Sentencia CP-116-20 — Registro 19960
Resumen
En primer instancia se condena al imputado por los delitos de Homicidio y Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Es criterio de esta Sala de lo Penal que el hecho declarado probado por el Tribunal de Sentencia (F.125) señala que el acusado Narciso Bonilla García, realizó una serie de acciones encaminadas a ejecutar el delito imputado; se indica en el hecho probado que: “UNICO: En fecha 10 de septiembre del 2012 en la Aldea del municipio de Curaren de FRANCISCO MORAZAN, específicamente en la Escuela Luis Landa se desarrollaba la celebración del día del niño el que era amenizado por los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ Y FREDYS ALEXANDER ALVARADO, lugar al que llego NARCISO BONILLA GARCIA, pidiéndoles que se pusiera en el equipo de audio un CD de música ranchera, por lo que ante la negativa, salió de la escuela realizando varios disparos al aire, ante ello se suspendió la celebración, por lo que cuando iban saliendo de la escuela los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ Y FREDYS ALEXANDER ALVARADO, ingresaba el señor NARCISO BONILLA GARCIA, con arma en mano y le realiza tres disparos al señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, en diferentes partes del cuerpo, y un disparo a JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ en el costado, dándolos por muertos, huye del lugar, seguidamente ambos fueron llevados al hospital, donde fueron intervenidos quirúrgicamente, dándole de alta ambos, posteriormente en fecha 02 de febrero del 2013, el señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, falleció a consecuencia de complicaciones por las heridas recibidas.” Al establecerse en el hecho declarado probado que el acusado, tuvo una participación terminante y esencial en la ejecución y consumación del delito de homicidio; consideramos que la normativa sustantiva en la que el Tribunal ha subsumido el hecho fáctico es acorde a efecto de emitir una sentencia de culpabilidad como se ha realizado, quedando claro que la calificación es la apropiada en relación al delito simple de homicidio en perjuicio de una víctima y en consonancia con los artículos 116 en relación con el artículo 15 del Código Penal para el otro ofendido, además que el hecho antijuridico cometido es producto de la acción realizada por el encartado; y que del examen del hecho probado al que ha arribado el Juzgador en concatenación con la norma aplicada es acertada dicha fundamentación jurídica al concatenar el justiciable en los verbos rectores del tipo penal de homicidio, y no como lo han querido hacer ver los recurrentes, al manifestar que el inculpado debió obtener una condena por el delito de lesiones conforme lo establece el artículo 135 numeral 3) del Código Penal, tomando en cuenta el tiempo de incapacidad; es así que el A quo en la fundamentación jurídica en el ordinal Segundo indica que el acusado dirigió el ataque con la intención de cometer los delitos ya descritos y con la probabilidad de causar la muerte; es así que verificamos que los hechos probados emitidos por el a quo se subsumen en el delito de homicidio en perjuicio de uno y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de la otra víctima y no de lesiones como lo quieren hacer ver los impetrantes, además por lo ya explicado consideramos que la normativa aplicada en la sentencia recurrida es la que corresponde para este tipo de hechos delictivos y en las condiciones que se suscitaron como se plantea en el hecho probado, es así que se desestima el recurso de casación por infracción de ley en su primer motivo interpuesto por los censores.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal al examinar el recurso impetrado, se verifica que la Defensa Privada presentó el mismo basándose en diversos alegatos, siendo esto un error de planteamiento pues cada uno de los mismos merecieron ser expuestos de manera separada, exponiendo su propio sustento de derecho; así los recurrentes inician de manera indebida su recurso al señalar que en la sentencia que se recurre, “la prueba no es suficiente, es decir, no se cumple al menos con una mínima actividad probatoria de cargo, capaz de enervar el estado de inocencia; y lo más importante, no ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador, reafirmando nuestra conclusión de que la prueba de cargo no es suficiente”; habiendo enunciado en el mismo que el vicio se trata de inaplicación de una norma procesal extra penal (Ley de Autopsia Medica Obligatoria), además en el desarrollo del motivo no ofrece una mejora en su inicio ni en su desarrollo casacional, estableciendo además alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones de instancia, los censores no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la redacción de su escrito recursivo para dar una respuesta en la medida y extensión que conlleva un recurso de casación por Infracción de Ley al no identificar, explicar y demostrar el vicio, por lo que incurren en una indebida técnica recursiva; debiendo desestimar el recurso impetrado en su segundo motivo. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha revisado el argumento de los Censores mismos que plantean que el Juzgador no tomó en cuenta los dictámenes de medicina forense del Ministerio Público los cuales fueron ratificados por el Perito nombrado por la parte acusadora; además que el sentenciador ha incurrido en violación al principio de razón suficiente al no valorar este medio de prueba documental consistente en los dictámenes médicos. En el desarrollo recursivo de quebrantamiento de forma en el motivo anterior, también los recurrentes realizaron similares apreciaciones en sus deposiciones, de las cuales hemos dado respuesta, y se verifica que el medio probatorio dictamen de medicina forense, fue objeto de valoración individual y conjunta, así como de manera armónica, al examinar el apartado de la valoración probatoria el Tribunal realizó un estudio intelectivo de los medios probatorios incluyendo el dictamen legal No. 1949-2012 ratificado por el Doctor Gustavo Adolfo Castro Banegas, dictamen que se encuentra a folios del 11 al 14 del expediente de mérito, del cual se realizó las inferencias y razonamientos conforme a las reglas de la sana crítica, en aplicación de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, de la cual se desprende la sentencia recurrida a los folios 126, 127 y 128; por lo que lo planteado por los impetrantes que se derivó en conclusiones irracional, no manifestando cuales y en que apartado de la sentencia recurrida se realizó tal razonamiento; la sala al examinar el fallo verificamos que el medio probatorio mismo que fue debidamente evacuado en el juicio oral y público, fue valorado por el a quo del cual emitió realizó un estudio intelectivo aplicando la reglas de la lógica, obteniendo una resolución de culpabilidad contra el encartado, después del estudio realizado al dicho medio probatorio y en corroboración con otros medios de pruebas evacuados y valorados; es así de esta manera y conforme al estudio realizado de lo planteado por los impetrantes consideramos desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-116-2020, que literalmente dice:” SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintidós de agosto de dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-116-2020 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuestos contra la sentencia de fecha trece de junio del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante el cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Narciso Bonilla García, por el delito de Homicidio, en perjuicio de Fredys Alexander Alvarado, a la pena de quince años reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Narciso Bonilla García, por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de Josè Antonio Alvarado López, a la pena de diez años reclusión. TERCERO: Condenó al señor Narciso Bonilla García, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de la condena principal. CUARTO: Declaró al condenado civilmente responsable de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el que es condenado. QUINTO: No Procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al acusado. SEXTO: No Procedió ordenar el comiso por no haberse puesto a disposición prueba de convicción o ejecución alguna. Son partes en única instancia: Los Abogados German Daniel Licona Moya y Rosmell José Lanza Orellana, en su condición de Defensores Privados del señor Narciso Bonilla García, como parte recurrente; y El Abogado Salvador Cuestas Arévalo en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “UNICO: En fecha 10 de septiembre del 2012 en la Aldea del municipio de Curaren de FRANCISCO MORAZAN, específicamente en la Escuela Luis Landa se desarrollaba la celebración del día del niño el que era amenizado por los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ Y FREDYS ALEXANDER ALVARADO, lugar al que llego NARCISO BONILLA GARCIA, pidiéndoles que se pusiera en el equipo de audio un CD de música ranchera, por lo que ante la negativa, salió de la escuela realizando varios disparos al aire, ante ello se suspendió la celebración, por lo que cuando iban saliendo de la escuela los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ Y FREDYS ALEXANDER ALVARADO, ingresaba el señor NARCISO BONILLA GARCIA, con arma en mano y le realiza tres disparos al señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, en diferentes partes del cuerpo, y un disparo a JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ en el costado, dándolos por muertos, huye del lugar, seguidamente ambos fueron llevados al hospital, donde fueron intervenidos quirúrgicamente, dándole de alta ambos, posteriormente en fecha 02 de febrero del 2013, el señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, falleció a consecuencia de complicaciones por las heridas recibidas.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS: Los recurrentes Abogados German Daniel Licona Moya y Rosmell Josè Lanza Orellana, en su condición de Defensores Privados del señor Narciso Bonilla García, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal en dos motivos y Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en dos motivos de la manera siguiente: “RECURSO DE CASACIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL EN DOS MOTIVOS EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 116 del Código Penal Vigente. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: La norma sustantiva infringida es el artículo 116 del Código Penal que establece: “Quien de muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los siguientes artículos del presente capitulo, comete el delito de homicidio simple, e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.”, articulo este que ha aplicado indebidamente el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece este artículo. SEGUNDO: EL Tribunal en referencia declaro como probado el siguiente hecho: "único: En fecha 10 de septiembre de 2012en la aldea del Municipio de Curaren de Francisco Morazán, específicamente en la Escuela Luis Landa se desarrollaba la celebración del día del niño que era amenizada por los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ y FREDYS ALEXANDER ALVARADO, lugar al que llego NARCISO BONILLA GARCIA, pidiéndoles que se pusiera en el equipo de audio un CD de música ranchera, por lo que ante la negativa, salió de la Escuela realizando varios disparos al aire, ante ello se suspendió la celebración, por lo que cuando iban saliendo de la escuela los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ y FREDYS ALEXANDER ALVARADO, ingresaba el señor NARCISO BONILLA GARCIA, con arma en mano y le realiza tres disparos al señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, en diferentes partes del cuerpo, y un disparo a JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ en el costado, dándolos por muertos, huye del lugar, seguidamente ambos fueron llevados al hospital, donde fueron intervenidos quirúrgicamente dándole de alta a ambos, posteriormente en fecha 02 de febrero del 2013, el señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, falleció a consecuencias de complicaciones por las heridas recibidas. Al analizar jurídicamente el tipo penal denunciado por el ente acusador con el contenido del único hecho probado el sentenciador, se observa que dicho tipo penal fue indebidamente aplicado por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa en su resolución final, es decir que la disposición de carácter sustantivo, cuya aplicación es indebida es el artículo 116 del Código Penal, por lo que el mismo tribunal al realizar la descripción de los hechos reconstruyendo la escena ocurrida no se enmarca dicha hipótesis fáctica en el delito de Homicidio y Homicidio en el grado de tentativa tal y como aparece en la resolución de la sentencia condenatoria.- Siendo así recordemos que el principio de intangibilidad de los hechos probados es el que está representado por la sagrada regla del respeto absoluto en materia de casación penal por infracción de ley, y que están revestidos por el tribunal de instancia; por consiguiente hemos de decir que confrontado los hechos declarados probados con la resolución final del Tribunal Sentenciador, este no resulta claro ni terminante a la norma legal, es decir que el Tribunal únicamente refiere en dichos hechos Probados la conducta de nuestro representado que no se subsume en la norma penal del artículo 116 del Código Penal, es decir de Homicidio. Podemos observar que en el hecho probado el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa cuando El manual Teórico-Practico de derecho procesal penal de Honduras, en su página 468 cita a RICARDO PEREZ, quien interpreta que el Juez, “al valorar las prueba debe sujetarse a criterios de pensamientos racionales, juiciosos, como corresponde a una persona culturalmente formada. Y debe saber expresar la utilización de esos criterios en la sentencia, porque en la sana critica los jueces no tienen que darla por supuesta, sino que tener que demostrarla en cada sentencia que dicten”. Somos del criterio que la calificación de los hechos probados debieron de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente, que los hechos probados constituyen la base de la sentencia, en consecuencia, conforman el marco histórico descriptivo que sirve de cimiento a la norma penal que le corresponde.- El hecho y el precepto son inseparables para la correcta aplicación del tipo penal y solo cuando estos no armonizan cabe hablar de aplicación indebida; la aplicación indebida supone la existencia de un error en la selección del precepto, se trata de aquellos casos en los cuales la norma penal no contempla el o los hechos declarados probados en la sentencia.- A continuación enuncio algunos fallos dictados por la Sala Penal así: “Vid. Entre otras, sentencias dictadas por la Sala de lo Penal en los recursos de casación No. SP-129-2009, de fecha 28 de octubre de 2010; SP-250-2099, de fecha 13 de abril de 2011; SP-240-2011, de fecha 16 de mayo de 2013; No. SP- 208-2011, de fecha 25 de abril de 2013 y Vid. Sentencia dictada por la Sala de lo Penal en el recurso de casación No. SP-187-2011, de fecha 15 de abril de 2013”. Por consiguiente, es entendido que el objetivo del tipo penal contemplado en el artículo 116 del Código Penal exige “quien de muerte a una persona”, centrada en el verbo rector, que en este caso sería matar, lo que implica haber descrito la acción del señor NARCISO BONILLA GARCIA de dar muerte a FREDYS ALEXANDER ALVARADO. Es decir, que la debida aplicación de la norma penal en cuestión, el cuadro factico comprende el aludido elemento objetivo, en consecuencia, el sentenciador en el caso sub judice no encuadro dentro de la declaración de los hechos probados la acción del imputado en haber dado muerte al señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, sino que al decir únicamente:” .....que el señor NARCISO BONILLA GARCIA el día 10 de septiembre del 2012 disparo contra la humanidades de JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ y FREDYS ALEXANDER ALVARADO. Dicho lo anterior del estudio del hecho probado, claramente se evidencia no quedar claro que fue lo que el imputado NARCISO BONILLA GARCIA Dicho de otra forma el Tribunal da por acreditado existir el Homicidio FREDYS ALEXANDER ALVARADO у HOMICIDIO EN SU GRADO DE TENTATIVA contra el ofendido JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ, por lo que resulta incuestionable que no procede la aplicación del artículo 116 del Código Penal en el caso de mérito.- De lo anterior se desprende que la conducta narrada el hecho declarado probado por el Tribunal Sentenciador de Tegucigalpa no es constitutivo de Homicidio tipificado en el artículo 116 y de HOMICIDIO EN SU GRADO DE TENTATIVA relacionado con el artículo 16 del Código penal como indebidamente lo aplicó y por ende haber condenado al señor NARCISO BONILLA GARCIA. INTERPRETACION PRETENDIDA Que al no plasmarse claramente en la declaración de los hechos probados por el Tribunal Sentenciador de Tegucigalpa, la acción típica o conducta objetiva, como los elementos subjetivos del tipo, por cuanto el factum comprende el hecho de no manifestar que le diera muerte a alguien, no siendo claro el Tribunal Juzgador que tipo de delito, pues el hecho probado no se subsumen o adecuan a lo dispuesto en el artículo 116 del Código Penal.- En este sentido, se pide que se interprete que este hecho probado no son constitutivos del delito de Homicidio ni de HOMICIDIO EN SU GRADO DE TENTATIVA como erróneamente se aplicó al señor NARCISO BONILLA GARCIA, debiendo anularse la sentencia dictada por el Tribunal Sentenciador de Tegucigalpa ya que esta acción se subsume en el artículo 133 relacionado con el articulo 135 numeral 3 de nuestro código Penal ya que en los hechos probados en órgano sentenciador menciona que las víctimas fueron dadas de alta y con una incapacidad de 35 días. SEGUNDO MOTIVO: Infracción por la inaplicación del precepto Contenido en el artículo 1 de la LEY DE AUTOPSIA MEDICA OBLIGATORIA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado por el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: La norma sustantiva infringida es el artículo 1 de la LEY DE AUTOPSIA MEDICA OBLIGATORIA que establece: “Se establece la práctica de la Autopsia Medica Obligatoria, en los centros hospitalarios del país, para el estudio científico del cadáver, practicado por el personal especializado, cuyo objeto será determinar las causas de la muerte, con fines académicos y de salud pública.”, articulo no fue observado o aplicado por el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece este artículo. SEGUNDO: EL Tribunal en referencia declaro como probado el siguiente hecho: “único: En fecha 10 de septiembre de 2012en la aldea del Municipio de Curaren de Francisco Morazán, específicamente en la Escuela Luis Landa se desarrollaba la celebración del día del niño que era amenizada por los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ y FREDYS ALEXANDER ALVARADO, lugar al que llego NARCISO BONILLA GARCIA, pidiéndoles que se pusiera en el equipo de audio un CD de música ranchera, por lo que ante la negativa, salió de la Escuela realizando varios disparos al aire, ante ello se suspendió la celebración, por lo que cuando iban saliendo de la escuela los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ y FREDYS ALEXANDER ALVARADO, ingresaba el señor NARCISO BONILLA GARCIA, con arma en mano y le realiza tres disparos al señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, en diferentes partes del cuerpo, y un disparo a JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ en el costado, dándolos por muertos, huye del lugar, seguidamente ambos fueron llevados al hospital, donde fueron intervenidos quirúrgicamente dándole de alta a ambos, posteriormente en fecha 02 de febrero del 2013, el señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, falleció a consecuencias de complicaciones por las heridas recibidas, en esta situación en particular el tribunal sentenciador en este hecho único probado nunca manifiesta que en relación al señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO nuestro representado señor NARCISO BONILLA GARCIA le dio muerte es más dentro de la valoración de la prueba menciona al perito propuesto por el ministerio público cuando habla del dictamen médico legal 1993-12 que obra de los folios 20 al 27 del expediente de mérito en sus conclusiones en el numeral 1 manifiesta lo siguiente Desde el punto de vista médico legal en este caso en particular para establecer relación causa-efecto hubiese sido necesario realizar autopsia médico legal, es mas en su ampliación del dictamen el cual es un monologo porque el perito se hace las preguntas y el mismo se responde él se hace una pregunta número 3 y él se responde al decir que el manejo fue adecuado para determinar si hubo mala praxis hubiera sido necesario realizar una autopsia médico legal, es importante resaltar que no se determinó la causa efecto de la muerte por lo que el sentenciador en su fallo condena al señor NARCISO BONILLA GARCIA por homicidio sin haberse probado en juicio que nuestro representado le dio muerte al señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, Se puede concluir con propiedad, que en este caso el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, ha vulnerado el estado de inocencia del acusado NARCISO BONILLA GARCIA, pues le ha condenado sin que exista la prueba suficiente para ello. En todo caso, siguiendo la doctrina jurisprudencial de esa Sala de lo Penal, la prueba no es suficiente, es decir, no se cumple al menos con una mínima actividad probatoria de cargo, capaz de enervar el estado de inocencia; y lo más importante, no ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador, reafirmando nuestra conclusión de que la prueba de cargo no es suficiente. Por ende, la honorable Sala de Casación Penal debe dictar una sentencia absolutoria a favor de mi defendido. II RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA EN DOS MOTIVOS EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO: Adolecer la sentencia recurrida de una insuficiente motivación fáctica, ya que no se hizo una valoración racional, coherente y lógica de la declaración de los testigos de cargo, del perito propuesto por el ministerio público, y no haber valorado racionalmente la prueba de descargo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El antes expresado precepto dispone: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: “3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o...”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Conforme a lo que dispone el inciso 2) de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, al momento de redactar la sentencia penal, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. El artículo 362 del Código Procesal Penal, establece que podrá interponerse recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando la sentencia carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias (...). SEGUNDO: La fundamentación analítica o intelectiva, sin lugar a duda, es una cuestión sumamente importante en el razonamiento judicial al momento de la estructuración de la sentencia penal. Se trata de un procedimiento de valoración de las pruebas que se han practicado en el debate oral. Por medio de este razonamiento se trata de responder el porqué de la decisión adoptada por el tribunal sentenciador. Igualmente se trata de responder por qué se toman como válidos determinados elementos de prueba o por qué se desechan otros. La fundamentación analítica o intelectiva se refiere específicamente a la valoración de las pruebas, según lo referido en el artículo 338 del Código Procesal Penal, en relación directa con el artículo 202 del mismo texto que dispone que las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica y que el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Y en este caso en particular no se valoraron los dictámenes presentados por el Ministerio Publico que se encuentran registrados bajo los números 1949-12 у 1993-12 donde el análisis médico legal del Ministerio Publico le da incapacidad de 35 días y en sus conclusiones establece que hubiera sido necesario la autopsia y en la parte de la fundamentación el sentenciador en el numeral segundo en su párrafo tercero menciona complicaciones médicas que el dictamen médico legal en ninguna de sus partes menciona, no solo ello en el hecho probado tampoco mencionan que existió una complicación que le produjo la muerte al señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO por la acción del señor NARCISO BONILLA GARCIA TERCERO: En conclusión honorable Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, al dictar la sentencia que condena a mi representado NARCISO BONILLA GARCIA incurrió en el vicio de falta de motivación en el razonamiento utilizado para la valoración de las pruebas, pues no ha explicado debidamente de dónde se derivan sus conclusiones cuenta una serie de hechos y circunstancias que le llevarían que, con la estimación de este motivo de casación, la nulidad de la sentencia y del juicio en la cual se dictó, para que se proceda conforme a derecho. SEGUNDO MOTIVO: Adolecer la sentencia recurrida del vicio de casación de falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. El antes expresado precepto dispone lo siguiente: El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes:... “3. Que o si en la valoración de las pruebas no se observaron las reglas de la sana crítica”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Conforme a lo que dispone el inciso 2) de la regla cuarta del artículo 338 del Código Procesal Penal, al momento de redactar la sentencia penal, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. SEGUNDO: Honorable Sala de lo Penal, este motivo de casación que ahora se explica, tiene íntima relación con el anterior que he explicado antes, nada más que en este se enfatiza el hecho de que la equivocación del juzgador se deriva, no solamente del hecho de no haber explicado debidamente el razonamiento utilizado para la valoración de las pruebas, sino de la violación de las reglas de la sana crítica que deben guiarle para la valoración de las pruebas que tuvo en cuenta para declarar los hechos probados. Pues bien, de acuerdo con lo dispuesto desde el artículo 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal, los tribunales de sentencia para resolver el caso deben tener en cuenta solamente las pruebas practicadas en el debate, valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, y tal como observaran no tomaron en cuenta los dictámenes de medicina forense del Ministerio Publico los cuales fueron ratificados por el Perito nombrado por la parte acusadora. Porque si lo hubieran hecho el señor NARCISO BONILLA GARCIA no hubiera sido condenado por dichos delitos TERCERO: Siguiendo con la violación a la regla o principio de razón suficiente, he de decir que el tribunal sentenciador ha incurrido en violación a dicho principio al no valorar este medio de prueba Documental consistente en los dictámenes médicos, derivando en conclusiones irracionales, como las expuestas en el hecho declarado probado. si así lo hubiera hecho hubiera llegado a la conclusión más lógica y coherente, se reitera que el tribunal sentenciador violó las reglas del recto entendimiento, en su manifestación de derivación y de razón suficiente. CUARTO: Igual que el anterior, este vicio de la sentencia supone una causa que da lugar a la nulidad de absoluta de esta, por lo que, estimando este motivo del recurso, la Sala de lo Penal debe casar la sentencia recurrida, mandando realizar una nueva sustanciación del debate, en el cual se dicte nueva sentencia en la que se corrija el error señalado. RECLAMO INTENTADO PARA LA SUBSANACIÓN DE LOS VICIOS DE LA SENTENCIA. Como los vicios señalados anteriormente, y que han dado lugar a interponer recurso de casación en la forma, se han producido en el momento del dictado de la sentencia, es decir, este acto procesal que se impugna no ha sido posible su reclamación más que por este medio de impugnación. PETICIÓN CONFORME A DERECHO Habiendo cumplido con los requisitos establecidos en los artículos 359 a 363 del Código Procesal Penal, al Honorable Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa pido: Tener por interpuestos y formalizados estos dos recursos de casación: por Infracción de Precepto Constitucional en un único motivo; y por Quebrantamiento de Forma, en dos motivos. Sin más trámite, conceder a la parte recurrida, es decir, a la representación del Ministerio Público el plazo de diez (10) días para que se pronuncie sobre los recursos interpuestos. Una vez realizado lo anterior, remitir las actuaciones a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para que lo conozca y resuelva.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 116 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del Artículo 116 del Código Penal; Reclamación Ex Ante: El defecto se produce en el acto mismo de sentenciar; Pretensión: Que se declare con lugar el recurso de casación. Establecen los recurrentes que “se observa que dicho tipo penal fue indebidamente aplicado por el Tribunal de Sentencia en su resolución final, es decir que la disposición de carácter sustantivo, cuya aplicación es indebida es el artículo 116 del Código Penal, por lo que el mismo tribunal al realizar la descripción de los hechos reconstruyendo la escena ocurrida no se enmarca dicha hipótesis fáctica en el delito de Homicidio y Homicidio en el grado de tentativa tal y como aparece en la resolución de la sentencia condenatoria; además que el Tribunal únicamente refiere en dichos hechos Probados la conducta de nuestro representado que no se subsume en la norma penal antes mencionada, es decir de Homicidio, al no plasmarse claramente en la declaración de los hechos la acción típica o conducta objetiva, como los elementos subjetivos del tipo, por cuanto el factum comprende el hecho de no manifestar que le diera muerte a alguien, no siendo claro el Tribunal Juzgador que tipo de delito, y la acción se subsume en el delito lesiones artículo 135 numeral 3 del Código Penal. De la Interpretación de la Ley: La labor de complementación que debe realizar el juez, la desarrolla mediante la interpretación que hace de la ley al momento de aplicarla al caso concreto que se está juzgando, pues la norma es la manifestación de un pensamiento hipotético que, como paso previo a su aplicación, debe adecuarse a la realidad. Interpretar no es más que el proceso mediante el cual se desentraña el sentido, objeto y alcance de la norma legal, es decir es el proceso que pretende comprender la norma para su mejor aplicación, pues en retrospectiva una adecuada aplicación de las normas depende no solo del conocimiento del contenido de la norma, sino que además de su comprensión, lo que incluye conocimiento/comprensión del contexto normativo y su influencia en el plano social.- El juez interprete deberá comprobar que un determinado hecho se ajusta al ámbito situacional previsto en la norma y creada precisamente para regular ese tipo de conductas. Velásquez, (Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho Penal Parte General. 3° Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1997. Pág. 132) nos señala que, en una sistematización, cuando se habla de interpretación, existen tres categorías: según el intérprete, según los medios empleados y según el resultado obtenido. A) Según El Intérprete: 1. Autentica: Es aquella que realiza el creador de la norma, siendo éste el legislador; (Art. 205.1 de la Constitución); 2. Doctrinaria: Es la interpretación hecha por estudiosos del derecho, las cuales son de carácter ilustrativa no vinculante; sin embargo, es innegable la importancia que la interpretación doctrinaria representa para el ejercicio de la jurisdicción, pues presentan puntos de vista que pueden ser o no compartidos, pero en ambos casos llegan a plantear alternativas posibles a la realidad normativa; y 3. Judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales en su labor de juzgamiento de casos concretos; las interpretaciones de las normas solo tendrán el alcance del caso concreto al que se aplica, salvo cuando éstas emanen de la Corte Suprema de Justicia y que hayan servido para resolver tres casos distintos, resueltos en igual número de sentencias, pues en este supuesto la interpretación de la norma constituye doctrina legal (Art. 360 CPP), pasando a ser de carácter obligatorio para todo el sistema judicial y que contribuye a la formación del derecho y a la seguridad jurídica mediante la unificación de criterios que posibilita la previsibilidad de las decisiones judiciales. B) Según El Método: Existen diferentes métodos de interpretación (erigidos por diferentes Escuelas Doctrinarias), que la forma en que estas deben realizarse; son algunas de estas Escuelas (Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e Integración de la Ley, Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Jurídicos Revista 38, año 2006): 1. Método Exegético: Señala que la labor del interprete es indagar sobre el pensamiento del legislador al momento de la elaboración de la norma; parte de que la fórmula legal deriva de la voluntad del legislador con independencia de antecedentes históricos, sociales, políticos, etc., lo que lleva como consecuencia que el sentido de la norma es inmutable en el tiempo, siendo imposible adoptarla a las exigencias futuras. Este método fue uno de los primeros planteados, hoy en día superados, pues la norma no puede anclarse en un punto en el tiempo, mucho menos atender a la voluntad que en su momento tuvo el legislador al crearla, pues una vez puesta en vigencia la norma ingresa a todo el sistema legal, con el que se interrelaciona (Normas Constitucionales, Normas de Convencionalidad, Principios del Derecho Sustantivo y normas de la misma institución legal), y que condicionan la interpretación que debe tener.- Lo anterior no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la intención del legislador al momento de crear la norma, pero ello no implica que sea éste el norte que debe seguir el juzgador al momento de interpretarla, pues se insisten, hay múltiples principios que influyen en dicho proceso. 2. Método Dogmático: Parte como fundamento que la fuente de la formula legislativa es el pueblo (soberano), por lo que la ley no puede ser considerada como un hecho fijo e invariable, sino como una significación lógica que evoluciona y se transforma.- Considera al ordenamiento jurídico como un todo establecido sistemáticamente, en la cual cada norma está vinculada con las demás para construir un sistema coherente y uniforme.- Este método señala que la interpretación tiene cuatro elementos, los cuales no son excluyentes, sino complementarios, a saber: a. Gramatical: Permite al interprete empoderarse de la norma a través del lenguaje usado para su construcción; b. Racional o lógico: Consiste en la disección del pensamiento del legislador para identificar las distintas partes que componen la norma y establecer sus relaciones; c. Histórico: Es el estudio retrospectivo del derecho imperante al momento de la creación de la norma y los hechos sociales que motivaron su creación; y d. Sistemático: Promulga que la norma sostiene un vínculo inquebrantable con una institución legal y ésta a su vez, con una rama del derecho específica, la que a su vez se relaciona con el resto del sistema legal. 1. Método Teleológico: Señala que la interpretación deberá partir del fin que se le dé a la norma legal; por ello lo primero es indagar cual es el interés social que pretende proteger para luego identificar la forma en que la norma pretende lograrlo, de modo que su aplicación resulte efectiva. 2. Método de la Evolución Histórica: Parte como principio de que la ley es el producto de las circunstancias sociales imperantes al momento de su elaboración, pero que están tienen la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van presentando en la evolución social, a través de la interpretación, la que ciertamente no debe realizarse conforme a la voluntad del legislador, sino atendiendo las necesidades económicas y sociales del momento en que la ley fue formulada, pues ésta tiene vida propia.- Se trata de una “interpretación evolutiva”, que parte de los textos legales en consonancia con las transformaciones de la sociedad, permitiendo que en cada época se pueda dar un sentido regido por la vida social actual. C) Según el Resultado: Debe entenderse que las normas son construcciones abstractas, hipótesis de hechos que en sí mismas no constituyen verdades, sino que son instrumentos para la resolución de casos concretos; por ello es labor del intérprete fijar los límites de esa aplicación, atendiendo los elementos gramatical, racional, histórico y sociológico de la norma y de lo cual depende tres posibles resultados: 1. Interpretación declarativa: Mediante la cual el resultado obtenido concuerda de manera idéntica con la fórmula legal, de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de su tenor literal y éste se limita a resolver la eventual duda, con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. 2. Interpretación Extensiva: Que se produce cuando el intérprete evidencia que al texto de la norma puede dársele una significancia más grande y por ende puede tener un espectro de aplicación más amplia, ello debido a que las palabras usadas expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende; 3. Interpretación Restrictiva: Cuando el intérprete comprueba que las palabras empleadas en el texto expresan menos que el verdadero contenido de la norma; en estos casos el intérprete define que la norma solo es aplicable a un supuesto de hecho especifico;Interpretación De La Norma Penal: En las sentencias emitidas por esta Sala de lo Penal en Exp 079-2009, del 11de marzo de 2010, en Exp 270-2009, de fecha 06 de abril de 2010 y el Exp 218-2010 de 29 de septiembre de 2011, se ha apelado a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil, el que manda primero tener en cuenta la intención del legislador (Método Exegético) mediante una interpretación gramatical de la formula legislativa (Art. 17 y 18 CC), pero además hace mano del Método Dogmático, mandando a realizar una interpretación sistemática (Art. 19 CC) y finalmente dispone que como alternativa última se observe el Método de Evolución Histórica (Art. 20 CC); Es así que el Código Civil adopta una postura ecléctica en lo que concierne a los métodos de interpretación de las normas que debe ser usada atendiendo además los límites que devienen de la naturaleza del Derecho Penal.- De este modo, con base en los Principios Pro Homine, Pro Libertate, Legalidad, Inocencia y Favor Rei, son reglas de la interpretación de las normas penales sustantivas: 1. Conforme al Interprete: Los Órganos Jurisdiccionales deberán acatar las interpretaciones a las normas penales que haga el legislador y, en su defecto, las que constituyan Doctrina Legal emanada por la Corte Suprema de Justicia, ello sin perjuicio de plasmar en su resolución su criterio sobre lo atinado o no de éstas; 2. Conforme al Método: a. Se debe tomar como referencia interpretativa el origen de la norma sustantiva, tanto en el derecho nacional, como en el derecho comparado; igualmente, para dicha referencia, podrán considerarse los hechos históricos imperantes al momento de la creación de la norma y la intención que en su momento tuvo el legislador (Método Exegético); b. El estudio de la norma vigente, propiamente dicha, comienza mediante la interpretación gramatical, dándosele el significado legal a las palabras usadas por el legislador (Método Dogmático: Interpretación Gramatical), identificando su inteligencia, es decir la logicidad de la formula legislativa (Método Dogmático: Interpretación Lógica); c. Debe reemplazarse la “voluntad del legislador”, por la “voluntad de la norma” (Método Teleológico), entendiéndose como el propósito encomendado a ésta en su actual vigencia cuyo norte es el bien jurídico que se pretende tutelar (Principio de Lesividad) y su concepción en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto; La norma debe interpretarse tomando en consideración la dinámica social imperante, ergo no existe una interpretación válida para todo los tiempos (Método de la Evolución Histórica); d. La interpretación de la norma debe hacerse con plenitud al ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva vertical, como horizontal (Método Dogmático: Interpretación Sistemática): i.- Perspectiva Vertical (Principio de Jerarquía Normativa): Primero el sentido de la interpretación debe ser armónica con los derechos fundamentales constitucionales y con los derechos humanos contenidos en las normas del bloque constitucional, por lo que de todas las posibilidades interpretativas, deberá elegirse aquella que sea acorde con la norma superior; ii.- Perspectiva Horizontal (Principio de Unidad Sistemática): Por otro lado la norma deberá asemejarse a un engrane que forma parte del todo, por lo que la interpretación deberá realizarse a modo de que no exista discordia con el resto de las normas de la institución jurídica de la que forme parte, de las normas de la rama del derecho a la que pertenezca y finalmente de todo el sistema jurídico nacional. 3. Conforme al Resultado: a. La interpretación analógica de las normas penales sustantivas es prohibida en derecho penal cuando ésta sea in mala partem, aun cuando ésta sea ordenada por el legislador nacional, pues impera el control de Convencionalidad y la primacía de la Constitución; b. Las normas deberán interpretarse restrictivamente cuando sea in mala partem y extensivamente cuando sea in bonam partem; y c. En caso de duda sobre el sentido de una norma, deberá siempre tomarse entre las posibilidades la interpretación que más favorezca al reo. De la Autoría Directa o Material Muchas han sido las teorías que han querido llenar de contenido el tema de la autoría, así las teorías objetivas, teorías subjetivas y las teorías objetivo-subjetivas (Juan Bustos Ramires, Manual de Derecho Penal Parte General. Barcelona: Ariel S.A 1989, pag 283): a. Entre las Teorías Objetivas, encontramos la Teoría Objetiva Estricta, la que parte de la teoría de la equivalencia de las condiciones, siendo autor todo aquel que aporta un elemento importante para la producción del delito, a ésta teoría se le conoció como Teoría Unitaria, debido a su falta de distinción entre autores y participes, la Teoría Formal Objetiva (Fernando Velásquez Velásquez. Derecho Penal Parte General. Santa Fe de Bogota: Temis S.A 1997, pag 609), que llama autores quienes realizan estrictamente la hipotesis descrita en el tipo penal, la Teoría Material Objetiva, que diferenciar los autores de los partícipes conforme a la mayor o menor peligrosidad al bien jurídico protegido; b. Las Teorías Subjetivas que trataba de explicar el grado de participación de la persona atendiendo exclusivamente la intención del individuo, así el autor debía de conducirse con un interés propio (Animus Auctoris) mientras que los partícipes con un interés ajeno (Animus Socii); c. La Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes, Esta teoría fue propuesta por Welzel, “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sent Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, en el Exp 349-09) por lo que también fue llamada Teoría Final Objetiva, siendo su mayor exponente el alemán Hans Welzel; y d. La Teoría de la Imputación Objetiva: De reciente planteamiento en el derecho penal por Claus Roxin y, con sus relevantes diferencias, Gunther Jakobs, buscando un tratamiento unitario entre los delitos dolosos y culposos y según la cual, en la versión de Roxin, será autor del delito la persona que haya creado la situación de riesgo jurídicamente desaprobado, típicamente relevante o en general no permitido, o haya incrementado una situación de riesgo jurídicamente desaprobado, típicamente relevante o no permitido y que directamente allá causado un resultado que se encuentre dentro del ámbito de protección de un tipo penal determinado. La Sala de lo Penal, ha acogido la Teoría Objetivo-Subjetiva, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (Ver Sentencias del 11 de abril de 2011 en el en Exp 376-09 del 11/04/2011, del 11 de abril de 2012 en el Exp 057-2010, del 17 de enero de 2013 en el Exp 349-09, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Eugenio Raúl Zaffaroni); Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anónima Editora, año 2000, pag 742): a. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; b. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; y c. Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. Es de tener en cuenta que el concepto de autoría no es estático, sino que éste es informado en cada caso por el tipo penal en cuestión, del que se parte para definir cuál de los ejecutores tiene el dominio del hecho. el autor directo es conocido como: autor inmediato, autor principal, autor propiamente dicho y autor material; Todas estas denominaciones son acepciones de un mismo concepto. Es autor directo quien en dominio completo de la acción realiza la conducta descrita en el tipo penal; En los delitos con sujeto activo calificado, será autor además quien tenga las cualidades especiales que señala el tipo penal. El legislador, con ciertas excepciones, ha construido los tipos penales dirigidos al autor directo del delito consumado (Art. 65 del CP), usando las denominaciones de “… la persona…”, “… quien…”, “… aquel…”, sin embargo amplia el espectro de aplicación de los tipos penales cuando en los artículos 32 señala además del autor directo o material, deben de considerarse autores al Coautor, autor mediato, al inductor y al cómplice necesario, mientras que en el artículo 33 señala que como participes se tendrá al cómplice simple. Del delito de homicidio Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esta Sala de lo Penal indica que la vida (artículo 3) y la dignidad humana (artículo 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (artículo 3) y la libertad (artículo3), constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (artículo 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (artículo 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger éste derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Homicidio que protege la vida independiente, de la cual goza la persona humana desde su nacimiento como consecuencia de la terminación del proceso de parto (artículo 126 Código Penal) y hasta el cese irreversible de las funciones cerebrales y encefálicas como forma para determinar la muerte (Artículo 13 y 14 de la Ley de Trasplantes y Extracción de Órganos y Tejidos Humanos). El delito de Homicidio está tipificado en el artículo 116 que indica “Quien de muerte a una persona (…) comete el delito de Homicidio Simple e incurrirá en la pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión”. Son los elementos objetivos del tipo penal: Sujeto activo: Puede ser cualquier persona; 1. Sujeto pasivo podrá ser cualquier persona diferente a: I) Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); II) Los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno Extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; y III) Diferente al presidente de un Poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 2. Objeto material del delito: es la vida independiente de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe de ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 3. Conducta criminosa: centrada en el verbo rector, que en este caso matar que dicho de otra manera implica privar de la vida; 4. Modalidad criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que puede llevarse a cabo de cualquier manera, siempre que no sea de forma alevosa, premeditada, con ensañamiento o por medio de grandes estragos, ya que ello desplazaría el delito de Homicidio para darle paso al delito de asesinato; Como elemento subjetivo el tipo penal de Homicidio Simple es el dolo específico de matar (ánimus necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Homicidio Simple: 1. Según su estructura: I) Tipo penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; II) Tipo penal simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; 2. Según su contenido; I) Tipo penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; II) Tipo de conducta instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; III) Tipo penal de acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; IV) Tipo penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3. Según el sujeto activo: I) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; II) Tipo penal común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el bien jurídico tutelado: I) Tipo penal mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; II) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona. De la Tentativa: El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1) Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2) Fase Intermedia: Es una Fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente, contemplado en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal, respectivamente; 3) Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los actos preparatorios y los actos ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: a. Actos Preparatorios: conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal; b. Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da comienzo a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; c. La Tentativa, conocida como delito intentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente (Art. 15 CP). Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: i. Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos van encaminada “la intención de cometer un delito determinado” (Art. 15 CP); el dolo debe de coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; ii. Comienzo de la Ejecución del Delito: Al mencionar el artículo 15 del Código Penal la realización de actos de ejecución, refiere a aquellos actos que deben de llevar al sujeto activo a la consumación del delito, para ello en cada caso será preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos por el sujeto activo en su plan delictivo que representen un peligro al bien jurídico protegido; iii. Actos Inequívocos: Exige el Artículo 15 del Código Penal que los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); iv. Actos Idóneos: El artículo 16 del Código Penal además exige que los actos realizados sean idóneos, que implica que el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, la acción podrá ser declarada no punible por no representar peligro alguno al bien jurídico protegido (Tentativa Inidónea); y v. Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse “por causas ajenas a la voluntad del agente” (Art. 15 CP), es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es pues que la Tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: * El sujeto activo realizo todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada); ** El Sujeto activo realizo todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin que este se haya consumado debido a que tales actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidónea); *** El Sujeto Activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada) La Tentativa (siempre punible) se diferencia de los actos preparatorios (punibles solo cuando expresamente determine la ley), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución y el segundo consiste en los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante un peligro para el bien jurídico protegido. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal (Art. 14 del CP). De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Ley en el Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Es criterio de esta Sala de lo Penal que el hecho declarado probado por el Tribunal de Sentencia (F.125) señala que el acusado Narciso Bonilla García, realizó una serie de acciones encaminadas a ejecutar el delito imputado; se indica en el hecho probado que: “UNICO: En fecha 10 de septiembre del 2012 en la Aldea del municipio de Curaren de FRANCISCO MORAZAN, específicamente en la Escuela Luis Landa se desarrollaba la celebración del día del niño el que era amenizado por los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ Y FREDYS ALEXANDER ALVARADO, lugar al que llego NARCISO BONILLA GARCIA, pidiéndoles que se pusiera en el equipo de audio un CD de música ranchera, por lo que ante la negativa, salió de la escuela realizando varios disparos al aire, ante ello se suspendió la celebración, por lo que cuando iban saliendo de la escuela los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ Y FREDYS ALEXANDER ALVARADO, ingresaba el señor NARCISO BONILLA GARCIA, con arma en mano y le realiza tres disparos al señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, en diferentes partes del cuerpo, y un disparo a JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ en el costado, dándolos por muertos, huye del lugar, seguidamente ambos fueron llevados al hospital, donde fueron intervenidos quirúrgicamente, dándole de alta ambos, posteriormente en fecha 02 de febrero del 2013, el señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO, falleció a consecuencia de complicaciones por las heridas recibidas.” Al establecerse en el hecho declarado probado que el acusado, tuvo una participación terminante y esencial en la ejecución y consumación del delito de homicidio; consideramos que la normativa sustantiva en la que el Tribunal ha subsumido el hecho fáctico es acorde a efecto de emitir una sentencia de culpabilidad como se ha realizado, quedando claro que la calificación es la apropiada en relación al delito simple de homicidio en perjuicio de una víctima y en consonancia con los artículos 116 en relación con el artículo 15 del Código Penal para el otro ofendido, además que el hecho antijuridico cometido es producto de la acción realizada por el encartado; y que del examen del hecho probado al que ha arribado el Juzgador en concatenación con la norma aplicada es acertada dicha fundamentación jurídica al concatenar el justiciable en los verbos rectores del tipo penal de homicidio, y no como lo han querido hacer ver los recurrentes, al manifestar que el inculpado debió obtener una condena por el delito de lesiones conforme lo establece el artículo 135 numeral 3) del Código Penal, tomando en cuenta el tiempo de incapacidad; es así que el A quo en la fundamentación jurídica en el ordinal Segundo indica que el acusado dirigió el ataque con la intención de cometer los delitos ya descritos y con la probabilidad de causar la muerte; es así que verificamos que los hechos probados emitidos por el a quo se subsumen en el delito de homicidio en perjuicio de uno y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de la otra víctima y no de lesiones como lo quieren hacer ver los impetrantes, además por lo ya explicado consideramos que la normativa aplicada en la sentencia recurrida es la que corresponde para este tipo de hechos delictivos y en las condiciones que se suscitaron como se plantea en el hecho probado, es así que se desestima el recurso de casación por infracción de ley en su primer motivo interpuesto por los censores. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 1 de la Ley de Autopsia Médica Obligatoria; Concepto de la Infracción: No aplicó la normativa de la Ley de Autopsia Médica Obligatoria; Reclamación Ex Ante: El defecto se produce en el acto mismo de sentenciar; Pretensión: Que se declare con lugar el recurso de casación. Establecen los recurrentes que “el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, ha vulnerado el estado de inocencia del acusado NARCISO BONILLA GARCIA, pues le ha condenado sin que exista la prueba suficiente para ello. En todo caso, siguiendo la doctrina jurisprudencial de esa Sala de lo Penal, la prueba no es suficiente, es decir, no se cumple al menos con una mínima actividad probatoria de cargo, capaz de enervar el estado de inocencia; y lo más importante, no ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador, reafirmando nuestra conclusión de que la prueba de cargo no es suficiente. Por ende, la honorable Sala de Casación Penal debe dictar una sentencia absolutoria a favor de mi defendido” Del Principio de Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que, en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del principio de legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”; para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) Garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) Desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y c) Garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al pretensor a cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos los siguientes: 1. Legitimidad objetiva: existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2. Legitimidad subjetiva: que el recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3. Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma al interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: la expresión de la voluntad de impugnar; y la fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el recurso de casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del vicio/motivo/recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia, sin embargo, el proceso de construcción del recurso por parte del recurrente es en el sentido inverso: identificación del vicio, encuadramiento del motivo y finalmente tipo de recurso de casación. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de numerus clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el cual opera bajo el sistema de numerus apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el a quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: recurso de casación por infracción de ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios in iudicando; recurso de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncias vicios in procedendo; y, recurso de casación por infracción de precepto constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios in iudicando o in procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: el tipo de recurso de casación; la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y la aplicación pretendida, la cual consiste en la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun y cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar su recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma sustantiva o procesal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Por lo anterior, el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado ut supra. (Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en el expediente SP 348-2011; del 27 de mayo 2014 en expediente 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el expediente 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en expediente 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en el expediente SP 228-2011 De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Ley en el Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal al examinar el recurso impetrado, se verifica que la Defensa Privada presentó el mismo basándose en diversos alegatos, siendo esto un error de planteamiento pues cada uno de los mismos merecieron ser expuestos de manera separada, exponiendo su propio sustento de derecho; así los recurrentes inician de manera indebida su recurso al señalar que en la sentencia que se recurre, “la prueba no es suficiente, es decir, no se cumple al menos con una mínima actividad probatoria de cargo, capaz de enervar el estado de inocencia; y lo más importante, no ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador, reafirmando nuestra conclusión de que la prueba de cargo no es suficiente”; habiendo enunciado en el mismo que el vicio se trata de inaplicación de una norma procesal extra penal (Ley de Autopsia Medica Obligatoria), además en el desarrollo del motivo no ofrece una mejora en su inicio ni en su desarrollo casacional, estableciendo además alegatos de instancia y haciendo sus propias valoraciones de instancia, los censores no cumple con los requisitos mínimos exigidos en la redacción de su escrito recursivo para dar una respuesta en la medida y extensión que conlleva un recurso de casación por Infracción de Ley al no identificar, explicar y demostrar el vicio, por lo que incurren en una indebida técnica recursiva; debiendo desestimar el recurso impetrado en su segundo motivo. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas adjetivas que se denuncia infringida: Artículo 338 regla cuarta numeral 2) del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: Carecer de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias; Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el mismo acto de sentenciar; Pretensión: Se anule la sentencia y el juicio en cual se dictó. Establecen los recurrentes que el Tribunal de Sentencia en el fallo no valoraron los dictámenes presentados por el Ministerio Publico que se encuentran registrados bajo los números 1949-12 у 1993-12 donde el análisis médico legal del Ministerio Publico le da incapacidad de 35 días y en sus conclusiones establecen que hubiera sido necesario la autopsia y en la parte de la fundamentación el sentenciador en el numeral segundo en su párrafo tercero menciona complicaciones médicas que el dictamen médico legal en ninguna de sus partes menciona, no solo ello en el hecho probado tampoco mencionan que existió una complicación que le produjo la muerte al señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO por la acción del señor NARCISO BONILLA GARCIA; además que, incurrió en el vicio de falta de motivación en el razonamiento utilizado para la valoración de las pruebas, pues no han explicado debidamente de dónde se derivan sus conclusiones, cuentan una serie de hechos y circunstancias que le llevarían que con la estimación de este motivo de casación, solicitando la nulidad de la sentencia. De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez/a ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez(a) debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legitima Y Respetuosa De La Sana Critica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Es importante advertir que el motivo por el cual los recurrentes han interpuesto el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, estriba en determinar si existe o no suficiente motivación fáctica en la sentencia que dé respuesta a uno de los aspectos debatidos, en este sentido en la sentencia se encuentra el acápite de valoración de la prueba y el acápite de motivación y fundamentos de derecho, en la que se valora toda la prueba, y se encuentran los medios de pruebas evacuados y valorados en juicio oral y público, entre ellos están: 1) Declaración testifical de José Antonio Alvarado López, en su valoración el Tribunal Sentenciador estableció: “La declaración del señor José Antonio Alvarado López es congruente al ser testigo víctima por haber recibido varios impactos de bala en su cuerpo por parte del señor NARCISO BONILLA GARCIA y quien relató de forma amplia que el génesis del hecho es por haber quitado el CD de música que quería escuchar el señor NARCISO BONILLA en la celebración que se realizaba en la Escuela Luis Landa por ser el día del niño, provocándole también heridas en la humanidad de FREDYS ALEXANDER ALVARADO, quienes cayeron al suelo ante la mirada de los testigos ROSALI PEREZ y de las demás personas de que se encontraban en el lugar, por lo que de manera inmediata los llevaron para que se les diera asistencia médica y que gracias a ello lograron salvarle la vida inicialmente a FREDYS ALEXANDER ALVARADO, por lo que no cabe duda que el señor NARCISO BONILLA estuvo en el lugar y fue la persona que disparó sobre la humanidad de los señores JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ y FREDYS ALEXANDER ALVARADO quien falleció posteriormente a las complicaciones en su salud producto de las heridas, lugar donde también se encontraban las víctimas pues eran los que amenizaban la celebración con el equipo de audio, es por ello que los dichos de JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ al ser corroborados con otros medios de prueba de cargo posteriormente serán valoradas, merecen valor probatorio. Los relatos del señor JOSE ANTONIO ALVARADO fueron corroborados con la deposición de la testigo ROSALI PEREZ, quien al estar en la celebración del día del niño, en las afueras de la escuela Luis Landa tenía visibilidad a través de la malla del aula, pudiendo observar cuando al señor NARCISO BONILLA le fue devuelto el CD de música y salió del lugar, aspecto que también fue relatado por JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ, quien asimismo pudo observar cuando las víctimas (JOSE y FREDYS) que eran los encargados de la música venían saliendo del aula donde se realizaba la celebración, cuando NARCISO BONILLA les disparaba, quien al verlos en el suelo huyo del lugar, por lo que las personas que estaban en la celebración auxiliaron a las víctimas; no cabe duda para este Tribunal que efectivamente que la testigo ROSALI PEREZ pudo presenciar los mismos y por lo tanto su declaración merece valor probatorio. Con la prueba pericial, consistente en: 3) El dictamen físico número 1993-2012 y su ampliación (F.127 vuelto) el sentenciador estableció en su valoración: “Valoración, Estos medios de prueba merecen completa credibilidad y valor probatorio puesto que han sido elaborados por profesionales de la medicina y además, y de la cual no hay prueba que refute lo establecido en los mismos, aunado a ello el contenido de los dictámenes es corroborado por los testigos de cargo. Con la evaluación practicada a JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ, se establece que las heridas que sufrió en su humanidad son a consecuencia de recibir disparos por arma de fuego, y que los mismos fueron realizados por NARCISO BONILLA GARCIA según los testigos presenciales del hecho, dicho dictamen estableció que si hubo peligro de muerte y que se le otorgó una incapacidad de 35 días, por cuanto se lesionaron órganos vitales como ser el estómago, páncreas, lo que indica que su acción era quitar la vida y no únicamente lesionarlo. En el dictamen 1993-2012 se estableció la revisión al expediente clínico registrado bajo el n. 2525063 en el hospital Escuela y que corresponde al señor FREDY ALEXANDER ALVARADO LOPEZ, quedando acreditado que este ingresó el 10/09/12 por herida en hemotórax anterior izquierda y dos heridas en cara posterior de antebrazo derecho, a consecuencia de recibir disparos por arma de fuego, por lo que fue intervenido quirúrgicamente logrando salvarle la vida en ese momento y por lo que fue dado de alta, sin embargo, pocos días después ingreso nuevamente al hospital, lo que sucedió en tres ocasiones, por deterioro en la salud del mismo debido a los disparos realizados por el señor NARCISO BONILLA, lo que le provocaron fuertes dolores en el estómago, pues uno de los disparos lacero el intestino delgado generando complicaciones y como consecuencia de ello ya el 22/02/13 falleciera de un pro cardio-respiratorio, por lo que no cabe duda a este tribunal que este diagnóstico tiene relación con el trauma sufrido inicialmente como lo fueron las heridas recibidas por arma de fuego y que fueron provocadas por el señor NARCISO BONILLA. Estima el Tribunal que los resultados de los dictámenes son objetivamente confiables y por lo tanto merecen valor probatorio.”Los anteriores medios de prueba se valoraron y en el apartado de fundamentos de JURIDICOS, en su ordinal segundo (F.128 vuelto) el Juzgador hace motivación jurídica en la que estableció: “Ahora bien, es necesario determinar si el acusado NARCISO BONILLA GARCIA fue quien realizó los disparos que provocaron la muerte del señor FREDY ALEXANDER ALVARADO LOPEZ, para determinar tales aspectos, el Ministerio Público presentó a los Testigos JOSE ANTONIO ALVARADO LOPEZ quien es testigo presencial de los hechos y as u vez ofendido pro cuanto al salir de la escuela fueron ambos atacados por el señor NARCISO BONILLA GARCIA; así como la testigo ROSALI PEREZ, quien estaba en el lugar de los hechos a causa de la celebración del día del niño y quien pudo presenciar los mismos, lo declarado por estos fue corroborado con los demás medios de prueba de cargo. En tal sentido, ha quedado claramente establecido que fue el acusado NARCISO BONILLA GARCIA quien realizó los disparos que produjeron la muerte del señor FREDYS ALEXANDER ALVARADO LOPEZ”. Para esta Sala de lo Penal, la falta de motivación es “la ausencia de una explicación de los motivos que respaldan la convicción de los juzgadores, en cuanto a los hechos y razones jurídicas que fundamentan la explicación de los hechos, y que dan respuesta a todas las cuestiones debatidas en juicio. En lo atinente a la manifestado en el presente recurso, y del examen efectuado a la sentencia recurrida, se ha podido constatar que en la misma se desarrollan razonamientos de valoración de los medios de prueba en que apoyan la decisión adoptada en la parte resolutiva. El Juzgador no solo valoraron la prueba de manera individual, sino que hace la relación con los demás medios de prueba, lo que en suma constituyó una valoración conjunta, concluyéndose que, con independencia de la justicia de la valoración, verificamos que existe suficiente motivación fáctica en la sentencia impugnada y no como lo han querida hacer ver los Censores, realizando inferencias y razonamientos de cada medio probatorio evacuado en juicio engarzando con los demás realizando un motivación coherente obteniendo los hechos probados, por lo que el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su primer motivo se desestima. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas adjetivas que se denuncia infringida: Artículo 338 regla cuarta numeral 2) del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica; Reclamación Ex Ante: Por haberse producido el vicio en el mismo acto de sentenciar; Pretensión: Se anule la sentencia y el juicio en cual se dictó. Establecen los recurrentes que el Juzgador no tomó en cuenta los dictámenes de medicina forense del Ministerio Público los cuales fueron ratificados por el Perito nombrado por la parte acusadora; además que el sentenciador ha incurrido en violación al principio de razón suficiente al no valorar este medio de prueba documental consistente en los dictámenes médicos, derivando en conclusiones irracionales, solicitando la nulidad de la sentencia. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-2009). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio. De la procedencia del recurso de casación por quebrantamiento de forma en el segundo motivo. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha revisado el argumento de los Censores mismos que plantean que el Juzgador no tomó en cuenta los dictámenes de medicina forense del Ministerio Público los cuales fueron ratificados por el Perito nombrado por la parte acusadora; además que el sentenciador ha incurrido en violación al principio de razón suficiente al no valorar este medio de prueba documental consistente en los dictámenes médicos. En el desarrollo recursivo de quebrantamiento de forma en el motivo anterior, también los recurrentes realizaron similares apreciaciones en sus deposiciones, de las cuales hemos dado respuesta, y se verifica que el medio probatorio dictamen de medicina forense, fue objeto de valoración individual y conjunta, así como de manera armónica, al examinar el apartado de la valoración probatoria el Tribunal realizó un estudio intelectivo de los medios probatorios incluyendo el dictamen legal No. 1949-2012 ratificado por el Doctor Gustavo Adolfo Castro Banegas, dictamen que se encuentra a folios del 11 al 14 del expediente de mérito, del cual se realizó las inferencias y razonamientos conforme a las reglas de la sana crítica, en aplicación de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, de la cual se desprende la sentencia recurrida a los folios 126, 127 y 128; por lo que lo planteado por los impetrantes que se derivó en conclusiones irracional, no manifestando cuales y en que apartado de la sentencia recurrida se realizó tal razonamiento; la sala al examinar el fallo verificamos que el medio probatorio mismo que fue debidamente evacuado en el juicio oral y público, fue valorado por el a quo del cual emitió realizó un estudio intelectivo aplicando la reglas de la lógica, obteniendo una resolución de culpabilidad contra el encartado, después del estudio realizado al dicho medio probatorio y en corroboración con otros medios de pruebas evacuados y valorados; es así de esta manera y conforme al estudio realizado de lo planteado por los impetrantes consideramos desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su segundo motivo. DECISIÓN No Ha Lugar el recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. No Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el Código Penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el Código Penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso no se presentó por parte de los defensores escrito complementario en el que estableciera su parecer sobre la aplicación retroactiva de la nueva normativa penal; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. ponderación en el caso concreto: El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a Narciso Bonilla García por el delito de Homicidio en perjuicio de Fredys Alexander Alvarado a la pena de quince años reclusión; además condenó al señor Narciso Bonilla García por el delito de Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de José Antonio Alvarado López a la pena de diez años reclusión; asimismo a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, durante el tiempo de la condena principal, y lo declaró civilmente responsable de los daños y perjuicios causados por el delito. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto No. 130-2017 por el delito de Homicidio cometido por el acusado correspondería la imposición de la pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del cuerpo legal citado, por lo que la pena impuesta al acusado por el delito de Homicidio se encuentra dentro del margen abstracto de la pena a imponer con el nuevo Código Penal. En cuanto a la pena por el delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa la nueva normativa en el artículo 21 literal b) en relación con el artículo 62 del mismo cuerpo legal, establece una rebaja de un cuarto (1/4) por consistir en una Tentativa Acabada, y al realizar la operación aritmética queda una pena mínima de once (11) años y cuatro (4) meses de prisión y una máxima de quince (15) años; por lo que se verifica que la nueva pena no constituye un beneficio al encartado. Al realizar la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que en el caso particular no es procedente aplicar retroactivamente el Código Penal decreto No.130-2017, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362.2, 363 y 369 del Código Procesal Penal. FALLA: PRIMERO: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados German Daniel Licona Moya y Rosmell José Lanza Orellana, en su condición de Defensores Privados del señor Narciso Bonilla García, por los delitos de Homicidio, en perjuicio de Fredys Alexander Alvarado y Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa, en perjuicio de José Antonio Alvarado López. SEGUNDO: Declara No Ha Lugar el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados German Daniel Licona Moya y Rosmell José Lanza Orellana, en su condición de Defensores Privados del señor Narciso Bonilla García, por los delitos de Homicidio, en perjuicio de Fredys Alexander Alvarado y Homicidio en su Grado de Ejecución de Tentativa en perjuicio de José Antonio Alvarado López. TERCERO: Declara la NO PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. CUARTO: Declara FIRME Y EJECUTABLE la sentencia de fecha trece de junio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – Lety emelda posadas receptora adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-116-2020.
PIA CRISTINA MEJIA
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL