorio, solo una declaratoria de culpabilidad que se plasma luego en la sentencia; los Sentenciadores aplicaron la ley penal vigente en el momento de dictar sentencia y aplicando el artículo 96 Constitucional benefició a los acusados con el principio de retroactividad de la ley penal, por lo que ambos motivos de casación deben ser desestimados. Decisión Se declara no ha lugar los recursos de casación por infracción de precepto constitucional interpuestos por la fiscal del Ministerio Público, como recurrente 1 y el procurador de la Procuraduría General de la República como recurrente 2, en sus únicos motivos. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 96, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 615 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: PRIMERO: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Marlen Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa en la que se absolvió a los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Ortiz y Dilcia Rebeca Lara Tabora, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. SEGUNDO: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Erick Gerardo Rodriguez Licona, en su condición de Procurador Judicial, en la causa en la que se absolvió a los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Ortiz y Dilcia Rebeca Lara Tabora, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. TERCERO: Declara Firme la sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Firma y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. firma y sello Pia Cristina Mejia Nuñez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta y un días de octubre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-143-2023.Rina Koritza Sandoval Navas. Secretaria de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Secretaria de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-143-2023, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de julio del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 143-2023 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, mediante la cual falló; Primero: Absolvió a Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Ortiz y Dilcia Rebeca Lara Tabora, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Segundo: Absolvió a Santos Aguilera Chirinos, por suponerlo participante del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. Tercero: Ordenó a librar cartas de libertad a los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Ortiz, Dilcia Rebeca Lara Tabora y Santos Aguilera Chirinos, sin perjuicio de deban permanecer en prisión por causa penal pendiente. Cuarto: Declaró a sin lugar el comiso solicitado por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República sobre los bienes, dinero y productos financieros de Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Ortiz y Dilcia Rebeca Lara Tabora, sin perjuicio de las acciones encaminadas o que pueda iniciar. Son Partes En La Única Instancia: La abogada Yanory de Jesús Ramos González, en su condición de fiscal del Ministerio Público, y el abogado Erick Gerardo Rodríguez Licona en su condición de procurador judicial del Estado de Honduras, como parte recurrente, el abogado Andrés Rivera Urtecho Jeamborde en su condición de defensor privado de Dilcia Rebeca Lara Tabora y el abogado Carlos Eduardo Rivera González como defensor privado de Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Aguilera Ortiz, y Santos Aguilera Chirinos, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha veintiséis de marzo del año dos mil dieciséis, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico recibió denuncia acerca de la existencia de una organización criminal dedicada supuestamente a la fabricación y comercialización de droga sintética, integrada entre otras personas por los señores: Ricardo Aguilera Chirinos, Enry Noel Aguilera Ortíz, Santos Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute y Dilcia Rebeca Lara Tábora y el esposo de esta última, actividades ilícitas que además obtenían sendas ganancias que eran utilizadas para adquirir bienes inmuebles, invertidas en sociedades mercantiles y productos financieros, sin causa de justificación de su procedencia, a raíz de dicha denuncia elementos de la DLCN, iniciaron una investigación patrimonial para dar con la ubicación de los activos de los denunciados y determinar su procedencia u origen durante el periodo del año 2005 al 2018, tiempo de estudio en el cual se centraron las investigaciones, por lo tanto las pericias se realizaron cubriendo ese transcurso de tiempo. SEGUNDO: En cuanto al señor Ricardo Aguilera Chirinos desde el año 2006 según testimonio 909 se constituyó como comerciante individual inscrito bajo número 67, tomo 73 del Registro Mercantil de Choluteca, como único propietario del negocio denominado Farmacia El Descuento, asimismo adquirió los negocios Súper Farmacia Arteaga bajo denominación Farmacia El Descuento, según testimonio 933 de fecha 22 de marzo de 2017, inscrito bajo número 74 del tomo 113 del Registro Mercantil de fecha 03 de mayo de 2007, esta empresa declarada al rubro de compras y venta de medicamentos. 2.1) De acuerdo a la información proporcionada por UIF se estableció que el señor Ricardo Aguilera obtuvo en préstamos bancarios por cantidad de treinta y tres millones quinientos diez mil, (33,510.000.00), algunos de los cuales fueron cancelados anticipadamente. - 2.2) De acuerdo a los ingresos reportados ante el SAR el señor Ricardo Aguilera Chirinos obtuvo utilidades del 2007 al 2016, por un monto de dos millones trescientos sesenta y tres mil seiscientos veintiocho lempiras con treinta y cuatro centavos, por lo cual estas utilidades no coinciden con los ingresos conocidos durante el periodo analizado ni con los bienes muebles e inmuebles adquiridos en esos años. - 2.3) De la investigación del periodo 2005 al 2018 el señor Ricardo Aguilera Chirinos obtuvo diez vehículos por un monto que asciende a la cantidad de cuatro millones doscientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y nueve lempiras con treinta y siete centavos (L. 4,293,249.37) sin determinar la forma en que fueron pagados estos vehículos o su origen de financiamiento, que las utilidades obtenidas en el periodo. El señor Ricardo Aguilera Chirinos, desde el año 2005 al 2018, manejó créditos en el el Sistema Financiero Nacional por la cantidad de L. 271,443,150.05, en las distintas instituciones bancarias en donde él mantenía cuentas corrientes, cuentas de cheque etc., sin embargo a través de la prueba presentada por la Defensa se determinó que durante los años 2017 y 2018 presentó ingresos ante el SAR por la cantidad de ciento treinta y dos millones setecientos cuarenta y siete doscientos cuarenta lempiras con noventa y cuatro centavos (132, 747,240.94), no obstante estas declaraciones no reflejan cambios significativos en los montos no justificados. 2.4) Además el señor Ricardo Aguilera Chirinos adquirió en bienes inmuebles, una propiedad en Barrio La Libertad cuyo costo de adquisición es 125, 458 lempiras, sin embargo el costo retrospectivo de acuerdo al avalúo es de L. 6,740.438.09, por lo que existe una diferencia de L.6,614,980.09 y los inmuebles en la Aldea San Rafael cuyo costo de adquisión es de L. 126.000.00 y mediante avalúo bancario es de L. 1,445,600.00 y propiedad en Barrio Maria Auxiliadora cuyo valor asciende a 9,101,120.00, propiedad ern Barrio Los Graneros de Choluteca cuyo costo es de L.58,052.00, Brisas del Sur con un valor de L. 20,000.00, Barrio Suyapa con un valor de L. 20,000.00, Barrio Guadalupe con un valor de L. 50,000 y Colonia Renacer de la ciudad de Choluteca con un valor de L. 5,000.00. 2.5) De los diferentes allanamientos realizados en las propiedades y comercios del señor Ricardo Aguilera Chirinos, se le encontraron en la Farmarcias El Descuento L. 102,515.14 más lempiras 80,000 en su casa de habitación. Por lo que debido al análisis hecho por el Ministerio Público el señor Ricardo Aguilera no justifica la cantidad de L. 45,844,940.94, sin embargo ya que este Tribunal ha considerado otros valores en cuanto a los avaluos de los bienes inmuebles el monto no justificado asciende a la cantidad de L. 41,047.139.03. TERCERO: De la investigación Patrimonial del periodo 2005 al 2018, con respecto al señor ROMEL BIMARD POSAS MATUTE, se estableció que adquirió los siguientes bienes inmuebles: 3.1) En fecha 30 de julio del año 2010, adquirió el bien con matricula 174494, ubicado en el Barrio Concepción, quinta avenida de Comayaguela, por un valor de L.2,623,200, reportando mejoras en fecha 18 de abril de 2011, por un valor de L.1,803,200.00. Haciendo un total de L. 4, 426,400, sin embargo, el valor real retrospectivo que le es mas favorable es de L.3,166,292.45. 3.2) En fecha 13 de marzo de 2006, adquirió los inmuebles con matriculas 373248, 373299 y 373402, con un valor de escritura y retrospectivo de L. 5,699,000, y en fecha 01/07/2007 todos estos lotes fueron agrupados en la matricula 506243 quedando con un área de 949.47 M², sitio ubicado en el Barrio Barandillas de San Pedro Sula; posteriormente en fecha 19/05/2008 declaró mejoras valorados en la cantidad de L.5,699,000.00. 3.3) Inmueble con matrícula 426330, mediante escritura pública de fecha 09 de febrero de 2004, ubicado en el Barrio Concepción, de la ciudad de San Pedro Sula, entre 1ra y 2da calle 6ta avenida., con un valor escritural de L.800,000.00 y sin embargo este bien tenía al momento de su adquisición un valor real retrospectivo de 4,170,639. por lo que fue subvaluado en la escritura pública. 3.4) Inmueble con matricula 785400, mediante escritura pública de fecha 16 de agosto de 2011, ubicado en la Curva Victoria, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, con un valor retrospectivo y de testimonio de L.2,014,000.00., inmueble con matricula 470174, ubicado en la Curva Victoria, con un valor según testimonio de L.170,000.00, del cual no se cuenta con avaluó retrospective, inmueble inscrito en el número 42 tomo 6595 del 02 de agosto del 2011, ubicado en la Buenos Aires, San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con un valor de testimonio de L.4,518,798.00, inmueble con matricula 505701 ubicado en los Alpes, San Pedro Sula, Departamento de • Cortés, con un valor de testimonio de L.100,000.00, inmueble ubicado en la Villa Angelina Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, con un valor de acuerdo a recibos de pago de L.450,000.00. De lo anteriormente mencionado el señor Romel Bimar Posas Matute, adquirió bienes y realizó mejoras por la cantidad de L.27,660,101.45 3.5) El Señor Romel Bimard Posas Matute, se constituyó como comerciante individual, en fecha 03 de diciembre de 1997, bajo matricula 18147, asimismo constituyó las sociedades Surtidora del Norte. S de R.L., con matricula 10618, con un capital inicial de L.5,000.00, Comercial Súper Descuento, S de RL. de C.V, bajo matricula 49652, con un capital inicial de L. 20,000.00 y con un aumento de capital de L.2,000.000.00., Cromo. S.A., con un capital inicial de L.30,000.00, matricula 44639, en fecha 26 de septiembre de 2005, Comercial Shanghai. S de R.L. de C.V., matricula 35118, con un capital de L.5,000.00, en fecha 19 de abril de 2007, Parrillas y Bomper Neva York, S de R.L. de C.V., matricula 26103, con un capital de L.5,000.00., y un aumento de capital de L.3,026.000.00, el 11 de julio de 2008, Corporación Nakamoto Morotcy, S de R.L. de C.V, matricula 19204, con un capital de L.5,000.00.0, en fecha 3 de marzo de 2009, Auto Repuestos New York S. de R.L., bajo matricula 11821, con un capital de L.5,000.00, el 10 de diciembre de 2009, Transporte el Catracho, S. de R.L. con matricula 11200 y con un capital de L.5,000.00., en fecha 18 de diciembre de 2009 Transportes Nueva York. S. de R.L., bajo matricula 11313, con un capital de L.5,000.00., en fecha 10 de noviembre de 2011, en Guatemala Corporación Posas S.A, con un capital de L.12,254.00., y en fecha 20 de noviembre de 2011, Constructora Posas, S.A., con un capital de L.5,000.00, Todas estas sociedades mercantiles no reportaron impuestos sobre la renta ante el SAR, excepto Parrillas y Bomper Nueva York, sin embargo la totalidad del capital fundacional asciende a la cantidad de L.102,254 y en el periodo de estudio reporto un aumento de capital de L.5,026,000.00., siendo que la única Empresa Mercantil que presentó impuestos sobre la Renta ante el SAR fue Parrillas y Bompers Nueva York S de R.L. de C.V.; empresa con la cual el señor Romel Bimard Posas Matute, mezcló su capital personal. 3.6) La Sociedad Parillas y Bompers Nueva York, tuvó creditos en el sistema bancario Nacional por un valor de L. 227,049,475.61, y débitos por la cantidad de L.227,073.04, sin embargo sus compras declaradas no superan la cantidad de treinta millones y las ventas que reportó al fisco nacional asciende a la cantidad de L.24 millones, asimismo en el periodo de estudio realizó cancelación anticipada de préstamos por un monto de L.10,472,136.20, asimismo adquirió un bien en el Barrio Buenos Aires de la ciudad de San Pedro Sula por un monto de L.12,723,883.27, por lo cual sus ingresos conocidos no le eran suficientes para cubrir el monto de los prestamos que le fueron otorgados, por lo que se desconoce el origen del capital que se utilizó para cumplir con las obligaciones contraídas, aunado a ello don Romel Posas en calidad de comerciante individual presentó declaraciones que no superan la cantidad de L. 635,472.36, y tampoco los saldos mínimos de sus cuentas bancarias y sus utilidades conocidas le eran suficientes para para cancelar dichos préstamos y menos de manera anticipada. 3.7) El Señor Romel Bimard Posas, obtuvo apalancamientos mediante garantías hipotecarias por un valor de L.15,54,998.00, que pagó anticipadamente, sobre bienes inmuebles que según avaluó retrospectivo ascienden a la cantidad de L. 20,288,729.45 y si restamos el apalancamientos y la garantía otorgada queda como resultado la cantidad de L. 4,633,731.250, asimismo pagó la prima del un local Centro Comercial Altara B.1-A que colocó a nombre de Parillas y Bomper New York, por la cantidad de L.1,234,578.89, también adquirió vehículos por un valor de L.102,254.00 y un bien inmueble en Barrio Buenos Aires de San Pedro Sula por la cantidad de L.12723.883.27, con fondos propios de Parrillas y Bomper Nueva Yor, sumadas dichas cantidades asciende al señor Ronmel Bimard Posas Matute obtuvo un Incremento patrimonial no justificado al menos de L. 18,694,447.61 durante el periodo de estudio. CUARTO: De la investigación patrimonial con respecto a la señora DILCIA REBECA LARA TÁBORA, se pudo establecer que desde fecha 23 de mayo del 2003 según testimonio de 760, inscrito bajo el número 63 del tomo del Registro Mercantil de Choluteca, se constituyó como comerciante individual operando bajo la denominación Inversiones Dilcia, con sede en la ciudad de San Lorenzo, Valle, ademas adquirió mediante compra venta en fecha 04 de diciembre del 2002, la Farmacia Gaitan, según testimonio # 29, inscrito en el Registro Mercantil de la ciudad de Tegucigalpa, bajo número 35, Tomo 14. Por otra parte, dentro del periodo de los años 2005 al 2018, la señora Dilcia Rebeca Tábora constituyó el negocio denominado Comercial La Excelencia mediante escritura pública 114 de fecha 13 de abril del 2015, todas estas entidades mercantiles dedicadas al rubro de compra y venta de medicamentos. Así mismo en fecha 11 de julio del 2011, mediante escritura 140 inscrita bajo registro mercantil con matricula 2521716 se constituyó como socia de la sociedad mercantil denominada COFARMA S. de R. L con el 70% del capital equivalente a 70, 000 mil lempiras, cuyo giro comercial igualmente es la compra y venta de medicamentos. 4.2) Durante los años 2013 al 2018 la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora realizó depósitos en cuentas bancarias a su nombre, que mantuvo en distintas instituciones del sistema financiero nacional por un total de treinta y un millones, doscientos diecisiete mil doscientos sesenta y cinco lempiras con setenta y un centavos (L 31,217,265.61). 4.3) Durante el periodo del 28 de noviembre del 2013 al 30 de abril del 2018, la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora realizó pagos en efectivo a sus tarjetas de crédito, por un total de trece millones doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos dieciséis lempiras con seis centavos (13, 248, 616.79) que no provenían de sus cuentas bancarias. 4.4) Durante el periodo del 2006 al 2014 la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora adquirió los siguientes inmuebles: a) Inmueble con matricula 339657, ubicado en la séptima avenida de comayaguela sobre el cual esta construido un edificio de cinco niveles destinado a locales comerciales, adquirido en fecha 04 de julio del 2006, mediante escritura pública 104, cuyo valor real retrospectivo a la fecha de la adquisición era de tres millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos sesenta y siete lempiras (L. 3, 420, 467.00) mismo que fue subvaluado en la escritura pública al atribuirle un valor de un millón trescientos mil lempiras (L. 1, 300, 000), por lo cual existe un diferencial de L. 2, 120, 467 de aumento injustificado del patrimonio de la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora. b) Inmueble con matricula 481770, ubicado en el lote 6 colonia El Prado de Comayaguela, sobre el cual esta construida una vivienda de dos plantas, adquirido por compra venta mediante escritura publica numero 69 de fecha 30 de septiembre del 2008,con un valor real retrospectivo al momento de su adquisición de un millón setecientos sesenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete lempiras con cincuenta centavos (L.1,765,667.50), mismo que fue subvaluado en la escritura publica con un valor de un millón de lempiras, por lo cual existe un valor diferencial de 765,667.50 de aumento injustificado del patrimonio de la señora Dilcia Tábora. c) En fecha 18 de mayo del 2015, adquirió por compra venta las matriculas 929742 y 929707, ubicadas en la Residencial El Dorado de esta ciudad de Tegucigalpa, sobre las cuales esta construida una vivienda de dos plantas, cuyo valor real retrospectivo a la fecha de la adquisición es de tres millones, trescientos ochenta y seis mil, setenta y cinco lempiras con treinta y cuatro centavos (3,386,075.34) mismo que fue subvaluado en escritura publica por un monto de un millón doscientos mil lempiras. por lo cual existe un valor diferencial de 2, 386, 075.34, de aumento injustificado del patrimonio de la señora Dilcia Tábora. d) En fecha 29 de noviembre del 2012, mediante escritura numero 2478, adquirió un inmueble ubicado en la Colonia San Miguel de la ciudad de Santa Rosa de Copán, por un valor de cincuenta mil lempiras, (50, 000). e) En fecha 24 de diciembre del 2014, mediante escritura número 2416, adquirió inmueble ubicado en la Colonia San Miguel de Santa Rosa de Copán, por un valor de cincuenta mil lempiras (50,000). f) En fecha 21 de noviembre del 2008 adquirio inmueble ubicado en la aldea de Quezailica, Santa Rosa de Copan, por un valor de diez mil lempiras, (10,000). 4.5) En fecha 18 de marzo del año 2018, elementos de la policia practicaron distintas inspección en el local de comercial La Excelencia, propiedad de la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora ubicado en la séptima avenida de Comayaguela donde se encontró la cantidad de 20, 504 dolares americanos, equivalentes al factor de cambio a L. 488, 384.78, y L. 221, 338 lempiras, para hacer un total de L. 669, 722.78 lempiras, ademas en la casa de habitación de la señora Dilcia Lara Tábora ubicada en Residencial El Dorado, donde se encontró la cantidad de L. 36, 500, siendo el gran total de lo incautado ese dia a la señora Lara Tábora de 706, 222.78 lempiras en efectivo. 4.6) De lo antes relacionado se establece que los bienes y activos de la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora durante los años 2005 al 2018, conformados por sus créditos bancarios, efectivo utilizado en pago de tarjetas de crédito, diferencial entre el valor real de Tos bienes inmuebles subvaluados y dinero que le fue incautado ascienden a la cantidad de L. 41, 288,441.89 4.7 En ese mismo periodo del 2005 al 2018 la señora Dilcia Rebeca Lara Tábora tuvo ingresos por ventas de sus actividades comerciales, por un orden de L. 8, 101,777.93, según sus declaraciones de impuesto sobre ventas, presentada ante la DEI, recibió pagos por alquiler de un inmueble de su propiedad ubicado en la Colonia El Dorado por la cantidad de L. 1, 134,164, sin contar con mas ingresos conocidos debido a que no se confirmó reparto de utilidades por su participación social de la Sociedad Mercantil COFARMA S. DE R. L y no se reportaron prestamos o apalancamientos a su favor otorgados por instituciones del sistema financiero. Por lo cual sus ingresos conocidos durante el periodo referido no guardan relación con sus activos, teniendo un Incremento patrimonial injustificado de L. 32, 052, 499.00. No obstante, la fiscalía del Ministerio Publico que es el titular de la acción penal publica en nuestro país, solo le atribuye como monto no justificado la cantidad de L. 30,190,751.74, los cuales por congruencia entre acusación y la sentencia, que deben respetar los órganos jurisdiccionales, se consideran como valor de los bienes y activos no justificados por la señora Dilcia Rebeca Lara durante el periodo de análisis patrimonial del año 2005 al 2018. QUINTO: De la investigación patrimonial del periodo 2005 al 2018, en cuanto al señor ENRY NOEL AGUILERA ORTIZ se estableció que mediante testimonio 5 de fecha 05 de enero del 2010, debidamente inscritó en el Registro Mercantil número 2, tomo 9 de la Camara de Comercio e Industria del Sur, se constituyó como comerciante individual operando bajo la denominación de Distribuidora Aguilera, reportando el inicio de sus operaciones a la DEI en fecha 01 de mayo del 2010, dedicado a la compra y venta de mercaderia, abarrotería, medicinas, ropa nueva y usada, cosméticos y calzado, con un capital inicial de 50 mil lempiras. 5.1) Durante los años 2005 al 2018 el señor Enry Noel Aguilera realizó depósitos en cuentas bancarias a su nombre, que abrió en distintas instituciones del sistema financiero nacional por un total de L. 85, 830, 920. 36 5.2) El señor Enry Noel Aguilera Ortíz, adquirió los siguientes bienes muebles e inmuebles: a) Inmueble con matricula 1297788, ubicado en la aldea Santa Rosa, Choluteca, adquirido mediante escritura pública 216, de fecha 01 de enero del 2014 por un valor de cuatrocientos mil lempiras. b) Inmueble con matricula 151311, ubicado en Choluteca adquirido mediante escritura pública 436 de fecha 01 de agosto del 2014, por un valor de 5, 000. c) Asi mismo adquirió en fecha 25 de abril del 2016, un vehiculo tipo Pick up, doble cabina, color silver metalico, comprado en corporación Flores por la cantidad de L. 678,844.00, el cual fue vendido en fecha 21 de agosto del 2017 al señor Denis Sánchez por la cantidad de L. 680,000, quedandole a su favor un ingreso de L. 1,156. 5.3) De lo antes relacionado se establece que los activos del señor Enry Noel Aguilera Ortíz en el periodo del 2005 al 2018, conformados por sus créditos bancarios, ascendió a un gran total de L. 830, 920. 36 5.4) Durante los mismos años del 2005 al 2018 el señor Enry Noel Aguilera Ortíz obuvo ingresos por ventas de sus actividades comerciales, por un orden de L.28,345,160.86, según sus declaraciones de impuesto sobre ventas, presentadas ante el órgano administrativo competente, recibió pagos por alquiler de un inmueble propiedad de su madre la señora María Félix Ortíz, alquilado a Bodegas Banasupro, por la cantidad de L.402,400.00, percibió apalancamientos y préstamos otorgados por instituciones financieras, por la cantidad de L. 1,308,350, asi mismo se le acreditaron intereses de sus productos financieros por la cantidad de L. 10,245.34, que aunados a la ganancia de la reventa de un vehiculo por la cantidad L. 1,156 lempiras, suman un gran total de L. 30,067,312.2 en ingresos conocidos durante el periodo. Por lo cual sus ingresos conocidos durante el periodo referido no guardan relación con sus activos, teniendo un incremento patrominial injustificado L. 55, 763, 608.16. No obstante la fiscalía del Ministerio Publico que es el titular de la acción penal publica en nuestro país, solo le atribuye como monto no justificado la cantidad de L. 41,373,050.41, los cuales por congruencia entre acusación y la sentencia, que deben respetar los órganos jurisdiccionales, se consideran como valor de los bienes y activos no justificados por el señor Enry Noel Aguilera Ortíz durante el periodo de análisis patrimonial del año 2005 al 2018. SEXTO: De la Investigación patrimonial del periodo 2005 al 2018, en cuanto al señor SANTOS AGUILERA CHIRINOS se estableció que mediante testimonio 50 de fecha 06 de febrero del 2018, debidamente inscrita en el Registro Mercantil número 93, tomo 34 de la Camara de Comercio e Industrias del Sur, se constituyó como comerciante individual operando bajo la denominación de Mariscos del Sur, sin embargo, venía realizando actividades comerciales de manera informal antes de dicha fecha. 6.1) Durante los años 2013 al 2018 el señor Santos Aguilera Chirinos realizó depósitos en cuentas bancarias a su nombre, que abrió en distintas instituciones del sistema financiero nacional por un total de L. 2,417,549.28. 6.2) El señor Santos Aguilera Chirinos, adquirió un bien inmueble mediante testimonio 1265, inscrito bajo el N 84, tomo 227 de fecha 02 de noviembre del 2005, ubicado en el desvio del Transito jurisdicción de Nacaome Valle, con un area de 1250 Vr2 por un valor de 500, 000 mil lempiras. 6.3Asi mismo en fecha 31 de julio del 2014, el señor Santos Aguilera Chirinos aseguró un vehículo tipo pick, up, hilux, doble cabina, colo beige, motor 2KD-A094522 por un valor de L 497, 060.00. 6.4) Por lo cual los bienes y activos del señor Santos Aguilera Chirinos durante el periodo del año 2005 al 2018, constituidos de sus ingresos bancarios, un inmueble y un vehiculo ascienden a la cantidad de L. 2,417, 549.28. 6.5) Durante el periodo del 2005 al 2018 el señor Santos Aguilera Chirinos tuvo ingresos por prestamos con garantía hipotecaria sobre inmueble de su propiedad, otorgados por instituciones financieras por el orden de L. 2,172,000 y recibió remesas de familiares radicados en el exterior por la cantidad de L. 247,284.31, sumando un gran total de ingresos de fuente conocida de L. 2, 419,284.31, por lo cual sus bienes y activos cuentan con un respaldo económico licito de procedencia.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurrente Numero 1 La recurrente Abogada Marlen Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DEL RECURSO DE CASACION POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Infracción por violación de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República con relación al artículo 624del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Los preceptos Constitucionales y penales citados como infringidos por violación textualmente dicen: Principio de Legalidad, que se encuentra regulado en el artículo 321 de la Constitución de la República, establece, "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; el cual se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 90 del mismo cuerpo legal, que prescribe Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece."; mismo que se ha visto vulnerado por el juzgador, quien decretó sentencia absolutoria contra los señores RICARDO AGUILERA CHIRINOS, ENRY NOE AGUILERA ORTIZ, ROMMEL BIMAR POSAS MATUTE, DILCIA REBECA LARA TABORA, por considerarlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, absolviéndolo el Tribunal de sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, en virtud que los hechos probados en este juicio, no son ya constitutivos de delito, en base a la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. PRIMERO: En fecha treinta (30) de octubre del dos mil veinte (2020). Se dictó fallo condenatorio contra los señores RICARDO AGUILERA CHIRINOS, ROMMEL BIMAR POSAS MATUTE DILCIA REBECA LARA TABORA por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, culminado con todas las etapas del proceso como ser 1) Preparación del debate; 2) Sustanciación del juicio; y, 3) Deliberación y sentencia, así mismo se evacuaron las dos fases contempladas en la ley para la condena de los imputados según lo prescrito en los artículos en los artículos 342 y 343 del código procesal penal, siendo el tiempo transcurrido desde el fallo condenatorio de 12 meses 23 días sin la notificación de la sentencia como un acto de mero de trámite impulso procesal que le corresponde al tribunal de sentencia, en fecha del 03 de noviembre del año 2021 entra en vigencia el decreto 93-2021 que introdujo una reforma al artículo 439 quitando la no justificación como precepto autorizante para el delito de lavados de activos. SEGUNDO: Se desprende de expediente de mérito, que debido a la reforma del articulo 439 de código penal decreto 93-2021, las defensas solicitaron audiencias Audiencia Ad- Hoc, basándose en la aplicación de la retroactividad de la ley más favorable cuando no haya debido promoverse a cuando no pueda proseguirse, el Tribunal Sentencia fundamentándose en el artículo 615 del código penal vigente dicto un sobreseimiento definitivo, por lo cual Ministerio publico recurrió por las vias de apelación de hecho al haberse declarado los Recursos Inadmisible por el órgano Jurisdiccional, Resolviendo la Corte de Apelaciones ha lugar el Recurso y ordenando que se revocara el sobreseimiento definitivo acatando parcialmente el Tribunal la Resolución y procediendo a revocar el sobreseimiento definitivo y emiten una Resolución de Sentencia Absolutoria, que fue notificada en fecha del veintiocho (28) de octubre del año veintidós 2022, transformado por completo la declaratoria de culpabilidad que había sido evacuadas en todas sus fases, convirtiendo el fallo condenatorio en una sentencia absolutoria. ARTÍCULO 615- Del código penal vigente establece la RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el dia de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el Órgano Jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Que dicha Norma Penal vigente, Establece los principios y condiciones bajo los cuales se aplicara el principio de retroactividad penal, identificando como condición sine quo non, la etapa del proceso, que debe ser antes que hubiera emitido sentencia, circunstancia que no ocurre en el presente proceso el Tribunal de Sentencia hacía más de un año había emitido un fallo condenatorio, que solo faltaba materializara través de las notificaciones escritas de la sentencia como un acto de mero trámite e impulso procesal que corresponde al órgano jurisdiccional realizar en los términos establecidos por la ley. Considerando que el presente proceso se debió seguir por lo que establece el artículo 624 del código penal vigente. ARTÍCULO 624.- SENTENCIAS PENDIENTES DE RECURSO. En las sentencias dictadas de acuerdo con la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, se aplican las reglas siguientes: La Gaceta 1) Tanto si se trata de un recurso de apelación como de casación las partes pueden invocar al formalizarlo los preceptos del presente Código, cuando resulten más favorables al reo; 2) Aunque las partes ya hubieren formalizado el recurso y si éste no hubiese sido aún sustanciado, puedan presentar escrito suplementario invocando en caso de serles favorable, la nueva legislación; y, 3) En todo caso el Órgano Jurisdiccional competente tendrá en cuenta, de oficio, la nueva legislación de ser más favorable al condenado. Causa agravios a la ley y a los principios que regula su aplicación esta Resolución del Tribunal de Sentencia, al excederse en sus facultades legalmente previstas amparándose en un precepto legal inaplicable, al transformar un fallo condenatorio en una sentencia absolutoria violentando la garantía de legalidad establecida en el Art. 321 de la Constitución de la República, según la cual, "Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad", circunstancia que se constituye como precepto autorizante de casación por infracción de precepto constitucional, según lo regulado en el articulo 361 del código procesal penal, este sustento constitucional tiene su importancia, tal como evidencia OLIVA DE SANTOS "en un Estado de Derecho, la legalidad y la imparcialidad han de ser notas de la actuación de todo órgano público y de todo servidor público", infracción al principio de legalidad, que resulta de la no aplicación de la Norma penal en comento. Es importante resaltar que el Juzgador se está excediendo en el ejercicio de sus atribuciones, produciéndose como consecuencia la Infracción a la norma Constitucional invocada como infringida en el presente recurso y a las referidas en relación. El Principio de Legalidad se haya consagrado en sus cuatro vertientes, esto es, la garantía criminal, la garantía procesal, la garantía penitenciaria o de ejecución de penas; debiéndose añadir que en el caso de la garantía criminal, se desdobla en dos terminantes declaraciones, una de ellas de naturaleza negativa; los Tribunales no pueden incriminar hechos que no se hallen penados por la Ley, absteniéndose de todo procedimiento sobre ellos y la otra, de índole positiva, la cual compele a los Tribunales a dictar la sentencia, aplicando las penas que determinan las normas sustantivas, aunque ellos estimen que la acción u omisión de que se trate no debía ser punible o que la pena es notablemente excesiva, atendidos el grado de malicia y el daño causados por el delito. El Principio de Legalidad significa, en síntesis, que la única fuente creadora de los delitos y penas y por consiguiente de las causas de agravación y de las llamadas medidas de seguridad es la Ley, fuera de la cual no hay, en este sentido, otras fuentes del Derecho². Como resultado de lo anteriormente expuesto, es evidente la violación a la Legalidad, por lo que, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto de que, una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a este ente acusador, no habiendo reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” Recurrente Numero 2 El recurrente Abogado Erick Gerardo Rodríguez Licona, en su condición de Procurador Judicial, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “1. RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO UNICO: Infracción por violación de los artículos 90 y 321 de la constitución de la Republica con relación al artículo 624 del código procesal penal PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido artículo 361 del CPP. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia recurrida vulnero a la víctima constituida por el Estado de Honduras, del Derecho Constitucional a través del Principio de Legalidad, el cual textualmente dice y regulado en el artículo 321 de la Constitución de la República, establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; el cual se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 90 del mismo cuerpo legal, que prescribe: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece, mismo que se ha visto vulnerado por el juzgador, quien decretó sentencia absolutoria a favor de los señores RICARDO AGUILERA CHIRINOS, ENRY NOE AGUILERA ORTIZ, ROMMEL BIMAR POSAS MATUTE, DILCIA REBECA LARA TABORA, por considerarlo responsable del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, absolviéndolo el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, en virtud que los hechos probados en este juicio, no son ya constitutivos de delito, en base a la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. PRIMERO: En fecha treinta (30) de octubre del dos mil veinte (2020) Se dictó fallo condenatorio contra los señores RICARDO AGUILERA CHIRINOS, ROMMEL BIMAR POSAS MATUTE DILCIA REBECA LARA TABORA por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, culminado con todas las etapas del proceso como ser Preparación del debate, Sustanciación del juicio, Deliberación y Sentencia, así mismo se evacuaron las dos fases contempladas en la ley para la condena de los imputados según lo prescrito en los artículos en los artículos 342 y 343 del código procesal penal, siendo el tiempo transcurrido desde el fallo condenatorio de 12 meses 23 días sin la notificación de la sentencia como un acto de mero de trámite impulso procesal que le corresponde al tribunal de sentencia, en fecha del 03 de noviembre del año 2021 entra en vigencia el decreto 93-2021 que introdujo una reforma al artículo 439 quitando la no justificación como precepto autorizante para el delito de lavados de activos. SEGUNDO: Se desprende de expediente de mérito, que debido a la reforma del artículo 439 de código penal decreto 93-2021, las defensas solicitaron audiencias Audiencia Ad-Hoc, basándose en la aplicación de la retroactividad de la ley más favorable cuando no haya debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, el Tribunal Sentencia fundamentándose en el artículo 615 del código penal vigente dieto un sobreseimiento definitivo, por lo cual el ente acusador recurrió por las vías de apelación de hecho al haberse declarado los Recursos Inadmisible por el órgano Jurisdiccional, Resolviendo la Corte de Apelaciones ha lugar el Recurso y ordenando que se revocara el sobreseimiento definitivo acatando parcialmente el Tribunal la Resolución y procediendo a revocar el sobreseimiento definitivo y emiten una Resolución de Sentencia Absolutoria, que fue notificada en fecha del veintiocho (28) de octubre del año veintidós 2022, transformado por completo la declaratoria de culpabilidad que había sido evacuadas en todas sus fases y convirtiendo el fallo condenatorio en una sentencia absolutoria. Ya nuestra legislación penal establece los principios y condiciones bajo los cuales se aplicara el principio de retroactividad penal, identificando como condición sine quo non, la etapa del proceso, que debe ser antes que hubiera emitido sentencia, circunstancia que no ocurre en el presente proceso el Tribunal de Sentencia hacía más de un año había emitido un fallo condenatorio, que solo faltaba se materializara través de las notificaciones escritas de la sentencia como un acto de mero trámite e impulso procesal que corresponde al órgano jurisdiccional realizar en los términos establecidos por la ley; no atendiendo las disposiciones del artículo 624 del Código Penal Vigente, que habla sobre las Sentencias Pendientes de Recurso y habiendo manifestado los agravios, queda a la vista la violación a la legalidad por el juzgador, por lo que, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto de que una vez estudiado el caso, casen el fallo que ahora genera inconformidad a la víctima constituida por el Estado de Honduras.” FUNDAMENTACIÓN JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos en que se fundan (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Observa esta Sala de lo Penal que los recurrentes 1 y 2 han interpuesto recurso de casación por infracción de precepto constitucional denunciado las mismas normas constitucionales y poseen similares argumentos, por lo que ambos motivos serán resueltos en un mismo apartado. Recurrente Numero 1 Abg. Marlen Rodríguez Fiscal del Ministerio Público Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 90 y 321 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: violación al debido proceso. • Reclamación ex-ante: no hay reclamo previo pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. • Pretensión: sin determinar por la censora. Explicó la recurrente, que causa agravios a la ley y a los principios que regula su aplicación esta resolución del Tribunal de Sentencia, al excederse en sus facultades legalmente previstas amparándose en un precepto legal inaplicable, al transformar un fallo condenatorio en una sentencia absolutoria violentando la garantía de legalidad establecida en el Art. 321 de la Constitución de la República, según la cual, "Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad", circunstancia que se constituye como precepto autorizante de casación por infracción de precepto constitucional, según lo regulado en el artículo 361 del código procesal penal, este sustento constitucional tiene su importancia, tal como evidencia Oliva De Santos' "en un Estado de Derecho, la legalidad y la imparcialidad han de ser notas de la actuación de todo órgano público y de todo órgano público y de todo servidor público", infracción al principio de legalidad, que resulta de la no aplicación de la Norma penal en comento. Es importante resaltar que el Juzgador se está excediendo en el ejercicio de sus atribuciones, produciéndose como consecuencia la Infracción a la norma Constitucional invocada como infringida en el presente recurso y a las referidas en relación. Recurrente Numero 2 Abg. Erick Gerardo Rodríguez Licona Procurador de la Procuraduría General de la República Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 90 y 321 de la Constitución de la República, en relación al 624 del Código Penal. • Concepto de la infracción: violación al debido proceso. • Reclamación ex-ante: no hay reclamo previo pues el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar. • Pretensión: sin determinar por la censora.Explicó el recurrente, que la sentencia recurrida vulneró a la víctima constituida por el Estado de Honduras, del derecho constitucional a través del Principio de Legalidad, el cual textualmente dice y regulado en el artículo 321 de la Constitución de la República, establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; el cual se encuentra íntimamente relacionado con el artículo 90 del mismo cuerpo legal, que prescribe: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece; mismo que se ha visto vulnerado por el juzgador, quien decretó sentencia absolutoria a favor de los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Enry Noe Aguilera Ortiz, Romel Bimard Posas Matute, y Dilcia Rebeca Lara Tabora, por considerarlos responsables del delito de Lavado de Activos en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras, absolviéndolos el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, en virtud que los hechos probados en este juicio, no son ya constitutivos de delito, en base a la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Del Debido Proceso Penal La Garantía del debido proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, definido tradicionalmente como aquel que garantiza que nadie puede ser condenado sino tras haber sido juzgado por un Tribunal competente, bajo las formalidades previamente previstas en la ley; sin embargo el Principio del Debido Proceso más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, como ser el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, entre otros, en fin el Principio del debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La Sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; Estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011 en Exp 318-2010). Criterio de la Sala de lo Constitucional sobre la Aplicación retroactiva de una nueva Ley Penal. Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…” Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley De la Procedencia del Recurso. Los Motivos no son de Recibo. Esta Sala de lo Penal luego de analizar los argumentos de los censores, así como el fundamento del Tribunal de Sentencia, y no encuentra violación al debido proceso al decidir dictar sentencia absolutoria en el caso de los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Enry Noe Aguilera Ortiz, Romel Bimard Posas Matute, y Dilcia Rebeca Lara Tabora, pues al momento en que se iba a dictar sentencia les favorecía la aplicación del Código Penal decreto 130-2017 que fue reformado mediante decreto legislativo 93-2021, emitido por el Soberano Congreso Nacional. La Sala de lo Constitucional, así como la Sala de lo Penal, han asumido la misma posición que plantea el Tribunal Sentenciador al expresar las razones de hecho y de derecho que impedían dictaran una sentencia condenatoria: “En el presente caso, la Fiscalía y la Procuraduría General de la República no presentaron prueba que vincule a los ahora condenados a una hipótesis relacionada con alguno de esos tipos penales ni la prueba evacuada en juicio tampoco arrojó alguna vinculación de estos con alguna organización criminal dedicada a la comisión de los delitos precedentes señalados en la reforma del Código Penal. Lo anterior resulta relevante pues al desaparecer esa característica de los activos que no tengan un origen legal determinado, queda la presente causa desprovista de la base que fundamentó la acción penal, resultando ahora tal condición, no parte del tipo penal, por ende, a partir de dicha reforma a ese artículo del Código Penal, tal condición no puede ser objeto de una acción penal que persiga un reproche penal. Frente al principio de legalidad, que obligaría a observar el tipo penal vigente a la fecha de los hechos, se impone con mayor fuerza, el principio de retroactividad pues al tenor de lo establecido en la Constitución y en el Decreto 130-2017 actualmente vigente, en su artículo 615, Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas". En tal sentido, y en desarrollo de la Audiencia Ad-Hoc, este Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, integrado en este momento por los Jueces Wendy Escobar Cantarero, Ana Wendy Cruz Castro y Leandra Vega Montoya ponente de la presente sentencia, ya que el Abg. Walter Lara Mejía quien conoció del presente juicio no forma parte de este Tribunal, aplicando la norma al caso concreto, y habiendo establecido que la condición hipotética sobre la cual se declaró la responsabilidad penal en la presente causa ha desaparecido como un acto constitutivo del delito de Lavado de Activos, por ende, los actos. Es así que, que por lo antes expuesto y al estar imposibilitado este Tribunal en poder disponer de estos mediante la figura del Comiso regulado en este ámbito penal, por no poderse establecer la existencia de delito, no menos cierto es que el artículo 70 último párrafo de la Ley de Lavado de Activos del Decreto 144-14 que también es aún vigente, establece que aun cuando resultase revocada la medida cautelar o de aseguramiento en la sentencia, ello puede ser sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, contenido en el Decreto 27-2010 del 18 de noviembre del 2010. De igual de esta resolución emitida por este Tribunal de Sentencia, se emitió resolución por parte de la Corte de Apelaciones, la que decidió revocar el sobreseimiento proferido por esta Sala en virtud que consideran que este Tribunal no tiene atribuciones para conocer o para aplicar la Norma Penal más favorable, no obstante, este Tribunal decidió revocar el sobreseimiento otorgado en su momento, sin embargo este Tribunal ha considerado que se debe emitir una sentencia absolutoria, ya que al desaparecer esa característica de los activos que no tengan un origen legal determinado, queda la presente causa desprovista de la base que fundamentó la acción penal, resultando ahora tal condición, no parte del tipo penal, y por ende, a partir de dicha reforma a ese artículo del Código Penal, tal condición no puede ser objeto de una acción penal que persiga un reproche penal. Frente al principio de legalidad, que-obligaría a observar el tipo penal vigente a la fecha de los hechos, se impone con mayor fuerza, el principio de retroactividad pues al tenor de lo establecido en la Constitución y en el Decreto 130-2017 actualmente vigente, en su artículo 615, Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican éstas". En tal sentido, aplicando la norma al caso concreto, y habiendo establecido que la condición hipotética sobre la cual se fundó la presente causa ha desaparecido como un acto constitutivo del delito de Lavado de Activos, por ende, los actos sometidos a este juicio ya no constituyen delito que deba se reprochado penalmente. Conforme lo ha analizado esta Sala de lo Penal, la posición incluso del Tribunal Sentenciador era correcta al dictar el sobreseimiento definitivo, pues así lo manda el nuevo Código Penal, pero al acatar lo establecido por la Corte de Apelaciones no tenía otra opción que el dictado de una sentencia absolutoria, pues los elementos objetivos del tipo penal ya habían cambiado y esa conducta por la cual estaban siendo juzgados los imputados había desaparecido. Los recurrentes consideran que se violentó el debido proceso pues ya había una sentencia condenatoria y luego el Juzgador lo cambió a absolutoria, nada más errada que esa posición, pues lo que el Tribunal A-quo había dictaminado era la declaratoria de culpabilidad de los acusados, pero la sentencia mientras no estuviese notificada a las partes, no puede considerarse dictada. Es de considerar además que, si el Tribunal Sentenciador no hubiese aplicado la nueva ley penal, tal circunstancia hubiese beneficiado a los acusados, pues la ley ya prevé otros mecanismos, como en recurso de casación o mediante revisión penal ante la Sala de lo Constitucional, por lo que más tarde o más temprano el efecto es el mismo. Esta Sala de lo Penal en el expediente SP 444-2021, dictó sentencia de casación penal de fecha 19 de marzo de 2024, en la que estableció una postura similar al afirmar: “Las conductas reprochadas a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de lavado de activos en este caso concreto el numeral tres (artículo 439 Numeral 3), que dice: "Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, de apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de cualquier delito grave y en todo caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, amenazas o chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos, explotación de recursos naturales y medioambientales, contrabando o de enriquecimiento ilícito cometidos por el o por un tercero, o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. 1…2…3. Cuando el valor de los activos objeto de lavado sea superior a cinco millones una pena es de prisión de ocho (8) a trece (13) años y una multa del 150% de dicho valor, a las penas anteriores hay que agregarles, la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena principal. Se les declaró responsables civilmente, se declaró el comiso de los bienes inmuebles, muebles, cuentas bancarias. En el caso examine han existido reformas a dicho articulado la primera que se encuentra bajo el decreto 93-2021, la cual fue publicada en el diario oficial la gaceta el 1 de noviembre del año dos mil veintiuno, cuya reforma consiste en suprimir de la lectura la parte final del artículo 439 lo siguiente: o que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia, lo que nos indica que esa falta de causa o justificación fue despenalizada por un periodo de tiempo hasta que se publicó una nueva reforma del artículo en mención en la gaceta de fecha 25 de julio del 2023 bajo decreto 43-2023, reforma que consiste en retornar a la definición original del delito de lavado de activos según en el código penal decreto 130-2017, y nuevamente le penaliza esa conducta de que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia. En el caso sometido a recurso de casación, los hechos declarados como probados están sustentados precisamente en esa falta de justificación de los bienes de los enjuiciados, pudiendo apreciar esta Sala de lo Penal, el concurso de leyes que se nos presenta, para lo cual debemos considerar el criterio vertido por la Sala de lo Constitucional en la Sentencia número SCO1429-2021:“…cuando el legislador consideró que el comportamiento no merece reproche desde un punto vista jurídico penal y lo considera atípico. Finalmente, es importante señalar que la Sala de lo Constitucional tiene como criterio jurisprudencial consolidado que una vez iniciado un trámite de revisión en materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del recurso, se deberá observar la norma que fue invocada por revisionista y que al momento de peticionar estaba el en vigencia; asimismo, al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso), y en el caso de que en el lapsus de presentación del recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada por el revisionista fuese derogada O reformada, se tomara consideración la más benigna, ya que el cambio en de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Ello atendiendo el mandato constitucional que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado, así como también bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala de lo Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, el juez deberá preferir aquella que contenga mejores protecciones o que sean más favorables para el individuo. (Ver sentencias dictadas por la Sala de lo Constitucional en los expedientes SCO-568-2020, SCO-599-2020, SCO-629-2020, 300-652-2020, SCO-718-2020, SCO-760-2020, SCO-1094-2020, SCO- 148-2021, SCO-374-2021, SCO-392-2021, SCO-503-2021, SCO-620- 2021, SCO-796-2021, SCO-805-2020, SCO-850-2020; entre otras)”. De manera que nos encontramos ante una ley intermedia, traemos la opinión del Doctor Suazo Lagos quien nos aporta: "Se reconoce, sin embargo, por la mayoría, que en justicia el juez debe también tomar en cuenta las leyes intermedias de manera que cuando exista una sucesión de tres o más leyes entre la fecha de comisión y la fecha de sentencia, debe el juez aplicar aquélla de entre esas tres o más leyes que sea más favorable al reo, salvo el caso de que una de dichas leyes sea una ley temporal", en ese mismo sentido Muñoz Conde nos ilustra: ley intermedia a la que no estaba en vigor en el momento de comisión de los hechos ni lo está en el momento del juicio, sino que ha tenido vigencia entre uno y otro. Las dudas que plantea su posible aplicación provienen del hecho de que la valoración contenida en dicha ley no era mantenida por el legislador cuando se cometió la conducta, pero tampoco lo es en el momento en que ésta se enjuicia. Pese a ello, si la ley intermedia resulta más beneficiosa para el reo, se acepta su aplicación en atención a que éste pudo ser juzgado con arreglo a la misma si el juicio se hubiera celebrado bajo su vigencia y si ello no ha ocurrido, no deben aplicársele las consecuencias de la ley que le perjudica. En cuanto al ámbito temporal de ley, así como la retroactividad de la ley penal más favorable, estas tienen valides según el periodo de vigencia en apego al principio de legalidad, evidente en el caso de marras existen varias leyes entre la sentencia y la resolución mediante fallo de casación, una ley intermedia que tuvo una vigencia entre el momento que fue dictada la sentencia condenatoria hasta un tiempo antes de este momento en que se está dictando fallo a los recursos presentados por las partes y es la que resulta más benigna a los acusados, habiendo analizado los antecedentes, es criterio de esta Sala de lo Penal que en el caso examine procede la aplicación retroactiva de la ley, considerando la eficacia de la ley intermedia por ser la que en este caso más favorece a los enjuiciados, en ese sentido se aplica de forma retroactiva el decreto legislativo 93-2021, conforme el cual entre otros, y en ese caso concreto se reprocha la conducta de que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia, y esta ha sido despenalizada por el decreto 93-2021 entre el periodo de 1 de noviembre del 2021 hasta el 25 de julio del 2023, periodo en el cual esta Sala de lo Penal pudo haber resuelto el recurso de casación con dicho decreto vigente, que dicho fallo no se haya dictado no es atribuible al imputado, por tanto no puede operar en su contra la reforma del nuevo decreto 43-2023 vigente en este momento actual en que se dicta fallo y penaliza nuevamente la conducta, que no tengan causa o, justificación económica o lícita de su procedencia, por lo cual resulta procedente sobreseer la presente causa.” Así las cosas, esta Sala de lo Penal reitera que la posición del Tribunal Sentenciador fue la correcta pues la sentencia aún no había sido notificada a las partes, por tanto no existía tal fallo condenatorio, solo una declaratoria de culpabilidad que se plasma luego en la sentencia; los Sentenciadores aplicaron la ley penal vigente en el momento de dictar sentencia y aplicando el artículo 96 Constitucional benefició a los acusados con el principio de retroactividad de la ley penal, por lo que ambos motivos de casación deben ser desestimados. Decisión Se declara no ha lugar los recursos de casación por infracción de precepto constitucional interpuestos por la fiscal del Ministerio Público, como recurrente 1 y el procurador de la Procuraduría General de la República como recurrente 2, en sus únicos motivos. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 96, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 615 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: PRIMERO: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Marlen Rodríguez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa en la que se absolvió a los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Ortiz y Dilcia Rebeca Lara Tabora, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. SEGUNDO: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Erick Gerardo Rodriguez Licona, en su condición de Procurador Judicial, en la causa en la que se absolvió a los señores Ricardo Aguilera Chirinos, Romel Bimard Posas Matute, Enry Noel Ortiz y Dilcia Rebeca Lara Tabora, por suponerlos responsables del delito de Lavado de Activos, en perjuicio de la Economía del Estado de Honduras. TERCERO: Declara Firme la sentencia de fecha veinte de septiembre de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, hoy Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Firma y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. firma y sello Pia Cristina Mejia Nuñez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a treinta y un días de octubre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintitrés de julio de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-143-2023.
Rina Koritza Sandoval Navas.
Secretaria de la Sala de lo Penal”