Sentencia CP-128-21 — Registro 20240
Resumen
El Tribunal de Sentencia declaró culpable a los acusados por el delito de utilización indebida de sistemas de procesamiento de datos, y a uno de ellos por el delitos de asociación ilícita, en perjuicio de BAC Honduras, al haber realizado diversas compras comerciales mediante tarjetas duplicadas. Posteriormente, la Sala de lo Penal declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto. No obstante, se determinó la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal (Decreto 130-2017), por lo que reformó la calificación de los delitos anteriormente descritos a los tipos penales de asociación para delinquir y falsificación de tarjetas bancarias y cheques de viaje.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"De la procedencia del primer motivo. El segundo motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal pone de manifiesto la trascendencia de la suficiencia de la motivación al constituir la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de racionalización de la función judicial. La motivación es justificación, exposición de las razones que el órgano judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución de la República, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos círculos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 10 de junio de 2010, recaída en el expediente SP 259-2008). En el caso actual y concreto, no tiene razón el recurrente, pues el Tribunal de Sentencia ha elaborado una motivación jurídica suficiente que permite conocer el proceso racional y analítico del que hizo mano para concluir en el veredicto de condena. Basta remitirse a los acápites segundo y tercero de la fundamentación jurídica de la sentencia, para comprobar que el sentenciador ha expresado motivadamente las razones jurídicas que lo llevaron a concluir la condena de los acusados, coligiendo la existencia del concurso previo derivado en la comisión de los delitos, para sostener el juicio de culpabilidad. Debe saber el censor del fallo que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza exigir un razonamiento jurídico exhaustivo pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que debe considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles hayan sido los criterios fácticos jurídicos fundamentadores de la decisión, es decir la “ratio decidendi” que ha determinado aquella. En definitiva, se concluye por esta superioridad, que el sentenciador sí ha hecho una motivación jurídica suficiente para conocer el proceso lógico que lo ha conducido al estado intelectivo de inocencia. Por todo lo anteriormente expuesto, el tercer motivo decae y no es de recibo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. Art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"De la procedencia del primer motivo. El segundo motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal pone de manifiesto la trascendencia de la suficiencia de la motivación al constituir la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de racionalización de la función judicial. La motivación es justificación, exposición de las razones que el órgano judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución de la República, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos círculos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 10 de junio de 2010, recaída en el expediente SP 259-2008). En el caso actual y concreto, no tiene razón el recurrente, pues el Tribunal de Sentencia ha elaborado una motivación jurídica suficiente que permite conocer el proceso racional y analítico del que hizo mano para concluir en el veredicto de condena. Basta remitirse a los acápites segundo y tercero de la fundamentación jurídica de la sentencia, para comprobar que el sentenciador ha expresado motivadamente las razones jurídicas que lo llevaron a concluir la condena de los acusados, coligiendo la existencia del concurso previo derivado en la comisión de los delitos, para sostener el juicio de culpabilidad. Debe saber el censor del fallo que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza exigir un razonamiento jurídico exhaustivo pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que debe considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles hayan sido los criterios fácticos jurídicos fundamentadores de la decisión, es decir la “ratio decidendi” que ha determinado aquella. En definitiva, se concluye por esta superioridad, que el sentenciador sí ha hecho una motivación jurídica suficiente para conocer el proceso lógico que lo ha conducido al estado intelectivo de inocencia. Por todo lo anteriormente expuesto, el tercer motivo decae y no es de recibo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. Art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Jairo Farit Brito Vallecillo, las siguientes sanciones: 1- Utilización Indebida de Sistema de Procesamiento de Datos en perjuicio de Bac Honduras, a la pena de seis años de reclusión como pena principal; y una multa de ciento treinta y cinco mil setecientos noventa y tres lempiras con ochenta y siete centavos, la que deberá enterar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República de Honduras. 2- Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de veinte años de reclusión como pena principal, y una multa de cien mil lempiras. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil. No condenó en costas. En total: 26 años de reclusión. Conforme la nueva legislación penal decreto 130-2017, la conducta reprochada al acusado Jairo Farit Brito Vallecillo, según los hechos declarados probados constituye los siguientes delitos y sanciones. 1. Artículo: art. 463 en relación al art.447 y art. 468. Delito: Falsificación de Tarjetas Bancarias y Cheques de Viaje. Perjudicado: La Fe Pública. Pena: 6 a 10 años de prisión multa por una cantidad igual o hasta 10 veces el valor aparente de la moneda. Aumentado en 1/3, quedando un margen abstracto de 8 a 10 años de prisión. multa por una cantidad de 03 o hasta 10 veces el valor aparente de la moneda, más las penas accesorias correspondientes. 2. Artículo: 554. Delito: Asociación para delinquir (integrante). Perjudicado: Otros Derechos Fundamentales. Pena: 6 a 10 años de prisión, más multa de cien a quinientos días, más las penas accesorias correspondientes. En este sentido, para efecto de determinar pena concreta conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, se observa que los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, y ante la ausencia de información de las circunstancias personales del condenado y atendiendo la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en su límite mínimo. El acusado Jairo Farit Brito Vallecillo, hondureño, mayor de edad, de 38 años de edad, técnico en celulares, unión libre; datos personales que motivan la imposición de las penas siguientes: Por el delito de Asociación para Delinquir: prisión de 06 años y 100 días multa, a razón de L. 20.00 por cada día, dando un total de L. 2,000.00; y por el delito de Falsificación de Tarjetas Bancarias y Cheques de Viaje, prisión de 08 años y multa por una cantidad de 03 veces el valor aparente de la moneda.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 554,615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"... D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Jairo Farit Brito Vallecillo, las siguientes sanciones: 1- Utilización Indebida de Sistema de Procesamiento de Datos en perjuicio de Bac Honduras, a la pena de seis años de reclusión como pena principal; y una multa de ciento treinta y cinco mil setecientos noventa y tres lempiras con ochenta y siete centavos, la que deberá enterar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República de Honduras. 2- Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de veinte años de reclusión como pena principal, y una multa de cien mil lempiras. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil. No condenó en costas. En total: 26 años de reclusión. Conforme la nueva legislación penal decreto 130-2017, la conducta reprochada al acusado Jairo Farit Brito Vallecillo, según los hechos declarados probados constituye los siguientes delitos y sanciones. 1. Artículo: art. 463 en relación al art.447 y art. 468. Delito: Falsificación de Tarjetas Bancarias y Cheques de Viaje. Perjudicado: La Fe Pública. Pena: 6 a 10 años de prisión multa por una cantidad igual o hasta 10 veces el valor aparente de la moneda. Aumentado en 1/3, quedando un margen abstracto de 8 a 10 años de prisión. multa por una cantidad de 03 o hasta 10 veces el valor aparente de la moneda, más las penas accesorias correspondientes. 2. Artículo: 554. Delito: Asociación para delinquir (integrante). Perjudicado: Otros Derechos Fundamentales. Pena: 6 a 10 años de prisión, más multa de cien a quinientos días, más las penas accesorias correspondientes. En este sentido, para efecto de determinar pena concreta conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, se observa que los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, y ante la ausencia de información de las circunstancias personales del condenado y atendiendo la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en su límite mínimo. El acusado Jairo Farit Brito Vallecillo, hondureño, mayor de edad, de 38 años de edad, técnico en celulares, unión libre; datos personales que motivan la imposición de las penas siguientes: Por el delito de Asociación para Delinquir: prisión de 06 años y 100 días multa, a razón de L. 20.00 por cada día, dando un total de L. 2,000.00; y por el delito de Falsificación de Tarjetas Bancarias y Cheques de Viaje, prisión de 08 años y multa por una cantidad de 03 veces el valor aparente de la moneda.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 554,615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-128-2021, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Diaz Flores, en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-128-2021 por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a Jairo Farit Brito Vallecillo, como coautor, responsable penalmente del delito de Uso Público de Nombre Supuesto en perjuicio de la Fe Pública. SEGUNDO: Condenó a Jairo Farit Brito Vallecillo, como coautor, responsable penalmente del delito de Utilización Indebida de Sistema de Procesamiento de Datos en perjuicio de Bac Honduras, a la pena de seis años de reclusión como pena principal. Y una multa de ciento treinta y cinco mil setecientos noventa y tres lempiras con ochenta y siete centavos, la que deberá enterar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República de Honduras. TERCERO: Condenó a Jairo Farit Brito Vallecillo, como coautor, responsable penalmente del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de veinte años de reclusión como pena principal. Y una multa de cien mil lempiras. CUARTO: Absolvió a Mario Arnulfo Euceda Guardado, como coautor, responsable penalmente del delito de Uso Público de Nombre Supuesto en perjuicio de la Fe Publica. QUINTO: Condenó a Mario Arnulfo Euceda Guardado, como coautor, responsable penalmente del delito de Utilización Indebida de Sistema de Procesamiento de Datos en perjuicio de Bac Honduras, a la pena de seis años de reclusión como pena principal. Y una multa de ciento treinta y cinco mil setecientos noventa y tres lempiras con ochenta y siete centavos, la que deberá enterar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República de Honduras. SEXTO: Condenó a Mario Arnulfo Euceda Guardado, como coautor, responsable penalmente del delito de Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de veinte años de reclusión como pena principal. Y una multa de cien mil lempiras. Por causa de las penas de reclusión, estarán sujetos a participar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento. SEPTIMO: Condenó a Jairo Farit Brito Vallecillo y Mario Arnulfo Euceda Guardado a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, ambas penas accesorias por el tiempo que dure la pena de reclusión correspondiente para el delito de Utilización Indebida del Sistema de Procesamiento de Datos y Asociación Ilícita. OCTAVO: Declaró a Jairo Farit Brito Vallecillo y Mario Arnulfo Euceda Guardado, responsables civilmente de los daños y perjuicios ocasionados por este delito. NOVENO: No procedió condenar en costas a Jairo Farit Brito Vallecillo y Mario Arnulfo Euceda Guardado. DECIMO: No procedió declarar el Comiso. Son partes en única instancia: El Abogado Héctor Samuel Madrid Sabillón, en su condición de defensor privado de Jairo Farit Brito Vallecillo, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: Durante los meses de enero a agosto del año 2016, los señores JAIRO FARITT BRITO VALLECILLO Y MARIO ARNULFO EUCEDA GUARDADO, en contubernio con otras personas, clandestinamente obtuvieron información contenida en tarjetas de crédito de diferentes clientes de la institución financiera BAC CREDOMÁTIC, procediendo hacer duplicaciones falsas de esas tarjetas de crédito, para realizar transacciones en diferentes establecimientos comerciales en provecho propio. El señor JAIRO FARITT BRITO VALLECILLO realizó personalmente las siguientes transacciones: compra en establecimiento comercial Castillos Autoservicios, en fecha 21 de marzo de 2016, con tarjeta duplicada terminación numérica 7541 por la cantidad de L 3,055.78; compra en establecimiento comercial Triple A, en fecha 21 de marzo 2016, con una tarjeta duplicada terminación 7541; compra en el establecimiento comercial TRACOMA, en fecha 26 de abril del 2016 con una tarjeta duplicada número 3777742695114852 por la cantidad de L 17,836.11; compra en establecimiento comercial Auremo, en fecha 21 de marzo 2016 con una tarjeta duplicada terminación numérica 7541 por la cantidad de L 24,739.14; Total L 45,631.03 El señor MARIO ARNULFO EUCEDA GUARDADO realizó las siguientes transacciones: compra en el establecimiento comercial Agropec, en fecha 2 de marzo de 2016, con una tarjeta duplicada número 377742695032047 por la cantidad de L 44,000.00compra en el establecimiento comercial La Casa del Soldador, en fecha 29 de junio de 2016, con una tarjeta duplicada número 4551478622062795 por la cantidad de L 46,162.84. Total: L 90,162.84 Causando entre ambos un perjuicio a BAC HONDURAS en una cantidad de L 135,793.87. SEGUNDO: Los señores JAIRO FARITT BRITO VALLECILLO y MARIO ARNULFO EUCEDA GUARDADO, cometieron los hechos siendo parte de un plan preconcebido e integrando una estructura organizada de manera permanente, con distribución de roles funcionales, todos tendientes a causar un perjuicio económico a la institución bancaria y en provecho propio de la organización y consecuentemente para cada uno de ellos.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente El recurrente Abogado Héctor Samuel Madrid Sabillón, en su condición de defensor privado de Jairo Farit Brito Vallecillo, procedió a formalizar los Recursos de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “Exposición del motivo de Casación por Infracción de Ley Sustantiva, para lo cual me fundamento en los hechos legales que a continuación se exponen: UNICO: Infracción de Ley Sustantiva por aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal, 31 y 32 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Plantea la defensa del señor JAIRO FARIT BRITO VALLECILLO que el precepto penal y legal citado como infringido por aplicación indebida textualmente dice: "Articulo 332.- ASOCIACION ILICITA. Se sancionará con la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y multa de Cien Mil (L.100,000.00) a Trecientos Mil (L.300,000.00) Lempiras, a los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. Con la misma pena de reclusión establecida en el párrafo anterior rebajada en un tercio (1/3), se sancionará a los demás miembros de las referidas asociaciones ilícitas. Respetando como estamos obligados, lo hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, entendemos que estos son para el Tribunal, el producto de la apreciación de la prueba ejecutada en juicio por efecto de la inmediación y que esta descripción fáctica es la que el tribunal debe usar, para realizar la actividad de sub junción y en la parte resolutiva disponer la ley aplicable, describir la conducta de un imputado y fallar aplicando la ley sustantiva penal en la que se subsume esta conducta. El Tribunal de Sentencia, declaro como hechos probados los siguientes: PRIMERO: Durante los meses de enero a agosto del año 2016, los señores JAIRO FARITT BRITO VALLECILLO, en contubernio con otras personas, clandestinamente obtuvieron información contenida en tarjetas de crédito de diferentes clientes de la institución financiera BAC CREDOMATIC, procediendo hacer duplicaciones falsas de esas tarjetas de crédito, para realizar transacciones en diferentes establecimientos comerciales en provecho propio. El señor JAIRO FARITT BRITO VALLECILLO realizo personalmente las siguientes transacciones: compra en establecimiento comercial Castillos Autoservicios, en fecha 21 de marzo de 2016, con tarjeta duplicada terminación numérica 7541 por la cantidad de L. 3.055.78; compra en establecimiento comercial Triple A, en fecha 21 de marzo de 2016 con una tarjeta duplicada terminación 7541; compra en el establecimiento comercial TRACOMA, en fecha 26 de abril de 2016, con una tarjeta duplicada número 3777742695114852 por la cantidad de L. 17,836.11; compra en establecimiento comercial AUREMO, en fecha 21 de marzo de 2016, con una tarjeta duplicada terminación numérica 7541 por la cantidad de L. 24,739.14; Total 45, 631.03 El señor MARIO ARNULFO EUCEDA GUARDADO realizo las siguientes transacciones: compra en el establecimiento comercial AGROPEC, en fecha 2 de marzo de 2016, con una tarjeta duplicada número 377742695032047 por la cantidad de 44,000.00; compra en el establecimiento comercial La Casa del Soldador, en fecha 29 de junio de 2016, con una tarjeta duplicada número 4551478622062795 por la cantidad de L. 46,162.84. Total: 90,162.84. Causando entre ambos un perjuicio a BAC HONDURAS en una cantidad de 135,793.87. SEGUNDO: Los señores JAIRO FARITT BRITO VALLECILLO y MARIO ARNULFO EUCEDA GUARDADO, cometieron los hechos siendo parte de un plan preconcebido e integrando una estructura organizada de manera permanente, con distribución de roles funcionales, todos tendientes a causar un perjuicio económico a la institución bancaria y en provecho propio de la organización y consecuentemente para cada uno de ellos. Honorable Tribunal en opinión del recurrente la conducta descrita en los hechos declarados probados, no se subsume en el tipo penal de ASOCIACION ILICITA por el que fue condenado el señor JAIRO FARITT BRITO VALLECILLO, así mismo no se describe una acción de esta que se subsuma en los presupuestos contenidos en los artículos 31 y 32 del Código Penal, que se refieren a la autoría, aplicándose indebidamente los artículos 31, 32 y 332 del Código Penal. Son los antes enunciados, los hechos inmutables que se aceptan como base a efecto de interponer el presente recurso. El artículo 332 del Código Penal contiene la total descripción de la hipótesis fáctica requerida, para calificar una acción o conducta como Asociación Ilícita, procedo a analizarlo en relación con los artículos 31 y 32 del mismo código penal. Al descomponer el tipo penal Asociación Ilícita, se establece que comete el delito de Asociación Ilícita, ... A los jefes o cabecillas de maras, pandillas y demás grupos que se asocien con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito.; esto implica que el sujeto activo realice por si, la acción de Asociarse con el propósito permanente de ejecutar cualquier acto constitutivo de delito. O dicho de otra forma se agrupe, organice para cometer actos constitutivos de delitos, en este caso el señor Jairo Farit Brito Vallecillo, requisito para que aparezca el elemento objetivo del delito. Ninguno de los hechos declarados como probados en la sentencia recurrida describe que mis representados hayan ejecutado una acción de asociarse o dicho de otra forma agruparse u organizarse tal y como lo indica la norma sustantiva supra - mencionada para cometer actos constitutivos de delito. Al no describir los hechos declarados probados una acción como ser la de Asociarse o dicho de otra forma agruparse u organizarse por parte de mis representados; Los elementos que componen el tipo penal de ASOCIACION ILICITA no se describen en los hechos declarados probados, los hechos que el tribunal declaro como probados no describen en mi defendido ninguna acción o conducta que pruebe que este asociado con algún grupo para cometer actos constitutivos de delito, simplemente describen acciones separadas que pueden ser constitutivas de otro tipo de delitos que pueden ser cometidos por cualquiera persona común y no necesariamente por alguna mara, pandilla o grupo criminal en específico. Así las cosas no es posible la acción de sub junción que debe realizar el órgano jurisdiccional, adecuando la descripción fáctica con la ley penal sustantiva, en conclusión siendo que los hechos declarados probados, no se subsumen en el tipo penal de ASOCIACION ILICITA, resulta que condenar por dicho delito al señor Jairo Farit Brito Vallecillo; es una típica aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal, se dictó sentencia condenatoria a dos ciudadanos a quienes no se les probó que hayan ejecutado una conducta tipificada en nuestra ley penal como delito de ASOCIACION ILICITA, Infracción de los artículos 31 v 32 del Código penal. Por interpretación errónea. El artículo 31 del Código Penal establece que son responsables criminalmente del delito los autores y los cómplices. El artículo 32 del Código Penal define la autoría así: Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. A partir de lo anterior se infiere que el órgano jurisdiccional debe describir en el agente una de esas conductas relacionados al hecho para calificarlo de autor, en el presente caso tratándose del delito de ASOCIACION ILICITA debe describir la acción de asociarse, la pertenencia, la permanencia, como elementos constitutivos de este tipo de delito. Al examinar el factum, se evidencia que concurre una infracción de ley por aplicación indebida del artículo 332 del Código Penal, ya que no describe en el mismo los requisitos exigidos por dicho precepto penal, para tener por establecido que el acusado JAIRO FARIT BRITO VALLECILLO, participo a título de autor en el delito de ASOCIACION ILICITA pues solo se relata en el mismo que cometieron los hechos siendo parte de un plan preconcebido e integrando una estructura organizada de manera permanente. No obstante, que el recurso de casación por Infracción de Ley Sustantiva debe de apegarse de manera absoluta, al relato factico, debemos referirnos al apartado de la fundamentación jurídica, donde el sentenciador, refiere la conducta del acusado JAIRO FARIT BRITO VALLECILLO, es miembro de la organización criminal establecida por los hermanos Ford Tinoco, siendo esta una asociación ilícita, por dedicarse sus miembros a ejecutar diferentes actos contrarios a la ley que en definitiva atentan contra la Economía del estado de Honduras. Esta defensa considera que al analizar los elementos constitutivos del tipo de ASOCIACION ILICITA no encontramos el elemento objetivo del tipo como ser "el permanecer a la banda o asociación con los hermanos Ford Tinoco con la finalidad de ejecutar actos ilícitos" ya que el tribunal se basó en las declaraciones testificales de los testigos de cargo EDWIN ROBERTO BAQUEDANO PEREZ quien manifestó que el acusado junto con otro imputado pertenecen a la banda de la familia FORD TINOCO que se dedican a este ilícito v que los acusados fueron detenidos frente a la casa de la familia FORD TINOCO. La declaración del señor PEDRO ANTONIO PADILLA QUIROZ quien declaro: que en febrero de 2015 se detuvieron a dos personas Christian y Henry Ford Tinoco, creyeron que eran los únicos. Luego se incrementó la clonación de tarjetas como a finales del 2015, ahora con más personas integradas a ese grupo entre ellos los ahora acusados. - Tomando dichas declaraciones, los jueces del Tribunal por lo dicho de estos dos testigos sin haberse evacuado en la vista del juicio oral y público medios de prueba que demostraran lo dicho por estos testigos con otros medios de prueba confiables para poder ser concatenados con dichas manifestaciones; igualmente considera la defensa que la detención de los hermanos Ford Tinoco en años anteriores no es vinculante con la acusación que se les sigue a mis representados y tampoco es prueba suficiente el haberse realizado la captura de mis defendidos frente a la casa de los hermanos Ford Tinoco. En cuanto al elemento Subjetivo, constituido por el dolo, necesariamente la intervención de los sujetos debe reflejar el conocimiento de que forman parte de una mara, pandilla o grupo que procura cometer ilícitos y el propósito de querer lograrlo. - EL Tribunal de Sentencia considero que en tormo al delito de Asociación Ilícita, que la Fiscalía trajo a juicio los medios de prueba como ser La declaración del agente de investigación de la Unidad de delitos Financieros EDWIN ROBERTO BAQUEDANO PEREZ, el Tribunal considera que dicha declaración merece total credibilidad pues el referido Agente de manera clara dejó establecido la participación que los acusados JAIRO FARIT BRITO VALLECILLO y otro han tenido en el ilícito juzgado, así como la vinculación que estos mantienen con la organización o banda criminal debidamente identificada de los hermanos Ford Tinoco por lo que estímanos que además dicha declaración a servido para acreditar la forma en que este tipo de organizaciones opera, en la que no es posible cometer estos delitos de manera aislada, pues se requiere necesariamente de un grupo de personas organizadas, con distribución de roles funcionales que de manera permanente se dedican a cometer los actos fraudulentos y en provecho propio como ha ocurrido en la presente causa. El agente BAQUEDANO PEREZ fue claro en explicar el modus operandi de este tipo de asociaciones en las cuales operan los ahora acusados. Con estos dos medios de prueba testifical que el Tribunal Sentenciador expresa en su fundamentación jurídica esta defensa considera que no se acredito la participación del señor JAIRO FARIT BRITO VALLECILLO en la comisión del delito de ASOCIACION ILICITA por motivos que, para la acreditación de este tipo de delito no basta con que dos Testigos manifiesten que los encausados pertenecen a una organización dedicada a cometer este delito; sino que el Ministerio Publico está obligado a demostrar la comisión de este delito con otros medios de prueba concretos y contundentes para que concatenados entre si hubiese la certeza de la participación de los imputados en la comisión del delito de asociación ilícita. Esta defensa considera que con la declaración de estos dos testigos de cargo no se acredito la pertenencia v la permanencia en este o cualquier otro grupo delictivo para que fueran condenados por el delito de Asociación Ilícita. Tampoco se investigó de manera formal por parte del Ministerio Público que la información expresada por los testigos de cargo EDWIN ROBERTO BAQUEDANO PEREZ Y PEDRO ANTONIO PADILLA QUIROZ como ser la de integrar o ser miembro mis defendidos a la organización criminal de los Hermanos Ford Tinoco con otros medios de prueba confiables para poder probar la comisión de este delito. La defensa del señor JAIRO FARIT BRITO VALLECILLO considera que con la prueba evacuada en juicio por parte del Ministerio Público fue insuficiente para sustentar la acusación por dicho delito de ASOCIACION ILICITA. Los artículos 31 y 32 del Código Penal obliga a individualizar la acción para determinar quien toma parte directa en la ejecución del hecho, así las cosas, el hecho probado resulta en una violación de los artículos 31 y 32 del Código APLICACIÓN PRETENDIDA La comisión del delito de Asociación Ilícita requiere que el agente ejecute la acción de asociarse, agruparse para cometer actos constitutivos de delito, sin la concurrencia de los elementos contenidos en el artículo 332 del Código Penal no se puede configurar en dicho delito; solo cuando se pruebe que una persona realizo esta acción se le podrá condenar por ese delito. La aplicación pretendida es que solo puede considerarse autor a los ciudadanos que realizan las conductas descritas en el artículo 332 del Código Penal, de manera que al contener esta sentencia una forma de autoría no contemplada en nuestro código penal, mis defendidos deben ser absueltos. Un problema que advierto en la construcción de la sentencia es que se hacen razonamientos divorciados separando el análisis del tipo penal y el análisis de la autoría, sin embargo, la unidad procesal implica que la autoría debe relacionarse con el tipo penal, la parte general del Código Penal es insumo básico para aplicar la parte especial, pues se debe declarar la autoría de un tipo penal, al hacerlo por separado es evidente que la desconexión provoca el error. Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya realizado para subsanar el vicio procesal, se señala que el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso. El perjuicio que causa la sentencia recurrida, en el sentido que de haber aplicado incorrectamente los artículos 31, 32 del Código Penal y 332 del Código Penal, es evidente que el fallo debió ser absolutorio. Honorable corte suprema de justicia, así como considero mi obligación recurrir esta sentencia por considerar que no está apegada a derecho, respetuosamente sugiero la lectura reflexiva de la misma porque no se debe permitir la firmeza de una sentencia que contiene una infracción de ley Sustantiva. Dicho motivo de casación le provoca agravio directo a mis representados, que se materializa por la pena y la multa impuesta, condenándolos sin haberse probado que cometió el delito por el que se le condeno, la lesión se produce en la sentencia definitiva, por lo que es procedente el presente recurso. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción del artículo 332, por aplicación indebida. Continúa Manifestando el recurrente el en su recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: "No haber observado el Sentenciador, en La valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 202, en relación con los artículos 336 y 338 regla 4 numeral 2, 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Precepto penal que sirve de sustento procedimental a esta impetración prescribe: Articulo 202: Las pruebas serán valoradas conforme a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal. Previo a explicar nuestro motivo, conviene aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de prueba conforme a las reglas de la sana critica así: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el Código Procesal Penal, es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A-quo. Debe de mantener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro factico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido es decir el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la aplicación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En ese apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además porque un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Respetando como estamos obligados, lo hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia, entendemos que estos son para el Tribunal, el producto de la apreciación de la prueba ejecutada en juicio por efecto de la inmediación y que esta descripción fáctica es la que el tribunal debe usar, para realizar la actividad de sub junción y en la parte resolutiva disponer la ley aplicable, describir la conducta de un imputado y fallar aplicando la ley sustantiva penal en la que se subsume esta conducta. El Tribunal de Sentencia, declaro como hechos probados los siguientes: PRIMERO: Durante los meses de enero a agosto del año 2016, los señores JAIRO FARITT BRITO VALLECILLO Y MARIO ARNULFO EUCEDA GUARDADO, en contubernio con otras personas, clandestinamente obtuvieron información contenida en tarjetas de crédito de diferentes clientes de la institución financiera BAC CRDOMATIC, procediendo hacer duplicaciones falsas de esas tarjetas de crédito, para realizar transacciones en diferentes establecimientos comerciales en provecho propio. El señor JAIRO FARITT BRITO VALLECILLO realizo personalmente las siguientes transacciones: compra en establecimiento comercial Castillos Autoservicios, en fecha 21 de marzo de 2016, con tarjeta duplicada terminación numérica 7541 por la cantidad de L. 3.055.78; compra en establecimiento comercial Triple A, en fecha 21 de marzo de 2016 con una tarjeta duplicada terminación 7541; compra en el establecimiento comercial TRACOMA, en fecha 26 de abril de 2016, con una tarjeta duplicada número 3777742695114852 por la cantidad de L. 17,836.11; compra en establecimiento comercial AUREMO, en fecha 21 de marzo de 2016, con una tarjeta duplicada terminación numérica 7541 por la cantidad de L. 24,739.14; Total 45, 631.03 El señor MARIO ARNULFO EUCEDA GUARDADO realizo las siguientes transacciones: compra en el establecimiento comercial AGROPEC, en fecha 2 de marzo de 2016, con una tarjeta duplicada número 377742695032047 por la cantidad de 44,000.00; compra en el establecimiento comercial La Casa del Soldador, en fecha 29 de junio de 2016, con una tarjeta duplicada número 4551478622062795 por la cantidad de L. 46,162.84. Total: 90,162.84 Causando entre ambos un perjuicio a BAC HONDURAS en una cantidad de 135,793.87. SEGUNDO: Los señores JAIRO FARITT BRITO VALLECILLO y MARIO ARNULFO EUCEDA GUARDADO, cometieron los hechos siendo parte de un plan preconcebido e integrando una estructura organizada de manera permanente, con distribución de roles funcionales, todos tendientes a causar un perjuicio económico a la institución bancaria y en provecho propio de la organización y consecuentemente para cada uno de ellos. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: Testifical: Declaración del testigo EDWIN ROBERTO BAQUEDANO PEREZ: estableció que era agente asignado a la unidad de Delitos Financieros. En este caso se le asigno la investigación de la clonación de tarjeta de la institución bancaria BAC- CREDOMATIC. Logró identificar a los acusados como parte de las personas que realizaban la clonación de las tarjetas de BAC. Los acusados pertenecen a la banda criminal de la familia FORD TINOCO que se dedican a este ilícito. La detención de los señores Jairo Faritt Brito y Mario Euceda la realizo el 1 de agosto de 2017 frente a la casa de la familia FORD TINOCO. En el interrogatorio de las partes manifestó: Los acusados fueron reconocidos por las personas de los diferentes comercios, hicieron el reconocimiento mediante álbum fotográfico. Los acusados fueron ubicados por las compras que realizaban. El realizo varias diligencias de investigación. En total de compras los acusados llevaban más de un millón de lempiras consumidos. Desconoce cuántas tarjetas fueron las clonadas. Aseguro que los acusados clonaban tarjetas de acuerdo a las denuncias que recibieron. Realizó varias diligencias en los lugares o comercios donde se efectuaron las compras atípicas. No podía establecer las fechas porque era difícil de acordarse de las mismas. No recordaba quienes identificaron a Jairo y Mario, pero que si estaba seguro que fue en varios negocios donde se les reconoció. No tuvo a la vista tarjeta alguna con nombre de los acusados. 1.Declaración del testigo PEDRO ANTONIO PADILLA QUIROZ, expreso: Labora para la empresa BAC a la cual representa. En febrero de 2015 se detuvieron a dos personas Christian y Henry Ford Tinoco, creyeron que eran los únicos. Luego se incrementó la clonación de tarjetas como a finales del 2015, ahora con más personas integradas a ese grupo entre ellos los ahora acusados. Los ahora acusados realizaban compras grandes de objetos fáciles de vender. Se revisaron videos en los distintos comercios y se logró identificar a los acusados Jairo Farit y Mario Arnulfo como parte de las personas que hacían las compras indebidas. Los acusados fueron detenidos por la policía frente a la casa de los hermanos Ford Tinoco quienes son reconocidos como una banda de cloradores de tarjetas de crédito. En el interrogatorio de las partes señalo: Que trabaja en investigaciones externas de BAC. Al recibir las denuncias de los tarjetahabientes, visito gasolineras, supermercados, ferreterías entre otros en algunos negocios les daban las descripciones o imágenes y en esas imágenes identifico a los acusados. Podía recordar que en la empresa El Gallo más Gallo de Villanueva se identificó a JAIRO BRITO. Los hermanos Ford Tinoco empezaron a realizar las clonaciones luego hay varios entre ellos los acusados. Lo defraudado es de más de un millón de lempiras. No sabe el número de personas que realizaron los reclamos. No puede establecer cuantas tarjetas fueron clonadas, ni identificar el número de clientes. A los acusados no se les encontró aparato de clonación. Documental: 1. Certificación integra de asiento de la sociedad mercantil BAC CREDOMATIC (Poder para Pleitos) Instrumento Número Trescientos ocho (308) de fecha 04 de septiembre del 2008, en la que aparece el señor Jacobo Nicolás Átala Zablah representante legal de Banco América Central Honduras S. A (BAC BAMER) confiriendo poder para pleitos al Abogado Nelson Izaguirre Rivera y demostrar la personería jurídica de la institución BAC CREDOMATIC. 2. Informe Investigativo y Financiero de Bac Credomatic de fecha 12 de octubre del año dos mil dieciséis (2016) realizado por el perito mercantil Héctor Arturo Mejia Sagastume, en el que se describe las gestiones de reclamo de varios tarjetahabientes del Banco de América Central Honduras S.A (BAC) durante los periodos comprendido entre el mes de enero al mes de agosto del año 2016. En el que establece que el valor defraudado asciende a la cantidad de Un Millón Ochenta y un Mil Trecientos Setenta y Un Lempiras con 20 centavos. Apareciendo dentro de dicho informe de manera descrita las diferentes tarjetas de crédito que fueron utilizadas indebidamente, adjuntándose en el mismo varios baucher de compra realizadas por los acusados y sus fotografías donde efectivamente aparecen los señores JAIRO FARIT BRITO VALLECILLO Y MARIO ARNULFO EUCEDA GUARDADO en establecimientos comerciales donde realizaron las compras utilizando tarjetas clonadas de tarjetahabientes legítimos, cuyo valor que los mismos efectuaron comprende la cantidad de L. 135,793.87. (ciento treinta y cinco mil setecientos noventa y tres lempiras con noventa y siete centavos). Prueba de la Defensa: 1.- Dos Actas de Registro Personal ambas actas de fecha 31 de agosto del año 2017 en las que se establece el Registro Personal de los acusados Jairo Farit Brito Vallecillo y Mario Arnulfo Euceda Guardado, estableciéndose en las mismas; no encontrándoseles nada de evidencia. Argumentos que esta defensa no comparte en virtud que no es prueba suficiente para tener por acreditado la participación de mis defendidos en la comisión del delito ya que tenía que haber sido corroborado por otros medios de prueba más convincentes y que no fueron de ninguna manera propuestos ni evacuados en la vista pública. En el curso del debate no se probó la pretensión de la acusación por el delito de ASOCIACION ILICITA ya que la prueba aportada no es suficiente para establecer los requisitos de pertenencia y permanencia que configuren la conducta prohibida. Si bien de las declaraciones de los testigos de cargo EDWIN ROBERTO BAQUEDANO PEREZ declaro: Que los acusados pertenecen a la banda criminal de la familia FORD TINOCO que se dedican a este ilícito. La detención de los señores Jairo Brito y Mario Euceda la realizo el 1 de agosto de 2017 frente a la casa de la familia FORD TINOCO. El Testigo PEDRO ANTONIO PADILLA QUIROZ entre otras cosas expreso: En febrero de 2015 se detuvieron a dos personas Christian y Henry Ford Tinoco, creyeron que eran los únicos luego se incrementó la clonación de tarjetas como a finales del 2015, ahora con más personas integradas a ese grupo entre ellos los ahora acusados. Los acusados fueron detenidos por la policía frente a la casa de los hermanos Ford Tinoco quienes son reconocidos como una banda de cloradores de tarjetas de crédito. Al interrogatorio de las partes manifestó que a los acusados no se les encontró aparato de clonación. La simple declaración de dichos testigos de cargo no constituye prueba suficiente para tener por sentado que pertenecen a la banda de los hermanos Ford Tinoco. El Tribunal valora. prueba testifical de cargo poco confiable en virtud que no existen otros medios de prueba objetivamente confiables para que se dé la característica de concomitancia o simultaneidad por lo que resulta insuficiencia probatoria para vincular a los acusados sobre el hecho enjuiciado de Asociación Ilícita por lo que La pertenencia a una asociación Ilícita no puede ser acreditada con la declaración de estos dos testigos ya que no son peritos forenses o expertos en la investigación de este tipo de delito; ya que en ningún momento ni antes de la detención o posterior a ella se realizaron investigaciones para demostrar ante un tribunal que los imputados pertenezcan a la banda de los hermanos Ford Tinoco tal como lo da por probado el Tribunal sentenciador. Es una entidad delictiva compleja para cuya perfección se requiere de los elementos objetivos y subjetivos para poder configurar dicho delito. Los argumentos a los que el sentenciador llego para dar por acreditado dicho delito consideran esta defensa que es una clara inobservancia de la regla de la lógica en su postulado de derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia. En vista que, al valorar el contenido de la probanza, no le otorgo el mérito de lo realmente posee a los medios de prueba testifical, pues de otra manera hubiera adquirido la certeza, que el señor JAIRO FARIT BRITO VALLECILLO, no es responsable de la comisión del delito de ASOCIACION ILICITA de los cuales venía siendo acusado por el Ministerio Público, y en consecuencia dictar un fallo absolutorio por dicho delito. La defensa considera que el Tribunal no valoro la prueba presentada y evacuada en el juicio conforme a las reglas de la sana critica de forma armónica y conjunta, conforme regla cuarta numeral 2 del artículo 338 del Código Procesal Penal. En la sentencia recurrida el Tribunal no le da valor a prueba de descargo, como ser las dos actas de registro personal de los acusados Jairo Farith Brito Vallecillo y otro imputado en las cuales se establece como resultado que a mi defendido No se le encontró nada de evidencia. No expone en la sentencia, en el apartado de la Valoración conjunta de la prueba, porque no les da ningún valor a dichos medios de prueba o porque les resta valor probatorio; ya que en ninguna parte de dicha valoración hace mención de las mismas. No se pronunció al respecto: pero si le da valor a la prueba de cargo como ser el testigo EDWIN ROBERTO BAQUEDANO PEREZ Y PEDRO ANTONIO PADILLA que no aportan elementos suficientes ni contundentes, mismos que debieron haber sido respaldados por otros medios de prueba confiables. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse el reclamo para la subsanación del mismo.” Continúa Manifestando el recurrente el en su recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. “SEGUNDO MOTIVO: "Que la sentencia contenga motivación fáctica y jurídica Insuficiente". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Es importante señalar, que la sentencia, para que se revista de validez, debe contener una adecuada y suficiente motivación, misma que es un producto intelectual de los juzgadores en el que se dan a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía Constitucional de fiscalización de la legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación los juzgadores acreditan que han estudiado el conflicto traído ante ellos, ponen de manifiesto cual ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con las normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. La motivación resulta adecuada cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber por qué el órgano sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, enterándose del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes, cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente.- Es tanta la importancia que tiene una debida motivación, que en el artículo 141 del Código Procesal Penal el legislador decidió sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, nulidad que puede ser decretada, entre otras circunstancias, como consecuencia de un recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales, así el artículo 362 del Código Procesal penal advierte como vicios, entre otros: que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias… (Sentencia SP 367-2010), A nuestro criterio, en el fallo bajo examen se comete el error de no informar correctamente a las partes sobre las dos actas de registro personal de fecha 31 de agosto del año 2017 en las cuales se establece El Registro Personal del acusado Jairo Farit Brito Vallecillo propuesta por la defensa, en las cuales se acredita que no se le encontró ninguna evidencia vinculante al delito, pues el A-quo no se pronuncia sobre este medio de prueba en el apartado de la Valoración de la prueba no expone porque motivos no le da ningún valor probatorio; tanto así que hace caso omiso de los mismos como si no se hubiesen propuesto y evacuados en el juicio oral. Evita abordarlo, sin confrontarlo con el resto del acervo probatorio evacuado en la vista Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo; Son ejemplos de éste vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, lo cual conducirá a un nuevo debate con jueces distintos.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2.Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3.Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5.La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7.Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto POR LA defensa privada. Único Motivo. • Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 332 del Código Penal, 31 y 32 del Código Penal decreto legislativo 144-83; • Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del artículo que contienen el tipo penal de Asociación Ilícita; • Pretensión: Que se declare con lugar el recurso. Denuncia el recurrente que, que conforme los hechos declarados probados de la sentencia, los juzgadores aplican de forma indebida el precepto penal establecido en el artículo 332 del Código Penal, ya que el cuadro fáctico, no se subsume en el tipo penal de Asociación Ilícita por el cual fue condenado su representado; así mismo que no se describe una acción que se subsuma en los presupuestos contenidos en los artículos 31 y 32 del Código Penal, que se refieren a la autoría, que los hechos probados no describen ninguna acción o conducta, que pruebe que ha estado asociado con algún grupo para cometer actos constitutivos de delito. De los Hechos Probados de la sentencia. Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera, esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que en el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no, constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 3. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 3. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. El recurso no es de recibo. Debe tener presente el recurrente, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba; se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Tomando en cuenta lo anterior, la Sala de lo Penal ha realizado un análisis de juricidad del cuadro fáctico de la sentencia recurrida, confrontándolo con la norma penal sustantiva aplicada por el tribunal a quo y del cual el recurrente denuncia su aplicación indebida, y aprecia que el precepto penal aplicado por el tribunal de instancia (artículo 332 del Código Penal 144-83) en este caso si regula o contiene los hechos que fueron declarados probados y por tanto dicho artículo y hechos declarados probados por el tribunal de instancia se corresponden en forma congruente. El recurrente en la exposición de su recurso establece que, en la relación de hechos probados el a quo no describe cuales son las acciones o conducta del acusado que pruebe que este asociado con algún grupo para cometer actos constitutivos de delito, y que se dictó sentencia condenatoria a dos ciudadanos a quienes no se les probo que hayan ejecutado una conducta tipificada en nuestra ley penal como delito de Asociación Ilícita; olvidando que mediante este recurso no pueden intentar que dichos hechos probados sean modificados a partir de una revalorización de los medios de prueba. Aun y cuando, el recurrente ha sostenido que el hecho probado no circunscribe que los imputados pertenezcan a alguna asociación ilícita, menos su permanencia en ella, sin embargo, de la simple lectura del cuadro fáctico refleja que: “Primero: Durante los meses de enero a agosto del año 2016, los señores Jairo Faritt Brito Vallecillo y Mario Arnulfo Euceda Guardado, en contubernio con otras personas, clandestinamente obtuvieron información contenida en tarjetas de crédito de diferentes clientes de la institución financiera Bac Credomatic, procediendo hacer duplicaciones falsas de esas tarjetas de crédito, para realizar transacciones en diferentes establecimientos comerciales en provecho propio. El señor Jairo Faritt Brito Vallecillo realizó personalmente las siguientes transacciones: compra en establecimiento comercial Castillos Autoservicios, en fecha 21 de marzo de 2016, con tarjeta duplicada terminación numérica 7541 por la cantidad de L 3,055.78; compra en establecimiento comercial Triple A, en fecha 21 de marzo 2016, con una tarjeta duplicada terminación 7541; compra en el establecimiento comercial TRACOMA, en fecha 26 de abril del 2016 con una tarjeta duplicada número 3777742695114852 por la cantidad de L 17,836.11; compra en establecimiento comercial Auremo, en fecha 21 de marzo 2016 con una tarjeta duplicada terminación numérica 7541 por la cantidad de L 24,739.14; Total L 45,631.03 El señor Mario Arnulfo Euceda Guardado realizó las siguientes transacciones: compra en el establecimiento comercial Agropec, en fecha 2 de marzo de 2016, con una tarjeta duplicada número 377742695032047 por la cantidad de L 44,000.00compra en el establecimiento comercial La Casa del Soldador, en fecha 29 de junio de 2016, con una tarjeta duplicada número 4551478622062795 por la cantidad de L 46,162.84. Total: L 90,162.84 Causando entre ambos un perjuicio a BAC HONDURAS en una cantidad de L 135,793.87. Segundo: Los señores Jairo Faritt Brito Vallecillo Y Mario Arnulfo Euceda Guardado, cometieron los hechos siendo parte de un plan preconcebido e integrando una estructura organizada de manera permanente, con distribución de roles funcionales, todos tendientes a causar un perjuicio económico a la institución bancaria y en provecho propio de la organización y consecuentemente para cada uno de ellos.” El hecho probado describe con claridad los requisitos de tipicidad, así como sus elementos esenciales de permanencia a una organización con la finalidad de cometer acciones contrarias a la ley. Resuelve esta Sala de lo Penal que los hechos declarados probados se ajusta de manera perfecta al ámbito situacional del supuesto que describe el tipo penal de Asociación Ilícita, al confrontar los hechos declarados probados en la sentencia ahora impugnada, con la norma penal contenida en el artículo 332 del Código Penal 144-83, se llega a la conclusión de que no existe vicio in iudicando, pues los juzgadores han hecho una elección correcta de la norma penal que gobierna el caso concreto resuelto. Por lo tanto, no procede el motivo de infracción de ley invocado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. • Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Norma adjetiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica; • Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia; • Pretensión: Se declare procedente el motivo de casación, anulando el fallo recurrido. El recurrente señala que el juzgador ha violentado la regla de la lógica en su postulado de derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, transcribe los hechos declarados probados, reproduce la prueba evacuada en el juicio, realizando su propia valoración de la prueba; sin probar que las conclusiones del a quo no encuentran correspondencia con los medios de prueba por una indebida inferencia, que las conclusiones no son producto derivado de un medio de prueba, que las conclusiones no han sido construidas con base en medios de pruebas inexistentes o que la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Debida Técnica Recursiva Es claro para esta Sala de lo Penal que el Censor no se ocupó, previo a la confección de su recurso, de hacer el estudio de la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento, por lo que es oportuno hacer una breve relación de ello. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Pretensor cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i).- La expresión de la voluntad de impugnar; y ii).- La Fundamentación de la impugnación; Añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición.- Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone.- Además el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio:1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el/la Censor/a deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamento y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el/la Censor/a deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el/la Censor/a deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-Quo.- La identificación del motivo de casación lleva el/la Censor/a a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i).- Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii). -Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii). - Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el/la Censor/a señala: i).- El tipo de Recurso de Casación (Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma o Infracción de Precepto Constitucional); ii).- La norma autorizante que no solo identifica el recurso, sino el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; iii).- Concepto de la Infracción, el cual debe de ser planteando no solo individualizando el motivo del recurso, el que debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido, sino que además personalizando el motivo en relación al caso concreto; iv).- Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; v).- Reclamación Ex Ante: Que implica señalar que peticiones (incluyendo recursos), fueron planteados por el Recurrente previo al recurso de casación para sanear el vicio, o en su caso, la imposibilidad legal para hacerlo; vi).- Aplicación Pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el/la Censor/a su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado.- La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El/la Censor/a, aun cuando allá identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no vera prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir como considera el/la Censor/a que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán de ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”.Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del Recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del Recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el/la Censor/a, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la procedencia del recurso. el primer motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. El recurrente expone una reflexión que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que define el recurrente como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el recurso planteado es desestimado. Recurso de Casación por quebrantamiento de forma. Interpuesto POR LA defensa privada. Segundo Motivo. •Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 141 del Código Procesal Penal; • Concepto de la Infracción: Que la sentencia contenga motivación fáctica y Jurídica suficiente; • Pretensión: Que se declare con lugar el recurso. Arguye el recurrente que el sentenciador omitió señalar el por qué considera que se presentan los elementos del tipo penal de los delitos por los cuales fue condenado su representado, pues no señaló sus motivaciones jurídicas relacionadas ya que son insuficientes. De la motivación. En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el instrumento jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (la motivación legítima está asociado con el motivo de casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1.Carencia de motivación fáctica o jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación fáctica o jurídica insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (artículo 2-D del Código Penal). De la procedencia del primer motivo. El segundo motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal pone de manifiesto la trascendencia de la suficiencia de la motivación al constituir la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de racionalización de la función judicial. La motivación es justificación, exposición de las razones que el órgano judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución de la República, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos círculos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 10 de junio de 2010, recaída en el expediente SP 259-2008). En el caso actual y concreto, no tiene razón el recurrente, pues el Tribunal de Sentencia ha elaborado una motivación jurídica suficiente que permite conocer el proceso racional y analítico del que hizo mano para concluir en el veredicto de condena. Basta remitirse a los acápites segundo y tercero de la fundamentación jurídica de la sentencia, para comprobar que el sentenciador ha expresado motivadamente las razones jurídicas que lo llevaron a concluir la condena de los acusados, coligiendo la existencia del concurso previo derivado en la comisión de los delitos, para sostener el juicio de culpabilidad. Debe saber el censor del fallo que el deber de motivación de las resoluciones judiciales no autoriza exigir un razonamiento jurídico exhaustivo pormenorizado de todos los aspectos y perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que se decide, sino que debe considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles hayan sido los criterios fácticos jurídicos fundamentadores de la decisión, es decir la “ratio decidendi” que ha determinado aquella. En definitiva, se concluye por esta superioridad, que el sentenciador sí ha hecho una motivación jurídica suficiente para conocer el proceso lógico que lo ha conducido al estado intelectivo de inocencia. Por todo lo anteriormente expuesto, el tercer motivo decae y no es de recibo. Decisión: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Héctor Samuel Madrid Sabillón, en su condición de defensor privado de Jairo Farit Brito Vallecillo. Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Héctor Samuel Madrid Sabillón, en su condición de defensor privado de Jairo Farit Brito Vallecillo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena.B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130 - 2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144 - 83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un Delito Continuado la revisión/ponderación debe de hacerse en relación a la pena agravada y no respecto a las penas por cada delito; (Art. 617).- Al apreciarse un concurso continuado (Art. 68 en relación con el párrafo 6 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: i.- Ponderación de la norma más favorable se realizará de manera global: comparación de la pena impuesta conforme al delito continuado según las reglas del CP-144 - 83 con la pena que correspondería conforme las reglas del mismo concurso conforme el CP- 130-2017.- Es contra legem hacer una comparación individual de las penas que conforman el delito continuado; o ii.- Cuando una de las penas corresponda a un delito despenalizado, se deberá primero hacer el nuevo cálculo de la pena agravada del CP-144-8 y luego hacer la comparación global con el CP-130-2017.- Si con el delito despenalizado desapareciere el concurso ideal, la comparación se deberá de realizar conforme las reglas de las penas no concursadas.- Es aplicable en la ponderación de penas impuestas al delito continuado la observancia de los límites de cumplimiento de pena conforme las reglas del concurso real.- Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i.- Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii.- Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii.- Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años.- Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observaran cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario Fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del señor Jairo Farit Brito Vallecillo, el cual expuso su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; No fue presentado ante la única instancia escrito por parte del Ministerio Público, que expusieran cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, conforme al Código Penal 144-83, se impuso al señor Jairo Farit Brito Vallecillo, las siguientes sanciones: 1- Utilización Indebida de Sistema de Procesamiento de Datos en perjuicio de Bac Honduras, a la pena de seis años de reclusión como pena principal; y una multa de ciento treinta y cinco mil setecientos noventa y tres lempiras con ochenta y siete centavos, la que deberá enterar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República de Honduras. 2- Asociación Ilícita en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de veinte años de reclusión como pena principal, y una multa de cien mil lempiras. Más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil. No condenó en costas. En total: 26 años de reclusión. Conforme la nueva legislación penal decreto 130-2017, la conducta reprochada al acusado Jairo Farit Brito Vallecillo, según los hechos declarados probados constituye los siguientes delitos y sanciones. 1. Artículo: art. 463 en relación al art.447 y art. 468. Delito: Falsificación de Tarjetas Bancarias y Cheques de Viaje. Perjudicado: La Fe Pública. Pena: 6 a 10 años de prisión multa por una cantidad igual o hasta 10 veces el valor aparente de la moneda. Aumentado en 1/3, quedando un margen abstracto de 8 a 10 años de prisión. multa por una cantidad de 03 o hasta 10 veces el valor aparente de la moneda, más las penas accesorias correspondientes. 2. Artículo: 554. Delito: Asociación para delinquir (integrante). Perjudicado: Otros Derechos Fundamentales. Pena: 6 a 10 años de prisión, más multa de cien a quinientos días, más las penas accesorias correspondientes. En este sentido, para efecto de determinar pena concreta conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, se observa que los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, y ante la ausencia de información de las circunstancias personales del condenado y atendiendo la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en su límite mínimo. El acusado Jairo Farit Brito Vallecillo, hondureño, mayor de edad, de 38 años de edad, técnico en celulares, unión libre; datos personales que motivan la imposición de las penas siguientes: Por el delito de Asociación para Delinquir: prisión de 06 años y 100 días multa, a razón de L. 20.00 por cada día, dando un total de L. 2,000.00; y por el delito de Falsificación de Tarjetas Bancarias y Cheques de Viaje, prisión de 08 años y multa por una cantidad de 03 veces el valor aparente de la moneda. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Héctor Samuel Madrid Sabillón, en su condición de defensor privado del señor Jairo Farit Brito Vallecillo; Segundo: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortes; Tercero: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al ahora condenado Jairo Farit Brito Vallecillo, en consecuencia, y en relación a ellos, se reforma parcialmente la parte resolutiva de la sentencia de fecha siete de octubre del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en los siguientes términos: 1) Que debemos condenar y condenamos al acusado Jairo Farit Brito Vallecillo, de generales conocidas en el acumulado judicial, como autor penalmente responsable de los delitos de: i. Asociación para Delinquir a cumplir las penas principales de seis años de prisión, multa de 100 días a razón de L. 20.00 por cada día, dando un total de L. 2,000.00; ii. por el delito de Falsificación de Tarjetas Bancarias y Cheques de Viaje, ocho años de prisión, multa por una cantidad de 03 veces el valor aparente de la moneda. 2) Que debemos condenar y condenamos al acusado Jairo Farit Brito Vallecillo, El cumplimiento de las penas principales deberá ajustarse a las siguientes reglas: a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir del tiempo en que el reo Jairo Farit Brito Vallecillo, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; c.- El lugar de cumplimiento de las penas de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. 3) Se condena al acusado Jairo Farit Brito Vallecillo a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. Así como también a trabajar por el tiempo de la condena de prisión en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, en donde se encuentren internados, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. Cuarto: Ante lo dispuesto en apartado anterior, Declara Firme y Ejecutable los pronunciamientos primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo y decimo primero de la parte resolutiva de la sentencia. Y MANDA: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese.”. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Lety Esmelda Posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de marzo del año de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP 128-2021.
LETY ESMELDA POSADAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL