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Sentencia CP-653-22 — Registro 18256

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Estafa, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación ; Declarando la nulidad de la audiencia de debate y de la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, y Que se repita el debate celebrado ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de los Penal ante los motivos denunciados por las recurrentes, en el que señalan la falta de claridad y que no son terminantes los hechos probados, aduciendo que trae a colación en su primer numeral situaciones que no tienen relación con el objeto del juicio y que en el numeral dos no estableció realmente qué fue lo que se acreditó como probado; para esta Sala de Casación los argumentos de las censoras son correctos y llegan a conformar un vicio que merece reproche casacional, pues los Sentenciadores establecieron en el cuadro fáctico situaciones que están fuera del conflicto que fue sometido a su competencia, lo que convierte al hecho probado como confuso o dubitativo. Los hechos probados revelan: “PRIMERO: En fecha veintisiete de enero del año mil novecientos ochenta y uno, la señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, contrajo nupcias con el señor Adolfo Ulises Raudales Velásquez, matrimonio en el cual procrearon tres hijos entre los cuales se encontraba Adolfo Josué Raudales Paguada quien a su vez contrajo matrimonio con Linda María Lagos Sabillon, el diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, estos últimos son socios de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A de C.V., creada en fecha siete de mayo del año dos mil quince, sociedad que vende 750 acciones, equivalentes al 25% del capital social a la señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, comprometiéndose a pagar en concepto de garantía la cantidad de $.500,000.00 a la empresa DOWN HOLDING COMPANY LLC, para formar parte de esa sociedad con el fin de dar inicio a los proyectos cementera Noleira e hidroeléctrica el naranjito en fecha ocho de agosto del año 2019. SEGUNDO: La señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, en esa misma fecha ocho de agosto del año 2019 acordó con el señor Carlos Alejandro Batres, un contrato de compraventa de un Hato ganadero de 117 cabezas de ganado, compuesto por 87 vacas adultas y 30 cabezas de ganado joven, para lograr ser accionista de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A. y a su vez DOWN HOLDING COMPANY LLC con el ánimo de comprar la empresa hidroeléctrica el naranjito, ganado vacuno del cual ella misma realizó las correspondientes cartas de Venta, pero las mismas pertenecían según su mismo conocimiento a la empresa IGARA S. de R.L, de C. V.” En el primer hecho probado, el A-quo estableció una relación de matrimonio de la ahora ofendida con su actual esposo, para luego señalar que, producto de esa relación les nació un hijo; ciertamente estos sucesos no tienen mayor relevancia a los hechos sometidos a juzgamiento, pues no se trata de un tipo penal en el cual se necesita establecer vínculos de parentesco para conformar elementos del tipo penal; posteriormente señalan los hechos, que el hijo de la ofendida y su esposa son socios de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A de C.V., misma que vende el 25% de las acciones a la ofendida Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, quien se compromete a pagar en concepto de garantía la cantidad quinientos mil dólares americanos a la empresa DOWN HOLDING COMPANY LLC, para formar parte de esa sociedad con el fin de dar inicio a los proyectos cementera Noleira e hidroeléctrica el naranjito; éstos párrafos si se vuelven confusos y dubitativos, pues dejan al lector con las dudas respecto a qué relación tienen las empresas GEA ALTERNATIVA, S.A de C.V. y DOWN HOLDING COMPANY LLC y lejos de aclarar puntos nos hacen preguntar por qué la ofendida Fidelmia Hermisenda debía pagar en concepto de garantía una cantidad de dinero a otra compañía; no es posible que los hechos probados lejos de aclarar la dinámica de los hechos y el génesis de los mismos, hagan crear en la mente del lector una nebulosa acerca de cómo se dieron realmente los acontecimientos; al finalizar ese primer hecho probados se establece que se hacen esos trámites y movimientos con el fin de dar inicio a los proyectos cementera Noleira e hidroeléctrica el naranjito; este último apartado se ignora totalmente cual fue la razón por la cual el Sentenciador da por probado algo sobre lo cual no ha sabido establecer cronológica ni certeramente qué relación tiene con ese primer hecho probado, quedando totalmente ausente la relación de la cementera Noleira y la hidroeléctrica el Naranjito, con la ofendida o con las empresas antes mencionadas. En el numeral segundo del cuadro fáctico declarado como probado, trata de explicar el Juzgador que la ofendida Paguaga Mayorquin, acuerda con el imputado Carlos Alejandro Batres, un contrato de compraventa de varias cabezas de ganado, para lograr ser accionista de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A. y a su vez DOWN HOLDING COMPANY LLC con el ánimo de comprar la empresa hidroeléctrica el naranjito, ganado vacuno del cual ella misma realizó las correspondientes cartas de Venta, pero las mismas pertenecían según su mismo conocimiento a la empresa IGARA S. de R.L, de C. V; nuevamente el Sentenciador trae a la dinámica de los hechos un supuesto contrato de compraventa entre acusado y ofendida, todo al parecer con el propósito que la señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin lograra ser accionista de las empresas GEA ALTERNATIVA, S.A. y a su vez DOWN HOLDING COMPANY LLC y además de señalar que la ofendida tenía el ánimo de comprar la empresa hidroeléctrica el naranjito; el propósito o la intención que haya tenido la ofendida para realizar el contrato de compraventa con el ofendido Carlos Alejandro Batres en apariencia no guardan ninguna relación con el hecho que se esta investigando y para terminar de conformar unos hechos no terminantes establece que la ofendida Fidelmia Hermisenda realizó ella misma las correspondientes cartas de venta del ganado que se vendería, pero que sabia que ese ganado pertenecía a otra empresa de nombre IGARA S. de R.L, de C. V, esta última empresa que se desconoce cómo llega a involucrarse en los hechos sometidos a juzgamiento; podemos concluir que se desconoce conforme los hechos probados si el contrato de compraventa era verbal o escrito, si se había pactado alguna cantidad de dinero por la venta de ese ganado y si el mismo se cumplió o no. Al constituirse los hechos probados en la columna vertebral de la sentencia penal, resulta de mucha trascendencia que los mismos tengan las características de claridad y que sean terminantes, es decir que se relaten de forma cronológica, coherente, estableciendo la dinámica de los sucesos, los sujetos activos y pasivo, así como el desenlace de los mismos; aun y cuando se conforme una sentencia absolutoria, tal como ocurre en el caso de marras, los hechos probados igualmente deben cumplir con esos requisitos establecidos en nuestra ley procesal, características que no encontramos en los hechos que el Juzgador ha relatado como probados, pues lejos de aclarar la dinámica de los mismos, se vuelven confusos no terminantes, dejando al lector en expectativa acerca de qué desenlace tuvieron todos esos relatos, es decir los hechos probados no solo no son claros, sino que tampoco son terminantes, es decir no concluyen en un terminación, sino que dejan al lector en expectativa acerca de qué fue lo que ocurrió y qué fin tuvieron los mismos; razones suficientes para declarar con lugar los recursos de casación por quebrantamiento de forma interpuestos por el Ministerio Público y la acusación privada; en consecuencia se anula el debate celebrado y la sentencia dictada, y se ordena la celebración de un nuevo juicio con la participación de togados distintos al juicio anulado. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-653-2022, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 653-2022 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuestos contra la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Absolvió a Carlos Alejandro Batres Mejía, del delito de Estafa, en perjuicio de Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin. Segundo: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio a la acusación privada. Tercero: No procedió declarar la responsabilidad civil del señor Carlos Alejandro Batres Mejía. Son Partes En La Única Instancia: La Abogada Keylie Melissa Vasquez Moreno, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la Abogada Rosmery Jojanna Uclés Hernández, en su condición de Acusadora Privada; ambas como partes recurrentes; y el Abogado Jacobo Antonio Cálix Hernández, en su condición de defensor privado de Carlos Alejandro Batres Mejía, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha veintisiete de enero del año mil novecientos ochenta y uno, la señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, contrajo nupcias con el señor Adolfo Ulises Raudales Velásquez, matrimonio en el cual procrearon tres hijos entre los cuales se encontraba Adolfo Josué Raudales Paguada quien a su vez contrajo matrimonio con Linda María Lagos Sabillon, el diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, estos últimos son socios de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A de C.V., creada en fecha siete de mayo del año dos mil quince, sociedad que vende 750 acciones, equivalentes al 25% del capital social a la señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, comprometiéndose a pagar en concepto de garantía la cantidad de $.500,000.00 a la empresa DOWN HOLDING COMPANY LLC, para formar parte de esa sociedad con el fin de dar inicio a los proyectos cementera Noleira e hidroeléctrica el naranjito en fecha ocho de agosto del año 2019. SEGUNDO: La señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, en esa misma fecha ocho de agosto del año 2019 acordó con el señor Carlos Alejandro Batres, un contrato de compraventa de un Hato ganadero de 117 cabezas de ganado, compuesto por 87 vacas adultas y 30 cabezas de ganado joven, para lograr ser accionista de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A. y a su vez DOWN HOLDING COMPANY LLC con el ánimo de comprar la empresa hidroeléctrica el naranjito, ganado vacuno del cual ella misma realizó las correspondientes cartas de Venta, pero las mismas pertenecían según su mismo conocimiento a la empresa IGARA S. de R.L, de C. V.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurrente Numero 1 Abg. Keylie Melissa Vasquez Fiscal del Ministerio Público Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: “Adolecer la Sentencia de Falta de Claridad y Precisión en los Hechos Probados”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 1, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 338 del Código Procesal Penal, que comprende los requisitos de la sentencia, prescribe en su numeral 1, en relación a la declaración de los hechos probados: “En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico predeterminen el fallo que haya de dictarse”. En tal sentido, en el fallo impugnado acontece un vicio in procedendo grave, ya que, el juzgador incumplió con el deber de determinar con precisión los hechos que estima acreditados, pues pese a que, la verdad intangible tiene una autonomía que le separa de los otros presupuestos que integran a la sentencia, se ha referido a acontecimientos apartados del asunto sometido a su competencia, sin llevar una secuencia y conclusión precisa, incumpliendo así con los requisitos de fondo que debe reunir el factum, que le son de imperativo cumplimiento y que determinan una estructura formal y lógica de la sentencia. Es así que, los hechos probados están estructurados de la forma siguiente: “PRIMERO: En fecha veintisiete de enero del año mil novecientos ochenta y uno, la señora Fidelmia Hermisenda Paguada Mayorquin, contrajo nupcias con el señor Adolfo Ulises Raudales Velásquez, matrimonio en el cual procrearon tres hijos entre los cuales se encontraba Adolfo Josué Raudales Paguada quien a su vez contrajo matrimonio con Linda María Lagos Sabillón, el diecinueve de octubre del dos mil diecisiete, estos últimos son socios de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A. de C.V., creada en fecha siete de mayo del año dos mil quince, sociedad que vende 750 acciones, equivalentes al 25% del capital social a la señora Fidelmia Hermisenda Paguada Mayorquin, comprometiéndose a pagar en concepto de garantía la cantidad de $500.000.00 a la empresa DOWN HOLDING COMPANY LLC, para formar parte de esa sociedad con el fin de dar inicio a los proyectos cementera Noleira e hidroeléctrica El Naranjito en fecha ocho de agosto del año 2019. SEGUNDO: La señora Fidelmia Hermisenda Paguada Mayorquin, en esa misma fecha ocho de agosto del año 2019, acordó con el señor Carlos Alejandro Batres, un contrato de compraventa de un hato ganadero de 117 cabezas de ganado, compuesto por 87 vacas adultas y 30 cabezas de ganado joven, para lograr ser accionista de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A. de C.V., y a su vez DOWN HOLDING COMPANY LLC, con el ánimo de comprar la empresa hidroeléctrica El Naranjito, ganado vacuno del cual ella misma realizó las correspondientes cartas de venta, pero las mismas pertenecían según su mismo conocimiento a la empresa IGARA S. de R.L. de C.V. ”. Como podemos observar, de la simple lectura del relato fáctico anteriormente descrito, se evidencia la falta de claridad y precisión en el mismo, pues si bien es cierto hace relación a acontecimientos relacionados tanto con la ofendida como con el acusado, no se refiere específicamente al asunto sometido al contradictorio, no determina exactamente lo que estimó probado al respecto, pues tal como se aprecia en el segundo numeral del apartado de Hechos Probados, se refiere someramente al contrato de compraventa entre la señora Fidelmia Paguada y Carlos Batres, incluso señala que ella extiende las cartas de venta, pero no concluye su cuadro fáctico señalando lo que estimó probado de esa relación contractual, sino que lo deja impreciso, y por lo tanto incomprensible, produciéndose así el vicio por Falta de Claridad y Precisión; siendo entonces de relevancia referirnos a lo señalado en el Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño que establece: “Al respecto insiste el Tribunal Supremo Español, según informa José María Luzón Cuesta, que la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones inteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos, se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas….” Ante tales ambigüedades narrativas, ha quedado evidenciado el vicio en mención, pues la simple mención de vínculos de parentesco o de relaciones contractuales, no ha constituido una descripción de los hechos sometidos al contradictorio, así como tampoco la participación que se le atribuye al acusado, y mucho menos un señalamiento de las circunstancias de modo, tiempo, lugar e intervinientes, traduciéndose en inseguridad jurídica para las partes al no poderse estimar, si la narración fáctica es congruente o no con el análisis jurídico aplicado por el Tribunal y con el fallo mismo, en detrimento no sólo de la dinámica del proceso penal y de la estructura de la sentencia, sino también, de los principios del Debido Proceso y de la Tutela Judicial Efectiva ante la imprecisión que impide a las partes verificar la calificación legal e incluso impugnarla. En lo atinente, la Honorable Sala de lo Penal, mediante Fallo SP-164-2013 ha fijado su postura jurisprudencial al referir: “Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: Requisitos de Forma: … Requisitos de Fondo: …Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos, utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de diciembre del 2010 en el Exp. 377-2008 de la Sala de lo Penal), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma, que, por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de octubre del 2010 en el Exp. 129-2009); Terminantes: “… La no utilización de Conceptos que Predeterminen el Fallo: Los hechos probados son el resultado de la valoración intelectiva de la actividad probatoria, son pues las conclusiones de ésta, relatados de manera lógica, cronológica y personalizada; En su construcción los Juzgadores no deben de hacer recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, pues estos no son los hechos debatidos, sino los medios que ayudan a llegar a dichos hechos; tampoco los Juzgadores deben de hacer uso de términos que por ser exclusivamente jurídicos predeterminen el fallo, relevando la obligación de hacer el proceso de subsunción de los hechos en los elementos objetivos y subjetivos que componen el tipo penal que sustenta la acción penal.” Más adelante agrega: “ Siguiendo a Fernández de la Reguera (Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011.- pág. 118), esta Sala de lo Penal señala que se solicitará como requisitos para declarar como faltos de claridad o terminación los hechos probados, los siguientes: 1.- Que del contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia; 2.- Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3.- Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; y; 4…”. La adecuada declaración y concepción de los Hechos Probados sirve de fundamento para una correcta aplicación del derecho sustantivo, el vicio consiste, por tanto, en la falta de claridad y precisión en la declaración fáctica por parte del sentenciador, pues ésta constituye el fundamento de la sentencia penal, tal y como puede apreciarse en la sentencia ahora impugnada. Ante lo expuesto, solicitamos se declare ha lugar el presente motivo. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” “SEGUNDO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como sabemos, el sistema de valoración de prueba que rige a nuestro Código Procesal Penal, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de pruebas que lo llevan a un convencimiento, pero siempre su argumentación debe estar integrada por conclusiones obtenidas a partir de la probanza, así como de los principios de la Lógica, la Psicología y el Sentido Común. Voluntad del Legislador determinada en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. De los razonamientos que el Juzgador plasmó para arribar al fallo que hoy se impugna por esta vía recursiva, se advierte que efectúa una fundamentación intelectiva errónea por cuanto llegó a un convencimiento inobservando las reglas de la Sana Crítica en el proceso de valoración, al realizar un análisis sesgado de la probanza que se incorporó al juicio; ya que luego de valorar la prueba, el sentenciador concluyó que el acusado no es responsable de los hechos por los cuales fue llevado a juicio, exponiendo el fundamento de su decisión de la manera siguiente: 1. “De las declaraciones testificales y documentales, se ha podido establecer que existió un acuerdo de compra venta por un hato de ganado de 117 cabezas, entre los señores Fidelmia Hermisenda Paguada Mayorquin y el señor Carlos Alejandro Batres Mejía, también se ha podido acreditar que éste ganado pertenecía a la sociedad IGARA S.R. de C.V. (Ingeniería, Ganadería y Agrícola Raudales, S.R. de C.V.), pero no obstante se estableció que las cartas de venta fueron realizadas conjuntamente con su valor nominativo, por la señora Fidelmia Hermisenda Paguada Mayorquin, tal como lo establece la Alcaldía de Talanga, por 117 cabezas de ganado, y no por la empresa que reconocen ser su propietaria…”(Ver apartado Valoración Conjunta de la Prueba en la Sentencia, pág. 18) Respecto a este argumento, debemos señalar que se trata de una clara violación a los principios de derivación y de veracidad, pues, como bien apunta el medio de prueba citado por el juzgador, la Constancia emitida por la Municipalidad de Talanga, de fecha 14 de agosto del 2019, textualmente consigna: “La suscrita Directora de Justicia Municipal hace constar que: la Sra: FIDELMIA HERMISENDA PAGUADA MAYORQUIN con ID: 0803-1958-00363, realizó una venta de 117 semovientes de su propiedad, de los cuales era 87 mayores y 30 menores; con este fierro (a continuación plasma una imagen) el día 08 de Agosto del 2019”; por lo que el Tribunal falta a la verdad al referir un contenido distinto de dicho medio de prueba, el mismo es claro al establecer que la ofendida es la legítima propietaria de los 117 semovientes, aspecto que fue confirmado con los testimonios de Fidelmia Paguada, Adolfo Ulises Raudales y Carlos Ávila, por lo que, el argumento del juzgador, arriba plasmado, no se deriva de los medios de prueba presentados en debate, materializándose aquí la infracción a las reglas de la Santa Crítica, específicamente de derivación y veracidad. 2. Continúa argumentando el sentenciador: “…se ha acreditado un sin número de transacciones mercantiles, entre las partes y el esposo de la supuesta perjudicada, pero no se ha podido establecer la preexistencia del objeto sobre el cual recae esta acusación, el cual no es otro que el ganado, pues no ha existido ningún peritaje que acredite el mismo, pese a que uno de los trabajadores ha establecido que entregó un ganado a personas que manifestaron ir de parte del acusado, no se ha podido determinar la individualización de cada uno de los bienes muebles, de alguna forma científica u objetivamente indubitada, que acredite el extremo antes señalado, pues no fue objeto de este juicio el origen de los bienes muebles (ganado) y su forma de adquisición, así como el correspondiente avaluó del mismo, que determinara un perjuicio real …” Resulta notorio nuevamente que los razonamientos del juzgador para arribar a un fallo de absolución, obedecen a una errónea apreciación de la probanza de cargo, en desapego y vulneración de las reglas de la Sana Crítica, específicamente a la regla lógica de la derivación, ya que, reiteramos es una conclusión separada del acervo probatorio, se incorporaron al proceso dos Constancias emitidas por la Municipalidad de Talanga, la primera de fecha 14 de agosto del 2019, analizada en el apartado anterior, como también una segunda constancia, descrita en la Sentencia bajo el numeral seis de la prueba documental, como “Inscripción del Libro de Municipalidad de Talanga, en el cual consta la inscripción de un ganado a favor de Carlos Alejandro Batres por concepto de cartas de venta de 117 cabezas de ganado”, estableciendo dicho documento en su preámbulo que: “...le remito el contenido del libro que lleva esta dirección Municipal de Justicia, donde se anotaron las cartas de ventas de ganado mayor realizadas por la señora Fidelmia Hermisenda Paguada Mayorquin, a favor del señor Carlos Alejandro Batres en fecha 8 y 9 de agosto del año 2019, las cuales constan en dicho libro…”, procediendo en dicho documento a hacerse un desglose detallado del número de registro, el folio, las características del animal, el color y el precio de venta de las 117 semovientes; siendo así, se aparta de la verdad el juzgador al afirmar que no se acreditó ni la preexistencia, ni la individualización, ni el origen, ni el costo de cada uno de los semovientes, pues como referimos, estos medios de prueba descritos son contundentes para acreditar la legítima propiedad de la ofendida sobre las 117 cabezas de ganado, encontrándose así sin sustento probatorio la conclusión arribada por el juzgador. El Tribunal toma su decisión absolutoria aún y cuando la prueba de cargo fue congruente y conducente a demostrar la concurrencia de un delito de Estafa, descrito así en el artículo 240 del Código Penal: “Comete el delito de estafa quien, con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”, pues la probanza de cargo fue contundente a demostrar que, el acusado Carlos Alejandro Batres se presentó ante la ofendida Fidelmia Hermisenda Paguada fingiendo interés en comprar 117 cabezas de ganado propiedad de la ofendida, haciéndole creer a ésta que contaba con disponibilidad de fondos a través de un préstamo hipotecario otorgado por la institución bancaria Ficohsa, por lo que, en la creencia de que el acusado podría honrar el acuerdo de compra venta que estaban suscribiendo, la ofendida extendió al acusado 117 documentos de cartas de venta sobre la misma cantidad de semovientes, procediendo a despojarse de su derecho de propiedad y cediéndolo al señor Batres, materializándose con la entrega física de dichos semovientes en fecha 8 y 9 de agosto del 2019, comprometiéndose el acusado Carlos Batres a hacer efectivo el pago del ganado por un monto de $500,000, en fecha 12 de agosto de ese mismo año, a través de transferencia bancaria internacional a favor de la empresa DOWN HOLDING COMPALY LLC, (transacción de interés para la ofendida por relaciones contractuales previas con dicha empresa), más la cantidad de $10,000 que entregaría en efectivo a la ofendida, llegada la fecha acordada, el acusado se negó a hacer el pago acordado con la ofendida, pretendiendo con esto aprovecharse para cobrarse otra deuda previa que el esposo de la ofendida había contraído con el acusado, configurándose así todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Estafa; encontrándose sustentada la acusación en prueba testifical consistente en los Testimonios de Fidelmia Paguada, Adolfo Ulises Raudales y Carlos Ávila, que confirman el acuerdo de compra venta suscrito entre la ofendida y el acusado, el artificio empleado por el acusado para que la ofendida le hiciera entrega de los 117 semovientes, y, la manifestación de voluntad del acusado de no hacer efectivo el pago lucrándose así con la adquisición del ganado; declaraciones sustentadas en prueba documental como ser dos constancias extendidas por la Municipalidad de Talanga con las que se acreditó que la ofendida era legítima propietaria de 117 semovientes, y que, extendió documento de cartas de venta a favor del acusado sobre los 117 semovientes describiendo el