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Sentencia CP-93-20 — Registro 17387

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Extorsión, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia Del Recurso. El recurso no es de recibo. Inicia la Sala de lo Penal el pronunciamiento de fondo; en el escrito de interposición la recurrente afirma que se da la convergencia de violaciones constitucionales a los derechos a un debido proceso judicial y al derecho de defensa con ocasión de que el tribunal de sentencia basara su fallo de culpabilidad ,en la declaración de un testigo protegido “AB”, el que sirvió de base para la emisión de una sentencia condenatoria; Pero resulta, que al estudio del acumulado judicial se pudo constatar; Que no solo aconteció, que el testigo protegido “AB” compareció de forma personal a rendir su declaración testifical a la audiencia de debate, sino que la representación de la defensa pública tuvo la oportunidad de interrogarle, formulándole varias preguntas, por lo que con ello se descarta que exista la alegada violación al derecho de defensa, de no haber ejercido el contradictorio en la práctica del medio de prueba; ello sumado a que previo a este momento procesal, la Defensa Pública había tenido la oportunidad de interrogar al testigo protegido ( declaración del testigo en audiencia de prueba anticipada), por lo que al momento del debate contaba con conocimiento previo del contenido de la declaración, pudiendo comparar sus dichos y confrontarlos en caso de contradicción durante la audiencia de juicio oral y público. Motivo para concluir que no ha existido violación al debido proceso y al derecho de defensa; La Sala aprecia que el argumento alegado por la Defensa Pública es de carácter abstracto, al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la Defensa Pública no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo, siendo éste una persona que ejercía actos de comercio y que como consecuencia de ello fue víctima del delito de extorsión por parte del acusado; La Sala también pudo constatar que la declaración del testigo protegido “AB”, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación del acusado con éste, como ser la declaración de otro Testigo Protegido “AA”, la prueba documental consistente en acta de diligencia policial ( ratificada en audiencia de debate) acta de inspección y álbum fotográfico o personal ( ratificada en debate), que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que la declaración del testigo protegido AB sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio, tal como se quejó la censora. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado José Abel Lara Ayala, de un delito de extorsión, como consecuencia impuso en la pena de principal; reclusión 15 años, más de multa de 50 salarios mínimos, equivalentes a un total de 539,691.00 iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión se encuentra regulado en el artículo 373, el cual debe ser sancionado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años (Art. 373); ii.- Pena de multa: de quinientos (500) a mil (1000) días. A partir de lo anterior, es posible determinar que no es procedente aplicar retroactivamente el NCP-130-2017 en la presente causa, debido a que la pena principal individualizada de 15 años de reclusión, se encuentra dentro del marco abstracto previsto en la nueva normativa penal (de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Por tanto, se reitera que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 315 y 316 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-93-2020, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-93-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a José Abel Lara Ayala, como autor del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido AA, a la pena de quince años de reclusión y una multa de cincuenta salarios mínimos, equivalentes a quinientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y un lempiras. Segundo: Condenó a José Abel Lara Ayala, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil de José Abel Lara Ayala. Cuarto: No procedió el comiso ni condenar en costas a José Abel Lara Ayala. Son partes en única instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos de José Abel Lara Ayala, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, a eso de las ocho de la noche, el señor José Abel Lara Ayala, llegó a la pulpería propiedad de testigo protegido AA, ubicada en la aldea de Gualtaya, municipio de Cucuyagua, departamento de Copán, preguntó a una persona que atendía, qué si tenían queso, cuando le preparaban el queso, el señor José Abel Lara Ayala, se acercó a una ventana de esa casa y dejó caer un papel, luego de eso se montó en una motocicleta y se retiró del lugar. SEGUNDO: El papel que el señor José Abel Lara Ayala, dejó caer en la vivienda de testigo protegido AA, le solicitaba a este, dos millones de lempiras, en billetes de quinientos, que, si estimaba a su familia consiguiera ese dinero, establecía además que no quería escandalo ni que, se involucrara a la policía, pues los tenían vigilados, que no estaban jugando y que si no cumplía vería morir a sus hijos, y que tenía cinco días (para conseguir el dinero), que en cinco días le llamaría, que no era un juego y que estaba advertido.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Wendy Paola Banegas Selvas, en su condición de defensora publica de José Abel Lara Ayala, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probada los hechos en un juicio oral y público llevada a cabo conforme los principias establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; y, 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad a interrogar a hacer interrogar a los testigos de cargo. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor JOSÉ ABEL LARA AYALA por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AA; infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le amparan al imputado por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuó, como prueba decisiva de cargo, la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "AB" con la que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el señor JOSÉ ABEL LARA AYALA participó ejecutivamente en los actos intimidantes que amenazaban la vida de la familia del ofendido mediante los cuales le exigió al TESTIGO PROTEGIDO AA la entrega de una considerable suma de dinero. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque la prueba en la que se apoyan los hechos antes referidos no es suficientemente apta para acreditarlos ya que la misma está constituida, decisivamente, por la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "AB", de quien el Tribunal de Juicio dice que narra hechos verosímiles y coherentes, sin contradecirse entre ellas, pues tuvo conocimiento de las mismas, a través de sus sentidos ya que, lo que narro lo vivió personalmente, por lo que les merece total credibilidad. QUINTO: La declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "AB", según el Tribunal de juicio, le sirve de fundamento para sustentar los hechos declarados probados en el fallo impugnado, calificando la declaración de dicho testigo protegido como merecedora de total credibilidad y los hechos relatados por él los considera verosímiles y coherentes, por lo que se sirve de su declaración para dar por acreditada la forma de cómo sucedieron los hechos, además, para vincular al acusado JOSÉ ABEL LARA AYALA como partícipe en los mismos, sin embargo, la anterior consideración del Juzgador no tiene un adecuado respaldo probatorio, porque la declaración del Testigo Protegido clave "AB" no cuenta con corroboradores periféricos que lo respalden, pues el Testigo protegido AA, que aparece como la víctima, dijo no haber tenido a la vista la supuesta nota extorsiva, que a ella le contaron del contenido de la misma y la declaración de la policía Karen Elizabeth Hernández Machado evidencia una escena totalmente contaminada, pues ella dijo haber encontrado la supuesta nota extorsiva sobre unos paquetes de jugo y supone que ahí la depositó el imputado, pero antes el Testigo Protegido AB ya había tomado el papel de donde lo habría lanzado el imputado enterándose de su contenido, razón por la cual estas declaraciones resultan inconsistentes, pues cuando llega la policía Hernández Machado al lugar de los hechos, la Testigo Protegido AB ya tenía en su poder la nota, aunado a lo anterior y a pesar de su importancia, en la audiencia de juicio oral el ente acusador no pudo mostrar la principal prueba consistente en la supuesta nota extorsiva, por lo que la declaración del Testigo Protegido clave "AB" aparece huérfano de corroboradores periféricos que respalden sus dichos, incertidumbre que se agrava al tratarse de un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) por lo que no fue posible realizarle un verdadero contra examen sobre posibles motivaciones espurias que pudieran condicionar su declaración, dejando al imputado y a su defensa en un claro desequilibrio procesal violatorio de sus derechos de defensa y del debido proceso. SEXTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta esos fundamentales derechos de defensa y del debido proceso de los que legalmente goza el señor JOSÉ ABEL LARA AYALA, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de publicidad y contradicción, pues para el imputado y su defensa no hubo publicidad ni contradicción al tratarse de un testigo protegido infringiendo tos referidos derechos del imputado, ya que, reiteramos, la prueba básica que sostiene el fallo de condena es la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "AB" (testigo oculto y con identidad reservada), misma que no cuenta con corroboradores periféricos unívocos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. Sobre este particular la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: “…le preocupa a la Sala de Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... la ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna... Insiste esta Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba.- Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio de prueba, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de hechos; por ella, la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible, el motivo de preocupación de la Sala Penal se agrava, de manera superlativa, cuando se trata de testigos protegidos como en el presente caso. SÉPTIMO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: "Incluso cuando se hayan adaptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente a en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservado. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenida en detrimento de su derecha de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitadas, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución...b)..., la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista estuvo fundado en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el "testigo protegido N°1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstas por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto.... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorga valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, la que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrada en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao” “...este Tribunal considera que tanta el contenida cama amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringida considerablemente par la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él a ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciada de prejuicios”. OCTAVO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8,2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor JOSÉ ABEL LARA AYALA, porque a él se le condenó con base en la declaración de un TESTIGO PROTEGIDO (oculto y con identidad reservada) frente a quien, por esa condición de protegido la defensa no tuvo oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y si bien es cierto en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero ellos no aportan datos independientes que incriminen al señor JOSÉ ABEL LARA AYALA, por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del señor JOSÉ ABEL LARA AYALA.” Fundamentación Jurídica Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma Constitucional que se denuncia infringida: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: Infracción al Derecho de Defensa y al Debido Proceso • Pretensión: Que se dicte sentencia absolutoria. Explicó el recurrente que el Juzgador al dictar sentencia condenatoria contra los imputados, infringió gravemente los derechos de defensa y el debido proceso, pues se evacuó en el juicio como prueba decisiva la declaración del testigo protegido clave “AB” con la cual el Sentenciador declaró acreditada la participación del acusado en los hechos investigados, pero esa declaración no está respaldada con prueba suficiente, lo que se agrava por la condición de testigo protegido (Oculto y con identidad reservada) que impiden el ejercicio de un verdadero examen del testigo. Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- A una justicia gratuita; ii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; iii.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi.- A la imparcialidad del juez; vii.- A la independencia del juez; viii.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix.- A la igualdad de armas procesales; x.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión. la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Derecho de Defensa La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Derecho de Defensa “obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (Ver casi Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de Noviembre de 2009, párrafo 29 y caso López Mendoza Vs Venezuela, sentencia del 01 de septiembre de 2011, párrafo 117), señalando además que “es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (Ver caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de Junio del 2002, párrafo 146). Por su parte la Sala de lo Penal en Sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa, está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de Defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El Derecho General a la Defensa está compuesto por varios derechos que lo convierten, de un simple enunciado a un derecho eficaz, a saber: i.- Derecho a ser informado del contenido de la acusación desde los primeros momentos del proceso; ii.- Derecho a un itérprete o traductor si no conoce bien el idioma español; iii.- Derecho a tener el tiempo necesario para la preparación de la Defensa y además contar con los medios adecuados para ello; iv.- Derecho a requerir a los entes de investigación del Estado, la práctica y/o aseguramiento de prueba que sea de interés; v.- Derecho a la defensa material libre y a una debida defensa técnica en todo momento del proceso, de elección libre o, en su caso por designación gratuita; vi.- Derecho a proponer los medios de prueba que considere necesarios para realizar descargo de la acusación en cualquier momento del proceso; vii.- Derecho a conocer con antelación la carga probatoria que sustenta la acusación, previo a la celebración del debate; viii.- Derecho de la persona acusada a estar presente en todos los actos que impliquen evacuación de medios de prueba, salvo excepciones establecidas en la ley; ix.- Derecho a controvertir la prueba mediante su examen directo; x.- Derecho a que toda decisión judicial que no sea de mero trámite esté debidamente motivada; xi.- Derecho a recurrir la decisión judicial. Del Testigo Protegido A. Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: • Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; • Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); • Aprehensión por riesgo de Ocultamiento o Fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público hasta por 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); • Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y • Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B. Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos. Son medidas de protección, entre otras: • Que no conste en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el exp 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); • Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; • Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; • Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en la sala de juicio (ver art. 308.2 CPP); o • Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están: • Medidas de Protección Personal: i. Alejamiento del lugar del riesgo; ii. Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii. Cambio de identidad; iv. Modificación de rasgos físicos; • Medidas Policiales: i.- Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y iv. 4) Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); • Medidas Penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o • Medidas de Protección en el Proceso Penal: i. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii. Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv. Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C. Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.” Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este ad-quem recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando las medidas de protección sean de carácter excepcional, ante la duda de su procedencia lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. D. Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio José, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. Conforme la legislación hondureña, pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones distintas al derecho fundamental a la Defensa: Primer Supuesto: Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo Protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia. El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate.- La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber dónde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce. Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, rendida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. Segundo Supuesto: Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i. Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii. Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada, introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica; teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad. Considera esta Sala de lo Penal que tal introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i. Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii. Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: • Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; • Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y • Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada. En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i. Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; ii. Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo; ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo. Tercer Supuesto: Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate. En este caso la, la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. En este caso persiste la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. Consideraciones Comunes: Independientemente que se trate del segundo supuesto o tercer supuesto, ha advertido la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). La Sala de lo Penal, reconoce como derecho inquebrantable lo preceptuado en los artículos 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cago en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal; además reconoce como obligatorio el criterio fijado por la Corte IDH en las sentencias: i. Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); ii. Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); iii. García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y en especial iv. Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253), a partir de lo cual se fijan las siguientes premisas: i. La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; ii. Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; iii. En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; iv. El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; v. Como consecuencia de lo señalado en el numeral v y iv, convencionalmente se ha dispuesto que un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración de un testigo de identidad reservada, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Por ello, la Sala de lo Penal declara que una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración, siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial que ha sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho que hoy ocupa la argumentación de la Defensa Pública y del que se ha pronunciado esta Sala de lo Penal es de carácter renunciable, criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo, en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. De la Procedencia Del Recurso. El recurso no es de recibo. Inicia la Sala de lo Penal el pronunciamiento de fondo; en el escrito de interposición la recurrente afirma que se da la convergencia de violaciones constitucionales a los derechos a un debido proceso judicial y al derecho de defensa con ocasión de que el tribunal de sentencia basara su fallo de culpabilidad ,en la declaración de un testigo protegido “AB”, el que sirvió de base para la emisión de una sentencia condenatoria; Pero resulta, que al estudio del acumulado judicial se pudo constatar; Que no solo aconteció, que el testigo protegido “AB” compareció de forma personal a rendir su declaración testifical a la audiencia de debate, sino que la representación de la defensa pública tuvo la oportunidad de interrogarle, formulándole varias preguntas, por lo que con ello se descarta que exista la alegada violación al derecho de defensa, de no haber ejercido el contradictorio en la práctica del medio de prueba; ello sumado a que previo a este momento procesal, la Defensa Pública había tenido la oportunidad de interrogar al testigo protegido ( declaración del testigo en audiencia de prueba anticipada), por lo que al momento del debate contaba con conocimiento previo del contenido de la declaración, pudiendo comparar sus dichos y confrontarlos en caso de contradicción durante la audiencia de juicio oral y público. Motivo para concluir que no ha existido violación al debido proceso y al derecho de defensa; La Sala aprecia que el argumento alegado por la Defensa Pública es de carácter abstracto, al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la Defensa Pública no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo, siendo éste una persona que ejercía actos de comercio y que como consecuencia de ello fue víctima del delito de extorsión por parte del acusado; La Sala también pudo constatar que la declaración del testigo protegido “AB”, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación del acusado con éste, como ser la declaración de otro Testigo Protegido “AA”, la prueba documental consistente en acta de diligencia policial ( ratificada en audiencia de debate) acta de inspección y álbum fotográfico o personal ( ratificada en debate), que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que la declaración del testigo protegido AB sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio, tal como se quejó la censora. Decisión: No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único, interpuesto por la Defensa Pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado José Abel Lara Ayala, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado José Abel Lara Ayala, de un delito de extorsión, como consecuencia impuso en la pena de principal; reclusión 15 años, más de multa de 50 salarios mínimos, equivalentes a un total de 539,691.00 iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión se encuentra regulado en el artículo 373, el cual debe ser sancionado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años (Art. 373); ii.- Pena de multa: de quinientos (500) a mil (1000) días. A partir de lo anterior, es posible determinar que no es procedente aplicar retroactivamente el NCP-130-2017 en la presente causa, debido a que la pena principal individualizada de 15 años de reclusión, se encuentra dentro del marco abstracto previsto en la nueva normativa penal (de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Por tanto, se reitera que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redacto el Magistrado Díaz Flores. - Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de abril de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el diecinueve de marzo del año dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-93-2020. RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACIÓN La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-93-2020, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-93-2020 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó a José Abel Lara Ayala, como autor del delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido AA, a la pena de quince años de reclusión y una multa de cincuenta salarios mínimos, equivalentes a quinientos treinta y nueve mil seiscientos noventa y un lempiras. Segundo: Condenó a José Abel Lara Ayala, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil de José Abel Lara Ayala. Cuarto: No procedió el comiso ni condenar en costas a José Abel Lara Ayala. Son partes en única instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Alba Regina Paniagua Pacheco, en su condición de defensores públicos de José Abel Lara Ayala, como parte recurrente; y la Abogada Marla Iris Cárdenas Guardado, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: En fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, a eso de las ocho de la noche, el señor José Abel Lara Ayala, llegó a la pulpería propiedad de testigo protegido AA, ubicada en la aldea de Gualtaya, municipio de Cucuyagua, departamento de Copán, preguntó a una persona que atendía, qué si tenían queso, cuando le preparaban el queso, el señor José Abel Lara Ayala, se acercó a una ventana de esa casa y dejó caer un papel, luego de eso se montó en una motocicleta y se retiró del lugar. SEGUNDO: El papel que el señor José Abel Lara Ayala, dejó caer en la vivienda de testigo protegido AA, le solicitaba a este, dos millones de lempiras, en billetes de quinientos, que, si estimaba a su familia consiguiera ese dinero, establecía además que no quería escandalo ni que, se involucrara a la policía, pues los tenían vigilados, que no estaban jugando y que si no cumplía vería morir a sus hijos, y que tenía cinco días (para conseguir el dinero), que en cinco días le llamaría, que no era un juego y que estaba advertido.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente Abogada Wendy Paola Banegas Selvas, en su condición de defensora publica de José Abel Lara Ayala, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio, entre otras disposiciones, señalan que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probada los hechos en un juicio oral y público llevada a cabo conforme los principias establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; y, 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad a interrogar a hacer interrogar a los testigos de cargo. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor JOSÉ ABEL LARA AYALA por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AA; infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le amparan al imputado por mandato constitucional, porque dicho fallo condenatorio no cuenta con un adecuado respaldo probatorio que lo sustente. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se evacuó, como prueba decisiva de cargo, la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "AB" con la que el Juzgador declaró terminantemente acreditado que el señor JOSÉ ABEL LARA AYALA participó ejecutivamente en los actos intimidantes que amenazaban la vida de la familia del ofendido mediante los cuales le exigió al TESTIGO PROTEGIDO AA la entrega de una considerable suma de dinero. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque la prueba en la que se apoyan los hechos antes referidos no es suficientemente apta para acreditarlos ya que la misma está constituida, decisivamente, por la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "AB", de quien el Tribunal de Juicio dice que narra hechos verosímiles y coherentes, sin contradecirse entre ellas, pues tuvo conocimiento de las mismas, a través de sus sentidos ya que, lo que narro lo vivió personalmente, por lo que les merece total credibilidad. QUINTO: La declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "AB", según el Tribunal de juicio, le sirve de fundamento para sustentar los hechos declarados probados en el fallo impugnado, calificando la declaración de dicho testigo protegido como merecedora de total credibilidad y los hechos relatados por él los considera verosímiles y coherentes, por lo que se sirve de su declaración para dar por acreditada la forma de cómo sucedieron los hechos, además, para vincular al acusado JOSÉ ABEL LARA AYALA como partícipe en los mismos, sin embargo, la anterior consideración del Juzgador no tiene un adecuado respaldo probatorio, porque la declaración del Testigo Protegido clave "AB" no cuenta con corroboradores periféricos que lo respalden, pues el Testigo protegido AA, que aparece como la víctima, dijo no haber tenido a la vista la supuesta nota extorsiva, que a ella le contaron del contenido de la misma y la declaración de la policía Karen Elizabeth Hernández Machado evidencia una escena totalmente contaminada, pues ella dijo haber encontrado la supuesta nota extorsiva sobre unos paquetes de jugo y supone que ahí la depositó el imputado, pero antes el Testigo Protegido AB ya había tomado el papel de donde lo habría lanzado el imputado enterándose de su contenido, razón por la cual estas declaraciones resultan inconsistentes, pues cuando llega la policía Hernández Machado al lugar de los hechos, la Testigo Protegido AB ya tenía en su poder la nota, aunado a lo anterior y a pesar de su importancia, en la audiencia de juicio oral el ente acusador no pudo mostrar la principal prueba consistente en la supuesta nota extorsiva, por lo que la declaración del Testigo Protegido clave "AB" aparece huérfano de corroboradores periféricos que respalden sus dichos, incertidumbre que se agrava al tratarse de un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) por lo que no fue posible realizarle un verdadero contra examen sobre posibles motivaciones espurias que pudieran condicionar su declaración, dejando al imputado y a su defensa en un claro desequilibrio procesal violatorio de sus derechos de defensa y del debido proceso. SEXTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta esos fundamentales derechos de defensa y del debido proceso de los que legalmente goza el señor JOSÉ ABEL LARA AYALA, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios procesales de publicidad y contradicción, pues para el imputado y su defensa no hubo publicidad ni contradicción al tratarse de un testigo protegido infringiendo tos referidos derechos del imputado, ya que, reiteramos, la prueba básica que sostiene el fallo de condena es la declaración del TESTIGO PROTEGIDO CLAVE "AB" (testigo oculto y con identidad reservada), misma que no cuenta con corroboradores periféricos unívocos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. Sobre este particular la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: “…le preocupa a la Sala de Penal la ausencia cada vez más marcada de prueba científica, objetiva y fiable en los procesos penales, la cual ha sido sustituida casi en su totalidad con prueba testifical misma que no ofrece las mismas garantías que aquellas... la ausencia de prueba científica y el ánimo de dar una respuesta tanto a los justiciables como a las víctimas, han llevado a los Tribunales de Justicia a relativizar las exigencias probatorias, al grado de aventurarse a pronunciar fallos condenatorios basándose únicamente en prueba testifical sin corroboración alguna... Insiste esta Sala de lo Penal que una sentencia condenatoria basada en un único medio de prueba, cualquiera que sea éste, debe implicar que ese medio de prueba debió haber pasado por un riguroso proceso de valoración, sorteando solventemente cualquier cuestionamiento concebible por muy insignificante que sea, demostrando su solidez probatoria al grado de no hacer factible ninguna otra realidad alterna más que la demostrada por el medio de prueba.- Tal rigurosidad debe ser aún mayor cuando se trate de un medio de prueba testifical, como consecuencia de la naturaleza de este particular medio de prueba, abatible por subjetividades derivadas de impresiones, sentimientos, prejuicios o capacidad de percepción de hechos; por ella, la suficiencia probatoria ha de ser evaluada desde una perspectiva cualitativa, cuando permita la construcción de un silogismo categórico y necesario, por mostrar una verdad única donde el acusado se vea necesariamente como la persona responsable del delito, sin duda razonable admisible, el motivo de preocupación de la Sala Penal se agrava, de manera superlativa, cuando se trata de testigos protegidos como en el presente caso. SÉPTIMO: La decisión de condena, en las condiciones señaladas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quienes en relación a sustentar fallos de condena en declaraciones de testigos de identidad oculta, reiteradamente han resuelto que: "Incluso cuando se hayan adaptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente a en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservado. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenida en detrimento de su derecha de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitadas, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución...b)..., la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista estuvo fundado en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el "testigo protegido N°1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstas por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto.... Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorga valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, la que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrada en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao” “...este Tribunal considera que tanta el contenida cama amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringida considerablemente par la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él a ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciada de prejuicios”. OCTAVO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso referido, declara que es deber estatal el garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8,2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor JOSÉ ABEL LARA AYALA, porque a él se le condenó con base en la declaración de un TESTIGO PROTEGIDO (oculto y con identidad reservada) frente a quien, por esa condición de protegido la defensa no tuvo oportunidad de realizarle un verdadero contra examen y si bien es cierto en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero ellos no aportan datos independientes que incriminen al señor JOSÉ ABEL LARA AYALA, por lo anterior legítimamente lo que corresponde, en armonía con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del señor JOSÉ ABEL LARA AYALA.” Fundamentación Jurídica Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe de seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo • Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. • Norma Constitucional que se denuncia infringida: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. • Concepto de la infracción: Infracción al Derecho de Defensa y al Debido Proceso • Pretensión: Que se dicte sentencia absolutoria. Explicó el recurrente que el Juzgador al dictar sentencia condenatoria contra los imputados, infringió gravemente los derechos de defensa y el debido proceso, pues se evacuó en el juicio como prueba decisiva la declaración del testigo protegido clave “AB” con la cual el Sentenciador declaró acreditada la participación del acusado en los hechos investigados, pero esa declaración no está respaldada con prueba suficiente, lo que se agrava por la condición de testigo protegido (Oculto y con identidad reservada) que impiden el ejercicio de un verdadero examen del testigo. Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal, más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, es así que los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- A una justicia gratuita; ii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; iii.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- A un juez predeterminado por la ley; vi.- A la imparcialidad del juez; vii.- A la independencia del juez; viii.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix.- A la igualdad de armas procesales; x.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; en fin el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión. la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del Derecho de Defensa La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Derecho de Defensa “obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo” (Ver casi Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de Noviembre de 2009, párrafo 29 y caso López Mendoza Vs Venezuela, sentencia del 01 de septiembre de 2011, párrafo 117), señalando además que “es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables” (Ver caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros vs Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de Junio del 2002, párrafo 146). Por su parte la Sala de lo Penal en Sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos Constitucionales del Proceso Penal, lo constituye el Derecho de Defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el Derecho de Defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (En fallo de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el Expediente 390-09).- El Derecho de Defensa, está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos.- El Derecho de Defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El Derecho General a la Defensa está compuesto por varios derechos que lo convierten, de un simple enunciado a un derecho eficaz, a saber: i.- Derecho a ser informado del contenido de la acusación desde los primeros momentos del proceso; ii.- Derecho a un itérprete o traductor si no conoce bien el idioma español; iii.- Derecho a tener el tiempo necesario para la preparación de la Defensa y además contar con los medios adecuados para ello; iv.- Derecho a requerir a los entes de investigación del Estado, la práctica y/o aseguramiento de prueba que sea de interés; v.- Derecho a la defensa material libre y a una debida defensa técnica en todo momento del proceso, de elección libre o, en su caso por designación gratuita; vi.- Derecho a proponer los medios de prueba que considere necesarios para realizar descargo de la acusación en cualquier momento del proceso; vii.- Derecho a conocer con antelación la carga probatoria que sustenta la acusación, previo a la celebración del debate; viii.- Derecho de la persona acusada a estar presente en todos los actos que impliquen evacuación de medios de prueba, salvo excepciones establecidas en la ley; ix.- Derecho a controvertir la prueba mediante su examen directo; x.- Derecho a que toda decisión judicial que no sea de mero trámite esté debidamente motivada; xi.- Derecho a recurrir la decisión judicial. Del Testigo Protegido A. Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Art. 226 CPP); Esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Art. 227 CPP), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: • Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Art. 175 CPP) y/o el Ministerio Público (Art. 176 CPP) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; • Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público, en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Art. 238 CPP); • Aprehensión por riesgo de Ocultamiento o Fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público hasta por 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Art. 234 CPP); • Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Art. 155 CPP); y • Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenará cuando no se atienda esta segunda citación (Art. 233 CPP). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B. Medidas de Protección a Testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejada la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Art. 5 CPP).- Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i.- Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; y ii.- Ley de Protección a Testigos, a cargo del Director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos. Son medidas de protección, entre otras: • Que no conste en las carpetas institucionales, llámese expediente policial, expediente del Ministerio Público y/o expediente judicial: el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (Al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el exp 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); • Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; • Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; • Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en la sala de juicio (ver art. 308.2 CPP); o • Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63.-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo de éste, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están: • Medidas de Protección Personal: i. Alejamiento del lugar del riesgo; ii. Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii. Cambio de identidad; iv. Modificación de rasgos físicos; • Medidas Policiales: i.- Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y iv. 4) Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); • Medidas Penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o • Medidas de Protección en el Proceso Penal: i. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii. Anonimato o resguardo de identidad y reserva de ésta; iii.- Videoconferencia; y, iv. Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Cuando la medida de protección a imponer sea la reserva de identidad, ésta será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2914: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos […], es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Art. 237 del CPP y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C. Necesidad de Adopción de Medidas de Protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlos; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en el caso Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.” Por su parte la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016 en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017 en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial este ad-quem recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito; y en el caso particular de reserva de identidad: buscar un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando las medidas de protección sean de carácter excepcional, ante la duda de su procedencia lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica, y más aun de conformidad con los principios constitucionales y convencionales. D. Medidas de Protección y el Derecho de Defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Art. 8 CADH); agregando la Corte IDH que: “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catrumán y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particular- la medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste, el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catrumán y otros vs. Chile). Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio José, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que: “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. Conforme la legislación hondureña, pueden presentarse tres situaciones distintas en torno a la participación de testigos con identidad reservada en el proceso; cada una de ellas con repercusiones distintas al derecho fundamental a la Defensa: Primer Supuesto: Declaración introducida por lectura a la audiencia de debate de un testigo Protegido con identidad reservada, con base en el numeral 2 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por la imposibilidad o alto grado de dificultad de hacer llegar al testigo, a la audiencia. El supuesto se presenta cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal, dado que fue extremadamente difícil o imposible su localización; circunstancia que suma dos aspectos que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa, por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate.- La Sala de lo Penal, en un caso concreto en donde se apreció esta dualidad de circunstancias donde el testigo protegido no fue presentado a debate porque no podía ser localizado, señaló en sentencia del tres de marzo dos mil quince en el Expediente 106-2012, que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su incomparecencia se debe a que pende riesgo en contra de su vida, su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección no solo obliga a los agentes del Estado a saber dónde se encuentra el testigo, sino que además las medidas de protección deberían contrarrestar cualquier posible riesgo, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate de manera segura para informar lo que conoce. Por tanto, sería inadmisible un medio de prueba de introducción por lectura de la declaración rendida en fase preparatoria de un testigo de identidad reservada, rendida fuera de protocolo de prueba anticipada, pues la dualidad de las condiciones ya apuntadas haría de dicho medio, violatorio al derecho de defensa. Segundo Supuesto: Declaración recibida en etapas previas al debate bajo protocolo de prueba anticipada de un testigo protegido con identidad reservada: i. Introducida por lectura al debate con base en el numeral 1 del artículo 311 del Código Procesal Penal, por haberse materializado el riesgo previsto; o ii. Introducida al debate con base en el numeral 7 del artículo 311 del código in comento, por tratarse de un testigo en condición de vulnerabilidad. Los supuestos del numeral 1 y numeral 7 del artículo 311 del Código Procesal Penal tienen en común la introducción al debate de la declaración del testigo con identidad reservada tomada en una etapa anterior al debate, evacuada bajo el protocolo de prueba anticipada, introducción que se hace para efecto de ser valorada dicha declaración conforme a las reglas de la sana crítica; teniendo como diferencia que en el numeral 1 la introducción se hace como consecuencia de haberse materializado el riesgo que motivó la toma de la prueba de forma anticipada, entretanto en el numeral 7 la introducción es porque el testigo se encuentra en condición de vulnerabilidad. Considera esta Sala de lo Penal que tal introducción por lectura es lícita por estar acorde al derecho de defensa, siempre que: i. Tratándose del numeral 1 del 311 la limitación de la reserva de la identidad del testigo haya sido acordada como consecuencia de riesgo fundado; o tratándose del numeral 7, que el testigo se encuentre dentro de aquellos testigos en condición de vulnerabilidad que taxativamente prescribe el artículo 237-A del Código Procesal Penal; y ii. Que el Tribunal de Sentencia procure que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catrumán y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo de identidad reservada: • Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio, con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; • Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; en ese sentido el tribunal de sentencia deberá ser tolerante respecto a las preguntas que en condiciones normales podrían ser calificadas como impertinentes, pero que en el caso del testigo con identidad reservada resultan ser necesarias para auscultar lo señalado, siempre -se insiste- que dichas preguntas no estén dirigidas a revelar su identidad; y • Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo con identidad reservada. En la valoración de la prueba testifical deberá existir especial pronunciamiento por parte del tribunal de justicia sobre: i. Limitaciones en la valoración intelectiva generadas por la falta de inmediación; ii. Limitantes sufridas por las partes al derecho de defensa como consecuencia de la reservada de la identidad del testigo; ambas situaciones se deberán tomar en consideración al momento de tomar la decisión de fondo. Tercer Supuesto: Declaración de testigo protegido con identidad de reserva, rendida de manera directa en la audiencia de debate. En este caso la, la inmediación, la oralidad y la concentración son observadas directamente por el tribunal de sentencia, entretanto la contradicción se desarrolla de manera limitada dada la reserva de la identidad del testigo. En este caso persiste la obligación del tribunal de sentencia de advertir el grado de repercusión que la reserva de identidad del testigo tuvo en el ejercicio del derecho de defensa en general, y en el ejercicio de la contradicción en particular. Consideraciones Comunes: Independientemente que se trate del segundo supuesto o tercer supuesto, ha advertido la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Lo resaltado no aparece en el original de Norin Catrumán y otros vs. Chile). La Sala de lo Penal, reconoce como derecho inquebrantable lo preceptuado en los artículos 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indica que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad a interrogar y hacer interrogar a los testigos de cago en las mismas condiciones; así mandado también en los artículos art. 8.1 y 8.2.f de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Art. 82 de la Constitución de la República y art. 14 y 101 del Código Procesal Penal; además reconoce como obligatorio el criterio fijado por la Corte IDH en las sentencias: i. Palamara Iribarne versus Chile de fecha 22 de noviembre de 2005 (Párrafos 176 a 179); ii. Lori Berenson Mejía versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2004 (párrafos 183 a 186); iii. García Asto y Ramírez versus Perú, de fecha 25 de noviembre de 2005 (Párrafos 152 a 154); y en especial iv. Norin Catriman, Juan Patricio Marileo Saravia, Víctor Ancalaf Llaupe y otros versus Chile, de fecha 05 de noviembre de 2010 (Párrafos 187, 236 a 239, 241, 250 a 253), a partir de lo cual se fijan las siguientes premisas: i. La persona acusada, directamente o por conducto de su representante legal, tiene el derecho de examinar las pruebas de cargo en igualdad de condiciones con las otras partes, o de decidir no hacerlo; ii. Para ejercer el derecho de examen de testigos, el acusado debe poder conocer la identidad de los testigos de cargo con suficiente antelación, para preparar su defensa y poder formular preguntas, cuestionar y en general controvertir en la audiencia de debate la declaración del testigo, salvo el caso excepcional del siguiente numeral; iii. En ciertos casos, es necesario adoptar medidas de protección a favor de los testigos ante los riesgos de que su vida, su integridad corporal, sus bienes o a de sus familiares pudiesen generar su participación en el proceso; una de esas medidas es la reserva de su identidad, la cual es de carácter lícita en el proceso penal hondureño tanto por disposición constitucional como por disposición convencional; iv. El testigo con identidad reservada da paso a un ejercicio limitado al derecho fundamental a la defensa; la falta de identidad hace imposible a la persona acusada o a su apoderado legal poder determinar relaciones de amistad, parentesco, amistad, enemistad con el acusado, la víctima u otros sujetos procesales; v. Como consecuencia de lo señalado en el numeral v y iv, convencionalmente se ha dispuesto que un pronunciamiento condenatorio no puede descansar de manera decisiva en la declaración de un testigo de identidad reservada, cuando tal reserva haya repercutido en el ejercicio del derecho fundamental a la defensa. Por ello, la Sala de lo Penal declara que una sentencia condenatoria carecerá de validez cuando se base en una solitaria prueba de un testigo con reserva de identidad o cuando la decisión descanse de manera decisiva en dicha declaración, siempre que dicha reserva haya repercutido en el ejercicio material del derecho de defensa. Para ello entonces se deberá identificar el perjuicio material concreto, o cuando menos, potencial que ha sufrido la persona acusada en el ejercicio del mencionado derecho. Finalmente, es de señalar que el derecho que hoy ocupa la argumentación de la Defensa Pública y del que se ha pronunciado esta Sala de lo Penal es de carácter renunciable, criterio que se desprende de la opinión del Comité de las Naciones Unidas en el caso Glenmore Compass c. Jamaica, U.N. Doc. CCPR/C/49/D/375/1989 (1993) párrafo 10.3, en donde se indica: “En lo que respecta a la alegación del autor de que en su caso se violó lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 14, dado que no tuvo ocasión de efectuar el contrainterrogatorio de uno de los principales testigos de la acusación, el detective McNab, el Comité observa que es indiscutible que el testigo no pudo prestar declaración durante el juicio puesto que había salido de Jamaica. El Comité observa, no obstante, que las actuaciones del juicio demuestran que el autor estuvo presente durante la audiencia preliminar, cuando McNab prestó declaración jurada, y que en esa ocasión el abogado del autor efectuó el contrainterrogatorio del testigo. La deposición del testigo, así como sus respuestas en el contrainterrogatorio, se presentaron al Tribunal como prueba durante el juicio; ni el autor, ni su abogado objetaron, en el juicio o en la apelación, la presentación de esta prueba. El Comité observa que el apartado e) del párrafo 3 del artículo 14 protege la igualdad de condiciones entre la acusación y la defensa en lo que se refiere al interrogatorio de los testigos, pero no impide a la defensa renunciar a su derecho a efectuar el contrainterrogatorio de un testigo de la acusación durante el juicio, o no ejercer este derecho. En cualquier caso, el Comité toma nota de que el detective McNab fue examinado por la defensa.”. Así entonces y para evitar la subsanación del defecto conforme lo estipula el artículo 170 en relación con el artículo 167 último párrafo, del Código Procesal Penal, la defensa deberá plantear objeción, declarando la existencia de un perjuicio en el ejercicio del derecho de defensa por una contradicción disminuida como consecuencia de la reserva de la identidad del testigo, en los momentos procesales oportunos, pues en caso de silencio se entenderá que el derecho de defensa no fue comprometido. De la Procedencia Del Recurso. El recurso no es de recibo. Inicia la Sala de lo Penal el pronunciamiento de fondo; en el escrito de interposición la recurrente afirma que se da la convergencia de violaciones constitucionales a los derechos a un debido proceso judicial y al derecho de defensa con ocasión de que el tribunal de sentencia basara su fallo de culpabilidad ,en la declaración de un testigo protegido “AB”, el que sirvió de base para la emisión de una sentencia condenatoria; Pero resulta, que al estudio del acumulado judicial se pudo constatar; Que no solo aconteció, que el testigo protegido “AB” compareció de forma personal a rendir su declaración testifical a la audiencia de debate, sino que la representación de la defensa pública tuvo la oportunidad de interrogarle, formulándole varias preguntas, por lo que con ello se descarta que exista la alegada violación al derecho de defensa, de no haber ejercido el contradictorio en la práctica del medio de prueba; ello sumado a que previo a este momento procesal, la Defensa Pública había tenido la oportunidad de interrogar al testigo protegido ( declaración del testigo en audiencia de prueba anticipada), por lo que al momento del debate contaba con conocimiento previo del contenido de la declaración, pudiendo comparar sus dichos y confrontarlos en caso de contradicción durante la audiencia de juicio oral y público. Motivo para concluir que no ha existido violación al debido proceso y al derecho de defensa; La Sala aprecia que el argumento alegado por la Defensa Pública es de carácter abstracto, al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente requiriéndose comprobación material de su existencia.- En el estudio de la causa, la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la Defensa Pública no se vio limitada en su contradictorio por la reserva de identidad del testigo, siendo éste una persona que ejercía actos de comercio y que como consecuencia de ello fue víctima del delito de extorsión por parte del acusado; La Sala también pudo constatar que la declaración del testigo protegido “AB”, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación del acusado con éste, como ser la declaración de otro Testigo Protegido “AA”, la prueba documental consistente en acta de diligencia policial ( ratificada en audiencia de debate) acta de inspección y álbum fotográfico o personal ( ratificada en debate), que en conjunto lograron el convencimiento del Tribunal de Sentencia respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que la declaración del testigo protegido AB sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio, tal como se quejó la censora. Decisión: No Ha Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su motivo único, interpuesto por la Defensa Pública. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la Defensa Pública del acusado José Abel Lara Ayala, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D.- Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado José Abel Lara Ayala, de un delito de extorsión, como consecuencia impuso en la pena de principal; reclusión 15 años, más de multa de 50 salarios mínimos, equivalentes a un total de 539,691.00 iii.- Pena accesoria de inhabilitación absoluta; iv.- Pena accesoria de interdicción civil; v.- Declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito; vi.- Consecuencia penal de obligación de realizar trabajo penitenciario. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, el delito de extorsión se encuentra regulado en el artículo 373, el cual debe ser sancionado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años (Art. 373); ii.- Pena de multa: de quinientos (500) a mil (1000) días. A partir de lo anterior, es posible determinar que no es procedente aplicar retroactivamente el NCP-130-2017 en la presente causa, debido a que la pena principal individualizada de 15 años de reclusión, se encuentra dentro del marco abstracto previsto en la nueva normativa penal (de quince (15) a veinte (20) años de prisión. Por tanto, se reitera que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redacto el Magistrado Díaz Flores. - Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrada. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintitrés días del mes de abril de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el diecinueve de marzo del año dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-93-2020.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVA

RECEPTORA SALA PENAL