Sentencia CP-119-20 — Registro 19329
Resumen
En primera instancia el Tribunal de sentencia condenó al acusado como autor responsable penalmente de un delito consumado de Homicidio Simple, resolviendo La Sala de lo Penal Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Debido al motivo invocado por el recurrente, resulta necesario analizar los hechos probados y determinar si fueron conformados o no con claridad y precisión; el Sentenciador afirmó en su fundamentación fáctica: “UNICO: En fecha siete (7) de Septiembre del año dos mil catorce (2014) el señor Josué Nahún Lopez Martínez, asistió a un partido de futbol en el campo de La Aldea de San Rafael, La Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el Señor Josué Nahún Lopez Martínez, encontrándose allí su cuñado Natanael Lopez Vasquez y un primo llamado Israel Vasquez Martínez, cuando Natanael Lopez Vasquez decide irse para su casa, le dice a Josué Nahún Lopez Martínez que se fueran del lugar, sin embargo Josué Nahún decide quedarse, resultando como a eso de las cuatro y media de la tarde que Natanael Lopez Vasquez ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a Josué Nahún Lopez Martínez, por lo que de inmediato salió la esposa de Natanael y encontró a Wilmer Augusto Méndez Padilla apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores Natanael Lopez se encontró con Wilmer Augusto Méndez Padilla el cual estaba armado y también lo amenazo.” Al hacer una revisión de los hechos que ha declarado como probados el A-quo, se puede confirmar la denuncia del recurrente, ya que los mismos están llenos de confusión al no relatar de manera coherente y ordenada la cronología de los hechos, pues lejos de confirmar cómo sucedieron los sucesos, lo que hace en el lector es confundir acerca de lo que realmente sucedió; es más, los hechos probados no establecen como verdad incuestionable que el ahora ofendido Jose Nahún López Martínez haya perdido la vida a manos del señor Méndez Padilla, solo establece que el imputado lo apuñaleaba, pero no confirman esos hechos cual fue el desenlace en relación a si la víctima, perdió o no la vida. Todas esas circunstancias no permiten establecer de manera certera y sin vacilación alguna, cuales fueron los hechos sometidos a juzgamiento y por los cuales se dictó sentencia condenatoria contra el imputado Wilmer Augusto Méndez Padilla, confirmando por tanto que al recurrente le asiste la razón al afirmar que los hechos probados de la sentencia que hoy se recurre son faltos de claridad y precisión, y que al constituirse los hechos probados en el cimiente de la Sentencia penal, cuyo valor y conformación es de trascendencia, procede declarar ha lugar el presente motivo de casación, anular el fallo recurrido y ordenar la celebración de un nuevo juicio con togados distintos a los que participaron. Esa Sala de lo Penal no procede a dar respuesta al segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la defensa privada del acusado, toda vez que ha prosperado el primer motivo con las consecuencias legales correspondientes. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-119-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 119-2020 por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero: Absolvió a Wilmer Augusto Méndez Padilla por el delito de Asesinato en perjuicio de Josué Nahún Lopez Martínez. Segundo: Condenó a Wilmer Augusto Méndez Padilla, como autor responsable penalmente de un delito consumado de Homicidio Simple en perjuicio de Josué Nahún Lopez Martínez, a la pena quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Además, el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure las mismas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley de Rehabilitación del Delincuente. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del condenado Wilmer Augusto Méndez Padilla. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Quinto: No declaró comiso de objeto alguno. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado de Wilmer Augusto Méndez Padilla parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: En fecha siete (7) de Septiembre del año dos mil catorce (2014) el Señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, asistió a un partido de futbol en el campo de La Aldea de San Rafael, La Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el Señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, encontrándose allí su cuñado NATANAEL LOPEZ VASQUEZ y un primo llamado ISRAEL VASQUEZ MARTINEZ, cuando NATANAEL LOPEZ VASQUEZ decide irse para su casa, le dice a JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ que se fueran del lugar, sin embargo JOSUE NAHUN decide quedarse, resultando como a eso de las cautro y media de la tarde que NATANAEL LOPEZ VASQUEZ ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, por lo que de inmediato salió la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores NATANAEL LOPEZ se encontró con WILMER AGUSTO MENDEZ PADILLA el cual estaba armado y también lo amenazo.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos El recurrente abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado de Wilmer Augusto Méndez Padilla, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: "Infracción del precepto constitucional comprendido en el artículo 89, que literalmente establece: "TODA PERSONA ES INOCENTE MIENTRAS NO SE HAYA DECLARADO SU RESPONSABILIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE"" PRECEPTO AUTORIZANTE: "El presente motivo de casación se encuentra comprendido el artículo 361 del CPP." EXPLICACION DEL MOTIVO: El motivo por infracción de Precepto Constitucional, que proclamamos es el contentivo a LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, el cual lo relacionamos con el artículo 2 del Código Procesal Penal y 89 del propio Texto Constitucional. Según los hechos probados por el Tribunal los cuales no son claros y solo son una transcripción a medios de pruebas evacuados se violenta el estado de inocencia de WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA ya que es claro que no existe prueba evacuada en juicio que hagan verosímil esos enunciados; en consecuencia se contradicen con la multitud de extremos fundamentales en relación con su versión de los hechos ya que no se encuentran corroboradas por ningún medio probatorio o indiciario, por lo que, de la prueba practicada no existe base razonable para dictarse un pronunciamiento de culpabilidad, conculcándose el principio de presunción de inocencia. Nótese que El tribunal da como hecho probado que en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil catorce (2014) el señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ asistió a un partido de futbol en el campo de la aldea de San Rafael, la Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, encontrándose ahí su cuñado NATANAEL LOPEZ VASQUEZ y un primo llamado ISRAEL VASQUEZ MARTINEZ, cuando NATANAEL LOPEZ MARTINEZ decide irse para su casa, le dice a JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ que se fueran del lugar, sin embargo JOSUE NAHUN decide quedarse, resultando como a eso de las cuatro y media de la tarde que NATANAEL LOPEZ VASQUEZ ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, por lo que de inmediato salió la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores NATANAEL LOPEZ se encontró con WILMER AGUSTO MENDEZ PADILLA el cual estaba armado y también lo amenazo. Véase que esos hechos no son claros ni tienen armonía ya que al decir de inmediato sale la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola y en momentos posteriores NATANAEL LOPEZ se encontró a WILMER AGUSTO MENDEZ PADILLA el cual estaba armado y también lo amenazo. Nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas, en virtud de que el recurso de casación puede interponerse en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. Por ello a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que un Tribunal de Sentencia haya deducido de su contenido. Por tanto el acusado WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA, tiene abierta una vía que permite a la Sala de lo Penal hacer una la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no solo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba., y que el razonamiento de la convicción obedeció a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la Sala de lo Penal puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria, es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción, concentración y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo.” Continúa manifestando el Recurrente en su recurso de casación Por Quebrantamiento de Forma: “ CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Por falta de claridad y precisión en la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral uno del Artículo 362 del Código Procesal Penal. " EXPLICACION DEL MOTIVO: El fallo recurrido infringe lo dispuesto en el Artículo 338 sección cuarta, número uno del Código Procesal Penal, norma procesal esta que en la parte referida dispone lo siguiente: "Artículo 338.- REQUISITOS DE LA SENTENCIA. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter, predeterminen el fallo que haya de dictarse. 2)..." El juzgador declaró como hechos probados los siguientes: El tribunal da como hecho probado que en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil catorce (2014) el señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ asistió a un partido de futbol en el campo de la aldea de San Rafael, la Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el señor JOSE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, encontrándose ahí su cuñado NATANAEL LOPEZ VASQUEZ y un primo llamado ISRAEL VASQUEZ MARTINEZ, cuando NATANAEL LOPEZ MARTINEZ decide irse para su casa, le dice JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ que se fueran del lugar, sin embargo JOSE NAHUN decide quedarse, resultando como a eso de las cuatro y media de la tarde que NATANAEL LOPEZ VASQUEZ ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a JOSE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, por lo que de inmediato salio la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores NATANAEL LOPEZ se encontró con WILMER AGUSTO MENDEZ PADILLA el cual estaba armado y también lo amenazo. Estos hechos probados fueron calificados por el Juzgador como HOMICIDIO declarando responsable de los mismos a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA, sin embargo, al analizar tales hechos probados se evidencia el vicio denunciado ya que la descripción de los mismos no satisface los requisitos de claridad, precisión y coherencia impuestos por el Artículo 338, sección cuarta, número uno del Código Procesal Penal; ya que en los hechos probados por parte del tribunal no hay una concordancia de cómo sucedieron los hechos y quienes fueron las personas que participaron, ya que limita a referirnos NATANAEL LOPEZ VÁSQUEZ ya se encontraba en su casa cenando con su esposa quien es esta persona, como se acredita la misma), cuando llega un sobrino de ellos ( ignorando nuevamente quien es esta persona) y les dijo que un hombre estaba matando a JOSÉ NAHUN LOPEZ MARTÍNEZ, por lo que de inmediato salió la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola, no explica el tribunal a quien apuñaleaba, y que paso de esa acción para dar por acreditado la existencia de un delito. Conveniente es señalar que los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración delos medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate, los hechos podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado de este; es a partir de los hechos probados que los juzgadores deberán de determinar la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. El artículo 338 del código procesal penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Por lo que repetimos los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos). El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho al momento de parangonarlo con el precepto penal aplicado y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro. En la presente resolución era preciso dejar claramente definido en los hechos probados, que personas participaron, que acción realizaron y contra quien realizaron esa acción, es en este caso que la falta de claridad y precisión redunda en la conciliación que debe existir entre el hecho probado y el precepto penal aplicado.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por quebrantamiento de forma: “SEGUNDO MOTIVO: "No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica" PRECEPTO AUTORIZANTE: "El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP." Para los efectos del presente recurso de casación, se consideran violados el artículo 202 del Código Procesal Penal, que literalmente dice: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida"; así mismo el artículo 338, sección cuarta, numeral 2) que específicamente manda a los Tribunales a dictar las sentencias, justificando según las reglas de la sana critica el valor que le haya dado a las pruebas practicadas en juicio. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es oportuno tener en claro en qué consiste el sistema de valoración de la regla de la sana crítica.- Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada por el sentenciador al momento de emitir el fallo. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico, debe ser sustentado en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso como lo ha reconocido la Jurisprudencia Costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la Psicología y la lógica.- Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la Lógica, implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido.- La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficientes (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dicho lo anterior, la Defensa Privada acreditara de manera convincente que el Tribunal de Sentencias en abierta confrontación con las reglas de la sana critica, específicamente la regla de las máximas de la experiencia común ha soslayado ese límite que las mismas establecen por cuanto extrajo conclusiones que no le informan la prueba evacuada en la vista pública, que de haberlas razonado como se debe, esto es, en respeto absoluto de estas reglas, la conclusión hubiera sido de no culpabilidad, respetando el derecho de inocencia y como no sucedió en el caso de mérito, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba que incurrió el sentenciador de instancia: El juzgador declaró como hechos probados los siguientes: que en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil catorce (2014) el señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ asistió a un partido de futbol en el campo de la aldea de San Rafael, la Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el señor JOSE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, encontrándose ahí su cuñado NATANAEL LOPEZ VASQUEZ y un primo llamado ISRAEL VASQUEZ MARTINEZ, cuando NATANAEL LOPEZ MARTINEZ decide irse para su casa, le dice a JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ que se fueran del lugar, sin embargo JOSE NAHUN decide quedarse, resultando como a eso de las cuatro y media de la tarde que NATANAEL LOPEZ VASQUEZ ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a JOSE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, por lo que de inmediato salió la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores NATANAEL LOPEZ se encontró con WILMER AGUSTO MENDEZ PADILLA el cual estaba armado y también lo amenazo. Se evacuaron los siguientes medios de prueba: 1.- Testigo DILCIA MARIBEL LOPEZ MARTÍNEZ DECLARA: yo solo vengo a que cuando a él me fueron a hablar a la casa de un niño, yo fui de la casa a donde mi hermano donde lo estaban matando, yo salí a la carrera a ver a mi hermano cuando yo llego y mi hermano muerto lo veo a él, y me dijo yo le dijo déjalo no lo mates vos, y me dijo no a vos te voy a matar también. El hecho sucedió el 7 de septiembre este hecho del 2014, en la casa me encontraba cuando me fueron a hablar con solo mi marido y mis niños Walter Emilio, es sobrino hijo de una prima mía, cuatro años tenía solo me dijo que lo fuera a ver que estaban matando a Nahúm por eso salí, no allí no había nadie solo el hechor, ANGEL AUGUSTO MENDEZ PADILLA, dándole con un puñal en la barriga en todo esta le daba yo solo llegue allí cuando estaba muero, me lo entregaron, allí solo estaba la vaina del puñal lo recogí y se lo di a la policía era negra de un lado, a una muchacha policía. Dicha declaración no es sustentada con otros medios de prueba testifical y a la vez no es creíble ya que la testigo refiere que día 7 de septiembre fecha que acontecieron los hechos encontró una vaina dejada por el hechor la cual en el instante entrego a la policía, pero véase acta de decomiso de una vaina decomisada a la testigo fue en fecha 4 de noviembre del 2014 es decir casi dos meses despues de los hechos, así mismo las actas de levantamiento no ubican a la testigo ni mucho menos establecen quien sea el hechor. 2.- NATANAEL LOPEZ VÁSQUEZ DECLARA: el caso es el 7 de septiembre fue el hecho, ese día fue que se dio la jugada e pelota, yo me fui para mi casa JOSUÉ NAHUM se quedó en el campo, cuando yo llego a mi casa despues de estar en el campo yo le digo a él vámonos para mi casa, al momento le hablan a mi esposa de que JOSUÉ NAHUM estaba muerto, bueno salió mi esposa, yo me quede cenando a los 2 minutos que ella salió yo salí, solo estaba mi esposa y el muchacho muerto, yo pase porque ya en esos casos uno no puede hacer nada, pase para bajo estaba WILMER AUGUSTO MENDEZ él lo sabe me amenazo a muerte yo lo que hice fue irme, era un machete que estaba oxidado. Nótese que dicha declaración ni es clara ni establece una confiabilidad a los hechos supuestamente probados, dado que la misma se limita a establecer que no observo nada ya que se quedó comiendo 3.- CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION: Que pertenece a LOPEZ MARTÍNEZ JOSUÉ NAHUM fecha de defunción 07-09-2014. 4.- ACTA DE DECOMISO O SECUESTRO, realizada en fecha 4 de noviembre del año 2014, en el barrio San Antonio, La Paz, y estando presente la Señora DILCIA MARIBEL LOPEZ MARTÍNEZ, Identidad número 0301- 1984-02938, decomisando lo siguiente: (01) una vaina color negro, sin marca, Sucia, para portar arma blanca tipo cuchillo, en regular estado. FIRMA Y SELLOS. 5.- DICTAMEN DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER E INSPECCION EN EL LUGAR DE LOS HECHOS a los siete días del mes de septiembre del año 2014, en la Aldea San Rafael de La Paz, a las 8:50 de la noche. 6.- PRUEBA PERICIAL DEL DOCTOR JUAN LEONEL CRUZ MARTÍNEZ DICTAMEN DE EXHUMACION DEL CADAVER DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2018, DE JOSUE NAHUM LOPEZ, LESIONES ENCONTRADAS: Traumatismo en extremidades con fractura lineal por arma blanca, a nombre de JOSUE NAHUM LOPEZ MARTÍNEZ, nació 03-03-1994, murió 07-09-2014. 7.- ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER practicado en San Rafael La Paz, de fecha 7 de septiembre del año 2014, siendo las 20:55 horas del señor JOSUE NAUM LOPEZ MARTÍNEZ. OBSERVACIONES: ISRAEL VÁSQUEZ MARTÍNEZ persona que fue atacada por defender al occiso y fue trasladado al hospital Santa Teresa y lo referían a H. Escuela. PRUEBA DE LA DEFENSA TESTIGO: YUNY ELEAZAR RIVERA POSADAS DECLARA: Que aquí tienen un hombre inocente detenido, porque supuestamente el día de los hechos el hombre estaba conmigo. 1TESTIGO: CRUZ DANILO OROZCO, DECLARA: Nos venimos a pescar, me sorprende a mí porque yo sé que el andaba con nosotros WILMER AUGUSTO MENDEZ, en el rio andaba ese día despues de haber visto un partido de futbol nos venimos a pescar un rato a rio. Con dichos testimonios se acredita que WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA el día de los hechos no se encontraba en el lugar de los hechos aunque el tribunal quiera darle otro sentido. Si se analizan las mismas declaraciones en el presente juicio oral y público no son sustentadas con otros elementos probatorios que el Tribunal pierde su papel de Juez de garantías ya que solo se limita a transcribir una declaración por lo que es claro se viola los principios de la sana critica que exige que el juez motive y argumente sus decisiones, ya que los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. Por lo que al no haber cumplido ese papel y no estar acreditada la participación del imputado en los hechos el mismo tribunal debió haber dictado una sentencia absolutoria por los extremos antes expuestos. Por haberse producido los vicios en esta etapa de proceso se presente dicha recurso de casación para que una vez analizado se decrete la nulidad del mismo y se dicte la sentencia absolutoria correspondiente.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos en que se fundan (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo •Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. •Norma constitucional que se denuncia infringida: 89 de la Constitución de la República. •Concepto de la infracción: infracción al estado de inocencia •Pretensión: que se dicte una nueva sentencia que case el fallo recurrido. Explicó el recurrente que según los hechos probados no son claros ni terminantes, solo son una transcripción de medios de prueba, se violenta el Estado de Inocencia del imputado, ya que es claro que no existe prueba evacuada que haga verosímil los hechos acusados; pues con la prueba practicada no existe base razonable para dictarse un pronunciamiento de culpabilidad, conculcándose así su presunción de inocencia. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado/a a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; •Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; •Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); •Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y •Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al Tribunal de Sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana crítica; no puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Insuficiencia Probatoria como causa de la transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público. Entonces, en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el Tribunal de Sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarara la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el Tribunal de Sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. El recurrente debe plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para esta Sala de lo Penal resulta totalmente difícil dar respuesta a los planteamientos del censor, pues aunque ha denunciado violación al estado de inocencia de su representado, no ha sido capaz de determinar porqué considera que se ha conculcado, ya sea porque se dio alguna ilicitud de pruebas, o se incurrió en un indebido proceso probatorio, talvez porque el Sentenciador no motivó adecuadamente la prueba, o porque esos razonamientos probatorios no son correctos ni adecuados, o por último, porque la prueba evacuada no es suficiente para enervar su estado de inocencia. En el caso sometido a análisis el recurrente no ha sido muy certero en desarrollar su recurso, pues ha utilizado meros argumentos de instancia y ha relacionado fundamentos que no aplican en el caso concreto, como el establecer que los hechos probados no son claros ni terminantes, cuando eso compete a otra especie casacional. Ahora bien a pesar de los desaciertos del recurrente y conforme lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al artículo 8.2.h de la convención que refiere al derecho de las personas sometidas a un proceso penal de recurrir el fallo y aplicando la convencionalidad de la Corte IDH, procederá esta Sala de lo Penal a darle respuesta en un sentido general; por ejemplo se evacuaron suficientes pruebas como ser declaración testifical de Maribel López Martínez y Natanel López Vasquez, testimonios que fueron debidamente valorados; así mismo se contó con prueba documental como certificación de acta de defunción, acta de decomiso o secuestro, pruebas a las que el Sentenciador les otorgó valor probatorio y realizó un adecuado juicio de valor; también se desarrolló como prueba pericial el dictamen de levantamiento de cadáver y dictamen de exhumación, que igualmente fueron razonados correctamente por el Sentenciador. De todas estas pruebas el Sentenciador hizo una valoración individual y conjunta de la prueba, por lo que existe una adecuada apreciación, pero además la prueba es suficiente para enervar el Estado de Inocencia del acusado, por lo que este primer motivo debe ser desestimado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: •No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), •Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o •Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: •La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); •Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo •Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. •Norma procesal que se denuncia infringida: 338 del Código Procesal Penal •Concepto de la infracción: falta de claridad y precisión de los hechos probados. •Reclamación ex-ante: sin determinar por el censor •Pretensión: sin determinar por el recurrente. Explicó el recurrente que conforme a los hechos probados, los mismos fueron calificados como un delito de homicidio, pero al revisar la fundamentación fáctica los mismos no satisfacen los requisitos de claridad, precisión y coherencia impuestos por el articulo 388 de la ley procesal, pues no hay una concordancia de cómo sucedieron los hechos y quienes fueron las personas que participaron. De los Hechos Probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que fueron debatidos; es una realidad existente que ha sido reconstruida por el juzgador. Como lo señala Murena (Murena, Maximiliano, en “Acerca de la Motivación de los Hechos en la Sentencia Penal”, contenido en La Sentencia Penal, Madrid 1002, pág. 133): es “el intento de determinación de los hechos probados del pasado, a través del análisis de hechos probatorios del presente”. Los hechos probados es una descripción, donde lo Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Los hechos probados, junto con la motivación probatoria y la motivación jurídica integran la “jugement motive” (sentencia motivada), garantía ante el arbitrio judicial; motivar una sentencia no solo es una manifestación de respeto ante el poder delegado de juzgar sino un instrumento contra su abuso. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. En los hechos probados el Juzgador deberá de evitar plasmar resultados aislados de prueba, mucho menos sus valoraciones, pues esto le atañe al apartado de valoración de la prueba, así pues el relato fáctico debe de ser neutral, ajeno de valoraciones, debe de ser una verdad cuya justificación no está en si misma, sino en el apartado donde se valore la prueba (descriptiva e intelectivamente). La significancia de los hechos declarados probados tiene especial trascendencia no solo respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado sino que además como base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva; así entonces dentro de la Sentencia los hechos probados cumplen dos funciones: •Función descriptiva: Fijar cuales fueron las conclusiones fácticas arribadas por el tribunal producto de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica; Es la reconstrucción del hecho histórico objeto de debate, cuyo esclarecimiento fue el propósito de la actividad probatoria; •Función justificativa: Es a partir de los hechos probados que los/as Juzgadores/as determinan la norma sustantiva aplicable al caso.- Su contenido, tomado como una verdad absoluta, autoriza a los Juzgadores a aplicar las normas sustantivas, y en su caso, a imponer las consecuencias que éstas prevén a las personas responsables del delito. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: •Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y •Requisitos De Fondo: •Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); •Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); •Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009); y •La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores deben de ser capaz de suministrar un relato neutro, con la debida distancia respecto del derecho sustantivo de eventual aplicación, evitando caer en el riesgo fácil de producir un caso; por tanto no deben los juzgadores hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El Código Procesal Penal prevé como defecto por quebrantamiento de forma una indebida construcción del relato fáctico, aglutinando en el artículo 362.1 los diferentes motivos oponibles al referirse: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. Es importante resaltar que este primer numeral recoge únicamente los defectos que pueden plantearse como motivos exclusivamente de los hechos declarados probados. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118). De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Debido al motivo invocado por el recurrente, resulta necesario analizar los hechos probados y determinar si fueron conformados o no con claridad y precisión; el Sentenciador afirmó en su fundamentación fáctica: “UNICO: En fecha siete (7) de Septiembre del año dos mil catorce (2014) el señor Josué Nahún Lopez Martínez, asistió a un partido de futbol en el campo de La Aldea de San Rafael, La Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el Señor Josué Nahún Lopez Martínez, encontrándose allí su cuñado Natanael Lopez Vasquez y un primo llamado Israel Vasquez Martínez, cuando Natanael Lopez Vasquez decide irse para su casa, le dice a Josué Nahún Lopez Martínez que se fueran del lugar, sin embargo Josué Nahún decide quedarse, resultando como a eso de las cuatro y media de la tarde que Natanael Lopez Vasquez ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a Josué Nahún Lopez Martínez, por lo que de inmediato salió la esposa de Natanael y encontró a Wilmer Augusto Méndez Padilla apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores Natanael Lopez se encontró con Wilmer Augusto Méndez Padilla el cual estaba armado y también lo amenazo.” Al hacer una revisión de los hechos que ha declarado como probados el A-quo, se puede confirmar la denuncia del recurrente, ya que los mismos están llenos de confusión al no relatar de manera coherente y ordenada la cronología de los hechos, pues lejos de confirmar cómo sucedieron los sucesos, lo que hace en el lector es confundir acerca de lo que realmente sucedió; es más, los hechos probados no establecen como verdad incuestionable que el ahora ofendido Jose Nahún López Martínez haya perdido la vida a manos del señor Méndez Padilla, solo establece que el imputado lo apuñaleaba, pero no confirman esos hechos cual fue el desenlace en relación a si la víctima, perdió o no la vida. Todas esas circunstancias no permiten establecer de manera certera y sin vacilación alguna, cuales fueron los hechos sometidos a juzgamiento y por los cuales se dictó sentencia condenatoria contra el imputado Wilmer Augusto Méndez Padilla, confirmando por tanto que al recurrente le asiste la razón al afirmar que los hechos probados de la sentencia que hoy se recurre son faltos de claridad y precisión, y que al constituirse los hechos probados en el cimiente de la Sentencia penal, cuyo valor y conformación es de trascendencia, procede declarar ha lugar el presente motivo de casación, anular el fallo recurrido y ordenar la celebración de un nuevo juicio con togados distintos a los que participaron. Esa Sala de lo Penal no procede a dar respuesta al segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la defensa privada del acusado, toda vez que ha prosperado el primer motivo con las consecuencias legales correspondientes. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. Se declara ha lugar el primero motivo de casación por quebrantamiento de forma, interpuestos por la defensa privada del imputado. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo Garcia Murillo, en su condición de defensor privado del imputado Wilmer Ausgusto Méndez Martínez. Segundo: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus primer motivo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo Garcia Murillo, en su condición de defensor privado del imputado Wilmer Ausgusto Méndez Martínez, a quien se le condenó por el delito de Homicidio en perjuicio de Josué Nahún López Martínez. Tercero: En consecuencia: a) Casa la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. b) Declara la nulidad total de la audiencia de debate y de la sentencia de siete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. c) Que se repita el debate celebrado, ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal.”.Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiséis de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-119-2020.LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ.Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-119-2020, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Mario Rolando Diaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 119-2020 por infracción de precepto constitucional y por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero: Absolvió a Wilmer Augusto Méndez Padilla por el delito de Asesinato en perjuicio de Josué Nahún Lopez Martínez. Segundo: Condenó a Wilmer Augusto Méndez Padilla, como autor responsable penalmente de un delito consumado de Homicidio Simple en perjuicio de Josué Nahún Lopez Martínez, a la pena quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Además, el condenado está obligado a trabajar por el tiempo que dure las mismas en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley de Rehabilitación del Delincuente. Tercero: Declaró la responsabilidad civil del condenado Wilmer Augusto Méndez Padilla. Cuarto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Quinto: No declaró comiso de objeto alguno. Son Partes En La Única Instancia: El abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado de Wilmer Augusto Méndez Padilla parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “UNICO: En fecha siete (7) de Septiembre del año dos mil catorce (2014) el Señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, asistió a un partido de futbol en el campo de La Aldea de San Rafael, La Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el Señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, encontrándose allí su cuñado NATANAEL LOPEZ VASQUEZ y un primo llamado ISRAEL VASQUEZ MARTINEZ, cuando NATANAEL LOPEZ VASQUEZ decide irse para su casa, le dice a JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ que se fueran del lugar, sin embargo JOSUE NAHUN decide quedarse, resultando como a eso de las cautro y media de la tarde que NATANAEL LOPEZ VASQUEZ ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, por lo que de inmediato salió la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores NATANAEL LOPEZ se encontró con WILMER AGUSTO MENDEZ PADILLA el cual estaba armado y también lo amenazo.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos El recurrente abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo García Murillo, en su condición de defensor privado de Wilmer Augusto Méndez Padilla, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: "Infracción del precepto constitucional comprendido en el artículo 89, que literalmente establece: "TODA PERSONA ES INOCENTE MIENTRAS NO SE HAYA DECLARADO SU RESPONSABILIDAD POR AUTORIDAD COMPETENTE"" PRECEPTO AUTORIZANTE: "El presente motivo de casación se encuentra comprendido el artículo 361 del CPP." EXPLICACION DEL MOTIVO: El motivo por infracción de Precepto Constitucional, que proclamamos es el contentivo a LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, el cual lo relacionamos con el artículo 2 del Código Procesal Penal y 89 del propio Texto Constitucional. Según los hechos probados por el Tribunal los cuales no son claros y solo son una transcripción a medios de pruebas evacuados se violenta el estado de inocencia de WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA ya que es claro que no existe prueba evacuada en juicio que hagan verosímil esos enunciados; en consecuencia se contradicen con la multitud de extremos fundamentales en relación con su versión de los hechos ya que no se encuentran corroboradas por ningún medio probatorio o indiciario, por lo que, de la prueba practicada no existe base razonable para dictarse un pronunciamiento de culpabilidad, conculcándose el principio de presunción de inocencia. Nótese que El tribunal da como hecho probado que en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil catorce (2014) el señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ asistió a un partido de futbol en el campo de la aldea de San Rafael, la Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, encontrándose ahí su cuñado NATANAEL LOPEZ VASQUEZ y un primo llamado ISRAEL VASQUEZ MARTINEZ, cuando NATANAEL LOPEZ MARTINEZ decide irse para su casa, le dice a JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ que se fueran del lugar, sin embargo JOSUE NAHUN decide quedarse, resultando como a eso de las cuatro y media de la tarde que NATANAEL LOPEZ VASQUEZ ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, por lo que de inmediato salió la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores NATANAEL LOPEZ se encontró con WILMER AGUSTO MENDEZ PADILLA el cual estaba armado y también lo amenazo. Véase que esos hechos no son claros ni tienen armonía ya que al decir de inmediato sale la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola y en momentos posteriores NATANAEL LOPEZ se encontró a WILMER AGUSTO MENDEZ PADILLA el cual estaba armado y también lo amenazo. Nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas, en virtud de que el recurso de casación puede interponerse en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del Artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas por el Tribunal de Sentencia. Por ello a través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, se puede cuestionar no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino la declaración de culpabilidad que un Tribunal de Sentencia haya deducido de su contenido. Por tanto el acusado WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA, tiene abierta una vía que permite a la Sala de lo Penal hacer una la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no solo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad, a través del control de la aplicación de las reglas procesales y de valoración de la prueba., y que el razonamiento de la convicción obedeció a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la Sala de lo Penal puede realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria, es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción, concentración y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo.” Continúa manifestando el Recurrente en su recurso de casación Por Quebrantamiento de Forma: “ CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMER MOTIVO: Por falta de claridad y precisión en la declaración de los hechos que el Tribunal estimó probados PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el numeral uno del Artículo 362 del Código Procesal Penal. " EXPLICACION DEL MOTIVO: El fallo recurrido infringe lo dispuesto en el Artículo 338 sección cuarta, número uno del Código Procesal Penal, norma procesal esta que en la parte referida dispone lo siguiente: "Artículo 338.- REQUISITOS DE LA SENTENCIA. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideren probados, descritos con claridad, precisión y coherencia sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter, predeterminen el fallo que haya de dictarse. 2)..." El juzgador declaró como hechos probados los siguientes: El tribunal da como hecho probado que en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil catorce (2014) el señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ asistió a un partido de futbol en el campo de la aldea de San Rafael, la Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el señor JOSE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, encontrándose ahí su cuñado NATANAEL LOPEZ VASQUEZ y un primo llamado ISRAEL VASQUEZ MARTINEZ, cuando NATANAEL LOPEZ MARTINEZ decide irse para su casa, le dice JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ que se fueran del lugar, sin embargo JOSE NAHUN decide quedarse, resultando como a eso de las cuatro y media de la tarde que NATANAEL LOPEZ VASQUEZ ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a JOSE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, por lo que de inmediato salio la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores NATANAEL LOPEZ se encontró con WILMER AGUSTO MENDEZ PADILLA el cual estaba armado y también lo amenazo. Estos hechos probados fueron calificados por el Juzgador como HOMICIDIO declarando responsable de los mismos a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA, sin embargo, al analizar tales hechos probados se evidencia el vicio denunciado ya que la descripción de los mismos no satisface los requisitos de claridad, precisión y coherencia impuestos por el Artículo 338, sección cuarta, número uno del Código Procesal Penal; ya que en los hechos probados por parte del tribunal no hay una concordancia de cómo sucedieron los hechos y quienes fueron las personas que participaron, ya que limita a referirnos NATANAEL LOPEZ VÁSQUEZ ya se encontraba en su casa cenando con su esposa quien es esta persona, como se acredita la misma), cuando llega un sobrino de ellos ( ignorando nuevamente quien es esta persona) y les dijo que un hombre estaba matando a JOSÉ NAHUN LOPEZ MARTÍNEZ, por lo que de inmediato salió la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola, no explica el tribunal a quien apuñaleaba, y que paso de esa acción para dar por acreditado la existencia de un delito. Conveniente es señalar que los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración delos medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate, los hechos podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado de este; es a partir de los hechos probados que los juzgadores deberán de determinar la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. El artículo 338 del código procesal penal determina que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Por lo que repetimos los hechos probados se erigen como el cimiento, el punto de partida de la sentencia penal; de ahí que el Tribunal de sentencia tiene la obligación de dejar establecido cuales son los acontecimientos históricos del hecho juzgado que estima ha arribado a partir de las pruebas evacuadas durante el debate, la omisión de tales hechos es el primer vicio que contempla el precepto (Que falte la declaración de hechos). El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho al momento de parangonarlo con el precepto penal aplicado y el tercer supuesto implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro. En la presente resolución era preciso dejar claramente definido en los hechos probados, que personas participaron, que acción realizaron y contra quien realizaron esa acción, es en este caso que la falta de claridad y precisión redunda en la conciliación que debe existir entre el hecho probado y el precepto penal aplicado.” Continúa manifestando el recurrente en su recurso de casación por quebrantamiento de forma: “SEGUNDO MOTIVO: "No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica" PRECEPTO AUTORIZANTE: "El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del artículo 362 del CPP." Para los efectos del presente recurso de casación, se consideran violados el artículo 202 del Código Procesal Penal, que literalmente dice: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando de forma conjunta y armónica toda la prueba producida"; así mismo el artículo 338, sección cuarta, numeral 2) que específicamente manda a los Tribunales a dictar las sentencias, justificando según las reglas de la sana critica el valor que le haya dado a las pruebas practicadas en juicio. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es oportuno tener en claro en qué consiste el sistema de valoración de la regla de la sana crítica.- Conforme al artículo 202 del Código Procesal Penal, el sistema de valoración reconocido en el CPP, es de la sana crítica racional, reglas que de conformidad al artículo 338 del mismo cuerpo legal, debe ser observada por el sentenciador al momento de emitir el fallo. Es en la sentencia, donde el Juez debe emitir un juicio de valor de forma clara, precisa y circunstanciada de los hechos debidamente acreditados, conocido este ejercicio intelectivo como fundamentación fáctica, sobre el cual debe hacer su ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico, debe ser sustentado en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para los efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en la sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. Por eso como lo ha reconocido la Jurisprudencia Costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la Psicología y la lógica.- Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la Lógica, implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido.- La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficientes (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dicho lo anterior, la Defensa Privada acreditara de manera convincente que el Tribunal de Sentencias en abierta confrontación con las reglas de la sana critica, específicamente la regla de las máximas de la experiencia común ha soslayado ese límite que las mismas establecen por cuanto extrajo conclusiones que no le informan la prueba evacuada en la vista pública, que de haberlas razonado como se debe, esto es, en respeto absoluto de estas reglas, la conclusión hubiera sido de no culpabilidad, respetando el derecho de inocencia y como no sucedió en el caso de mérito, veamos en qué consisten los vicios de valoración de prueba que incurrió el sentenciador de instancia: El juzgador declaró como hechos probados los siguientes: que en fecha siete (7) de septiembre del año dos mil catorce (2014) el señor JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ asistió a un partido de futbol en el campo de la aldea de San Rafael, la Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el señor JOSE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, encontrándose ahí su cuñado NATANAEL LOPEZ VASQUEZ y un primo llamado ISRAEL VASQUEZ MARTINEZ, cuando NATANAEL LOPEZ MARTINEZ decide irse para su casa, le dice a JOSUE NAHUN LOPEZ MARTINEZ que se fueran del lugar, sin embargo JOSE NAHUN decide quedarse, resultando como a eso de las cuatro y media de la tarde que NATANAEL LOPEZ VASQUEZ ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a JOSE NAHUN LOPEZ MARTINEZ, por lo que de inmediato salió la esposa de NATANAEL y encontró a WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores NATANAEL LOPEZ se encontró con WILMER AGUSTO MENDEZ PADILLA el cual estaba armado y también lo amenazo. Se evacuaron los siguientes medios de prueba: 1.- Testigo DILCIA MARIBEL LOPEZ MARTÍNEZ DECLARA: yo solo vengo a que cuando a él me fueron a hablar a la casa de un niño, yo fui de la casa a donde mi hermano donde lo estaban matando, yo salí a la carrera a ver a mi hermano cuando yo llego y mi hermano muerto lo veo a él, y me dijo yo le dijo déjalo no lo mates vos, y me dijo no a vos te voy a matar también. El hecho sucedió el 7 de septiembre este hecho del 2014, en la casa me encontraba cuando me fueron a hablar con solo mi marido y mis niños Walter Emilio, es sobrino hijo de una prima mía, cuatro años tenía solo me dijo que lo fuera a ver que estaban matando a Nahúm por eso salí, no allí no había nadie solo el hechor, ANGEL AUGUSTO MENDEZ PADILLA, dándole con un puñal en la barriga en todo esta le daba yo solo llegue allí cuando estaba muero, me lo entregaron, allí solo estaba la vaina del puñal lo recogí y se lo di a la policía era negra de un lado, a una muchacha policía. Dicha declaración no es sustentada con otros medios de prueba testifical y a la vez no es creíble ya que la testigo refiere que día 7 de septiembre fecha que acontecieron los hechos encontró una vaina dejada por el hechor la cual en el instante entrego a la policía, pero véase acta de decomiso de una vaina decomisada a la testigo fue en fecha 4 de noviembre del 2014 es decir casi dos meses despues de los hechos, así mismo las actas de levantamiento no ubican a la testigo ni mucho menos establecen quien sea el hechor. 2.- NATANAEL LOPEZ VÁSQUEZ DECLARA: el caso es el 7 de septiembre fue el hecho, ese día fue que se dio la jugada e pelota, yo me fui para mi casa JOSUÉ NAHUM se quedó en el campo, cuando yo llego a mi casa despues de estar en el campo yo le digo a él vámonos para mi casa, al momento le hablan a mi esposa de que JOSUÉ NAHUM estaba muerto, bueno salió mi esposa, yo me quede cenando a los 2 minutos que ella salió yo salí, solo estaba mi esposa y el muchacho muerto, yo pase porque ya en esos casos uno no puede hacer nada, pase para bajo estaba WILMER AUGUSTO MENDEZ él lo sabe me amenazo a muerte yo lo que hice fue irme, era un machete que estaba oxidado. Nótese que dicha declaración ni es clara ni establece una confiabilidad a los hechos supuestamente probados, dado que la misma se limita a establecer que no observo nada ya que se quedó comiendo 3.- CERTIFICACION DE ACTA DE DEFUNCION: Que pertenece a LOPEZ MARTÍNEZ JOSUÉ NAHUM fecha de defunción 07-09-2014. 4.- ACTA DE DECOMISO O SECUESTRO, realizada en fecha 4 de noviembre del año 2014, en el barrio San Antonio, La Paz, y estando presente la Señora DILCIA MARIBEL LOPEZ MARTÍNEZ, Identidad número 0301- 1984-02938, decomisando lo siguiente: (01) una vaina color negro, sin marca, Sucia, para portar arma blanca tipo cuchillo, en regular estado. FIRMA Y SELLOS. 5.- DICTAMEN DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER E INSPECCION EN EL LUGAR DE LOS HECHOS a los siete días del mes de septiembre del año 2014, en la Aldea San Rafael de La Paz, a las 8:50 de la noche. 6.- PRUEBA PERICIAL DEL DOCTOR JUAN LEONEL CRUZ MARTÍNEZ DICTAMEN DE EXHUMACION DEL CADAVER DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2018, DE JOSUE NAHUM LOPEZ, LESIONES ENCONTRADAS: Traumatismo en extremidades con fractura lineal por arma blanca, a nombre de JOSUE NAHUM LOPEZ MARTÍNEZ, nació 03-03-1994, murió 07-09-2014. 7.- ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER practicado en San Rafael La Paz, de fecha 7 de septiembre del año 2014, siendo las 20:55 horas del señor JOSUE NAUM LOPEZ MARTÍNEZ. OBSERVACIONES: ISRAEL VÁSQUEZ MARTÍNEZ persona que fue atacada por defender al occiso y fue trasladado al hospital Santa Teresa y lo referían a H. Escuela. PRUEBA DE LA DEFENSA TESTIGO: YUNY ELEAZAR RIVERA POSADAS DECLARA: Que aquí tienen un hombre inocente detenido, porque supuestamente el día de los hechos el hombre estaba conmigo. 1TESTIGO: CRUZ DANILO OROZCO, DECLARA: Nos venimos a pescar, me sorprende a mí porque yo sé que el andaba con nosotros WILMER AUGUSTO MENDEZ, en el rio andaba ese día despues de haber visto un partido de futbol nos venimos a pescar un rato a rio. Con dichos testimonios se acredita que WILMER AUGUSTO MENDEZ PADILLA el día de los hechos no se encontraba en el lugar de los hechos aunque el tribunal quiera darle otro sentido. Si se analizan las mismas declaraciones en el presente juicio oral y público no son sustentadas con otros elementos probatorios que el Tribunal pierde su papel de Juez de garantías ya que solo se limita a transcribir una declaración por lo que es claro se viola los principios de la sana critica que exige que el juez motive y argumente sus decisiones, ya que los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. Por lo que al no haber cumplido ese papel y no estar acreditada la participación del imputado en los hechos el mismo tribunal debió haber dictado una sentencia absolutoria por los extremos antes expuestos. Por haberse producido los vicios en esta etapa de proceso se presente dicha recurso de casación para que una vez analizado se decrete la nulidad del mismo y se dicte la sentencia absolutoria correspondiente.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos en que se fundan (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Litocom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo •Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. •Norma constitucional que se denuncia infringida: 89 de la Constitución de la República. •Concepto de la infracción: infracción al estado de inocencia •Pretensión: que se dicte una nueva sentencia que case el fallo recurrido. Explicó el recurrente que según los hechos probados no son claros ni terminantes, solo son una transcripción de medios de prueba, se violenta el Estado de Inocencia del imputado, ya que es claro que no existe prueba evacuada que haga verosímil los hechos acusados; pues con la prueba practicada no existe base razonable para dictarse un pronunciamiento de culpabilidad, conculcándose así su presunción de inocencia. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado/a a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; •Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; •Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); •Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y •Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al Tribunal de Sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana crítica; no puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Insuficiencia Probatoria como causa de la transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público. Entonces, en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el Tribunal de Sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarara la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el Tribunal de Sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. El recurrente debe plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Para esta Sala de lo Penal resulta totalmente difícil dar respuesta a los planteamientos del censor, pues aunque ha denunciado violación al estado de inocencia de su representado, no ha sido capaz de determinar porqué considera que se ha conculcado, ya sea porque se dio alguna ilicitud de pruebas, o se incurrió en un indebido proceso probatorio, talvez porque el Sentenciador no motivó adecuadamente la prueba, o porque esos razonamientos probatorios no son correctos ni adecuados, o por último, porque la prueba evacuada no es suficiente para enervar su estado de inocencia. En el caso sometido a análisis el recurrente no ha sido muy certero en desarrollar su recurso, pues ha utilizado meros argumentos de instancia y ha relacionado fundamentos que no aplican en el caso concreto, como el establecer que los hechos probados no son claros ni terminantes, cuando eso compete a otra especie casacional. Ahora bien a pesar de los desaciertos del recurrente y conforme lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al artículo 8.2.h de la convención que refiere al derecho de las personas sometidas a un proceso penal de recurrir el fallo y aplicando la convencionalidad de la Corte IDH, procederá esta Sala de lo Penal a darle respuesta en un sentido general; por ejemplo se evacuaron suficientes pruebas como ser declaración testifical de Maribel López Martínez y Natanel López Vasquez, testimonios que fueron debidamente valorados; así mismo se contó con prueba documental como certificación de acta de defunción, acta de decomiso o secuestro, pruebas a las que el Sentenciador les otorgó valor probatorio y realizó un adecuado juicio de valor; también se desarrolló como prueba pericial el dictamen de levantamiento de cadáver y dictamen de exhumación, que igualmente fueron razonados correctamente por el Sentenciador. De todas estas pruebas el Sentenciador hizo una valoración individual y conjunta de la prueba, por lo que existe una adecuada apreciación, pero además la prueba es suficiente para enervar el Estado de Inocencia del acusado, por lo que este primer motivo debe ser desestimado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: •No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), •Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o •Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: •La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); •Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo •Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. •Norma procesal que se denuncia infringida: 338 del Código Procesal Penal •Concepto de la infracción: falta de claridad y precisión de los hechos probados. •Reclamación ex-ante: sin determinar por el censor •Pretensión: sin determinar por el recurrente. Explicó el recurrente que conforme a los hechos probados, los mismos fueron calificados como un delito de homicidio, pero al revisar la fundamentación fáctica los mismos no satisfacen los requisitos de claridad, precisión y coherencia impuestos por el articulo 388 de la ley procesal, pues no hay una concordancia de cómo sucedieron los hechos y quienes fueron las personas que participaron. De los Hechos Probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que fueron debatidos; es una realidad existente que ha sido reconstruida por el juzgador. Como lo señala Murena (Murena, Maximiliano, en “Acerca de la Motivación de los Hechos en la Sentencia Penal”, contenido en La Sentencia Penal, Madrid 1002, pág. 133): es “el intento de determinación de los hechos probados del pasado, a través del análisis de hechos probatorios del presente”. Los hechos probados es una descripción, donde lo Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate. Los hechos probados, junto con la motivación probatoria y la motivación jurídica integran la “jugement motive” (sentencia motivada), garantía ante el arbitrio judicial; motivar una sentencia no solo es una manifestación de respeto ante el poder delegado de juzgar sino un instrumento contra su abuso. Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento. En los hechos probados el Juzgador deberá de evitar plasmar resultados aislados de prueba, mucho menos sus valoraciones, pues esto le atañe al apartado de valoración de la prueba, así pues el relato fáctico debe de ser neutral, ajeno de valoraciones, debe de ser una verdad cuya justificación no está en si misma, sino en el apartado donde se valore la prueba (descriptiva e intelectivamente). La significancia de los hechos declarados probados tiene especial trascendencia no solo respecto a la definición de lo ocurrido y que implicó la intervención del Estado sino que además como base para la definición de la aplicación de la norma sustantiva; así entonces dentro de la Sentencia los hechos probados cumplen dos funciones: •Función descriptiva: Fijar cuales fueron las conclusiones fácticas arribadas por el tribunal producto de la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana critica; Es la reconstrucción del hecho histórico objeto de debate, cuyo esclarecimiento fue el propósito de la actividad probatoria; •Función justificativa: Es a partir de los hechos probados que los/as Juzgadores/as determinan la norma sustantiva aplicable al caso.- Su contenido, tomado como una verdad absoluta, autoriza a los Juzgadores a aplicar las normas sustantivas, y en su caso, a imponer las consecuencias que éstas prevén a las personas responsables del delito. Los hechos probados deben de revelar a detalle a las partes y al público en general, de que fue lo que sucedió y si ello está vinculado o no con la persona acusada, la víctima e inclusive con terceros; el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: •Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y •Requisitos De Fondo: •Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); •Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); •Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009); y •La no utilización de conceptos que predeterminen el fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; en su construcción los juzgadores deben de ser capaz de suministrar un relato neutro, con la debida distancia respecto del derecho sustantivo de eventual aplicación, evitando caer en el riesgo fácil de producir un caso; por tanto no deben los juzgadores hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal. El Código Procesal Penal prevé como defecto por quebrantamiento de forma una indebida construcción del relato fáctico, aglutinando en el artículo 362.1 los diferentes motivos oponibles al referirse: “Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria”. Es importante resaltar que este primer numeral recoge únicamente los defectos que pueden plantearse como motivos exclusivamente de los hechos declarados probados. Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118). De la Procedencia del Recurso. El Motivo es de Recibo. Debido al motivo invocado por el recurrente, resulta necesario analizar los hechos probados y determinar si fueron conformados o no con claridad y precisión; el Sentenciador afirmó en su fundamentación fáctica: “UNICO: En fecha siete (7) de Septiembre del año dos mil catorce (2014) el señor Josué Nahún Lopez Martínez, asistió a un partido de futbol en el campo de La Aldea de San Rafael, La Paz, durante la tarde, después de esto algunas personas se quedaron reunidas, entre ellas el Señor Josué Nahún Lopez Martínez, encontrándose allí su cuñado Natanael Lopez Vasquez y un primo llamado Israel Vasquez Martínez, cuando Natanael Lopez Vasquez decide irse para su casa, le dice a Josué Nahún Lopez Martínez que se fueran del lugar, sin embargo Josué Nahún decide quedarse, resultando como a eso de las cuatro y media de la tarde que Natanael Lopez Vasquez ya se encontraba en su casa cenando con su esposa, cuando llego un sobrino de ellos y les dijo que un hombre estaba matando a Josué Nahún Lopez Martínez, por lo que de inmediato salió la esposa de Natanael y encontró a Wilmer Augusto Méndez Padilla apuñaleando y a la vez amenazándola, y en momentos posteriores Natanael Lopez se encontró con Wilmer Augusto Méndez Padilla el cual estaba armado y también lo amenazo.” Al hacer una revisión de los hechos que ha declarado como probados el A-quo, se puede confirmar la denuncia del recurrente, ya que los mismos están llenos de confusión al no relatar de manera coherente y ordenada la cronología de los hechos, pues lejos de confirmar cómo sucedieron los sucesos, lo que hace en el lector es confundir acerca de lo que realmente sucedió; es más, los hechos probados no establecen como verdad incuestionable que el ahora ofendido Jose Nahún López Martínez haya perdido la vida a manos del señor Méndez Padilla, solo establece que el imputado lo apuñaleaba, pero no confirman esos hechos cual fue el desenlace en relación a si la víctima, perdió o no la vida. Todas esas circunstancias no permiten establecer de manera certera y sin vacilación alguna, cuales fueron los hechos sometidos a juzgamiento y por los cuales se dictó sentencia condenatoria contra el imputado Wilmer Augusto Méndez Padilla, confirmando por tanto que al recurrente le asiste la razón al afirmar que los hechos probados de la sentencia que hoy se recurre son faltos de claridad y precisión, y que al constituirse los hechos probados en el cimiente de la Sentencia penal, cuyo valor y conformación es de trascendencia, procede declarar ha lugar el presente motivo de casación, anular el fallo recurrido y ordenar la celebración de un nuevo juicio con togados distintos a los que participaron. Esa Sala de lo Penal no procede a dar respuesta al segundo motivo de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la defensa privada del acusado, toda vez que ha prosperado el primer motivo con las consecuencias legales correspondientes. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. Se declara ha lugar el primero motivo de casación por quebrantamiento de forma, interpuestos por la defensa privada del imputado. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara no ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por el Abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo Garcia Murillo, en su condición de defensor privado del imputado Wilmer Ausgusto Méndez Martínez. Segundo: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus primer motivo interpuesto por el Abogado Julio Cesar Gabriel Eduardo Garcia Murillo, en su condición de defensor privado del imputado Wilmer Ausgusto Méndez Martínez, a quien se le condenó por el delito de Homicidio en perjuicio de Josué Nahún López Martínez. Tercero: En consecuencia: a) Casa la sentencia de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. b) Declara la nulidad total de la audiencia de debate y de la sentencia de siete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Comayagua, departamento de Comayagua. c) Que se repita el debate celebrado, ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Firmas y Sello. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador. Firma y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado. Lety emelda posadas rodriguez. – Receptora Adscrita de la sala de lo penal. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintiséis de junio de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veinticinco, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-119-2020.
LETY EMELDA POSADAS
Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal.”.