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Sentencia CP-624-19 — Registro 18112

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Facilitación Intencional de Local para el Consumo o Tráfico Ilícito de Droga, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. En el caso actual y presente, el Ministerio Público denuncia que el sentenciador infringió la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, cuando no valoro de manera armónica, ya que el juzgador al momento de valorar las pruebas se apartó de las reglas de la sana critica, debiendo el sentenciador apreciar la prueba aportada por el Ministerio Público. Para esta Sala, es importante aclarar que, al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de no haberse observado las reglas de la Sana Crítica el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. En el presente caso que nos ocupa y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la Sana Crítica, en concreto las reglas de la lógica, así las cosas, la Sala de lo Penal verifica a folio 181 vuelto del expediente al analizar los razonamientos que utilizó el Juez A-quo para valorar la ‘’prueba: ‘‘Al decidir sobre esta controversia el Tribunal tuvo en cuenta los siguientes elementos de prueba: a) La manifestación de los testigos de cargo que se limitaron a decir sobre la droga encontrada en la casa habitada por Ruth sin ningún otro elemento que nos indique si existía algún elemento extra o de "un seguimiento de sus actividades o cualquier otro elemento de prueba que nos permita inferir que la imputada personalmente pensaba vender dicha droga, debiendo descartarse esa hipótesis y enmarcar la conducta del imputado dentro del tipo del transporte, contemplado en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, ya que los hechos se encuadran dentro de ese tipo, asimilando la casa de habitación en esas condiciones como un local facilitado para almacenar dicha droga. Este Tribunal no puede tomar como indicio único de tráfico el hecho de estar la droga empacada en bolsas plásticas. Al analizar el Tribunal este motivo, determina que efectivamente la Defensa Pública tiene razón, pues en el hecho histórico descrito, no se determina la participación de actos de comercio del imputado, ni pueden inferirse este de los indicios recabados al momento de la detención, siendo el cuadro fáctico narrado subsumible en el tipo de facilitación de medios de transporte descrito en el artículo 22 de la Ley sobre el uso indebido y Tráfico ilícito de Drogas o Sustancias Psicotrópicas"; es decir que el Ministerio Público no ha descrito actos imputables al acusado orientados a la venta o comercialización ilícito de drogas.’’ Asimismo ‘‘… no existen indicios que indiquen la comercialización de la droga; al estar en su poder, presupone el almacenamiento y no tráfico (no existen indicadores concretos para derivarlo). Tampoco se aportaron datos objetivos para acreditase que la acusada era la poseedora o propietario de dicha droga, o que formaba parte de una organización criminal dedicada a la comercialización de la cocaína y de la cocaína/crack, únicamente se estableció que guardaba en su habitación la cocaína supra mencionada, y si bien se presentaron 2 actas de vigilancia practicada por agentes de investigación en ellas no se aportan elementos de validez, que le puedan aportar al tribunal elementos que conllevaran a sospechar de algo más allá que un simple almacenamiento pues solamente hicieron referencia a que veían movimientos.’’, se puede determinar que sus conjeturas son coherentes, fundadas y lógicas, pues las mismas se derivan del resultado probatorio, efectuando una apreciación no sólo individual de cada medio probatorio, sino que logró una valoración conjunta y armónica de toda la prueba, en cuyos raciocinios se ha visto la utilización de las Reglas de la Sana Crítica. Denotando así que quedo acreditado que la intención de la señora Ruth Elizabeth Pineda Martinez, era almacenar la droga que le fue encontrada, en virtud de no existir otros indicios que acrediten que la misma se dedica al Tráfico Ilícito de Drogas, ya que si bien es cierto los agentes manifiestan que les informaron que la encausada se dedica a la venta de drogas, no se ha podido corroborar con otros testigos que la misma se dedica a la venta de droga, asimismo no se le decomiso material que indicara que la misma se dedicaba a la comercialización, no pudiendo determinar la existencia de comercialización de la droga. Por lo tanto, lo que constituye una conclusión correctamente derivada, implicando entonces que no existe violación a las reglas de la sana crítica, tal como erróneamente ha señalado el recurrente. En consecuencia, de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público.."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez, una pena principal de reclusión de seis años (06), y una multa de cincuenta mil lempiras (50,000.00), por haber sido encontrada responsable del delito de Facilitación Intencional de Local para el Consumo o Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la población del Estado de Honduras, asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por la acusada constituye un delito de tráfico de droga cuya pena es de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud,; De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, Las penas de prisión a imponer deben ser en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad, por lo que se estará tomando la pena de prisión que señala un marco abstracto de dos (2) cinco (5) años de prisión, más una multa de cien a 500 días. Al hacer el comparativo de penas es posible concluir que la pena que se impuso a la encausada se encuentra por arriba del marco abstracto a imponer, por lo cual resulta procedente la aplicación de la retroactividad de la ley por representar un beneficio para la condenada. Retornando al caso concreto, la acusada Ruth Elizabeth Pineda Martínez, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de noventa y punto cincuenta y tres gramos (90.53) de cocaína y cuarenta y cinco punto cero dos gramos de crack (40.02g). Por lo señalado esta Sala de lo Penal considera que conforme el artículo 311 párrafo segundo del NCP 130-2017, la pena abstracta que enfrentaría el acusado de aplicarse la normativa penal vigente al momento del juzgamiento sería de 02 a 05 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Al hacer la ponderación de la pena concreta de conformidad con el artículo 70 en relación con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de los artículos 31 y 32 todos del NCP 130-2017, se verifica que no concurren circunstancias agravantes o atenuantes, y en atención a las circunstancias personales de la condenada y a la gravedad del hecho, corresponde la imposición de las penas en su límite mínimo. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, le es más favorable en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 31,32, 311,615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"...Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez, una pena principal de reclusión de seis años (06), y una multa de cincuenta mil lempiras (50,000.00), por haber sido encontrada responsable del delito de Facilitación Intencional de Local para el Consumo o Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la población del Estado de Honduras, asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por la acusada constituye un delito de tráfico de droga cuya pena es de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud,; De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, Las penas de prisión a imponer deben ser en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad, por lo que se estará tomando la pena de prisión que señala un marco abstracto de dos (2) cinco (5) años de prisión, más una multa de cien a 500 días. Al hacer el comparativo de penas es posible concluir que la pena que se impuso a la encausada se encuentra por arriba del marco abstracto a imponer, por lo cual resulta procedente la aplicación de la retroactividad de la ley por representar un beneficio para la condenada. Retornando al caso concreto, la acusada Ruth Elizabeth Pineda Martínez, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de noventa y punto cincuenta y tres gramos (90.53) de cocaína y cuarenta y cinco punto cero dos gramos de crack (40.02g). Por lo señalado esta Sala de lo Penal considera que conforme el artículo 311 párrafo segundo del NCP 130-2017, la pena abstracta que enfrentaría el acusado de aplicarse la normativa penal vigente al momento del juzgamiento sería de 02 a 05 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Al hacer la ponderación de la pena concreta de conformidad con el artículo 70 en relación con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de los artículos 31 y 32 todos del NCP 130-2017, se verifica que no concurren circunstancias agravantes o atenuantes, y en atención a las circunstancias personales de la condenada y a la gravedad del hecho, corresponde la imposición de las penas en su límite mínimo. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, le es más favorable en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

  • Código Penal No. 130-17, art. 31,32, 311,615 y 616 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-624-2019, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-624-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Ruth Elizabeth Pineda Martínez, por el delito de Facilitación Intencional de Local para el Consumo o Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras. SEGUNDO: Declaró la responsabilidad civil de la condena Ruth Elizabeth Pineda Martínez. TERCERO: Condenó a Ruth Elizabeth Pineda Martínez a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo señalado para la pena de reclusión. CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. QUINTO: Declaró el comiso y destrucción de cinco envoltorios conteniendo 90.03 gramos de cocaína y un envoltorio conteniendo 44.52 gramos en piedras de Crack, evidencias en poder del Ministerio Publico. Son partes en única instancia: Los abogados Mario Reniery Amador Espinal y Gladys Lamar Ortiz Osorto, en su condición de Defensores Públicos de Ruth Elizabeth Pineda Martínez, como parte recurrente y la abogada Karla Marcela Roque Gomez, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: El día 21 de Junio del año 2017, a las 6:10 de la mañana, en el sector de Sandy Bay, sector de la playa, en Roatán, Islas de la Bahía, autoridades policiales llevaron a cabo Allanamiento de Morada, practicado con autorización judicial. en un cuarto de habitación construido de material, pintado de color amarillo, con puerta de acceso de madera con malla de metal, en una casa de dos plantas, en donde vivía la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez y al registro del lugar encontraron tres orificios en los bloques de concreto de la pared, de donde obtuvieron 5 envoltorios de papel aluminio conteniendo cada uno bolsas plásticas transparentes y en su interior Cocaína, haciendo un total del 90.03 gramos y una bolsa plástica transparente conteniendo 44.52 gramos en piedras de Crack, cantidades de droga que no son compatibles con la dosis considerada para consumo personal inmediato, así mismo contiguo a la cama en el piso encontraron una caja fuerte de metal Sentry modelo V260 serie M331372, la cual contenía 3 billetes de 500 lempiras y 9 billetes de 100 lempiras, haciendo un total de 2,400.00 lempiras, por lo que fue detenida la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez y puesta a la orden del Ministerio Publico.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Ozbek Yasmeen Chamorro, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Critica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Como sabemos, el sistema de valoración de prueba en el proceso penal hondureño, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de las probanzas que le son ofertadas, para alcanzar determinado convencimiento, sin embargo, en dicha apreciación, debe observar las reglas de la lógica, la psicología y el sentido común, asegurando el más certero juicio en su decisión Voluntad del legislador establecida en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. En el caso sub judice, es evidente que el A quo efectúa una valoración intelectiva ineficaz, dado que el contenido de la probanza que se ha incorporado legalmente al debate, no fue considerada de forma integral o conjunta, en desapego a los principios básicos de la Regla de la Lógica, en su principio de razón suficiente, lo que lo llevó a concluir erróneamente, que la conducta ejecutada por la imputada es constitutiva del delito de Facilitación intencional de local para el consumo o Tráfico Ilícito de Drogas y no do Tráfico ilícito de Droga, como se deriva de estas pruebas y que ha constituido la pretensión acusatoria; defecto de apreciación que se hace patente, a partir de las consideraciones que se exponen a continuación: Elvin Arturo González, quien es miembro de la Dirección Policial de Investigación, asignado a la Jefatura Policial de Roatán, en síntesis, señaló. "El 21 de Junio del año 2017, en horas de la mañana se realizó allanamiento en Sandy Bay, participaron los agentes Marley Calderón, mi persona como técnico de inspecciones oculares, el compañero notificó a la señora Ruth Pineda de la orden de allanamiento, se encontró vanos orificios en los bloques, hablan vanos pedazos de papel aluminio en un orificio de bloque y en el otro habla polvo blanco supuesta cocaína y otro como tabletas de supuesto crack, se levantó un celular y un dinero, 3 billetes de 500 y 9 de cien lempira" - Ante interrogantes de las partes en la audiencia de debate contestó: "Mientras se realizaba la vigilancia llegaron vanas personas, de 3 a 5 personas en tiempo diferente y eran atendidas por la señora Ruth En una vigilancia se observó el intercambio de mano entre ambas personas y en otra las personas ingresaban a la casa, en la vivienda no hay negocio...la casa es de dos plantas, abajo son varios cuartos el de ella es el último de la parte trasera" Por su parte, Rinder Marley Calderón, Agente de Investigación que participo en las vigilancias y fue nombrado como Juez Ejecutor para la práctica del allanamiento en la vivienda de la acusada, respondió ante interrogatorio: "personas nos manifestaron que en el sector de Sandy bay en barrio la Playita, una señora conocida como Ruth se dedicaba a la venta de droga, el 17 y 18 de junio se realiza vigilancia en dicha zona y efectivamente se observa afluencia de personas entrando y saliendo de dicha vivienda, siendo atendida por señora de estatura normal, piel trigueña clara, verificamos que la vivienda no era negocio, sino casa particular, mediante las investigaciones determinamos que la persona que atendía a las personas que llegaban era Ruth Elizabeth Pineda Martínez” Refiere además el investigador, que las vigilancias se realizaron de 30 a 40 metros, ya que la casa está a orilla de la playa, la visibilidad era al cien por ciento, porque era de día, a la vivienda llegaron de 7 a 10 personas, las personas llegaban, platicaban y hacían intercambio de manos" Actas de Vigilancia de fechas 17 y 18 de junio del 2017; incorporadas al juicio como prueba documental, y que fueron ratificadas por los agentes de investigación Elvin Arturo González y Rindier Marloy Calderón, respectivamente Los cuales fueron coincidentes al establecer que durante efectuaron las vigilancias en la vivienda de la acusada, se observó la afluencia de bastantes personas, unas que ingresaban y otras que llegaban hasta la entrada de dicha vivienda, donde salía la imputada, hablaba con ellos y hacían un intercambio de manos, durando estas visitas cortos espacios de tiempo: describiendo también, que algunos se metían la mano a la bolsa para guardar lo entregado por la señora Ruth Pineda y salían de manera sigilosa. Se allegó al debate, Acta de Inspecciones oculares y Recolección de indicios, en la que detalla además del hallazgo de la droga, que, contiguo a la cama unipersonal en el piso de cemento se observó una caja fuerte color gris marca SENTRY modelo V260 serie M331372 conteniendo en su interior tres billetes de denominación quinientos lempiras y nueve billetes de denominación cien lempiras", ratificada por el policía Elvin González. Como Prueba Pericial se practicó DICTAMEN TOXICOLOGICO N.- 2017-0101-0506- 0543 realizado por la Perito Forense Dr. Martha Noelia Pinel y ratificado en debate, que indica entre otros aspectos RESULTADOS. Cocaína/ clorhidrato Positivo, determinación de peso 90,53 gramos y cocaína/crack Positivo, determinación de peso 45,02 gramos CONCLUSIONES: De acuerdo a los análisis realizados a los polvos blancos decomisados se concluye, que se trata de Cocaína Clorhidrato y desde el punto de vista toxicológico la cantidad total decomisada NO ES compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato. De acuerdo a los análisis realizados a las piedras amarillentas decomisados se concluye que se trata de Cocaína Crack y desde el punto de vista toxicológico la cantidad total decomisada NO ES compatible con la dosis considera como consumo personal inmediato. No obstante, que el Tribunal le ha otorgado valla a las probanzas de cargo supra descritas, incurre en un grave error de apreciación, respecto al contenido de las mismas, pues no logra derivar de ellas, que la acción realizada por la imputada es propia de un delito de Tráfico de Drogas, equivocación que se ve evidenciada cuando asevera en el apartado de valoración probatoria de la sentencia recurrida lo siguiente: “La manifestación de los testigos de cargo se limitaron a decir sobre la droga encontrada en la casa habitada por Ruth, sin ningún otro elemento que nos indique si existía algún elemento extra o de "un seguimiento de sus actividades o cualquier otro elemento de prueba que nos permita inferir que la imputada personalmente pensaba vender dicha droga...este Tribunal no puede tomar como indicio único de trafico el hecho de estar la droga empacada en bolsas plásticas”; debiendo descartar la hipótesis de Tráfico y enmarca la conducta de la imputada dentro del tipo de Facilitación de Local para el Consumo o Tráfico Ilícito. El Tribunal al apreciar la probanza y expresar la conclusión a la que arriba, se ha apartado de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente, en virtud, que cuando se examinan las deposiciones de los testigos de cargo y el contenido de las actas de vigilancia, se logra determinar con facilidad, que la acusada realizó actividades comerciales de venta de droga, específicamente de cocaína, ya que a su vivienda llegaban gran cantidad de personas que se reunían brevemente con ella y efectuaban intercambio de manos, que si bien los investigadores no saben decir con certeza que intercambiaban, no puede desconocer el juzgador, que precisamente la prueba se valora en su conjunto al momento de dictar un fallo, porque se complementa una con otra, es decir se va enlazando de manera coherente y lógica en el caso subjudice, producto de la vigilancias practicadas, se autorizó allanamiento a la casa de la imputada, encontrando según acta de inspecciones oculares, supuesta droga, escondida entre bloques, que conforme al dictamen toxicológico forense corresponde a 90 53 gramos de cocaína y 45 02 gramos de cocaína crack no considerada para consumo personal inmediato, es decir, estas diligencias fueron útiles no sólo para corroborar que la enjuiciada tenía droga en su casa, sino para inferir, que la llegada constante de personas a su vivienda y los intercambios de mano eran por la venta de droga. En la misma línea de razonamiento debemos preguntarnos, ¿si la casa de la acusada no es un negocio, donde sea normal y lógico que acudan muchas personas, que explicación puede existir, ante las breves visitas que la misma recibía constantemente? sobre todo, cuando el Agente Rinder Marley Calderón ha manifestado: "la vivienda no era negocio sino casa particular”. Otro dato objetivo acreditado en juicio, que se suma a mostrar que la imputada se dedica a traficar droga, es la tenencia por parte de la misma de una caja fuerte, que en su interior contenía 2,400.00 Lempiras en denominaciones de 500 y 100, como bien lo ha establecido el Tribunal de Sentencia en los hechos probados, extremo que no resulta apegado al sentido común, pues una persona que vive en una cuartería en condiciones limitadas, para que debía poseer un mecanismo de seguridad de esta naturaleza. Refiriéndose al delito de Tráfico de Drogas, la Honorable Sala de lo Penal ha fijado su postura Jurisprudencial al establecer mediante Fallo 224-2013 El jugador, al momento de hacer el examen de la prueba, deberá establecer cuál era la intención del sujeto activo en relación a la droga incautada, hacer el examen del dolo con que actuó, esencia del elemento subjetivo del tipo penal Será a través de indicadores externos, como ser cantidad de droga, disposición (empaque) de la droga, situación económica del acusado, adicción del acusado a sustancias controladas elementos para el comercio como dispositivos para despacho, seguimiento de la actividad delictiva por parte de la policía y demás que hagan exteriorizar un ánimo de comercio con la droga, de modo que exista certeza de que se trata de un comercio con la droga y descartar que la posesión sea para otros fines: facilitación de local, transporte, consumo personal, etc. En este sentido, uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el pacto (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, "cortado", adulteración o empaquetado de la droga, etc), teniendo siempre en cuenta en primer lugar, que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo, debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico. Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, no sólo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad". En conclusión, frente a un análisis lógico y conjunto de la prueba testifical y documental introducidas al Debate, valoradas bajo el amparo de las reglas de la sana crítica, se hace manifiesto el ánimo de comercio de la acusada, respecto de los 90,53 gramos de droga (cocaína) y 45 02 gramos de droga (crack), que le fueron encontrados en su casa de habitación sin embargo, el Tribunal se abstrae de ver esos indicadores externos de voluntad de tráfico, derivados de la probanza, y en su lugar, realiza juicios de valor que vulneran la regla lógica de la razón suficiente en su característica de veracidad, al contener premisas falaces derivadas de estimaciones totalmente desacertadas y que se ven reflejadas en su motivación cuando afirma: “No existen indicios que indiquen la comercialización de la droga, al estar en su poder, presupone el almacenamiento y no tráfico (no existen indicadores concretos para derivarlo). Tampoco se aportaron datos objetivos que acreditase que la acusada era la poseedora o propietaria de dicha droga o que forma parte de una organización criminal, dedicada a la comercialización de la cocaína y la cocaína/crack, únicamente se estableció que guardaba en su habitación la cocaína y si bien se presentaron 2 actas de vigilancia practicada por los agentes de investigación, en ellas no se aportan elementos de validez, que le puedan aportar al tribunal elementos que conllevaran a sospechar de algo más allá que un simple almacenamiento, pues solamente hacen referencia a que velan movimientos de mano entre personas que llevan a la casa de habitación de la señora Ruth, algo que no es suficiente para determinar la existencia de comercialización de droga" percepción que ha querido así entender el ente jurisdiccional. Respecto a lo anteriormente expuesto consideramos oportuno relacionar la postura de la Sala Penal con respecto a análisis de la prueba en atención a las reglas de la sana crítica en la sentencia CP-04-2010 de fecha 16 de agosto del 2012 en la cual se pronuncia en los siguientes términos: "...el Tribunal debe razonar en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sama crítica Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos sobre el comportamiento humano y no con las reglas elaboradas por esta ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables..." Vemos entonces, que las censuras esgrimidas por el Tribunal, no resultan relevantes, para contrarrestar la existencia del elemento tendencial de comercio de cocaína, en la procesada: esto como derivación del testimonio de Elvin Arturo Gonzales y Rindier Marley Calderón más la prueba documental y pericial, que al haberse introducido legalmente al juicio, merecen ser valoradas certeramente, de manera conjunta y armónica. Es por ello, que el Ministerio Público reitera, que el juzgador de primera instancia ha apreciado dicha probanza de manera arbitraria y se vulneró, las reglas de la Sana Critica que debió observar al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia, lo que lo lleva a pronunciar erróneamente un fallo condenatorio por el delito de Facilitación intencional de local para el consumo o trafico ilícito de droga y no de Tráfico Ilícito de Drogas. Solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Jurídica Del recurso de casación por quebrantamiento de forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de del Código Procesal Penal); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 del Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. • Pretensión: Casar y anular la sentencia, declarando la absolución de su representado. • Arguye la recurrente que el Tribunal no hizo una valoración de la prueba con arreglo a las reglas de la sana crítica, de conformidad a los hechos realmente acreditados mediante declaraciones testificales y prueba documental, dado que los juzgadores dieron como probado la facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, al tener la imputada solo la voluntad de trasladar de un lugar a otro la droga que tenían en posesión, con lo cual se desprende que no valoro la prueba en su conjunto con arreglo a la reglas de la sana crítica, según la censora, los testimonios de los testigos y el contenido de las actas de vigilancia, se logra determinar con facilidad, que la acusada realizo actividades comerciales de venta de droga, específicamente de cocaína, ya que a su vivienda llegaban gran cantidad de personas que se reunían brevemente con ella y efectuaban intercambio de manos, y que si bien es cierto los investigadores no logran establecer que intercambiaban, no puede desconocer el juzgador que precisamente la prueba se valora en su conjunto al momento de dictar un fallo. De las reglas de la sana crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; I. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; II. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; III. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y IV. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. En el caso actual y presente, el Ministerio Público denuncia que el sentenciador infringió la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, cuando no valoro de manera armónica, ya que el juzgador al momento de valorar las pruebas se apartó de las reglas de la sana critica, debiendo el sentenciador apreciar la prueba aportada por el Ministerio Público. Para esta Sala, es importante aclarar que, al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de no haberse observado las reglas de la Sana Crítica el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. En el presente caso que nos ocupa y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la Sana Crítica, en concreto las reglas de la lógica, así las cosas, la Sala de lo Penal verifica a folio 181 vuelto del expediente al analizar los razonamientos que utilizó el Juez A-quo para valorar la ‘’prueba: ‘‘Al decidir sobre esta controversia el Tribunal tuvo en cuenta los siguientes elementos de prueba: a) La manifestación de los testigos de cargo que se limitaron a decir sobre la droga encontrada en la casa habitada por Ruth sin ningún otro elemento que nos indique si existía algún elemento extra o de "un seguimiento de sus actividades o cualquier otro elemento de prueba que nos permita inferir que la imputada personalmente pensaba vender dicha droga, debiendo descartarse esa hipótesis y enmarcar la conducta del imputado dentro del tipo del transporte, contemplado en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, ya que los hechos se encuadran dentro de ese tipo, asimilando la casa de habitación en esas condiciones como un local facilitado para almacenar dicha droga. Este Tribunal no puede tomar como indicio único de tráfico el hecho de estar la droga empacada en bolsas plásticas. Al analizar el Tribunal este motivo, determina que efectivamente la Defensa Pública tiene razón, pues en el hecho histórico descrito, no se determina la participación de actos de comercio del imputado, ni pueden inferirse este de los indicios recabados al momento de la detención, siendo el cuadro fáctico narrado subsumible en el tipo de facilitación de medios de transporte descrito en el artículo 22 de la Ley sobre el uso indebido y Tráfico ilícito de Drogas o Sustancias Psicotrópicas"; es decir que el Ministerio Público no ha descrito actos imputables al acusado orientados a la venta o comercialización ilícito de drogas.’’ Asimismo ‘‘… no existen indicios que indiquen la comercialización de la droga; al estar en su poder, presupone el almacenamiento y no tráfico (no existen indicadores concretos para derivarlo). Tampoco se aportaron datos objetivos para acreditase que la acusada era la poseedora o propietario de dicha droga, o que formaba parte de una organización criminal dedicada a la comercialización de la cocaína y de la cocaína/crack, únicamente se estableció que guardaba en su habitación la cocaína supra mencionada, y si bien se presentaron 2 actas de vigilancia practicada por agentes de investigación en ellas no se aportan elementos de validez, que le puedan aportar al tribunal elementos que conllevaran a sospechar de algo más allá que un simple almacenamiento pues solamente hicieron referencia a que veían movimientos.’’, se puede determinar que sus conjeturas son coherentes, fundadas y lógicas, pues las mismas se derivan del resultado probatorio, efectuando una apreciación no sólo individual de cada medio probatorio, sino que logró una valoración conjunta y armónica de toda la prueba, en cuyos raciocinios se ha visto la utilización de las Reglas de la Sana Crítica. Denotando así que quedo acreditado que la intención de la señora Ruth Elizabeth Pineda Martinez, era almacenar la droga que le fue encontrada, en virtud de no existir otros indicios que acrediten que la misma se dedica al Tráfico Ilícito de Drogas, ya que si bien es cierto los agentes manifiestan que les informaron que la encausada se dedica a la venta de drogas, no se ha podido corroborar con otros testigos que la misma se dedica a la venta de droga, asimismo no se le decomiso material que indicara que la misma se dedicaba a la comercialización, no pudiendo determinar la existencia de comercialización de la droga. Por lo tanto, lo que constituye una conclusión correctamente derivada, implicando entonces que no existe violación a las reglas de la sana crítica, tal como erróneamente ha señalado el recurrente. En consecuencia, de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez, una pena principal de reclusión de seis años (06), y una multa de cincuenta mil lempiras (50,000.00), por haber sido encontrada responsable del delito de Facilitación Intencional de Local para el Consumo o Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la población del Estado de Honduras, asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por la acusada constituye un delito de tráfico de droga cuya pena es de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud,; De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, Las penas de prisión a imponer deben ser en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad, por lo que se estará tomando la pena de prisión que señala un marco abstracto de dos (2) cinco (5) años de prisión, más una multa de cien a 500 días. Al hacer el comparativo de penas es posible concluir que la pena que se impuso a la encausada se encuentra por arriba del marco abstracto a imponer, por lo cual resulta procedente la aplicación de la retroactividad de la ley por representar un beneficio para la condenada. Retornando al caso concreto, la acusada Ruth Elizabeth Pineda Martínez, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de noventa y punto cincuenta y tres gramos (90.53) de cocaína y cuarenta y cinco punto cero dos gramos de crack (40.02g). Por lo señalado esta Sala de lo Penal considera que conforme el artículo 311 párrafo segundo del NCP 130-2017, la pena abstracta que enfrentaría el acusado de aplicarse la normativa penal vigente al momento del juzgamiento sería de 02 a 05 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Al hacer la ponderación de la pena concreta de conformidad con el artículo 70 en relación con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de los artículos 31 y 32 todos del NCP 130-2017, se verifica que no concurren circunstancias agravantes o atenuantes, y en atención a las circunstancias personales de la condenada y a la gravedad del hecho, corresponde la imposición de las penas en su límite mínimo. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, le es más favorable en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 80, 90, 96, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 615 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: 1) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Ozbek Yasmeen Chamorro, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público; 2) Declara Ha lugar la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, por la conducta reprochada a la acusada Ruth Elizabeth Pineda Martínez; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil diecinueve, en sus numerales primero, segundo y tercero, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, en los siguientes términos: Primero: Que debemos condenar y condenamos a la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Trafico de Drogas, en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras, imponiéndole las penas principales de: a) dos (02) años de Prisión; b) multa de 100 días a razón de veinte lempiras, equivalente a dos mil lempiras (Lps 2,000.00). El cumplimiento de la pena de prisión impuesta a la acusada deberá ajustarse a las siguientes reglas: i) Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez, haya estado privada totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; ii) Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; iii) El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. Segundo: Que debemos condenar y condenamos a la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez, a cumplir las siguientes penas accesorias por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, por disposición constitucional (Art. 41.2). Tercero: Se impone a Ruth Elizabeth Pineda Martínez, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de prisión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. Cuarto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a Ruth Elizabeth Pineda Martínez, civilmente responsable por las consecuencias resultantes de delito de Tráfico de Drogas; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. Quinto: Quedan incólumes los numerales cuarto, quinto y sexto de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-624-2019. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-624-2019, que literalmente dice: “ SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de coordinador, Mario Rolando Díaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-624-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Ruth Elizabeth Pineda Martínez, por el delito de Facilitación Intencional de Local para el Consumo o Tráfico Ilícito de Droga, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de seis años de reclusión y una multa de cincuenta mil lempiras. SEGUNDO: Declaró la responsabilidad civil de la condena Ruth Elizabeth Pineda Martínez. TERCERO: Condenó a Ruth Elizabeth Pineda Martínez a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo señalado para la pena de reclusión. CUARTO: No procedió la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados en el juicio. QUINTO: Declaró el comiso y destrucción de cinco envoltorios conteniendo 90.03 gramos de cocaína y un envoltorio conteniendo 44.52 gramos en piedras de Crack, evidencias en poder del Ministerio Publico. Son partes en única instancia: Los abogados Mario Reniery Amador Espinal y Gladys Lamar Ortiz Osorto, en su condición de Defensores Públicos de Ruth Elizabeth Pineda Martínez, como parte recurrente y la abogada Karla Marcela Roque Gomez, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “ÚNICO: El día 21 de Junio del año 2017, a las 6:10 de la mañana, en el sector de Sandy Bay, sector de la playa, en Roatán, Islas de la Bahía, autoridades policiales llevaron a cabo Allanamiento de Morada, practicado con autorización judicial. en un cuarto de habitación construido de material, pintado de color amarillo, con puerta de acceso de madera con malla de metal, en una casa de dos plantas, en donde vivía la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez y al registro del lugar encontraron tres orificios en los bloques de concreto de la pared, de donde obtuvieron 5 envoltorios de papel aluminio conteniendo cada uno bolsas plásticas transparentes y en su interior Cocaína, haciendo un total del 90.03 gramos y una bolsa plástica transparente conteniendo 44.52 gramos en piedras de Crack, cantidades de droga que no son compatibles con la dosis considerada para consumo personal inmediato, así mismo contiguo a la cama en el piso encontraron una caja fuerte de metal Sentry modelo V260 serie M331372, la cual contenía 3 billetes de 500 lempiras y 9 billetes de 100 lempiras, haciendo un total de 2,400.00 lempiras, por lo que fue detenida la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez y puesta a la orden del Ministerio Publico.” RECURSO DE CASACIÓN: La recurrente abogada Ozbek Yasmeen Chamorro, en su condición de Fiscal del Ministerio Publico, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA MOTIVO ÚNICO: "No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba, las Reglas de la Sana Critica". PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 3 del Artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Como sabemos, el sistema de valoración de prueba en el proceso penal hondureño, permite al Juzgador una cierta autonomía en la estimación de las probanzas que le son ofertadas, para alcanzar determinado convencimiento, sin embargo, en dicha apreciación, debe observar las reglas de la lógica, la psicología y el sentido común, asegurando el más certero juicio en su decisión Voluntad del legislador establecida en los artículos 202 y numeral 2 de la regla cuarta del artículo 338 de la normativa penal adjetiva. En el caso sub judice, es evidente que el A quo efectúa una valoración intelectiva ineficaz, dado que el contenido de la probanza que se ha incorporado legalmente al debate, no fue considerada de forma integral o conjunta, en desapego a los principios básicos de la Regla de la Lógica, en su principio de razón suficiente, lo que lo llevó a concluir erróneamente, que la conducta ejecutada por la imputada es constitutiva del delito de Facilitación intencional de local para el consumo o Tráfico Ilícito de Drogas y no do Tráfico ilícito de Droga, como se deriva de estas pruebas y que ha constituido la pretensión acusatoria; defecto de apreciación que se hace patente, a partir de las consideraciones que se exponen a continuación: Elvin Arturo González, quien es miembro de la Dirección Policial de Investigación, asignado a la Jefatura Policial de Roatán, en síntesis, señaló. "El 21 de Junio del año 2017, en horas de la mañana se realizó allanamiento en Sandy Bay, participaron los agentes Marley Calderón, mi persona como técnico de inspecciones oculares, el compañero notificó a la señora Ruth Pineda de la orden de allanamiento, se encontró vanos orificios en los bloques, hablan vanos pedazos de papel aluminio en un orificio de bloque y en el otro habla polvo blanco supuesta cocaína y otro como tabletas de supuesto crack, se levantó un celular y un dinero, 3 billetes de 500 y 9 de cien lempira" - Ante interrogantes de las partes en la audiencia de debate contestó: "Mientras se realizaba la vigilancia llegaron vanas personas, de 3 a 5 personas en tiempo diferente y eran atendidas por la señora Ruth En una vigilancia se observó el intercambio de mano entre ambas personas y en otra las personas ingresaban a la casa, en la vivienda no hay negocio...la casa es de dos plantas, abajo son varios cuartos el de ella es el último de la parte trasera" Por su parte, Rinder Marley Calderón, Agente de Investigación que participo en las vigilancias y fue nombrado como Juez Ejecutor para la práctica del allanamiento en la vivienda de la acusada, respondió ante interrogatorio: "personas nos manifestaron que en el sector de Sandy bay en barrio la Playita, una señora conocida como Ruth se dedicaba a la venta de droga, el 17 y 18 de junio se realiza vigilancia en dicha zona y efectivamente se observa afluencia de personas entrando y saliendo de dicha vivienda, siendo atendida por señora de estatura normal, piel trigueña clara, verificamos que la vivienda no era negocio, sino casa particular, mediante las investigaciones determinamos que la persona que atendía a las personas que llegaban era Ruth Elizabeth Pineda Martínez” Refiere además el investigador, que las vigilancias se realizaron de 30 a 40 metros, ya que la casa está a orilla de la playa, la visibilidad era al cien por ciento, porque era de día, a la vivienda llegaron de 7 a 10 personas, las personas llegaban, platicaban y hacían intercambio de manos" Actas de Vigilancia de fechas 17 y 18 de junio del 2017; incorporadas al juicio como prueba documental, y que fueron ratificadas por los agentes de investigación Elvin Arturo González y Rindier Marloy Calderón, respectivamente Los cuales fueron coincidentes al establecer que durante efectuaron las vigilancias en la vivienda de la acusada, se observó la afluencia de bastantes personas, unas que ingresaban y otras que llegaban hasta la entrada de dicha vivienda, donde salía la imputada, hablaba con ellos y hacían un intercambio de manos, durando estas visitas cortos espacios de tiempo: describiendo también, que algunos se metían la mano a la bolsa para guardar lo entregado por la señora Ruth Pineda y salían de manera sigilosa. Se allegó al debate, Acta de Inspecciones oculares y Recolección de indicios, en la que detalla además del hallazgo de la droga, que, contiguo a la cama unipersonal en el piso de cemento se observó una caja fuerte color gris marca SENTRY modelo V260 serie M331372 conteniendo en su interior tres billetes de denominación quinientos lempiras y nueve billetes de denominación cien lempiras", ratificada por el policía Elvin González. Como Prueba Pericial se practicó DICTAMEN TOXICOLOGICO N.- 2017-0101-0506- 0543 realizado por la Perito Forense Dr. Martha Noelia Pinel y ratificado en debate, que indica entre otros aspectos RESULTADOS. Cocaína/ clorhidrato Positivo, determinación de peso 90,53 gramos y cocaína/crack Positivo, determinación de peso 45,02 gramos CONCLUSIONES: De acuerdo a los análisis realizados a los polvos blancos decomisados se concluye, que se trata de Cocaína Clorhidrato y desde el punto de vista toxicológico la cantidad total decomisada NO ES compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato. De acuerdo a los análisis realizados a las piedras amarillentas decomisados se concluye que se trata de Cocaína Crack y desde el punto de vista toxicológico la cantidad total decomisada NO ES compatible con la dosis considera como consumo personal inmediato. No obstante, que el Tribunal le ha otorgado valla a las probanzas de cargo supra descritas, incurre en un grave error de apreciación, respecto al contenido de las mismas, pues no logra derivar de ellas, que la acción realizada por la imputada es propia de un delito de Tráfico de Drogas, equivocación que se ve evidenciada cuando asevera en el apartado de valoración probatoria de la sentencia recurrida lo siguiente: “La manifestación de los testigos de cargo se limitaron a decir sobre la droga encontrada en la casa habitada por Ruth, sin ningún otro elemento que nos indique si existía algún elemento extra o de "un seguimiento de sus actividades o cualquier otro elemento de prueba que nos permita inferir que la imputada personalmente pensaba vender dicha droga...este Tribunal no puede tomar como indicio único de trafico el hecho de estar la droga empacada en bolsas plásticas”; debiendo descartar la hipótesis de Tráfico y enmarca la conducta de la imputada dentro del tipo de Facilitación de Local para el Consumo o Tráfico Ilícito. El Tribunal al apreciar la probanza y expresar la conclusión a la que arriba, se ha apartado de la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente, en virtud, que cuando se examinan las deposiciones de los testigos de cargo y el contenido de las actas de vigilancia, se logra determinar con facilidad, que la acusada realizó actividades comerciales de venta de droga, específicamente de cocaína, ya que a su vivienda llegaban gran cantidad de personas que se reunían brevemente con ella y efectuaban intercambio de manos, que si bien los investigadores no saben decir con certeza que intercambiaban, no puede desconocer el juzgador, que precisamente la prueba se valora en su conjunto al momento de dictar un fallo, porque se complementa una con otra, es decir se va enlazando de manera coherente y lógica en el caso subjudice, producto de la vigilancias practicadas, se autorizó allanamiento a la casa de la imputada, encontrando según acta de inspecciones oculares, supuesta droga, escondida entre bloques, que conforme al dictamen toxicológico forense corresponde a 90 53 gramos de cocaína y 45 02 gramos de cocaína crack no considerada para consumo personal inmediato, es decir, estas diligencias fueron útiles no sólo para corroborar que la enjuiciada tenía droga en su casa, sino para inferir, que la llegada constante de personas a su vivienda y los intercambios de mano eran por la venta de droga. En la misma línea de razonamiento debemos preguntarnos, ¿si la casa de la acusada no es un negocio, donde sea normal y lógico que acudan muchas personas, que explicación puede existir, ante las breves visitas que la misma recibía constantemente? sobre todo, cuando el Agente Rinder Marley Calderón ha manifestado: "la vivienda no era negocio sino casa particular”. Otro dato objetivo acreditado en juicio, que se suma a mostrar que la imputada se dedica a traficar droga, es la tenencia por parte de la misma de una caja fuerte, que en su interior contenía 2,400.00 Lempiras en denominaciones de 500 y 100, como bien lo ha establecido el Tribunal de Sentencia en los hechos probados, extremo que no resulta apegado al sentido común, pues una persona que vive en una cuartería en condiciones limitadas, para que debía poseer un mecanismo de seguridad de esta naturaleza. Refiriéndose al delito de Tráfico de Drogas, la Honorable Sala de lo Penal ha fijado su postura Jurisprudencial al establecer mediante Fallo 224-2013 El jugador, al momento de hacer el examen de la prueba, deberá establecer cuál era la intención del sujeto activo en relación a la droga incautada, hacer el examen del dolo con que actuó, esencia del elemento subjetivo del tipo penal Será a través de indicadores externos, como ser cantidad de droga, disposición (empaque) de la droga, situación económica del acusado, adicción del acusado a sustancias controladas elementos para el comercio como dispositivos para despacho, seguimiento de la actividad delictiva por parte de la policía y demás que hagan exteriorizar un ánimo de comercio con la droga, de modo que exista certeza de que se trata de un comercio con la droga y descartar que la posesión sea para otros fines: facilitación de local, transporte, consumo personal, etc. En este sentido, uno de los problemas esenciales que en la práctica presenta el juzgamiento de los actos típicos de posesión ilícita de drogas se refiere a la prueba de la finalidad del tráfico de la misma. La determinación del destino al tráfico o consumo, exige la elaboración de un juicio de inferencia revisable en casación a partir de los datos objetivos acreditados en el pacto (cantidad, variedad y pureza de la droga incautada, condición de drogodependiente, consumidor ocasional o no consumidor del tenedor de la misma, circunstancia de la ocupación, tenencia de relevantes cantidades de dinero en metálico de procedencia no justificada, ocupación de útiles, instrumentos o materiales para el pesaje, distribución, "cortado", adulteración o empaquetado de la droga, etc), teniendo siempre en cuenta en primer lugar, que siendo la finalidad del tráfico un elemento del tipo, debe quedar acreditado como cualquier otro, por lo que es a la acusación a quien incumbe acreditar el destino al tráfico. Para estimar un delito de tráfico ilícito de drogas, no sólo es requisito que la cantidad de droga prohibida incautada a un acusado sea mayor a la cantidad estimada para el consumo personal inmediato según estándares forenses internacionales, sino que es necesario disponer de prueba de cargo suficiente para establecer de forma inequívoca la puesta en peligro de la salud colectiva de la sociedad". En conclusión, frente a un análisis lógico y conjunto de la prueba testifical y documental introducidas al Debate, valoradas bajo el amparo de las reglas de la sana crítica, se hace manifiesto el ánimo de comercio de la acusada, respecto de los 90,53 gramos de droga (cocaína) y 45 02 gramos de droga (crack), que le fueron encontrados en su casa de habitación sin embargo, el Tribunal se abstrae de ver esos indicadores externos de voluntad de tráfico, derivados de la probanza, y en su lugar, realiza juicios de valor que vulneran la regla lógica de la razón suficiente en su característica de veracidad, al contener premisas falaces derivadas de estimaciones totalmente desacertadas y que se ven reflejadas en su motivación cuando afirma: “No existen indicios que indiquen la comercialización de la droga, al estar en su poder, presupone el almacenamiento y no tráfico (no existen indicadores concretos para derivarlo). Tampoco se aportaron datos objetivos que acreditase que la acusada era la poseedora o propietaria de dicha droga o que forma parte de una organización criminal, dedicada a la comercialización de la cocaína y la cocaína/crack, únicamente se estableció que guardaba en su habitación la cocaína y si bien se presentaron 2 actas de vigilancia practicada por los agentes de investigación, en ellas no se aportan elementos de validez, que le puedan aportar al tribunal elementos que conllevaran a sospechar de algo más allá que un simple almacenamiento, pues solamente hacen referencia a que velan movimientos de mano entre personas que llevan a la casa de habitación de la señora Ruth, algo que no es suficiente para determinar la existencia de comercialización de droga" percepción que ha querido así entender el ente jurisdiccional. Respecto a lo anteriormente expuesto consideramos oportuno relacionar la postura de la Sala Penal con respecto a análisis de la prueba en atención a las reglas de la sana crítica en la sentencia CP-04-2010 de fecha 16 de agosto del 2012 en la cual se pronuncia en los siguientes términos: "...el Tribunal debe razonar en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sama crítica Por eso, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos sobre el comportamiento humano y no con las reglas elaboradas por esta ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, aparece la característica, exigida por ellas, denominada derivada, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual "el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables..." Vemos entonces, que las censuras esgrimidas por el Tribunal, no resultan relevantes, para contrarrestar la existencia del elemento tendencial de comercio de cocaína, en la procesada: esto como derivación del testimonio de Elvin Arturo Gonzales y Rindier Marley Calderón más la prueba documental y pericial, que al haberse introducido legalmente al juicio, merecen ser valoradas certeramente, de manera conjunta y armónica. Es por ello, que el Ministerio Público reitera, que el juzgador de primera instancia ha apreciado dicha probanza de manera arbitraria y se vulneró, las reglas de la Sana Critica que debió observar al momento de valorar la prueba antes señalada, infringiendo el postulado de la Derivación integrado por el principio de Razón Suficiente, en sus características tanto de veracidad como de suficiencia, lo que lo lleva a pronunciar erróneamente un fallo condenatorio por el delito de Facilitación intencional de local para el consumo o trafico ilícito de droga y no de Tráfico Ilícito de Drogas. Solicitamos se declare procedente el presente motivo, anulando el fallo recurrido y ordenando la devolución de los antecedentes al respectivo Tribunal de Sentencia, para que el trámite de que se trate sea substanciado de conformidad con la ley. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo.” Fundamentación Jurídica Del recurso de casación por quebrantamiento de forma El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de del Código Procesal Penal); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 del Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. • Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. • Norma procesal infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. • Concepto de la Infracción: Inobservancia de las reglas de la sana crítica. • Reclamación Ex Ante: El vicio que fundamenta la infracción por quebrantamiento de forma, fue cometido al momento de pronunciar la sentencia, siendo imposible su reclamación para subsanación. • Pretensión: Casar y anular la sentencia, declarando la absolución de su representado. • Arguye la recurrente que el Tribunal no hizo una valoración de la prueba con arreglo a las reglas de la sana crítica, de conformidad a los hechos realmente acreditados mediante declaraciones testificales y prueba documental, dado que los juzgadores dieron como probado la facilitación de los medios de transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas, al tener la imputada solo la voluntad de trasladar de un lugar a otro la droga que tenían en posesión, con lo cual se desprende que no valoro la prueba en su conjunto con arreglo a la reglas de la sana crítica, según la censora, los testimonios de los testigos y el contenido de las actas de vigilancia, se logra determinar con facilidad, que la acusada realizo actividades comerciales de venta de droga, específicamente de cocaína, ya que a su vivienda llegaban gran cantidad de personas que se reunían brevemente con ella y efectuaban intercambio de manos, y que si bien es cierto los investigadores no logran establecer que intercambiaban, no puede desconocer el juzgador que precisamente la prueba se valora en su conjunto al momento de dictar un fallo. De las reglas de la sana crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; I. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; II. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; III. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y IV. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, destaca lo establecido en el artículo 202 del Código Procesal Penal, donde establece que el sistema de valoración de la prueba es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica, en concreto, sobre la regla lógica de derivación. En el caso actual y presente, el Ministerio Público denuncia que el sentenciador infringió la regla de la lógica de derivación en su principio de razón suficiente, cuando no valoro de manera armónica, ya que el juzgador al momento de valorar las pruebas se apartó de las reglas de la sana critica, debiendo el sentenciador apreciar la prueba aportada por el Ministerio Público. Para esta Sala, es importante aclarar que, al conocer de los Recursos de Casación por el motivo alegado por el recurrente, de no haberse observado las reglas de la Sana Crítica el control casacional se ocupa de establecer si hay validez en las pruebas, si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, (lógica, experiencia y psicología) y si la motivación es expresa, clara, completa y emitida de acuerdo a las normas legales aplicables al caso concreto. Dentro de las reglas de la lógica encontramos las leyes fundamentales de la derivación, que no es más que las conclusiones deben ir concordando, o sea a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, para ello la motivación debe ser verdadera o auténtica. En el presente caso que nos ocupa y sin el ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, esta Sala de lo Penal, considera que los jueces sentenciadores no irrespetaron las reglas de la Sana Crítica, en concreto las reglas de la lógica, así las cosas, la Sala de lo Penal verifica a folio 181 vuelto del expediente al analizar los razonamientos que utilizó el Juez A-quo para valorar la ‘’prueba: ‘‘Al decidir sobre esta controversia el Tribunal tuvo en cuenta los siguientes elementos de prueba: a) La manifestación de los testigos de cargo que se limitaron a decir sobre la droga encontrada en la casa habitada por Ruth sin ningún otro elemento que nos indique si existía algún elemento extra o de "un seguimiento de sus actividades o cualquier otro elemento de prueba que nos permita inferir que la imputada personalmente pensaba vender dicha droga, debiendo descartarse esa hipótesis y enmarcar la conducta del imputado dentro del tipo del transporte, contemplado en el artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, ya que los hechos se encuadran dentro de ese tipo, asimilando la casa de habitación en esas condiciones como un local facilitado para almacenar dicha droga. Este Tribunal no puede tomar como indicio único de tráfico el hecho de estar la droga empacada en bolsas plásticas. Al analizar el Tribunal este motivo, determina que efectivamente la Defensa Pública tiene razón, pues en el hecho histórico descrito, no se determina la participación de actos de comercio del imputado, ni pueden inferirse este de los indicios recabados al momento de la detención, siendo el cuadro fáctico narrado subsumible en el tipo de facilitación de medios de transporte descrito en el artículo 22 de la Ley sobre el uso indebido y Tráfico ilícito de Drogas o Sustancias Psicotrópicas"; es decir que el Ministerio Público no ha descrito actos imputables al acusado orientados a la venta o comercialización ilícito de drogas.’’ Asimismo ‘‘… no existen indicios que indiquen la comercialización de la droga; al estar en su poder, presupone el almacenamiento y no tráfico (no existen indicadores concretos para derivarlo). Tampoco se aportaron datos objetivos para acreditase que la acusada era la poseedora o propietario de dicha droga, o que formaba parte de una organización criminal dedicada a la comercialización de la cocaína y de la cocaína/crack, únicamente se estableció que guardaba en su habitación la cocaína supra mencionada, y si bien se presentaron 2 actas de vigilancia practicada por agentes de investigación en ellas no se aportan elementos de validez, que le puedan aportar al tribunal elementos que conllevaran a sospechar de algo más allá que un simple almacenamiento pues solamente hicieron referencia a que veían movimientos.’’, se puede determinar que sus conjeturas son coherentes, fundadas y lógicas, pues las mismas se derivan del resultado probatorio, efectuando una apreciación no sólo individual de cada medio probatorio, sino que logró una valoración conjunta y armónica de toda la prueba, en cuyos raciocinios se ha visto la utilización de las Reglas de la Sana Crítica. Denotando así que quedo acreditado que la intención de la señora Ruth Elizabeth Pineda Martinez, era almacenar la droga que le fue encontrada, en virtud de no existir otros indicios que acrediten que la misma se dedica al Tráfico Ilícito de Drogas, ya que si bien es cierto los agentes manifiestan que les informaron que la encausada se dedica a la venta de drogas, no se ha podido corroborar con otros testigos que la misma se dedica a la venta de droga, asimismo no se le decomiso material que indicara que la misma se dedicaba a la comercialización, no pudiendo determinar la existencia de comercialización de la droga. Por lo tanto, lo que constituye una conclusión correctamente derivada, implicando entonces que no existe violación a las reglas de la sana crítica, tal como erróneamente ha señalado el recurrente. En consecuencia, de lo anterior, se declara sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Ministerio Público. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez, una pena principal de reclusión de seis años (06), y una multa de cincuenta mil lempiras (50,000.00), por haber sido encontrada responsable del delito de Facilitación Intencional de Local para el Consumo o Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud de la población del Estado de Honduras, asimismo, se le condenó a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017 por la infracción penal cometida por la acusada constituye un delito de tráfico de droga cuya pena es de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud,; De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, Las penas de prisión a imponer deben ser en cada uno de los supuestos del párrafo anterior, de uno (1) a tres (3) años o de dos (2) a (5) años de prisión, cuando de las circunstancias del hecho del hecho y de las personales del culpable, se deduzca una menor gravedad, por lo que se estará tomando la pena de prisión que señala un marco abstracto de dos (2) cinco (5) años de prisión, más una multa de cien a 500 días. Al hacer el comparativo de penas es posible concluir que la pena que se impuso a la encausada se encuentra por arriba del marco abstracto a imponer, por lo cual resulta procedente la aplicación de la retroactividad de la ley por representar un beneficio para la condenada. Retornando al caso concreto, la acusada Ruth Elizabeth Pineda Martínez, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de noventa y punto cincuenta y tres gramos (90.53) de cocaína y cuarenta y cinco punto cero dos gramos de crack (40.02g). Por lo señalado esta Sala de lo Penal considera que conforme el artículo 311 párrafo segundo del NCP 130-2017, la pena abstracta que enfrentaría el acusado de aplicarse la normativa penal vigente al momento del juzgamiento sería de 02 a 05 años de prisión y multa de 100 a 500 días. Al hacer la ponderación de la pena concreta de conformidad con el artículo 70 en relación con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de los artículos 31 y 32 todos del NCP 130-2017, se verifica que no concurren circunstancias agravantes o atenuantes, y en atención a las circunstancias personales de la condenada y a la gravedad del hecho, corresponde la imposición de las penas en su límite mínimo. A partir de lo anterior, se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del nuevo Código Penal 130-2017, pues la pena tanto privativa de la libertad, le es más favorable en comparación con las contempladas en la ley especial vigente al momento de la realización del delito, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 80, 90, 96, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 615 y 616 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: 1) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Ozbek Yasmeen Chamorro, en su condición de agente fiscal del Ministerio Público; 2) Declara Ha lugar la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017, por la conducta reprochada a la acusada Ruth Elizabeth Pineda Martínez; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil diecinueve, en sus numerales primero, segundo y tercero, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, en los siguientes términos: Primero: Que debemos condenar y condenamos a la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como autor del delito consumado de Trafico de Drogas, en perjuicio de La Salud del Estado de Honduras, imponiéndole las penas principales de: a) dos (02) años de Prisión; b) multa de 100 días a razón de veinte lempiras, equivalente a dos mil lempiras (Lps 2,000.00). El cumplimiento de la pena de prisión impuesta a la acusada deberá ajustarse a las siguientes reglas: i) Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez, haya estado privada totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; ii) Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional; iii) El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo. Segundo: Que debemos condenar y condenamos a la señora Ruth Elizabeth Pineda Martínez, a cumplir las siguientes penas accesorias por el tiempo de cumplimiento de la pena de prisión: inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía, por disposición constitucional (Art. 41.2). Tercero: Se impone a Ruth Elizabeth Pineda Martínez, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de prisión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos. Cuarto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara a Ruth Elizabeth Pineda Martínez, civilmente responsable por las consecuencias resultantes de delito de Tráfico de Drogas; responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente. Quinto: Quedan incólumes los numerales cuarto, quinto y sexto de la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redacto magistrado Miranda Sabio. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-624-2019.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL.”