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Sentencia CP-112-22 — Registro 19427

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de lesiones agravadas, se declara sin lugar el recurso de casación por precepto constitucional interpuesto por su defensa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación; dandole razón a la representación del Ministerio Público, cuando describe que los juzgadores han expuesto los razonamientos que les permitieron arribar a la decisión de denegatoria del beneficio por no reunir el requisito número 4 del artículo 78 del Código Penal 130-2017. El Código Penal vigente regula la Suspensión de la Ejecución de la Pena, la cual es factible cuando se cumplen los requisitos, pergeñados en su artículo 78; como ha bien lo señala la recurrente en su desarrollo recursivo, es una potestad del juzgador acceder o no a la suspensión; sin embargo, ha aquejado, que la decisión tomada por el a quo ha quebrantado el debido proceso por ser una decisión que no hace velar el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales. Amerita señalar los descrito por el Juzgador en el apartado décimo tercero del acápite fundamentación Juridica:“DECIMO TERCERO.- El artículo 78 del Código Penal vigente establece que el órgano jurisdiccional competente puede acordar motivadamente la suspensión condicional de ejecución de la pena de prisión, cuando concurran los requisitos siguiente: este articulo exige: cuatro requisitos, dentro de los cuales figura, que la pena no sea superior a cinco años aun cuando sean sumadas con otras, que sea la primera vez que delinque el penado, que no exista el peligro de reiteración delictiva del penado a la vista de las características del hecho y las circunstancias personales del autor y que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivadas del hecho delictiva o que se declare excepcionalmente la imposibilidad total o parcial de la misma. Por otro lado, el órgano jurisdiccional competente al ordenar la suspensión Condicional de la Ejecución de La Pena puede imponer además una o varias de las medidas reguladoras de la libertad contempladas en el artículo 84 del Código Penal durante dure el periodo de prueba. Para demostrar el cumplimiento de todos los requisitos que exige este artículo la defensa propuso como medios de prueba documentales: los siguientes: Una constancia de antecedentes penales del condenado y un estudio socio económico realizado por la Licenciada Telma Roxana Cedillo, al analizar cada uno de estos medios de prueba en relación a los requisitos que exige la ley para la aplicación del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, si bien con la constancia de antecedentes penales se demuestra que el penado no había sido condenado por otro delito antes de este, es decir que es primo delincuente; en cuanto al estudio socio económico, el mismo establece que la información recabada consiste en que se trata de una persona de escasos recursos económicos porque sus ingresos son de ciento veinticinco lempiras diarios y no posee vivienda propia ya que la casa donde vive el evaluado es de su madre, sin embargo, con esta información recabada no es suficiente para poder demostrar la insolvencia económica de esta persona, ya que se necesitan otras fuentes de investigación para demostrar esta situación económica, la encargada de practicar este estudio se limitó únicamente con la información brindada por el condenado, no corroboró estos extremos con los demás entes que le podían dar información acerca de la posesión de bienes materiales, tal es el caso como el catastro municipal, el Registro del Instituto de la Propiedad y las diferentes instituciones bancarias o en su caso instituciones financieras existentes en la zona conde reside el evaluado, por lo tanto no tenemos la certeza de los extremos alegados por la defensa, por esa razón no es procedente la aplicación de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la pena…”Esta Sala de lo Penal, identifica que claramente el Sentenciador recalca con exactitud, las razones por las cuales deniega la Suspensión de la Ejecución de la Pena, efectuando razonamientos coherentes, concatenados y derivados de la misma pericia cuestionada como lo es el estudio socioeconómico (F.124); el cual fue limitado para aportar con exactitud que el acusado es insolvente, pues del mismo es posible sustraer que la Trabajadora Social baso toda su información en los dichos que resultaron de la conversación sostenida entre el imputado y la trabajadora social, sin que ésta pudiera constar los mismos a través de otras fuentes. Aunado a lo anterior, se identifica del estudio socioeconómico que el acusado José Santa Ana Nataren, reside en la casa de habitación, propiedad de su madre Juliana Nataraen Soriano; sin embargo, de acuerdo al hecho declarado probado en la sentencia recurrida, José Santa Ana Nataren sin mediar palabras le infirió a dicha señora tres heridas con arma blanca tipo machete, que para estos jueces casacionales el continuar viviendo en la residencia pueda generar una reiteración delictiva del penado dado las característica de como sucedió el hecho, por lo que, es procedente desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-112-2022, que literalmente dice:” Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Mario Rolando Díaz Flores en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 112-2022, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Jose Santa Ana Natarén, como autor del delito de Lesiones Agravadas, en perjuicio de Juliana Natarén Soriano, a la pena de cuatro años de prisión, así como también a trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Segundo: No procedió condenar a Jose Santa Ana Natarén, a penas accesorias especiales. Tercero: Se declaro a Jose Santa Ana Natarén, responsable civilmente del delito por el que fue condenado. Cuarto: No procedió condenar en costas a Jose Santa Ana Natarén. Quinto: No procedió el comiso. Sexto: No procedió la suspensión condicional de la ejecución de la penal. Interpuso el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, la Abogada Tania Dasary Madrid Herrera, en su condición de defensora pública del acusado José Santa Ana Nataren. Son partes en única instancia: La Abogada Alba Regina Paniagua Pacheco, defensora pública, en su condición de recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “ÚNICO.- El día treinta de diciembre del año dos mil veinte, a eso de las siete de la noche, la señora Juliana Natarén Soriano se encontraba al lado de la puerta de su casa de habitación ubicada en la aldea Tixila municipio de Gualcinse departamento de Lempira, momento en la cual llegó su hijo José Santa Ana Natarén quien sin mediar palabras le infirió tres heridas con arma blanca tipo machete, dos ubicadas en el rostro y la otra en el antebrazo izquierdo, a consecuencia de las mismas se le dio una incapacidad de cincuenta días.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Tania Dasary Madrid Herrera, defensora pública, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 90 y 321, (DEBIDO PROCESO y PRINCIPIO DE LEGALIDAD), en relación con el artículo 78 del Código Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por parte del Juzgador entre otras disposiciones señalan que: 1) Nadie puede ser juzgada sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechas y garantías que la ley establece; 2) Los servidores del Estado no tienen más atribuciones que las que expresamente les confiere la ley. Toda acta que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad; 3) El órgano jurisdiccional competente puede suspender de forma motivada el fallo de las sentencias condenatorias a penas que no sean graves, atendidas las exigencias de prevención general y especial siempre que se den las condiciones previstas en la ley. SEGUNDO: El Juzgador al redactar y notificar el fallo condenatorio en contra del señor JOSE SANTA ANA NATAREN por el delito de LESIONES GRAVES, en perjuicio de JULIANA NATAREN SORIANO, lesiona los principios fundamentales del debido proceso y de legalidad que les asisten a los imputados por mandato constitucional, porque al dictar la sentencia impugnada niega la aplicación de la forma sustitutiva de ejecución de la pena de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA, atendiendo para su negativa únicamente a criterios subjetivos, pues se cumplen los requisitos formales previstos en el artículo 78 del Código Penal y se aportaron las pruebas pertinentes que muestran que el imputado no son reincidentes y que actualmente padecen de insolvencia económica, especialmente los Estudios Socioeconómicos realizados sobre el patrimonio del señor JOSE SANTA ANA NATAREN, pericias que se nutren de las investigaciones de campo llevadas a cabo por la Licenciada en Trabajo Social Telma Roxana Cedillo Cruz, quien corroboró la insolvencia económica del imputado, constatando, además, que ellos perciben escasos ingresos diarios de mera subsistencia. TERCERO: El Juzgador, a pesar de reconocerle veracidad a la información aportada en la prueba pericial socioeconómica, que con ella se constata la insolvencia de los acusados y que la parte acusadora manifestó su aquiescencia en la aplicación de la suspensión condicional de ejecución de la pena, sin embargo, a contrapelo de lo anterior, ignorando la posición del ente acusador y calificando la pericia de incompleta ya que, según él, la información recabada no es suficiente para poder demostrar la insolvencia económica de mi representado, ya que se necesita otras fuentes de investigación para demostrar la situación económica, ya que la encargada de practicar este estudio se limitó únicamente con la información brindada por el condenado, no corroborando dichos extremos con los demás entes que le podían dar información acerca de la posesión de bienes materiales, tal es el caso como el catastro municipal, el Registro del Instituto de la propiedad y las diferentes instituciones bancarias o en su caso instituciones financieras existentes en la zona donde reside el evaluado, por lo tanto no hay certeza de los extremos alegados por la defensa, tachas que resultan infundadas, pues la perito con sus investigaciones constató que el acusado es una persona de escasos recursos económicos porque sus ingresos son de ciento veinticinco lempiras diarios y no posee vivienda propia, ya que la casa donde vive el evaluado es de su madre, por lo que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 78 del Código Penal para la aplicación de la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA DE PRISION, ello hace evidente que la decisión del Juzgador al negar la aplicación de dicho beneficio resulta arbitraria y violatoria de los principios del debido proceso y de legalidad establecido en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República, con los que se persigue desterrar la discrecionalidad en las actuaciones de los servidores del Estado, sujetándolos a competencias y procesos regulados en normas ajustas al orden constitucional. PRETENSIÓN IMPUGNATIVA Acudimos a esta vía casacional porque indebidamente lo resolvió el Juzgador, pues ésta Defensa pidió antes la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE EJECUCION DE LA PENA DE PRISION (Art. 78 CP), solicitud que consideramos indebidamente negada, pues, aun cuando reconocemos que es una potestad del Juzgador acceder o no a la suspensión solicitada, pero la decisión que la otorga o niega jamás puede ser arbitraria, debiendo ajustarse a los parámetros expresamente fijados por la ley, en segundo lugar, consideramos que a favor del imputado concurren las condiciones previstas para decretar la suspensión solicitada, por lo que esperamos que una vez la Sala Penal constate la concurrencia de los requisitos que habilitan la suspensión pretendida, ordene la suspensión condicional de la Ejecución de la penas, imponiendo además una o varias de las medidas reguladoras de la libertad contempladas en el artículo 84 del Código Penal.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. Precepto Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República en relación con el artículo 78 del Código Penal; Concepto de la infracción: Violación al principio del debido proceso y de legalidad. Pretensión: Ordenar la Suspensión condicional de la Ejecución de la Pena. Ha señalado la recurrente, que el Juzgador al redactar y notificar el fallo condenatorio en contra del señor Jose Santa Ana Nataren, lesiona los principios fundamentales del debido proceso y de legalidad que le asiste, porque al dictar la sentencia impugnada niega la aplicación de la forma sustitutiva de ejecución de la pena de Suspensión Condicional de Ejecución de la Pena, atendiendo para su negativa únicamente a criterios subjetivos, pues a entender de la recurrente se cumplen los requisitos formales previstos en el artículo 78 del Código Penal. Continuó en su desarrollo recursivo la recurrente, señalando que el Juzgador, a pesar de reconocerle veracidad a la información aportada en la prueba pericial socioeconómica y que la parte acusadora manifestó su aquiescencia en la aplicación de la suspensión condicional de ejecución de la pena, ha determinado que la información recabada no es suficiente para poder demostrar la insolvencia económica del imputado al existir otras fuentes de investigación para demostrar la situación económica, por lo cual denegó la aplicación del beneficio, que para la recurrente, dicha decisión ha resultado ser arbitraria y violatoria del debido proceso y de la legalidad. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por la Pretensora como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra.- Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó:“67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que:“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. La Sala de lo Penal ha leído con detenimiento los escritos presentados por las partes con los cuales interponen y contestan el recurso de casación; dandole razón a la representación del Ministerio Público, cuando describe que los juzgadores han expuesto los razonamientos que les permitieron arribar a la decisión de denegatoria del beneficio por no reunir el requisito número 4 del artículo 78 del Código Penal 130-2017. El Código Penal vigente regula la Suspensión de la Ejecución de la Pena, la cual es factible cuando se cumplen los requisitos, pergeñados en su artículo 78; como ha bien lo señala la recurrente en su desarrollo recursivo, es una potestad del juzgador acceder o no a la suspensión; sin embargo, ha aquejado, que la decisión tomada por el a quo ha quebrantado el debido proceso por ser una decisión que no hace velar el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales. Amerita señalar los descrito por el Juzgador en el apartado décimo tercero del acápite fundamentación Juridica:“DECIMO TERCERO.- El artículo 78 del Código Penal vigente establece que el órgano jurisdiccional competente puede acordar motivadamente la suspensión condicional de ejecución de la pena de prisión, cuando concurran los requisitos siguiente: este articulo exige: cuatro requisitos, dentro de los cuales figura, que la pena no sea superior a cinco años aun cuando sean sumadas con otras, que sea la primera vez que delinque el penado, que no exista el peligro de reiteración delictiva del penado a la vista de las características del hecho y las circunstancias personales del autor y que el penado haya satisfecho la responsabilidad civil derivadas del hecho delictiva o que se declare excepcionalmente la imposibilidad total o parcial de la misma. Por otro lado, el órgano jurisdiccional competente al ordenar la suspensión Condicional de la Ejecución de La Pena puede imponer además una o varias de las medidas reguladoras de la libertad contempladas en el artículo 84 del Código Penal durante dure el periodo de prueba. Para demostrar el cumplimiento de todos los requisitos que exige este artículo la defensa propuso como medios de prueba documentales: los siguientes: Una constancia de antecedentes penales del condenado y un estudio socio económico realizado por la Licenciada Telma Roxana Cedillo, al analizar cada uno de estos medios de prueba en relación a los requisitos que exige la ley para la aplicación del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, si bien con la constancia de antecedentes penales se demuestra que el penado no había sido condenado por otro delito antes de este, es decir que es primo delincuente; en cuanto al estudio socio económico, el mismo establece que la información recabada consiste en que se trata de una persona de escasos recursos económicos porque sus ingresos son de ciento veinticinco lempiras diarios y no posee vivienda propia ya que la casa donde vive el evaluado es de su madre, sin embargo, con esta información recabada no es suficiente para poder demostrar la insolvencia económica de esta persona, ya que se necesitan otras fuentes de investigación para demostrar esta situación económica, la encargada de practicar este estudio se limitó únicamente con la información brindada por el condenado, no corroboró estos extremos con los demás entes que le podían dar información acerca de la posesión de bienes materiales, tal es el caso como el catastro municipal, el Registro del Instituto de la Propiedad y las diferentes instituciones bancarias o en su caso instituciones financieras existentes en la zona conde reside el evaluado, por lo tanto no tenemos la certeza de los extremos alegados por la defensa, por esa razón no es procedente la aplicación de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la pena…”Esta Sala de lo Penal, identifica que claramente el Sentenciador recalca con exactitud, las razones por las cuales deniega la Suspensión de la Ejecución de la Pena, efectuando razonamientos coherentes, concatenados y derivados de la misma pericia cuestionada como lo es el estudio socioeconómico (F.124); el cual fue limitado para aportar con exactitud que el acusado es insolvente, pues del mismo es posible sustraer que la Trabajadora Social baso toda su información en los dichos que resultaron de la conversación sostenida entre el imputado y la trabajadora social, sin que ésta pudiera constar los mismos a través de otras fuentes. Aunado a lo anterior, se identifica del estudio socioeconómico que el acusado José Santa Ana Nataren, reside en la casa de habitación, propiedad de su madre Juliana Nataraen Soriano; sin embargo, de acuerdo al hecho declarado probado en la sentencia recurrida, José Santa Ana Nataren sin mediar palabras le infirió a dicha señora tres heridas con arma blanca tipo machete, que para estos jueces casacionales el continuar viviendo en la residencia pueda generar una reiteración delictiva del penado dado las característica de como sucedió el hecho, por lo que, es procedente desestimar el presente recurso de casación. DECISIÓN Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; interpuesto por la Abogada Tania Dasary Madrid Herrera, en su condición de defensora pública del acusado Jose Santa Ana Natarén. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Jose Santa Ana Natarén, como autor del delito de Lesiones Agravadas, en perjuicio de Juliana Natarén Soriano. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. Mario rolando Díaz flores Magistrado Coordinador Walter Raúl miranda sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena franco Magistrado. Firma y Sello. – lety emelda posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho del mes de septiembre de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los veintidós días del mes de agosto de dos mil veinticinco, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-112-2022.

LETY EMELDA POSADAS RODRIGUEZ

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL