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Sentencia CP-100-20 — Registro 20140

Resumen

Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, contra la sentencia que condena a la imputada como cómplice de los delitos de robo agravado, privación injusta de la libertad. No procede la aplicación retroactiva de la ley penal, por no representar beneficio para la imputada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Primer y Segundo Motivo Son de RECIBO. - El Recurso de Casación, en sus dos motivos deben de ser atendidos, pues el hecho declarado probado determina que la participación de la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, es distinta a aquella que ha determinado el tribunal de sentencia, ello por errónea aplicación del artículo 33 y falta de aplicación del artículo 32, ambos del Código Penal. El Factum en el primer numeral señala que; Los acusados en fecha veinticinco de agosto del dos mil diecisiete, la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, junto a otro sujeto abordaron el taxi conducido por el testigo protegido “suman”, solicitándole los llevase a las canchas de futbolito “Las arenas” del boulevard Morazán de esta ciudad capital; El sujeto que acompañaba a la acusada se sienta al lado del testigo Protegido mientras las acusada se posesiona en el asiento trasero del taxi; Durante el trayecto, el sujeto de sexo masculino sacó un arma de fuego apuntó al conductor del taxi diciéndole que se trataba de un asalto, conminándolo a que le entregara todo lo que andaba; El testigo protegido les dice que no andaba nada de valor, por lo que el sujeto de sexo masculino le ordenó que condujese hacia el final del boulevard Morazán. Del Primer hecho se desprende que; Los acusados abordan el taxi juntos al automotor del ofendido, durante el trayecto hasta que finalizo su actividad delictiva se mantuvieron, actuando conjuntamente lo que determina un acuerdo previo; y tanto la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, con su acompañante deciden privar al protegido de su libertad ambulatoria, al intimidarlo con un arma de fuego a conducir con rumbo al Boulevard Morazán. En el segundo numeral sigue relatando el factum que: dicho automotor ingresó a la gasolinera Uno, ubicada a inmediaciones del centro comercial el dorado del boulevard Morazán, se estacionó, se bajó del mismo el sujeto de sexo masculino, solicitándole al dispensador de la bomba de gasolina le vendiese cien lempiras de combustible, mientras tanto, en el interior del taxi la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, le manifestó al taxista que si intentaba salir del vehículo le dispararía con un arma de fuego, simulando la existencia de dicha arma. Una vez dispensada dicha cantidad de combustible, el sujeto masculino sacó un arma de fuego, le apuntó al dispensador de combustible ordenándole entregar el dinero que tuviese en su poder, por lo que dicho empleado de la gasolinera le entregó mil seiscientos cincuenta y siete lempiras, procediendo a irse del lugar en el taxi. De este segundo hecho se desprende que; La acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, en compañía de otra persona del sexo masculino, en esa misma fecha utilizan al Testigo Protegido para asaltar una estación de Gasolina; dividiéndose los funciones para lograr su cometido; mientras el sujeto que acompañaba a la acusada amenaza al empleado de la estación de gasolina; la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, mantiene bajo intimidación al testigo Protegido, amenazándole de dispararle con un arma de fuego si se bajaba del automotor, aun y cuando la acusada solo simulaba tener un arma de fuego, la intimidación que esta ejerció sobre el Testigo Protegido, tenía apariencia de ser real, lo que es idónea para provocar intimidación en el receptor, como efectivamente ocurrió pues el ofendido decidió mantenerse sometido dentro del automotor; Es decir la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, mantiene sometido al testigo protegido para que este no salga de automotor y de aviso o signos de alarma mientras su acompañante despojaba de dinero en efectivo al empleado de la estación de Gasolina mientras le apuntaba con un arma de fuego, logrando la acusada y su acompañante su cometido. El segundo hecho del relato histórico es coincidente con el primero: fue la acusada en compañía de otra persona del sexo masculino, que de manera conjunta solicitaron los servicios de trasporte del Testigo protegido, actuando conforme a un acuerdo preestablecido, exigiendo la entrega de todo lo que tenía a este, al enterarse que este no tenía nada de valor, deciden utilizar al testigo protegido para que este los condujere la estación de gasolina, hasta lograr obtener dinero de manera ilícita. Es importante marcar las diferencias entre el cómplice (simple o necesario) y el coautor, ya que ambos tienen en común que contribuyen a la realización de un delito siendo las diferencias entre éstos: i.- El coautor realiza la tarea de común acuerdo, con co-dominio del hecho (Funcional o material), haciendo propio el delito (Animus Auctoris), mientras que el cómplice contribuye con una acción para la ejecución del delito de otro (Animus Socii), sin que posea el dominio del hecho; y, ii.- El coautor, para que sea tal debe de realizar su aportación al delito en la ejecución del mismo, mientras que el cómplice puede además aportar su contribución en la fase de preparación del delito, reprochable solo si éste se ejecuta posteriormente. En ese orden de ideas, los hechos probados revelan sin lugar a dudas que la imputada Dora Guadalupe Martínez Galo, realizó todas las acciones tendientes a la consumación y ejecución de los delitos de Robo Agravado y Privación Injusta de la libertad; Los Juzgadores, por tanto, han calificado erróneamente que la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, participo en el delito como cómplice (Art. 33 del Código Penal), pues en realidad no colaboro con actos ejecutivos en el delito de otro, en este caso de la persona de sexo masculino que la acompañaba; cuando los hechos probados revelan que realizó todas las acciones tendientes a la consumación y ejecución delos hechos delictivos, participando activamente en los delitos de Robo Agravado y privación Injusta de la Libertad; Por tanto en realidad actuó por su propia cuenta, ejecutando dos delitos y por ello su participación en ambos delitos es de coautor (Art. 32 del Código Penal), al haber realizado directamente las conductas criminosas reprochadas en los tipos penales, de manera conjunta, a partir de un acuerdo previo. Motivos suficientes para estimar el Recurso por Infracción de Ley, interpuesto por Ministerio Público. Tomando en consideración el numeral cuarto de la Fundamentación Jurídica de la sentencia recurrida, en el cual el juzgador determinó imponer en concurso medial, al considerar que la privación injusta de la libertad del testigo Protegido, fue un medio utilizado para cometer el delito de Robo Agravado; pues así lo solicitaron el ente acusador y la parte defensora, por tanto esta Sala de lo Penal impone igualmente las penas correspondientes en concurso medial, de la siguiente manera; Según establece el artículo 217 del Código Penal, el delito de Robo, en su calidad de autor es de 5 a 9 años de reclusión; Mismo que debe ser aumentado en 1/3 al estar agravado según lo establecido en el artículo 225 numeral 3, haberse cometido el hecho de noche; resultando una pena de 6 años 8 meses a 12 años de reclusión. Debiendo imponérsele a la acusada la pena mínima tal y como fue solicitado en la audiencia de individualización, resultando ser una pena de 6 años 8 meses de reclusión El delito de Privación Injusta de la libertad establecido en el artículo 193 del Código Penal, establece una pena de 3 a 6 años de reclusión. Debiendo imponérsele a la acusada la pena de 3 años de reclusión Al haberse condenado en concurso medial (Art. 36) entre el delito de Privación Injusta de la Liberta y Robo Agravado, procede aumentarle 1 /4 a la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, en este caso corresponde al delito de Robo Agravado, resultando una pena de 8 años 4 meses de reclusión. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito ComplementarioNo fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa de la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal decreto 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En base al Código Penal 144 -83, declaró responsable a título de autor a la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, de los siguientes delitos; Un delito de Privación Injusta de la Libertad, en concurso medial con el delito de Robo Agravado, imponiéndole una pena concreta de Seis 6 años 8 meses, más las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e interdicción civil, así mismo declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. la suma de las penas individualizadas es de 9 anos 6 meses de reclusión Las conductas reprochadas a la acusada están previstas en el Código Penal 130-2017, como Privación Ilegal de Libertad sancionado con la pena de prisión de 5 a 7 años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena (Art. 235); entretanto el delito de Robo con Violencia e Intimidación está sancionado (Art. 361), sancionada con pena de prisión de 4 a 8 años; al desprenderse de los hechos probados la utilización de arma de fuego para llevar a cabo el delito ( Art. 363.9), debe aumentarse en 1/3; Resultando una nueva pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses. La que para efecto de su cumplimiento deben ser consideradas en concurso real, al haber sido suprimida la forma concursal medial en el decreto 130-2017 (Art. 616 párrafo séptimo). Los delitos tienen como pena coincidente la de prisión, las que sumadas nos dan un margen abstracto de 13 a 17 años 8 meses de prisión; De la comparación se desprende que el Decreto 144-83 le es más beneficioso a la acusada, al contemplar una pena más baja que las contempladas en el nuevo Código Penal; por lo que no es procedente la aplicación retroactiva del NCP. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaído en el expediente del Recurso de Casación SP-100-2020, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro del mes de septiembre de dos mi veinticinco, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Mario Rolando Díaz Flores, en su calidad de Coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Nelson Danilo Mairena Franco, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-100-2020 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a la señora Dora Guadalupe Martínez Galo, por el delito de Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad, en perjuicio de Testigo Protegido “SUMAN” y Gasolinera UNO, a la pena de cinco años, seis meses, veinte días de reclusión. SEGUNDO: Declaró a la condenada civilmente responsable por lo que deberá restituir a la gasolinera UNO la cantidad de dinero sustraída; si el presente aún no le ha restituido, así como indemnizar los eventuales perjuicios ocasionados a dicha gasolinera y al testigo SUMAN como consecuencia de los hechos por los cuales se le condena. TERCERO: No Procedió la condena en costas a la señora Dora Guadalupe Martínez Galo. Son partes en única instancia: La Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente; y el Abogado Walter Siriam Calidonio Castillo, en su condición de Defensor Privado de la señora Dora Guadalupe Martínez Galo, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: El veinticinco de agosto del dos mil diecisiete, a las veintiún horas con treinta minutos, a inmediaciones de la estación de buses del barrio lempira de la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO en compañía de otro sujeto abordaron el taxi conducido por el TESTIGO PROTEGIDO SUMAN solicitándole los llevase a las canchas de futbolito “Las arenas” del boulevard Morazán de esta ciudad capital, sentándose en el asiento del lado derecho del conductor el sujeto masculino y en el asiento de atrás la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO. Durante el trayecto, el sujeto de sexo masculino sacó un arma de fuego de características no especificadas la cual apuntó al conductor del automotor y le dijo que era un asalto y que le entregas0e todo lo que andaba, a lo cual el conductor del taxi les manifestó que no andaba nada de valor, por lo que el sujeto de sexo masculino le ordenó que condujese hacia el final del boulevard Morazán. SEGUNDO: a las veintitrés horas con quince minutos dicho automotor ingresó a la gasolinera Uno ubicada a inmediaciones del centro comercial el dorado del boulevard Morazán, se estacionó, se bajó del mismo el sujeto de sexo masculino solicitándole al dispensador de la bomba de gasolina le vendiese cien lempiras de combustible, mientras tanto, en el interior del vehículo, la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO le manifestó al taxista que si intentaba salir del vehículo le dispararía con un arma de fuego, simulando la existencia de dicha arma. Una vez dispensada dicha cantidad de combustible, el sujeto masculino sacó un arma de fuego, le apuntó al dispensador de combustible ordenándole entregar el dinero que tuviese en su poder, por lo que dicho empleado de la gasolinera le entregó mil seiscientos cincuenta y siete lempiras, procediendo a irse del lugar en el taxi. TERCERO: a las veinticuatro horas con cincuenta y cinco minutos agentes de la policía nacional que realizaban un patrullaje de rutina en las inmediaciones del boulevard Juan pablo segundo de esta ciudad capital detuvieron al taxi en mención debido a que les había hecho un cambio de luces, situación en la que el taxista manifestó a la policía haber sido obligado a conducir el automóvil para cometer los hechos antes expuestos, siendo detenidos por la policía tanto la señora DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO como el sujeto de sexo masculino en mención.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de ley de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: “Aplicación Indebida del artículo 33 del Código Penal” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal citado como infringido por Aplicación Indebida textualmente dice: Código Penal, Articulo 33: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el Artículo anterior, cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Si de las circunstancias particulares del proceso resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un acto menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del acto que pretendió ejecutar”. Al proceder a la exposición de este motivo se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: “PRIMERO: El veinticinco de agosto del dos mil diecisiete, a las veintiún horas con treinta minutos, a inmediaciones de la estación de buses del barrio Lempira de la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Centra, departamento de Francisco Morazán, la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO, en compañía de otro sujeto abordaron el taxi conducido por el TESTIGO PROTEGIDO SUMAN solicitándole los llevase a las canchas de futbolito “Las Arenas” del boulevard Morazán de ésta ciudad capital, sentándose en el asiento del lado derecho del conductor el sujeto masculino y en el asiento de atrás la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO. Durante el trayecto, el sujeto de sexo masculino sacó un arma de fuego de características no especificadas la cual apuntó al conductor del automotor y le dijo que era un asalto y que le entregase todo lo que andaba, a lo cual el conductor del taxi les manifestó que no andaba nada de valor, por lo que el sujeto de sexo masculino le ordenó que condujese hacia el final del boulevard Morazán. SEGUNDO: a las veintitrés horas con quince minutos dicho automotor ingresó a la gasolinera Uno ubicada a inmediaciones del centro comercial El Dorado del boulevard Morazán, se estacionó, se bajó del mismo el sujeto de sexo masculino solicitándole al dispensador de la bomba de gasolina le vendiese cien lempiras de combustible, mientras tanto, en el interior de vehículo, la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO, le manifestó al taxista que si intentaba salir del vehículo le dispararía con un arma de fuego, simulando la existencia de dicha arma. Una vez dispensada dicha cantidad de combustible, el sujeto masculino sacó un arma de fuego, le apuntó al dispensador de combustible ordenándole entregar el dinero que tuviese en su poder, por lo que dicho empleado de la gasolinera le entregó mil seiscientos cincuenta y siete lempiras, procediendo a irse del lugar en el taxi. TERCERO: a las veinticuatro horas con cincuenta y cinco minutos agentes de la policía nacional que realizaban un patrullaje de rutina en las inmediaciones del boulevard Juan Pablo Segundo de esta ciudad capital detuvieron al taxi en mención debido a que les había hecho un cambio de luces, situación en la que el taxista manifestó a la policía haber sido obligado a conducir el automóvil para cometer los hechos antes expuestos, siendo detenidos por la policía tanto la señora DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO como el sujeto de sexo masculino en mención”. Con la lectura del relato fáctico, se puede apreciar la aplicación indebida del artículo 33 del Código Penal, pues el juzgador dicta una sentencia condenatoria contra DORA GUADALUPE MARTÍNEZ GALO, estableciendo que participó como cómplice simple de un hecho que el juzgador subsumió en un concurso medial entre los delitos de Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad. Partiendo de este extremo la norma penal invocada como infringida por aplicación indebida establece que los cómplices cooperan en la ejecución del delito con actos anteriores o simultáneos; sin embargo, si confrontamos lo dispuesto en ésta norma con el contenido del factum, podemos constatar que el actuar de la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo no se ajusta a lo dispuesto en el mencionado artículo, ya que el hecho declarado como probado claramente señala que “la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO, en compañía de otro sujeto abordaron el taxi conducido por el Testigo Protegido SUMAN...sentándose en el asiento del lado derecho del conductor el sujeto masculino y en el asiento de atrás la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ...mientras tanto, en el interior de vehículo, la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO, le manifestó al taxista que si intentaba salir del vehículo le dispararía con un arma de fuego, simulando la existencia de dicha arma. Una vez dispensada dicha cantidad de combustible, el sujeto masculino sacó un arma de fuego, le apuntó al dispensador de combustible ordenándole entregar el dinero que tuviese en su poder, por lo que dicho empleado de la gasolinera le entregó mil seiscientos cincuenta y siete lempiras, procediendo a irse del lugar en el taxi”; éstas acciones, hacerse pasar como clientes, solicitarle al testigo que los trasladara hasta otro sector, sentarse en posiciones estratégicas dentro del vehículo, y luego la acusada amenazar a la víctima con dispararle si intentaba salir del vehículo, no denota una simple complicidad, como lo dejó erróneamente establecido el sentenciador, por las razones que exponemos a continuación: Del análisis al relato fáctico podemos evidenciar que el ilícito se desarrolla de la siguiente manera: 1) Los autores del crimen interceptaron al testigo protegido “SUMAN” fingiendo ser pasajeros y juntos le solicitaron los traslade a un lugar en el vehículo tipo taxi que la víctima conducía. 2) Mediante amenazas (portando arma de fuego) obligaron a la víctima, testigo protegido “SUMAN”, a llevarlos hasta la Gasolinera Uno en el boulevard Morazán, al llegar solicitaron el abastecimiento de combustible y el sujeto masculino (acompañante de la acusada) se bajó del taxi y amenazó con un arma de fuego a uno de los empleados de dicho negocio (testigo protegido “NEELAM”) para despojarle del dinero en efectivo que este poseía producto de la venta, mientras tanto, la acusada en el interior del taxi amenazaba e intimidaba al testigo protegido “SUMAN” con matarlo si salía del vehículo. 3) Una vez que despojaron del dinero al empleado de la Gasolinera Uno, el sujeto sexo masculino abordó nuevamente el taxi y huyeron del lugar junto con la acusada y el testigo protegido “SUMAN” que había sido retenido en el lugar por la intimidación ejercida por la acusada. Del factum también podemos constatar las siguientes afirmaciones: Los autores del crimen, entre ellos la acusada, Dora Guadalupe Martínez Galo, abordaron juntos el vehículo que conducía el testigo protegido “SUMAN”. Es evidente que previamente acordaron privar de su libertad al conductor del taxi (testigo protegido "SUMAN") y cometer el robo, pues al ingresar al vehículo se ubicaron en posiciones estratégicas para ejercer control sobre la víctima y debilitar una posible defensa, la acusada se ubicó en el asiento trasero mientras que su acompañante al lado derecho del conductor. Ambos, es decir, tanto el sujeto sexo masculino como la acusada, ejercieron actos de intimidación y amenaza al testigo protegido “SUMAN”. La acción ejecutada por la acusada, descrita así en el factum: “mientras tanto, en el interior de vehículo, la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO, le manifestó al taxista que si intentaba salir del vehículo le dispararía con un arma de fuego, simulando la existencia de dicha arma”, tuvo un doble efecto, privar de la libertad al testigo protegido “SUMAN”, pero a la vez, también influyó en la acción que en ese momento estaba ejecutando su acompañante, despojar del dinero al testigo protegido “NEELAM”, pues la distribución de funciones entre ellos aseguró el resultado, apoderarse del dinero y huir del lugar. Una vez que despojaron del dinero al empleado de la Gasolinera Uno, ambos participes huyeron juntos en el taxi, taxi que estaba siendo retenido por la acusada. Como señalamos anteriormente, ante éstas acciones realizadas por la acusada no puede considerarse una complicidad simple, pues es evidente que Dora Guadalupe Martínez Galo, junto con su acompañante, ejecutaron el dominio conjunto del hecho, actuaron coordinadamente y habiendo planificado y habiéndose distribuido las acciones que realizarían, pues ambos en común acuerdo impidieron la libre circulación al testigo protegido “SUMAN”, obligándolo a la vez a trasladarlos hacia el lugar donde despojaron del dinero al testigo protegido “NEELAM”, y una vez habiendo llevado a cabo su propósito, huyeron juntos hasta que fueron interceptados por la policía. En relación corresponde hacer referencia a la Sentencia CP-129-2009 de fecha 28 de Octubre de 2010, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: “...todas estas acciones del señor C. M. A., demuestran un dominio conjunto del hecho con el señor P. F. L. en forma coordinada y planificada que denota un concierto previo al menos entre ambos encartados, confirmado por la distribución de tareas complementarias y necesarias para la consecución del objetivo, en este caso cometer el delito de secuestro; nos encontramos sin lugar a dudas ante un caso de coautoría, pues como afirma Welzel, “Coautoría es autoría, cuya especialidad consiste en que el dominio del hecho delictivamente unitario no reside en un individuo, sino que reside conjuntamente en varios... El dominio del hecho corresponde aquí en común a todos: no a un individuo, ni tampoco varios individuos en concreto, sino que todos juntos son titulares de la decisión, constituyendo la actividad de cada uno, junto con las de los demás, en virtud de la conexión de sentido dada por la decisión común de acción, un todo unitario”. Partiendo de lo anterior, podemos concluir que la acción enjuiciada ejecutada por la acusada y su acompañante evidentemente se desarrolló en coautoría, es decir, que la responsabilidad de la acusada DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO se desarrolló como coautora de ambos delitos y no como cómplice, tal y como lo apreció el Juzgador; por lo que el grado de participación en las acciones ejecutadas por la acusada Martínez no logra subsumirse en el artículo 33 del Código Penal, de tal suerte que el órgano jurisdiccional al estimarlo así incurrió en una aplicación indebida de la norma. En virtud de lo anterior se reafirma la argumentación del Ministerio Público en el sentido de que el fallo impugnado adolece del vicio in indicando alegado puesto que, según la verdad descrita en el factum la enjuiciada participó a título de coautora de un concurso medial entre los delitos de Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad, y su participación no corresponde a la establecida por el Juzgador. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la procesada, DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO realizó las acciones delictivas en conjunto con otra persona más, ejerciendo en conjunto el dominio del hecho, es decir que su participación se llevó a cabo a título de coautor, siendo aplicable el artículo 32 del Código Penal. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber condenado a la acusada por considerarla cómplice simple de un concurso medial entre los delitos de Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad, ha producido en consecuencia la aplicación indebida del precepto legal citado como vulnerado. SEGUNDO MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 32 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente establece: Código Penal, Articulo 32: “Se considera autores a quienes toman parte directa en la ejecución del hecho, los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo y los que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado. En los delitos por omisión, son autores los que dejan de hacer lo que la ley manda, causan la omisión o cooperan a ella”. Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación de la norma penal precitada, ya que se colige de la simple lectura del factum, que la ahora acusada ejecutó acciones propias de una coautoría, pues el juzgador describe “mientras tanto, en el interior de vehículo, la joven DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO, le manifestó al taxista que si intentaba salir del vehículo le dispararía con un arma de fuego, simulando la existencia de dicha arma. Una vez dispensada dicha cantidad de combustible, el sujeto masculino sacó un arma de fuego, le apuntó al dispensador de combustible ordenándole entregar el dinero que tuviese en su poder, por lo que dicho empleado de la gasolinera le entregó mil seiscientos cincuenta y siete lempiras, procediendo a irse del lugar en el taxi”; es decir, su actuar se enmarca en el artículo 32 del Código Penal, pues ejecutó actos como coautora y con total dominio del hecho en conjunto con su acompañante; sin embargo, en la parte dispositiva condenó a la acusada como cómplice de un concurso medial entre los delitos de Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad. No obstante, que el vicio por infracción de ley debe apegarse a lo establecido en los hechos estimados y declarados probados por el Juzgador, siendo que la sentencia es un todo armónico, se hace necesario mencionar, que el Tribunal ha indicado en el apartado de fundamentación jurídica del fallo que se cuestiona a través de esta vía impugnativa, que “habiéndose acreditado que la señora DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO, llevó a cabo una intimidación al testigo protegido SUMAN cuyo efecto fue que dicho testigo esperase al acompañante de la acusada (el cual se encontraba robando al bombero de dicha gasolinera) para su posterior huida en el taxi que conducía el testigo protegido, lo cual con base en el artículo 32 del Código Penal se aprecia como una cooperación para la comisión de los hechos” (ver considerando tercero del apartado Fundamentación Jurídica en la Sentencia); por lo que, pese a que hizo una descripción clara sobre que, la participación de la acusada fue fundamental para la comisión de los delitos referidos, y que existió una distribución de roles en busca de un fin determinado, no obstante el juzgador calificó su participación a título de cómplice simple; apreciación que consideramos desacertada pues es evidente que las acciones conjuntas perpetradas por la acusada Martínez Galo y su acompañante, evidencian la existencia de un acuerdo previo, ya que los dos interceptaron a la víctima, fingiéndose pasajeros abordaron el taxi que conducía, procediendo inmediatamente después a intimidarlo y amenazarlo con un arma de fuego para que los llevara hasta la Gasolinera Uno en el boulevard Morazán, lugar en el cual despojaron del dinero al testigo protegido “NEELAM” y se alejaron juntos del lugar; todas éstas acciones conjuntas demuestran que los dos participes tenían el mismo propósito y finalidad: privar de su libertad al Testigo Protegido “SUMAN” y someterlo para que los trasladara hacia la Gasolinera Uno donde despojaron del dinero de la venta al testigo protegido “NEELAM”; así lo declara el hecho probado evidenciándose el vicio a que hemos. hecho alusión en este motivo del Recurso. Para evidenciar cómo la acción descrita en el factum demuestra la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar a la enjuiciada como autora directa (Coautora) de un concurso medial entre los delitos de Robo Agravado y Privación tomando en cuenta la naturaleza del todo armónico de la sentencia penal que desemboca en que todas y cada una de sus partes guarden coherencia entre sí, resulta imprescindible efectuar una breve reseña de lo que doctrinariamente se entiende como la "teoría de dominio del hecho” y de “imputación objetiva del resultado”; ello con el objeto de evidenciar que en posiciones ampliamente reiteradas por el Tribunal Supremo Español la aplicación de ambas, desde la óptica de co-autoría (tal como el caso que nos ocupa por tratarse de la concurrencia de varias personas en la realización de un hecho, según división de funciones acordadas en común, antes o durante la realización del delito, configurándose un codominio funcional del hecho, de una correlación en la fase de ejecución), no conducen a la inferencia de actuaciones individuales sin existir un contubernio previo como erróneamente consideró el sentenciador en el caso sub-judice, tal como se evidencia a continuación: Teoría del dominio del hecho. Esta teoría fue propuesta por Welzel y está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa. Por dominio del hecho debe entenderse la voluntad y poder de disposición sobre el curso del suceso típico. Este requisito, a pesar de basarse en el dolo, es de naturaleza objetiva: lo decisivo no es la simple voluntad de dominio del hecho, sino el voluntario moldeado del hecho. De acuerdo a esta teoría se puede calificar como autor a la persona que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito, contribuye objetivamente al hecho (dominio funcional del hecho) y en el caso en que intervengan varias personas, quienes hayan acordado la realización del hecho delictivo. Autor es quien tiene el “Señorío” sobre el hecho, es decir, el concepto de autor se obtiene atendiendo el dominio que objetivamente ejerce el sujeto sobre la conducción de la acción. El autor es el que decide, en líneas generales, el sí y el cómo de la realización del tipo: el que tiene la última palabra y decide si el delito se comete o no. El dominio del hecho puede consistir en el dominio de la acción (inmediata o de propia mano) y dominio funcional del hecho (coautoría). Este último (por ser el de interés en nuestro análisis), es el criterio de imputación de los coautores a la concurrencia de varias personas en la realización del hecho, según división de funciones de significancia esencial, acordadas en común antes o durante la perpetración del ilícito penal. Una vez determinado lo anterior, reviste de trascendencia centrar el análisis en la teoría denominada “Imputación Objetiva del resultado”. En los delitos de resultado es claro que su consumación depende de la producción del resultado típico, y el constatar que el sujeto ha contribuido con su acción a causar el resultado constituye un requisito esencial del tipo objetivo, comprobable vía imputación objetiva. Tal imputación está compuesta por dos elementos: a) La existencia de una relación de causalidad entre la acción y el resultado (ya sea tomando como base la teoría de la adecuación o de la condición adecuada y probable para producir el resultado; o bien la teoría de la causalidad relevante no en base a la probabilidad sino a las exigencias del tipo penal) b) El resultado debe ser la expresión de un riesgo jurídicamente desaprobado implícito en la acción (desvalor de la acción concretado en el resultado típico), siendo en este punto importante verificar si el sujeto activo de un delito ha creado o no el riesgo jurídicamente relevante de lesión a un bien jurídico. Al someter la verdad intangible contenida en el factum a este tamiz doctrinal, evidenciamos fácilmente cómo el actuar de la acusada, descrito en ese apartado de la sentencia, encaja a plenitud en los requisitos para efectivamente imputar el resultado (privar de su libertad al Testigo Protegido y apoderarse del dinero de la Gasolinera Uno) como producto de tales acciones, ya que dicha conducta (intimidación al testigo protegido SUMAN cuyo efecto fue que dicho testigo esperase al acompañante de la acusada (el cual se encontraba robando al bombero de dicha gasolinera) para su posterior huida en el taxi que conducía el testigo protegido), fue una condición adecuada, probable y contenida dentro de las exigencias como para establecer una relación de causalidad entre acción y resultado, y asimismo, éste no fue más que el producto de dicha acción antijurídica. De lo expuesto se desprende que la finalidad objetiva de este curso causal nos conduce a la determinación de que la imputada, en su condición de coautora, tuvo el dominio del hecho y su actuar está enlazado indisolublemente al resultado de un concurso medial entre los delitos de Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad. Finalmente, la Fiscalía es del parecer que las pautas de la jurisprudencia sobre la doctrina del dominio del hecho quedan resumidas, al tenor de las últimas resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo Español, en fallos emitidos conociendo los recursos de casación pronunciados en las sentencias: SSTS 903/1998, de 2-VII | RJ 1998, 6230]; 382/2001, de 13-III [RJ 2001, 1353]; 1576/2002, de 27-IX [ RJ 2002, 8177); 1890/2002, de 13-XI [RJ 2002, 9835] ; 2090/2002, de 12-XII | RJ 2003, 95); 1187/2003, de 22-IX [RJ 2003, 6203] ; 540/2004, de 5-V [RJ 2004, 2469]; 1339/2004, de 24-XI [RJ 2004, 8111]; 529/2005, de 27-IV [ RJ 2005, 5218]; 1049/2005, de 20-IX [ RJ 2005, 7089] ; 1315/2005, de 10-XI [RJ 2006, 3099]; 371/2006, de 27-III [RJ 2006, 3305] ; 497/2006, de 3-V [RJ 2006, 3335] y 732/2006, de 3-VII [ RJ 2006, 3985]),en los cuales se dejó sentado lo siguiente: 1) La coautoría se aprecia cuando varias personas, de común acuerdo, toman parte en la ejecución de un hecho típico constitutivo de delito. Tal conceptuación requiere, de una parte, la existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, y un dominio funcional del hecho con aportación al mismo de una acción en la fase ejecutiva, que integra el elemento objetivo. Será coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio de la acción, que será funcional si existe la división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción característico de la autoría. 2) La existencia de una decisión conjunta, elemento subjetivo de la coautoría, puede concretarse en una deliberación previa realizada por los autores, con o sin reparto expreso de papeles, o bien puede presentarse al tiempo de la ejecución cuando se trata de hechos en los que la ideación criminal es prácticamente simultánea a la acción o, en todo caso, muy brevemente anterior a ésta, y puede ser expresa o tácita, lo cual es frecuente en casos como el último expuesto, en el que todos los que participan en la ejecución del hecho demuestran su acuerdo precisamente mediante su aportación. 3) No es necesario que cada coautor ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, y concretamente en el homicidio la materialización de la agresión letal, pues a la realización del delito se llega, conjuntamente, por la agregación de las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común, siempre que se trate de aportaciones causales esenciales y decisivas. En consecuencia, a través del desarrollo del pactum scaeleris y del co-dominio funcional del hecho, cabe integrar en la coautoría, como realización conjunta del hecho, aportaciones no integrantes del núcleo del tipo, que sin embargo contribuyen de forma decisiva a su ejecución. 4) Cada coautor, sobre la base de un acuerdo, previo o simultáneo, expreso o tácito, tiene el dominio funcional, que es una consecuencia de la actividad que aporta en la fase ejecutiva y que lo sitúa en una posición desde la que domina el hecho al mismo tiempo y conjuntamente con los demás coautores. Su aportación a la fase de ejecución del delito es de tal naturaleza, según el plan seguido en el hecho concreto, que no resulta prescindible. 5) Según la teoría del dominio del hecho, son coautores los que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan global, aunque sus respectivas. contribuciones no reproduzcan el acto estrictamente típico, siempre que, aun no reproduciéndolo, tengan el dominio funcional del hecho, de suerte que sea éste, en un sentido muy preciso y literal, un hecho de todos que a todos pertenezca. 6) La coautoría no es una suma de autorías individuales, sino una forma de responsabilidad por la totalidad del hecho. No puede, pues, ser autor sólo el que ejecuta la acción típica, esto es, el que realiza la acción expresada por el hecho rector del tipo sino también todos los que la dominan en forma conjunta, dominio funcional del hecho. La realización conjunta del hecho sólo requiere que los coautores sumen conscientemente sus actos en función de una finalidad objetiva común manifestada en los hechos. Sólo pueden ser dominados los hechos que se conocen”. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la procesada DORA GUADALUPE MARTINEZ GALO, sea condenada como Coautora de un concurso medial entre los delitos de Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad; de manera, que al no haberlo hecho así el juzgador, ha producido la violación por falta de aplicación del artículo 32 del Código Penal, como ha quedado expuesto.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados).Esta Sala de lo Penal observa que, los dos motivos de casación por infracción de ley que ha interpuesto la recurrente, están íntimamente relacionados pues refieren a supuestas violaciones de normas penales en relación a los hechos probados, teniendo un mismo fundamento legal, por lo que, para guardar la logicidad y coherencia de la sentencia penal se resolverán ambos motivos en un mismo apartado. Recurso de Casación por Infracción de Ley, Interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 33 del Código Penal; • Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del grado de participación de complicidad; y • Pretensión: Sin Determinar por la Recurrente. Alega la recurrente que la norma penal invocada como infringida por aplicación indebida establece que los cómplices cooperan en la ejecución del delito con actos anteriores o simultáneos; sin embargo, si confrontamos lo dispuesto en ésta norma con el contenido del factum, podemos constatar que el actuar de la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, no se ajusta a lo dispuesto en el mencionado artículo, ya que el hecho declarado como probado claramente las acciones realizadas por esa, hacerse pasar como clientes, solicitarle al testigo que los trasladara hasta otro sector, sentarse en posiciones estratégicas dentro del vehículo, y luego la acusada amenazar a la víctima con dispararle si intentaba salir del vehículo, no denota una simple complicidad, como lo dejó erróneamente establecido el sentenciador, por las razones que exponemos a continuación:. La acción ejecutada por la acusada, descrita así en el factum: “mientras tanto, en el interior de vehículo, la joven Dora Guadalupe Martínez Galo, le manifestó al taxista que si intentaba salir del vehículo le dispararía con un arma de fuego, simulando la existencia de dicha arma”, tuvo un doble efecto, privar de la libertad al testigo protegido “SUMAN”, pero a la vez, también influyó en la acción que en ese momento estaba ejecutando su acompañante, despojar del dinero al testigo protegido “NEELAM”, pues la distribución de funciones entre ellos aseguró el resultado, apoderarse del dinero y huir del lugar. Una vez que despojaron del dinero al empleado de la Gasolinera Uno, ambos participes huyeron juntos en el taxi, taxi que estaba siendo retenido por la acusada. Como señalamos anteriormente, ante éstas acciones realizadas por la acusada no puede considerarse una complicidad simple, pues es evidente que Dora Guadalupe Martínez Galo, junto con su acompañante, ejecutaron el dominio conjunto del hecho, actuaron coordinadamente y habiendo planificado y habiéndose distribuido las acciones que realizarían, pues ambos en común acuerdo impidieron la libre circulación al testigo protegido “SUMAN”, obligándolo a la vez a trasladarlos hacia el lugar donde despojaron del dinero al testigo protegido “NEELAM”, y una vez habiendo llevado a cabo su propósito, huyeron juntos hasta que fueron interceptados por la policía. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la procesada, Dora Guadalupe Martínez Galo, realizó las acciones delictivas en conjunto con otra persona más, ejerciendo en conjunto el dominio del hecho, es decir que su participación se llevó a cabo a título de coautor, siendo aplicable el artículo 32 del Código Penal. Así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber condenado a la acusada por considerarla cómplice simple de un concurso medial entre los delitos de Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad, ha producido en consecuencia la aplicación indebida del precepto legal citado como vulnerado. Recurso de Casación por Infracción de ley, interpuesto por el Ministerio Público. Segundo Motivo • Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; • Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 32 del Código Penal; • Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del grado de participación de autoría; y • Pretensión: Declarar con lugar el motivo. Alega la recurrente que del factum se desprende, que la ahora acusada ejecutó acciones propias de una coautoría; es decir, su actuar se enmarca en el artículo 32 del Código Penal, pues ejecutó actos como coautora y con total dominio del hecho en conjunto con su acompañante; sin embargo, en la parte dispositiva condenó a la acusada como cómplice de un concurso medial entre los delitos de Robo Agravado y Privación Injusta de la Libertad. No obstante, que el vicio por infracción de ley debe apegarse a lo establecido en los hechos estimados y declarados probados por el Juzgador, siendo que la sentencia es un todo armónico, se hace necesario mencionar, que el Tribunal ha indicado en el apartado de fundamentación jurídica del fallo que se cuestiona a través de esta vía impugnativa, que “habiéndose acreditado que la señora Dora Guadalupe Martínez Galo, llevó a cabo una intimidación al testigo protegido “Suman” cuyo efecto fue que dicho testigo esperase al acompañante de la acusada (el cual se encontraba robando al bombero de dicha gasolinera) para su posterior huida en el taxi que conducía el testigo protegido, lo cual con base en el artículo 32 del Código Penal se aprecia como una cooperación para la comisión de los hechos” (ver considerando tercero del apartado Fundamentación Jurídica en la Sentencia); por lo que, pese a que hizo una descripción clara sobre que, la participación de la acusada fue fundamental para la comisión de los delitos referidos, y que existió una distribución de roles en busca de un fin determinado, no obstante el juzgador calificó su participación a título de cómplice simple; apreciación que consideramos desacertada. Para evidenciar cómo la acción descrita en el factum demuestra la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar a la enjuiciada como autora directa (Coautora) de un concurso medial entre los delitos de Robo Agravado y Privación injusta de la libertad. Por lo expresado considera el Ministerio Público que existe infracción por falta de aplicación del precepto penal contenido en el artículo 32 del Código Penal que regula la figura de la autoría directa. De la Autoría Directa o Material Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y el cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Eugenio Raúl Zaffaroni; Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anonima Editora, año 2000, pag 742): i.- Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; ii.- Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; y iii.- Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. Es de tener en cuenta que el concepto de autoría no es estático, sino que éste es informado en cada caso por el tipo penal en cuestión, del que se parte para definir cuál de los ejecutores tiene el dominio del hecho. Al autor directo es conocido como: autor inmediato, autor principal, autor propiamente dicho y autor material; Todas estas denominaciones son acepciones de un mismo concepto. Es autor directo quien en dominio completo de la acción realiza la conducta descrita en el tipo penal; En los delitos con sujeto activo calificado, será autor además quien tenga las cualidades especiales que señala el tipo penal. El legislador, con ciertas excepciones, ha construido los tipos penales dirigidos al autor directo del delito consumado (Art. 65 del CP), usando las denominaciones de “… la persona…”, “… quien…”, “… aquel…”, sin embargo amplia el espectro de aplicación de los tipos penales cuando en los artículos 32 señala además del autor directo o material, deben de considerarse autores al Coautor, autor mediato, al inductor y al cómplice necesario, mientras que en el artículo 33 señala que como participes se tendrá al cómplice simple. de la COAUTORÍA La Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá de tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común. Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas: i.- Coautoría por co-dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; Ejemplo: Varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y ii.- Coautoría por co -dominio funcional del hecho o división tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Reciproca. (En Sent Sala de lo Penal del Exp 069-2009 de fecha 10/06/2010).Son Requisitos para que se presente la coautoría el acuerdo común y la aportación de un hecho objetivo en la fase de ejecución del delito:1. Acuerdo Común (Pactum Sceleris): Es la reunión de voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete con los demás de realizar una tarea en la realización del hecho, es pues el acuerdo común es el nexo subjetivo que les une; El acuerdo puede ser expreso o tácito: i.- El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación en participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; y ii .-El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo, el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. 2. Aporte Objetivo: En los casos de co-dominio funcional del hecho el coautor debe de aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito. Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un co-dominio material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado; y 3. Aportación en la Fase de Ejecución: La aportación del coautor deberá de realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del iter criminis, es decir al momento de la realización del tipo penal. Los coautores deben de sujetarse a las conductas que abarquen el acuerdo, que es el vínculo que uno las acciones u omisiones individuales, de modo que en caso de que uno de ellos realice alguna acción típica fuera de dicho acuerdo, responderá como su autor directo sin que se extienda dicho reproche a los otros; Entonces cualquier acción individual de alguno de los coautores que no haya sido acordada como parte del cronograma delictivo o al menos no se haya sido representada su realización como posible (Art. 13 del CP: dolo eventual), solo le será imputable a la persona que la ejecutó sin que se pueda comunicar ésta responsabilidad a los demás coautores; La responsabilidad de cada autor se limita al hecho acordado y a los hechos representados como posibles y/o asumidos como necesarios (dolo eventual – dolo de consecuencias necesarias), los excesos cometidos por alguno de ellos de motu proprio fuera del plan pre concebido solo serán imputables individualmente a quien los cometió. No opera la coautoría:1. En los tipos penales con sujeto activo calificado: En estos delitos se les llama intraneus a los ejecutores que poseen la cualidad exigida en el tipo penal para poder ser autor, y extraneus a los ejecutores que no la tienen. Son ejemplo los delitos de: prevaricato (Art. 378 del CP), abuso de autoridad (Art. 349 del CP), patrocinio infiel (Art. 381 del CP, entre otros. En estos delitos no procede la coautoría cuando alguno de los ejecutores no reúne la cualidad exigida por el tipo penal calificado, por lo que en estos casos, aun cuando exista acuerdo previo, se sigue la teoría de la Pluralidad del Título de Imputación donde los ejecutores responderán por sus propios delitos, es decir los intraneus por tipo penal con sujeto activo calificado, mientras que los extraneus por el tipo penal subsidiario (Art. 2-A.2 del CP), en caso de que existiere; 2. En Delicta Propria, (Delitos de Propia Mano) llamados así por el alemán Karl L. Binding, que son aquellos que el autor debe de realizar personalmente el verbo rector que rige el supuesto de hecho contenido en el tipo penal, como por ejemplo los delicta carnis o delitos en contra de la libertad sexual (Art. 140 y 141 del CP), falso testimonio (Art. 385 del CP), posesión ilegal de un arma de fuego (Art. 332-A y 332-B del CP), entre otros; En estos casos solo será autor el intraneus, mientras que el extraneus deberá de ser considerado cómplice o cómplice necesario, según el caso y cuando corresponda. 3. En los delitos culposos, pues en ellos el acuerdo en común está destinado para la comisión de un acto que persigue un resultado distinto, recayendo el reproche en quien lo haya ejecutado con violación al deber de cuidado causando el resultado penalmente relevante.La coautoría, además de ser un aspecto amplificador de los tipos penales, en algunos casos constituye una causa de agravación de la pena abstracta y la pena concreta; Son ejemplos de agravación de la pena abstracta lo dispuesto en los artículos 219.1, 225.4 y 255.4 del Código Penal, y 28 de la Ley contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas; Es ejemplo de agravación de la pena concreta lo señalado en el artículo 27.19 del Código Penal. Complicidad Es cómplice quien, sin tener el dominio del hecho, contribuye con el autor con actos anteriores o simultáneos a la ejecución del delito doloso (Art. 33 del CP). Los medios y formas en que se puede contribuir en el delito de otro son ilimitados, de modo que la casuística determinara cuando una persona obre bajo este título. Son tres los requisitos que debe de reunir el cómplice: 1. No tener el dominio del hecho, es decir que la realización del delito dependa de la conducta de otro: el autor; 2. Debe de colaborar dolosamente con actos objetivos, es decir debe de realizar un aporte en la ejecución del delito del autor, ese aporte puede ser anterior o simultaneo: i.- Los actos anteriores a la ejecución del delito deben de realizarse en la fase preparatoria del iter criminis del autor; y ii.- Los actos simultáneos a la realización del delito, deberán de realizarse en la etapa de ejecución y/o consumación del iter criminis del autor. No existe complicidad cuando, conforme a la naturaleza del delito, la aportación se realiza en la etapa de agotamiento del iter criminis del autor, debido a que para entonces el delito ya ha sido ejecutado y consumado, restando que se produzca el resultado; En estos casos la participación podría implicar la comisión del delito independiente de encubrimiento. Los actos realizados por el cómplice pueden ser como parte de un acuerdo previo con el autor o pueden ser realizados sin que exista tal acuerdo e incluso sin que el autor llegue a saber sobre dicha colaboración. Así por Ejemplo la amiga de uno de los asaltantes atraviesa su vehículo para cerrar el paso a las patrullas de policía, logrando aquellos huir del lugar gracias a la acción. c. La conducta del autor directo debe de haber llegado a constituir un injusto penal (conducta, típica y antijurídica), por lo menos a nivel de Tentativa. Es importante marcar las diferencias entre el cómplice (simple o necesario) y el coautor, ya que ambos tienen en común que contribuyen a la realización de un delito siendo las diferencias entre éstos: i.- El coautor realiza la tarea de común acuerdo, con co-dominio del hecho (Funcional o material), haciendo propio el delito (Animus Auctoris), mientras que el cómplice contribuye con una acción para la ejecución del delito de otro (Animus Socii), sin que posea el dominio del hecho; y, ii.- El coautor, para que sea tal debe de realizar su aportación al delito en la ejecución del mismo, mientras que el cómplice puede además aportar su contribución en la fase de preparación del delito, reprochable solo si éste se ejecuta posteriormente. De la Procedencia del Recurso Por Infracción de Ley en su Primer y Segundo Motivo. El Primer y Segundo Motivo Son de RECIBO. - El Recurso de Casación, en sus dos motivos deben de ser atendidos, pues el hecho declarado probado determina que la participación de la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, es distinta a aquella que ha determinado el tribunal de sentencia, ello por errónea aplicación del artículo 33 y falta de aplicación del artículo 32, ambos del Código Penal. El Factum en el primer numeral señala que; Los acusados en fecha veinticinco de agosto del dos mil diecisiete, la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, junto a otro sujeto abordaron el taxi conducido por el testigo protegido “suman”, solicitándole los llevase a las canchas de futbolito “Las arenas” del boulevard Morazán de esta ciudad capital; El sujeto que acompañaba a la acusada se sienta al lado del testigo Protegido mientras las acusada se posesiona en el asiento trasero del taxi; Durante el trayecto, el sujeto de sexo masculino sacó un arma de fuego apuntó al conductor del taxi diciéndole que se trataba de un asalto, conminándolo a que le entregara todo lo que andaba; El testigo protegido les dice que no andaba nada de valor, por lo que el sujeto de sexo masculino le ordenó que condujese hacia el final del boulevard Morazán. Del Primer hecho se desprende que; Los acusados abordan el taxi juntos al automotor del ofendido, durante el trayecto hasta que finalizo su actividad delictiva se mantuvieron, actuando conjuntamente lo que determina un acuerdo previo; y tanto la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, con su acompañante deciden privar al protegido de su libertad ambulatoria, al intimidarlo con un arma de fuego a conducir con rumbo al Boulevard Morazán. En el segundo numeral sigue relatando el factum que: dicho automotor ingresó a la gasolinera Uno, ubicada a inmediaciones del centro comercial el dorado del boulevard Morazán, se estacionó, se bajó del mismo el sujeto de sexo masculino, solicitándole al dispensador de la bomba de gasolina le vendiese cien lempiras de combustible, mientras tanto, en el interior del taxi la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, le manifestó al taxista que si intentaba salir del vehículo le dispararía con un arma de fuego, simulando la existencia de dicha arma. Una vez dispensada dicha cantidad de combustible, el sujeto masculino sacó un arma de fuego, le apuntó al dispensador de combustible ordenándole entregar el dinero que tuviese en su poder, por lo que dicho empleado de la gasolinera le entregó mil seiscientos cincuenta y siete lempiras, procediendo a irse del lugar en el taxi. De este segundo hecho se desprende que; La acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, en compañía de otra persona del sexo masculino, en esa misma fecha utilizan al Testigo Protegido para asaltar una estación de Gasolina; dividiéndose los funciones para lograr su cometido; mientras el sujeto que acompañaba a la acusada amenaza al empleado de la estación de gasolina; la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, mantiene bajo intimidación al testigo Protegido, amenazándole de dispararle con un arma de fuego si se bajaba del automotor, aun y cuando la acusada solo simulaba tener un arma de fuego, la intimidación que esta ejerció sobre el Testigo Protegido, tenía apariencia de ser real, lo que es idónea para provocar intimidación en el receptor, como efectivamente ocurrió pues el ofendido decidió mantenerse sometido dentro del automotor; Es decir la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, mantiene sometido al testigo protegido para que este no salga de automotor y de aviso o signos de alarma mientras su acompañante despojaba de dinero en efectivo al empleado de la estación de Gasolina mientras le apuntaba con un arma de fuego, logrando la acusada y su acompañante su cometido. El segundo hecho del relato histórico es coincidente con el primero: fue la acusada en compañía de otra persona del sexo masculino, que de manera conjunta solicitaron los servicios de trasporte del Testigo protegido, actuando conforme a un acuerdo preestablecido, exigiendo la entrega de todo lo que tenía a este, al enterarse que este no tenía nada de valor, deciden utilizar al testigo protegido para que este los condujere la estación de gasolina, hasta lograr obtener dinero de manera ilícita. Es importante marcar las diferencias entre el cómplice (simple o necesario) y el coautor, ya que ambos tienen en común que contribuyen a la realización de un delito siendo las diferencias entre éstos: i.- El coautor realiza la tarea de común acuerdo, con co-dominio del hecho (Funcional o material), haciendo propio el delito (Animus Auctoris), mientras que el cómplice contribuye con una acción para la ejecución del delito de otro (Animus Socii), sin que posea el dominio del hecho; y, ii.- El coautor, para que sea tal debe de realizar su aportación al delito en la ejecución del mismo, mientras que el cómplice puede además aportar su contribución en la fase de preparación del delito, reprochable solo si éste se ejecuta posteriormente. En ese orden de ideas, los hechos probados revelan sin lugar a dudas que la imputada Dora Guadalupe Martínez Galo, realizó todas las acciones tendientes a la consumación y ejecución de los delitos de Robo Agravado y Privación Injusta de la libertad; Los Juzgadores, por tanto, han calificado erróneamente que la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, participo en el delito como cómplice (Art. 33 del Código Penal), pues en realidad no colaboro con actos ejecutivos en el delito de otro, en este caso de la persona de sexo masculino que la acompañaba; cuando los hechos probados revelan que realizó todas las acciones tendientes a la consumación y ejecución delos hechos delictivos, participando activamente en los delitos de Robo Agravado y privación Injusta de la Libertad; Por tanto en realidad actuó por su propia cuenta, ejecutando dos delitos y por ello su participación en ambos delitos es de coautor (Art. 32 del Código Penal), al haber realizado directamente las conductas criminosas reprochadas en los tipos penales, de manera conjunta, a partir de un acuerdo previo. Motivos suficientes para estimar el Recurso por Infracción de Ley, interpuesto por Ministerio Público. Tomando en consideración el numeral cuarto de la Fundamentación Jurídica de la sentencia recurrida, en el cual el juzgador determinó imponer en concurso medial, al considerar que la privación injusta de la libertad del testigo Protegido, fue un medio utilizado para cometer el delito de Robo Agravado; pues así lo solicitaron el ente acusador y la parte defensora, por tanto esta Sala de lo Penal impone igualmente las penas correspondientes en concurso medial, de la siguiente manera; Según establece el artículo 217 del Código Penal, el delito de Robo, en su calidad de autor es de 5 a 9 años de reclusión; Mismo que debe ser aumentado en 1/3 al estar agravado según lo establecido en el artículo 225 numeral 3, haberse cometido el hecho de noche; resultando una pena de 6 años 8 meses a 12 años de reclusión. Debiendo imponérsele a la acusada la pena mínima tal y como fue solicitado en la audiencia de individualización, resultando ser una pena de 6 años 8 meses de reclusión El delito de Privación Injusta de la libertad establecido en el artículo 193 del Código Penal, establece una pena de 3 a 6 años de reclusión. Debiendo imponérsele a la acusada la pena de 3 años de reclusión Al haberse condenado en concurso medial (Art. 36) entre el delito de Privación Injusta de la Liberta y Robo Agravado, procede aumentarle 1 /4 a la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, en este caso corresponde al delito de Robo Agravado, resultando una pena de 8 años 4 meses de reclusión. Decisión Declarar Ha Lugar, el Recurso por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público, en su Primer y Segundo Motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberáducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente;2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito ComplementarioNo fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa de la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal decreto 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En base al Código Penal 144 -83, declaró responsable a título de autor a la acusada Dora Guadalupe Martínez Galo, de los siguientes delitos; Un delito de Privación Injusta de la Libertad, en concurso medial con el delito de Robo Agravado, imponiéndole una pena concreta de Seis 6 años 8 meses, más las penas accesorias de inhabilitación Absoluta e interdicción civil, así mismo declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. la suma de las penas individualizadas es de 9 anos 6 meses de reclusión Las conductas reprochadas a la acusada están previstas en el Código Penal 130-2017, como Privación Ilegal de Libertad sancionado con la pena de prisión de 5 a 7 años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena (Art. 235); entretanto el delito de Robo con Violencia e Intimidación está sancionado (Art. 361), sancionada con pena de prisión de 4 a 8 años; al desprenderse de los hechos probados la utilización de arma de fuego para llevar a cabo el delito ( Art. 363.9), debe aumentarse en 1/3; Resultando una nueva pena abstracta de 8 a 10 años 8 meses. La que para efecto de su cumplimiento deben ser consideradas en concurso real, al haber sido suprimida la forma concursal medial en el decreto 130-2017 (Art. 616 párrafo séptimo). Los delitos tienen como pena coincidente la de prisión, las que sumadas nos dan un margen abstracto de 13 a 17 años 8 meses de prisión; De la comparación se desprende que el Decreto 144-83 le es más beneficioso a la acusada, al contemplar una pena más baja que las contempladas en el nuevo Código Penal; por lo que no es procedente la aplicación retroactiva del NCP. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 32 y 222 del Código Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Keylie Melissa Vásquez Moreno, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra la señora Dora Guadalupe Martínez Galo. Segundo: Se Casa la sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán; Como consecuencia esta Sala de lo Penal Reforma el pronunciamiento primero del fallo en los siguientes términos: Primero: Que se debe de condenar y se condena, a título de coautor a la señora Dora Guadalupe Martínez Galo, por el delito de Robo Gravado y Privación Injusta de la Libertad en concurso Medial en perjuicio de Testigo Protegido “Suman” y Gasolinera Uno, a la pena de ocho (8) años y cuatro (4) meses de reclusión. Se impone además las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal. Se declara igualmente la responsabilidad civil de la acusada por los daños y perjuicios ocasionados. Tercero: Se mantiene incólume los numerales segundo y tercero de la sentencia. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinticuatro de julio de dos mil diecinueve; dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con la reforma efectuada por este Tribunal de Casación. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE.” Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Coordinador Walter Raúl Miranda Sabio Magistrado Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Lety Emelda Posadas. Receptora Adscrita Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de marzo de dos mil veintiséis. Certificación de la Sentencia dictada a los veinticuatro días del mes de septiembre del dos mil veinticinco, recaído en el expediente de casación con número de ingreso SP-100-2020.

PIA CRISTINA MEJIA NUÑEZ

RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL