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Sentencia CP-135-20 — Registro 19331

Resumen

En primera instancia se condenó a la acusada como autora del delito de Estafa y Otros Fraudes en Concurso Ideal con el delito de Falsificación de Documentos, en perjuicio del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y la fe pública, resolviendo La Sala de lo Penal no ha lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...En tal sentido, al hacer un análisis de todas las actuaciones realizadas, esta sala de casación no encuentra elementos que puedan sustentar los alegatos del compareciente considerando, que si bien es cierto el establece la poca existencia de elementos probatorios para condenar a su representada, los allegados al debate fueron amplios y suficientes más el agregado que se desarrollaron respetando el principio de legalidad y de inocencia, además, que no hubo ningún reclamo de las partes sobre la legalidad de las pruebas presentadas. Esta Sala de lo Penal entendiendo que el derecho de inocencia, está íntimamente relacionada a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en ella haya tenido la imputada por esta razón concluye, en definitiva, que no existe infracción al estado material de inocencia, y, consecuentemente, al debido proceso legal, pues la sentencia se ha basado en prueba válida para acreditar en juicio la culpabilidad de la acusada el A- quo los considero -necesarios para quebrantar el estado de inocencia de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, existen jurisprudencia de la sala que ya plasman cuando y en qué circunstancias se violenta un estado de inocencia, elementos que no se dan en el caso de méritos, así mismo durante el desarrollo del juicio todas las actuaciones se apegó al principio de legalidad , y la defensa presencio y actuó en cada etapa del proceso por lo que esos derechos fueron Garantizados. se declara improcedente el motivo de casación. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, Primero: Se impuso a Aracely Maribel Mejía Duarte, una pena de Cinco años, tres meses de reclusión y las penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Se le condenó también a pagar una multa igual al diez por ciento del valor defraudado igual a mil trecientos dos lempiras (1,302.00) corresponde al 10% de trece mil veinte lempiras (13,020.00) Se Declaró la Responsabilidad Civil de Aracely Maribel Mejía Duarte. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 144-83, a la persona responsable del delito de Estafa (Art.241 CP), El delito de estafa será sancionado: 1) Con dos (2) a cinco (5) años de reclusión, cuando el valor de lo estafado no exceda de cinco mil lempiras (L. 5, 000.00); 2) Con cuatro (4) a siete (7) años de reclusión si la cuantía supera los cinco mil (L.5, 000.00) y no excede de cien mil lempiras (L. 100.000.00); y, 3) Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de cien mil lempiras (L. 100,000.00). El agente, además será sancionado con una multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por los artículos 36, 37 y 53, cuando sean aplicables. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017 en el artículo 365, el delito de Estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Para la determinación de la pena en estos delitos se debe atender al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por el reo y cualesquiera otras circunstancias similares que sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Así mismo el art.366, establece los agravantes específicos lo que da lugar a que la pena se aumente en un tercio (1/3), se puede determinar, en el caso particular, que se encuentra comprendido la agravante establecida en el art.366 numeral 4) los hechos se cometen con abuso de firma o sustracción 5) los hechos se realizan en el ámbito del sector financiero. lo que da lugar a la aplicación de las agravantes quedando la pena abstracta en cuatro (4) años a (5) años 4 meses. así mismo al existir un concurso ideal de delito según el artículo 67 CP, supone la imposición de la pena correspondiente al delito mas grave aumentada en un tercio (1/3) quedaría la pena abstracta en seis (6 años) 6 meses de reclusión. Mas la multa del 10% aumentada en un tercio. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta a la acusada Aracely Maribel Mejía Duarte, conforme el CP-144-83, es más favorable que la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena más grave. Por lo que NO procede aplicar la retroactividad de la ley a favor de la acusada.."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-135-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de abril de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-135-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Aracely Maribel Mejía Duarte, como autora del delito de Estafa y Otros Fraudes en Concurso Ideal con el delito de Falsificación de Documentos, en perjuicio del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y la fe pública, a la pena de cinco años con tres meses de reclusión. Segundo: Condenó a Aracely Maribel Mejía Duarte, a una multa de mil trescientos dos lempiras (L 1,302.00), como valor que corresponde al 10% de lo defraudado, el cual fue de trece mil veinte lempiras (L 13,020.00). Asimismo, se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal, quedando sujeta a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil de Aracely Maribel Mejía Duarte. Quinto: No procedió el comiso por no haberse puesto a disposición bien alguno. Son partes en única instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos de Aracely Maribel Mejia Duarte, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: En fecha uno (1) de abril del año dos mil nueve (2009), el Instituto Nacional de Formación Profesional, emitió el cheque número 6589 para pagarse a la orden de Rony Oswaldo Murillo por la cantidad de un mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos (L. 1,480.00), en concepto de Viáticos; el cheque en mención al momento de ser recibido por la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, para el efecto de anotar la recepción del mismo, postearlo y llevar el saldo para el pago de cada cheque en el respectivo libro de control de Banco, lo cual era una de sus funciones como Contador II de la referida Institución; el cheque fue sustraído por Aracely Maribel Mejía Duarte y ésta le hizo cambios en cuanto al nombre de la persona a quien debía ser pagado, y en cuanto al monto del mismo, ya que el referido cheque para ser cobrado en el Banco Promerica, se encontró a nombre de Teodoro Martínez, y no de Rony Oswaldo Murillo, para quien fue librado originalmente; y por la cantidad de trece mil veinte lempiras exactos (L.13,020.00), y no de mil cuatrocientos ochenta lempiras (L. 1480.00), que era la cantidad verdadera.- Segundo: El cheque fue cobrado por el señor Alex Roney Orellana Elvir, con identidad 1313-1989-00552 y para poder realizar el cobro del cheque número 6589, la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, auxiliada por el señor Alex Lagos, procedieron a hacer efectivo el cambio del mismo a través del señor Alex Roney Orellana Elvir, a quien le dijeron que les hiciera el favor de cobrar el cheque porque no portaban ninguno, su cédula de identidad, a lo cual accedió Alex Roney y procedió a efectuar el cobró del cheque, posteriormente les entregó los trece mil veinte lempiras (L.13,020.00), y a cambio le dieron cien lempiras (L.100.00), por hacerles el favor de cambiarlo.- Tercero: Advertido el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) del extravío del cheque 6589, y una vez habiéndolo recibido por parte del Banco Promérica, ya cobrado; la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, procedió una segunda vez a adulterar el cheque, el cual recibió debido a sus funciones, y cambió el nombre de la persona que lo cobró que fue Alex Roney Orellana Elvir, y colocó una I al final del primer nombre, por lo que después se leía "Alexi Roney Orellana Elvir, así mismo cambió el número de identidad y en lugar de 1313-1989-00052, que es el número de identidad correcto de Alex Roney Orellana Elvir, colocó 1813-1989-00052.”RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público de Aracely Maribel Mejía Duarte, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “Expresión del motivo de Casación por Precepto Constitucional. Motivo Único: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal Exposición del Motivo Primero: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo 90: "Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece......" Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos I y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. "Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado". Artículo 2. "Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código…...". Segundo: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, a quien se le sigue proceso por el supuesto Delito de estafa y otros fraudes en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos, en perjuicio de El Instituto de Formación Profesional (INFOP) y la fe pública, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, produjo un mínimo de actividad probatoria. Tercero: El Tribunal sentenciador en la presente causa, ha tenido como probados los hechos siguientes: Primero: En fecha uno (1) de abril del año dos mil nueve (2009) el Instituto Nacional de Formación Profesional, emitió el cheque número 6589 para pagarse a la orden de Rony Oswaldo Murillo, por la cantidad de un mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos (1.1, 480.00) en concepto de viáticos, el cheque en mención al momento de ser recibido por la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, para el efecto de anotar la recepción del mismo, postearlo y llevar el saldo para el pago de cada cheque en el respectivo libro de control de Banco, lo cual era uno de sus funciones como Contador II De la referida Institución, el cheque fue sustraído por Aracely Maribel Mejía Duarte y esta le hizo cambios en cuanto al nombre de la persona a quien debe ser pagado y en cuanto al monto del mismo, ya que el referido cheque para ser cobrado en el Banco Promérica, se encontró a nombre de Teodoro Martínez y no de Rony Oswaldo Murillo, para quien fue librado originalmente y por la cantidad de trece mil veinte lempiras exactos (Lps. 13.020.00) y no de mil cuatrocientos ochenta lempiras (L.1.480.00) que era la cantidad verdadera. Segundo: El cheque fue cobrado por el señor Alex Roney Orellana Elvir, con identidad 1313-1989-00552 y para poder realizar el cobro del cheque número 6589, la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, auxiliada por el señor Alex Lagos, procedieron a hacer efectivo el cambio del mismo a través del señor Alex Roney Orellana Elvir, a quien le dijeron que les hiciera el favor de cobrar porque no portaban ninguno, su cedula de identidad, a lo cual accedió Alex Roney y procedió a efectuar el cobro del cheque, posteriormente les entrego los trece mil veinte lempiras (Lps. 13.020.00) y a cambio le dieron cien lempiras (1. 100.00), por hacerles el favor de cambiarlo. Tercero: Advertido el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), del extravío del cheque 6589, y una vez habiéndolo recibido por parte del Banco Promérica, ya cobrado, la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, procedió una segunda vez a adulterar el cheque el cual recibió debido a sus funciones y cambio el nombre de la persona que lo cambio que fue Alex Roney Orellana Elvir, Y coloco una 1 del primer nombre por lo que después se leía "Alexi Roney Orellana Elvir", así mismo cambio el número de identidad y en lugar de 1313-1989-00052, que es el número de identidad correcto de Alex Roney Orellana Elvir, coloco 18131989—00052. En el acápite de la Valoración de la Prueba de la sentencia recurrida el sentenciador establece que " que las declaraciones de Hugo Ricardo Rodríguez Milla, Marlos Daniel Borjas Maciz, Viviana Dolores Maldonado, Francisco Alexander Zuniga Gámez Alex Roney Orellana Elvir resultan con entero crédito y coinciden tanto con el resultado de la prueba pericial que se ha valorado, en cuanto a las borraduras y sobre posición en los espacios atinentes a la orden de pago del cheque 6589, como así también es sobre la suma indicada para su pago efectivo del referido título valor, que inclusive nos indica alterado su cantidad en letras y en números, y diferente es la persona a quien se hizo el pago. En ese sentido, estimamos que la prueba testifical resulta corroborada y coincidente entre unas y otras declaraciones, y nos corrobora las circunstancias de los hechos, partiendo de su fuente de crédito como fue en este caso la prueba pericial ya valorada; y en este orden es concatenado con los testimonios anteriormente relacionados. Y que se pudo llegar a la convicción que el cheque 6589 fue sustraído por la acusada Aracely Maribel Mejía Duarte, ya que debido a sus funciones tuvo en sus manos el referido cheque ya firmado por las dos personas autorizadas para emitirlos, y que cuando el mencionado cheque llego de nuevo a la Institución, fue nuevamente adulterado ya que Aracely Mejía quien también tenía acceso al mismo por sus funciones, cambió el nombre y número de identidad de Alex Roney Orellana, con el afán de no ser descubierta". Este razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso. Ya que se observa honorables miembros de este alto Tribunal de Justicia que mi representada fue condenada por el delito de estafa y otros fraudes en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos, únicamente con sospechas, pero nunca con prueba contundente que hubiera sustraído el mencionado cheque y que posteriormente lo hubiera adulterado en el nombre de la persona para la que originalmente se había librado, que no dejase margen de duda, tampoco existen las pruebas suficientes para condenarla por el delito de mérito, en tal sentido la reconocida jurista española María Félix Tena Aragón en su obra manual de Derecho Constitucional, pagina 34 inciso 7 establece: "Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la vamos a tratar en este temas, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida". Tal como ocurre en el caso que nos ocupa no existe prueba directa que acredite a manera de certeza la culpabilidad en el delito condenado a mi representada. Sigue diciendo la Jurista Tena Aragón: "Por tanto solo cabra constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo valida, es decir cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantía o cuando se motiva el resultado de dicha valoración o finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el íter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado" Continua manifestando la jurista: "A falta de prueba directa la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: Que parta de hecho plenamente probado y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria. El Ministerio Público en ningún momento acreditó que nuestra representada es la persona que sustrajo el cheque o que haya realizado la falsificación del Cheque, solo lograron acreditar que mi representada era funcionaria en el desempeño como contador II Del Instituto de Formación Profesional, y que la misma tenía en su poder el algún momento los cheques para postearlos, no se estableció que haya realizado alguna acción tendiente a estafar a dicha Institución. En consecuencia la prueba de cargo traída a juicio, resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar a mi representada de la acusación que se le imputa, pues no aporta nada, o sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar su inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en sí mismo, ni en los restantes medios de prueba. Cuarto: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en la mayoría de los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras con la comunidad Jurídica Internacional que defiende en enérgicamente la violación al derecho de inocencia, así la convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José en su artículo 8 inciso 2 señala que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad", por otra parte la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11 determina: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y enjuicio público en que se le haya asegurado todas las garantías conforme a la ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, en su artículo 14 N.2, prescribe: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley", y así podemos citar una serie de instrumentos más de los que honduras forma parte por haberlos ratificado como ser la convención Internacional de Derechos Humanos que exige que una persona no puede ser condenada, mientras no exista prueba plena de su responsabilidad 'penal, si obra prueba incompleta o insuficiente no es procedente condenarlo sino absolverlo. En consecuencia, la prueba tenida en cuenta para condenar a mi representada Aracely Maribel Mejía Duarte, no reúnen los caracteres de precisión y concordancia suficientes para tener por establecida la vinculación subjetiva que debe existir entre el autor de la defensa penal y el hecho criminoso, es el caso que nos ocupa donde mi patrocinada ha sido condenado por pura sospecha de su participación, pero nunca por una verdadera prueba que demuestre fehacientemente la culpabilidad de mi cliente. De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representada, por lo que solicitamos se case la sentencia. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos, que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, siendo suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada en Precepto Constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamenta dores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. recurso de casación de infracción de precepto constitucional, interpuesto por la defensa pública. Único Motivo •Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. •Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 89 y 90 constitucional. •Concepto de la Infracción: Violación al principio de inocencia, juicio previo y al debido proceso. •Pretensión: Que se case la sentencia impugnada. El recurrente, abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público de Aracely Maribel Mejía Duarte, reclama la existencia de un vicio lo que califica en que se violentaron los principios de la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten a la imputada por mandato constitucional, según el censor. El ente acusador, no obstante, al estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, produjo un mínimo de actividad probatoria e hizo un razonamiento en clara violación al principio de inocencia y al debido proceso. Sigue argumentando el compareciente que su representada fue condenada por el delito de estafa y otros fraudes en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos, únicamente con sospechas, pero nunca con prueba contundente que hubiera sustraído el mencionado cheque y que lo hubiera adulterado en el nombre de la persona para la que originalmente se había librado. Del principio del estado material de inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal derecho ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El derecho de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El derecho de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana , este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” En sede de Casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): •Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; •Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; •Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; •Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y •Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia.” Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso, invocada por el Pretensor como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El Artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.” Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el Artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.” El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del delito de Fraude Entre los delitos en contra de la propiedad figura el fraude, mismo que se define por un “modus operandi” y no por una conducta comisiva u omisiva específica; es el empleo de medios intelectuales para poner en escena artificios en abuso de la confianza depositada, con el fin de perjudicar el patrimonio ajeno en provecho propio o de un tercero (Animus Decidendi), entendiéndose como patrimonio el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que pertenecen a una persona y que son estimables económicamente, pudiendo ser bienes muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, etc. El Código Penal de Honduras tipifica el fraude en el artículo 241-A, estableciendo que: “Comete el delito de fraude quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada cometa acciones donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar o menoscabar los derechos o patrimonio del Estado o de terceros, de cuyas acciones se sirve el que delinque para burlar la ley o los derechos que de ella se derivan o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error.”.- Ahora bien el Código Penal en el artículo 241 tipifica expresamente 18 supuestos de fraude, como fraudes específicos entre los cuales se encuentra la Apropiación Indebida, contemplada en el numeral 8, que prevé que será sancionado “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarla o devolverla, o negare haberla recibido.”; Finalmente nos encontramos con el delito de Estafa, que es una clase particular de fraude, tipificado en el artículo 240 del Código Penal, el que señala que: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.” Entiéndase entonces que el fraude es el género y la estafa es la especie que pertenece a aquel género, precisamente por ello es por lo que los supuestos del artículo 241 del Código Penal tradicionalmente se les ha conocido como “Otros Fraudes”, como una frase que da a entender claramente que dentro de ese género se encuentra el delito de Estafa tipificado en un artículo anterior. La diferencia entre fraude y estafa radica en que en el primero el sujeto pasivo hace una disposición patrimonial con un consentimiento válido, sobreviniendo el dolo del sujeto activo quien con abuso de confianza se vale de un ardid para apropiarse o facilitar la apropiación a un tercero de aquella disposición patrimonial; entretanto en el segundo (estafa) el dolo es anterior a la disposición patrimonial, misma que se consigue provocando error en el sujeto pasivo a partir de un engaño, es así que la disposición patrimonial se realiza con un consentimiento viciado.- Es necesario advertir que si bien el artículo 241 CP se le conoce como Otros Fraudes, algunos de sus supuestos obedecen más a la naturaleza de la estafa que a la de fraude (ejemplo los numerales 4, 7, 9, 10 y15).En los procesos penales donde se aprecie un Concurso de Leyes entre la figura de fraude general, algunas de las clases de fraude específicos y la de estafa, requiere de un estudio inverso, ello por observancia al Principio de Subsidiariedad (Art. 2-A.2 cp.), y por mandato del artículo 243 del Código Penal al indicar que se calificará como fraude general cuando el hecho “no se halle comprendido en los artículos anteriores de este capítulo”; Por ello el análisis debe partir de la especie, pasando por los supuestos específicos y finalizando con el supuesto genérico; de modo que el Tribunal de Justicia estudiará el caso bajo el prisma de los elementos del tipo de estafa (Art. 240 CP), y en caso de juicio negativo de tipicidad, migrará su estudio a los casos de fraude específicos (Art. 242 CP) y, en defecto de encuadramiento y como última instancia evaluará si se cumplen con los elementos del tipo de fraude general (Art. 240 CP). Respecto a la Punibilidad, el Capítulo VI del Título VII del Libro Segundo del Código Penal establece que el delito de fraude contemplado en el artículo 241-A, será penado conforme lo señala el artículo 243, entretanto los fraudes específicos tipificados en el artículo 241 y la estafa, como la especie de fraude, serán sancionados con las penas previstas en el artículo 241, todos del Código Penal.- Como consecuencia la pena de estafa y de fraudes específicos (otros fraudes), dependerá del quantum del daño patrimonial causado por el delito, entretanto que la pena del delito de fraude general depende de la existencia del delito sin que influya la extensión del daño patrimonial causado. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Cuando de vulneración al estado de inocencia se trata, la función de esta Sala de lo Penal consiste en revisar la adecuada formación de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, sus aspectos intrínsecos como ser la licitud de la obtención de la prueba, el debido proceso probatorio, la debida motivación, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria de signo acusatorio. La función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa. El objeto de la impugnación consiste en reprochar la insuficiencia probatoria de signo acusatorio, pues considera el censor que la prueba evacuada en el juicio no basta para tener por acreditado la comisión del delito por el cual su representada es condenada, resulta entonces necesario verificar que, efectivamente, el a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de la acusada, para dictar un fallo de condena y que la prueba fue valorada de conformidad a derecho. El Ministerio Público para sustentar su requerimiento fiscal al momento del Juicio Oral y Público presentó entre otros, los siguientes medios de prueba: 1) Testifical: a) Hugo Ricardo Rodríguez Milla, b) Marlon Daniel Borjas Maciz, c) Viviana Dolores Maldonado, d) Francisco Alexander Zuniga Gámez, e) Alex Roney Orellana Elvir 2) Documental: a) Constancia de trabajo de la señora Aracely Maribel Duarte, b) Copia fotostática de las funciones como contador II, c) Copia fotostática del libro de control de cheques emitidos por parte del INFOP, d) Copia certificada de la solicitud enviada al banco Promerica por parte del señor Marlon Daniel Borjas 3) Pericial: Dictamen pericial No. 3557 – 2009 de fecha nueve de Junio del año 2009 realizado por la licenciada Tania Mariela Calidonio Gómez. Entre los testigos evacuados el señor Alex Roney Orellana Elvir manifestó que desde el año 2009 trabaja en el car wash, ahí llegaba un señor de nombre Alex Lagos y les daba confianza. Un día llegó en compañía de las señora Aracely Maribel y le preguntó a sus compañeros quien tenía identidad y respondió que no tenía, y un compañero le dijo que Alex necesitaba un favor y fue donde él y le dijo que no tenía cédula y que le hiciera el favor de ir al banco; fueron al autobanco de la plaza Santa Mónica, se bajó él y Alex Lagos le dio el cheque, se lo cambió y le dio Trece Mil Veinte Lempiras (L.13,020.00), posteriormente regresaron al car wash y Alex Lagos le dijo a la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, dale cien lempiras por el tiempo perdido; al tiempo recibió una llamada de su mamá y le pasó a un señor que le dijo que era el director del INFOP, y le pidió la dirección de su trabajo. Al día siguiente fueron a las instalaciones del INFOP y allí encontró a Aracely Maribel Mejía Duarte, y les dijo a ellos que ella era la señora que acompañaba al señor Alex Lagos. Firmó el cheque con letras minúsculas y su identidad. Se le puso a la vista el cheque y les dijo que no era ese su nombre, ni su número de identidad. El dinero se le entregó al señor Alex Lagos. El testigo Hugo Ricardo Rodríguez Milla quien manifestó que, en audiencia de juicio oral y público, que fungía como director del INFOP, expreso que el licenciado Marlon (administrador), le notifico que se había extraviado un cheque y le dijo que notificara a la policía para desvirtuar cualquier posibilidad de ellos dos. El cheque estaba a nombre de otra persona y por otro valor; decidió ir al Banco Promerica con el cheque a realizar averiguaciones. El cheque fue falsificado cuando salió del Instituto De Formación Profesional (INFOP), y cuando regresó al INFOP, devuelto por el banco, averiguó porque fue al Registro Nacional de las Personas e investigó todos sus datos, fue a Lepaera, Departamento de Santa Bárbara donde los padres de la persona que cambio el cheque y les preguntó dónde trabajaba y el número de teléfono; entonces el agente llamó a la oficina al muchacho que cambió el cheque y quedaron que llegara al día siguiente al INFOP, llegó a las siete de la mañana, fueron a la administración, cuando iban caminando el muchacho dijo: ¨Con ella cambiamos el cheque¨ y señaló a la señora Aracely Maribel Mejía Duarte. En cuanto al dictamen pericial No. 3557 – 2009, de fecha nueve de junio del año dos mil nueve (2009), elaborado por la licenciada Tania Marisela Calidonio Gómez, en el laboratorio de documentología de Medicina Forense, en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, y adscrito al Ministerio Público; el cual describe: Material recibido: Una bolsa de plástico firmada y sellada. Material de análisis: Un cheque número 06589 cuestionado con membrete del Instituto de Formación Profesional (INFOP) de lugar y fecha San Pedro Sula, 01 de abril del año 2009, el mismo presentaba alteraciones en sus datos llenados producto de borraduras sobre posición en los espacios donde se lee páguese a la orden de, la suma de (cantidad en números y letras), no fue posible determinar los datos anteriores a la alteración.- Conclusiones: El soporte del cheque 06589 de lugar y fecha de San Pedro Sula, Cortés, 01 de abril del 2009, descrito anteriormente en el material de análisis, ha sido objeto de alteraciones, mismas que afectan su autenticidad. Firmado y sellado. Tania Marisela Calidonio Gómez. Analista del laboratorio de documentología. Refrendado. Sobre el medio de prueba evidencia física, evacuado en el juicio oral y público, consistente en un cheque original con número 06589 de fecha 01 de abril del año 2009, del Instituto Nacional de Formación Profesional, librado a favor del señor Teodoro Martínez, por la cantidad de trece mil veinte lempiras exactos (L.13,020.00); contra la cuenta 60000000045836 de Banco Promérica. Dos firmas autorizadas ilegibles y sellos. Instituto Nacional de Formación Profesional. Depto. Administrativo. INFOP. ORN. Al dorso del documento, se contiene un nombre legible de Teodoro Martínez. 0502 – 1931 – 00069. Nombre legible de Alexis Roney Orellana. 1815 – 1989 – 00552. En el acápite de la valoración de la prueba el Tribunal de Sentencia estableció lo siguiente: En relación al dictamen de documentología, este fue realizado en la etapa preparatoria o de investigación conforme a nuestra normativa procesal, además que fue ratificado en el debaten por la licenciada Tania Marisela Calidonio Gómez, quien es la persona con los conocimientos técnicos científicos requeridos, por lo que se le da credibilidad y valor probatorio positivo ya que es congruente con la prueba que se practicó en juicio oral y público. En relación a la prueba testifical, se logró corroborar que el cheque fue adulterado cuando salió del INFOP y cuando regresó al mismo lugar, luego de haber sido cobrado en el banco respectivo, esta declaración nos da la certeza y es coherente su dicho con las demás declaraciones. En el caso de Alex Roney Orellana, persona que apareció en la foto del cheque que brindo el banco y que habría cobrado el título valor, en el lugar de San Pedro Sula, Cortés, se llegó a la deducción que se acreditó fehacientemente y con prueba pericial, científica y confiable, el cheque fue adulterado en sus datos de llenado y hubo sobreposición, este testigo lo tuvo en su poder una vez emitido y cuando regresó ya pagado, aunado a lo anterior, la persona que cobró la reconoció tanto como cuando llego al INFOP, como en el debate; por lo que a este tribunal no le cabe ninguna duda que la persona que sustrajo el cheque y procedió a su adulteración para beneficiarse del cobro del dinero fue la señora Aracely Mejía Duarte. El censor dentro de los reclamos estableció lo siguiente: que se infringe gravemente los fundamentales derechos referidos, la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten a la imputada por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante está obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, si produjo un mínimo de actividad probatoria. En tal sentido, al hacer un análisis de todas las actuaciones realizadas, esta sala de casación no encuentra elementos que puedan sustentar los alegatos del compareciente considerando, que si bien es cierto el establece la poca existencia de elementos probatorios para condenar a su representada, los allegados al debate fueron amplios y suficientes más el agregado que se desarrollaron respetando el principio de legalidad y de inocencia, además, que no hubo ningún reclamo de las partes sobre la legalidad de las pruebas presentadas. Esta Sala de lo Penal entendiendo que el derecho de inocencia, está íntimamente relacionada a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en ella haya tenido la imputada por esta razón concluye, en definitiva, que no existe infracción al estado material de inocencia, y, consecuentemente, al debido proceso legal, pues la sentencia se ha basado en prueba válida para acreditar en juicio la culpabilidad de la acusada el A- quo los considero -necesarios para quebrantar el estado de inocencia de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, existen jurisprudencia de la sala que ya plasman cuando y en qué circunstancias se violenta un estado de inocencia, elementos que no se dan en el caso de méritos, así mismo durante el desarrollo del juicio todas las actuaciones se apegó al principio de legalidad , y la defensa presencio y actuó en cada etapa del proceso por lo que esos derechos fueron Garantizados. se declara improcedente el motivo de casación. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público de Aracely Maribel Mejía Duarte. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: •Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; •Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o •Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: •Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. •Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. •La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusada Aracely Maribel Mejía Duarte que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal decreto 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado a máxima la prisión a perpetuidad. D. PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, Primero: Se impuso a Aracely Maribel Mejía Duarte, una pena de Cinco años, tres meses de reclusión y las penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Se le condenó también a pagar una multa igual al diez por ciento del valor defraudado igual a mil trecientos dos lempiras (1,302.00) corresponde al 10% de trece mil veinte lempiras (13,020.00) Se Declaró la Responsabilidad Civil de Aracely Maribel Mejía Duarte. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 144-83, a la persona responsable del delito de Estafa (Art.241 CP), El delito de estafa será sancionado: 1) Con dos (2) a cinco (5) años de reclusión, cuando el valor de lo estafado no exceda de cinco mil lempiras (L. 5, 000.00); 2) Con cuatro (4) a siete (7) años de reclusión si la cuantía supera los cinco mil (L.5, 000.00) y no excede de cien mil lempiras (L. 100.000.00); y, 3) Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de cien mil lempiras (L. 100,000.00). El agente, además será sancionado con una multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por los artículos 36, 37 y 53, cuando sean aplicables. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017 en el artículo 365, el delito de Estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Para la determinación de la pena en estos delitos se debe atender al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por el reo y cualesquiera otras circunstancias similares que sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Así mismo el art.366, establece los agravantes específicos lo que da lugar a que la pena se aumente en un tercio (1/3), se puede determinar, en el caso particular, que se encuentra comprendido la agravante establecida en el art.366 numeral 4) los hechos se cometen con abuso de firma o sustracción 5) los hechos se realizan en el ámbito del sector financiero. lo que da lugar a la aplicación de las agravantes quedando la pena abstracta en cuatro (4) años a (5) años 4 meses. así mismo al existir un concurso ideal de delito según el artículo 67 CP, supone la imposición de la pena correspondiente al delito mas grave aumentada en un tercio (1/3) quedaría la pena abstracta en seis (6 años) 6 meses de reclusión. Mas la multa del 10% aumentada en un tercio. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta a la acusada Aracely Maribel Mejía Duarte, conforme el CP-144-83, es más favorable que la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena más grave. Por lo que NO procede aplicar la retroactividad de la ley a favor de la acusada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marco Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público, en la causa instruida contra la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, como autora del delito de Estafa y Otros Fraudes en Concurso Ideal con el Delito de Falsificación de Documentos, en perjuicio del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y de la Fe Pública Segundo: Declara la No procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a la acusada Aracely Maribel Duarte Mejía. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés - Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho después de notificar en legal y debida forma la presente Sentencia a las partes personadas, proceda a devolver los antecedentes del caso al Tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”.Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-135-2020.LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-135-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de abril de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncia: EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-135-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Aracely Maribel Mejía Duarte, como autora del delito de Estafa y Otros Fraudes en Concurso Ideal con el delito de Falsificación de Documentos, en perjuicio del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y la fe pública, a la pena de cinco años con tres meses de reclusión. Segundo: Condenó a Aracely Maribel Mejía Duarte, a una multa de mil trescientos dos lempiras (L 1,302.00), como valor que corresponde al 10% de lo defraudado, el cual fue de trece mil veinte lempiras (L 13,020.00). Asimismo, se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal, quedando sujeta a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil de Aracely Maribel Mejía Duarte. Quinto: No procedió el comiso por no haberse puesto a disposición bien alguno. Son partes en única instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos de Aracely Maribel Mejia Duarte, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: En fecha uno (1) de abril del año dos mil nueve (2009), el Instituto Nacional de Formación Profesional, emitió el cheque número 6589 para pagarse a la orden de Rony Oswaldo Murillo por la cantidad de un mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos (L. 1,480.00), en concepto de Viáticos; el cheque en mención al momento de ser recibido por la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, para el efecto de anotar la recepción del mismo, postearlo y llevar el saldo para el pago de cada cheque en el respectivo libro de control de Banco, lo cual era una de sus funciones como Contador II de la referida Institución; el cheque fue sustraído por Aracely Maribel Mejía Duarte y ésta le hizo cambios en cuanto al nombre de la persona a quien debía ser pagado, y en cuanto al monto del mismo, ya que el referido cheque para ser cobrado en el Banco Promerica, se encontró a nombre de Teodoro Martínez, y no de Rony Oswaldo Murillo, para quien fue librado originalmente; y por la cantidad de trece mil veinte lempiras exactos (L.13,020.00), y no de mil cuatrocientos ochenta lempiras (L. 1480.00), que era la cantidad verdadera.- Segundo: El cheque fue cobrado por el señor Alex Roney Orellana Elvir, con identidad 1313-1989-00552 y para poder realizar el cobro del cheque número 6589, la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, auxiliada por el señor Alex Lagos, procedieron a hacer efectivo el cambio del mismo a través del señor Alex Roney Orellana Elvir, a quien le dijeron que les hiciera el favor de cobrar el cheque porque no portaban ninguno, su cédula de identidad, a lo cual accedió Alex Roney y procedió a efectuar el cobró del cheque, posteriormente les entregó los trece mil veinte lempiras (L.13,020.00), y a cambio le dieron cien lempiras (L.100.00), por hacerles el favor de cambiarlo.- Tercero: Advertido el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) del extravío del cheque 6589, y una vez habiéndolo recibido por parte del Banco Promérica, ya cobrado; la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, procedió una segunda vez a adulterar el cheque, el cual recibió debido a sus funciones, y cambió el nombre de la persona que lo cobró que fue Alex Roney Orellana Elvir, y colocó una I al final del primer nombre, por lo que después se leía "Alexi Roney Orellana Elvir, así mismo cambió el número de identidad y en lugar de 1313-1989-00052, que es el número de identidad correcto de Alex Roney Orellana Elvir, colocó 1813-1989-00052.”RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público de Aracely Maribel Mejía Duarte, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “Expresión del motivo de Casación por Precepto Constitucional. Motivo Único: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal Exposición del Motivo Primero: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente". Artículo 90: "Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece......" Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos I y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. "Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado". Artículo 2. "Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código…...". Segundo: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, a quien se le sigue proceso por el supuesto Delito de estafa y otros fraudes en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos, en perjuicio de El Instituto de Formación Profesional (INFOP) y la fe pública, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, produjo un mínimo de actividad probatoria. Tercero: El Tribunal sentenciador en la presente causa, ha tenido como probados los hechos siguientes: Primero: En fecha uno (1) de abril del año dos mil nueve (2009) el Instituto Nacional de Formación Profesional, emitió el cheque número 6589 para pagarse a la orden de Rony Oswaldo Murillo, por la cantidad de un mil cuatrocientos ochenta lempiras exactos (1.1, 480.00) en concepto de viáticos, el cheque en mención al momento de ser recibido por la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, para el efecto de anotar la recepción del mismo, postearlo y llevar el saldo para el pago de cada cheque en el respectivo libro de control de Banco, lo cual era uno de sus funciones como Contador II De la referida Institución, el cheque fue sustraído por Aracely Maribel Mejía Duarte y esta le hizo cambios en cuanto al nombre de la persona a quien debe ser pagado y en cuanto al monto del mismo, ya que el referido cheque para ser cobrado en el Banco Promérica, se encontró a nombre de Teodoro Martínez y no de Rony Oswaldo Murillo, para quien fue librado originalmente y por la cantidad de trece mil veinte lempiras exactos (Lps. 13.020.00) y no de mil cuatrocientos ochenta lempiras (L.1.480.00) que era la cantidad verdadera. Segundo: El cheque fue cobrado por el señor Alex Roney Orellana Elvir, con identidad 1313-1989-00552 y para poder realizar el cobro del cheque número 6589, la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, auxiliada por el señor Alex Lagos, procedieron a hacer efectivo el cambio del mismo a través del señor Alex Roney Orellana Elvir, a quien le dijeron que les hiciera el favor de cobrar porque no portaban ninguno, su cedula de identidad, a lo cual accedió Alex Roney y procedió a efectuar el cobro del cheque, posteriormente les entrego los trece mil veinte lempiras (Lps. 13.020.00) y a cambio le dieron cien lempiras (1. 100.00), por hacerles el favor de cambiarlo. Tercero: Advertido el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), del extravío del cheque 6589, y una vez habiéndolo recibido por parte del Banco Promérica, ya cobrado, la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, procedió una segunda vez a adulterar el cheque el cual recibió debido a sus funciones y cambio el nombre de la persona que lo cambio que fue Alex Roney Orellana Elvir, Y coloco una 1 del primer nombre por lo que después se leía "Alexi Roney Orellana Elvir", así mismo cambio el número de identidad y en lugar de 1313-1989-00052, que es el número de identidad correcto de Alex Roney Orellana Elvir, coloco 18131989—00052. En el acápite de la Valoración de la Prueba de la sentencia recurrida el sentenciador establece que " que las declaraciones de Hugo Ricardo Rodríguez Milla, Marlos Daniel Borjas Maciz, Viviana Dolores Maldonado, Francisco Alexander Zuniga Gámez Alex Roney Orellana Elvir resultan con entero crédito y coinciden tanto con el resultado de la prueba pericial que se ha valorado, en cuanto a las borraduras y sobre posición en los espacios atinentes a la orden de pago del cheque 6589, como así también es sobre la suma indicada para su pago efectivo del referido título valor, que inclusive nos indica alterado su cantidad en letras y en números, y diferente es la persona a quien se hizo el pago. En ese sentido, estimamos que la prueba testifical resulta corroborada y coincidente entre unas y otras declaraciones, y nos corrobora las circunstancias de los hechos, partiendo de su fuente de crédito como fue en este caso la prueba pericial ya valorada; y en este orden es concatenado con los testimonios anteriormente relacionados. Y que se pudo llegar a la convicción que el cheque 6589 fue sustraído por la acusada Aracely Maribel Mejía Duarte, ya que debido a sus funciones tuvo en sus manos el referido cheque ya firmado por las dos personas autorizadas para emitirlos, y que cuando el mencionado cheque llego de nuevo a la Institución, fue nuevamente adulterado ya que Aracely Mejía quien también tenía acceso al mismo por sus funciones, cambió el nombre y número de identidad de Alex Roney Orellana, con el afán de no ser descubierta". Este razonamiento lo hace en una clara violación al principio de inocencia y al debido proceso. Ya que se observa honorables miembros de este alto Tribunal de Justicia que mi representada fue condenada por el delito de estafa y otros fraudes en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos, únicamente con sospechas, pero nunca con prueba contundente que hubiera sustraído el mencionado cheque y que posteriormente lo hubiera adulterado en el nombre de la persona para la que originalmente se había librado, que no dejase margen de duda, tampoco existen las pruebas suficientes para condenarla por el delito de mérito, en tal sentido la reconocida jurista española María Félix Tena Aragón en su obra manual de Derecho Constitucional, pagina 34 inciso 7 establece: "Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la vamos a tratar en este temas, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida". Tal como ocurre en el caso que nos ocupa no existe prueba directa que acredite a manera de certeza la culpabilidad en el delito condenado a mi representada. Sigue diciendo la Jurista Tena Aragón: "Por tanto solo cabra constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo valida, es decir cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantía o cuando se motiva el resultado de dicha valoración o finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el íter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado" Continua manifestando la jurista: "A falta de prueba directa la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan los siguientes requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: Que parta de hecho plenamente probado y que los hechos constitutivos de delitos se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria. El Ministerio Público en ningún momento acreditó que nuestra representada es la persona que sustrajo el cheque o que haya realizado la falsificación del Cheque, solo lograron acreditar que mi representada era funcionaria en el desempeño como contador II Del Instituto de Formación Profesional, y que la misma tenía en su poder el algún momento los cheques para postearlos, no se estableció que haya realizado alguna acción tendiente a estafar a dicha Institución. En consecuencia la prueba de cargo traída a juicio, resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar a mi representada de la acusación que se le imputa, pues no aporta nada, o sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar su inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en sí mismo, ni en los restantes medios de prueba. Cuarto: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en la mayoría de los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras con la comunidad Jurídica Internacional que defiende en enérgicamente la violación al derecho de inocencia, así la convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José en su artículo 8 inciso 2 señala que toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad", por otra parte la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 11 determina: "Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y enjuicio público en que se le haya asegurado todas las garantías conforme a la ley y en juicio público en que se le haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, en su artículo 14 N.2, prescribe: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley", y así podemos citar una serie de instrumentos más de los que honduras forma parte por haberlos ratificado como ser la convención Internacional de Derechos Humanos que exige que una persona no puede ser condenada, mientras no exista prueba plena de su responsabilidad 'penal, si obra prueba incompleta o insuficiente no es procedente condenarlo sino absolverlo. En consecuencia, la prueba tenida en cuenta para condenar a mi representada Aracely Maribel Mejía Duarte, no reúnen los caracteres de precisión y concordancia suficientes para tener por establecida la vinculación subjetiva que debe existir entre el autor de la defensa penal y el hecho criminoso, es el caso que nos ocupa donde mi patrocinada ha sido condenado por pura sospecha de su participación, pero nunca por una verdadera prueba que demuestre fehacientemente la culpabilidad de mi cliente. De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representada, por lo que solicitamos se case la sentencia. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos, que pueda interponerse Recurso de Casación con arreglo a ese texto legal, siendo suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada en Precepto Constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamenta dores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115). La esencia del Recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. recurso de casación de infracción de precepto constitucional, interpuesto por la defensa pública. Único Motivo •Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. •Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 89 y 90 constitucional. •Concepto de la Infracción: Violación al principio de inocencia, juicio previo y al debido proceso. •Pretensión: Que se case la sentencia impugnada. El recurrente, abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público de Aracely Maribel Mejía Duarte, reclama la existencia de un vicio lo que califica en que se violentaron los principios de la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten a la imputada por mandato constitucional, según el censor. El ente acusador, no obstante, al estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, produjo un mínimo de actividad probatoria e hizo un razonamiento en clara violación al principio de inocencia y al debido proceso. Sigue argumentando el compareciente que su representada fue condenada por el delito de estafa y otros fraudes en concurso ideal con el delito de falsificación de documentos, únicamente con sospechas, pero nunca con prueba contundente que hubiera sustraído el mencionado cheque y que lo hubiera adulterado en el nombre de la persona para la que originalmente se había librado. Del principio del estado material de inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89 establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal derecho ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar a la certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El derecho de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El derecho de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana , este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” En sede de Casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): •Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; •Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; •Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; •Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y •Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia.” Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso, invocada por el Pretensor como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el Artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El Artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.” Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el Artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.” El Debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del delito de Fraude Entre los delitos en contra de la propiedad figura el fraude, mismo que se define por un “modus operandi” y no por una conducta comisiva u omisiva específica; es el empleo de medios intelectuales para poner en escena artificios en abuso de la confianza depositada, con el fin de perjudicar el patrimonio ajeno en provecho propio o de un tercero (Animus Decidendi), entendiéndose como patrimonio el conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas que pertenecen a una persona y que son estimables económicamente, pudiendo ser bienes muebles o inmuebles, fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, etc. El Código Penal de Honduras tipifica el fraude en el artículo 241-A, estableciendo que: “Comete el delito de fraude quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada cometa acciones donde se emplean sin consentimiento o conocimiento de los perjudicados mecanismos o prácticas para perjudicar, engañar, eludir, usurpar o menoscabar los derechos o patrimonio del Estado o de terceros, de cuyas acciones se sirve el que delinque para burlar la ley o los derechos que de ella se derivan o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error.”.- Ahora bien el Código Penal en el artículo 241 tipifica expresamente 18 supuestos de fraude, como fraudes específicos entre los cuales se encuentra la Apropiación Indebida, contemplada en el numeral 8, que prevé que será sancionado “Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarla o devolverla, o negare haberla recibido.”; Finalmente nos encontramos con el delito de Estafa, que es una clase particular de fraude, tipificado en el artículo 240 del Código Penal, el que señala que: “Comete el delito de estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.” Entiéndase entonces que el fraude es el género y la estafa es la especie que pertenece a aquel género, precisamente por ello es por lo que los supuestos del artículo 241 del Código Penal tradicionalmente se les ha conocido como “Otros Fraudes”, como una frase que da a entender claramente que dentro de ese género se encuentra el delito de Estafa tipificado en un artículo anterior. La diferencia entre fraude y estafa radica en que en el primero el sujeto pasivo hace una disposición patrimonial con un consentimiento válido, sobreviniendo el dolo del sujeto activo quien con abuso de confianza se vale de un ardid para apropiarse o facilitar la apropiación a un tercero de aquella disposición patrimonial; entretanto en el segundo (estafa) el dolo es anterior a la disposición patrimonial, misma que se consigue provocando error en el sujeto pasivo a partir de un engaño, es así que la disposición patrimonial se realiza con un consentimiento viciado.- Es necesario advertir que si bien el artículo 241 CP se le conoce como Otros Fraudes, algunos de sus supuestos obedecen más a la naturaleza de la estafa que a la de fraude (ejemplo los numerales 4, 7, 9, 10 y15).En los procesos penales donde se aprecie un Concurso de Leyes entre la figura de fraude general, algunas de las clases de fraude específicos y la de estafa, requiere de un estudio inverso, ello por observancia al Principio de Subsidiariedad (Art. 2-A.2 cp.), y por mandato del artículo 243 del Código Penal al indicar que se calificará como fraude general cuando el hecho “no se halle comprendido en los artículos anteriores de este capítulo”; Por ello el análisis debe partir de la especie, pasando por los supuestos específicos y finalizando con el supuesto genérico; de modo que el Tribunal de Justicia estudiará el caso bajo el prisma de los elementos del tipo de estafa (Art. 240 CP), y en caso de juicio negativo de tipicidad, migrará su estudio a los casos de fraude específicos (Art. 242 CP) y, en defecto de encuadramiento y como última instancia evaluará si se cumplen con los elementos del tipo de fraude general (Art. 240 CP). Respecto a la Punibilidad, el Capítulo VI del Título VII del Libro Segundo del Código Penal establece que el delito de fraude contemplado en el artículo 241-A, será penado conforme lo señala el artículo 243, entretanto los fraudes específicos tipificados en el artículo 241 y la estafa, como la especie de fraude, serán sancionados con las penas previstas en el artículo 241, todos del Código Penal.- Como consecuencia la pena de estafa y de fraudes específicos (otros fraudes), dependerá del quantum del daño patrimonial causado por el delito, entretanto que la pena del delito de fraude general depende de la existencia del delito sin que influya la extensión del daño patrimonial causado. DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Cuando de vulneración al estado de inocencia se trata, la función de esta Sala de lo Penal consiste en revisar la adecuada formación de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, sus aspectos intrínsecos como ser la licitud de la obtención de la prueba, el debido proceso probatorio, la debida motivación, el debido razonamiento probatorio y la suficiencia probatoria de signo acusatorio. La función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Juzgador de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa. El objeto de la impugnación consiste en reprochar la insuficiencia probatoria de signo acusatorio, pues considera el censor que la prueba evacuada en el juicio no basta para tener por acreditado la comisión del delito por el cual su representada es condenada, resulta entonces necesario verificar que, efectivamente, el a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él de la acusada, para dictar un fallo de condena y que la prueba fue valorada de conformidad a derecho. El Ministerio Público para sustentar su requerimiento fiscal al momento del Juicio Oral y Público presentó entre otros, los siguientes medios de prueba: 1) Testifical: a) Hugo Ricardo Rodríguez Milla, b) Marlon Daniel Borjas Maciz, c) Viviana Dolores Maldonado, d) Francisco Alexander Zuniga Gámez, e) Alex Roney Orellana Elvir 2) Documental: a) Constancia de trabajo de la señora Aracely Maribel Duarte, b) Copia fotostática de las funciones como contador II, c) Copia fotostática del libro de control de cheques emitidos por parte del INFOP, d) Copia certificada de la solicitud enviada al banco Promerica por parte del señor Marlon Daniel Borjas 3) Pericial: Dictamen pericial No. 3557 – 2009 de fecha nueve de Junio del año 2009 realizado por la licenciada Tania Mariela Calidonio Gómez. Entre los testigos evacuados el señor Alex Roney Orellana Elvir manifestó que desde el año 2009 trabaja en el car wash, ahí llegaba un señor de nombre Alex Lagos y les daba confianza. Un día llegó en compañía de las señora Aracely Maribel y le preguntó a sus compañeros quien tenía identidad y respondió que no tenía, y un compañero le dijo que Alex necesitaba un favor y fue donde él y le dijo que no tenía cédula y que le hiciera el favor de ir al banco; fueron al autobanco de la plaza Santa Mónica, se bajó él y Alex Lagos le dio el cheque, se lo cambió y le dio Trece Mil Veinte Lempiras (L.13,020.00), posteriormente regresaron al car wash y Alex Lagos le dijo a la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, dale cien lempiras por el tiempo perdido; al tiempo recibió una llamada de su mamá y le pasó a un señor que le dijo que era el director del INFOP, y le pidió la dirección de su trabajo. Al día siguiente fueron a las instalaciones del INFOP y allí encontró a Aracely Maribel Mejía Duarte, y les dijo a ellos que ella era la señora que acompañaba al señor Alex Lagos. Firmó el cheque con letras minúsculas y su identidad. Se le puso a la vista el cheque y les dijo que no era ese su nombre, ni su número de identidad. El dinero se le entregó al señor Alex Lagos. El testigo Hugo Ricardo Rodríguez Milla quien manifestó que, en audiencia de juicio oral y público, que fungía como director del INFOP, expreso que el licenciado Marlon (administrador), le notifico que se había extraviado un cheque y le dijo que notificara a la policía para desvirtuar cualquier posibilidad de ellos dos. El cheque estaba a nombre de otra persona y por otro valor; decidió ir al Banco Promerica con el cheque a realizar averiguaciones. El cheque fue falsificado cuando salió del Instituto De Formación Profesional (INFOP), y cuando regresó al INFOP, devuelto por el banco, averiguó porque fue al Registro Nacional de las Personas e investigó todos sus datos, fue a Lepaera, Departamento de Santa Bárbara donde los padres de la persona que cambio el cheque y les preguntó dónde trabajaba y el número de teléfono; entonces el agente llamó a la oficina al muchacho que cambió el cheque y quedaron que llegara al día siguiente al INFOP, llegó a las siete de la mañana, fueron a la administración, cuando iban caminando el muchacho dijo: ¨Con ella cambiamos el cheque¨ y señaló a la señora Aracely Maribel Mejía Duarte. En cuanto al dictamen pericial No. 3557 – 2009, de fecha nueve de junio del año dos mil nueve (2009), elaborado por la licenciada Tania Marisela Calidonio Gómez, en el laboratorio de documentología de Medicina Forense, en esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, y adscrito al Ministerio Público; el cual describe: Material recibido: Una bolsa de plástico firmada y sellada. Material de análisis: Un cheque número 06589 cuestionado con membrete del Instituto de Formación Profesional (INFOP) de lugar y fecha San Pedro Sula, 01 de abril del año 2009, el mismo presentaba alteraciones en sus datos llenados producto de borraduras sobre posición en los espacios donde se lee páguese a la orden de, la suma de (cantidad en números y letras), no fue posible determinar los datos anteriores a la alteración.- Conclusiones: El soporte del cheque 06589 de lugar y fecha de San Pedro Sula, Cortés, 01 de abril del 2009, descrito anteriormente en el material de análisis, ha sido objeto de alteraciones, mismas que afectan su autenticidad. Firmado y sellado. Tania Marisela Calidonio Gómez. Analista del laboratorio de documentología. Refrendado. Sobre el medio de prueba evidencia física, evacuado en el juicio oral y público, consistente en un cheque original con número 06589 de fecha 01 de abril del año 2009, del Instituto Nacional de Formación Profesional, librado a favor del señor Teodoro Martínez, por la cantidad de trece mil veinte lempiras exactos (L.13,020.00); contra la cuenta 60000000045836 de Banco Promérica. Dos firmas autorizadas ilegibles y sellos. Instituto Nacional de Formación Profesional. Depto. Administrativo. INFOP. ORN. Al dorso del documento, se contiene un nombre legible de Teodoro Martínez. 0502 – 1931 – 00069. Nombre legible de Alexis Roney Orellana. 1815 – 1989 – 00552. En el acápite de la valoración de la prueba el Tribunal de Sentencia estableció lo siguiente: En relación al dictamen de documentología, este fue realizado en la etapa preparatoria o de investigación conforme a nuestra normativa procesal, además que fue ratificado en el debaten por la licenciada Tania Marisela Calidonio Gómez, quien es la persona con los conocimientos técnicos científicos requeridos, por lo que se le da credibilidad y valor probatorio positivo ya que es congruente con la prueba que se practicó en juicio oral y público. En relación a la prueba testifical, se logró corroborar que el cheque fue adulterado cuando salió del INFOP y cuando regresó al mismo lugar, luego de haber sido cobrado en el banco respectivo, esta declaración nos da la certeza y es coherente su dicho con las demás declaraciones. En el caso de Alex Roney Orellana, persona que apareció en la foto del cheque que brindo el banco y que habría cobrado el título valor, en el lugar de San Pedro Sula, Cortés, se llegó a la deducción que se acreditó fehacientemente y con prueba pericial, científica y confiable, el cheque fue adulterado en sus datos de llenado y hubo sobreposición, este testigo lo tuvo en su poder una vez emitido y cuando regresó ya pagado, aunado a lo anterior, la persona que cobró la reconoció tanto como cuando llego al INFOP, como en el debate; por lo que a este tribunal no le cabe ninguna duda que la persona que sustrajo el cheque y procedió a su adulteración para beneficiarse del cobro del dinero fue la señora Aracely Mejía Duarte. El censor dentro de los reclamos estableció lo siguiente: que se infringe gravemente los fundamentales derechos referidos, la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten a la imputada por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante está obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, si produjo un mínimo de actividad probatoria. En tal sentido, al hacer un análisis de todas las actuaciones realizadas, esta sala de casación no encuentra elementos que puedan sustentar los alegatos del compareciente considerando, que si bien es cierto el establece la poca existencia de elementos probatorios para condenar a su representada, los allegados al debate fueron amplios y suficientes más el agregado que se desarrollaron respetando el principio de legalidad y de inocencia, además, que no hubo ningún reclamo de las partes sobre la legalidad de las pruebas presentadas. Esta Sala de lo Penal entendiendo que el derecho de inocencia, está íntimamente relacionada a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en ella haya tenido la imputada por esta razón concluye, en definitiva, que no existe infracción al estado material de inocencia, y, consecuentemente, al debido proceso legal, pues la sentencia se ha basado en prueba válida para acreditar en juicio la culpabilidad de la acusada el A- quo los considero -necesarios para quebrantar el estado de inocencia de la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, existen jurisprudencia de la sala que ya plasman cuando y en qué circunstancias se violenta un estado de inocencia, elementos que no se dan en el caso de méritos, así mismo durante el desarrollo del juicio todas las actuaciones se apegó al principio de legalidad , y la defensa presencio y actuó en cada etapa del proceso por lo que esos derechos fueron Garantizados. se declara improcedente el motivo de casación. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marcos Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público de Aracely Maribel Mejía Duarte. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: •Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; •Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o •Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: •Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. •Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. •La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusada Aracely Maribel Mejía Duarte que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal decreto 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado a máxima la prisión a perpetuidad. D. PONDERACIÓN EN EL CASO CONCRETO En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, Primero: Se impuso a Aracely Maribel Mejía Duarte, una pena de Cinco años, tres meses de reclusión y las penas Accesorias de Inhabilitación Absoluta e interdicción Civil por el tiempo que dure la pena principal. Segundo: Se le condenó también a pagar una multa igual al diez por ciento del valor defraudado igual a mil trecientos dos lempiras (1,302.00) corresponde al 10% de trece mil veinte lempiras (13,020.00) Se Declaró la Responsabilidad Civil de Aracely Maribel Mejía Duarte. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 144-83, a la persona responsable del delito de Estafa (Art.241 CP), El delito de estafa será sancionado: 1) Con dos (2) a cinco (5) años de reclusión, cuando el valor de lo estafado no exceda de cinco mil lempiras (L. 5, 000.00); 2) Con cuatro (4) a siete (7) años de reclusión si la cuantía supera los cinco mil (L.5, 000.00) y no excede de cien mil lempiras (L. 100.000.00); y, 3) Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de cien mil lempiras (L. 100,000.00). El agente, además será sancionado con una multa igual al diez por ciento (10%) del valor defraudado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por los artículos 36, 37 y 53, cuando sean aplicables. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017 en el artículo 365, el delito de Estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado excede de Cinco Mil Lempiras (L5,000). Para la determinación de la pena en estos delitos se debe atender al importe de lo defraudado, la pérdida económica causada al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por el reo y cualesquiera otras circunstancias similares que sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Así mismo el art.366, establece los agravantes específicos lo que da lugar a que la pena se aumente en un tercio (1/3), se puede determinar, en el caso particular, que se encuentra comprendido la agravante establecida en el art.366 numeral 4) los hechos se cometen con abuso de firma o sustracción 5) los hechos se realizan en el ámbito del sector financiero. lo que da lugar a la aplicación de las agravantes quedando la pena abstracta en cuatro (4) años a (5) años 4 meses. así mismo al existir un concurso ideal de delito según el artículo 67 CP, supone la imposición de la pena correspondiente al delito mas grave aumentada en un tercio (1/3) quedaría la pena abstracta en seis (6 años) 6 meses de reclusión. Mas la multa del 10% aumentada en un tercio. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta a la acusada Aracely Maribel Mejía Duarte, conforme el CP-144-83, es más favorable que la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena más grave. Por lo que NO procede aplicar la retroactividad de la ley a favor de la acusada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Marco Antonio Velasco Mejía, en su condición de defensor público, en la causa instruida contra la señora Aracely Maribel Mejía Duarte, como autora del delito de Estafa y Otros Fraudes en Concurso Ideal con el Delito de Falsificación de Documentos, en perjuicio del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y de la Fe Pública Segundo: Declara la No procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a la acusada Aracely Maribel Duarte Mejía. Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés - Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho después de notificar en legal y debida forma la presente Sentencia a las partes personadas, proceda a devolver los antecedentes del caso al Tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintisiete de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-135-2020.

LETY EMELDA POSADAS

Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal