Sentencia CP-94-20 — Registro 18108
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Robo de Vehículo, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...
De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. La recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La defensa privada luego de describir la totalidad de los medios de prueba evacuados durante la audiencia de juicio oral y público, para luego hacer una descripción literal de la valoración que de dichos medios de prueba hiciera el Tribunal de instancia; alejándose así de la debida técnica recursiva al exponer su disconformidad protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo, manifiesta que los testigos de cargo presentados por el Ministerio Público no fueron capaces de reconocer a su representado como la persona que cometió el Ilícito de Robo de vehículo; cuestiona la comparecencia del propietario de dicho vehículo, al considerar que no se tuvo dicho testimonio con la finalidad que este pudiera expresa de viva vos que efectivamente fue despojado de su motocicleta por su representado; siguió quejándose el conocer que tampoco se contó con el testimonio del señor Marlon José Doña Ramirez, quien a su criterio debió ser citado mediante edictos y no admitir su incorporación mediante lectura autorizada, bajo la modalidad de prueba anticipada, lo cual considero violatorio al debido proceso. Resulta evidente que el recurso de la Defensa contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Privada acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa además aqueja que la prueba, a su criterio, el convencimiento judicial se basa en elemento probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por lectura autorizada, incurriendo el Juzgador en violación a las normas de la Sana Critica al excluir y dejar de considerar prueba de valor decisivo, además considero existir violación al Estado Material de Inocencia y el Debido Proceso; Vemos como los argumentos del Censor, además de ser confusos al no poder establecer La Sala con exactitud cual su verdadero reclamo, también resultan argumentos unos propios de otros motivos de Casación Por Quebrantamiento de Forma y del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional y no motivos por violación a las reglas de la sana critica, pues no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta sino la declaración de los testigos de cargo y la forma de como el testimonio de uno de ellos se introdujo al debate y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, pero sin individualizar la regla de la sana critica que se considera infringida, siendo esta un reservorio de reglas y principios que rigen el correcto entendimiento humano, por lo que la recurrente debe invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362,N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia, se impuso al señor Alex Javier Meza Velásquez, las siguientes penas en concurso real; reclusión de 10 años por el delito de Robo de Vehículo; Reclusión de 3 años por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial; reclusión de 5 años por el delito de Robo Simple. Haciendo u total de cumplimiento de pena de 18 años de reclusión. Conforme a las disposiciones del nuevo Código Penal decreto 130-2017, los delitos por los cuales fue condenado el acusado se regulan de la siguiente manera; El delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas, se regula en el artículo 580 y se penaliza de la siguiente forma: • De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. • De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En el caso sometido a juzgamiento, se establece que al señor Alex Javier Meza Velásquez se le encontró en el momento de su captura portando un arma de fuego permitida, pero sin contar con la autorización correspondiente, por lo que la pena que le correspondería si se aplicara el nuevo Código Penal, sería la del numeral 1 aumentada en 1/3, resultando una nueva pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, más localización permanente por dos años, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta, y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión. El delito de Robo con Violencia o Intimación, se regula en el artículo 361 y se penaliza de la siguiente forma: • Tipo básico; Con prisión de 4 a 8 años. • Tipo agravado; Prisión de 4 a 8 años aumentado en un tercio si concurre cualquiera de las agravantes específicas del artículo 363 del mismo cuerpo legal. Del hecho probado se desprende la concurrencia de la agravante del articulo 363 numeral 9, por lo que resulta un nuevo margen abstracto de pena de prisión de 8 a 10 años 8 meses. El delito de Robo de vehículo, se regula en el artículo 364 y se penaliza de la siguiente forma: • Con prisión de 4 a 8 años, cuando para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas. En ese sentido, se concluye que no procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, debido a que la pena acumulada impuesta conforme al Código Penal 144-83 vigente al momento de los hechos, fue de dieciocho (18) años de reclusión se encuentra dentro del margen abstracto de pena de 16 a 24 años de prisión. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia, se impuso al señor Alex Javier Meza Velásquez, las siguientes penas en concurso real; reclusión de 10 años por el delito de Robo de Vehículo; Reclusión de 3 años por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial; reclusión de 5 años por el delito de Robo Simple. Haciendo u total de cumplimiento de pena de 18 años de reclusión. Conforme a las disposiciones del nuevo Código Penal decreto 130-2017, los delitos por los cuales fue condenado el acusado se regulan de la siguiente manera; El delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas, se regula en el artículo 580 y se penaliza de la siguiente forma: • De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. • De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En el caso sometido a juzgamiento, se establece que al señor Alex Javier Meza Velásquez se le encontró en el momento de su captura portando un arma de fuego permitida, pero sin contar con la autorización correspondiente, por lo que la pena que le correspondería si se aplicara el nuevo Código Penal, sería la del numeral 1 aumentada en 1/3, resultando una nueva pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, más localización permanente por dos años, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta, y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión. El delito de Robo con Violencia o Intimación, se regula en el artículo 361 y se penaliza de la siguiente forma: • Tipo básico; Con prisión de 4 a 8 años. • Tipo agravado; Prisión de 4 a 8 años aumentado en un tercio si concurre cualquiera de las agravantes específicas del artículo 363 del mismo cuerpo legal. Del hecho probado se desprende la concurrencia de la agravante del articulo 363 numeral 9, por lo que resulta un nuevo margen abstracto de pena de prisión de 8 a 10 años 8 meses. El delito de Robo de vehículo, se regula en el artículo 364 y se penaliza de la siguiente forma: • Con prisión de 4 a 8 años, cuando para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas. En ese sentido, se concluye que no procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, debido a que la pena acumulada impuesta conforme al Código Penal 144-83 vigente al momento de los hechos, fue de dieciocho (18) años de reclusión se encuentra dentro del margen abstracto de pena de 16 a 24 años de prisión. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."
Legislación citada
- Código Penal No. 130-17, art. 615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-94-2020, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-94-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Alex Javier Meza Velásquez, como autor del delito de Robo de Vehículo, en perjuicio de Kenneth Orlando Lizardo Corea, a la pena de diez años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. SEGUNDO: Condenó a Alex Javier Meza Velásquez, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Tipo Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Condenó a Alex Javier Meza Velásquez, como autor del delito de Robo, en perjuicio de Marlon José Doña Ramirez, a la pena de cinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. CUARTO: Se ordenó la continuación del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva. QUINTO: Se declaró el comiso de un arma de fuego marca TANFOGLIO, tipo pistola, serie AB58254, que le fue decomisado a Alex Javier Meza Velásquez. Son partes en única instancia: La Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, en su condición de defensora privada de Alex Javier Meza Velásquez, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: A eso de las siete con treinta minutos de la noche (7:30 PM), del día sábado veintiuno (21) del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a inmediaciones del Parque Central de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, cuando el joven MARLON JOSÉ DOÑA RAMIREZ, se disponía a retirarse de aquel lugar y al abordar el Vehículo automotor Tipo Motocicleta, Color Negro Marca BAJAJ, Modelo PULSAR 200NZ, Placa MAX-0524, Año 2014, Serie No. JLZCDC91158, registrada a nombre de KENNETH ORLANDO LIZARDO le apareció el señor ALEX JAVIER MEZA VELÁSQUEZ, quien, mostrándole un arma de fuego que portaba, le ordenó se bajara del citado vehículo, que le entregara el casco y la cartera; y, luego de lo anterior el referido señor ALEX JAVIER, abordó la motocicleta y se retiró del lugar llevándose también el casco y la cartera conteniendo documentos personales del mencionado joven JOSÉ DOÑA RAMIREZ. SEGUNDO: Momentos después, Agentes de la Policía que circulaban por el referido Parque Central, tomo conocimiento de del hecho por denuncia verbal que les hizo el señor MARLON JOSÉ DOÑA RAMIREZ, por lo que de seguido los Agentes de la Policía, dieron persecución al sospechoso que resultó ser el señor ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ, quien al darse cuenta que los Agentes le daban seguimiento pretendió conducir en vía contra por una de las calles de esta ciudad de Siguatepeque, razón por la que dicho señor se accidentó y fue cuando los Agentes lo detienen con la Motocicleta anteriormente descrita, con el casco protector y la cartera conteniendo los documentos personales del señor MARLON JOSÉ DOÑA RAMIREZ.” RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes Abogados Lily Roxana Chinchilla Calix y Jorge Tulio Aguiluz David, en su condición de defensores privados de Alex Javier Meza Velásquez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 2 y 3 del Artículo 362 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: "Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En relación con el párrafo primero del artículo j36 del C P.P. Como el motivo se orienta a demostrar la inobservancia de las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de la prueba, que a la vez es un problema de fundamentación, conviene explicar en qué consisten esas reglas: Conforme el artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el C P.P. es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definitiva en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo. Debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro factico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, y que se basa su sentencia en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el IV DEL libro segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo, Por eso, como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son tas de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Expresa el sentenciador en el apartado de valoración de la prueba: PRIMERO: Que como prueba testifical ofertada por la fiscalía del ministerio público se evacuaron los siguientes testigos: A.- Testigo RONAL SAMUEL GEORGE MEZA: Fue el día sábado 21 de octubre del año 2017 año 2017, como a eso de las 19:30, cuando andábamos en un patrullaje de rutina ahí por la plaza de la amistad, se nos acercó un muchacho que dijo que recién le habían robado su motocicleta y señalo la persona que llevaba la moto, fue cuando le dimos persecución y ese muchacho que conducía la motocicleta se accidento y fue cuando lo requerimos y le decomisamos la moto y le decomisamos el arma de fuego. A. Interrogantes manifestó: La detención la practicamos con otros agentes de policías; el muchacho que denuncio se llama Marlon dueñas, y dijo que recién se la habían robado su moto y señalo al que la llevaba, fue cuando lo perseguimos y luego lo alcanzamos, lo requerimos y le decomisamos la moto y el arma de fuego que portaba y no presento documento del arma; el ofendido se presentó al lugar de la detención y reconoció su motocicleta fue cuando le recomendamos que se presentara a la jefatura de la policía para que pusiera la denuncia; el señor Alex se accidento porque quiso conducir contravía y por eso fue fácil su detención, la motocicleta era marca BAJAJ placa MAX 0524, color negro, esa persona que detuvimos no se encuentra aquí en esta sala. Lo detuvimos con el policía Fernando Mendoza y fue quien hizo el registro al imputado y también levantó el acta; el ofendido nos abordó por la plaza de la amistad; en la patrulla íbamos los agentes Fernando Mendoza, Igner Gonzales y mi persona. B.- Testigo JOSÉ FERNANDO MENDOZA BENÍTEZ: Fue un día sábado 21 de octubre del año 2017, cuando andábamos en un patrullaje de rutina, y un muchacho se nos acercó y nos dijo que le habían robado su motocicleta y señalo la persona que llevaba la moto, fue cuando lo perseguimos y como a seis cuadras de distancia lo alcanzamos, el muchacho que llevaba la motocicleta se accidento, y fue cuando lo requerimos, le encontramos un arma de fuego con dos cargadores, y 39 proyectiles, también se le encontró una billetera en la que portaba documentos a nombre del señor Marlon Dueña Ramírez, el ofendido llego al lugar de la detención y dijo que esa era la moto que le habían robado y también dijo que la persona detenida era quien le había robado la motocicleta; luego le recomendamos poner la denuncia formal. A. interrogantes manifestó: El denunciante fue Marlon Dueña Ramirez; en la patrulla andaba el oficial Marlon Rivera, del arma de fuego el muchacho no portaba documentos; el muchacho quiso conducir contra vía y se accidento por eso lo capturamos; esa persona era alto, fornido, piel trigueño y pelo fresco; esa persona no creo que este aquí en la sala; la detención fue el sábado 21 de octubre del 2017; a esa persona no la volví a ver; esa persona se llama Alex Javier Meza Velásquez. SEGUNDO: Se evacuaron como prueba documental propuesta por la fiscalía: 1.- Informe de Investigación (folios del 3 al cinco de la primera pieza Judicial) 2.- Acta de Denuncia número 998-2017 (folio 6 de la primera pieza judicial) 3.- Acta de lectura de Derechos (folio 8 de la primera pieza Judicial). 4.- Acta de registro Personal (folio 10 de la primera pieza Judicial). 5.- Acta de Decomiso de un arma de Fuego (folio 9 de la primera pieza Judicial). 6.- Acta de Decomiso de una Motocicleta (folio 11 de la primera pieza Judicial). 7.- Copia de una Tarjeta de Identidad (folio 18 de la primera pieza Judicial). 8.- Documentos de Propiedad (folio I de la primera pieza Judicial). 9.- Acta de Inspección (folio 22 de la primera pieza Judicial). 10.- Auto de Devolución (folio 93 de la segunda pieza Judicial). 11.- Acta de Prueba Anticipada (folio 29, 30 de la primera pieza Judicial). 12.- Constancia (folio 29, 30 de la primera pieza Judicial). TERCERO: l. Como prueba pericial se evacuaron Dictamen médico forense que corre a folios 60 de la segunda pieza Judicial dictamen fue ratificado el doctor Franklin Omar Sorto, quien a preguntas respondió el evaluado presentaba una herida en región frontal derecha de la cara y escoriaciones en la rodilla derecha; el paciente explico que sufrió un accidente cuando conducía una motocicleta, porque la policía lo perseguía. 2, Se evacuo dictamen balístico que fue ratificado por el técnico Kenneth Stanley Suazo Castillo, quien concluyo que el arma de fuego recibida para examen presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. De los medios de prueba expresados anteriormente el Tribunal de Sentencia refiere lo siguiente: Con las declaraciones Testificales se desprende que los deponentes en su condición de agentes de la policía luego de la noticia que les diera el señor MARLON JOSÉ DOÑA RAMIREZ, de lo sucedido, persiguieron y detuvieron al sospechoso que resultó ser el señor ALEX JAVIER MEZA VELÁSQUEZ, a quien lo encuentran conduciendo la motocicleta de la que recién habían despojado al referido MARLON JOSÉ, y hasta le encontraron la billetera con documentos a nombre de este último; además se le encontró llevando un arma fuego de la mostro su portación legal; por ende resulta difícil desvincular al acusado de autos de hechos denunciados por el mencionado Marlon José Doña Ramírez; con el informe de Investigación refiere el Tribunal que no existe duda alguna que de la persona que minutos había despojado de la motocicleta y billetera a Marlon José Doña Ramírez, lo fue el señor Alex Javier Meza Velásquez; con el acta de denuncia se ha demostrado que MARLON JOSE DOÑA RAMIREZ, denuncio a la autoridad Policial, del despojo de la motocicleta que conducía en aquel momento, de su cartera con sus documentos personales, refieren que con el acta de lectura de derechos se acredita que la autoridad cumplió con su obligación de dar a conocer los derechos que la ley regula y le asisten a todo aquel detenido por hecho delictivo; con las actas de registro personal, Acta de decomiso de un arma de fuego, Acta de decomiso de una Motocicleta, refiere el tribunal que se demostró con los tres anteriores documentos que el agente de policía José Fernando Mendoza Benítez, luego de un registro personal, encontró en poder del detenido ALEX JAVIER IVIEZA VELASQUEZ, los objetos que detalla, sin que este señor mostrara su derecho de pertenencia, lógicamente por que no eran suyas y recién se había apoderado de tales objetos, en especial del vehículo tipo Motocicleta y de la cartera conteniendo documentos personales que inequívocamente lo eran del señor MARLON JOSE DOÑA RAMIREZ, así como el arma de fuego que portaba; con la copia de la tarjeta de identidad se acredita que el procesado tiene por nombre ALEX JAVER MEZA VELASQUEZ y que su tarjeta de Identidad es la que aparece consignada en la indicada tarjeta de identidad, con los documentos de Propiedad se ha demostrado que el vehículo automotor descrito, es propiedad del señor KENNETH ORLANDO LIZARDO COREA; con el Acta de Inspección se constata que la agente de policía DARSY NAVEL CASTRO HERNANDEZ inspecciono el vehículo descrito, señalando haber observado que en el protector del tanque presentaba rayones con desprendimiento reciente de pintura; el Auto de Devolución ordena la devolución del vehículo tipo motocicleta, a su propietaria MARIA ISABEL RAMIREZ; que a criterio de este Tribunal de Sentencia, lo declarado por el joven Marlon José Doña Ramírez es creíble, pues ante Juez competente ha explicado del modo que el delatado ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ, con pistola en mano lo acometió para que le entregara la cartera, el casco y la motocicleta en la que se conducía el día y hora del hecho; con el dictamen pericial Médico Forense se ha demostrado que ciertamente el evaluado ALEX JAVIER .MEZA VELASQUEZ al momento de la detención por parte de los agentes de la policía, sufrió accidente cuando conducía la motocicleta de la que momentos antes había despojado a MARLON JODE DOÑA RAMIREZ, quedando como secuelas una herida en la frente y escoriaciones en su rodilla derecha; con el dictamen balístico se desprende que el arma de fuego examinada está en buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo; con el medio de prueba Constancia de este documento se desprende que el arma de fuego marca TANGFOLIO, tipo pistola, serie AB58254, no se encuentra registrada ni tiene reporte de robo; de igual manera que el señor ALEX JAVIER MEZA no tiene armas de fuego registradas. Como vosotros podréis observar distinguido Tribunal de Casación, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, establece una valoración de los medios de prueba de cargo sin razonamiento lógico que nos establezca la convicción y veracidad de los hechos declarados probados violentando así el principio de la sana crítica y de la presunción de inocencia. acción penal y las relacionadas con los incidentes que se hayan diferido, para este momento; 2) Las relativas a la existencia del hecho, su calificación y demás circunstancias del delito, a la participación en el haya tenido el imputado a los de de leves o de delitos; y 3) En su caso, el mínimo y el máximo de la pena aplicable. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos. El miembro del Tribunal que disienta emitirá voto particular razonado. En cuanto a la participación de ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ en los hechos se puede notar que los testigos de cargo solo se limitan a manifestar que fue ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ quien despojo de pertenencias al señor MARLON JOSE DOÑA RAMIREZ, pese que son testigos de referencia ambos testigos no reconocen a preguntas que se les hicieran si se encontraba el señor MEZA VELASQUEZ EN LA SALA, respondiendo estos que no, no se acredito que KENNETH ORLANDO LIZARDO COREA a través de su testimonio declarara si este efectivamente en su condición de propietario de dicha motocicleta fue víctima del delito de ROBO DE VEHICULO en fecha 21 de octubre del 2017, no compareció al tribunal a rendir su declaración el señor MARLON JOSE DOÑA Quien debió ser citado a través correspondientes por desconocerse su domicilio, violentando el debido proceso, al admitir por incorporación de lectura su declaración bajo la modalidad de prueba anticipada de la audiencia Inicial. Como vosotros podréis observar distinguido Tribunal de Casación, donde están las incongruencias que refiere el Tribunal de Sentencia en la prueba evacuada pero más claro es que ninguna de la prueba testifical concuerda con la prueba documental y pericial, sin el sobre esta razona en sentido distinto, expresando que ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ es responsable a título de autor del delito de ROBO DE VEHICULO, ROBO Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL,' en perjuicio de KENNETH ORLANDO LIZARDO COREA, MARLON JOSE DOÑA RAMIREZ Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, que se ultraja una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del C.P.P., en lo referente a la obligatoriedad de valorar en forma w a las reglas la crítica la prueba evacuada en juicio, toda vez que desnaturaliza arbitrariamente esta prueba testifical, que unida a las otras da soporte a extremos para considerar que no se acreditada la responsabilidad penal del imputado. Sobre la base del planteamiento estructurado, se reitera que si el tribunal sentenciador, hubiere valorado las pruebas conforme al recto entendimiento humano (sana crítica) el resultado se hubiese traducido en certeza de que el señor ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ, es inocente de los cargos que se le han seguido por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación, y es por eso que se recurre al presente recurso de Casación, para que el Tribunal de Casación, declare HA LUGAR el presente recurso por las razones antes expuestas, y se declare la Inocencia de nuestro represento en la comisión de los supuestos ilícitos penales.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), a. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o b. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia, hecha por algunas de las partes, de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Motivo: Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la valoración probatoria; • Concepto de la infracción: Inobservancia la regla de lógica de la derivación en su postulado de razón suficiente; • Normas procesales que se denuncian infringidas: Articulo 202 en relación con párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal. • Reclamación Ex Ante: No hubo reclamación ex ante, siendo que el yerro que provoca la imposición del recurso se produce en el fallo mismo. • Pretensión: Casar y Anular la Sentencia de instancia. La Defensa Privada en el libelo del recurso plantea múltiples argumentaciones en contra de la sentencia impugnada: inicia haciendo una descripción de los medios de prueba evacuados durante la audiencia de debate; Transcribe la valoración que el Juzgador realizo de dichos medios de prueba; Luego se queja que los testigos de cargo solo se limitan a decir que el acusado fue la persona quien despojo de sus pertenencias al señor José Doña, a quien no reconocieron en la sala; En la audiencia de juicio oral y público no se contó con el testimonio del señor Keneth Orlando Lizardo, para que este declarar que efectivamente en su condición de propietario de dicha motocicleta De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. a. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y b. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: • Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; • Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; • Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. La recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La defensa privada luego de describir la totalidad de los medios de prueba evacuados durante la audiencia de juicio oral y público, para luego hacer una descripción literal de la valoración que de dichos medios de prueba hiciera el Tribunal de instancia; alejándose así de la debida técnica recursiva al exponer su disconformidad protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo, manifiesta que los testigos de cargo presentados por el Ministerio Público no fueron capaces de reconocer a su representado como la persona que cometió el Ilícito de Robo de vehículo; cuestiona la comparecencia del propietario de dicho vehículo, al considerar que no se tuvo dicho testimonio con la finalidad que este pudiera expresa de viva vos que efectivamente fue despojado de su motocicleta por su representado; siguió quejándose el conocer que tampoco se contó con el testimonio del señor Marlon José Doña Ramirez, quien a su criterio debió ser citado mediante edictos y no admitir su incorporación mediante lectura autorizada, bajo la modalidad de prueba anticipada, lo cual considero violatorio al debido proceso. Resulta evidente que el recurso de la Defensa contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Privada acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa además aqueja que la prueba, a su criterio, el convencimiento judicial se basa en elemento probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por lectura autorizada, incurriendo el Juzgador en violación a las normas de la Sana Critica al excluir y dejar de considerar prueba de valor decisivo, además considero existir violación al Estado Material de Inocencia y el Debido Proceso; Vemos como los argumentos del Censor, además de ser confusos al no poder establecer La Sala con exactitud cual su verdadero reclamo, también resultan argumentos unos propios de otros motivos de Casación Por Quebrantamiento de Forma y del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional y no motivos por violación a las reglas de la sana critica, pues no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta sino la declaración de los testigos de cargo y la forma de como el testimonio de uno de ellos se introdujo al debate y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, pero sin individualizar la regla de la sana critica que se considera infringida, siendo esta un reservorio de reglas y principios que rigen el correcto entendimiento humano, por lo que la recurrente debe invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal. Decisión: Desestimar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado Alex Javier Meza Velásquez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia, se impuso al señor Alex Javier Meza Velásquez, las siguientes penas en concurso real; reclusión de 10 años por el delito de Robo de Vehículo; Reclusión de 3 años por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial; reclusión de 5 años por el delito de Robo Simple. Haciendo u total de cumplimiento de pena de 18 años de reclusión. Conforme a las disposiciones del nuevo Código Penal decreto 130-2017, los delitos por los cuales fue condenado el acusado se regulan de la siguiente manera; El delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas, se regula en el artículo 580 y se penaliza de la siguiente forma: • De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. • De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En el caso sometido a juzgamiento, se establece que al señor Alex Javier Meza Velásquez se le encontró en el momento de su captura portando un arma de fuego permitida, pero sin contar con la autorización correspondiente, por lo que la pena que le correspondería si se aplicara el nuevo Código Penal, sería la del numeral 1 aumentada en 1/3, resultando una nueva pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, más localización permanente por dos años, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta, y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión. El delito de Robo con Violencia o Intimación, se regula en el artículo 361 y se penaliza de la siguiente forma: • Tipo básico; Con prisión de 4 a 8 años. • Tipo agravado; Prisión de 4 a 8 años aumentado en un tercio si concurre cualquiera de las agravantes específicas del artículo 363 del mismo cuerpo legal. Del hecho probado se desprende la concurrencia de la agravante del articulo 363 numeral 9, por lo que resulta un nuevo margen abstracto de pena de prisión de 8 a 10 años 8 meses. El delito de Robo de vehículo, se regula en el artículo 364 y se penaliza de la siguiente forma: • Con prisión de 4 a 8 años, cuando para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas. En ese sentido, se concluye que no procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, debido a que la pena acumulada impuesta conforme al Código Penal 144-83 vigente al momento de los hechos, fue de dieciocho (18) años de reclusión se encuentra dentro del margen abstracto de pena de 16 a 24 años de prisión. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada del señor Alex Javier Meza Velásquez.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Tercero Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-94-2020. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-94-2020, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-94-2020 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Alex Javier Meza Velásquez, como autor del delito de Robo de Vehículo, en perjuicio de Kenneth Orlando Lizardo Corea, a la pena de diez años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. SEGUNDO: Condenó a Alex Javier Meza Velásquez, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Tipo Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. TERCERO: Condenó a Alex Javier Meza Velásquez, como autor del delito de Robo, en perjuicio de Marlon José Doña Ramirez, a la pena de cinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. CUARTO: Se ordenó la continuación del cumplimiento de la medida cautelar de prisión preventiva. QUINTO: Se declaró el comiso de un arma de fuego marca TANFOGLIO, tipo pistola, serie AB58254, que le fue decomisado a Alex Javier Meza Velásquez. Son partes en única instancia: La Abogada Lili Roxana Chinchilla Calix, en su condición de defensora privada de Alex Javier Meza Velásquez, como parte recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: A eso de las siete con treinta minutos de la noche (7:30 PM), del día sábado veintiuno (21) del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017), a inmediaciones del Parque Central de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, cuando el joven MARLON JOSÉ DOÑA RAMIREZ, se disponía a retirarse de aquel lugar y al abordar el Vehículo automotor Tipo Motocicleta, Color Negro Marca BAJAJ, Modelo PULSAR 200NZ, Placa MAX-0524, Año 2014, Serie No. JLZCDC91158, registrada a nombre de KENNETH ORLANDO LIZARDO le apareció el señor ALEX JAVIER MEZA VELÁSQUEZ, quien, mostrándole un arma de fuego que portaba, le ordenó se bajara del citado vehículo, que le entregara el casco y la cartera; y, luego de lo anterior el referido señor ALEX JAVIER, abordó la motocicleta y se retiró del lugar llevándose también el casco y la cartera conteniendo documentos personales del mencionado joven JOSÉ DOÑA RAMIREZ. SEGUNDO: Momentos después, Agentes de la Policía que circulaban por el referido Parque Central, tomo conocimiento de del hecho por denuncia verbal que les hizo el señor MARLON JOSÉ DOÑA RAMIREZ, por lo que de seguido los Agentes de la Policía, dieron persecución al sospechoso que resultó ser el señor ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ, quien al darse cuenta que los Agentes le daban seguimiento pretendió conducir en vía contra por una de las calles de esta ciudad de Siguatepeque, razón por la que dicho señor se accidentó y fue cuando los Agentes lo detienen con la Motocicleta anteriormente descrita, con el casco protector y la cartera conteniendo los documentos personales del señor MARLON JOSÉ DOÑA RAMIREZ.” RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes Abogados Lily Roxana Chinchilla Calix y Jorge Tulio Aguiluz David, en su condición de defensores privados de Alex Javier Meza Velásquez, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 2 y 3 del Artículo 362 del CPP. El precepto penal objetivo que se invoca como infringido prescribe: "Artículo 202. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En relación con el párrafo primero del artículo j36 del C P.P. Como el motivo se orienta a demostrar la inobservancia de las reglas del recto entendimiento humano en la valoración de la prueba, que a la vez es un problema de fundamentación, conviene explicar en qué consisten esas reglas: Conforme el artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el C P.P. es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definitiva en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A quo. Debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro factico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por la regla del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, y que se basa su sentencia en elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el IV DEL libro segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo, Por eso, como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son tas de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Expresa el sentenciador en el apartado de valoración de la prueba: PRIMERO: Que como prueba testifical ofertada por la fiscalía del ministerio público se evacuaron los siguientes testigos: A.- Testigo RONAL SAMUEL GEORGE MEZA: Fue el día sábado 21 de octubre del año 2017 año 2017, como a eso de las 19:30, cuando andábamos en un patrullaje de rutina ahí por la plaza de la amistad, se nos acercó un muchacho que dijo que recién le habían robado su motocicleta y señalo la persona que llevaba la moto, fue cuando le dimos persecución y ese muchacho que conducía la motocicleta se accidento y fue cuando lo requerimos y le decomisamos la moto y le decomisamos el arma de fuego. A. Interrogantes manifestó: La detención la practicamos con otros agentes de policías; el muchacho que denuncio se llama Marlon dueñas, y dijo que recién se la habían robado su moto y señalo al que la llevaba, fue cuando lo perseguimos y luego lo alcanzamos, lo requerimos y le decomisamos la moto y el arma de fuego que portaba y no presento documento del arma; el ofendido se presentó al lugar de la detención y reconoció su motocicleta fue cuando le recomendamos que se presentara a la jefatura de la policía para que pusiera la denuncia; el señor Alex se accidento porque quiso conducir contravía y por eso fue fácil su detención, la motocicleta era marca BAJAJ placa MAX 0524, color negro, esa persona que detuvimos no se encuentra aquí en esta sala. Lo detuvimos con el policía Fernando Mendoza y fue quien hizo el registro al imputado y también levantó el acta; el ofendido nos abordó por la plaza de la amistad; en la patrulla íbamos los agentes Fernando Mendoza, Igner Gonzales y mi persona. B.- Testigo JOSÉ FERNANDO MENDOZA BENÍTEZ: Fue un día sábado 21 de octubre del año 2017, cuando andábamos en un patrullaje de rutina, y un muchacho se nos acercó y nos dijo que le habían robado su motocicleta y señalo la persona que llevaba la moto, fue cuando lo perseguimos y como a seis cuadras de distancia lo alcanzamos, el muchacho que llevaba la motocicleta se accidento, y fue cuando lo requerimos, le encontramos un arma de fuego con dos cargadores, y 39 proyectiles, también se le encontró una billetera en la que portaba documentos a nombre del señor Marlon Dueña Ramírez, el ofendido llego al lugar de la detención y dijo que esa era la moto que le habían robado y también dijo que la persona detenida era quien le había robado la motocicleta; luego le recomendamos poner la denuncia formal. A. interrogantes manifestó: El denunciante fue Marlon Dueña Ramirez; en la patrulla andaba el oficial Marlon Rivera, del arma de fuego el muchacho no portaba documentos; el muchacho quiso conducir contra vía y se accidento por eso lo capturamos; esa persona era alto, fornido, piel trigueño y pelo fresco; esa persona no creo que este aquí en la sala; la detención fue el sábado 21 de octubre del 2017; a esa persona no la volví a ver; esa persona se llama Alex Javier Meza Velásquez. SEGUNDO: Se evacuaron como prueba documental propuesta por la fiscalía: 1.- Informe de Investigación (folios del 3 al cinco de la primera pieza Judicial) 2.- Acta de Denuncia número 998-2017 (folio 6 de la primera pieza judicial) 3.- Acta de lectura de Derechos (folio 8 de la primera pieza Judicial). 4.- Acta de registro Personal (folio 10 de la primera pieza Judicial). 5.- Acta de Decomiso de un arma de Fuego (folio 9 de la primera pieza Judicial). 6.- Acta de Decomiso de una Motocicleta (folio 11 de la primera pieza Judicial). 7.- Copia de una Tarjeta de Identidad (folio 18 de la primera pieza Judicial). 8.- Documentos de Propiedad (folio I de la primera pieza Judicial). 9.- Acta de Inspección (folio 22 de la primera pieza Judicial). 10.- Auto de Devolución (folio 93 de la segunda pieza Judicial). 11.- Acta de Prueba Anticipada (folio 29, 30 de la primera pieza Judicial). 12.- Constancia (folio 29, 30 de la primera pieza Judicial). TERCERO: l. Como prueba pericial se evacuaron Dictamen médico forense que corre a folios 60 de la segunda pieza Judicial dictamen fue ratificado el doctor Franklin Omar Sorto, quien a preguntas respondió el evaluado presentaba una herida en región frontal derecha de la cara y escoriaciones en la rodilla derecha; el paciente explico que sufrió un accidente cuando conducía una motocicleta, porque la policía lo perseguía. 2, Se evacuo dictamen balístico que fue ratificado por el técnico Kenneth Stanley Suazo Castillo, quien concluyo que el arma de fuego recibida para examen presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. De los medios de prueba expresados anteriormente el Tribunal de Sentencia refiere lo siguiente: Con las declaraciones Testificales se desprende que los deponentes en su condición de agentes de la policía luego de la noticia que les diera el señor MARLON JOSÉ DOÑA RAMIREZ, de lo sucedido, persiguieron y detuvieron al sospechoso que resultó ser el señor ALEX JAVIER MEZA VELÁSQUEZ, a quien lo encuentran conduciendo la motocicleta de la que recién habían despojado al referido MARLON JOSÉ, y hasta le encontraron la billetera con documentos a nombre de este último; además se le encontró llevando un arma fuego de la mostro su portación legal; por ende resulta difícil desvincular al acusado de autos de hechos denunciados por el mencionado Marlon José Doña Ramírez; con el informe de Investigación refiere el Tribunal que no existe duda alguna que de la persona que minutos había despojado de la motocicleta y billetera a Marlon José Doña Ramírez, lo fue el señor Alex Javier Meza Velásquez; con el acta de denuncia se ha demostrado que MARLON JOSE DOÑA RAMIREZ, denuncio a la autoridad Policial, del despojo de la motocicleta que conducía en aquel momento, de su cartera con sus documentos personales, refieren que con el acta de lectura de derechos se acredita que la autoridad cumplió con su obligación de dar a conocer los derechos que la ley regula y le asisten a todo aquel detenido por hecho delictivo; con las actas de registro personal, Acta de decomiso de un arma de fuego, Acta de decomiso de una Motocicleta, refiere el tribunal que se demostró con los tres anteriores documentos que el agente de policía José Fernando Mendoza Benítez, luego de un registro personal, encontró en poder del detenido ALEX JAVIER IVIEZA VELASQUEZ, los objetos que detalla, sin que este señor mostrara su derecho de pertenencia, lógicamente por que no eran suyas y recién se había apoderado de tales objetos, en especial del vehículo tipo Motocicleta y de la cartera conteniendo documentos personales que inequívocamente lo eran del señor MARLON JOSE DOÑA RAMIREZ, así como el arma de fuego que portaba; con la copia de la tarjeta de identidad se acredita que el procesado tiene por nombre ALEX JAVER MEZA VELASQUEZ y que su tarjeta de Identidad es la que aparece consignada en la indicada tarjeta de identidad, con los documentos de Propiedad se ha demostrado que el vehículo automotor descrito, es propiedad del señor KENNETH ORLANDO LIZARDO COREA; con el Acta de Inspección se constata que la agente de policía DARSY NAVEL CASTRO HERNANDEZ inspecciono el vehículo descrito, señalando haber observado que en el protector del tanque presentaba rayones con desprendimiento reciente de pintura; el Auto de Devolución ordena la devolución del vehículo tipo motocicleta, a su propietaria MARIA ISABEL RAMIREZ; que a criterio de este Tribunal de Sentencia, lo declarado por el joven Marlon José Doña Ramírez es creíble, pues ante Juez competente ha explicado del modo que el delatado ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ, con pistola en mano lo acometió para que le entregara la cartera, el casco y la motocicleta en la que se conducía el día y hora del hecho; con el dictamen pericial Médico Forense se ha demostrado que ciertamente el evaluado ALEX JAVIER .MEZA VELASQUEZ al momento de la detención por parte de los agentes de la policía, sufrió accidente cuando conducía la motocicleta de la que momentos antes había despojado a MARLON JODE DOÑA RAMIREZ, quedando como secuelas una herida en la frente y escoriaciones en su rodilla derecha; con el dictamen balístico se desprende que el arma de fuego examinada está en buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo; con el medio de prueba Constancia de este documento se desprende que el arma de fuego marca TANGFOLIO, tipo pistola, serie AB58254, no se encuentra registrada ni tiene reporte de robo; de igual manera que el señor ALEX JAVIER MEZA no tiene armas de fuego registradas. Como vosotros podréis observar distinguido Tribunal de Casación, el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, establece una valoración de los medios de prueba de cargo sin razonamiento lógico que nos establezca la convicción y veracidad de los hechos declarados probados violentando así el principio de la sana crítica y de la presunción de inocencia. acción penal y las relacionadas con los incidentes que se hayan diferido, para este momento; 2) Las relativas a la existencia del hecho, su calificación y demás circunstancias del delito, a la participación en el haya tenido el imputado a los de de leves o de delitos; y 3) En su caso, el mínimo y el máximo de la pena aplicable. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos. El miembro del Tribunal que disienta emitirá voto particular razonado. En cuanto a la participación de ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ en los hechos se puede notar que los testigos de cargo solo se limitan a manifestar que fue ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ quien despojo de pertenencias al señor MARLON JOSE DOÑA RAMIREZ, pese que son testigos de referencia ambos testigos no reconocen a preguntas que se les hicieran si se encontraba el señor MEZA VELASQUEZ EN LA SALA, respondiendo estos que no, no se acredito que KENNETH ORLANDO LIZARDO COREA a través de su testimonio declarara si este efectivamente en su condición de propietario de dicha motocicleta fue víctima del delito de ROBO DE VEHICULO en fecha 21 de octubre del 2017, no compareció al tribunal a rendir su declaración el señor MARLON JOSE DOÑA Quien debió ser citado a través correspondientes por desconocerse su domicilio, violentando el debido proceso, al admitir por incorporación de lectura su declaración bajo la modalidad de prueba anticipada de la audiencia Inicial. Como vosotros podréis observar distinguido Tribunal de Casación, donde están las incongruencias que refiere el Tribunal de Sentencia en la prueba evacuada pero más claro es que ninguna de la prueba testifical concuerda con la prueba documental y pericial, sin el sobre esta razona en sentido distinto, expresando que ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ es responsable a título de autor del delito de ROBO DE VEHICULO, ROBO Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL,' en perjuicio de KENNETH ORLANDO LIZARDO COREA, MARLON JOSE DOÑA RAMIREZ Y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, que se ultraja una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del C.P.P., en lo referente a la obligatoriedad de valorar en forma w a las reglas la crítica la prueba evacuada en juicio, toda vez que desnaturaliza arbitrariamente esta prueba testifical, que unida a las otras da soporte a extremos para considerar que no se acreditada la responsabilidad penal del imputado. Sobre la base del planteamiento estructurado, se reitera que si el tribunal sentenciador, hubiere valorado las pruebas conforme al recto entendimiento humano (sana crítica) el resultado se hubiese traducido en certeza de que el señor ALEX JAVIER MEZA VELASQUEZ, es inocente de los cargos que se le han seguido por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación, y es por eso que se recurre al presente recurso de Casación, para que el Tribunal de Casación, declare HA LUGAR el presente recurso por las razones antes expuestas, y se declare la Inocencia de nuestro represento en la comisión de los supuestos ilícitos penales.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), a. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o b. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia, hecha por algunas de las partes, de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo • Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Motivo: Inobservancia de las Reglas de la Sana Critica en la valoración probatoria; • Concepto de la infracción: Inobservancia la regla de lógica de la derivación en su postulado de razón suficiente; • Normas procesales que se denuncian infringidas: Articulo 202 en relación con párrafo primero del artículo 336 del Código Procesal Penal. • Reclamación Ex Ante: No hubo reclamación ex ante, siendo que el yerro que provoca la imposición del recurso se produce en el fallo mismo. • Pretensión: Casar y Anular la Sentencia de instancia. La Defensa Privada en el libelo del recurso plantea múltiples argumentaciones en contra de la sentencia impugnada: inicia haciendo una descripción de los medios de prueba evacuados durante la audiencia de debate; Transcribe la valoración que el Juzgador realizo de dichos medios de prueba; Luego se queja que los testigos de cargo solo se limitan a decir que el acusado fue la persona quien despojo de sus pertenencias al señor José Doña, a quien no reconocieron en la sala; En la audiencia de juicio oral y público no se contó con el testimonio del señor Keneth Orlando Lizardo, para que este declarar que efectivamente en su condición de propietario de dicha motocicleta De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no, para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. a. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y b. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el Recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: a. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó, en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el Motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. b. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. c. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente: • Derecho de Acceso a la Justicia Derecho a una resolución fundada en derecho; • Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; • Derecho a la Tutela Cautelar; y • Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 304 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado. El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cuál es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del Único Motivo. El único motivo no es de Recibo. La recurrente no ha utilizado la debida técnica para conformar y fundamentar su impugnación; la Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad. La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La defensa privada luego de describir la totalidad de los medios de prueba evacuados durante la audiencia de juicio oral y público, para luego hacer una descripción literal de la valoración que de dichos medios de prueba hiciera el Tribunal de instancia; alejándose así de la debida técnica recursiva al exponer su disconformidad protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cuál es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo, manifiesta que los testigos de cargo presentados por el Ministerio Público no fueron capaces de reconocer a su representado como la persona que cometió el Ilícito de Robo de vehículo; cuestiona la comparecencia del propietario de dicho vehículo, al considerar que no se tuvo dicho testimonio con la finalidad que este pudiera expresa de viva vos que efectivamente fue despojado de su motocicleta por su representado; siguió quejándose el conocer que tampoco se contó con el testimonio del señor Marlon José Doña Ramirez, quien a su criterio debió ser citado mediante edictos y no admitir su incorporación mediante lectura autorizada, bajo la modalidad de prueba anticipada, lo cual considero violatorio al debido proceso. Resulta evidente que el recurso de la Defensa contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Privada acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa además aqueja que la prueba, a su criterio, el convencimiento judicial se basa en elemento probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por lectura autorizada, incurriendo el Juzgador en violación a las normas de la Sana Critica al excluir y dejar de considerar prueba de valor decisivo, además considero existir violación al Estado Material de Inocencia y el Debido Proceso; Vemos como los argumentos del Censor, además de ser confusos al no poder establecer La Sala con exactitud cual su verdadero reclamo, también resultan argumentos unos propios de otros motivos de Casación Por Quebrantamiento de Forma y del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional y no motivos por violación a las reglas de la sana critica, pues no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta sino la declaración de los testigos de cargo y la forma de como el testimonio de uno de ellos se introdujo al debate y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación, pero sin individualizar la regla de la sana critica que se considera infringida, siendo esta un reservorio de reglas y principios que rigen el correcto entendimiento humano, por lo que la recurrente debe invocar su inobservancia de forma clara y precisa respecto a la regla o principio que fue violentado, la identificación del razonamiento judicial, la explicación del porque el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el Tribunal. Decisión: Desestimar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Privada del acusado Alex Javier Meza Velásquez, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia, se impuso al señor Alex Javier Meza Velásquez, las siguientes penas en concurso real; reclusión de 10 años por el delito de Robo de Vehículo; Reclusión de 3 años por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Comercial; reclusión de 5 años por el delito de Robo Simple. Haciendo u total de cumplimiento de pena de 18 años de reclusión. Conforme a las disposiciones del nuevo Código Penal decreto 130-2017, los delitos por los cuales fue condenado el acusado se regulan de la siguiente manera; El delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas, se regula en el artículo 580 y se penaliza de la siguiente forma: • De uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. • De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas de municiones prohibidas. Con las mismas penas previstas en el numeral 1, se castiga la tenencia de armas artesanales. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En el caso sometido a juzgamiento, se establece que al señor Alex Javier Meza Velásquez se le encontró en el momento de su captura portando un arma de fuego permitida, pero sin contar con la autorización correspondiente, por lo que la pena que le correspondería si se aplicara el nuevo Código Penal, sería la del numeral 1 aumentada en 1/3, resultando una nueva pena abstracta de 4 a 5 años, 4 meses de prisión, más localización permanente por dos años, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionados con la conducta, y privación del derecho a la tenencia y portación de armas, así como de la posibilidad de obtenerlo hasta que hubiere extinguido completamente la pena de prisión. El delito de Robo con Violencia o Intimación, se regula en el artículo 361 y se penaliza de la siguiente forma: • Tipo básico; Con prisión de 4 a 8 años. • Tipo agravado; Prisión de 4 a 8 años aumentado en un tercio si concurre cualquiera de las agravantes específicas del artículo 363 del mismo cuerpo legal. Del hecho probado se desprende la concurrencia de la agravante del articulo 363 numeral 9, por lo que resulta un nuevo margen abstracto de pena de prisión de 8 a 10 años 8 meses. El delito de Robo de vehículo, se regula en el artículo 364 y se penaliza de la siguiente forma: • Con prisión de 4 a 8 años, cuando para la sustracción se emplea violencia o intimidación en las personas. En ese sentido, se concluye que no procede la aplicación retroactiva del decreto 130-2017, debido a que la pena acumulada impuesta conforme al Código Penal 144-83 vigente al momento de los hechos, fue de dieciocho (18) años de reclusión se encuentra dentro del margen abstracto de pena de 16 a 24 años de prisión. En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada del señor Alex Javier Meza Velásquez.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. Tercero Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Redacto Magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-94-2020.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA SALA PENAL.”