monto de cada uno de ellos, las actas de entrega de los 117 semovientes, donde se materializa el despojo de su patrimonio por parte de la ofendida y firmadas por el acusado como la persona que recibe los semovientes, consignado además cada uno de estos documentos el valor especifico de cada animal y que el“…monto que será depositado vía transferencia internacional el día lunes 12 de agosto del 2019 a favor de Down Holding Company LLC, en concepto de pago de garantía a favor del proyecto hidroeléctrico El Naranjito”; la constancia extendida por Banco Ficohsa utilizada por el acusado para inducir en error a la ofendida bajo la creencia que contaría con disponibilidad financiera a partir del 13 de agosto del 2019, el acta de inspección en la hacienda del acusado donde se constató la existencia de los semovientes que le había entregado la ofendida, y el contrato de Compra venta con la sociedad Mercantil GEA ALTERNATIVA S.A. de C.V. junto con una serie de oficios debidamente autenticados y traducidos por la Secretaria de Relaciones Exteriores, con los cuales se acredita que, con las acciones del acusado, el perjuicio ocasionado a la ofendida va más allá del despojo de las 117 semovientes, pues, al no haber hecho el pago el acusado en los términos acordados, la ofendida fue afectada en otros procesos de inversión económica sostenida con terceros. Consideramos de importancia relacionar el análisis que sobre el tipo penal de Estafa ha expuesto la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a saber: “El legislador ofrece una aproximación al concepto de estafa en el artículo 240, al señalar que comete este delito quien «valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno». Pero el concepto tiene que completarse con los preceptos siguientes, relativos a la estafa y a otros fraudes: tiene que haber un desplazamiento patrimonial (precisamente en función de su cuantía se establecen las penas del art. 241), en perjuicio del sujeto pasivo (art. 243). En fin, de la lectura de los artículos 240, 242 y 243 puede extraerse una definición de este delito: cometen estafa quienes, con ánimo de lucro (en provecho propio o ajeno), utilizan engaño bastante y adecuado para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición o desplazamiento patrimonial en su propio perjuicio o en el de otro. Los elementos típicos que recoge esta definición son: Engaño, error, acto de disposición, perjuicio y ánimo de lucro. A) Engaño. El requisito o elemento esencial y diferencial del delito de estafa es el engaño antecedente, causante y bastante. Consiste en la patraña, superchería, ardid o maquinación insidiosa de que se vale el infractor para inducir a error al ofendido, viciando su voluntad y su consentimiento y determinándole a realizar una prestación o desplazamiento patrimonial que, de otra suerte, no hubiera efectuado…. B) Error. Puede entender como error el conocimiento equivocado o juicio falso de la realidad, total o parcialmente relevante, a que se llega como consecuencia de la conducta engañosa del sujeto activo. Tiene que estar en relación de causalidad con el engaño. El artículo 240 del CP exige que la conducta del agente «induzca» a otro a error…. C) Acto de disposición. Puede consistir tanto en una acción positiva (dar una cosa, constituir un gravamen sobre un bien, prestar algún servicio, renunciar a un derecho, etc.), como en una omisión que produzca el perjuicio señalado en la Ley (por ejemplo, dejar prescribir la acción de reclamación de lo debido por promesas después reveladas como falsas). El acto de disposición ha de ser realizado por la persona del engañado, que es el sujeto pasivo del delito, precisamente a consecuencia del error (se exige otra vez la relación de causalidad entre estos elementos). El perjuicio de tal acto de disposición provoca puede recaer sobre el propio disponente (sujeto pasivo de la acción y del delito) o sobre un tercero (sujeto pasivo del delito) … D) Perjuicio. Puede recaer tanto en el propio disponente (sujeto pasivo de la acción engañosa), como en un tercero (sujeto pasivo del perjuicio). Esta última modalidad es la llamada estafa «en triángulo», en el que la persona destinataria del engaño no es la perjudicada, es decir, se engaña a una persona, quien sufre el error, en tanto que el perjudicado es un tercero…. E) Ánimo de lucro. Aunque no se mencione expresamente, está incluido en la expresión «en provecho propio o ajeno», del artículo 240 del CP. Se trata de un elemento subjetivo del injusto, que consiste en la intención del sujeto activo de obtener una ventaja o enriquecimiento patrimonial, que puede ser para sí mismo o para un tercero. Como en otros delitos de enriquecimiento –ya lo señalamos anteriormente al tratar el robo–, el concepto de ánimo de lucro es muy amplio, por cuanto se extiende a cualquier ventaja, provecho, beneficio o utilidad, incluso la meramente contemplativa o de ulterior beneficencia”. De acuerdo a la opinión de la Sala Penal, en la sentencia anteriormente transcrita, se evidencia que el Tribunal incurrió en el vicio que motivó el presente recurso, pues arriba a una conclusión errónea por los motivos que antes hemos expuesto y dicha conclusión no se deriva de los medios probatorios evacuados en juicio, ya que, reiteramos, quedó plenamente establecido que el acusado Carlos Alejandro Batres Mejía bajo el ardid de ser acreedor de un crédito disponible en fechas posteriores a la celebración del acuerdo, indujo en error a la ofendida para que ésta se despojara de 117 semovientes a cambio de un pago total de $510,000,00, pago que nunca fue su voluntad realizar, pues fingió realizar dicho acuerdo para aprovecharse y cobrarse con esto una deuda previa contraída entre el esposo de la ofendida y el acusado, configurándose así todos los elementos del tipo penal de Estafa consignado en el artículo 240 del Código Penal. De ahí que se produce la vulneración a las reglas de la sana crítica, y específicamente a la regla lógica de derivación en su postulado de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, ya que como ha quedado evidenciado, el acusado Carlos Alejandro Batres Mejía participó como autor directo del delito de Estafa; configurándose así todos los elementos del tipo penal invocado por la acusación, Estafa y acreditada plenamente la participación del acusado, por lo que, con el proceso intelectivo de valoración del material probatorio de cargo, se transgredió, como antes se expuso, las reglas de la Sana Crítica que debió observar el juzgador al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en su característica de suficiencia, el cual está constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y la sucesión de pruebas que en virtud de ellas se vaya determinando, tal y como lo expresa el artículo 202 del Código Procesal Penal que inicialmente hemos señalado; no habiéndose reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de la sentencia. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. TERCER MOTIVO: “Que las motivaciones jurídicas sean insuficientes” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Abordaremos este motivo exponiendo que la sentencia contiene una motivación jurídica insuficiente cuando no se exponen a profundidad los argumentos jurídicos sobre cuestiones fundamentales de la causa que justifiquen la decisión del sentenciador, situación que concurre en el presente caso, donde el juzgador, en su análisis jurídico, aunque señala el delito de Estafa, no ahonda ni es específico en sus motivaciones para considerar la no existencia de éste delito y además lo relaciona con una norma que no es atinente al proceso y transcribió el contenido del numeral 8 del artículo 242 del Código Penal, pero omitió señalar los fundamentos o motivaciones jurídicas relacionados con el delito de Estafa, artículo 240 del Código Penal, por el cual fue acusado el señor Carlos Alejandro Batres, asimismo, presume el juzgador que el dictar una Sentencia Absolutoria lo exime de realizar un análisis jurídico sobre los elementos del tipo penal de Estafa, lo cual es requisito indispensable en la estructuración de la sentencia, tal y como lo establece el artículo 338 del Código Procesal Penal que textualmente señala: “Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: …3) Fundamentación jurídica. En párrafos también separados y numerados se consignarán, de forma clara, sucinta y precisa, con indicación de los preceptos o doctrina legal aplicables, los fundamentos legales de la calificación de los hechos que se hubiesen tenido para cada uno (1) de los procesados; de las causas de exención, atenuación o agravación de la responsabilidad penal, en caso de que concurra alguna de ellas; y de las penas que se impongan, en caso de condena, así como, los fundamentos doctrinales y legales de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido las personas acusadas u otras sujetas a ella; del pronunciamiento sobre las costas; y de las disposiciones que puedan adoptarse sobre el destino de los objetos secuestrados”. La obligación de sustentar y motivar las decisiones judiciales es vital en el ejercicio de la función jurisdiccional, la necesidad de justificar las decisiones judiciales garantiza que sea la voluntad de la ley y no la del sentenciador la que defina el conflicto jurídico, en este sentido, la motivación de los actos jurisdiccionales, pueden ser vistos como un componente que refuerza el contenido mínimo del debido proceso, dado que constituye una barrera a la arbitrariedad judicial y contribuye a garantizar la sujeción del juez al ordenamiento jurídico y el posterior control sobre la razonabilidad de la providencia, lo que no sucede en el proceso subjudice, provocando un perjuicio a las partes e impidiendo hacer un adecuado uso de la vía recursiva; siendo entonces de relevancia referirnos a lo señalado en el Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño que establece: “Como afirma de la Rúa: La Motivación para que sea completa debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las conclusiones a que arribe el Tribunal sobre su examen, sobre la subsunción del hecho comprendido en un precepto penal, y sobre las consecuencias jurídicas que de su aplicación se derivan”. Refiriéndose a éste concepto, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha explicado: “Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que: la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión; indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar porqué una norma legal debe regir un caso concreto. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (la motivación legítima y respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal).” Concluyendo entonces, la Sala de lo Penal, que el presente vicio invocado concurre cuando hay: “…2.- Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué éstas están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). Tomando como base los parámetros recursivos supra referidos se determina que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de FUNDAMENTACIÓN JURIDICA de la misma, al no realizar el juzgador un análisis jurídico del porqué, a su criterio, no estima la configuración del delito por el cual fue acusado el señor Carlos Alejandro Batres y por qué no tiene ningún tipo de responsabilidad penal, lo que impide verificar la corrección del razonamiento que determina la absolución del imputado respecto del delito de Estafa atribuido; siendo así se aprecia a simple vista que el A-quo ha formado su convicción, sin decir las razones de esta convicción, sin realizar un razonamiento expreso, lógico y coherente para dirigir la formación de su convicción hacia los hechos delictuosos atribuidos a dicho imputado, es decir, el Tribunal no emitió un amplio y adecuado pronunciamiento, respecto al por qué considera que no se configuran los elementos o requisitos de tipicidad del delito de ESTAFA y por qué, a su criterio el señor CARLOS ALEJANDRO BATRES MEJIA, no tiene ninguna responsabilidad como autor de dicho delito. En virtud de los argumentos que anteceden, los mismos nos conducen a afirmar que en el caso sub judice, se hace patente la insuficiente motivación en que incurrió el Juzgador y que se ve reflejada en la Fundamentación Jurídica, al haber omitido expresar el Juzgador en la apreciación de las mismas las razones o motivos que lo llevaron a determinada conclusión. En virtud de lo anterior solicitamos se declare procedente el presente motivo anulando el fallo recurrido, ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Como el vicio ha ocurrido en el acto de dictar sentencia, ha resultado imposible plantear el reclamo correspondiente para subsanarlo.” Recurrente Numero 2 Abg. Rosmery Jojanna Ucles Acusadora Privada Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: PRIMER MOTIVO: Que en la valoración de la Prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica, no se evaluaron de forma armónica omitiendo valorar prueba relevante aportada y evacuada en Juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 338 CUARTO numeral 2), del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN: con la Sentencia basada en hechos no relevantes a los hechos que se pretendió y se logró probar pero que fueron omitidos por el Tribunal de Sentencias, ya que vulneran las reglas de la lógica en su postulado de derivación, pues omitió valorar los verdaderos medos probatorios y declarar los conducentes hechos probados; ya que invocó hechos probados no relevantes ni conducentes a las pretensiones procesales, pese a que fueron evacuados medios de prueba determinantes para establecer los Hechos de Fondo, conforme al artículo 338 CUARTA, numeral 2) del Código Procesal Penal, que comprende LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA de los requisitos de la sentencia, prescribe: 2) Valoración de la pruebe. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. En el fallo impugnado acontecen vicios graves, ya gua los Juzgadores omitieron la valoración del acervo Probatorio aportado por el Ente Acusador Público y Privado, pese a que refirieron: Se evacuaron los Medios de Prueba: TESTIFICAL: 1. Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin (COMUN con todas las partes): El jueves ocho de agosto del 2019, yo tenía que reunirme con el señor Batres en mi hacienda para negociar lo que eran unas vacas, porque yo había sido invitada a participar como socia de una compañía llamada GEA, ellos estaban tratando de obtener unos préstamos para realizar algunos proyectos aquí en Honduras, a través de otra compañía norteamericana llamada DOWN HOLDING COMPANY LLC, ellos me llamaron para que participara en este negocio, porque le iban a comprar una hidroeléctrica al señor Batres, pero debían pagar una garantía de $.500,000.00, esa garantía la tenían que pagar alguien de ellos que tenían que hacer el negocio, el señor Batres se propuso para pagarla, pero el antes había conocido mis vacas, yo no lo recibí en mi hacienda en esa oportunidad que él fue a conocer las vacas, porque yo estaba de viaje, entonces él me citó para que yo llegara el jueves ocho de agosto a mi hacienda por la mañana, él fue con un primo que le llamaba Nano y me lo presento como su primo Nano que iban a revisar las vacas, para que yo pagara ese dinero con que él me iba a comprar las vacas $.500,000.00, yo iba él iba a participar e iba a pagar la garantía por medio del pago del ganado, resulta que él me llego, me convenció muy bien, me mostro a mí y a mi esposo que él ya tenía el dinero en FICOHSA, me mostro un estado de cuenta donde él ya tenía los $.500,000.00 en FICOHSA y que estaba listo para pagarlo el día lunes, entonces yo le dije que no podía ir ese día lunes a hacer esas cartas de venta para entregarle las vacas, porque en la alcaldía de Talanga solo reciben efectivo, entonces yo solo andaba dólares ese día, entonces me dijo que él iba a poner el dinero, primero me dio una cantidad y después me dio otra cantidad y me dijo por si no le ajusta, me dio más dinero, era el total L.7,000.00, me fui a hacerle las cartas de venta, no terminaban tan luego, tuvieron que poner a dos muchachas, porque son hechas a mano, porque trabajaron dos muchachas desde que yo llegue temprano y terminamos como a las seis de la tarde, mi hijo me mandó un mensaje y me dice, me están mandando mensajes Carlos Batres que porque ustedes no le llevan esas cartas de venta y porque tanta precisión le dije yo a mi esposo, porque el lunes él va a hacer la transferencia de la garantía él, entonces en la mañana siguiente fuimos con mi esposo a dejarle esas cartas de venta, el me dio la seguridad a mí y yo me sentí segura porque tenía ya los $.500,000.00 puestos en FICOHSA, que él lo iba a poner el siguiente lunes temprano como garantía, pero resulto que él no lo quiso poner, lo que me dio a entender a mí, ahora que si él pagó una fianza de más de eso de $.560,000.00, y a mí me tenía que pagar $.510,000.00, $ 10,000.00 que iba a hacerme la transferencia y aparte lo que tenía que pagar, entonces si él pago una fianza mayor a eso el tenia los planes de robarme las vacas y de no pagar, él ya tenía el plan antes, entonces mi esposo fue donde el decirle porque no había puesto la garantía, entonces él le mostro y le dijo aquí tengo el dinero pero no la voy a poner, entonces yo le dije yo no voy a irle a reclamar a ese hombre porque yo tengo miedo.- Entonces resultó que el viernes el me presento a su primo Nano como la persona que se iba a encargar de traer las vacas, me presento su primo Nano, le gustaron las vacas y entonces me presento a su primo y me dijo de aquí en adelante usted se va a entender con él, él es mi representante en este negocio, entonces el sábado llego el primo Nano con las cartas de venta que yo fe había entregado, entonces el día viernes el mando a un veterinario a revisas vaca por vaca, a elegir las vacas que él quería, eran 117, eran 87 mayores y 30 menores, las 87 mayores con un precio de $.5,000.00 cada una y las 30 menores con un precio de $.2,500.00 cada una, yo tenía unas actas de entrega donde ahí reza que ésas vacas iban a hacer entregadas y que el señor Carlos Batres me pagaría mediante la Transferencia a Down Holding, por cada cantidad que montaban a un carro su primo Nano firmaba, las contaba él, porque las apartaron primero, yo las aprobé todo lo que apartaron, tenían aparte su ganado, entonces elfos vinieron, las contaban- y me firmaban un acta de entrega por cada camión que llenaban, el día viernes él mandó un veterinario que es familia de ellos, se llama Miguel Mejía, este señor examino vaca por vaca y este señor aprobó vaca por vaca, y apartaron lo que él se iba a llevar, entonces el sábado llego el señor Nano, llegaron bien tarde por qué no encontraban camiones, solo se llevaron dos camionadas ese día, yo les firme las primeras actas que llenaron de vacas, sus vacas quedaron separadas, aparte las vacas de ellos, al día siguiente yo hablé con mi mayordomo y le dije usted se las va a entregar mañana, porque yo el día domingo voy a la iglesia, no podía estar en mi hacienda para entregar las vacas, usted se las va a entregar, porque yo confió en mi mayordomo, les va a entregar estas vacas y le van a firmar estas acta que le dejo aquí, por cada camión, que cuenten ellos ahí y que me firme el señor, que pongan fa cantidad aquí y que firmen aquí, entonces se llevaron las vacas, les prestamos unos trabajadores para que se las llevaran y por eso supe dónde estaban las vacas, entonces el día lunes que él tenía que hacer la transferencia no fa hizo, paso el día martes y tampoco la hizo, entonces yo perdí la oportunidad de tener un 25% en una empresa, y perdí también $.510,000.00 en las vacas, el no quiso pagar esa transferencia porque tenía decidido robar, porque mi esposo tiene una-pequeñita deuda con él, no de entonces y creo que él pensó cobrarse con esas vacas, pero las vacas no son de mi esposo, son mías, si ustedes ven esas cartas de venta es mi firma y en todos los documentos, fui yo la que fui a comprar esas vacas a estados unidos, él no quiso pagar y yo entonces fui a la fiscalía, fui con una fiscal y un policía, fuimos al lugar donde tenían las vacas y ahí estaba él vestido de vaquero con botas de hule de vaquero y sombrero trabajando con las vacas, él quería ser vaquero, a lo mejor él había tenido un sueño de ser vaquero, porque es lindo ser vaquero, ese trabajo a mí me encanta, no lo juzgo, así entonces él le confesó al guardia que sí que era cierto, que el nevó las vacas y que no las había pagado todavía después de eso entonces fuimos a juicio, porque rio me las ha querido pagar, he estado esperando todo este tiempo, ha sido larga la espera y ha sido una gran pérdida la que he tenido por que las vacas en estas fechas yo tuviera triplicadas ya, porque cada año ellas paren, y cuando yo se las entregue a él iban inseminadas con semen sexado :que es caro y esas vacas iban próximas a parir en unos cuantos días, tenía como unas veinte que iban a parir en las próximas semanas, que las llevaron en un camión tranquilas a ellas, en un carro más cómodo porque ya iban a parir y otras iban a parir en septiembre y en octubre, ya lista para parir, vacas fuertes que incluso él en mi hacienda si ustedes van hay camas, hay todo lo que tienen que tener las vacas y él las llevó y cuando yo fui él las tenía al intemperie y tomando agua en una charca, porque no tenían bebederos de agua, ni comederos, ni techos, estaban a la intemperie, pariendo a la intemperie, sin nadie que las asistiera, entonces para mí fue triste ver las vacas ahí, quería devolverlas pero yo no pude recibirlas de vuelta porque eran vacas traídas de estados unidos con exámenes muy minuciosos y él las tenía con un hato de otros animales, que ya le pudieron haber pasado otras enfermedades a las mismas vacas que yo había entregado, estas vacas paren cada año, significa que para hoy cuantas vacas debe de tener el ya, yo percibía mínimo, las vacas tienen un tiempo en que paren y que va levantando su producción de leche y llegan al nivel máximo y luego después de eso empiezan a bajar, cuando las preñamos, cuando cumplen 7 meses, después de ? meses de que paren se dejan unos dos celos para volverlas a preñar, entonces cuando cumplen 2 meses de preñes este ciclo se secan y dejan de dar leche, pero en el mes que van alto son vacas de 60 litros, entonces yo calculo mínimo que sean 20 litros diarios cuanto yo he perdido por ese montón de vacas en todo este tiempo, es una gran pérdida la que he tenido. A pregunta de las partes manifestó que empresa IGARA, ingeniería ganadera y agrícola Raudales, era una empresa familiar, donde tenía el ganado. 2.- Adolfo Ulises Raudales Velásquez, quien declaro: Con el señor Carlos Batres, él es empresario de la energía eléctrica, iniciaron ello con esta venta con una gente de la cooperativa de la universidad autónoma, yo ahí conocí el proyecto de ellos, de hecho fui a visitar el proyecto con la cooperativa de la universidad y unos señores que vinieron de Costa Rica, eso fue unos meses antes de proponerles otra oferta, mi negocio exclusivamente con ellos fue de una comisión para que ellos pudieran dar en venta el proyecto a una empresa que se llama GEA ALTERNATIVA, S.A, de C.V., al inicio Carlos Batres aparentaba ser un hombre de negocios, cuando ya estaba dentro del negocio, se dio cuenta que era muy grande el negocio y en esa época que teníamos bromas pues yo le decía a él, voz nunca has trabajado Carlos como te vas a meter en algo que nunca has hecho, en el bufete de él, porque se supone que él es abogado, está un abogado de nombre Max Bustillo, este señor trabaja con banco Atlántida, le maneja casos, él no podía entender que alguien sin apellido pudiera manejar cifras de once, de diez con banco importante, de banco Atlántida, Max estaba llevando un caso en mi contra con banco Atlántida, por mi causa él se ganó como unos L. el señor Carlos Batres, este hombre sin ética estuvo en el caso anterior en Talanga, al otro equipo de abogados, Max Bustillo, yo no sé si es procurador de él o es que alquilan, Max Bustillo me llevaba uno de los casos, un remate en banco Atlántida, entonces cuando este señor quería entrar en este negocio, se ambicionó tanto que él pagó una garantía de $.260,000.00 a cambio de quedarse con el 60% de la misma hidroeléctrica, los $.260,000.00 los pago Carlos Batres por una garantía, porque la pago él, a cambio de quedarse con un 60% de la misma hidroeléctrica que él estaba vendiendo, se le advirtió a él que no hiciera ese pago hasta segunda orden, se dio entonces de casualidad que quien manejaba los financiamientos era familiar de Carlos Batres, este señor representaba a una empresa en estados unidos que se llama DOWN HOLDING COMPANY LLC, en una ocasión Carlos Batres encerró al L, para que me sacaran a mí del negocio, Carlos Batres encerró al representante de DOWN HOLDING COMPANY LLC, él lo invito a las Lomas que es la oficina de Carlos Batres a una reunión y le propuso que me sacaran a mí, para el quedarse directamente con DOWN HOLDING COMPANY LLC, para que le financiaran su persona directamente y yo salir del negocio, entonces yo le dije al Abogado Batres, al sobrino de é', pero que yo me retiraba de todos los proyectos que le tenía a DOWN HOLDING COMPANY LLC, yo le tenía una cartera de proyectos a DOWN HOLDING COMPANY LLC enorme, de hecho yo mande a China a este abogado Hernán Batres porque allá están las empresas que iban a venir a construir las hidroeléctricas, el suegro de él, que es el socio don Lito Castillo, intrigado que donde andaba esta gente, yo les dije los mande a New York, pero no es posible porque ahí en la foto que mandan aparecen un montón de chinos, y yo le dije es New York, pero Carlos Batres como no tiene personalidad su suegro lo manejo siempre, ahora es manejado también por su abogado, y yo en las bromas le decía a él, es terrible cuando le dejan herencia a uno y no sabe trabajar, yo le decía, yo trabajo desde los doce años y lo que yo he hecho yo no tengo problema porque yo lo he trabajado, entonces cuando él viene y dice que va a pagar la nueva garantía de los $.500,000.00 yo le ofrecí a él una tierra, yo te voy a dar una tierra, ahí fue cuando Max Bustillo se dio cuenta de quién era el dueño de las tierras, Yo Adolfo Raudales y aquel hombre como que se espantó como que yo era satanás, yo nunca he negado y como aquí ellos lo han traído a colación, yo he tenido como treinta y dos denuncias en la fiscalía y no es porque yo las he buscado, a mí me propiciaron todo este evento, he negociado, he pagado el doble, yo acepto mi responsabilidad, fortuna que hoy en día tenemos esta mascarilla, en esa silla ahí, yo he estado dos veces ahí, pero yo no niego mis compromisos y Carlos Batres, él, maliciosamente está mezclando cosas que no tienen nada que ver, porque estas vacas yo se lo advertí a él, son de mi esposa, yo se lo advertí a él y si hubiesen sido mías esas vacas yo te las hubiera regalado, pero no son mías, la abogada que me representa en los caso que él me menciona, fa abogada sabe bien lo que estoy hablando, a mi hay gente que me debe dieciséis millones y yo no ando demandando a nadie por dinero, yo todavía el doce de agosto del 2019, que estuve en la oficina con él y el suegro, yo le dije Carlos ya recibiste las vacas, manda a pagar la garantía, todavía me lo enseña en su celular, aquí está el dinero pero no lo voy a ir a hacer, pero porque no lo vas a hacer si ya recibiste las vacas, el compromiso es pagar la garantía o pagar las vacas, el antojadizamente porque como él es Carlos Batres y yo soy Adolfo Raudales, él siempre dijo que el suegro le decía vos sos abogado, no te van a hacer nada, la biblia en uno de sus libros habla de la igualdad, que ante la ley todos somos iguales, habla de la proporcionalidad de su criterio, cuando estuvo en la tierra dijo la misericordia no le tiene que robar a la justicia, pero tampoco la justicia le tiene que robar a la misericordia, yo jamás voy a pedir algo con demencia, quien confunde es él, el hizo una negociación de comprar esas vacas, pero como no hallan como argumentar, que tengo que ver yo, para que me traigan a colación, que yo tengo denuncias, el hecho es que él recibió fas vacas, nadie entrega a cambio de nada, se le entregaron sus cartas de venta correspondientes en su oficina, yo personalmente se las fui a entregar, él se comprometió a pagarlas el día lunes, él, las vacas se las llevo ente el sábado y el domingo, el acta de entrega donde reciben las vacas ahí esta clarito, las vacas fueron entregadas y las vacas no fueron pagadas, porque se iban a pagar con una transferencia que él iba a hacer de banco FICOHSA a una cuenta de DOWN HOLDING COMPANY LLC, así de simple y sencillo debió haber sido este caso, no debió haber venido hasta acá, sencillamente él cómo un hombre que es de apellido, es penoso para él, no debió haber tenido una demanda abierta, yo las he tenido, pero por trabajo, el no debió por que como un juego, se dio cuenta que él quería hacer un negocio y después se echó para atrás y si en algo no estaba conforme él no debió haber ido a traer las vacas nunca, mi esposa nunca antes hizo negocios con el aparte, los negocios que él tenía eran estrictamente conmigo, no tenía por qué vincularlos, la vez pasada yo fui bien escueto, porque el derecho es bien amplio y es bien difícil de entenderlo, que si uno hablo más de la cuenta es malo y si uno habla menos de la cuenta también es malo, entonces yo soy ingeniero y para mí es penoso tener que andar en estas cosas, he tenido que andar por cosas de trabajo, pero la verdad si este Tribunal tuviera algo que decidir, pero sé que hay otras instancias, aquí el hecho es que este señor recibió vacas y no las pago, si fuera algo tácito es eso. 3.- Carlos Ávila, Declara: Solo que entregue unos animales que supuestamente habían vendido o que los vendieron, eso es lo que está a mi alcance de recibir una orden de parte de ella, en fecha nueve de agosto del 2019, de entregarlas a un señor llamado Nano, no tengo datos porque entregue en dos etapas a unos el día sábado y otros el día domingo. DOCUMENTAL: 1. Certificado de Fierro y Carne del ganado propiedad de la ofendida, extendido por la municipalidad de Talanga 2. Seis actas de entrega de 117 cabezas de ganado con denominación de recibido Carlos Batres, de fecha 10 de agosto del 2019. 3. Constancia de fecha 14 de agosto del 2019, emitida por la alcaldía de Talanga, Francisco Morazán 4. Contrato de compraventa del 25% de las acciones que realizo la ofendida Fedelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, con la sociedad mercantil GEA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V., de fecha 08 de agosto del 2019 5. Oficio de fecha 24 de julio del 2019, debidamente autenticado dirigido al imputado por parte de la sociedad GEA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V., y seis oficios de fechas 31 de julio, 12 y 13 de agosto del 2019, en idioma ingles y debidamente traducida por la secretaria de relaciones exteriores en fecha 18 de septiembre del 2019. 6. Inscripción del Libro de Municipalidad de Talanga, en el cual constan a la inscripción de un ganado a favor de Carlos Alejandro Batres, por concepto de cartas de venta de 117 cabezas de ganado. DEFENSA PRIVADA PRUEBA TESTIFICAL: 1, Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin (común todas las partes) 2. Adolfo Ulises Raudales Velásquez. (quien ya declaro) La Acusación Privada hace suyas todas las pruebas, evacuadas por el Ministerio Publico. PRUEBA DOCUMENTAL: 1. Contrato Privado de Compra Venta de Acciones de la Sociedad Hidroeléctrica el Naranjito S.A. de de fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019), (folio 176 frente a 178 frente). 2. Contrato Privado de Compra Venta de Acciones de Sociedad Hidroeléctrica el Naranjito S.A. de C.V., de fecha treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019), (folio 168 frente a 170 frente) cuya Autentica obra en folio 172. 3. Contrato Privado de Venta de Acciones de la Sociedad Hidroeléctrica el Naranjito S.A. de C.V., de fecha dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019), (folio 221 frente a 223 frente) 4.Contrato Privado de Venta de Acciones de la Sociedad Hidroeléctrica el Naranjito S.A. de C.V., de fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019), (folio 224 frente a 227 frente) 5. Formulario correspondiente a transferencia de fondos Internacionales de Honduras hacia los Estados Unidos de América, por la cantidad de doscientos sesenta mil dólares americanos ($.260,000.00), emitido por Banco FICOHSA, (folio 165) 6. Comprobantes de transferencias electrónicas bajo las referencias números FT 1916318ZF por el monto de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L.500,ooo.00) de fecha doce (12) de junio dos mil diecinueve (2019) y FT19165DCFSW por el monto de QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L.500,OOO.OO) de fecha catorce (14) de junio de dos mil diecinueve (2019), ambos obran a folio 166 del expediente y fueron transferidos a la cuenta del señor Adolfo Ulises Raudales Velásquez, lo cual se respaldado con la Constancia de Transacciones efectuadas por del señor Carlos Alejandro Batres Mejía emitida por Banco FICOHSA, en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. y que obra a folio 260 del expediente. 7. Testimonio del Instrumento Público número ciento cincuenta y ocho (158), contentivo de protocolización de Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas, autorizada por el Notario Fernando A. Godoy Sagastume, de fecha de veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018), en esta ciudad de Tegucigalpa, M. D,C., (folio 212 frente a 219 frente), 8. Nota enviada por el Representante Legal de GEA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V., señor Erick Marcial Salgado Flores, al enviado especial para Centroamérica de la empresa DOWN HOLDING COMPANY LLC, señor José Hernán Batres Rodríguez, de fecha treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en esta Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., (folio 245). 9. Memorándum correspondiente a diligencia de averiguación de las actuaciones de la Fundación DOWN HOLDING COMPANY CCC, en los Estados Unidos, de fecha treinta y uno (31) de julio de dos mil diecinueve (2019), (folio 337-342), cuya traducción oficial obra a (folios 330-336) 10. Nota emitida por el Representante Legal de la empresa Raíces y Valores, S.A. (RAVASA), el señor Carlos A, Batres, dirigida al Representante Legal de la empresa DOWN HOLDING COMPANY LLC, señora Kaushalya Siriwardana, de fecha doce (12) de agosto de dos mil diecinueve (2019), en esta ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., (folio 319) cuya traducción obra a folio 317 y 318 11. Reconocimiento de Deuda efectuado por el Representante Legal de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A. DE C.V. a favor de HIDRONARANSA, de fecha doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019), en esta ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., (folio 259). 12. Reconocimiento de Deuda efectuado por el señor Adolfo Ulises Raudales Velásquez a favor de Carlos Alejandro Batres Mejía, de fecha doce (12) de junio de dos mil diecinueve (2019), en esta ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., (folio 258) 13.Constancia emitida por Banco FICOHSA en fecha doce (12) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), mediante la cual hace constar que el señor Carlos Alejandro Batres Mejía, en fecha trece (13) de junio del año dos mil diecinueve (2019) realizó transferencia internacional por el valor de Doscientos Sesenta Mil dólares americanos ($.260,000.00) por pago de garantías internacionales, (folio 276 del expediente) 14. Nota efectuada por señor Adolfo Raudales, dirigida al señor Carlos Batres, de fecha veinticuatro (24) de julio de dos mil diecinueve (2019), en esta ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., (folio 315) 15. Nota emitida por la Representante Legal de DOWN HOLDING COMPANY LLC, la señora Kaushalya Siriwardana, dirigida al Representante Legal de RAVASA, el señor Carlos Alejandro Batres Mejía, de fecha trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019), (folio 324-325), cuya traducción obra a folio 322-323. 16. Carta de Cese de desistimiento Representante Legal de DOWN HOLDING COMPANY LLC, la señora Kaushalya Siriwardana, dirigida al Representante Legal de RAVASA, de fecha trece (13) agosto de dos mil diecinueve, obra a folio 328 a 329, cuya traducción se encuentra del folio 325-327 17. Testimonio del Instrumento Público número cuarenta y nueve (49), contentivo de Constitución de Sociedad Hidroeléctrica, El Naranjito, S.A. de C.V. (HIDRONARANSA) de fecha cinco (5) de abril del dos mil diez (2010) en esta ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., ante los oficios del Notario Plutarco Rivera Castellano, inscrita con matrícula 2514271, número 5552, (folio 146 frente 150 frente) 18. Contrato de Servicios Legales de fecha 3 de junio del año 2019, con su traducción al idioma español, en el cual acredita, la transferencia bancaria la cual se relaciona con la prueba documental de las partes. 19.Certificación de Acta de Matrimonio entre Rodolfo Ulises Raudales y Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, para establecer su vínculo legal. 20. Acta de Nacimiento de Adolfo Josué Raudales Pagoada y su acta de Matrimonio con Linda María Lagos Sabillón y así establecer su vínculo, legal y parentesco, como socios de la empresa CARA, S. DE R.L. 21. Asiento número 244220, con matrícula 2538995 del libro de comerciantes Sociales, que establece la Constitución de la Sociedad de la Empresa INGARA a folio 389. 22. Certificación Integra del Aumento de Capital de la Empresa IGARA, S. DE R.L. 23. Certificación del asiento 350001, con matrícula 2528995. El cual establece poder y representación legal de la empresa. - VALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBA. De las declaraciones testificales y documentales, se ha podido establecer que existió un acuerdo de compra venta por un hato de ganado de 117 cabezas, entre los señores Fidelmía Hermisenda Paguaga Mayorquin y el señor Carios Alejandro Batres Mejía, también se ha podido acreditar que este ganado pertenecía a la sociedad IGARA S.R.L de C.V. (ingeniería, Ganadería y Agrícola Raudales S.R.L de C.V.), pero no obstante se estableció que las cartas de venta fueron realizadas, conjuntamente con su valor nominativo, por la señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, tal como lo establece la alcaldía de Talanga, por 117 cabezas de ganado, y no por la empresa que reconocen ser su propietaria, se ha acreditado un sin número de transacciones mercantiles, entre las partes y el esposo de la supuesta perjudicada, pero no se ha podido establecer la preexistencia de objeto sobre el cual recae esta acusación, el cual no es otro que el ganado, pues no ha existido ningún peritaje que acredite el mismo, pese a que uno de los trabajadores ha establecido que entrego una ganado a personas que se manifestaron ir de parte del acusado, no se ha podido determinar la individualización de cada uno de bienes muebles, de alguna forma científica u objetivamente indubitada, que acredite el extremo antes señalado, pues no fue objeto de este juicio el origen de los bienes muebles (ganado) y su forma de adquisición, así como el correspondiente avaluó del mismo, que determinara un perjuicio real, pues ha quedado acreditado que las cartas de ventas fueron realizadas, con su valor nominativo, por la supuesta ofendida, y que el ganado en cuestión pertenecía a la empresa familiar IGARA S. DE R.L, de C.V., los cuales no son los ofendidos en la presente causa, por lo las pruebas resultan ser objetivamente confiables, ciertas e imparciales, acreditando así los hechos estimados probados, los cuales no son suficientes para enverar el estado de derecho, por lo que la unanimidad de este tribunal dicta un fallo absolutorio EN ESTE MOTIVO, HAN QUEDADO CLARAS VIOLACIONES: En primer lugar, que El Tribunal de Sentencias, aunque no evacuó valoró medios de Prueba que le fueron inadmitidos a la Defensa Técnica desde la Proposición de Medíos de Prueba, tal como Reconocimiento de Deuda supuestamente firmado por el señor Adolfo Ulises Raudales Velásquez, esposo de mi Representada. En segundo lugar: Hacen valoración de prueba con respecto a lo que beneficia al imputado, no objetiva ni imparcial, para el caso dice que ha quedado acreditado que las cartas de ventas fueron realizadas. con su valor nominativo, por la supuesta ofendida, y que el ganado en cuestión pertenecía a la empresa familiar IGARA S. DE R.L. de C.V., sin existir un documento que diga que el ganado es de IGARA, más que la ratificación de la Empresa IGARA, pero que la misma alcaldía Municipal de Talanga extendió Constancia el 14 de agosto de 2019, donde establece que la señora FEDELMIA HERMISENDA PAGUAGA MAYORQUIN, con identidad número 0803-195800363 realizó una venta de 117 semovientes de su propiedad de los cuales eran 87 mayores y 30 menores; con éste fierro (inserta imagen HR con medio sol arriba) el día 08 de agosto de 201 9, que es congruente con lo declarado por la ofendida y establece los números de Registros. "Pues pese a la multiplicidad de medios Probatorios, el Tribunal de Sentencias NO los valora realmente, e inclusive sin que haya un medio probatorio que acredite que el Ganado no era propiedad de 'GARA, refiere que IGARA es dueña del Ganado pero que no es parte en el proceso, cuando fue acreditado con el Certifico, Constancia de la Alcaldía Municipal de Talanga y carnet del Fierro, que la dueña del ganado es mi representada la señora FEDELMIA HERMISENDA PAGUAGÀ MAYORQUIN, asimismo las Cartas de venta que se encuentran Registradas en la Alcaldía Municipal de Talanga, donde estaba debidamente acreditado que mi representada era la dueña del ganado, por lo que ella misma compareció a realizar las Cartas de Venta de las 117 cabezas de ganado vacuno como vendedora y Cados Alejandro Batres Mejía el comprador, donde quedó acreditado que en cada Carta de Venta del Ganado, tal como quedó registrado en la Alcaldía Municipal de Talanga, cada cabeza de ganado vacuno mayor tenía un valor de cinco mil dólares, y cada cabeza de ganado vacuno menor con un valor de dos mil quinientos dólares, haciendo un gran total de quinientos diez mil dólares; lo que resulta ser en total armonía con lo declarado por la Ofendida, quien nos dejó claro que inicialmente mientras ella andaba de viaje, el señor Carlos Batres fue a conocer su ganado, que el 8 de agosto de 2019 en que el mismo señor Carlos Batres exhibió que contaba con los recursos para cubrir una garantía de quinientos mil dólares para recibir un préstamo para inversiones en GEA ALTERNATIVA, pero que él no quería arriesgar su dinero, por lo que acordaron con el señor Cados Batres, que la Ofendida señora Fedelmía Hermisenda Paguaga Mayorquin, le entregaría 117 cabezas de ganado, 87 cabezas de ganado mayor valoradas en cinco mil dólares cada una y 30 de ganado menor valoradas en dos mil quinientos dólares cada una, haciendo un total de quinientos diez mil dólares, de los cuales el señor Batres haría la Transferencia directa a DOWN HOLDING COM?ANY por un valor de quinientos mil dólares y el restante de diez mil dólares se los pagaría a ella; es así que mi representada incurre en error en su propio perjuicio y en provecho del Acusado, pues ella con siete mil lempiras que le entregó el Acusado procede a personarse ante la Alcaldía Municipal de Talanga a realizar las 117 Cartas de Venta de las cabezas de ganado vacuno, las que ella misma y su esposo entregó al Acusado. Que el viernes 9 de agosto de 2019 el Acusado llegó junto con su primo Nano, que ésta acusación dejó establecido que se trata del señor José Renaldo Mejía, junto con un veterinario, a revisar y seleccionar el ganado que posteriormente se llevaron, con un gran porcentaje de ganado preñado y sexado; que el sábado 10 de agosto de 2019 ella misma entregó una parte del ganado, que inclusive para que el ganado llegara bien mandó trabajadores suyos a ayudar hasta el lugar donde fue trasladado el ganado en la Finca Santa Elena de Zamorano y que el domingo 11 de agosto de 2019 en el cual ella debía ir a la Iglesia encomendó la misión de entregar el resto del ganado a su mayordomo Cados Ávila; que tanto ella como su mayordomo como control de la entrega total del Ganado utilizaron Actas de entrega que el mismo encargado y ayudantes del señor José Renaldo Mejia alias "NANO" llenaron y firmaron. También nos estableció que el mismo 8 de agosto de 2019, en que el imputado realizó dicho Acuerdo con el señor Carlos Alejandro Batres Mejía, También como era de su conveniencia y estaba ligado con el objetivo del Imputado, ella lógicamente no iba a deshacerse de su ganado por gusto, ella conociendo el fondo del Negocio de GEA ALTERNATIVA, pues su ex nuera era socia de la misma y también su esposo seria Comisionista, en caso de ejecutarse los proyectos, ella también quiso formar parte y procedió a realizar un contrato por medio del cual, de haberse realizado la transferencia como garantía y obtenido el préstamo ella se hubiera convertido en socia con un 25% de las acciones de dicha compañía y lógicamente recuperaría el valor de su ganado. Además, nos estableció la Ofendida que no solamente ha perdido como producto del engaño y astucia por el cual incurrió en error en provecho del Acusado, también perdió la producción de leche y la triplicación de su ganado que está segura está disfrutando el Acusado; así como la oportunidad de lograr el 25% de acciones de la empresa GEA, en consecuencia la recuperación de su dinero y ganancias en los proyectos. El Tribunal Sentenciador refiere que no se acreditó un Peritaje, cabe señalar que se propusieron dos Actas de Inspecciones Oculares que NO admitió el Tribunal, expresando que no era contradictorio que el ganado estuviera en la Hacienda Santa Elena del Zamorano, además que no se ventila el estado en que se encuentra el ganado, sino que efectivamente el Acusado posteriormente de recibir las Cartas de venta donde se establece el fierro, precio y otras características, decidió retirar y trasladar el ganado hacia el Zamorano, no sin antes mandarlo a evaluar y seleccionar. Véase la Jurisprudencia: CP-64-08, Casación de fecha 21 de marzo de 2010. SEGUNDO MOTIVO: Adolecer la Sentencia de Falta de Claridad y Precisión en los Hechos Probados" PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 362 CUARTO, numeral 1), del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN: con la Sentencia basada en hechos que declaró probado el Tribunal de Sentencias, ignorando los verdaderos hechos probados; pues invoca hechos probados no relevantes con el fondo del proceso, ya que conforme al artículo 338 CUARTO del Código Procesal Penal, que comprende los requisitos de la sentencia, prescribe en su numeral 1), en relación a la declaración de los hechos probados: "En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico predeterminen el fallo que haya de dictarse". En tal sentido, en el fallo impugnado acontece un vicio in procedendo grave, ya que, los Juzgadores incumplieron el deber de determinar con precisión los hechos que estiman acreditados, pues pese a que, la verdad intangible tiene una autonomía que le separa de los otros presupuestos que integran a la sentencia, se ha referido a acontecimientos apartados del asunto sometido a su competencia, sin llevar una secuencia y conclusión precisa, incumpliendo así con los requisitos de fondo que debe reunir el factum, que le son de imperativo cumplimiento y que determinan una estructura formal y lógica de la sentencia. Es así que, los hechos probados están estructurados de la forma siguiente: PRIMERO: En fecha veintisiete de enero del año mil novecientos ochenta y uno, la señora Fedelmia Hermisenda Paguada Mayorquin, contrajo nupcias con el señor Adolfo Ulises Raudales Velásquez, matrimonio en el cual procrearon tres hijos entre los cuales se encontraba Adolfo Josué Raudales Paguada, quien a su vez contrajo matrimonio con Linda Maria Lagos Sabillón, el diecinueve de octubre del año dos diecisiete, éstos últimos son socios de Empresa GEA ALTERNATIVA, S.A., de C.V., creada en fecha siete de mayo del año dos mil quince, sociedad que vende 760 acciones, equivalentes al 25% del capital a la señora Fedelmia Hermisenda Paguada Mayorquín, comprometiéndose a pagar en concepto de garantía la cantidad de $500,000.00 a la empresa DOWN HOLDING COMPANY LLC, para formar parte de esa sociedad con el fin de dar inicio a los proyectos cementera Noleira e Hidroeléctrica el Naranjito, en fecha ocho de agosto del año 2019. SEGUNDO: La señora Fidelmia Hermisenda Paguada Mayorquín, en esa misma fecha ocho de agosto del año 2019, acordó con el señor Carios Alejandro Batres, un contrato de compraventa de un hato ganadero de 117 cabezas de ganado, compuesto por 87 vacas adultas y 30 cabezas de ganado joven, para lograr ser accionista de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A. de C.V., y a su vez DOWN HOLDING COMPANY LLC, con el ánimo de comprar la empresa hidroeléctrica el Naranjito, ganado vacuno del cual ella misma realizó las correspondientes cartas de venta, pero las mismas pertenecían según su mismo conocimiento a la empresa IGARA S. dé R.L. de C.V.. Como podemos observar, de la simple lectura del relato fáctico anteriormente descrito, se evidencia la falta de claridad y precisión en el mismo, pues si bien es cierto hace relación a acontecimientos relacionados tanto por la Ofendida como con el Acusado, no se refiere específicamente al asunto sometido al contradictorio, no determina exactamente lo que estimó probado al respecto, pues tal como se aprecia en el segundo numeral del apartado de Hechos Probados, se refiere someramente al contrato de compraventa entre la señora Fedelmia Hermisenda Paguaga y Carios Alejandro Batres Mejía, incluso señala "ella extiende las Cartas de venta" pero no concluye su cuadro fáctico señalando lo que estimó probado de esa relación contractual, sino que lo deja impreciso, y por lo tanto incomprensible, produciéndose así el vicio por falta de Claridad y Precisión; inclusive asegurando la titularidad de la propiedad del ganado a una empresa familiar, cuando lo que si se acreditó es que el ganado pertenecía a mi representada; siendo entonces de relevancia referirnos a lo señalado en el Manual de Derecho Procesal Penal Hondureño, que establece: "Al respecto insiste al tribunal Supremo Español, según informa José María Luzón Cuesta, que la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones inteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido la narración de los hechos, se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido son o no constitutivos de infracción Penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, etc". Ante tales ambigüedades narrativas, ha quedado evidenciado el vicio en mención, pues la simple mención de vínculos de parentesco o de relaciones contractuales, no ha constituido una descripción de los hechos sometidos al contradictorio, así como tampoco la participación que se le atribuye al acusado, y mucho menos un señalamiento de las circunstancias de modo, tiempo, lugar e intervinientes, traduciéndose en inseguridad jurídica para las partes al no poderse estimar, si la narración fáctica es congruente o no con el análisis jurídico aplicado por el Tribunal y con el fallo mismo, en detrimento no solo de la dinámica del proceso penal y de la estructura de la sentencia, sino también, de los principios del Debido Proceso y de la Tutela Judicial Efectiva ante la imprecisión que impide a las partes verificar la calificación legal e incluso impugnada. En lo atinente, la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante Fallo SP164-2013 ha fijado su postura jurisprudencial al referir: "Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: De forma, de Fondo y los mismos deben ser claros y congruentes; estableciendo que la falta de claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos, utilizando términos ambiguos oscuros, incompletos confusos que imposibiliten su comprensión". Si revisamos la Valoración conjunta referida, con los hechos probados, carecen de congruencia total. TERCER MOTIVO: Que las motivaciones jurídicas sean insuficientes. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3) del código procesal penal EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia contiene una motivación jurídica insuficiente ya que no expone a profundidad los argumentos jurídicos sobre las cuestiones fundamentales de la causa que justifica la decisión del sentenciador. Si bien los sentenciadores señalan el delito de estafa no son específicos en sus motivaciones en tanto que no funcionaron la existencia o no del delito de esta relacionan el artículo 242 numeral 8 del Código Penal, pero omiten señalan los fundamentos o motivaciones jurídicas relacionadas con el delito de estafa. Artículo 240 del código penal por el cual fue acusado el Señor Carlos Alejandro Batres Mejía ASUME el jugador que al dictar una sentencia absolutoria lo exime de realizar un análisis jurídico sobre los elementos del tipo penal de estafa lo cual es un requisito indispensable en la estructura de la sentencia tal y como lo establece el artículo 338 del Código Procesal Penal, e inclusive en la aplicación del nuevo Código Penal tampoco hace ninguna referencia a la Norma que regula y sanciona el delito de estafa por lo que la sentencia no está debidamente motivada o los motivos expuestos resultan ser insuficiente para dictar una Sentencia absolutoria Artículo 240 del Código Penal por el cual fue acusado el Señor Cados Alejandro Batres Mejía, que refiere: ARTICULO 240. Comete el delito de estafa quien, con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno. ARTICULO 241. El delito de estafa será sancionado: 2) • 3) Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excede de cien mil (L, 100,000.00) Lempiras. El agente, además, será sancionado con una multa igual at diez por ciento (10%) del valor defraudado. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por los Artículos 36, 37 y 53, cuando sean aplicables. Por su parte, asume el jugador que al dictar una sentencia absolutoria lo exime de realizar un análisis jurídico sobre los elementos del tipo penal de estafa lo cual es un requisito indispensable en la estructura de la sentencia tal y como lo establece el artículo 338 del Código Procesal Penal; sumado a lo anterior si relacionan lo que en la sentencia absolutoria el tribunal sentenciador refirió como hechos probados en relación con la valoración de los medios de prueba de manera conjunta resulta que no es congruente con el resultado de la misma ya que existe y enumera el mismo tribunal un sinnúmero de elementos probatorios pero en su valoración para decretar los hechos probados no los toma en cuenta. Sumado a lo anterior lo del estudio de todo expediente lo que podemos verificar es la urgencia que surgió de acelerar el proceso a la etapa de juicio oral y público cuando luego de la audiencia de proposición de medios de prueba ya se encontraba señalado juicio oral y público para el mes de junio del presente año resultando que por una simple petición de la defensa que refirió que su representado quería viajar a España pues allá estudia una hija la juez conocedora del proceso inmediatamente señaló una audiencia de juicio oral y público habiendo con la misma inmediatez celebrado anteriormente una audiencia de revisión de medida cautelar beneficiando desde ese momento y demostrando su parcialidad con respecto al imputado y en contra de la ofendida. Si partimos de lo establecido en el artículo 365 del nuevo Código Penal que regula que el delito de estafa se comete con Ánimo de lucro utiliza engaño suficiente pata producir error en otro hilo induce realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Et delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el valor de lo defraudado excede de 5000 lempiras para la determinación de la pena en estos delitos se debe atender el importe de lo defraudado la pérdida económica causada el perjudica al perjudicado las relaciones entre éste y el defraudador los medios empleados por el río y cualesquiera otras circunstancias similares que sirvan para valorar la gravedad de las infracciones. Recurso de Casación por Infracción de Ley EXPOSICION DE MOTIVOS DE RECURSO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY PRIMER MOTIVO: Infracción de Ley por aplicación Indebida de los artículos 240, 241 numeral 3) último párrafo del Código Penal vigente en el momento en que se cometió el ilícito penal; o en su defecto en cuanto al principio de Retroactividad de la Ley que favorece al reo, el artículo 365 del nuevo Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: Aplicar una norma jurídica que reclame la aplicación de otra implica siempre una inobservancia de ésta última, y tanto la inobservancia como la aplicación errónea configuran violaciones a la voluntad del legislador. La declaración de hecho probado el Juzgador describe aquellas conductas que puede ser calificados como delitos y en consecuencia adecua ese cuadro fáctico al presupuesto normativo penal que se supone infringido. La errónea aplicación de adecuación o falta de correspondencia de la norma aplicada al caso concreto, es lo que constituye el motivo. "La aplicación indebida" es una especie de casación por Infracción de Ley, consistente en la invocación por los sentenciadores de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad que aparece consignada en los hechos probados, de tal forma que se aprecia la incongruencia entre el factum de la sentencia y la norma penal que se asigna, por lo que la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma extraña a los hechos estimados probados o simplemente NO invocar la norma que regula la infracción Penal por la cual se formalizó la Acusación" EL TRIBUNAL DECLARÓ COMO HECHOS PROBADOS, LOS SIGUIENTES: PRIMERO: En fecha veintisiete de enero del año mil novecientos ochenta y uno, la señora Fedelmia Hermisenda Paguada Mayorquin, contrajo nupcias con el señor Adolfo Ulises Raudales Velásquez, matrimonio en el cual procrearon tres hijos entre los cuales se encontraba Adolfo Josué Raudales Paguada, quien a su vez contrajo matrimonio con Linda María Lagos Sabillón, el diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, éstos últimos son socios de Empresa GEA ALTERNATIVA, S.A., de C.V., creada en fecha siete de mayo del año dos mil quince, sociedad que vende 760 acciones, equivalentes al 25% del capital a la señora Fedelmia Hermisenda Paguada Mayorquín, comprometiéndose a pagar en concepto de garantía la cantidad de $500,000.00 a la empresa DOWN HOLDING COMPANY LLC, para formar parte de esa sociedad con el fin de dar inicio a los proyectos cementera Noleira e Hidroeléctrica el Naranjito, en fecha ocho de agosto del año 2019. SEGUNDO: La señora Fidelmia Hermisenda Paguada Mayorquín, en esa misma fecha ocho de agosto del año 2019, acordó con el señor Cados Alejandro Batres, un contrato de compraventa de un hato ganadero de 117 cabezas de ganado, compuesto por 8? vacas adultas y 30 cabezas de ganado joven, para lograr ser accionista de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A. de C.V., y a su vez DOWN HOLDING COMPANY LLC, con el ánimo de comprar la empresa hidroeléctrica el Naranjito, ganado vacuno del cual ella misma realizó las correspondientes cartas de venta, pero las mismas pertenecían según su mismo conocimiento a la empresa IGARA S. de R.L. de C.V.. Resulta honorables magistrados que aparte de no fundamentar su decisión el Tribunal Sentenciador, también declaró hechos probados, la relación parental de mi representada con su esposo, un hijo y exnuera, circunstancias irrelevantes a los hechos acusados, tal parece que pese a haberse dejado claro quién y porque el Ministerio Público y mi persona comparecimos como Acusadores Público y Privada, el Tribunal Sentenciador invirtió el sentido del proceso y emitió una Sentencia Absolutoria, carente de motivación y argumentación legal que la respalde. Por lo que la falta de aplicación se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independientemente de a qué resultado se haya llegado ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significado o su alcance. En relación a lo anterior hay que dejar establecido que el espacio que media entre la fecha de entrada en vigencia de una ley penal y la fecha de su derogación recibe el nombre de "vigencia". La vigencia de una ley penal puede considerarse, sin embargo, desde un punto de vista formal y desde un punto de vista material. La vigencia formal comienza con la entrada en vigor de la ley y termina con su derogación. La vigencia material consiste, por su parte, en la aplicación de la ley a los hechos ocurridos bajo su imperio aún en el caso de que haya sido derogada. El principio general es el de que la ley penal se aplica a aquellos hechos ocurridos desde que entró en vigor hasta que fue derogada. A este principio se llama "principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal". En consecuencia, el Tribunal Sentenciador, no solo no aplicó la Ley vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, sino que tampoco aplica la norma vigente a la fecha en que se celebra el Juicio Oral y Público, cometiendo la Clara infracción de la Ley o Doctrina Legal.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a) No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b) Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c) Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a) La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b) Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Observa esta Sala de lo Penal, que las recurrentes 1 y 2 han interpuesto motivos de casación por quebrantamiento de forma en los cuales señalan mismos vicios de casación, por lo que la respuesta a ellos se dará en un solo apartado. Recurrente Numero 1 Abg. Keylie Melissa Vasquez Fiscal del Ministerio Público Primer Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: adolecer la sentencia de falta de claridad y precisión en los hechos probados. Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio denunciado en el acto mismo de sentenciar, no ha podido realizarse reclamación alguna. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó la recurrente que la simple lectura del relato fáctico, se evidencia la falta de claridad y precisión pues si bien es cierto hace relación a acontecimientos relacionados tanto con la ofendida, como con el acusado, no se refiere específicamente al asunto sometido al contradictorio, no determina exactamente lo que estimó probado, pues tal como se aprecia en el segundo numeral de los hechos probados, se refiere someramente al contrato de compraventa entre la ofendida y el imputado, señala incluso que ella extiende las cartas de venta, pero no concluye su cuadro fáctico señalando lo que estimó probados de esa relación contractual, sino que lo deja impreciso y por lo tanto incomprensible, produciéndose así el vicio denunciado. Recurrente Numero 2 Abg. Rosmery Jojanna Ucles Acusadora Privada Segundo Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338 apartado cuarto numeral 1 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: adolecer la sentencia de falta de claridad y precisión en los hechos probados. Reclamación ex-ante: sin establecerlo la impetrante. Pretensión: sin determinar por la censora. Explicó la recurrente que el fallo impugnado acontece un vicio in procedendo grave, ya que los juzgadores incumplieron el deber de determinar con precisión los hechos que estiman acreditados pues pese a que la verdad intangible tiene una autonomía que la separa de los otros presupuestos que integran a la sentencia, se ha referido a acontecimientos apartados del asunto sometido a su competencia, sin llevar una secuencia y conclusión precisa, incumpliendo así con los requisitos de fondo que debe reunir el factum, que son de imperativo cumplimiento y que determinan una estructura formal y lógica de la sentencia. De los hechos probados. El numeral 1 del artículo 362 del CPP, contiene varios supuestos, cada uno constitutivo de un vicio diferente: “Que en la sentencia falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados; que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.” De este vicio resulta varios supuestos: a) Falta de declaración de hechos probados: Para éste, y los demás vicios, es imprescindible observar la exigencia que el CPP impone al juzgador al momento de emitir su resolución definitiva en cuanto a la consignación de los hechos probados. Al respecto, el numeral 1, sección cuarta, del Artículo 338, dispone que "se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1) Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse". El Tribunal de Sentencia tiene el mandato de establecer cuáles son los acontecimientos históricos a los que estima haber arribado o haber reconstruido producto de la información de las pruebas que obran en el proceso, de tal suerte que este vicio se refiere al extremo de que no aparece en la sentencia -que absuelve o condena- esa consignación de hechos probados, es decir, que el juzgador haya omitido incluir el apartado relativo a esa exigencia fundamental de la motivación. Ello incluye también el caso en que el tribunal señale como hechos probados actuaciones procesales (como referir el contenido de la acusación) o que haga una transcripción del contenido de la prueba (Como consignar lo dicho por alguno de los testigos), o que señale como hechos probados la transcripción del tipo penal por el que condena. Tan importante es la declaración de hechos probados en la sentencia, que sin ellos la resolución carece de base, al ser esos acontecimientos narrados el fundamento del fallo que ésta contiene. Así ha sido determinado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al decir en su sentencia de 18 de marzo de 2003 (en el recurso de casación registrado bajo el número 2618-02), que “una sentencia no puede tener el carácter de tal, sino está respaldada por Hechos Probados estimados por el juzgador, cualquier que sea su última razón… Que, al no realizarse la calidad jurídica reservada para toda sentencia por carecer el fallo impugnado de la congruencia, precisión y claridad, sobre todo al carecer de hechos estimados como probados y siendo esta circunstancia causal de casación en la forma, impera la necesidad de que este Tribunal proceda a anular el sobreseimiento definitivo dictado en fecha diez de septiembre de dos mil dos. En síntesis, al ser los hechos probados el apartado fundamental de la sentencia penal, su omisión produce la imposibilidad de poder dar fundamento jurídico a la decisión judicial, en vista que estamos ante una verdad desconocida a la cual no se puede asignar la norma correspondiente que resuelva el caso. b) Cuando los hechos probados no son claros o terminantes. Partiendo de la exigencia establecida en el artículo 338 del CPP, en el sentido de que la sentencia contendrá una declaración terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse; el presente motivo se refiere al vicio en el caso de que los hechos probados no sean claros, lo que se constituiría si dichos acontecimientos fueran redactados de forma confusa, dubitativa e imprecisa, de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, por no ser expresados en forma conclusiva, inequívoca, categórica, sino dubitativa o insegura, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho. Ello ocurriría si dentro de los hechos probados se utilizaran expresiones como posiblemente, aparentemente, tal vez u otras similares que no conllevan a obtener certeza del acontecimiento histórico reproducido. Lo mismo ocurrirá cuando en la relación de esos hechos se utilicen expresiones no comprensibles, como ser el empleo de terminología que impida asimilar lo que el tribunal trata de referir o que sólo se accesible la comprensión de esos términos a pocas personas. Asimismo, se incurriría en el vicio si en la descripción se emplearen expresiones jurídicas que la norma penal sustantiva utilice para describir la conducta punible, pero sólo en el caso que esos términos, por su exclusivo carácter jurídico, impidan su compresión por personas no conocedoras de la ciencia penal (como ser alevosía, ensañamiento, etc.) ya que el incurrir en esta circunstancia incidiría en una falta de claridad del relato fáctico. Ello no incluye la consignación de palabras empleadas por el legislador que por su general comprensión esté al alcance de todos (como intimidación, violencia, etc.). c) Contradicción en los hechos probados. Aquí nos referimos a que los hechos comprendidos en el relato fáctico sean inconciliables o contradictorios entre sí, de tal forma que la afirmación de uno implique la negación de otro. Pero este vicio debe dirigirse a la contradicción gramatical o léxica, es decir in términis, y por supuesto esa contradicción debe producirse únicamente dentro del factum de la resolución. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de los Penal ante los motivos denunciados por las recurrentes, en el que señalan la falta de claridad y que no son terminantes los hechos probados, aduciendo que trae a colación en su primer numeral situaciones que no tienen relación con el objeto del juicio y que en el numeral dos no estableció realmente qué fue lo que se acreditó como probado; para esta Sala de Casación los argumentos de las censoras son correctos y llegan a conformar un vicio que merece reproche casacional, pues los Sentenciadores establecieron en el cuadro fáctico situaciones que están fuera del conflicto que fue sometido a su competencia, lo que convierte al hecho probado como confuso o dubitativo. Los hechos probados revelan: “PRIMERO: En fecha veintisiete de enero del año mil novecientos ochenta y uno, la señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, contrajo nupcias con el señor Adolfo Ulises Raudales Velásquez, matrimonio en el cual procrearon tres hijos entre los cuales se encontraba Adolfo Josué Raudales Paguada quien a su vez contrajo matrimonio con Linda María Lagos Sabillon, el diecinueve de octubre del año dos mil diecisiete, estos últimos son socios de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A de C.V., creada en fecha siete de mayo del año dos mil quince, sociedad que vende 750 acciones, equivalentes al 25% del capital social a la señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, comprometiéndose a pagar en concepto de garantía la cantidad de $.500,000.00 a la empresa DOWN HOLDING COMPANY LLC, para formar parte de esa sociedad con el fin de dar inicio a los proyectos cementera Noleira e hidroeléctrica el naranjito en fecha ocho de agosto del año 2019. SEGUNDO: La señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, en esa misma fecha ocho de agosto del año 2019 acordó con el señor Carlos Alejandro Batres, un contrato de compraventa de un Hato ganadero de 117 cabezas de ganado, compuesto por 87 vacas adultas y 30 cabezas de ganado joven, para lograr ser accionista de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A. y a su vez DOWN HOLDING COMPANY LLC con el ánimo de comprar la empresa hidroeléctrica el naranjito, ganado vacuno del cual ella misma realizó las correspondientes cartas de Venta, pero las mismas pertenecían según su mismo conocimiento a la empresa IGARA S. de R.L, de C. V.” En el primer hecho probado, el A-quo estableció una relación de matrimonio de la ahora ofendida con su actual esposo, para luego señalar que, producto de esa relación les nació un hijo; ciertamente estos sucesos no tienen mayor relevancia a los hechos sometidos a juzgamiento, pues no se trata de un tipo penal en el cual se necesita establecer vínculos de parentesco para conformar elementos del tipo penal; posteriormente señalan los hechos, que el hijo de la ofendida y su esposa son socios de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A de C.V., misma que vende el 25% de las acciones a la ofendida Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin, quien se compromete a pagar en concepto de garantía la cantidad quinientos mil dólares americanos a la empresa DOWN HOLDING COMPANY LLC, para formar parte de esa sociedad con el fin de dar inicio a los proyectos cementera Noleira e hidroeléctrica el naranjito; éstos párrafos si se vuelven confusos y dubitativos, pues dejan al lector con las dudas respecto a qué relación tienen las empresas GEA ALTERNATIVA, S.A de C.V. y DOWN HOLDING COMPANY LLC y lejos de aclarar puntos nos hacen preguntar por qué la ofendida Fidelmia Hermisenda debía pagar en concepto de garantía una cantidad de dinero a otra compañía; no es posible que los hechos probados lejos de aclarar la dinámica de los hechos y el génesis de los mismos, hagan crear en la mente del lector una nebulosa acerca de cómo se dieron realmente los acontecimientos; al finalizar ese primer hecho probados se establece que se hacen esos trámites y movimientos con el fin de dar inicio a los proyectos cementera Noleira e hidroeléctrica el naranjito; este último apartado se ignora totalmente cual fue la razón por la cual el Sentenciador da por probado algo sobre lo cual no ha sabido establecer cronológica ni certeramente qué relación tiene con ese primer hecho probado, quedando totalmente ausente la relación de la cementera Noleira y la hidroeléctrica el Naranjito, con la ofendida o con las empresas antes mencionadas. En el numeral segundo del cuadro fáctico declarado como probado, trata de explicar el Juzgador que la ofendida Paguaga Mayorquin, acuerda con el imputado Carlos Alejandro Batres, un contrato de compraventa de varias cabezas de ganado, para lograr ser accionista de la empresa GEA ALTERNATIVA, S.A. y a su vez DOWN HOLDING COMPANY LLC con el ánimo de comprar la empresa hidroeléctrica el naranjito, ganado vacuno del cual ella misma realizó las correspondientes cartas de Venta, pero las mismas pertenecían según su mismo conocimiento a la empresa IGARA S. de R.L, de C. V; nuevamente el Sentenciador trae a la dinámica de los hechos un supuesto contrato de compraventa entre acusado y ofendida, todo al parecer con el propósito que la señora Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin lograra ser accionista de las empresas GEA ALTERNATIVA, S.A. y a su vez DOWN HOLDING COMPANY LLC y además de señalar que la ofendida tenía el ánimo de comprar la empresa hidroeléctrica el naranjito; el propósito o la intención que haya tenido la ofendida para realizar el contrato de compraventa con el ofendido Carlos Alejandro Batres en apariencia no guardan ninguna relación con el hecho que se esta investigando y para terminar de conformar unos hechos no terminantes establece que la ofendida Fidelmia Hermisenda realizó ella misma las correspondientes cartas de venta del ganado que se vendería, pero que sabia que ese ganado pertenecía a otra empresa de nombre IGARA S. de R.L, de C. V, esta última empresa que se desconoce cómo llega a involucrarse en los hechos sometidos a juzgamiento; podemos concluir que se desconoce conforme los hechos probados si el contrato de compraventa era verbal o escrito, si se había pactado alguna cantidad de dinero por la venta de ese ganado y si el mismo se cumplió o no. Al constituirse los hechos probados en la columna vertebral de la sentencia penal, resulta de mucha trascendencia que los mismos tengan las características de claridad y que sean terminantes, es decir que se relaten de forma cronológica, coherente, estableciendo la dinámica de los sucesos, los sujetos activos y pasivo, así como el desenlace de los mismos; aun y cuando se conforme una sentencia absolutoria, tal como ocurre en el caso de marras, los hechos probados igualmente deben cumplir con esos requisitos establecidos en nuestra ley procesal, características que no encontramos en los hechos que el Juzgador ha relatado como probados, pues lejos de aclarar la dinámica de los mismos, se vuelven confusos no terminantes, dejando al lector en expectativa acerca de qué desenlace tuvieron todos esos relatos, es decir los hechos probados no solo no son claros, sino que tampoco son terminantes, es decir no concluyen en un terminación, sino que dejan al lector en expectativa acerca de qué fue lo que ocurrió y qué fin tuvieron los mismos; razones suficientes para declarar con lugar los recursos de casación por quebrantamiento de forma interpuestos por el Ministerio Público y la acusación privada; en consecuencia se anula el debate celebrado y la sentencia dictada, y se ordena la celebración de un nuevo juicio con la participación de togados distintos al juicio anulado. Decisión Se declaran ha lugar los recursos de casación por quebrantamiento de forma, interpuestos por la fiscal del Ministerio Público en su primer motivo y por la acusación privada en su segundo motivo. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Ha Lugar los Recursos de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuestos por: a) La Abogada Keylie Melissa Vasquez Moreno, en su condición de Fiscal del Ministerio Público en su motivo primero; b) La Abogada Rosmery Jojanna Ucles Hernández, en su condición de Acusadora privada en su segundo motivo; en la causa instruida contra el señor Carlos Alejandro Batres Mejía, a quien se le sigue proceso por el delito de Estafa, en perjuicio de Fidelmia Hermisenda Paguaga Mayorquin. En consecuencia: a) Casa la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. b) Declara la nulidad de la audiencia de debate y de la sentencia de fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. c) Que se repita el debate celebrado ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó Magistrado Diaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. – Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado - Firma y Sello. - Rina Koritza Sandoval Navas. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los veintisiete días del mes de junio de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-653-2022.RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL