Sentencia CP-635-19 — Registro 17385
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados por el delito Electoral de Cambio de Domicilio Ilegal, en perjuicio de Sistema Democrático del Estado de Honduras., resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo, a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual, nos encontramos con la aplicación del artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004), normativa derogada con la entrada en vigor del Decreto 35-2021 contentiva de la Ley de Electoral de Honduras. El artículo 60 de la Ley Electoral reconoce el derecho de los ciudadanos a la actualización del domicilio, el que se hará en los casos en que sea originario o resida en el Municipio para el cual solicita el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante la oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral. La Ley prevé expresamente que gestionar la actualización del domicilio fuera de las dos causales que reconoce la norma, o por deducción lógica haciendo uso de forma arbitraria de los presupuestos procesales constituye un delito electoral. En la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece en su artículo 212, los otros delitos electorales, los que eran penados con reclusión de cuatro (4) a seis (6) años, quienes incurran en los actos siguientes: … 20) Alterar las bases de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral. La posición del Ministerio Público se basa en que se debe aplicar como norma de reenvió el artículo 212 numeral 20, en los casos que concurra lo regulado en el artículo 60, ambos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pero al observar los verbos rectores y situaciones descritas en eso preceptos normativos, nos encontramos ante situaciones diferentes, la actualización de domicilio ilícita con la alteración de las bases de datos del Censo Nacional Electoral. Para responder lo planteado por el ente acusador, se debe observar los elementos de la norma y la teoría de los elementos del delito. El legislador se encuentra en la obligación de que los elementos del tipo penal se redacten en términos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señales como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa de la persona acusada; asimismo la ley debe detallar claramente la conducta considerada ilícita, evitando el uso de conceptos ambiguos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. La garantía de exacta aplicación de la ley penal, así como la prohibición de aplicación analogía, no se vulnera cuando la ley equipara un delito con otro y dispone que se les imponga la misma pena, siempre y cuando se descrita la conducta con todos sus elementos, así como la sanción que debe aplicarse. Si se violaría lo anterior cuando no se describe la pena sin precisar, generando incertidumbre, tal como es el caso in examine, puesto que nos encontramos ante una acción que fue antijurídica, por la falta de justificación y de cumplimiento de los presupuestos legales para el cambio de domicilio, por lo que la acción también es culpable, al haber conocimiento de la ley y realizarla ya sea culposa o dolosa, pero se puede constatar que falta el elemento de la punibilidad, ya que la acción delictiva que invoca el agente fiscal, no tiene desarrollada en la norma una pena, ni remite a la aplicación de otra pena. El derecho penal opera bajo el principio de máxima taxatividad legal, partiendo del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente al Principio de legalidad y de retroactividad, establece los criterios de que al momento de observar la limitación de un derecho, se tiene que tener una precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria, con mayor razón en tipo penales, debe respetar el principio de máxima taxatividad legal, lo que exige que las acciones y omisiones sean definidas con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas sancionadas, la tipificación de la limitación de derechos, debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. Sobre esto también es aplicable lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-6/86 sobre la expresión de Leyes, donde establecieron que solo en las leyes se puede regular la restricción de derechos, como el de libertad, y solo serán leyes aquellas que ha aprobado el legislador, lo que coincide con el artículo 11 del Código Penal del caso, que contemplaba que los jueces no pueden crear figuras delictivas, por lo que la aplicación del artículo 60 bajo la penal contemplaba en el artículo 212 numeral de la anterior Ley electoral, sin existir una remisión de la primera a la segunda o un nexo, similitud de verbos rectores o aspectos objetivos fijados por el legislador para su envió, genera una arbitrariedad, porque al juez penal le corresponder en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuestos por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, art. 212,N.20 y Art.60 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP 635-2019 que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintitrés del mes de enero del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Walter Raúl Miranda Sabio, en su calidad de Coordinador, Nelson Danilo Mairena Franco y Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-635-2019 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió a María Gregoria Gutiérrez Villanueva, Wilmar Alexander Villanueva Elvir, José Medardo Villanueva, José Santos Portillo Gutiérrez, María Pastora Reyes, Mario Orellana, Ingris Marisol Aguillon Orellana, María Cándida Villanueva Portillo, Mercedes Villanueva, María Guadalupe Elvir Villanueva, Fausto Villanueva, María Yesenia Villanueva Reyes, José Modesto Portillo Portillo, José Víctor Orellana Portillo, Juan José Villanueva Orellana, Miguel Ángel Orellana Portillo, José Tomas Elvir Villanueva, María Besy Villanueva Miranda, María de La Paz Elvir Portillo, Albertina Gutiérrez, María Julia Caceres Bobadilla, José Cupertino Villanueva, Teodoro Villanueva Portillo, Jose Dolores Villanueva Raimondo, José Romilio Villanueva Elvir, José Rubén Fuentes Villanueva, José Otoniel Villanueva Miranda, Sabino Orellana, Rosendo Villanueva Flores, Eugenia Mateo Sánchez, María Ismelda Villanueva Orellana, María Suyapa Villanueva Portillo, María Mirna Orellana Portillo, María Paz Villanueva Villanueva, María Yessenia Orellana Portillo, María Marina Orellana, José Otilio Elvir Villanueva y Rosa Elvia Portillo, por el delito Electoral de Cambio de Domicilio Ilegal, en perjuicio de Sistema Democrático del Estado de Honduras. SEGUNDO: No procedió, las costas procesales. TERCERO: No procedió el comiso. CUARTO: No declaró, responsabilidad civil. Son partes en única instancia: La abogada MERCEDES DUBON, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrente. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: UNO.- Los señores MARIA GREGORIA GUTIERREZ VILLANUEVA, WILMAR ALEXANDER VILLANUEVA ELVIR, JOSÉ MEDARDO VILLANUEVA, JOSÉ SANTOS PORTILLO GUTIERREZ, MARIA PASTORA REYES, MARÍA CANDIDA VILLANUEVA PORTILLO, MARÍA GUADALUPE ELVIR VILLANUEVA, MARÍA YESENIA VILLANUEVA REYES, JOSÉ VICTOR ORELLANA PORTILLO, JUAN JOSÉ VILLANUEVA ORELLLANA, MIGUEL ANGEL ORELLANA PORTILLO, JOSÉ TOMAS ELVIR VILLANUEVA, MARÍA BESY VILLANUEVA MIRANDA, MARÍA DE LA PAZ ELVIR PORTILLO, MARÍA JULIA CACERES BOBADILLA, JOSÉ CUPERTINO VILLANUEVA, TEODORO VILLANUEVA PORTILLO, JOSE DOLORES VILLANUEVA RAIMUNDO, JOSÉ ROMILIO VILLANUEVA ELVIR, JOSÉ OTONIEL VILLANUEVA MIRANDA, SABINO ORELLANA, ROSENDO VILLANUEVA FLORES, EUGENIA MATEO SANCHEZ, MARÍA ISMELDA VILLANUEVA ORELLANA, MARÍA SUYAPA VILLANUEVA PORTILLO, MARÍA MIRNA ORELLANA PORTILLO, MARÍA PAZ VILLANUEVA VILLANUEVA, MARÍA YESSENIA ORELLANA PORTILLO, MARÍA MARINA ORELLANA, JOSÉ OTILIO ELVIR VILLANUEVA Y ROSA ELVIA PORTILLO, son originarios y residentes del municipio de Lepaera, departamento de Lempira. DOS. - Los señores nominados en el numeral anterior, no son contribuyentes en el municipio de Las Flores, Lempira. TRES. - Los señores mencionados en el numeral uno de este apartado, entre las fechas del diecisiete de julio al cuatro de agosto del año dos mil diecisiete comparecieron al Registro Civil Municipal de Las Flores Lempira a solicitar el cambio de domicilio.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Kenddy Mejia Oseguera, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN I. INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO INVOCADO: "Falta de Aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Los preceptos penales y legales citados como infringidos por Falta de Aplicación textualmente dicen: Articulo 60 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas: “Actualización del Domicilio. El ciudadano podrá solicitar cambios de registro de domicilio electoral solamente en los casos en que resida o que sea originario del Municipio para el cual solicite el cambio, debiendo haciendo hacer la gestión personalmente ante la Oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral". Articulo 212 numeral veinte (20). Otros delitos Electorales. Serán Penados con Reclusión de cuatro (4) a seis (6), quienes incurran en los actos siguientes: 1)... 2)... 3)...4)... 5)... 6)... 7). 8). 9). 10). 11)... 12)... 13)... 14)... 15). 16)... 17)... 18). 19)... 20) Alterar las base de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral". Los hechos declarados probados por el Juzgador fueron los siguientes: UNO: "Los señores MARIA GREGRORIA GUTIERREZ VILLANUEVA, WILMAR ALEXANDER VILLANUEVA ELVIR, JOSE MEDARDO VILLANUEVA, JOSE SANTOS PORTILLO GUTIERREZ, MARIA PASTORA REYES, MARIO ORELLANA, INGRIS MARISOL AGUILLON ORELLANA, MARIA CANDIDA VILLANUEVA PORTILLO, MERCEDES VILLANUEVA, MARIA GUADALUPE ELVIR VILLANUEVA, FAUSTO VILLANUEVA, MARIA JESSENIA VILLANUEVA REYES, JOSE MODESTO PORTILLO PORTILLO, JOSE VICTOR ORELLANA PORTILLO, JUAN JOSE VILLANUEVA ORELLANA, MIGUEL ANGEL ORELLANA PORTILLO, JOSE TOMAS ELVIR VILLANUEVA, MARIA BESY VILLANUEVA MIRANDA, MARIA DE LA PAZ ELVIR PORTILLO, ALBERTINA GUTIERREZ, MARIA JULIA CACERES BOBADILLA, JOSE CUPERTINO VILLANUEVA, TEODORO VILLANUEVA PORTILLO, JOSE DOLORES VILLANUEVA RAIMUNDO, JOSE ROMILIO VILLANUEVA ELVIR, JOSE RUBEN FUENTES VILLANUEVA, JOSE OTONIEL VILLANUEVA MIRANDA, SABINO ORELLANA, ROSENDO VILLANUEVA FLORES, EUGENIA MATEO SANCHEZ, MARIA ISMELDA VILLANUEVA ORELLANA, MARIA SUYAPA VILLANUEVA PORTILLO, MARIA MIRNA ORELLANA PORTILLO, MARIA PAZ VILLANUEVA VILLANUEVA, MARIA YESSENIA ORELLANA PORTILLO, MARIA MARINA ORELLANA, JOSE OTILIO ELVIR VILLANUEVA Y ROSA ELVIA PORTILLO, son originarios y residentes del Municipio de Lepaera, Departamento de Lempira" DOS: "Los señores nominados en el numeral anterior, no son contribuyentes en el Municipio de Las Flores, Lempira. TRES: Los señores mencionados en el numeral uno de este apartado, entre las fechas del diecisiete de Julio al cuatro de Agosto del año dos mil diecisiete comparecieron al Registro Civil Municipal de Las Flores Lempira a solicitar cambios de domicilio". Dado lo anterior, el Tribunal de Sentencia declaró Absueltos a los señores MARIA GREGRORIA GUTIERREZ VILLANUEVA, WILMAR ALEXANDER VILLANUEVA ELVIR, JOSE MEDARDO VILLANUEVA, JOSE SANTOS PORTILLO GUTIERREZ, MARIA PASTORA REYES, MARIO ORELLANA, INGRIS MARISOL AGUILLON ORELLANA, MARIA CANDIDA VILLANUEVA PORTILLO, MERCEDES VILLANUEVA, MARIA GUADALUPE ELVIR VILLANUEVA, FAUSTO VILLANUEVA, MARIA JESSENIA VILLANUEVA REYES, JOSE MODESTO PORTILLO PORTILLO, JOSE VICTOR ORELLANA PORTILLO, JUAN JOSE VILLANUEVA ORELLANA, MIGUEL ANGEL ORELLANA PORTILLO, JOSE TOMAS ELVIR VILLANUEVA, MARIA BESY VILLANUEVA MIRANDA, MARIA DE LA PAZ ELVIR PORTILLO, ALBERTINA GUTIERREZ, MARIA JULIA CACERES BOBADILLA, JOSE CUPERTINO VILLANUEVA, TEODORO VILLANUEVA PORTILLO, JOSE DOLORES VILLANUEVA RAIMUNDO, JOSE ROMILIO VILLANUEVA ELVIR, JOSE RUBEN FUENTES VILLANUEVA, JOSE OTONIEL VILLANUEVA MIRANDA, SABINO ORELLANA, ROSENDO VILLANUEVA FLORES, EUGENIA MATEO SANCHEZ, MARIA ISMELDA VILLANUEVA ORELLANA, MARIA SUYAPA VILLANUEVA PORTILLO, MARIA MIRNA ORELLANA PORTILLO, MARIA PAZ VILLANUEVA VILLANUEVA, MARIA YESSENIA ORELLANA PORTILLO, MARIA MARINA ORELLANA, JOSE OTILIO ELVIR VILLANUEVA Y ROSA ELVIA PORTILLO, del delito electoral de CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, por considerar que al analizar la normativa violentada establecida en el artículo 60 de La La Ley Especial Electoral, nos damos cuenta que dicha norma si bien contiene una acción que es constitutiva de delito denominado Actualización domiciliaria ilegal el cual se encuentra dentro de los delitos electorales, pero no contiene de manera expresa ni tacita la sanción o consecuencia como ser la pena, por lo que no procede dictar una sentencia condenatoria en la presente causa en vista de adolecer de uno de los elementos que conforma el delito" El Ministerio Publico recurre al percibir que existe una falta de aplicación de los artículos 60 Y 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, ya que consideramos que se presentan todos los requisitos exigidos por dicha Ley Especial para considerar la participación de los acusados a título de Autores en el delito de CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES como se puede colegir de la simple lectura del Factum: refiriendo textualmente que: “Los ahora acusados MARIA GREGRORIA GUTIERREZ VILLANUEVA, WILMAR ALEXANDER VILLANUEVA ELVIR, JOSE MEDARDO VILLANUEVA, JOSE SANTOS PORTILLO GUTIERREZ, MARIA PASTORA REYES, MARIO ORELLANA, INGRIS MARISOL AGUILLON ORELLANA, MARIA CANDIDA VILLANUEVA PORTILLO, MERCEDES VILLANUEVA, MARIA GUADALUPE ELVIR VILLANUEVA, FAUSTO VILLANUEVA, MARIA JESSENIA VILLANUEVA REYES, JOSE MODESTO PORTILLO PORTILLO, JOSE VICTOR ORELLANA PORTILLO, JUAN JOSE VILLANUEVA ORELLANA, MIGUEL ANGEL ORELLANA PORTILLO, JOSE TOMAS ELVIR VILLANUEVA, MARIA BESY VILLANUEVA MIRANDA, MARIA DE LA PAZ ELVIR PORTILLO, ALBERTINA GUTIERREZ, MARIA JULIA CACERES BOBADILLA, JOSE CUPERTINO VILLANUEVA, TEODORO VILLANUEVA PORTILLO, JOSE DOLORES VILLANUEVA RAIMUNDO, JOSE ROMILIO VILLANUEVA ELVIR, JOSE RUBEN FUENTES VILLANUEVA, JOSE OTONIEL VILLANUEVA MIRANDA, SABINO ORELLANA, ROSENDO VILLANUEVA FLORES, EUGENIA MATEO SANCHEZ, MARIA ISMELDA VILLANUEVA ORELLANA, MARIA SUYAPA VILLANUEVA PORTILLO, MARIA MIRNA ORELLANA PORTILLO, MARIA PAZ VILLANUEVA VILLANUEVA, MARIA YESSENIA ORELLANA PORTILLO, MARIA MARINA ORELLANA, JOSE OTILIO ELVIR VILLANUEVA Y ROSA ELVIA PORTILLO, solicitaron su actualización domiciliario de la Aldea Misiora, Lepaera, Lempira hacia la Aldea de Coalaca Municipio de las Flores y sin vivir en esta última aldea, así también que en las fechas yo mencionadas, incluyendo en la fechas en que se celebraron las elecciones generales en el año dos mil diecisiete, han estado domiciliados en el Municipio de Lepaera Aldea Misiora". La acción descrita en el factum y que fuera ejecutada por los acusados se enmarca perfectamente en la norma que se reclama como infringida por falta de aplicación, pues como puede evidenciarse de la simple lectura del mismo, los acusados se presentaron al Registro Civil del Municipio de las Flores a Gestionar su actualización domiciliaria para dicho Municipio de las Flores; Verbo Rector de GESTIONAR que establece el artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y que el resultado de estas acciones irregulares realizadas por los acusados produjeron la Alteración a la Base del Censo Nacional Electoral, tal como lo establece el artículo 212 numeral 20 de la Ley Especial. Para que se configure el delito de CAMBIOS DE DOMICILIO ILEGAL, se requiere acreditar: 1) El Objeto material del delito, se acredito en la Substancias-ion del juicio, que los encausados a través de su actuar ilícito pretendían con ello recibir beneficios a favor de la comunidad de donde ellos son realmente originarios (Aldea Moaca, Municipio de Lepaera), extreme este acreditado con los testigos de cargo a quienes el Tribunal de Sentencia les dio la debida credibilidad. 2) La conducta criminosa: Los acusados tenían el pleno conocimiento que su actuar era legal desde el momento en que gestionaron ante la Oficina del Registro Civil del Municipio de Las Flores, su cambio domiciliario para ejercer el sufragio en ese Municipio, a sabiendas que estaba en contravención a las disposiciones de lo que establece la Ley Electoral y de Las Organizaciones Políticas ya que con su pleno conocimiento hablan ejercido el sufragio en anteriores elecciones internas y generales en su domicilio electoral que legalmente les correspondía. 3) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, está prevista en su actuar doloso de desplazarse del lugar de su origen (Aldea Moaca Municipio de Lepaera, Lempira) hacia el Registro Civil del Municipio de Las Flores para gestionar su traslado domiciliario ilegal y ejercer el sufragio en Aldea Coalaca, dando como resultado la violación al bien jurídico tutelado por la norma específica del Sistema Democrático y el Estado de Derecho de Honduras. Como puede apreciarse de la simple lectura de los hechos estimados probados, los acusados en fechas ya mencionadas correspondientes al año dos mil diecisiete, solicitaron su actualización domiciliaria de la Aldea Misiora Municipio de Lepaera, Lempira hacia Aldea Coalaca del Municipio de las Flores, así también en estas fechas descritas en los hechos probados los acusados han estado domiciliados en el Municipio de Lepaera, Aldea Misiora.; sin embargo, el juzgador estimó declarar sentencia absolutoria, describiendo en su considerando seis, “al analizar la normativa violentada establecida en el artículo 60 de La La Ley Especial Electoral, nos damos cuenta que dicha norma si bien contiene una acción que es constitutiva de delito denominado Actualización domiciliaria ilegal el cual se encuentra dentro de los delitos electorales, pero no contiene de manera expresa ni tacita la sanción o consecuencia como ser la pena, por lo que no procede dictar una sentencia condenatoria en la presente causa en vista de adolecer de uno de los elementos que conforma el delito". Aun y cuando consideró que los acusados en efecto realizaron la conducta ilícita descrita, sin embargo dejó de aplicar la norma que ahora se reclama como infringida a pesar de que dicha norma describe perfectamente las acciones perpetradas por los acusados, incurriendo por tanto el Tribunal, en el vicio que fundamenta el único motivo del presente Recurso. Para los efectos del artículo 360 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que los procesados, MARIA GREGRORIA GUTIERREZ VILLANUEVA, WILMAR ALEXANDER VILLANUEVA ELVIR, JOSE MEDARDO VILLANUEVA, JOSE SANTOS PORTILLO GUTIERREZ, MARIA PASTORA REYES, MARIO ORELLANA, INGRIS MARISOL AGUILLON ORELLANA, MARIA CANDIDA VILLANUEVA PORTILLO, MERCEDES VILLANUEVA, MARIA GUADALUPE ELVIR VILLANUEVA, FAUSTO VILLANUEVA, MARIA JESSENIA VILLANUEVA REYES, JOSE MODESTO PORTILLO PORTILLO, JOSE VICTOR ORELLANA PORTILLO, JUAN JOSE VILLANUEVA ORELLANA, MIGUEL ANGEL ORELLANA PORTILLO, JOSE TOMAS ELVIR VILLANUEVA, MARIA BESY VILLANUEVA MIRANDA, MARIA DE LA PAZ ELVIR PORTILLO, ALBERTINA GUTIERREZ, MARIA JULIA CACERES BOBADILLA, JOSE CUPERTINO VILLANUEVA, TEODORO VILLANUEVA PORTILLO, JOSE DOLORES VILLANUEVA RAIMUNDO, JOSE ROMILIO VILLANUEVA ELVIR, JOSE RUBEN FUENTES VILLANUEVA, JOSE OTONIEL VILLANUEVA MIRANDA, SABINO ORELLANA, ROSENDO VILLANUEVA FLORES, EUGENIA MATEO SANCHEZ, MARIA ISMELDA VILLANUEVA ORELLANA, MARIA SUYAPA VILLANUEVA PORTILLO, MARIA MIRNA ORELLANA PORTILLO, MARIA PAZ VILLANUEVA VILLANUEVA, MARIA YESSENIA ORELLANA PORTILLO, MARIA MARINA ORELLANA, JOSE OTILIO ELVIR VILLANUEVA Y ROSA ELVIA PORTILLO, ejecutaron acciones constitutivas del delito de CAMBIOS DOMICILIARIOS ILEGALES, así las cosas, se afirma que el sentenciador al haber dictado tal sentencia a los imputados ha producido en consecuencia la violación del precepto penal contenido en los artículos 60 y 212 numeral 20 de La Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004); Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de los artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas; y Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se dicte otra apegada a Derecho. Señala el Ministerio Público que, al analizar el hecho declarado probado, se aprecia una falta de aplicación de los artículos 60 y 212 numeral 20 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. En virtud que el Tribunal de Sentencia absolvió a los acusados, produciendo en consecuencia la violación al precepto penal antes mencionado, siendo así que los señores, ejecutaron la acción constitutiva del delito de Cambio Domiciliario Legal. Enmarcándose perfectamente en la norma que se reclama como infringida. De la Interpretación de la Ley La labor de complementación que debe realizar el juez, la desarrolla mediante la interpretación que hace de la ley al momento de aplicarla al caso concreto que se está juzgando, pues la norma es la manifestación de un pensamiento hipotético que, como paso previo a su aplicación, debe adecuarse a la realidad. Interpretar no es más que el proceso mediante el cual se desentraña el sentido, objeto y alcance de la norma legal, es decir es el proceso que pretende comprender la norma para su mejor aplicación, pues en retrospectiva una adecuada aplicación de las normas depende no solo del conocimiento del contenido de la norma, sino que además de su comprensión, lo que incluye conocimiento/comprensión del contexto normativo y su influencia en el plexo social. El juez interprete deberá comprobar que un determinado hecho se ajusta al ámbito situacional previsto en la norma y creada precisamente para regular ese tipo de conductas. Velásquez, (Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho Penal Parte General. 3° Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1997. Pág. 132) nos señala que, en una sistematización, cuando se habla de interpretación, existen tres categorías: según el intérprete, según los medios empleados y según el resultado obtenido. A) Según El Intérprete: Autentica: Es aquella que realiza el creador de la norma, siendo éste el legislador; (Art. 205.1 de la Constitución); 1. Doctrinaria: Es la interpretación hecha por estudiosos del derecho, las cuales son de carácter ilustrativa no vinculante; sin embargo, es innegable la importancia que la interpretación doctrinaria representa para el ejercicio de la jurisdicción, pues presentan puntos de vista que pueden ser o no compartidos, pero en ambos casos llegan a plantear alternativas posibles a la realidad normativa; y 2. Judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales en su labor de juzgamiento de casos concretos; las interpretaciones de las normas solo tendrán el alcance del caso concreto al que se aplica, salvo cuando éstas emanen de la Corte Suprema de Justicia y que hayan servido para resolver tres casos distintos, resueltos en igual número de sentencias, pues en este supuesto la interpretación de la norma constituye doctrina legal (Art. 360 CPP), pasando a ser de carácter obligatorio para todo el sistema judicial y que contribuye a la formación del derecho y a la seguridad jurídica mediante la unificación de criterios que posibilita la previsibilidad de las decisiones judiciales. B) Según El Método: Existen diferentes métodos de interpretación (erigidos por diferentes Escuelas Doctrinarias), que la forma en que estas deben realizarse; son algunas de estas Escuelas (Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e Integración de la Ley, Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Jurídicos Revista 38, año 2006): 1. Método Exegético: Señala que la labor del interprete es indagar sobre el pensamiento del legislador al momento de la elaboración de la norma; parte de que la fórmula legal deriva de la voluntad del legislador con independencia de antecedentes históricos, sociales, políticos, etc., lo que lleva como consecuencia que el sentido de la norma es inmutable en el tiempo, siendo imposible adoptarla a las exigencias futuras. Este método fue uno de los primeros planteados, hoy en día superados, pues la norma no puede anclarse en un punto en el tiempo, mucho menos atender a la voluntad que en su momento tuvo el legislador al crearla, pues una vez puesta en vigencia la norma ingresa a todo el sistema legal, con el que se interrelaciona (Normas Constitucionales, Normas de Convencionalidad, Principios del Derecho Sustantivo y normas de la misma institución legal), y que condicionan la interpretación que debe tener.- Lo anterior no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la intención del legislador al momento de crear la norma, pero ello no implica que sea éste el norte que debe seguir el juzgador al momento de interpretarla, pues se insisten, hay múltiples principios que influyen en dicho proceso. 2. Método Dogmático: Parte como fundamento que la fuente de la formula legislativa es el pueblo (soberano), por lo que la ley no puede ser considerada como un hecho fijo e invariable, sino como una significación lógica que evoluciona y se transforma.- Considera al ordenamiento jurídico como un todo establecido sistemáticamente, en la cual cada norma está vinculada con las demás para construir un sistema coherente y uniforme.- Este método señala que la interpretación tiene cuatro elementos, los cuales no son excluyentes, sino complementarios, a saber: a. Gramatical: Permite al interprete empoderarse de la norma a través del lenguaje usado para su construcción; b. Racional o lógico: Consiste en la disección del pensamiento del legislador para identificar las distintas partes que componen la norma y establecer sus relaciones;c. Histórico: Es el estudio retrospectivo del derecho imperante al momento de la creación de la norma y los hechos sociales que motivaron su creación; y d. Sistemático: Promulga que la norma sostiene un vínculo inquebrantable con una institución legal y ésta a su vez, con una rama del derecho específica, la que a su vez se relaciona con el resto del sistema legal. 3. Método Teleológico: Señala que la interpretación deberá partir del fin que se le dé a la norma legal; por ello lo primero es indagar cual es el interés social que pretende proteger para luego identificar la forma en que la norma pretende lograrlo, de modo que su aplicación resulte efectiva. 4. Método de la Evolución Histórica: Parte como principio de que la ley es el producto de las circunstancias sociales imperantes al momento de su elaboración, pero que están tienen la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van presentando en la evolución social, a través de la interpretación, la que ciertamente no debe realizarse conforme a la voluntad del legislador, sino atendiendo las necesidades económicas y sociales del momento en que la ley fue formulada, pues ésta tiene vida propia.- Se trata de una “interpretación evolutiva”, que parte de los textos legales en consonancia con las transformaciones de la sociedad, permitiendo que en cada época se pueda dar un sentido regido por la vida social actual. C) Según El Resultado Debe entenderse que las normas son construcciones abstractas, hipótesis de hechos que en sí mismas no constituyen verdades, sino que son instrumentos para la resolución de casos concretos; por ello es labor del intérprete fijar los límites de esa aplicación, atendiendo los elementos gramatical, racional, histórico y sociológico de la norma y de lo cual depende tres posibles resultados:1. Interpretación declarativa: Mediante la cual el resultado obtenido concuerda de manera idéntica con la fórmula legal, de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de su tenor literal y éste se limita a resolver la eventual duda, con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. 2. Interpretación Extensiva: Que se produce cuando el intérprete evidencia que al texto de la norma puede dársele una significancia más grande y por ende puede tener un espectro de aplicación más amplia, ello debido a que las palabras usadas expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende; 3. Interpretación Restrictiva: Cuando el intérprete comprueba que las palabras empleadas en el texto expresan menos que el verdadero contenido de la norma; en estos casos el intérprete define que la norma solo es aplicable a un supuesto de hecho especifico; Interpretación de la Norma Penal En las sentencias emitidas por esta Sala de lo Penal en Exp. 079-2009, del 11de marzo de 2010, en Exp. 270-2009, de fecha 6 de abril de 2010 y el Exp. 218-2010 de 29 de septiembre de 2011, se ha apelado a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil (CC), el que manda primero tener en cuenta la intención del legislador (Método Exegético) mediante una interpretación gramatical de la formula legislativa (Art. 17 y 18 CC), pero además hace mano del Método Dogmático, mandando a realizar una interpretación sistemática (Art. 19 CC) y finalmente dispone que como alternativa última se observe el Método de Evolución Histórica (Art. 20 CC); Es así que el Código Civil adopta una postura ecléctica en lo que concierne a los métodos de interpretación de las normas que debe ser usada atendiendo además los límites que devienen de la naturaleza del Derecho Penal. De este modo, con base en los Principios Pro Persona, Pro Libertate, Legalidad, Inocencia y Favor Rei, son reglas de la interpretación de las normas penales sustantivas: 1. Conforme al Interprete: Los Órganos Jurisdiccionales deberán acatar las interpretaciones a las normas penales que haga el legislador y, en su defecto, las que constituyan Doctrina Legal emanada por la Corte Suprema de Justicia, ello sin perjuicio de plasmar en su resolución su criterio sobre lo atinado o no de éstas; 2. Conforme al Método: a.- Se debe tomar como referencia interpretativa el origen de la norma sustantiva, tanto en el derecho nacional, como en el derecho comparado; igualmente, para dicha referencia, podrán considerarse los hechos históricos imperantes al momento de la creación de la norma y la intención que en su momento tuvo el legislador (Método Exegético); b.- El estudio de la norma vigente, propiamente dicha, comienza mediante la interpretación gramatical, dándosele el significado legal a las palabras usadas por el legislador (Método Dogmático: Interpretación Gramatical), identificando su inteligencia, es decir la logicidad de la formula legislativa (Método Dogmático: Interpretación Lógica); c.- Debe reemplazarse la “voluntad del legislador”, por la “voluntad de la norma” (Método Teleológico), entendiéndose como el propósito encomendado a ésta en su actual vigencia cuyo norte es el bien jurídico que se pretende tutelar (Principio de Lesividad) y su concepción en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto; La norma debe interpretarse tomando en consideración la dinámica social imperante, ergo no existe una interpretación válida para todo los tiempos (Método de la Evolución Histórica); d.- La interpretación de la norma debe hacerse con plenitud al ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva vertical, como horizontal (Método Dogmático: Interpretación Sistemática): i.- Perspectiva Vertical (Principio de Jerarquía Normativa): Primero el sentido de la interpretación debe ser armónica con los derechos fundamentales constitucionales y con los derechos humanos contenidos en las normas del bloque constitucional, por lo que de todas las posibilidades interpretativas, deberá elegirse aquella que sea acorde con la norma superior; ii.- Perspectiva Horizontal (Principio de Unidad Sistemática): Por otro lado la norma deberá asemejarse a un engrane que forma parte del todo, por lo que la interpretación deberá realizarse a modo de que no exista discordia con el resto de las normas de la institución jurídica de la que forme parte, de las normas de la rama del derecho a la que pertenezca y finalmente de todo el sistema jurídico nacional. 3. Conforme al Resultado: a.- La interpretación analógica de las normas penales sustantivas es prohibida en derecho penal cuando ésta sea in mala partem, aun cuando ésta sea ordenada por el legislador nacional, pues impera el control de Convencionalidad y la primacía de la Constitución; b.- Las normas deberán interpretarse restrictivamente cuando sea in mala partem y extensivamente cuando sea in bonam partem; y c.- En caso de duda sobre el sentido de una norma, deberá siempre tomarse entre las posibilidades la interpretación que más favorezca al reo. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juridicidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo, a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual, nos encontramos con la aplicación del artículo 60 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas (Decreto 44-2004), normativa derogada con la entrada en vigor del Decreto 35-2021 contentiva de la Ley de Electoral de Honduras. El artículo 60 de la Ley Electoral reconoce el derecho de los ciudadanos a la actualización del domicilio, el que se hará en los casos en que sea originario o resida en el Municipio para el cual solicita el cambio, debiendo hacer la gestión personalmente ante la oficina del Registro Civil Municipal de su nuevo domicilio electoral. El ciudadano que gestione un cambio de domicilio electoral fuera de los dos (2) casos anteriores, incurrirá en delito electoral. La Ley prevé expresamente que gestionar la actualización del domicilio fuera de las dos causales que reconoce la norma, o por deducción lógica haciendo uso de forma arbitraria de los presupuestos procesales constituye un delito electoral. En la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas establece en su artículo 212, los otros delitos electorales, los que eran penados con reclusión de cuatro (4) a seis (6) años, quienes incurran en los actos siguientes: … 20) Alterar las bases de datos, que contiene el Censo Nacional Electoral, las que sirven de base para su elaboración, las que contienen la información de escrutinios y las demás relacionadas con la documentación electoral. La posición del Ministerio Público se basa en que se debe aplicar como norma de reenvió el artículo 212 numeral 20, en los casos que concurra lo regulado en el artículo 60, ambos de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, pero al observar los verbos rectores y situaciones descritas en eso preceptos normativos, nos encontramos ante situaciones diferentes, la actualización de domicilio ilícita con la alteración de las bases de datos del Censo Nacional Electoral. Para responder lo planteado por el ente acusador, se debe observar los elementos de la norma y la teoría de los elementos del delito. El legislador se encuentra en la obligación de que los elementos del tipo penal se redacten en términos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señales como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa de la persona acusada; asimismo la ley debe detallar claramente la conducta considerada ilícita, evitando el uso de conceptos ambiguos que generen un estado de incertidumbre jurídica en el gobernado y una actuación arbitraria del intérprete de la norma. La garantía de exacta aplicación de la ley penal, así como la prohibición de aplicación analogía, no se vulnera cuando la ley equipara un delito con otro y dispone que se les imponga la misma pena, siempre y cuando se descrita la conducta con todos sus elementos, así como la sanción que debe aplicarse. Si se violaría lo anterior cuando no se describe la pena sin precisar, generando incertidumbre, tal como es el caso in examine, puesto que nos encontramos ante una acción que fue antijurídica, por la falta de justificación y de cumplimiento de los presupuestos legales para el cambio de domicilio, por lo que la acción también es culpable, al haber conocimiento de la ley y realizarla ya sea culposa o dolosa, pero se puede constatar que falta el elemento de la punibilidad, ya que la acción delictiva que invoca el agente fiscal, no tiene desarrollada en la norma una pena, ni remite a la aplicación de otra pena. El derecho penal opera bajo el principio de máxima taxatividad legal, partiendo del artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referente al Principio de legalidad y de retroactividad, establece los criterios de que al momento de observar la limitación de un derecho, se tiene que tener una precisión de una norma sancionatoria de naturaleza disciplinaria, con mayor razón en tipo penales, debe respetar el principio de máxima taxatividad legal, lo que exige que las acciones y omisiones sean definidas con términos estrictos e inequívocos que acoten las conductas sancionadas, la tipificación de la limitación de derechos, debe formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa. Sobre esto también es aplicable lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-6/86 sobre la expresión de Leyes, donde establecieron que solo en las leyes se puede regular la restricción de derechos, como el de libertad, y solo serán leyes aquellas que ha aprobado el legislador, lo que coincide con el artículo 11 del Código Penal del caso, que contemplaba que los jueces no pueden crear figuras delictivas, por lo que la aplicación del artículo 60 bajo la penal contemplaba en el artículo 212 numeral de la anterior Ley electoral, sin existir una remisión de la primera a la segunda o un nexo, similitud de verbos rectores o aspectos objetivos fijados por el legislador para su envió, genera una arbitrariedad, porque al juez penal le corresponder en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuestos por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción ley en su único motivo, interpuesto por las defensas de los imputados. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 15 y 116 del Código Penal decreto 144-83; 614, 615, 616, 624 del Código Penal decreto 130-217. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Kenddy Mejía Oseguera, en su condición de agente fiscal del Ministerio Publico. Segundo: Declara Firme la sentencia de fecha veinticuatro (24) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Coordinador. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado. Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas.-. Receptora ADSCRITA SALA de lo Penal.”Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada a los veintitrés días del mes de enero de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP 635-2019.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL