Sentencia CP-567-22 — Registro 18533
Resumen
Se presenta un análisis de los distintos motivos de casación que interpuso el recurrente contra la sentencia que condena como coautor del delito de asesinato al imputado Roberto David Castillo Mejía, en perjuicio de la ambientalista Berta Cáceres; resolviendo la Sala de lo Penal Ha Lugar Parcialmente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Hito
"..Esta Sala de lo Penal considera que los indicios presentados por el Tribunal de Sentencia no solo fueron conformados de forma lógica y coherente, sino que cuenta con el respaldo probatorio para lograr enervar el estado de inocencia del acusado Roberto David Castillo Mejia; al respecto, debemos advertir que la doctrina admite la prueba indiciaria –en casos que no es posible utilizar prueba directa- siempre y cuando aquella parta de unos hechos indiciariamente probados penalmente, ya que no contiene fundar veracidades sobre el asiento de escuetas sospechas; sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria, por eso, la doctrina establece ciertos requisitos que debe tomarse en cuenta para la correcta utilización de la prueba indiciaria como base de una sentencia condenatoria, tales como: a) Los indicios han de estar plenamente probados, no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. Es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios. b) Pluralidad de indicios, la virtualidad de los indicios reside precisamente en su acumulación, su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación efecto-causa. c) El nexo causal ha de ser racional y lógico, la prueba indiciaria requiere, por consiguiente, un proceso de inferencia (inductivo) que aúne el indicio (hecho base) con el hecho presunto. d) Motivación en la sentencia, cuando se trata de una codena basada en hechos indiciarios, la motivación expresa sobre las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración es una exigencia básica para poder determinar si existió verdadera prueba indiciaria o si lo único que se produjo fue una actividad que tan solo logró arrojar sospechas o sugerir conjetura sobre la culpabilidad del acusado[1]. Todos estos requisitos fueron cumplidos por el Tribunal A-quo, de tal forma que cada uno de los indicios cuenta con prueba que le respalde, siendo evidente que no se trata de prueba directa, sino de indicios debidamente probados que llevaron al Sentenciador a determinar la culpabilidad del acusado en los hechos; además son una pluralidad de indicios, en total fueron 8 indicios bastante fuertes y que entre ellos existe ese nexo causal, es decir se encontraban interrelacionado de tal forma que un indicio llevó a determinar otros y por último existe basta motivación por parte del juzgador, en los cuales explican de forma detallada y lógica, las razones que le llevaron a conformar esos indicios, que reiteramos fueron debidamente probados, es así que el motivo invocado por el recurrente debe ser desestimado…”
[1] Véase. De Diego Diez Luis Alfredo. Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional. Tegucigalpa, Honduras. Año 2000. Pagina549-555.
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
"....“...Para este Tribunal de Casación las razones que expuso el Sentenciador para no admitir la prueba propuesta por la defensa fueron correctas y debidamente razonadas, debemos recordar que el Tribunal de Sentencia recibió en ese día más de 100 medios probatorios de las partes, por lo que, para celeridad procesal las razones de la inadmisión de las pruebas son bastantes escuetas pero totalmente acertadas y razonadas, por ejemplo el informe investigativo 278-2016 resulta a todas luces inútil a los fines que se planteaban en ese momento para el Juicio Oral, pues en la etapa investigativa del proceso van surgiendo varias hipótesis de las posibles formas en que ocurrieron los hechos, de sus posibles autores y de un posible móvil; pero todo ello constituye en ese momento líneas de investigación, muchas de ellas descartadas, algunas otras surgen cuando ya se cuenta con alguna prueba, como sucedió en el presente caso en el que, la prueba de vaciado telefónico y cruce de llamadas de la perito Brenda Barahona, fue dilucidando nuevas líneas de investigación y desechando otras; por tanto su inadmisión es totalmente correcta.En cuanto al Plan de manejo de seguridad de la hidroeléctrica Agua Zarca, el Sentenciador la consideró acertadamente inútil e impertinente, pues un plan escrito en papel de cómo debe regirse la empresa ante alguna amenaza a su seguridad, no tiene relación con la muerte y asesinato de una persona, en ese sentido esta prueba era inútil e impertinente, pues no era posible extraer de ella algún dato que fuese de vital importancia en la investigación de los hechos. Referente a las actas de allanamiento que fueron inadmitidas por el Sentenciador, la defensa las propuso con el fin de acreditar que en ellas no se encontró ninguna evidencia alguna que relacione al acusado Roberto David Castillo Mejia, siendo denegada por considerarla inútiles, pues no encontró en ellas ningún dato relevante, ocurriendo con ellas al igual que con el informe investigativo, pues ambas pruebas ocurren en la etapa investigativa del proceso, así que, el hecho que no encontró ningún dato que relacione al señor Roberto David no significa con ello la ausencia de algún tipo de responsabilidad penal, pues las hipótesis recién se estaban dando, por lo tanto, las razones para inadmitirla fueron correctas. También se inadmitió por parte del Tribunal Sentenciador, una orden final por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el distrito Sur de Mississippi, la defensa la presentó con el fin de acreditar que, luego de las investigaciones realizadas por los Tribunales Estadounidenses no se estableció ningún pago inusual de ninguna fuente inusual; el Tribunal rechazó la admisión de este medio de prueba, por considerarlo inútil e impertinente; pues no es requisito sine qua non que deba acreditarse el pago o no de una cantidad de dinero para determinar la responsabilidad del acusado en los hechos investigados, precisamente seria ante los Tribunal Hondureños en donde las partes podían presentar ese tipo de pruebas, pero al no existir, tampoco le eximían de responsabilidad, por tanto fue correcta la inadmisión del Tribunal de ese medio de prueba. Por último, hacen referencia al informe financiero de las cuentas bancarias de la señora Berta Isabel Cáceres, rechazado por el Tribunal como inútil e impertinente, pues se hace evidente que un informe financiero de la ahora occisa Berta Cáceres no abonaba nada en la investigación, la defensa la propuso estableciendo que ella había retirado una gran cantidad de dinero y que ese podía ser el móvil de los hechos, sin embargo los entes de investigación cuando encontraron el cuerpo sin vida de la señora Cáceres no encontraron en ningún momento que hiciese falta algo de valor, algún maletín en la casa o algún tipo de desorden que diera ha entender que los hechores buscaban algo; en ese sentido el referido dictamen financiero resultó inútil y por tanto fue correctamente inadmitido por el A-quo. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
"..De la Procedencia del Recurso. El Motivo es parcialmente de Recibo. Los recurrentes establecen que se ha aplicado indebidamente el artículo 25 del Código Penal vigente, el cual refiere a quienes se consideran como autores de un delito, estableciendo que no puede ser coautor el señor Roberto David Castillo Mejia porque no tuvo participación alguna en los hechos; consideran que de acuerdo con la definición legal que reconoce el artículo 25 de la coautoría, no hay forma posible de considerar participación de su representado, pues la descripción que establecen los hechos probados no relata ninguna participación conjunta (mancomunada) de éste con los autores materiales del hecho o estar siquiera presente al momento de la ejecución del hecho, así puede verse que el factum establece todo lo contrario, al señalar que el señor Roberto David Castillo habría sido informado posteriormente del suceso acaecido; consecuentemente, deviene errónea la calificación como coautor, ya que el autor debe realizar un aporte causal en la propia ejecución del hecho. Para esta Sala de lo Penal los recurrentes tiene parcialmente la razón, al advertir que al señor Roberto David Castillo Mejia no es posible encajar su accionar en una coautoría conforme lo regula el artículo 25 del Código Penal vigente, pues los coautores son aquellos que ejecutan los hechos de manera conjunta y mediante un acuerdo previo, ......"
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
"...esta Sala de Casación al analizar los acontecimientos que el Tribunal ha declarado como probados, es posible detectar en ellos que el imputado Roberto David Castillo Mejia si tiene un grado de responsabilidad penal en los hechos suscitados, al constituirse en un partícipe, es decir un “inductor” tal como lo había planteado el Ministerio Público en la acusación y conforme lo regula el artículo 26 del Código Penal vigente, pues se es inductor quien dolosamente y por cualquier medio, determina a otro a realizar un hecho delictivo; en el caso de marras el señor Roberto David Castillo Mejia de manera intencional y con toda su voluntad, utilizando la amistad que tenía con el señor Douglas Bustillo, en virtud de la relación laboral que habían tenido en la empresa Desa, dispuso plantearle la misión de quitarle la vida a la señora Berta Isabel Cáceres, y éste a su vez utilizando a otro amigo y excompañero de las Fuerzas Armadas, contactaron un grupo de 4 individuos que al final fueron los que ejecutaron de propia mano la misión, toda vez que el señor Roberto David Castillo Mejia le propuso al señor Douglas Bustillo ayudarlo con apoyo logístico y monetariamente, lo que en efecto así sucedió, pues así lo relatan los sucesos que se aceptan tal como los redactó el Sentenciador. Recordemos que la inducción como forma de participación, es la causación objetiva y subjetivamente imputable, mediante un influjo psíquico en otro de la resolución y realización por parte de éste de un tipo de autoría doloso; tal como ocurrió en el presente caso, pues el acusado Roberto David Castillo Mejia dispuso ofrecer al señor Douglas Bustillo la misión de liquidar a la señora Berta Cáceres, mediante el ofrecimiento de aportar medios logísticos y ayuda monetaria, tal como lo dice Santiago Mir Puig, que esa influencia psicológica puede consistir en una solicitud y si existe la presencia de precio o recompensa se reforzará más ese dominio mental. La justificación del Sentenciador para considerar coautor al señor Roberto Ramon Castillo era que su grado de responsabilidad penal era mayor y por tal razón era un coautor, pero el artículo 61 del Código Penal vigente establece que, a los inductores de un delito consumado o intentado, se les debe imponer la misma pena que la fijada por la ley para los autores del mismo delito; por lo que la pena a imponer en el presente caso, constituye la señalada en el artículo 193 del referido Código Penal, no constituyendo ningún beneficio para el imputado el que se declare ha lugar parcialmente el presente motivo de casación, pues le corresponderá imponer la misma pena que razonó e individualizó el Tribunal Sentenciador. Por todas las razones expuestas, esta Sala de lo Penal declara ha lugar parcialmente el presente motivo de casación, pues las acciones cometidas por el señor Roberto David Castillo Mejia son de un inductor y no de un coautor como lo estableció el Sentenciador, no teniendo ningún efecto positivo el presente pronunciamiento pues la pena para ambos: coautor/participe (inductor) constituye la misma..”
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
“…De la Procedencia del Recurso. El Motivo es Parcialmente de Recibo. Los recurrentes establecen que el Tribunal Sentenciador incurrió en aplicación indebida del artículo 32 numerales 2 y 8 del Código Penal vigente, referente a las agravantes de: “ejecutar el delito mediante abuso de confianza” y “Cometer el delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología, religión o creencias de la víctima…” En relación a la primera agravante, afirman los censores que el Juzgador fundamentó la imposición de la misma pues consideró que el acusado le hacía creer a la ofendida tener un vínculo de amistad mediante mensajes de texto, y que le simulaba amistad a la líder ambientalista hasta coordinar y planificar para que le quitaran la vida, para los impetrantes no se puede considerar que si efectivamente hubiera existido intención de simular amistad (lo cual deriva como suposición el Tribunal), la víctima no se iba a dar cuenta de ello; además, si bien existía amistad no se puede precisar que fuera en un grado íntimo de confianza. Consideraron los recurrentes que, casos de abuso de confianza son aquellos, que se dan cuando el autor se aprovecha de esta circunstancia para facilitar la ejecución del hecho; siendo improcedente la agravante calificada. Respecto a la segunda agravante, los censores afirmaron que la establecida en el numeral 8 del artículo 32 del código penal, debe ser interpretada de manera restrictiva, pues, como ampliamente ha señalado y criticado la doctrina"', es una agravante subjetiva que se basa en algo que pertenece al juicio interno del autor, lo que impide encontrar razones por las que la gravedad del delito sea agravada, y delimitar, en términos de seguridad jurídica, que es un comportamiento racista, ideológico, antisemita o cualquier sentimiento discriminatorio, ya que implica introducirse en un terreno valorativo que sin duda se presta a la discrecionalidad, por tanto se trata de un elemento motivacional interno del autor que resulta difícil de ser concretado; concluyen los censores que salvo casos de manifestaciones concretas que de manera expresa palmariamente lo ponen en evidencia, no siendo el caso que nos ocupa uno de ellos, en síntesis, para aplicar la agravante penal de cometer el delito por motivos ideológicos se requiere que la ideología sea precisamente la que mueve al acusado a ejecutar su acción, situación que no se encuentra en el presente caso...Conforme lo ha señalado en reiterados fallos esta Sala de Casación, en el recurso de casación por infracción de ley se debe partir de la redacción de hechos probados que ha plasmado el sentenciador y una vez analizándolos de manera detallada, determinar si en esos sucesos encontramos de manera puntual esas circunstancias. Al analizar los hechos que el A-quo consideró como probados, no encontramos en ninguno de sus relatos que el acusado Roberto David Castillo Mejia haya actuado con abuso de confianza para cometer el ilícito por el cual fue condenado. Recordemos que el abuso de confianza se produce cuando una persona, aprovechando la confianza depositada en ella por otra persona o entidad, actúa de manera deshonesta o perjudicial para los intereses de la parte que confió en ella. En términos generales, el abuso de confianza implica una violación de la confianza que ha sido otorgada a una persona en una relación personal, profesional, comercial o fiduciaria. La confianza es la esperanza firme que se tiene en una persona o una cosa. En ninguno de los apartados de la fundamentación fáctica se establece que entre la señora Berta Isabel Cáceres y el imputado Roberto David Castillo Mejia, existiera una relación personal, profesional o de cualquier otra índole mediante la cual haya crecido entre ellos un vínculo de amistad o intimidad, de forma tal que en el caso de la señora Berta Isabel Cáceres esa circunstancia le haya servido para confiarse en que no podían atentar contra su vida; los hechos probados incluso no mencionan esos supuestos mensajes que se transmitían entre imputado/víctima y que fueron el fundamento que el Sentenciador tomó en cuenta para considerar como aplicada esta agravante; si el A-quo pretendía utilizar esa agravante o cualquier otra, debió plasmarlo así en los sucesos probados, caso contrario implica una aplicación indebida tal como lo afirman los recurrentes. En relación a la agravante del numeral 8 del precitado artículo 32 del Código Penal vigente,…"
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- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
"… De la Procedencia del Recurso. El Motivo es Parcialmente de Recibo. Los recurrentes establecen que el Tribunal Sentenciador incurrió en aplicación indebida del artículo 32 numerales 2 y 8 del Código Penal vigente, referente a las agravantes de: “ejecutar el delito mediante abuso de confianza” y “Cometer el delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología, religión o creencias de la víctima…” En relación a la primera agravante, afirman los censores que el Juzgador fundamentó la imposición de la misma pues consideró que el acusado le hacía creer a la ofendida tener un vínculo de amistad mediante mensajes de texto, y que le simulaba amistad a la líder ambientalista hasta coordinar y planificar para que le quitaran la vida, para los impetrantes no se puede considerar que si efectivamente hubiera existido intención de simular amistad (lo cual deriva como suposición el Tribunal), la víctima no se iba a dar cuenta de ello; además, si bien existía amistad no se puede precisar que fuera en un grado íntimo de confianza. Consideraron los recurrentes que, casos de abuso de confianza son aquellos, que se dan cuando el autor se aprovecha de esta circunstancia para facilitar la ejecución del hecho; siendo improcedente la agravante calificada. Respecto a la segunda agravante, los censores afirmaron que la establecida en el numeral 8 del artículo 32 del código penal, debe ser interpretada de manera restrictiva, pues, como ampliamente ha señalado y criticado la doctrina"', es una agravante subjetiva que se basa en algo que pertenece al juicio interno del autor, lo que impide encontrar razones por las que la gravedad del delito sea agravada, y delimitar, en términos de seguridad jurídica, que es un comportamiento racista, ideológico, antisemita o cualquier sentimiento discriminatorio, ya que implica introducirse en un terreno valorativo que sin duda se presta a la discrecionalidad, por tanto se trata de un elemento motivacional interno del autor que resulta difícil de ser concretado; concluyen los censores que salvo casos de manifestaciones concretas que de manera expresa palmariamente lo ponen en evidencia, no siendo el caso que nos ocupa uno de ellos, en síntesis, para aplicar la agravante penal de cometer el delito por motivos ideológicos se requiere que la ideología sea precisamente la que mueve al acusado a ejecutar su acción, situación que no se encuentra en el presente caso. Conforme lo ha señalado en reiterados fallos esta Sala de Casación, en el recurso de casación por infracción de ley se debe partir de la redacción de hechos probados que ha plasmado el sentenciador y una vez analizándolos de manera detallada, determinar si en esos sucesos encontramos de manera puntual esas circunstancias. Al analizar los hechos que el A-quo consideró como probados, no encontramos en ninguno de sus relatos que el acusado Roberto David Castillo Mejia haya actuado con abuso de confianza para cometer el ilícito por el cual fue condenado. Recordemos que el abuso de confianza se produce cuando una persona, aprovechando la confianza depositada en ella por otra persona o entidad, actúa de manera deshonesta o perjudicial para los intereses de la parte que confió en ella. En términos generales, el abuso de confianza implica una violación de la confianza que ha sido otorgada a una persona en una relación personal, profesional, comercial o fiduciaria. La confianza es la esperanza firme que se tiene en una persona o una cosa. En ninguno de los apartados de la fundamentación fáctica se establece que entre la señora Berta Isabel Cáceres y el imputado Roberto David Castillo Mejia, existiera una relación personal, profesional o de cualquier otra índole mediante la cual haya crecido entre ellos un vínculo de amistad o intimidad, de forma tal que en el caso de la señora Berta Isabel Cáceres esa circunstancia le haya servido para confiarse en que no podían atentar contra su vida; los hechos probados incluso no mencionan esos supuestos mensajes que se transmitían entre imputado/víctima y que fueron el fundamento que el Sentenciador tomó en cuenta para considerar como aplicada esta agravante; si el A-quo pretendía utilizar esa agravante o cualquier otra, debió plasmarlo así en los sucesos probados, caso contrario implica una aplicación indebida tal como lo afirman los recurrentes. En relación a la agravante del numeral 8 del precitado artículo 32 del Código Penal vigente,…”
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- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
“…Esta Sala de Casación concluye que, al recurrente le asiste la razón al afirmar que no es posible considerar las agravantes del numeral 2 y 8 del ya mencionado artículo (Art 32), pues el abuso de confianza no aparece así plasmado en la fundamentación fáctica del fallo, ni tampoco el cometer el delito por motivos racista o ideológicos, por las razones ya explicadas, por lo tanto, se debe declarar parcialmente ha lugar el motivo de casación por infracción de ley, al haber aplicado incorrectamente el A-quo el artículo 32 numerales 2 y 8 del Código Penal vigente. Al declarar parcialmente ha lugar el presente motivo de casación tendrá como consecuencia la modificación de la pena impuesta al señor Roberto David Castillo Mejia, pues los Sentenciadores fundamentaron la aplicación de la pena media del delito de asesinato, utilizando el artículo 70 del Código Penal vigente (decreto 130-2017) numeral “1”, inciso “b”; pero en el presente caso ya no subsisten la concurrencia de las circunstancias agravantes, por lo que, se debe aplicar el mismo artículo 70 en su numeral “1” pero inciso “a” que dice: “Si no concurren agravantes ni atenuantes la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho” no puede agravarse aún más la pena pues el delito cometido es bastante grave y sin contar con detalles de circunstancias personales del señor Roberto David Castillo lo que no puede valorarse en su contra, esta Sala de lo Penal considera procedente imponer la pena mínima señalada para el delito de asesinato…”
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- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Hito
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En virtud del motivo invocado por los recurrentes, esta Sala de lo Penal procedió a efectuar una revisión exhaustiva de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador en relación a la prueba evacuada en el juicio y no encuentra en ellos violación a las reglas del correcto pensamiento humano, todo lo contrario, el Sentenciador ha razonado adecuadamente la prueba teniendo como fundamento las reglas de la sana crítica. Los censores cuestionan básicamente la Valoración de la Prueba realizada por el Sentenciador en relación a la prueba pericial de los DETECI Y EVIDENCIAS, que aparecen a folios 87 al 93 de la Sentencia recurrida, esta valoración no puede analizarse de forma disgregada o por apartados, como lo presentaron los recurrentes en su impugnación, pues plasmaron aquella valoración probatoria que interesaba a su defensa, pero al revisar dicha valoración podremos darnos cuenta que la misma se va hilvanando una con otra para que al final toda encaje como en un gran rompecabezas, pues la misma constituye prueba indiciaria, es así que esta Sala de Casación considera necesario transcribir la totalidad de los razonamientos externados por el Sentenciador en relación a la prueba pericial: “Los medios de prueba denominado periciales como ser deteci, estima este tribunal que les concede total credibilidad, puesto que fueron realizados por personas que tienen la experticia y el conocimiento en relación a esta labor encomendada, además las mismas es a través de métodos científicos que se realizan. Finalmente, no encuentra este tribunal que dichos medios de prueba, hayan tenido la finalidad de ocasionar un perjuicio, puesto que se apreció, que son objetivamente confiables. Para el caso en relación al Deteci EX 0801-2016-00164, consistente en la extracción de un aparato celular Soni Xperia E1 D2004, con Imei 35384806288311-6, este medio de prueba, es de utilidad para acreditar que el Imei que tenía este este aparato, y que fue recolectado en la vivienda de uno de la personas que planificaron la muerte de la señora Cáceres, quien no es parte en este juicio de nombre Mariano Diaz, resultó ser el mismo utilizado, para comunicarse con otros individuos en el marco de la organización y planificación del Asesinato entre ellos con Douglas Bustillo y el señor Henry Hernandez, este último fue uno de los individuos que participó directamente en la ejecución de la muerte de la señora Bertha Cáceres. Tal como fue corroborado con los vaciados remitidos de las compañías telefónicas de celulares. La Evidencia le fue puesta a la vista al ratificante, siendo este un aparato celular color negro marca Sony, quien confirmó que esa es la misma evidencia de la cual hizo la pericia, indicando además cuales fueron los procedimientos de embalaje, además consta tanto sello como su firma en lado derecho del embalaje. En cuanto a la Transcripción de Dictamen número DETECI EX 0801-2016-00120, este medio de prueba es de utilidad para acreditar, que el aparato telefónico marca de IMEI BLU modelo Jenny Il, color blanco y negro con numero 356621066437628, decomisado en una casa de habitación ubicado en la Aldea los Tarros de Trujillo Colon, fue utilizado el día que le quitaron la vida a la señora Bertha Isabel Cáceres, es decir en fecha 02 de marzo de 2016, a eso de las 23:38:46, por otro coimputado que no es parte en este proceso y que fue identificado con el nombre Henry Hernández, aparato que según antenas de esa zona fue ubicado en la residencial el Líbano de la Ciudad de la Esperanza Intibucá, aspectos que se corroboran con el reporte de llamadas según pericia emitida por la perito Brenda Barahona. Con respecto a la Transcripción del dictamen número EX 0801-2016-00155, ratificado por el perito a quien se puso la evidencia consistente en el teléfono, NYX mobile modelo QUO, color negro con rojo, IMEI 352337060053287, con chip de claro ICCID número 8950400101443525670F H1, decomisado a la señora DIANA MARTINA MEZA SEVILLA, se acredita que este fue recolectado en el allanamiento realizado en la colonia Pizzaty de La Ceiba, Atlántida, el 2 de mayo de 2016. Este dictamen si bien es cierto, está revestido de credibilidad, no obstante, en el caso de estudios se vuelve inútil, la extracción obtenida de este aparato no aporta ningún aspecto relevante a los hechos controvertidos, por lo tanto, no se le da ningún valor probatorio. Con la transcripción del dictamen número DETECI EXT -0801-2018-00047 de extracción de información de aparatos celulares de fecha 15 de agosto de 2018, ratificado en juicio por Whalter Noel Caballero queda corroborado que una vez que se hace la extracción al aparato telefónico se logró obtener los datos generales del aparato celular como ser el número +50499900946 el cual era el mismo que tenía asignado el Acusado Roberto David Castillo, quedando además que la Marca del aparato celular era Iphone, Color: Negro IMEl: desconocido, Cobertor: Negro, siendo el mismo que fue decomisado al señor Castillo, en fecha 02 de marzo de 2018. Que, si bien no se pudo extraer información propia del teléfono, en vista que el mismo estaba con patrón de bloqueo, es mediante otros medios de prueba como ser el dictamen telefónico ratificado en audiencia por Brenda Barahona, se determinó que resultó ser el mismo número utilizado para entablar comunicaciones mediante la aplicación o plataforma de WhatsApp, con los ejecutivos de la empresa DESA, tal como se puede confirmar según dictámenes de DETECI No, 00161, 00167. Es el mismo número (+5049990-0946) utilizado en el chat de seguridad Phaz, chat en el cual intercambiaban comunicaciones relacionado con los seguimientos, vigilancias, que le realizaban a la señora Bertha Caceres, así como a los integrantes del COPINH, del cual también se ventilaba la información de los informantes, tal como se puede corroborar en la extracción del teléfono del señor Sergio Rodríguez, según deteci 00167, quien era uno de los ejecutivos de la empresa Desa. Por otra parte, el número 99900946, es el mismo número utilizado por ROBERTO DAVID CASTILLO para organizar, planificar el asesinato de la señora Cáceres, en vista que al observar y ser explicado el dictamen EX 0801-2016-00166 el cual fue en relación a una extracción al aparato celular marca LG, y que tenía asignado el número 98426844, es así que este número fue utilizado por una persona que no es parte en este proceso, pero ciertamente fue identificado como DOUGLAS BUSTILLO, quien fue el enlace para coordinar de cómo, donde y cuando se daría muerte a la señora Bertha, véase chat 260, del deteci 00166 quedando evidenciado los mensajes que tenían entre los señores Castillo y Bustillo, que aun y cuando no existía una relación laboral, ciertamente se acreditó los mensajes que existían antes y durante planificaban el Asesinato de la señora Bertha Cáceres, el cual finalmente se llevó a cabo en la fecha 02 de marzo de 2016, en horas de la noche. Con el dictamen DETECI EX 0801-2016-00161, relacionado con el aparato celular IPHONE 5, modelo A1428, color negro y azul, identificado con línea de teléfono 96240728, registrado en sus mismos contactos como Daniel Atala, aparato recolectado en el allanamiento de la Empresa DESA, identificado como indicio 13, se pudo constatar al verificar la extracción, que este número tenía en su agenda los números 99900946 (David Castillo), 99926503 (Sergio Rodriguez) y 98426844 (Douglas Bustillo), apreciándose conforme a los chat 22, 32, 237, 275 y 471, que este era un aparato telefónico utilizado por parte de los ejecutivos de la empresa DESA, para comunicarse, entre ellos con el imputado David Castillo, quien fungía como Gerente de la Empresa, además estaba en uso del número 99900946, los cuales mediante la aplicación de Whatsapp y chats grupales que tenían, se comunicaban para estar al tanto de lo que estaba sucediendo, en relación a la construcción de la represa Hidroeléctrica, y así emprender las acciones correspondientes en contra de las personas que conformaban el COPINH, grupo que era dirigido por su coordinadora la Ambientalista Bertha Isabel Cáceres, quienes tenían como finalidad detener la construcción de dicha represa; además, se puede apreciar que mediante chat según este DETECI 00161, los ejecutivos de la Empres DESA entre ellos Roberto David Castillo, tenían el conocimiento las medidas o acciones que se tomaban para resguardar dicho proyecto. Transcripción del dictamen DETECI EX 0801-2016-00167, relacionado con el teléfono Samsung SM-G9251 Galaxy S6 Edge, 359030061328369 color dorado, decomisado al señor Sergio Rodríguez, el cual tenía asignado el número 9992-6503, que si bien el señor Rodriguez no es parte en este proceso, lo cierto, es que es uno los ejecutivos que está vinculado en la muerte de la señora Cáceres, quedando evidenciado a través de la extracción de este teléfono que el señor Rodríguez, tenía comunicación mediante la aplicación de Whatsapp con otros ejecutivos de la empresa Desa, entre ellos el Gerente Roberto David Castillo, de quien como se ha dicho anteriormente estaba en uso del número de teléfono 99900946. Es así que en los chats grupales que tenían estas personas, se aprecia que sostenían conversaciones, atinentes a la neutralización de los movimientos y acciones de las actividades que planificaba la señora Bertha Isabel Cáceres, junto a los miembros de la Organización Copinh, con la finalidad de poder detener la construcción de la Represa Hidroeléctrico Agua Zarca. Razón por la cual los ejecutivos de la empresa Desa, como ser Sergio Rodriguez (no esta parte de este proceso), y con conocimiento del Gerente Roberto David Castillo, tenía infiltrados a informantes, ello con la finalidad de poder confirmar todos los movimientos que realizaba la señora Berta Cáceres junto con el grupo que lideraba, y así tomar medidas para bloquear las acciones que emprendía la organización Copinh a través de su líder la señora Cáceres. Por otra parte, es importante mencionar, que en esta pericia del Deteci 00167, se evidencia que el imputado Roberto David Castillo, fungía como Gerente de la empresa DESA, creó el grupo denominado Comité Phaz, es así que para fecha 07 de octubre de ese mismo año el señor Sergio Rodríguez, cambia el nombre a Seguridad Phaz, en esa misma fecha el señor David Castillo Gerente de la Empresa DESA, en una fecha 07 de octubre, a las 11:51:42 según chat 298 (véase tomo 17) remite mensaje y dice: “Creo que existe un nivel de información que debe ser manejada entre nosotros como DESA, también existe en fecha 08 de octubre de 2015, a las 12:45:31, véase folio 8018/V, dice David: "cuando-estemos en crisis nos movemos al otro grupo para que todos estén informados. A las 12:46:52 David Castillo dice: y ahorita información estratégica y de inteligencia la manejamos nosotros. Asimismo, con dicha extracción se puede corroborar otro mensaje enviado por Sergio Rodríguez, en fecha 29 de octubre de 2015, a las 9:59:58, según chat 298, -dice: Es evidente que mientras no llegue Tomas o Bertha el movimiento se debilita y hay poca convocatoria, de ahí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones. En tanto que el acusado David Castillo refiere en fecha 30 de octubre de 2015, siendo las 3:58:55, "COPIADO". Por lo que se puede evidenciar que los ejecutivos de DESA, entre ellos el imputado Roberto David Castillo, quien era el gerente de dicha empresa, a través de este Chat 298, denominado Seguridad Phaz, tenía pleno conocimiento de los movimientos que ejercía la señora Bertha Cáceres, junto al grupo de personas que conformaban el Copinh, ello a través de las comunicaciones entre sí y por medio de los informantes pasaban al tanto, información que servía para tomar acciones por parte de los ejecutivos de la empresa Desa y así poder bloquear las acciones que realizaban al Copinh a través de su coordinadora Bertha Cáceres, ante ello, queda evidenciado el malestar por parte de los ejecutivos de la empresa Desa ante la constante oposición para la construcción de la represa hidroeléctrica, lo cual y través de la prueba evacuada, quedo demostrado la enemistad que tenían estos ejecutivos con la señora Cáceres y los miembros que formaban parte de la organización denomina Copinh, tal como se ha corroborado por los testimonios, lo cuales se valoran en el acápite correspondiente de esta sentencia y demás prueba pericial. La defensa cuestionó, que este medio de prueba, es decir el DETECI 00167, relacionado con el teléfono decomisado al señor Sergio Rodríguez, había sido manipulado, en razón que el perito refirió que inicialmente había introducido en la memoria USB 51.8 GB, y que al confirmar el contenido advirtió que solo tenía 34.7 GB, por lo cual no coincide con el total que inicialmente tenía esa USB. Sin embargo, al momento el perito dio las explicaciones y corroboró la información contenida en el Deteci, realizando una comparación de carpetas con el respaldo de la información que tenía en su disco duro, confirmó que coincide en su totalidad la información con lo que él tiene. Explicó el perito que la integridad de esa información del archivo nativo, se asegura ya que entra a la herramienta física y se genera su respectivo hash, y ese archivo hash es el que viene en los informes de extracción. Además, de las explicaciones en juicio por parte del Perito David Amador, se corrobora que a dicha información no se le puede hacer ninguna modificación ya que esta creados en archivos PDF, y que hay medidas de seguridad que garantizan el archivo generado, siendo la misma información que tenía de respaldo en su disco duro, tal como se pudo evidenciar mediante la inmediación en juicio, ya que dichas comparaciones fueron proyectadas en juicio, incluyendo la presentación de las paginas por el especialista, lo cual fueron apreciadas por cada una de las partes procesales. Este DETECI 00167, fue utilizado como insumo por el perito de la defensa SHAUN VODDE, los cuales coinciden armónicamente en su contenido respecto a la misma información del DETECI, ratificado por el perito de la parte acusadora DAVID AMADOR, por tal razón los alegatos esgrimidos por la defensa del señor Roberto David Castillo, no le restan credibilidad a este medio de prueba, dado que la misma prueba de descargo, afirma los dichos de la prueba de cargo, puesto que la defensa dentro de su tesis, indicó que de la prueba pericial de cargo hubieron construcción de conversaciones para darle un sentido diferente, sin embargo, la misma prueba de descargo, confirma los mismos aspectos de la prueba de cargo. Es así como en relación a lo que indicó la defensa, ello quedó en meros argumentos, pues se desconoce cuál es la información que según la defensa faltó o qué tipo de información es, y lo cierto es que tales extremos no se acreditaron. Lo que, si se corroboró es que este DETECI 0167 fue utilizado como insumo para ambas partes, es decir por la parte acusadora y defensora, de lo cual quedó evidenciado que es la misma información y que coinciden en su totalidad, con el mismo contenido. En cuanto a la transcripción del dictamen número DETECL EX 0801-2016-00166, relacionada con la extracción del dispositivo LG modelo D805, color negro, IMEL 358300050363011, IMSI 708020022450507 utilizado por el señor DOUGLAS GEOVANNY BUSTILLO, el cual fue recolectado en su vivienda el 2 de mayo de 2016. Se corrobora que este aparato tenia, asignado el número 98426844, siendo mediante este número que el señor Douglas Bustillo, tenía comunicación con los ejecutivos de la Empresa DESA, entre ellos con el Gerente, el acusado Roberto David Castillo, mismos que entre otras cosas se llevó a cabo la coordinación, planificación y ejecución de la muerte a la líder ambientalista Bertha Isabel Cáceres. Se puede corroborar que, la intenciones de quitarle la vida surgen mediante chat 260 de la aplicación WhatsApp, desde fecha 22 de noviembre de 2015, a las 5:50:38, cuando Douglas Bustillo le dice a David Castillo, "buenos días señor Castillo complete el 50%", David Castillo refiere que se vean a las 6:15 en Chilis Próceres, le dice que se ponga las pilas, que tenga todo preparado, que puede ser que en el transcurso del día ocurra algo" (véase tomo 19 folio 8752). La segunda intención surge de quitarle la vida surge en fecha 05 de febrero de 2016, a las 20:58:51, mediante chat 260 fecha 05 de febrero de 2:58:51 am, el acusado Roberto David Castillo le remite mensaje a Douglas Bustillo le dice: "que recuerde los accidentes y la escena. (véase tomo 19 folio 8958). De igual manera, en esa fecha 05 de febrero de 2016, el individuo Henry Hernández quien tenía en esta fecha la misión de terminar con la vida de la líder ambientalista se ubica en Siguatepeque, Comayagua, junto a Douglas Bustillo, tal como se puede evidenciar según Extracción del teléfono LG-D805 G2, VEASE DETECI EX 0801-2016-00166, sitio donde procedió a realizar búsquedas de Internet relacionadas con movimientos y fotografías de la señora Bertha Cáceres. Asimismo, se corrobora que en fecha 6 de febrero de 2016, siendo las 9:17:15: Douglas en uso del número 98426844, le manifiesta a David Castillo: "que la misión se abortó. Se indica: "no se pudo, esperaré lo que usted dijo porque yo ya no tengo logística, estoy en cero". El 06 de febrero de 2016 a las 9:17:15, Douglas Bustillo le dice a David Castillo lo siguiente: "Líder yo no necesito la información, necesito lo que usted va presupuestar para el trabajo, los medios idóneos y logísticos." En tanto que David Castillo contesta ese mismo día 06 de febrero de 2016 a las 21:45:40 "copiado, misión abortada." Con ello se evidencia que existe una cronología o concordancia de que se trataba de dar muerte en esa fecha a Bertha, pues al relacionar las comunicaciones que se tenían con otros copartícipes entre ellos el señor Mariano Diaz y Henrry Hernández, (ver folio 8,632), hablan cuando el pez ya esté cheque, me dijo Douglas, que eran cincuenta más y otros cincuenta de él. Asimismo, se desprende según mensajes de texto a (folio 8634), en fecha 05 de febrero de 2016, a las 20:29:37 Mariano Diaz en uso del número 33281417 le pregunta a Henry Hernandez en uso del número 97755627, ¿"no se puede? ¿O qué? En tanto que Henry Hernandez, quien se encuentra en la Esperanza, Intibucá, en esa misma fecha siendo las 20:30:43 le responde: "AHÍ VASTANTE TRAFICO D JENTE", Mariano le dice que le avise, y que le avise al amigo que se entiende con él, continuaron con los mensajes de texto y ya para el 06 de febrero de 2016 a la 07:21:54, Henry le dice a Mariano Diaz que le diga al volante que para hacer la vuelta se necesita el carro, este quien aún se encuentra en la Esperanza, Mariano le dice que no sería hoy porque hay que planear diferente, Henry le pregunta y cuándo? Mariano le refiere que hay que conseguir un vehículo pando. En tanto que Henry le refiere a Mariano el 06/02/2016 a las 08:33:26 que hacía dos minutos había salido de la Esperanza (Folio 8639 tomo 19), quienes quedan de verse en Siguatepeque (F 8644), lo cual es una secuencia cronológica que en esa fecha 05 de febrero de 2016, tenían como objetivo quitarle la vida a la señora Bertha Cáceres; acto delictivo que no se llevó a cabo en dicha fecha, por las circunstancias que Henry le manifestaba a Mariano, como ser que había bastante gente, porque necesitaban un vehículo, aspectos que fueron comunicados a Douglas Bustillo y este quien a su vez le informaba al acusado ROBERTO DAVID CASTILLO, exigiéndole los aspectos logísticos para llevar a cabo el hecho criminoso, quienes siguieron el mismo plan delictivo, como se puede apreciar con la vinculación y vaciado telefónica que el número 98426844, en uso de Douglas Bustillo, después del primer intento fallido de darle muerte a la líder ambientalista, continuaron con el mismo. Y es así que mediante el 260 en fecha 20 de febrero de 2016, Douglas Bustillo le dice a David Castillo, que tenga cuidado con la visita que tendrá al proyecto, refiriéndose a la señora Bertha Cáceres, comunicaciones que se daban sin tener algún tipo relación laboral o comercial entre ambos, Luego en fecha 21 de febrero se ubica según antenas telefónicas en la Esperanza Intibucá, junto al copartícipe Henry Hernández, donde continuaba con los seguimientos y vigilancias, y según vaciado existen dos comunicaciones con el acusado ROBERTO DAVID CASTILLO, de igual manera según extracción realizado a su teléfono celular LG, D805 G2, en fecha 24 de febrero de 2016, fue creada una imagen de la vivienda de la occisa, extremo que fue confirmado que se trataba de la misma vivienda con las actas de diligencias investigativas que corre agregada a folio 693 y 694, fechas en las cuales el señor Bustillo tenía comunicación con el señor Castillo, Henry Hernandez, y Mariano Diaz, siendo los mismos individuos que habían organizado y planificado el intento fallido de darle muerte en fecha 05 de febrero de 2016, quienes no le quitaron su vida en esa fecha, por las circunstancias que hemos mencionado en esto acápite. Sin embargo, su plan delictivo seguía vigente hasta quitarle la vida a la líder ambientalista Bertha Cáceres, y para fecha 29 de febrero de 2016, Douglas Bustillo en uso del número 9842-6844, le envía mensaje al señor David Castillo en uso del número 99900946, le pregunta que como están, David Castillo le pide disculpas hablan de un préstamo y Castillo le manifiesta que se miren al siguiente día ya que por la noche le pagan y puede tener disponible el préstamo, (véase chat 260), misma fecha a las 18:44:25, en la cual Douglas Bustillo, registra comunicación con el copartícipe Henry Hernández, en uso del número 97755627, quien se ubica en Colon (folio 8420), ya para fecha 02 de marzo este individuo las antenas lo ubican a partir de las 15:54:35, que se encuentra en Intibucá, tal como se desprende según vaciado telefónico, y a partir de esa hora se comunica con el señor Bustillo en uso del número 98426844, con quien tiene un total de llamadas 21 llamadas encontrándose Henry Hernández en Intibucá. Ya para fecha 03 de marzo de 2016 a eso a las 00:32:47, se comunican ambos, es decir, cuando Henry Hernández, junto otros individuos le habían quitado la vida a líder Ambientalista Bertha Cáceres, en su vivienda ubicada en la residencial el Líbano de la Esperanza. En tanto el señor Hernández en misma fecha continuaron las comunicaciones entre ambos como se desprende en folio 8421. Un dato relevante que en fecha 03 de marzo a las 6:20:54 Henry se comunica con Douglas, con duración de 35 segundos la llamada (f-8421) y este en esa misma fecha 9 minutos después se comunica con el señor Sergio Rodriguez con una duración según vaciado telefónico de 80 segundos, horas más tarde intenta comunicarse con el imputado David Castillo, sin tener ninguna relación laboral o contractual, lo que evidencia que era para poner al tanto sobre la muerte de la señora Cáceres Es decir, que existe una cronología de eventos respecto a la dinámica del hecho criminoso, donde intervienen las mismas personas, entre ellos los ejecutivos de DESA quienes desde el 2015, le daban seguimiento y vigilancias a través de informantes, también resultan ser los mismos individuos que planificaron y organizaron darle muerte en fecha 05 de febrero de 2016, lo cual fue un intento fallido debido a la falta de logística, que exigía el señor Henrry Hernandez, lo cual fue comunicada al acusado Roberto David Castillo, por medio de Douglas Bustillo según chat 260, según extracción realizado a su teléfono celular LG, D805 G2, y como se dijo son los mismas personas que siguieron con el plan delictivo, hasta que finalmente le quitaron la vida en fecha 03 de marzo de 2016, que son aspectos que se detallan en la valoración de la pericia de Brenda Barahona, lo cual es confirmado con la pericia emitida por Shaun Vodde, medio de prueba de la defensa que confirma la participación del acusado en la muerte de la señora Cáceres. Con la pericia realizada al teléfono marca LG, color negro con gris, sin tarjeta SIM y sin memoria SD, con IMEI # 352624052456457, se acredita que al practicarle la extracción se encontró un archivo identificado como "Grabación 0035433, con duración de 30 segundos, con fecha y hora de creación: 31 de marzo de 2016, a las 7:11 P.M. Es decir, que dicho archivo fue creado con fechas posteriores a la muerte de la señora Bertha Cáceres, por otra parte de las explicaciones que dio el perito en su intervención quedó plenamente establecido que en ningún momento se habla de la muerte relacionada con la señora Bertha Cáceres, y que no se tratan de varios interlocutores, sino que solo hay una persona que graba dicho audio; aspectos que son corroborados con la misma pericia de la defensa, la cual se le practicó al mismo aparato telefónico, ya que coinciden de manera armónica la fecha y hora que fue creado dicho audio. Por lo cual queda descartada la estrategia de la defensa en querer desvanecer la tesis acusatoria, en el sentido que fueron otros móviles por lo cual dieron muerte a la señora Bertha Cáceres.” Al analizar la totalidad de la valoración de los medios de prueba periciales DETECI y Evidencia, fácilmente podemos detectar que el Sentenciador ha realizado un ejercicio intelectivo adecuado a las reglas del correcto pensamiento humano, pues constituye un indicio que por sí solo pareciera inofensivo, al unirlo con otros va encajando de manera perfecta y conforma en definitiva un indicio fuerte y derivado de la prueba; resulta de vital importancia los aparatos celulares decomisados en las viviendas de los otros imputados que participaron en el hecho y que no son objeto de proceso en este juicio, pues el señor Roberto David Castillo fue incoado su proceso solo, pero eso no significa que no hayan participado más personas, tal como quedo evidenciado; para el caso el celular Soni Xperia E1 D2004 decomisado al señor Mariano Diaz Chávez, uno de los implicados en el asesinato de la ambientalista, se encontraba siendo monitoreado por orden judicial por la investigación de otro tipo de delito, y en cuyas conversaciones recolectadas se encuentran unas con el coimputado Douglas Bustillo y con Henry Hernández, este último participó directamente en los hechos; este teléfono fue de vital importancia para lograr hilvanar las diferentes actuaciones y sus partícipes. Así mismo el decomiso realizado de un teléfono marca Blu Jenny II, decomisado en una casa de habitación en la Aldea los Tarros de la ciudad de Trujillo Colon, se determinó y comprobó que ese celular se ubicaba en el lugar donde asesinaron a la señora Cáceres en el 2016, en la ciudad de la Esperanza y que era utilizado por otro coimputado de nombre Henry Hernández, todo lo cual fue confirmado por el perito Brenda Barahona. Encontramos también la transcripción del dictamen DETECI 0801-2018-00047 respecto a extracción de información realizado por el perito Whalter Caballero, practicado al aparato celular número 9990-0946, el cual era el mismo que utilizaba el señor Roberto David Castillo Mejía, y mediante el dictamen DETECI 00161 y 00167 se pudo acreditar que era el mismo número utilizado para entablar comunicaciones mediante la aplicación de WhatsApp entre los ejecutivos de Desa; y ese mismo número era utilizado en el chat denominado Seguridad Phaz, en el cual se intercambiaban comunicaciones relacionado con los seguimientos y vigilancias que realizaban a la ofendida Berta Cáceres y al grupo COPINH, ahí es donde se establece también el pago de informantes. Conforme al dictamen DETECI EX 0801-2016-00166 se establece que el señor Roberto David Castillo Mejía mediante el teléfono 9990-0946, organizó y planificó el asesinato de la señora Berta Cáceres, todo lo cual queda acreditado con la extracción al aparato celular LG y que tenía asignado el numero 9842-6844, utilizado por el señor Douglas Bustillo -quien no es parte en este proceso- y mediante el chat 260 del deteci 00166 se determinó que, a pesar que no existía relación laboral entre ambos, los mensajes entre ellos determinan la planificación de atentar contra la vida de la señora Berta Cáceres, haciendo un primer intento que falló y luego consiguiéndolo el día 02 de marzo de 2016. En el dictamen DETECI EX 0801-2016-00161 realizado al aparato celular iPhone 5, registrado a nombre de Daniel Atala, aparato recolectado en el allanamiento a la empresa DESA, en la extracción, en su agenda tenía el numero 9990-0946 a nombre de David Castillo y otros ejecutivos de la empresa, teniendo grupos de WhatsApp se puede constatar las acciones que hacían contra la señora Berta Cáceres y el grupo que lideraba, quienes se oponían a la construcción de la represa agua Zarca, teniendo conocimiento el señor Roberto David Castillo de las acciones y medidas que se tomaban para resguardar el proyecto. Todos esos chats grupales, era integrado por personas que sostenían conversaciones atinentes a la neutralización de los movimientos de la ambientalista, y esos chats grupales aparece la figura activa del señor Roberto David Castillo, pues él pagaba personas que se infiltraban en el grupo COPINH con la finalidad de confirmar los movimientos de la ambientalista junto con el grupo de lideraba. Mediante el DETECI 00167 quedó acreditado que el señor Roberto David Castillo creó el grupo denominado Comité Phaz y que luego cambian el nombre a Seguridad Phaz, el señor Castillo mandó mensajes advirtiendo que había un nivel de información que debía ser manejado solo por ejecutivos de DESA y afirmó “cuando estemos en crisis nos movemos al otro grupo” de ahí se demuestra que mucha información no podía ser conocida por la totalidad de los miembros de un grupo, por eso se creó otro en el cual se podía hablar libremente de las acciones que se emprenderían contra la ahora ofendida; en ese mismo chat un ejecutivo de Desa afirmó: “mientras no llega Berta y Tomas el movimiento se debilita, contra ellos debemos encaminar acciones” a los cual el señor Castillo respondió “copiado”; se evidencia pues que el señor Roberto David Castillo planificó acciones tendientes a parar el movimiento que lideraba Berta Cáceres y al no poder detenerla con intimidaciones u ofrecimientos, al final deciden atentar contra su vida. Otro dictamen vital para determinar la responsabilidad del acusado, es el DETECI EX efectuado al aparato celular del señor Douglas Geovany Bustillo y que fue entre el señor Douglas y el señor Roberto David Castillo que se planificó y ejecutó la muerte de la señora Berta Caceres, en el chat 260 del 22 de noviembre de 2015 el señor Douglas le dice al señor Castillo, “buenos días señor complete el 50%” a los cual responde el señor Castillo que se vean en Chillis de los Próceres a las 6:15pm, además le dice que tenga todo preparado, que puede ser en el transcurso del día que ocurra algo; cita que resulta totalmente sospechosa pues entre el señor Roberto David Castillo y el señor Douglas Bustillo ya no existía ninguna relación de trabajo, pero aun así mantenían comunicación y sus conversaciones siempre hablaban en clave. La segunda intención de quitarle la vida a la señora Cáceres se dio el 05 de febrero de 2016, lo cual quedo así acreditado mediante el chat 260, el señor Roberto David Castillo le dice al señor Douglas Bustillo “recuerde los accidentes y la escena” y encajando a la perfección en esa misma fecha 5 de febrero, el señor Henry Hernández, quien ejecutaría a la señora Cáceres se ubica en Siguatepeque junto con Douglas y en fecha 06 de febrero el señor Bustillo le manda mensaje a Roberto David Castillo y le dice que la misión fue abortada y afirma “no se pudo, esperare lo que usted dijo, porque yo ya no tengo logística, estoy en cero” y agrega además “Líder yo no necesito la información, necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo, los medios idóneos y logísticos” en tanto Roberto Castillo respondió “copiado, misión abortada” y en esas mismas fechas el coimputado Mariano Diaz habló con el señor Henry Hernández diciéndole que “había un pez gordo, ya está cheque, me dijo Douglas que eran 50 más y otros 50 para el” sin duda alguna se referían a la señora Berta Cáceres, quedando acreditado que el señor Douglas Bustillo se comunicaba con Mariano Diaz y luego con Henry Hernández, entre ellos planificaron su muerte, todo lo cual tenía conocimiento el señor Roberto David Castillo.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-567-2022, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cuatros días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 567-2022 por Infracción de Precepto Constitucional, Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de junio de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Roberto David Castillo Mejía, por el delito de Asesinato, en perjuicio de Bertha Isabel Cáceres Flores, a la pena de veintidós años y seis meses de reclusión. Segundo: Condenó al señor Roberto David Castillo Mejía, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo de duración de la condena, así como a trabajar en obras públicas o a labores dentro del establecimiento penitenciario, durante el tiempo de la condena. Tercero: Se declaró al señor Roberto David Castillo Mejía, responsable civilmente. Cuarto: No se decretó el comiso de las evidencias puestas a la vista en juicio oral y público. Las evidencias evacuadas fueron devueltas bajo el resguardo y custodia del Ministerio Publico. Quinto: No procedió la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: Se suspendió la ciudadanía por disposición Constitucional. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Juan Sánchez Cantilllano y Ritza Yolanda Antúnez Reyes, en su condición de apoderados defensores de Roberto David Castillo Mejia, como parte recurrente; los Abogados Víctor Antonio Fernández Guzman y Lestter Jose Castro Ramírez, en su condición de Acusador Privado en representación de Bertha Isabel Zúniga Cáceres, Olivia Marcela Zúniga Cáceres, Laura Yolanda Zúniga Cáceres y Maria Austra Flores López; y el Abogado Pedro Antonio Mejia Godoy, en su condición de Acusador Privado, en representación de Salvador Edgardo Zúniga Cáceres, ambos como partes recurridos. Hechos Probados “PRIMERO: Para el año 2013 la empresa DESARROLLOS ENERGETICOS S.A (DESA); emprendía la construcción de un proyecto Hidroeléctrico denominado Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ) ubicado en la rivera del Rio Gualcarque a inmediación de varias comunidades de la zona de Rio Blanco entre ellas Barrial, La Tejera, Valle de Ángeles y La Unión, en el departamento de Intibucá, que gozaba de financiamiento tanto de capital bancario nacional como internacional. La construcción de dicho proyecto, obtuvo el favor de algunos habitantes cercanas al proyecto en espera de obtener infraestructuras y desarrollo a favor de las comunidades circundantes, pero también provocó la oposición de otras personas también de tales comunidades, que además eran miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) coordinado por la señora Bertha Isabel Cáceres, pues estimaban que la construcción del proyecto hidroeléctrico, representaba un peligro para el medio ambiente, los recursos naturales, específicamente en lo referente al Rio Gualcarque, cuyas aguas corren a inmediaciones de la comunidad y donde estaría ubicado inicialmente el proyecto hidroeléctrico. Y en el marco de ello, también se consideró que el proyecto se habría emprendido con violación al derecho a la consulta que tenían comunidades indígenas del lugar. En el marco de esa oposición, se llevaron a cabo varias manifestaciones en el sitio suscitándose controversias entre los opositores, tanto con empleados de la empresa Desa como con otros miembros de las comunidades que favorecían la presencia de dicha empresa, eventos en los que intervino incluso elementos de la fuerza del orden público, al grado tal, que hubo eventos que culminaron con daños en propiedades, y enfrentamientos que produjeron la muerte de dos personas) heridos. Es bajo este contexto de oposición que posteriormente, dicho proyecto fue rediseñado por sus ejecutivos para ser construido en el margen izquierdo del Rio Gualcarque, ubicado en la inmediaciones del Municipio de San Francisco de Ojuera, Departamento de Santa Barbara, lo cual no impidió que continuara oposición por parte del del COPHIN, liderada por la ambientalista señora Bertha Isabel Cáceres, oposición que se acrecentó en los años 2014 y 2015 al punto que dicha controversia captó la atención de medios de comunicación del país y de personas extranjeras vinculados al abordaje de estos temas. SEGUNDO: Ante tales circunstancias, directivos que estaban a cargo de la ejecución del proyecto entre ellos, el Gerente del Proyecto, el señor Roberto David Castillo, buscaban realizar acciones para intentar neutralizar los movimientos y acciones de la señora Berta Isabel Cáceres junto con personas de su organización, el COPINH. Es así como dichos directivos participaron en dos grupos mediante la plataforma de Whatsapp, uno denominado de Coordinación Phaz, y otro denominado Comité Phaz, ultimo éste que en fecha 07 de octubre 2015 se le cambió al nombre de Seguridad PHAZ siendo parte de ambos grupos el señor Gerente Roberto David Castillo Mejia indicando esto a los demás ejecutivos en el Chat Seguridad Phaz que había un nivel de información que debía ser manejado entre ellos como DESA, y que la información estratégica y de inteligencia la manejarían entre ellos. Como parte de estas acciones, los directivos de Desa pagaban servicios de informantes, a fin de poder tener información anticipada respecto de los lugares, días y fechas que tenía previsto la señora Berta Cáceres realizar movilizaciones junto con su organización en oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aqua Zarca, de la empresa Desa. TERCERO: En el año 2015, incluso después de haber terminado la relación laboral de Douglas Bustillo con la empresa DESA, se dieron una serie de comunicaciones entre Douglas Bustillo y otros directivos, uno de los cuales era el Gerente David Castillo con el fin de acabar con la oposición que realizaba Berta Cáceres y otros del grupo COPINH, y como consecuencia de tales deliberaciones se determinó acabar con la vida de Berta Cáceres, acción que se dispuso que sería desarrollada o coordinada por Douglas Bustillo, implicando la supervisión y aporte de dinero o de elementos logísticos que debían ser facilitados por el señor Roberto David Castillo. En ese contexto, Douglas Bustillo, quien habla sido militar anteriormente, se comunicó con un amigo suyo que a ese año era miembro activo de las Fuerzas Armadas, y que era una persona que desde el año 2014, tenía sus conversaciones telefónicas monitoreadas en el marco de otras investigaciones por diversos ilícitos. Es así como Douglas Bustillo se avocó a dicha persona para hacer a éste participe de las acciones que se iban a emprender para acabar con la vida de la señora Berta Cáceres y a través del cual se determinó el uso de medios tales como armas y personas, con las cuales se realizaría la acción de acabar con la vida de Berta Cáceres. Fue así que con la intermediación de este amigo y excompañero del señor Douglas Bustillo, se logró la disponibilidad de otro individuo, quien junto a otros tres individuos, se encargarían de quitarle la vida a la señora Berta Cáceres, llevándose a cabo vigilancias y seguimientos de ésta y de su casa de habitación, previéndose que el día cinco de febrero de 2016 se llevaría a cabo la acción, ubicándose el señor Douglas Bustillo y otros dos ese día en la ciudad de La Esperanza Intibucá Esa noche, el señor Roberto David Castillo en uso del abonado celular 9090-0946, envió un mensaje de texto al señor Douglas Bustillo las 20:58 horas UTC-6 el siguiente mensaje: "Recuerde de los accidentes y la escena. La acción no fue ejecutada esa noche y así se lo informó Douglas Bustillo a las 9:17 UTC-6 del siguiente días 6 de febrero del 2016 al señor Roberto David Castillo a quien le manifestó "Misión abortada hoy Ayer no se pudo. Esperaré lo Que ud dijo xq ya no tengo logística estoy en cero" Luego le escribió a las 11:30 UTC-8 "Líder yo no necesito la información. Necesito lo que usted va presupuestar para el trabajo los medios idóneos y logísticos', a lo cual el señor Roberto David Castillo le respondió a las 21:46 UTC-6: "Copiado, misión abortada". Mientras tanto, las manifestaciones de oposición seguían llevándose a cabo, siendo una de las últimas más relevantes, la acontecida en fecha 20 de febrero de 2016 de lo cual también avisó o informó ese mismo día Douglas Bustillo al señor Roberto David Castillo. Ya en fecha dos de marzo del año 2016, siguiendo el mismo plan determinado y con la coordinación de Douglas Bustillo y de lo cual sería posteriormente informado a Roberto David Castillo y a otro ejecutivo de Desa, cuatro individuos viajaron desde el norte del país hasta llegar alrededor de las once y treinta de la noche hasta la residencial El Líbano, de la Esperanza, Intibucá, donde se encontraba en su casa de habitación la señora Berta Cáceres en compañía el Testigo Protegido ABC 03-03-2016, persona extranjera que participaba en un foro en la ciudad de Intibucá. Es así como entonces dos de tales individuos ingresaron a la casa de habitación, y una vez adentro, uno disparó contra el señor extranjero visitante que se encontraba en un cuarto de habitación, dejándolo herido, en tanto que el otro encuentra a la señora Berta Cáceres en el interior de la vivienda y le disparó en reiteradas ocasiones a la señora Berta Cáceres, perdiendo ésta la vida producto de dicha acción. Acto seguido, los individuos se fueron todos de regreso con rumbo al norte del país a bordo de un vehículo que les esperaba a las afueras de la Residencial El Líbano, siendo para entonces, la madrugada del día 3 de marzo del año 2016. Luego de ejecutada esta acción, en horas de la madrugada y en el transcurso del día tres de marzo de 2016, Douglas Bustillo se comunicó vía telefónica con directivos de Desa, entre ellos Roberto David Castillo.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurrente Abogados Ritza Yolanda Antúnes Reyes y Juan Sánchez Cantillano, en su condición de Defensores Privados del señor Roberto David Castillo Mejia recurso completo que aparece agregado a folios 10651 al 10742 del tomo 23 del expediente judicial y que en resumen establece: RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL PRIMER MOTIVO: Infracción del artículo 89 de la Constitución de la República, es decir vulneración al Principio de Inocencia. PRECEPTO AUTORIZANTE El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo invocado Una de las premisas del enjuiciamiento acusatorio, radica en que, la sentencia penal de condena debe basarse por regla general en una prueba directa, pues, esta no genera dudas al momento de establecer la responsabilidad penal de una persona que es imputada de un delito durante el juicio oral y público. No obstante, ello, por regla de excepción la doctrina ha establecido la posibilidad de enervar el estado de inocencia de un justiciable a través de la denominada Prueba Indiciaria, criterio aceptado por la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, sin embargo, en ambos casos la prueba debe ser siempre suficiente para enervar el estado de inocencia del encartado. SEGUNDO MOTIVO: INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL AL VULNERARSE EL DERECHO DE DEFENSA. - Precepto autorizante: Artículo 361 del CPP, en relación con el artículo 82 Constitucional, Art. 8.2.c) y 8.2. f) CADH), y artículos 4, 14 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo invocado El artículo 82 de la CR, establece lo siguiente: el derecho de defensa es inviolable. Al dotar de contenido procesal a la norma constitucional el legislador interrelaciono el contenido del artículo 14 del CPP, donde se regula que el derecho de defensa es inviolable, asimismo, el articulo 4 estipula que el juicio oral y público se regirá por el principio de contradicción, como mecanismo de viabilizar el efectivo derecho de defensa. En ese orden de ideas, solo se puede lograr contradecir la tesis acusatoria con derecho a presentar los elementos probatorios con que cuenta el encartado, sin duda, superando previamente la fase de admisibilidad probatoria RECURSO POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal por Aplicación Indebida, del artículo 193 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 193 del Código Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo al desarrollo del recurso invocado, es oportuno manifestar que partiremos para demostrar el vicio in iudicando alegado, en el cual el tribunal de sentencia es erróneo al calificar a los hechos probados la norma sustantiva 193 del Código Penal que establece el delito de Asesinato; de la finalidad precisa de este tipo de recurso que ha sido ampliamente reconocida por la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, entendiendo, que es a través del recurso de infracción de ley que la Sala puede revisar los errores de subsunción cometidos por el juzgador, en especial cuando se condena indebidamente en un proceso penal en el cual no se constata la responsabilidad imputada y no se colige de los hechos probados que estos estén desvalorados jurídicamente, por ende reprochados con una sanción penal; por ello, los hechos probados constituyen el pilar fundamental de la sentencia penal. SEGUNDO MOTIVO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal por Aplicación Indebida, del artículo 25 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 25 del Código Penal. Hemos de aclarar previamente que el presente motivo se invoca para evidenciar el yerro del sentenciador, al calificar una coautoría de manera indebida pues el imputado no tuvo participación alguna en los hechos, tratándose de un tipo penal inexistente como se expuso en el motivo anterior. El tribunal erróneamente considera Coautor del delito de Asesinato a Roberto David Castillo, aduciendo, “que la participación que, tenido en la presente causa, es el de COAUTOR DEL DELITO DE ASESINATO, en perjuicio de BERTHA ISABEL CACERES, el cual ejecutó las acciones tendientes a su consumación tuvo el dominio del hecho, tomando parte cómo y dónde se ejecutaría el delito” TERCER MOTIVO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Penal por Aplicación Indebida, del artículo 32 del Código Penal, numerales 2 y 8. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 32 numerales 2 y 8 del Código Penal. Por de pronto, habrá que establecer fehacientemente la inocencia del señor David Castillo, con lo cual, la denuncia del presente vicio solo evidencia nuevamente el yerro del sentenciador, pues, al momento de determinar la pena el tribunal incurre en un error, aplicando indebidamente el artículo 32 del Código Penal en referencia las circunstancias agravantes, las establecidas en el numeral: 2) “Ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza”; así como la establecida en el numeral 8) “Cometer el delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología, religión o creencias de la víctima, edad, lengua, situación familiar, etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo orientación sexual o identidad de género, razones de genero enfermedad o discapacidad” RECURSO POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: NO HABERSE OBSERVADO EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA. - Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 3), en relación con el artículo 202 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo invocado Como ya se adelantaba CLAUS ROXIN el acusado tiene que ser protegido de las falsas apreciaciones del juez en la formación de su convicción, exigiéndose en ese sentido como prisma a seguir que tales apreciaciones guarden la racionalidad en su construcción. Este aspecto, condicionado obviamente por la inmediación, que permite determinar la existencia de prueba de cargo válida para quebrantar el estado de inocencia del encartado; cuya presencia, está limitada a la percepción que se tenga de la evacuada en el juicio oral y la motivación de la interpretación que tuvo lugar en juicio. Sumado a lo anterior, tal ejercicio jurisdiccional debe respetar los principios de la recta razón (normas de la lógica), los principios de la experiencia común y de los conocimientos científicos, en las deducciones que el tribunal de sentencia realice a partir de la prueba de cargo y descargo. SEGUNDO MOTIVO. MOTIVACIÓN FÁCTICA INSUFICIENTE Y CONTRADICTORIA. Precepto autorizante: Artículo 362 numeral 3), en relación con el 338 regla cuarta numeral 2 de la valoración de la prueba y 141 del Código Procesal Penal. La sentencia objeto de recurso incurre en un vicio latente pues no contiene una fundamentación fáctica suficiente o completa, plasmada adecuadamente en la prueba, al no realizar el tribunal un ejercicio intelectivo individual sobre toda la prueba, por ende, la explicación de las conclusiones que de manera individual se extraen de ellas. Asimismo, adolece de motivación contradictoria cuya formulación se realiza en conjunto por la estrecha relación entre ambos motivos. Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo numerus apertus, son: 1. Negación de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación Restrictiva de un derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida en que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Primer Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal, con relación al artículo 89 Constitucional y 2 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: vulneración al principio de inocencia Pretensión: que se dicte una nueva sentencia, que case el fallo recurrido. Explicaron los recurrentes que es evidente el grave error del sentenciador al condenar sin prueba suficiente; la Honorable Sala podrá determinarlo fácilmente, pues en general, el vicio denunciado ocurre cuando la conclusión de condena se basa en razonamientos carentes de contenido suficiente, constituyendo meras especulaciones del sentenciador, apareciendo un afán desmedido de condena; por ello, la doctrina explica que el principio obliga al juzgador a interpretar, a favor del acusado, no solo las insuficiencias probatorias, sino también, las ambigüedades de la prueba. Afirmaron los censores que, palmariamente, el precepto constitucional invocado, fue vulnerado al haber sido condenado el señor David Castillo, con prueba insuficiente (indicios), que no alcanzan a destruir la presunción de inocencia que le asiste, pues no existe prueba mínima para fundamentar la condena, ya que los indicios determinados por el tribunal que fundamentan la declaratoria de culpabilidad carecen de respaldo probatorio y de las inferencias lógicas para sustentar las conclusiones a las cuales arriba; los indicios que las preceden no son sólidos para producir la certeza positiva de la responsabilidad del imputado. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, reglado en el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe de estar presente en el proceso penal, sino que debe de respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado/a a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado/a. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado/a, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el derecho/principio de inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este tribunal de casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado/a a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá de examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 cpp); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al tribunal de sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana critica; No puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Insuficiencia Probatoria como causa de la Transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público y acusador privado, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República o al acusador privado, en su caso. Entonces en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar a la persona acusada como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben de haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarara la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el tribunal de sentencia arribe a una conclusión que, desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatorio sea más improbable que probable. El Recurrente debe de plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación con toda la carga probatoria. Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe de sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; Absolver a un Culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Nuestra Constitución de la República en su artículo 89 reconoce el derecho de las personas sometidas a un proceso penal, a que sean consideradas inocentes mientras no se haya probado lo contrario ante autoridad correspondiente, de ahí pues que la jurisprudencia de la Sala de lo Penal ha determinado las diferentes formas que ese derecho constitucional puede ser transgredido. Tal como lo explicamos en el apartado anterior, en esta etapa casacional se podrá examinar la vulneración o no del derecho a la presunción de inocencia, si adecuadamente lo exponen los recurrentes, cuando se cuestione la licitud de la prueba; cuando no haya existido un debido proceso probatorio; cuando el Sentenciador no haya realizado una debida motivación; cuando el Juzgador no haya conformado adecuadamente sus razonamientos en relación a la prueba y por último cuando no se cuente con suficiente carga probatoria. En el caso bajo a examen, los recurrentes al momento de efectuar sus argumentos, por un lado expresan un motivo por falta de prueba y por otro lado refieren al razonamiento judicial de esa prueba, pues afirman: “Siendo evidente, el grave error del sentenciador al condenar sin Prueba Suficiente; la honorable Sala podrá determinarlo fácilmente, pues en general, el vicio denunciado ocurre cuando la conclusión de condena se basa en razonamientos carentes de contenido suficiente, constituyendo meras especulaciones del sentenciador (lo resaltado es nuestro)…” Y al revisar el resto de argumentos incurre nuevamente en un motivo ambiguo, por un lado, la prueba no fue suficiente y por otro los razonamientos del sentenciador no son suficientes, que tal como se expuso en el apartado anterior son dos motivos totalmente distintos que conforme al artículo 363 del Código Procesal Penal deben ser presentados de forma separada, precisamente para evitar la confusión de argumentos. Ahora bien, el motivo en el que alegan prueba insuficiente si fue apropiadamente desarrollado por el censor, por lo que la respuesta de la Sala de lo Penal será sobre esos puntos. Afirman los impetrantes que los indicios en los que basó el Juez A-quo su fallo de culpabilidad, no son sólidos para producir certeza positiva de la responsabilidad del señor Roberto David Castillo Mejia; indicios que fueron enumerados en el acápite “Valoración de la Prueba” página 127 al 133 de la Sentencia recurrida, de los cuales puntualmente hace referencia los recurrentes, por lo que, esta Sala de Casación considera necesario transcribir los indicios que consideró el Sentenciador y determinar si ellos cuenta con prueba suficiente que respalde el fallo condenatorio; el Tribunal Sentenciador los señaló así: “DE AHÍ QUE PARA ESTE TRIBUNAL ES IMPORTANTE DESGLOSAR LOS INDICIOS QUE SE DESPRENDEN CONFORME A ESTA PERICIA Y DEL ELENCO PROBATORIO EVACUADA EN JUICIO QUE VINCULAN LA PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO ROBERTO DAVID CASTILLO, EN EL ASESINATO DE LA SEÑORA BERTHA ISABEL CÁCERES: 1. Con la información respecto a los CDRs y los insumos de la pericia de cargo, se determinó la ubicación de los números telefónicos que fueron anclados a las antenas de la colonia el Líbano, la noche de los hechos. Para ello, se realizó un descarte de los números de los pobladores de la residencial el Líbano, los grupos de WhatsApp, y fue así que se ubicó un numero 9776-7794, que no formaba parte del grupo de los pobladores de dicha Residencial El Líbano, lográndose establecer a través de las extracciones de información y de vaciados telefónicos que dicho número era utilizado por una persona denominada Henry Hernandez y que el mismo se comunicaba constantemente con otro números telefónicos que se determinó eran usados por personas denominadas Mariano Diaz, Douglas Bustillo, Oscar Aroldo Torres, Elvin Rápalo y Edilson Atilio Duarte, siendo así cómo es posible establecer que el número de teléfono utilizado por un oficial del ejército el denominado Mariano Diaz, sostenía comunicaciones con Douglas Bustillo, persona que a pesar de que ya no laboraba para DESA, coincidentemente había sido Jefe de Seguridad de la empresa Desa y que aún estaba en comunicación con directivos de la misma, siendo uno de ellos el señor Roberto David Castillo. Sobre este punto los recurrentes afirman que su representado Roberto David Castillo Mejia no tuvo comunicación alguna con los autores materiales del hecho, ni directa, ni indirectamente; la explicación que otorgan los censores es que Douglas fue jefe de seguridad de DESA hasta julio de 2015, disminuyéndose las llamadas al pasar los días, muy escasas para poder llegar a ser estimadas como planeación delictiva, afirmando los censores que dicho comportamiento es contrario a las características de este tipo de hechos, en los cuales debería de haber comunicación frecuente entre ambos; para los recurrentes se necesitaría mínimamente como premisa que las comunicaciones mantenidas fueran de una cantidad considerable; establecieron que si bien habían informantes, esto era para mantener algún conocimiento de los eventos que se realizaban en la zona en contra de la empresa y adoptar las medidas necesarias para proteger los bienes de la empresa y la seguridad de las personas. Para esta Sala de lo Penal los censores no cuestionan ni refieren si ese indicio establecido por el A-quo tiene o no fundamento probatorio, sino que cuestionan el razonamiento que hizo el Juzgador para llegar a ese indicio, tratando de justificar el accionar del señor Roberto David Castillo cuando afirman que las comunicaciones entre éste y el señor Douglas Bustillo eran frecuentes, desligándose un poco del motivo invocado que es insuficiencia probatoria. Esta Sala de Casación considera que el indicio numero 1 plasmado por el Sentenciador tiene como fundamento probatorio los dictámenes CDRs y el de vinculación telefónica realizado por la perito Brenda Barahona, pruebas científicas con una gran confiabilidad mediante los cuales se puede confirmar que entre el acusado Roberto David Castillo Mejia y Douglas Geovany Bustillo existió comunicación, aun y cuando éste ya no formaba parte de la empresa DESA y observándose comunicación en los días anteriores y posteriores a los hechos, en ningún momento los Sentenciadores afirman que el señor Roberto Castillo tuvo comunicación con el señor Henry Hernández o el resto de autores materiales del hecho, pero si es evidente que a pesar que el señor Douglas Bustillo dejó la empresa DESA, la comunicación entre ambos era regular y se hizo más constante entre los meses de febrero y marzo de 2016, haciendo la aclaración que, no solo se trata de llamadas de teléfono como lo hacen ver los recurrentes, sino que también existen entre ellos mensajes de WhatsApp. El segundo indicio que el Tribunal de Sentencia conformó dice: “2. Cuando se ausculta las conversaciones de Douglas Bustillo, su excompañero militar del ejército y de éste a su vez con otro individuo también exmilitar, más los vaciados de las llamadas entrantes y salientes entre este individuo y de otros cuyos teléfonos también aparecen activos y presentes en las inmediaciones de Residencial El Líbano, así como con las conversaciones extraídas de los móviles celulares tanto de Douglas Bustillo, Sergio Rodriguez y David Castillo, es posible inferir la existencia de al menos dos esferas de comunicación: una entre Douglas Bustillo con el excompañero militar de nombre Mariano Diaz y los otros individuos; y otra esfera entre el señor Douglas Bustillo y directivos de Desa uno de los cuales es el imputado Roberto David Castillo, quedando evidente la intermediación de Douglas Bustillo entre ambas esferas de comunicación”. Los recurrentes afirmaron sobre este segundo indicio que el mismo no se deriva de prueba alguna, pues las comunicaciones entre los directivos de DESA se dan lógicamente dentro del marco normal de relaciones de trabajo, sin soslayar- según los censores-, que ni los dictámenes periciales de extracción, ni las escuchas telefónicas o en su defecto prueba alguna, permite arribar a esa errada conclusión indiciaria, siendo que los indicios base deben estar plenamente acreditados en el proceso, no presumirse. La Sala de Casación analiza que los recurrentes se contradicen en sus argumentos, porque primero afirman que ese segundo indicio no cuenta con prueba que lo respalde, pero luego aseveraron que las comunicaciones se dieron en el marco de relaciones de trabajo, por tanto si ese indicio en el que los Sentenciadores afirman que el señor Douglas Bustillo era intermediario entre el resto de participantes en los hechos y el señor Roberto David Castillo Mejia, según los censores no se cuenta con prueba que lo fundamente, significa entonces que las mismas nunca existieron; pero luego establecen los recurrentes que esas comunicaciones se dieron en base a relaciones de trabajo, con lo cual están confirmando que si existieron esas comunicaciones. Para esta Sala de lo Penal el segundo indicio plasmado por el Sentenciador es totalmente certero, el dictamen de vinculación telefónica de la perito Brenda Barahona y los dictámenes de extracción de información de los celulares de Douglas Bustillo y Roberto David Castillo Mejia, se puede confirmar que tal como lo razona el Sentenciador, el acusado Douglas Bustillo tenía un papel de enlace o intermediario entre el señor Roberto Castillo, con el también acusado Mariano Diaz Chávez y el resto de participantes en los hechos, no descartándose que muchas de esas comunicaciones se dieron en el marco de la relación de trabajo que en un momento tuvieron, pero una vez que Douglas sale de la empresa, las comunicaciones continúan y se hacen más frecuentes en los meses de febrero y marzo de 2016, fechas en las que se perpetró el asesinato de la señora Berta Isabel Cáceres. El tercer indicio que establece el Juzgador es: “Otro aspecto que vincula a directivos de la Empresa DESA, es que Roberto David Castillo, mediante la creación del grupo de WhatsApp en fecha 07 de octubre de 2015, llamado Seguridad Phaz, se establecieron pautas sobre la información de dicho grupo, es decir sobre los movimientos y otros aspectos, que solo la podían conocer y manejar el grupo creado y limitado para esa finalidad. Y es así que mediante este chat inician las comunicaciones entre ejecutivos de DESA, entre ellos Roberto David Castillo, de lo cual tenía pleno conocimiento de los movimientos que hacia la señora Berta Cáceres, pues inclusive este interactuaba en las comunicaciones. Tal como se puede apreciar según DETECI 000167, perteneciente al teléfono Samsung SM-G9251, decomisado al señor Sergio Rodriguez, en el cual el señor DAVID CASTILLO, en fecha 07 de octubre de 20015 les dice lo siguiente: "creo que existe un nivel de información que debe ser manejada entre nosotros como DESA" el 8 de octubre de 2015, a las 12:46:31 "cuando estemos en crisis nos movemos al otro grupo para que todos estén informados: 12:46:52, "y Ahorita información estratégica y de inteligencia la manejamos entre nosotros", para fecha 29 de octubre de 2015, chat 298, uno de los ejecutivos SERGIO RODRIGUEZ refiere es evidente que mientras no llegue Thomas o Bertha, el movimiento se debilita y hay poca convocatoria. De ahí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones. En tanto que DAVID CASTILLO, responde "Copiado". Se comenta además que todo lo que Berta Cáceres hacia ellos ya lo saben. En tanto que David Castillo en uso del numero 99900946 le pide a un directivo, comprar un aparato telefónico a nombre de terceras personas, para mandar mensajes a los diferentes grupos de TEJERA. Véase Chat 149, anexo 4 DETECI 167. Ciertamente que estos aspectos vistos aisladamente no implica necesariamente la ejecución de algo ilegal, más allá de acciones que tratan de frenar y evitar cualquier daño a la construcción de la hidroeléctrica, es decir tratar de evitar, contrarrestaran acciones de daños en perjuicio de la empresa Desa o del proyecto que en su momento pretendían ejecutar, sin embargo, esto unido a otros eventos derivados de las conversaciones y el resultado final que tuvo la señora Berta, permite inferir que las acciones estaban orientadas a eliminarla a ésta de la oposición a la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico y que culminó efectivamente con la muerte de ella. Además, de las conversaciones ha resultado claro que el señor Roberto David Castillo se le pedía que intercediera con la señora Berta para evitar acciones de oposición y a su vez había conversaciones en las que éste daba cuenta de los movimientos de ella, incluso en razón de las conversaciones que a título personal tenía con la señora Berta Cáceres. Por ende, cabe decir que el señor Castillo en su condición de Gerente y ejecutivo de la Empresa DESA en efecto tenía pleno conocimiento, de los movimientos que hacia la señora BERTHA y el grupo que ella coordinaba como ser el COPINH. Aunado a lo anterior, también se realizaba un pago a los informantes que brindaban información de la señora Cáceres a la empresa DESA. Igualmente, había conversaciones en las que el señor Roberto David Castillo le daba a conocer a la señora Berta que el daba seguimiento a las actividades que ella realizaba y en ocasiones hubo conversaciones que denotaban alguna desavenencia entre ambos en razón de los puntos de vista contrapuestos que tenían, donde luego él le reiteraba ser amigo, pero a su vez intentaba que ella viera y favoreciera su punto de vista en relación al dilema de la empresa con la oposición al proyecto. De ahí que podemos advertir, por parte de este Tribunal que el acercamiento de índole personal que existía entre el señor David y la señora Bertha Cáceres, servía a los propósitos de obtener información de ella y mantener a la empresa informada de los movimientos de ella, y a la vez, aprovechar a persuadirla en aspectos que tendieran a favorecer los intereses de la empresa. Los recurrentes se refieren a este indicio y afirman que sin sustento probatorio alguno el Tribunal Sentenciador estableció que tal grupo era para establecer las pautas de manejo de la información de los movimientos (de la víctima) y otros aspectos; sin embargo, establecen que al revisar los chats de dicho grupo de WhatsApp no existe mensajes en los cuales se relacione información específica, de carácter personal, sobre seguimientos ilícitos realizados a la señora Bertha Cáceres y de la vigilancia a su casa, mucho menos, que tal información, tuviera la finalidad de ser utilizada para quitarle la vida. Afirman los censores que contrario a ello, la información tenía que ver con movimientos del grupo COPINH, con el único fin de adoptar medidas de protección al recurso humano y material de las instalaciones del proyecto Agua Zarca, ubicados en el municipio de San Francisco de Ojuera departamento de Santa Barbara, tal como se reconoce en el segundo párrafo del hecho probado segundo. Para esta Sala de lo Penal, el recurrente tiene parcialmente la razón al advertir que los grupos de WhatsApp que conformaron en la empresa, en ningún momento se habló de quitarle la vida a la ambientalista Berta Cáceres, pero tiene razón el Sentenciador al afirmar con ese indicio, que no puede verse ese hecho de forma aislada, es necesario analizarlo de forma conjunta con los otros indicios, pues se determina que fue mediante esas comunicaciones que se empezó a hacerse evidente el malestar que tenían la empresa DESA con los movimientos de Berta Cáceres y el grupo COPINH que ella lideraba; es notorio su interés en debilitar el movimiento tal como se establece en uno de los chats de ese grupo y que debían emprender las acciones contra Berta y otro directivo del COPINH; a través de ese grupo de WhatsApp se puede determinar que la empresa pagaba informantes para conocer de las acciones de respuesta de la señora Berta Cáceres ante la construcción de la hidroeléctrica, unido a eso y a los mensajes, con el dictamen de vinculación telefónica y los dictámenes de extracciones CDRs, es posible concluir tal como lo hizo el Sentenciador, que al seno de la empresa se gestó la planificación de la muerte de la señora Berta Isabel Cáceres, acciones de las cuales participó y tuvo conocimiento el señor Roberto David Castillo Mejia. Resulta muy apropiado el razonamiento del Sentenciador al analizar las comunicaciones que existían entre el señor Roberto David Castillo Mejia y la señora Berta Isabel Cáceres, a quien, según lo chats extraídos de los celulares que portaba la víctima, la consideraba como su “amiga”; afirmando el Juzgador que el acercamiento entre ambos era de índole personal, pero que servía a los propósitos de la empresa DESA para obtener información y tratar de persuadir a Berta para favorecer los intereses de la empresa; todo lo cual resulta lógico a leer los mensajes que entre ellos se realizaban. Como cuarto indicio, el Tribunal Sentenciador expresó: “Otro indicio respecto a la participación del señor Roberto David Castillo en la muerte de Bertha Caceres, son las conversaciones de fecha 06 de febrero del 2016, donde el señor David Castillo conversa con Douglas respecto a un evento denominado "misión" por ambos interlocutores, que no se pudo realizar el día anterior, el 5 de febrero del 2016. En este punto cabe señalar que, desde el mes de julio del año 2015, el señor Douglas Bustillo había dejado de laborar para Desa, y sin embargo, lleva a cabo esta conversación con el Gerente de Desa, Roberto David Castillo, sin que exista, una explicación respecto a que misión o a que medios idóneos o logísticos debía este último aportar, pero ello unido a los detalles que más adelante se indican, hace que esta conversación concuerde con la teoría acusatoria. Esta conversación está tanto dentro de las extracción realizada por el perito David Amador en el Chat 260 del teléfono celular de Douglas Bustillo, como en el Chat 100 de la extracción realizada por el perito de la defensa Shaun Vodde, y lo destacable es que a pesar de que ambos tienen números de chat distinto, en ambas pericias de extracción se conserva una misma secuencia de la conversación que textualmente dice lo siguiente: David Castillo en uso del número 99900946 le dice a Douglas Bustillo en horas de la noche del día 5 de febrero de 2016: Recuerde los accidentes y de la Escena. Luego Douglas Bustillo le escribe al día siguiente a David Castillo: "Misión abortada hoy. Ayer no se pudo, esperaré lo que usted dijo porque ya no tengo logística, estoy en cero. Líder yo no necesito la información, necesito lo que usted va presupuestar para el trabajo los medios idóneos y logísticos." David Castillo entonces contesta ese mismo día seis de febrero en horas de la noche: Copiado Misión Abortada." Con esta conversación espontanea entre ambos (Douglas Bustillo y Roberto David Castillo Mejía) se denota que se habla de un evento que se tenía previsto iba a acontecer el día anterior 5 de febrero del 2016 que guarda congruencia con la acción ilegal a ejecutar contra la señora Berta Cáceres por las siguientes razones: Sucede que aparejado a la conversación entre Douglas Bustillo y Roberto David Castillo, según el chat de fecha 2 de febrero del 2016, extraído del móvil de Douglas Bustillo, (extracción de Shaun Vodde página 261) éste Douglas Bustillo le pregunta a Mariano, su amigo y excompañero militar, si fue a traer "el gato", nombre que evidentemente utiliza para denominar a otra cosa que ciertamente no es un animal gato, sino algo de lo que se evita mencionar de manera directa utilizando un nombre clave pero entendible para ambos. Si se evita mencionar es porque ciertamente no se desea hablar de algo abiertamente y que más bien amerite ocultar el verdadero nombre o significado de ello. Según las conversaciones intervenidas, y escuchadas en juicio, ese día 2 de febrero también coincidentemente, Mariano conversa con Henry Hernández respecto a un préstamo que el primero le haría al segundo para realizar el trabajo el fin de semana, es decir del 5 al 7 de febrero. Véase escuchas telefónicas que como insumo fueron usados por la pericia de vinculación de la parte procesal de cargo. Según la información de llamadas entrantes y salientes y sitios de ubicación aportados por las compañías de telefonía celular, se revela que ya en la fecha 5 de febrero del 2016 mencionada, coincidentemente los señores Henry Hernández y Douglas Bustillo se encuentran ubicados en la Esperanza, Intibucá, a partir de las 18:49:35. véase folio 8,420 tomo 18, ciudad donde precisamente la señora Berta Cáceres solía permanecer en el marco del movimiento de la lucha opositora. Ese día Douglas Bustillo ubica en su celular imágenes públicas en redes sociales de la señora Berta Cáceres desde las 15:14 UTC-6 hasta las 21:43 UTC-6 horas. Véase 970 de la pericia de extracción de Shaun Vodde. Es precisamente ese día 5 de febrero, que de manera cronológica, siendo las 20:58 Utc-6 (pag.310 extracción de Shaun Vodde) la extracción revela que David Castillo le escribe a Douglas Bustillo que recuerde de los accidentes y la escena, respondiéndole Douglas al día siguiente es decir 6 de febrero a eso a las 9:17 Utc-6 que la misión quedó abortada, que el día anterior no se había podido y que esperaría a lo que David le habría dicho, que ocupaban presupuestos y medios logísticos, y a lo cual David respondió Misión abortada. Posteriormente, siempre de manera cronológica, ese 6 de febrero, según los vaciados, las antenas ubican a los señores Douglas, Mariano y a Henry en Comayagua, es decir, después de haberse retirado de la Esperanza, Intibucá. El hecho de que Douglas le plantee al imputado David Castillo que esperarán lo que éste dijo y que no tiene logística pues está en cero, es un aspecto que resulta relevante dado que, como se dijo antes, para entonces no existía una relación laboral formal entre Douglas Bustillo y Desa ni con David Castillo, no existiendo otra explicación o hipótesis, que justifique el planteamiento de lo que se trata esta mencionada misión descrita así de esa manera, por ambos, y que excluya la teoría acusatoria. Por lo tanto, existe una plena correspondencia entre las actividades de Douglas Henry y Mariano con lo conversado con David Castillo y que ciertamente se refiere a una misión que iba a llevarse a cabo en La Esperanza Intibucá, en una fecha en la que David le dijo a Douglas Bustillo en horas de la noche, que tuviera en cuenta los accidentes y la escena. Por tanto, si mediante escuchas telefónicas e información de antenas referidas por las compañías de telefonía celular se evidenció que Henry Hernández fue ubicado junto a otros individuos la noche del hechos en las cercanías de la vivienda de Berta Cáceres y que participó en la muerte de Berta Cáceres un mes más tarde, no queda espacio para dudar que David Castillo conversa con Douglas Bustillo del atentado contra Berta Cáceres que venía previéndose desde febrero y que aquel día cinco de febrero no logró realizarse por falta de presupuesto, medios idóneos y logísticos que le pide Douglas Bustillo al imputado, lo cual se corrobora además con las escuchas telefónicas entre Mariano Díaz y Henry Hernandez que fueron reproducidas en juicio. Ciertamente que cada uno de los elementos disgregados tales como el chat de Douglas Bustillo y Roberto David Castillo, o las ubicaciones de los señores Henry Hernandez Douglas Bustillo y Mariano Diaz vistos de manera aislada no aporten una confirmada hipótesis, sin embargo ya unidos entre sí, aportan una coherencia lógica en una cadena histórica que también se enlaza con eventos posteriores que resultan concordantes y a la vez congruentes con el fin pretendido que era la muerte de la señora Berta Cáceres, Lo anterior denota entonces el involucramiento de David Castillo en el hecho, en la coordinación que este realizó para la realización del hecho con una participación positiva cuando le dice a Douglas que cuide los accidentes y la escena que denota un liderazgo y organización, llamado por el mismo Douglas Bustillo como "Líder" en conversaciones donde al hablarse de presupuesto, medios idóneos y logísticos, concuerda coincidentemente con una pretensión de pago de cierta cantidad de dinero de la que se habla en fecha 5 de febrero en una conversación llevada a cabo entre Mariano Diaz y Henry Hernandez cuando entre estos conversan que "cuando el pez ya esté cheque, me dijo Douglas que eran cincuenta más y otros cincuenta de él" folio 8,632. Esto resulta un indicio pues es una conversación entre coparticipes, sin embargo, no se encontró sustento de que dicho ofrecimiento en específico hubiese partido u originado del señor Roberto David Castillo que es la persona que se está juzgando. Al respecto consideran los recurrentes, que contrario a lo relacionado por el tribunal los mensajes: recuerde los accidentes y de la escena… (Castillo a Douglas), en tanto, misión abortada hoy, ayer no se pudo esperare lo que usted dijo porque ya no tengo logística… (Douglas a Castillo), no aluden a nada delictivo en específico, toda vez que no existe prueba alguna de la cual se estime una instrucción dirigida a la comisión de delito o acto para planificar la muerte de Bertha Cáceres, existiendo otras explicaciones válidas al respecto, por ejemplo posibles acciones legales de DESA hacia el COPIN u otros proyectos en los que se contrataría. Continúan afirmando los censores que el tribunal señala: “Henry Hernández se ubica en Siguatepeque, Comayagua, junto a Douglas Bustillo” (pág. 91 de la sentencia), los mensajes se habrían enviado mientras DOUGLAS BUSTILLO, estaba en Comayagua, ese día, se ubica en ese lugar y Francisco Morazán (ver pág. 232 de 781 del dictamen de Brenda Barahona), por ello, la apreciación del tribunal al decir que estaban “juntos” no es sostenida en los indicios valorados, pues aun cuando hubieran sido situados en la misma zona, no se puede afirmar que estaban juntos no existió por ejemplo, una vigilancia investigativa al efecto, lo que denota cómo el tribunal trata de construir los razonamientos buscando justificar sus conclusiones; además que el estar ubicado en Comayagua podría responder a distintas hipótesis pues Comayagua está situada en una importante arteria vial del país; sin existir suficiente evidencia probatoria en referencia a que andaban juntos. Afirmaron además los censores, que el texto enviado a las 9:17am dice misión abortada y luego tiene la palabra hoy en referencia a que se realizaría ese día, además sería lógico pensar, bajo la premisa equivocada del juzgador, que las comunicaciones para coordinar tal fin ilícito deberían haberse incrementado, sin embargo, ese mensaje obtiene respuesta el 6 de febrero a altas horas de la noche; no se denota interés de realización delictiva alguna en la referida comunicación. Además, que si hubiera sido una planificación de un hecho de ese tipo Douglas Bustillo no se hubieran ido a ejecutarlo pendiente de la logística o de recursos de movilización (ver. pág. 197 y 198 de la sentencia), por ende, donde relaciona que necesita lo que se va a presupuestar, no es lógico asumir por el tribunal, que se fue a realizar la misión que como juzgadores entienden realizaría, y estaría esperando la logística o lo presupuestado, es decir, para los censores en ninguna lógica cabe entender que un hecho de esta naturaleza se va a planificar y después se va acordar cuanto se pagara, o dejarlo al criterio del que solicita el hecho “ lo que va a presupuestar”; menos aún es ilógico sostener una conclusión, que se iba hablar de eso por esa vía, resulta evidente, cuando se pide logística en cualquier contexto es para continuar haciendo algún tipo de labores. Para los recurrentes, no se encuentra “justificada” la conclusión del tribunal al decir que en esa fecha se pretendió dar muerte, pues no se corresponde con el contenido de los mensajes referidos. El tribunal en su afán de condenar pretende enlazar tales mensajes con algunas premisas que resultan falsas: Que, Douglas Bustillo el 2 de febrero le preguntó a Mariano si fue a traer el gato, concluyendo el tribunal que se quiere ocultar el contenido de la conversación entre dos exmilitares, cuando ello no evidencia nada en específico y además podría ser una jerga militar o la referencia obvia a un animal. Luego se destaca un préstamo de Henry Hernández a Mariano, siendo innumerables las explicaciones a tal mensaje, sin soslayar el contenido literal de tal palabra, con lo cual, la verdad de dicha premisa seria que existió un préstamo entre ambos. Esta Sala de lo Penal considera que el Sentenciador ha conformado de manera correcta este cuarto indicio y ha sido muy certero en sus manifestaciones, contando con pruebas que amparen sus conclusiones, como ser los dictámenes DETECI practicados a los teléfonos celulares de Douglas Bustillo y Mariano Diaz Chávez; en este cuarto indicio el A-quo hace referencia a una conversación entre Douglas Bustillo y el coimputado Roberto David Castillo Mejia celebrada el 06 de febrero, de un evento que se llevaría a cabo el 5, es decir un día antes de la conversación, en la cual afirman: “recuerde los accidentes y de la escena” , “misión abortada hoy, ayer no se pudo esperare lo que usted dijo porque ya no tengo logística”, estos mensajes en los cuales en ningún momento hacen referencia a cual “misión” se trata, evidentemente era algo que debía quedar oculto y no dejar cabos sueltos, de ahí pues que no mencionan de que “misión” se refiere, y tal como lo hace ver el Sentenciador el señor Douglas Bustillo ya no laboraba para la empresa desde el 2015, lo que hace aún más suspicaz ese tipo de comentarios; ahora bien por si solo estos mensajes de WhatsApp no podrían constituirse en indicio, pero si los unimos a la conversación entre Douglas Bustillo y Mariano Diaz tres días antes de esos hechos, es decir el 02 de febrero de 2016, mediante el cual hablan de la entrega de un gato, nombre que utilizan para referirse a algo que no tiene que ver con animales, pero que es de interés para ambos interlocutores; coincidentemente ese mismo 02 de febrero Mariano Diaz habla con Henry respecto de un préstamo que aquel le haría para hacer el trabajo el fin de semana, conversaciones que tiene fundamento probatorio en la pericia de vinculación realizada por la perito Brenda Barahona y que al conectarlos con el dictamen de ubicación telefónica de las compañías de celulares, es posible determinar que el 05 de febrero de 2016, los acusados Douglas Bustillo y Henry Hernández son ubicados en la Esperanza, Intibucá lugar donde igualmente se ubica a la ofendida Berta Isabel Cáceres; y es precisamente ese 05 de febrero que Roberto David Castillo le escribe a Douglas Bustillo que recuerde los accidentes y la escena, al día siguiente Douglas le dice que la misión fue abortada, que ocupaba presupuesto y medios logísticos y Roberto David respondió misión abortada. Continuando con la relación cronológica de hechos previos, encontramos que conforme a los DETECI y dictamen de vinculación telefónica, el 06 de febrero las antenas ubican a Henry, Mariano y David en la ciudad de Comayagua, luego de haber dejado la Esperanza; es decir que el primer atentado que se realizó a la señora Berta Cáceres se realizaría el 05 de febrero y que por falta de logística no fue posible realizarlo; en este cruce de información, de llamadas y mensajes, sin duda alguna el señor Roberto David Castillo se presenta como el artífice de esas acciones, teniendo al señor Douglas Geovany Bustillo como el encargado de ejecutarlas y este a su vez al señor Mariano Diaz, quien ubicó al señor Henry Hernández quien también participaría; la información de los mensajes y llamadas de los dictámenes DETECI de los celulares decomisados y el dictamen de vinculación telefónica, se encajan como un gran rompecabezas que al unirlas de manera cronológica y sistemática, dan como resultado que la tesis acusatoria es posible probarla mediante indicios debidamente probados. El quinto motivo conformado por el Sentenciador refiere a que: ”… la concreción de la muerte de la señora Berta Cáceres un mes después, es decir el 2 de marzo de 2016 con el involucramiento de Douglas Bustillo en comunicación con Henry Hernandez y demás hechores, resultando ser los dos primeros los mismos actores con los cuales coordinaba David Castillo en febrero sobre la misión, no deja duda que la intención de llevar a cabo el hecho después del 5 de febrero siempre quedó latente entre ellos hasta la concreción del acto que se llevó a cabo en marzo de ese año, y porque en momento inmediatos posteriores de los hechos, es decir la madrugada del 3 de marzo, Douglas Bustillo mantiene nuevamente contacto con David Castillo según revela los vaciados telefónicos, lo cual permite colegir la secuencia de información que Douglas aportaba a David Castillo sobre el hecho. Ello descarta que Douglas por iniciativa propia encontrándose sin un trabajo formal con Desa o con David Castillo, llevara a cabo esta acción junto a otros, sin razón o motivación alguna, más que las razones sostenidas por las partes acusadoras. Al respecto los recurrentes consideran de este indicio que contrario a lo esgrimido, el tribunal parte de una premisa falsa, pues, no existe prueba de que el 5 de febrero el imputado haya coordinado ningún hecho delictivo, mucho menos que hubiere tenido comunicación con Henry Hernández. Afirman los censores que adicionalmente, el tribunal relaciona en este acápite un aspecto sobre el día específico de la muerte de Cáceres, pero, no deriva verdaderamente de los vaciados telefónicos, que Douglas Bustillo en momentos inmediatos o posteriores al hecho, en horas de la madrugada del tres de marzo día de la muerte de Cáceres, se comunicó con el imputado Castillo (ver Hecho Probado Tercero pag.36 de la sentencia), en ese sentido, en el dictamen de vinculación telefónica elaborado por Brenda Barahona específicamente en la páginas 151 al 781, folio 8367 del expediente, se aprecia un intento de llamada de Douglas a Castillo, porque solo duro un segundo como lo explicó la Perito en mención, no pudiendo derivarse que en los momentos inmediatos posteriores a la muerte de Cáceres, hubo comunicación entre Castillo y Douglas, pues, además de ser un intento de llamada, esta sucedió a las 8:21:52 de la mañana. En igual sentido, concluyen los impetrantes, que en la página 132 primer párrafo de la sentencia el tribunal hace alusión a esta comunicación en la madrugada del tres de marzo del 2016, pero tal conclusión es huérfana de prueba alguna que respalde la misma, incluso los vaciados telefónicos que son la base del tribunal carecen de esa información (ver también pág. 233 de 781 del Dictamen de Brenda Barahona). Para esta Sala de lo Penal el Juzgador conformó de manera adecuada y lógica este quinto indicio, mismo que cuenta con prueba que avale su resultado, como los dictámenes DETECI de los celulares decomisados a los acusados y el dictamen de vinculación telefónica de la perito Brenda Barahona; el Sentenciador ha establecido que para el 03 de marzo de 2016, existió comunicación entre Douglas Bustillo y Henry Hernández, mismos actores que participaron en ese primer intento de vedar la vida contra la señora Berta Isabel Cáceres y cuyas comunicaciones quedaron perfectamente probadas para el 02 de febrero, por lo que, al haber participado los mismos actores en ese primer momento y en la fecha 03 de marzo cuando le quitaron la vida a la ofendida, queda evidenciado su persistencia en lograr el fin que se habían propuesto, quedando más que claro, que el señor Roberto David Castillo nunca participó de manera ejecutoria en los hechos, pero además quedó acreditado que las acciones de asesinar a la señora Cáceres se gestaron a lo interior de los ejecutivos de la empresa DESA entre ellos el señor Roberto David Castillo como gerente general, quien lo sabia y coadyuvó con logística para que ese fin se cumpliera. No debemos olvidar además que las conversaciones del acusado Mariano Diaz con el señor Henry Hernández fueron grabadas y en ellas se pudo confirmar que el señor Henry fue contactado por el señor Douglas Bustillo para terminar de realizar la misión que se le había dado, todo lo cual concuerda con las conversaciones de los chats entre Roberto David Castillo y Douglas Geovany, que como lo reitera el Juzgador, ya no tenían ninguna relación laboral. Como sexto indicio consideró el Tribunal de Sentencia que: “Lo anterior cobra fuerza tomando en cuenta además que aún el día 20 de febrero del 2016 se realizaron manifestaciones de oposición y hasta daños a maquinarias o infraestructuras del proyecto hidroeléctrico”. En relación a este sexto indicio, los impetrantes lo redactan de una manera muy diferente a como lo plasmaron los Sentenciadores, pues agregan: “El Tribunal establece: “Que incrementó el afán de dar muerte a la señora Cáceres cobró fuerza, porque aun el día 20 de febrero del 2016 se realizaron manifestaciones de oposición y hasta daños a maquinarias o infraestructuras del proyecto hidroeléctrico”. Afirmando los censores que tal derivación es carente de prueba, no existe en los mensajes de chats ninguno, donde se evidencie más que la intención lógica de bloquear legalmente tales prácticas dañinas hacia DESA, incluso, en el chat denominado Comité PHAZ, el 20 y 21 de febrero del 2016. Esta Sala de Casación considera que ese indicio está totalmente probado con las declaraciones de los miembros del COPINH y de los agentes policiales, quienes confirmaron que en esa fecha se habían dado protestas por parte del grupo indígena y que habían dañado las instalaciones de la Empresa DESA así como mobiliario y equipo; lo que sin duda alguna provocó que los ejecutivos de DESA persistieran en su plan de quitar del medio a la señora Berta Isabel Cáceres, indicios que, como lo recalcamos esta debidamente probado con declaraciones testificales de las señoras Rosalinda Dominguez Madrid (folio 47 de la Sentencia recurrida); Doris Melissa Cardoza Calderón (Folio 133 de la Sentencia recurrida), Bertha Isabel Zuniga Cáceres (Folio 135 de la sentencia recurrida); quienes dan fe de la oposición que realizaba la señora Bertha Cáceres al proyecto de Agua Zarca, lo que le acarreó la animadversión de los ejecutivos de DESA. Los Jueces de Sentencia consideraron como séptimo indicio, el hecho de que posteriormente a los hechos haya quedado evidenciado de las escuchas reproducidas en juicio y en mensajes escritos, el acercamiento que pretende Douglas Bustillo hacia Roberto David Castillo por un medio indirecto, solicitándole a una fémina que en su nombre le envié un mensaje al imputado, aspecto que no calza o concuerda en el marco de acciones que no resultan reprochables, sino por el contrario, se buscan formas alternas de comunicación para evitar una vinculación directa. Para los recurrentes el indicio 7, es otra premisa equivocada: “Acercamiento entre Douglas Bustillo hacia David Castillo, por un medio indirecto, después de la muerte de BERTHA CACERES”. Sin que sea evidencia de nada específico, resulta que se solicitó por Bustillo a una fémina con la cual mantenía una relación sentimental que enviara un mensaje a Castillo. Consideran los censores, que contrario a ello, es una explicación razonable a tal suceso, que el señor DOUGLAS BUSTILLO, no tenía saldo para enviar mensajes, y había consumido ya todos los prestamitos (las compañías telefónicas permiten adelantos limitados de saldos), razón por la cual envía mensajes por cobrar a la persona registrada como MARIECON número 95670707, solicitándole le proporcione:” un adelanto porque necesita pagar SANAA ENEE Y COLEGIO”. (véase la sinopsis 010800ABR16 al 020800ABRR016 los chats agregados a pagina 78 y 79 de 154 del expediente 148-2016 del juzgado de garantías). Con lo anterior, afirman los recurrentes, se evidencia en primer lugar que contrario a las pretensiones acusatorias de que DOUGLAS BUSTILLO había recibido algún pago, antes bien estaba enfrentando una crisis económica seria, segundo que no tenía la confianza con el señor DAVID CASTILLO como para enviarle un mensaje por cobrar, y tercero que está pidiendo un adelanto por el empleo que se le daría sobre un proyecto solar ubicado en Choluteca, como quedó demostrado con abundante prueba documental y ratificado por el propio testimonio de DOUGLAS BUSTILLO. Para la Sala de lo Penal el indicio siete que presenta el Juzgador, es un indicio más que liga íntimamente a los hechos al acusado Roberto David Castillo, pues días posteriores a la muerte de la señora Berta Cáceres, el señor Douglas Bustillo utilizando el celular de su compañera sentimental, le envió un mensaje al señor Castillo, solicitando según los censores un adelanto porque necesita pagar ciertos servicios básicos, la cuestión es que el acusado Douglas Bustillo ya no trabajaba para la empresa, sin embargo le pide un adelanto al señor Roberto David, si ya no tenían ninguna relación laboral, ese adelanto se debe a alguna trabajo que le realizó el señor Douglas a Roberto David, pero que pretende que ese cobro no quede grabado en su celular sino en la de su pareja, precisamente para no dejar rastro alguno, todo lo cual y tomando en consideración los registros de llamadas y mensajes entre ellos, confirman que se trataba de un trabajo que debía ser cancelado por el señor Castillo.. Como último indicio los Sentenciadores afirman: Ciertamente, el móvil no es un aspecto esencial que deba demostrarse para cumplir con la acreditación del hecho y la participación, pero en este caso resultó evidente que la muerte de la señora Berta Cáceres vino relacionada con la oposición que ésta lideraba contra la empresa Desa, de la cual el imputado era su gerente. Esto fue ratificado no solo por las declaraciones de cargo, sino también permite colegirse incluso de algunos testigos de descargo que dieron cuenta de la oposición que la víctima realizaba a la empresa Desa y el proyecto hidroeléctrico que ésta pretendía desarrollar. Si bien la defensa ha indicado que la señora Bertha Cáceres, por ser líder ambientalista, tenía otro tipo de amenazas, como ser de una empresa denominada Blue Energy, sectores mineros, de sectores de Copan, además, que había otras personas que en un Balneario que estaba ubicada en un Municipio de Santa Barbara, estaban planificando la muerte de una fémina, que según sus argumentos ya no la soportaban en las alcaldías de Santa Barbara, lo cierto es que esa tesis de defensa, no calza y dista de la prueba aportada, y lo cierto es que solo personas vinculadas de alguna manera directa o indirecta con Desa fueron ubicadas a inmediaciones de la Residencial El Líbano en la ciudad de La Esperanza Intibucá, en los momentos de los hechos en la noche del 2 de marzo de 2016 y madrugada de ese mismo mes y año, cuyas conversaciones revelaron la coordinación del acto ilegal, lográndose establecer que ingresaron a la vivienda de la señora Berta Caceres y que dieron muerte a la misma, y desplazarse esa misma madrugada del 3 de marzo hacia la zona norte del país. Ello al final de cuentas es lo que también vincula al acusado con el hecho, dadas las comunicaciones mencionadas entre los hechores materiales y Douglas Bustillo y a su vez entre este y Roberto David Castillo. Por lo tanto, en resumen, para este Tribunal, se corroboró que el móvil de la Muerte de la Líder Ambientalista Lenca BERTHA CACERES, surgió por parte de personas ligadas a la Empresa DESA, a consecuencia de las fuertes oposiciones que realizaba ella con los integrantes del COPHIN contra la construcción del proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en defensa de los recursos ambientales, su territorio y las fuentes de agua del rio GUALCARQUE. Es por todo lo anterior, que el Tribunal con Jurisdicción Nacional, se encuentra plenamente convencido, que la prueba indiciaria descrita, además de ser suficiente, y no contradictoria, produce completa certeza, de que el señor DAVID CASTILLO, fue una de las personas, que materialmente no ejecuto el hecho, pero ciertamente, tenía pleno conocimiento de la planificación de darle muerte a la señora BERTHA ISABEL CACERES, en fecha 02 de marzo de 2016, en horas de la noche. Tal como se ha indicado, a este era la persona que le indicaban todos los detalles en relación a vigilancia, o el motivo por el cual en fecha 05 de febrero del 2016 no se llevó a cabo dicho asesinato, sin embargo, se continuó con dicho plan, del cual siempre tuvo conocimiento este, lo cual entonces finalmente se materializó en fecha 02 de marzo del 2016, donde finalmente esta situación fue comunicada a este y otro ejecutivo de la empresa DESA. Esta Sala de lo Penal considera que los indicios presentados por el Tribunal de Sentencia no solo fueron conformados de forma lógica y coherente, sino que cuenta con el respaldo probatorio para lograr enervar el estado de inocencia del acusado Roberto David Castillo Mejia; al respecto, debemos advertir que la doctrina admite la prueba indiciaria –en casos que no es posible utilizar prueba directa- siempre y cuando aquella parta de unos hechos indiciariamente probados penalmente, ya que no contiene fundar veracidades sobre el asiento de escuetas sospechas; sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria, por eso, la doctrina establece ciertos requisitos que debe tomarse en cuenta para la correcta utilización de la prueba indiciaria como base de una sentencia condenatoria, tales como: a) Los indicios han de estar plenamente probados, no cabe construir certezas sobre la base de simples probabilidades. Es por tanto exigible, cuando se trata de prueba indiciaria, la constatación clara de los indicios. b) Pluralidad de indicios, la virtualidad de los indicios reside precisamente en su acumulación, su variedad permitirá controlar en mayor medida la seguridad de la relación efecto-causa. c) El nexo causal ha de ser racional y lógico, la prueba indiciaria requiere, por consiguiente, un proceso de inferencia (inductivo) que aúne el indicio (hecho base) con el hecho presunto. d) Motivación en la sentencia, cuando se trata de una codena basada en hechos indiciarios, la motivación expresa sobre las pruebas practicadas y los criterios racionales que han guiado su valoración es una exigencia básica para poder determinar si existió verdadera prueba indiciaria o si lo único que se produjo fue una actividad que tan solo logró arrojar sospechas o sugerir conjetura sobre la culpabilidad del acusado. Todos estos requisitos fueron cumplidos por el Tribunal A-quo, de tal forma que cada uno de los indicios cuenta con prueba que le respalde, siendo evidente que no se trata de prueba directa, sino de indicios debidamente probados que llevaron al Sentenciador a determinar la culpabilidad del acusado en los hechos; además son una pluralidad de indicios, en total fueron 8 indicios bastante fuertes y que entre ellos existe ese nexo causal, es decir se encontraban interrelacionado de tal forma que un indicio llevó a determinar otros y por último existe basta motivación por parte del Juzgador, en los cuales explican de forma detallada y lógica, las razones que le llevaron a conformar esos indicios, que reiteramos fueron debidamente probados, es así que el motivo invocado por el recurrente debe ser desestimado. Segundo Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal, con relación al artículo 82 Constitucional; 8.2.c y 8.2.f de la Convención Americana de Derechos Humanos; y 4, 14 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 82 de la Constitución de la República, en relación al artículo 8.2.c y 8.2.f de la CADH y artículos 4 y 14 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: vulneración al derecho de defensa Pretensión: que se declare ha lugar el motivo, ordenando la repetición del juicio. Explicaron los recurrentes que en fecha primero de marzo el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal, resolvió sobre la propuesta de las pruebas ofertadas por la defensa del señor Roberto David Castillo Mejia, inadmitiendo varios medios de prueba, simplemente señalando que les considera inútiles o impertinentes, sin establecer ni motivar las razones que le han servido de sustento para arribar a esa conclusión de impertinencia o inutilidad de los medios de prueba propuestos, con lo que, se limitó el Derecho de Defensa del encartado en referencia a poder contradecir de manera efectiva la tesis de acusación. Para los recurrentes ello infringió el derecho reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, a tener la oportunidad a medios adecuados para preparar la defensa, y, el Derecho a interrogar testigos y hacer que comparezcan a estrados judiciales (Art. 8.2.c) 8.2.f) de la CADH. Los medios de prueba inadmitidos por el tribunal son los siguientes: 1. Expediente investigativo número 278-2016, elaborado por la Dirección Policial de Investigación (DPI); 2. Copia autenticada del plan de manejo de seguridad del proyecto hidroeléctrico agua Zarca; 3. Actas de allanamiento debidamente autenticadas : a) 21-2016 realizada por el agente Iván Ochoa de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC); b) 22-2016 realizada en la Aldea de San Ramón Municipio de San Francisco de Ojuera por el agente Juan Carlos Nieto; c) Acta de Allanamiento emitida por la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC del Ministerio Público, en fecha 13 de marzo del dos mil dieciséis, realizado en la aldea de San Ramón en el plantel de la Empresa Desarrollos Energéticos. 4. Orden final emitida por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos de América para el distrito sur de Mississippi, división de fecha 24 de septiembre de 2020; 5. Información financiera de la señora Berta Isabel Cáceres Flores. Para los censores, resulta evidente, que al rechazarse tales medios de prueba sin razones válidas se impidió que el imputado pudiera contradecir la tesis de la acusación, aportando, sin estar obligado prueba de que existen razonablemente otros móviles posibles en la muerte de Bertha Cáceres. Del Derecho de Defensa. Uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio, como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal; en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone así mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” (Véase Pavón Gómez German. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Conforme el motivo denunciado, esta Sala de Casación ha revisado el acta de proposición de pruebas, que corre agregada a folio 9397 del tomo 20 del expediente judicial, mediante la cual se pudo acreditar que la defensa del señor Roberto David Castillo Mejia propuso prueba testifical, documental, pericial y evidencia consistente en: MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL 1) RAMON ROSA RIVERA PERDOMO hondureño, mayor de edad, identidad 1624-1977-0012, quien puede ser citado en las mismas oficinas que los suscritos abogados. Quien declarara sobre las razones por las cuales se monitoreaban las manifestaciones que realizaba el COPINH en contra de la empresa Desarrollos Energéticos S. A. estableciéndose que el fin de este monitoreo era proteger los bienes de la empresa por lo cual se hacía necesario el cierre de las instalaciones y guardar el equipo que existía en el plantel acreditándose en consecuencia que nunca se le dio seguimiento a la Señora Berta Cáceres, ni a miembros del COPINH. 2) TESTIGO PROTEGIDO TT30-2016 cuyos datos de identificación obran en el expediente investigativo de la DPI 278-2016, relacionado con el proceso de investigación para esclarecer la muerte de la señora Berta Cáceres, y los cuales deben ser puestos a la orden del Tribunal por el Ministerio Publico. Declaración que se tomó en fecha treinta y uno de marzo del 2016 en las oficinas del Ministerio Publico ubicadas en la ciudad de la Esperanza departamento de Intibucá. Testigo este que tomo conocimiento a través de grabación incorporada a su teléfono de la planificación de la muerte de la señora Berta Cáceres identificando plenamente la voz de los que participan en la misma. 3) FABIOLA ESMERALDA ZELAYA HERNANDEZ hondureña, mayor de edad, Licenciada en Administración Industrial y de Negocios, identidad número 0801-1987-06229, teléfono 94570056, quien puede ser citada en la misma oficina que los suscritos abogados. Quien declarara sobre las diligencias administrativas que se estaban realizando al interior de la Empresa PENSA del cual era gerente propietario el señor DAVID CASTILLO referente a la contratación del señor Douglas Bustillo como Jefe de Seguridad de dicha empresa en la ciudad de Nacaome, en el proyecto ENERGYS SOLAR S.A LAS LAJAS Y LAS MANZANILLAS Sub Estación santa Lucia de Choluteca, con el cual se acreditara las razones de la comunicación existente entre estos. 4) EDGARDO BENJAMIN JEREZANO SARMIENTO hondureño, mayor de edad, Casado, identidad número 1601-1968-0091O con dirección en el Barrio Abajo calle justicia, casa numero 0804 Santa Bárbara Santa Barbara. Quien declarara sobre las acciones que el señor David Castillo hablaba en el chat de fecha 30843, (Folio 736 segundo tomo del expediente Judicial y pagina 14 de 29 del dictamen pericial emitido por la señora Brenda Barahona y que tal como se acreditara con los dictámenes correspondientes y extracciones realizadas a aparatos telefónicos oportunamente, fue suprimidos los chat siguientes en los cuales se establecía que se debía contratar al Abogado Jerezano, detallando el abogado que fue contratado para promover denuncias y acciones penales por los daños recibidos por la empresa, dejando establecido con esta Diligencia que las acciones a las que se refería eran legales y nunca criminales como ha concluido falsamente la perito. MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL; 1) EXPEDIENTE INVESTIGATIVO NÚMERO 278-2016, elaborado por la Dirección Policial de Investigación (DPI), como parte del proceso investigativo iniciado para esclarecer la muerte de la señora BERTA ISABEL CACERES, señalando como lugar donde se encuentra su original en la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, en la Unidad de muertes violentas de mujeres, y la copia de esta obra en el Archivo de delitos contra la vida de la DPI, por lo cual solicitamos se gire la orden correspondiente a la coordinación de la Fiscalía referida para que ponga a disposición del Tribunal el expediente íntegro juntamente con sus evidencias y se nos extienda una copia del mismo, así como las evidencias que forman parte de ese proceso de investigación. (Se adjunta a esta proposición copia fotostática de Acta de Diligencia Realizada el doce de marzo del año 2016, por el Ministerio Publico señalando como lugar donde se encuentra su original el expediente Judicial EXP: TS-JN 3-88-2017 Folio 12, se acompaña copia. FINALIDAD PROBATORIA Con este medio de prueba la defensa pretende establecer entre otras situaciones que existe esta diligencia de investigación en la cual se encuentran elementos y evidencias de prueba fundamentales donde se establece claramente quienes pudieron haber participado en la muerte de la señora Berta Cáceres. 2) ACTA DE ALLANAMIENTO REALIZADO EN LA COLONIA PIZZATY CUARTA ETAPA, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA EN FECHA 2 DE MAYO DEL ANO 2016, Y ACTA DE DECOMISO DE FECHA DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS de un vehículo marca PLYMOUTH, modelo NEON, tipo turismo, 1P3AS160211D129527, AÑO 2011 cilindraje 200 color azul. Placa PDA 1668, el cual según propuesta probatoria realizada por la Fiscalía en el expediente EXP: TS-JN 3-88-2017 se utilizó para el traslado de los supuestos hechores a la ciudad e la esperanza Intibucá. Señalando como lugar donde se encuentra el folio 199 al 200 del expediente judicial referido, mientras que el acta de decomiso obra en poder del Ministerio Publico y debe ser allegada a este proceso debidamente autenticada. 3) Tracto Sucesivo del vehículo marca PLYMOUTH, modelo NEON, tipo turismo, color 1P3AS160211D129527, AÑO 2011 cilindraje 200 color azul. Placa PDA 1668, Documento que será incorporado oportunamente al proceso. Estos documentos se proponen con el fin de acreditar que el vehículo supuestamente utilizado pertenece a una persona de nombre PABLO ALONZO RAMOS MUNGUIA, residente en la ciudad de la Ceiba, razón por la cual resulta ser falso la pretensión Fiscal de que nuestro representado ha proporcionado logística y vehículo para la comisión del delito. 4) COPIA AUTENTICADA DEL PLAN DE MANEJO DE LA SEGURIDAD DEL PROYECTO HIDRO ELECTRICO AGUA ZARCA, con el cual, se acreditará el protocolo seguido por el personal de seguridad del proyecto en caso de conflicto, estableciéndose en el numeral 5.2 que en todo momento los guardias debían actuar con respeto a los Derechos Humanos, igualmente se prohibía el empleo de amenazas a las personas. Dicho documento regula que se debían efectuar funciones preventivas tales como monitoreo de las manifestaciones a fin de adoptar, medidas para salvaguardar la vida de los empleados y los bienes materiales de la empresa. Con esta prueba se establece que a la señora Berta no se le daba vigilancia, sino que se monitoreaban los movimientos de los manifestantes a fin de adoptar medidas de protección y prevención en fiel y estricto cumplimiento a protocolo de seguridad. Este documento se entregará oportunamente. 5) ACTAS DE ALLANAMIENTO DEBIDAMENTE AUTENTICADAS DETALLADAS A CONTINUACION: 1) 21-2016 realizada por el agente Iván Ochoa de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) del Ministerio Publico en la ciudad De San Francisco de Ojuera del Municipio de Santa Barbara de fecha trece de marzo del 2016. En instalaciones de la empresa DESA. 2) 22-2016 realizada en la Aldea de San Ramon Municipio de San Francisco de Ojuera por el agente JUAN CARLOS NIETO de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, en el plantel de la empresa Desarrollos energéticos S.A DESA en fecha 13 de marzo del 2016. 3) Acta de Allanamiento emitida por la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC del Ministerio Publico en fecha 13 de marzo del dos mil dieciséis En la aldea de San Ramon en el plantel de la Empresa Desarrollos Energéticos s.a. DESA (Documentos autenticados que obran de folio 1024- 1034 del expediente Judicial). Con estos documentos se pretende acreditar que en tales diligencias no se encontró evidencia alguna que relacione al señor DAVID CASTILLO o a la empresa DESARROLLOS ENERGETICOS S. A. de C. V. con los hechos investigados. 6) COPIA DEBIDAMENTE AUTENTICADA DE: a) DENUNCIA DE FECHA OCHO DE AGOSTO DEL 2013 PRESENTADA POR EL SENOR SERGIO RAMON RODRIGUEZ. b) Denuncia del 23 de agosto del 2013 presentada por el señor SERGIO RAMON RODRIGUEZ ORELLANA. C) Denuncia Criminal promovida por la apoderada legal de DESA contrala señora Berta Cáceres y demás miembros del COPINH por los delitos de amenazas usurpación, daños contra los medios de comunicación presentada ante la Fiscalía de Delitos Comunes de la ciudad de Tegucigalpa de fecha 17 de abril del 2013. d) DENUNCIA del 19 de febrero del 2016 presentada por el señor JORGE ALBERTO AVILA MENJIVAR. e) Fotografías del proyecto Hidro eléctrico, así como tomas realizadas por miembros del COPINH en dichas instalaciones y que servían de sustento a las denuncias véase folios 1051 al 1066 del expediente judicial de mérito. FINALIDAD PROBATORIA: Con estos medios de prueba se acreditara que tanto la empresa DESA como sus representantes siempre recurrieron ante las autoridades a denunciar los hechos de que eran víctimas por los actos de hostilidad y vandalismo de los miembros del COPINH en la zona y que se oponían al desarrollo del proyecto energético, con esto queda probado de manera contúndete juntos a los verdaderos chat de Wapsap que las acciones que debían emprender a las cuales se refería EL SENOR DAVID CASTILLO, eren ejercer acciones legales de denuncia. 7) ORDEN FINAL EMITIDA POR EL TRIBUNAL EL DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PARA EL DISTRITO SUR DE MISSISSIPI DIVISION SUR EN FECHA 24 DE SEPTIEMBRE 2020 REFERENTE A SOLICITUD EX PARTE DE LOS SOLICITANTES DE DESCUBRIMIENTO PARA SU USO EN UN TRIBUNAL EXTRANJERO DE CONFORMIDAD CON EL 28 U. S. C. 1782 PRESENTADA POR LAS SENORAS LAURA, BERTA Y SALVADOR todos de apellido ZUNIGA CACERES en el caso número 1:19-MC-00405 KS RHW en el cual se indica que ese procedimiento surge de la acusación de David Castillo Mejía como autor del asesinato de Berta ISABEL CACERES FLORES, Contraída a solicitar información para aportar pruebas en Tribunales Hondureños, de que el señor David Castillo recibió una gran Cantidad de Dinero para orquestar el asesinato de la señora BERTA CACERES y otras personas aún desconocidas relacionadas con el hecho. FINALIDAD PROBATORIA: Establecer que luego de las investigaciones realizadas por tribunales estadunidenses no se estableció ningún pago inusual de ninguna fuente inusual ni extraordinario en el expediente, ya que existen cuentas bancarias investigadas e ingresos verificados, no existiendo ningún pago inusual de ninguna fuente inusual. Documento este que será entregado oportunamente luego de los trámites de legalización y apostillado correspondiente. 8) INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SEÑORA BERTA ISABEL CACERES FLORES, QUE OBRA EN PODER DEL MINISTERIO PUBLICO relacionada con retiros de unas elevadas sumas de dinero en dólares de una agencia bancaria que esta realizara dos días antes de su muerte, conforme lo expuesto por el Ministerio Público en escrito de fecha 15 de marzo del 2016, que corre agregado a folios 22 al 24 del Expediente Judicial EXP: TS-JN 3-88-2017, dinero del que la Fiscalía indica desconoce su paradero, la Finalidad Probatoria es establecer junto a otros medios de prueba los móviles de la muerte de la señora BERTA ISABEL CACERES, hechos estos que también han sido de interés por parte de la Fiscalía. Se señala como lugar donde se encuentra este documento en poder del Ministerio Publico, mismo que deberá ser puesto a la orden del tribunal a la brevedad posible para efectos del Derecho de defensa. (Se adjunta copia de escrito agregado a folios 22 al 24 de solicitud de información financiera por parte del Ministerio. Publico). 9) ACTA Y AUDIO DE DECLARACION O COMPARESCENCIA en condición de perito de la señora BRENDA BARAHONA, en su condición de perito en el juicio oral y público celebrado a partir del 20 de Octubre del 2018 ante este Tribunal de Sentencia a efecto de acreditar al honorable Tribunal las manipulaciones que se han realizado por la perito en el manejo de evidencia y en la elaboración de los dictámenes, declaración esta que obra en la correspondiente acta de debate del expediente judicial TS-JN 3-88-2017. Documentos que deben ser allegados a este proceso a efecto de efectivizar el contradictorio conforme las reglas establecidas en el Código Procesal penal. 10) LISTADO DE CONVERSACIONES DE WAPSAP realizados entre los números asignado a la señora BERTA ISABEL CACERES y DAVID CASTILLO, conversaciones que datan desde el 27 de Julio del año dos mil trece hasta el 18 de febrero del 2016. Mismos que fueron extraídos por los peritos SAUN R VODDE Y JHONATAN D LANGTONG. Con este medio de prueba se acreditará que entre el señor David Castillo y la Señora BERTA ISABEL CACERES existía una relación de amistad y una perfecta comunicación, donde cada cual siempre sabía dónde estaba el otro, se reunían y hacían actividades juntos, razón por la cual la tesis de la Fiscalía en cuanto a que mi representado le mandaba a vigilar y dar seguimiento resulta ser falsa. Conversaciones estas que habían sido eliminadas del celular de la señora BERTA ISABEL CACERES de manera dolosa. 11) DICTAMEN DE VINCULACION TELEFONICA EMITIDO POR el señor RUBEN EDUARDO CHAPA CABRERA perito oficial en informática y comunicaciones, mismo que fue emitido en fecha dos de abril del año 2019, el cual Se presenta en original en este acto. Con el cual se acreditarán la confección de conversaciones por parte de la perita, así como la alteración de sistema operativo de algunos aparatos telefónicos, y la supresión de mensajes con el fin de dar a las conversaciones, un sentido diferente al que realmente trataban las conversaciones con el fin de incriminar al señor DAVID CASTILLO. MEDIO DE PRUEBA PERICIAL: 1) SHAUN R VODDE Y JHONATAN D. LANGTONG ambos mayores de edad, nacionalidad estadunidense pasaporte 545479078 y 514139776 respectivamente, Licenciados en Ciencias aeronáuticas miembros de la oficina de Información Tecnologías y consultorías Forense de Trans Perfect Legal Services, certificados en Examinar Evidencia Digital de Áreas de Tecnología Investigación Forense y Asistencia en Litigios, cuya hoja de vida y acreditaciones ya están debidamente incorporadas al presente proceso. QUIENES emitirán dictamen final de EXTRACCION DE INFORMACION DE LOS DISPOSITIVOS MOVILES у aparatos electrónicos QUE OBRAN COMO EVIDENCIA EN ESTE PROCESO. Y que sin perjuicio que ya fueron juramentados en audiencias anteriores tal como consta a folios 2674 al 2682 sea este honorable Tribunal que establezca la necesidad o no de volverles a juramentar para efectos del juicio oral y Público. 2) MARIO ALBERTO EHRLER hondureño, mayor de edad, identidad número 0801-1988-15880, Licenciado en Lenguas y Profesor en Literatura Inglesa a efecto de que debido a su experticia traduzca los resultados de la pericia final que emitirán los peritos SHAUN R VODDE Y JHONATAN D LANGTONG, asimismo a efecto que realice la traducción de lo que expongan en juicio dichos peritos, perito este que ha sido debidamente juramentado sin perjuicio de que sea juramentado nuevamente para efectos del Juicio oral y Público. 3) JONATHAN GABRIEL MURILLO MARADIAGA, mayor de edad, hondureño, identidad número 0801-1991-02460, quien es master en Criminología Política con especialización en Política Criminal en la Universidad de España, Investigador Forense Móvil CELEBRITE Madrid España, curso recibido Operador de Certificado CELLEBRITE, quien realizara la extracción al Teléfono celular marca LG, color negro con Gris, sin tarjeta Sin y sin Memoria con IMEI 352624052456457 CON SU COBERTOR COLOR NEGRO, mismo que fue decomisado por el Ministerio Publico en las investigaciones realizadas para esclarecer la muerte violenta de la señora BERTA ISABEL CACERES, tal como consta en acta de decomiso incorporada al expediente investigativo número 278-2016 y a folio 41 del Expediente Judicial 50-2017 del Juzgado de Letras con competencia Territorial Nacional en Materia Penal. La pericia consistirá en la extracción del aparato móvil y análisis de la información contenida en el mismo y que está directamente relacionada con los hechos y sus autores. 4) HUGO ALBERTO RIVAS GARCIA quien es mexicano, mayor de edad, con cedula 3764445, miembro de INTEGRA SECURITY LEGAL SOLUTIONS S.A. de C. V. Licenciado en Informática Administrativa Perito en Informática Forense, Diplomado en Mercadotecnia Digital con Enfoque en Redes Sociales, Secretario General de la Especialidad de Informática Forense del Colegio Certificador de Peritos del Estado de Querétaro A.C. Certificado por el Poder Judicial de Querétaro México como Perito Dictaminador. Perito este que emitirá pericia, de vinculación o no de orden criminal y análisis de las intervenciones de las comunicaciones que han venido realizando la Fiscalía y que son parte del proceso; Análisis del resultado de las extracciones de información de teléfonos celulares, información que en su momento proporcionara la empresa Tigo acumulado al presente expediente, Así como todo insumo que obra en el proceso de mérito, tanto en expediente de investigación como judicializados y que se desprenda de la obtención de los teléfonos móviles, y otros dispositivos como ser computadoras laptops y otros que pudiesen tener relación con los enjuiciados e investigados con respecto a la muerte de la señora Berta Isabel Cáceres Asimismo también en relación a los dictámenes emitidos por parte de la perito BRENDA BARAHONA del Ministerio Publico en el presente Proceso y en otros procesos anteriores relacionados con los Hechos. Auxiliándose para ello de la documentación que obra en el proceso y de información proporcionada por las compañías de telefonía denominadas CELTEL (TIGO) Y CLARO con respecto a la ubicación de antenas que aparecen señaladas en las extracciones y demás información que obra en el expediente judicial. 5) MARI CRUZ CERRATO ARDON hondureña, mayor de edad, Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas, inscrita en el Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduría Pública COHPUCP bajo número 2020-10-3461 con Dirección Para atender sus asuntos en Colonia Lomas del Guijarro sur, Edificio Plaza Azul, sexto nivel Local 63 Teléfono 2235-69-47, 2235-9573 correo electrónico cohpucp@yahoo.com, Quien emitirá pericia a efecto de poder verificar y establecer los pagos recibidos por parte del señor Douglas Bustillo, de parte de la empresa desarrollos energéticos S. A. Concepto y respaldo documental de los mismos. Perito que solicitamos sea juramentada en lega y debida forma. 6) ADAN ANTONIO MATAMOROS CRUZ. Hondureño, mayor de edad, casado, identidad número 0801-1972-10690, teléfono 9850-2157, correo electrónico adanmatamoroscruz@hotmail.com Licenciado en Investigación Criminal, egresado de la maestría en criminología, Inscrito en la Corte Suprema de Justicia de Honduras como Perito en las áreas de la criminalística en el sistema CEDIJ. Perito este que emitirá dictamen sobre el manejo de las evidencias que obran en el proceso desde su recolección hasta su presentación en juicio oral y público, auxiliándose para ello de las actas de inspección, actas de decomiso, de levantamiento y recolección de evidencia, cadenas de custodia y cualquier otra relacionado con el manejo de las mismas. Perito que solicitamos sea juramentado en legal y debida forma. MEDIO DE PRUEBA EVIDENCIA: 1) Un teléfono Celular Marca LG, color negro con Gris, sin tarjeta Sin y sin Memoria con IMEI 352624052456457 CON SU COBERTOR COLOR NEGRO, teléfono que ha sido propuesta su pericia. Y que obra en poder del Ministerio Publico. La respuesta del Tribunal Sentenciador ante los medios de prueba propuestos por la defensa la encontramos en el folio 9417 vuelto tomo 20 y establece: [[“En cuanto a la PRUEBA PROPUESTA POR LA DEFENSA; En cuanto a la prueba testifical; Se admite la declaración del señor Ramón Rosa Rivera Perdomo, al testigo protegido TT30-2016, de quien ya se dijo a este Tribunal que el sobre sellado se encuentra en el expediente que está en el Juzgado de Siguatepeque, ya que se hicieron las diligencias como lo pidió la defensa al Ministerio Público. Se admite la declaración de Fabiola Esmeralda Zelaya Hernández. Se admite la declaración del señor Edgardo Benjamín Jerezano Sarmiento, por considerar que estos testigos son útiles, pertinentes y proporcionales, conforme las pretensiones que ha señalado la defensa en su estrategia en la propuesta probatoria. Se rechaza la documental 1 (Expediente investigativo 278-2016), este es un medio de prueba que encuentra el Tribunal se vuelve inútil, ese era una hipótesis, estamos aquí ante una causa que ya el Ministerio Público tendrá que acreditar. Se admite el numeral 2. Se admite el numeral 3. Se rechaza el numeral 4 (Plan de manejo de seguridad del proyecto Agua Zarca), esto por considerar el Tribunal que este medio de prueba se vuelve inútil, ya que lo que está escrito en ese plan de manejo se vuelve impertinente en algún momento. De las actas de allanamiento de los numerales 1, 2, y 3, del numeral 5, también encuentra el Tribunal que las mismas son inútiles, puesto que no se encontró ningún dato relevante en ello, y por lo tanto encuentra este Tribunal que las mismas son inútiles. Del numeral 6, copia debidamente autenticada de las denuncias a, b, c, d, estas encuentran el Tribunal que son excesivas, puesto que tienen la misma pretensión probatoria, por lo tanto, el Tribunal solamente admite una, será la defensa quien escoja que medio de prueba le va a indicar al Tribunal, será el que se va a evacuar en juicio. Se rechaza el literal (e), del numeral 6, por considerar este Tribunal que este es un medio de prueba que no es objetivamente confiable. El numeral 7, (Orden final emitida por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos) se rechaza, por ser inútil e impertinente. El numeral 8, se rechaza, no cumple con los requisitos señalados en la Norma Procesal Penal. El numeral 9 se rechaza, en este momento, puesto que si las defensas en este momento lo que quiere hacer es someter a la Perito al contradictorio, podrá pedir que se le extienda la correspondiente copia de ese documento, pero como medio de prueba se rechaza, se vuelve impertinente. En cuanto al numeral 10, se admite, habiendo hecho las aclaraciones, el Tribunal le pidió a los Abogados defensores, los mismos fueron insumos de pericias. En cuanto al numeral 11, encuentra el Tribunal que se vuelve inútil, se declara entonces las objeciones planteadas por las partes acusadoras. En cuanto a la prueba pericial; Se ha hecho las aclaraciones que el Tribunal le pidió a la defensa, y la pericia que hicieron los señores del numeral 1, Vodde y Langtong, encontramos que se vuelve excesivo, ya que también ha propuesto una pericia que contiene esta misma información la defensa, por lo tanto, se rechaza la pericia del numeral 1. En cuanto al señor Mario Alberto Ehrler, en este momento el Tribunal considera no admitir la pericia del numeral 1, por lo tanto, también no es necesario el Traductor, y se rechaza la propuesta del señor Mario Alberto. Con control jurisdiccional y para que sea debidamente juramentado y haciéndosele saber cuándo debe de presentar esa es la resolución del Tribunal, todo ello como hemos indicado con fundamento en los artículos 198 y 199 del Código Procesal Penal, al considerar el Tribunal que los medios de prueba que fueron admitidos son útiles, pertinentes y proporcionales, y están íntimamente vinculados con los hechos que son objeto de este debate, así como también con la finalidad probatoria para llegar al esclarecimientos' de los hechos, las partes quedan debidamente notificadas.”]] “Lo resaltado en negrita y subrayado es nuestro.”. Ante la denegatorio de prueba por parte del Tribunal Sentenciador, la defensa del señor Roberto David Castillo Mejia interpuso recurso de reposición en los siguientes términos: [[“Se están proponiendo como pericia, por eso se hace saber ver en el numeral 1, esta defensa desea que estos Peritos también emitan un informe final, que ahí es donde se pidió, y como ya sabemos cuál es la metódica del Tribunal de jurisdicción, que fueran juramentados para emitir ese informe final, porque, porque estos que estaban juramentados para realizar la extracción, en las extracciones encontraron hallazgos importantes de mensajes borrados por parte de la Perito Brenda Barahona, la pericia de las extracciones está debidamente realizada con control jurisdiccional y el Tribunal puede agarrar pertinencia, porque, porque esta pericia vale de todos los DETECI, presentados por el Ministerio Publico, es una extracción telefónica, realizada, aportada, documentada, entregada y obra en el expediente judicial, ya estando en el proceso, se solicitó juramentación, era para un informe final, la pericia como tal, esta propuesta debidamente porque ya fue realizada con control, y el Tribunal puede ver pertinencia, por lo tanto solicito que sean admitidos los testigos antes mencionados, como Peritos, aclaro aquí, las extracciones están en español, lo que está en ingles son las notas de remisión de ellos, pero como nunca las han venido a ratificar, obviamente no ha participado Mario Alberto, en esa pericia de extracción ya realizada y propuesta debidamente por la defensa, va a venir a hacer la traducción ante el Tribunal de lo que ellos han presentado en el expediente judicial, en juicio, lo que el Tribunal tenía que pronunciarse con control jurisdicción, es sobre el informe final, que nosotros pedimos como equivalente a una ampliación, en caso contrario, lo toral que ya está realizado, son las extracciones, eso es como dejarnos sin Deteci a nosotros. También en este acto queremos reponer en cuanto a la inadmisión del medio de prueba documental consistente en la información financiera de la señora Bertha Isabel Cáceres, porque, la Fiscalía documentó en otro expediente en el 3-88-2017, que la señora Bertha Cáceres dos días antes de su muerte, retiro una fuerte cantidad de dólares de una Institución Bancaria, que se hicieron esos dólares, cual fue realmente el móvil de la muerte de la señora Bertha Cáceres, si sicarios realmente ingresaron a su casa, hay mucha tela que cortar, entonces es necesario establecer la verdad real de los hechos, y también esta misma prueba vinculada a la prueba pericial del Ministerio Público, de las extracciones realizadas por los Peritos que hicieron las Deteci que hicieron y las extracciones que hicieron los Peritos, va a indicar al Tribunal, que realmente la señora Bertha tuvo discusiones por el premio que le habían otorgado y obviamente por el dinero que representaba el premio, con una de las personas que se contacta en este proceso. En cuanto a la admisión de los señores Acusadores, nos oponemos a la admisión que se ha hecho en cuanto al señor Daniel Atala, primero si usted nota la proposición que se hace, es una proposición especulativa, el señor Lester jamás ha hablado con el señor Atala, no es una prueba objetivamente confiable, porque él no sabe que el señor Atala tenga conocimiento de los hechos que aquí se discuten, eso queda en mera imaginación de ellos, entonces nos oponemos a tal admisión de ese medio de prueba. En este momento vamos a rechazar el recurso de reposición presentado por el Ministerio Público, voy a comenzar recordando que el artículo 11 del Código Procesal Penal, establece el derecho de igualdad entre las partes, esa igualdad entre las partes que incluso me ha llevado a reponer la inadmisión de las extracciones ya realizadas controladas jurisdiccionalmente, cuya admisión noble esta únicamente encomendada en este proceso a un Tribunal de Sentencia, la pretensión al pretender que las poca prueba admitida a la defensa sea rechazada, ya va lesionando lo que es el derecho de igualdad y contradicción que asiste a la defensa. La Fiscalía dice que se rechaza el testigo protegido TT30-2016, aduce la señora Fiscal que este testigo no ha dicho la verdad, y que se le decomiso un teléfono, y es que el tema de valoración de que el testigo diga la verdad o no, ese es una misión sagrada, encomendada al Tribunal, el Tribunal es el único que puede después de escuchar la declaración del testigo, que según así lo tengo en la propuesta probatoria, y así lo he verificado de la información de la misma Fiscalía, sabe quiénes son las personas que coordinaron y planificaron la muerte de la señora Bertha Cáceres, creo que al mundo entero le interesara saber esa declaración, asimismo, y relacionando en el mismo orden de ideas, la Fiscalía ha rechazado el hecho de que se quiera practicar una pericia sobre un teléfono, y lo estoy detallando así porque están concatenadas, en cuanto al señor Jonathan Murillo, es el hecho que se insertó una información en ese teléfono y por eso es tan interesante, ese principio de contradicción, en qué sentido, en que el teléfono ya estaba en poder de la Fiscalía y de los agentes, cuando ella dice que fue alterada la información, entonces la prueba si resulta que útil y pertinente, porque en ese teléfono está grabado lo que se escuchó, de quienes planificaban la muerte de Bertha Cáceres, con coincidencia de detalle, por ende también se rechaza la deposición que ha hecho la Fiscalía en cuanto al medio de prueba evidencia, que es el teléfono del que estamos hablando y el que la Fiscalía aduce que ya hicieron una pericia, por ende debe ser rechazada la reposición interpuesta por el Ministerio Publico. La Fiscalía pretende que no se presente la pericia del señor Hugo García, que no se realice con control jurisdiccional, ella aduce que ya hicimos una pericia en su tiempo del señor Rubén Chapaz, pero esta fue sustraída penosamente del proceso, pericia que nosotros teníamos una copia firmada, y pericia que dejaron fragmento, únicamente con hoja firmada en el expediente, y que son escaneos, ni siquiera fotocopia, es así que no puede venir ahora la Fiscal a pretender que no podemos proponer un perito conforme a estrategia de defensa, que también ha dicho el Tribunal inadmitirlo, y aclaro que ese perito se va a auxiliar de los insumos presentados por la Fiscalía, de la Deteci de ellos y de los insumos de Vodde, y Jhonatan, oportunamente, debidamente juramentados, este medio de prueba resulta vital para la estrategia y tesis de esta defensa, y para demostrar lo que se ha propuesto por la misma y por ende solicito se mantenga la resolución. También la Fiscalía aduce en cuanto al señor Matamoros, que podría ser el consultor o no, es el hecho que la estrategia de defensa es proponerlo como un Perito, porque considera que él puede emitir en su experticia, Perito reconocido por la Corte Suprema de Justicia, los aspectos ahí señalados, que por economía procesal no voy a repetir, en ese sentido se solicita se declare sin lugar la reposición presentada por el Ministerio Público. Igualmente la Fiscalía ha presentado reposición en cuanto sus medios probatorios y considera pertinente ser admitidos una serie de documentos que presento en un listado ante el Tribunal como evidencia, para comenzar he observado que el Tribunal ha sido bastante cuidadoso en cuanto al admitir el listado y considero que en cuanto a los medios admitidos han sido los útiles y pertinentes para este proceso, por lo cual solicito se mantenga la resolución de la inadmisión de los medios de prueba al Ministerio Público. En cuanto a los medios de prueba presentados por los señores Acusadores, voy a referirme primero en cuanto al señor Lester; Es evidente que el Tribunal ha adoptado una resolución en cuanto a rechazarle los testigos, son abundantes, son excesivos, y yo le agregaría algo más, testigos propuestos como Nicolás Atala, María Santos Domínguez, estos testigos saben los que ellos están pretendiendo proponer ante este juicio, ante la idea de sus argumentos que ellos manejan. También en cuanto a la prueba documental, aquí no se maneja un delito de usurpación como ellos pretenden, títulos de propiedad, en territorio de Rio Blanco, mucho menos informes remitidos a la Comisión remitidos por ellos, por lo tanto solicito que se mantenga la resolución en cuanto a los medios de prueba que se les ha sido inadmitida, tanto al señor Lester, como al señor Pedro, veamos las pericias, del mismo escrito probatorio, y esta defensa bien entiende en cuanto al tema de control jurisdiccional, ellos están proponiendo el peritaje ya realizado, hasta nombre tiene ese peritaje ya, hizo bien el Tribunal en rechazarlo en virtud de que ambos peritajes propuestos por ambos Acusadores, si ya fueron realizados, fueron realizados sin control jurisdiccional, si ya los realizaron, no los trajeron para que el Tribunal valore su pertinencia y utilidad, y en todo casa, lo que debieron pedir es un control jurisdiccional para realizar pericias, que no lo hicieron, sin más que pedir, solicito se rechacen los recursos de reposición solicitados por el ente Fiscal y los acusadores, se admita la pericia de extracción realizada por los señores antes mencionados”.]] Lo resaltado en negrita es nuestro. Esta Sala de lo Penal considera importante aclarar varios puntos importantes acerca de la admisión de un medio de prueba y los requisitos que los litigantes deben cumplir para lograr que el Sentenciador admita su prueba, pues el rechazo de prueba no implica necesariamente la violación al derecho de defensa, aunque están íntimamente ligados tal como lo referiremos más adelante. El Tribunal de Sentencia podrá rechazar aquellos medios de prueba que, propuestos en el momento procesal oportuno (cfr. arts. 317 y 333), no guarden relación con los hechos que se van a enjuiciar, es decir, sean impertinentes, inútiles o desproporcionados (art. 317.IV). Las partes tienen la carga de indicar, al proponer los medios de prueba de que van a valerse, los hechos o circunstancias que con ellos pretenden probar (Art. 317.III CPP). Es decir, tienen la carga de argumentar ante el Tribunal de Sentencia la pertinencia de la prueba. Entre las disposiciones generales del libro primero, señala el artículo 199 que «los medios de prueba serán admitidos sólo si son pertinentes y se refieren, directa o indirectamente, al objeto de la investigación; resultan útiles para la averiguación de la verdad; y no son desproporcionados, ni manifiestamente excesivos en relación con el resultado que se pretende conseguir». También durante la investigación preliminar, dice el Artículo 272 del Código Procesal Penal, que en la búsqueda de la verdad se practicarán todas las diligencias «pertinentes y útiles» para determinar la existencia del hecho punible y el grado de responsabilidad de los agentes. En resumidas cuentas, la admisibilidad de un medio de prueba no viene sólo y exclusivamente determinada por su pertinencia, las pruebas propuestas, además de pertinentes, han de ser útiles, proporcionadas en relación con la finalidad probatoria que se pretende, no meramente dilatorias, ni ilícitas. La falta de cualquiera de estas características ha de llevar al Tribunal de Sentencia a rechazar la prueba propuesta (Art. 317.IV). Y es que, como bien subraya el Tribunal Constitucional Español, el derecho de defensa, en su faceta de utilización de los medios de prueba, «no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada». En fin, es al juzgador a quien corresponde decidir sobre la admisibilidad de cada tipo de prueba según su naturaleza y su relación con cuanto se intenta verificar, adecuación e idoneidad con reflejo en la admisibilidad y pertinencia. Es más, aun admitida una prueba como pertinente, es posible que su falta de práctica ulterior no vulnere el derecho de defensa; y ello porque, siendo en primer momento pertinente, puede resultar después innecesaria o inútil, si lo que con ella se pretende justificar ha quedado suficientemente acreditado por otras pruebas ya practicadas. Para que se infrinja el derecho de defensa no basta simplemente con que no se haya practicado una determinada prueba, propuesta en tiempo y forma y admitida por el Tribunal. Es necesario comprobar si, del hecho de que no se practicase la prueba admitida, se deriva una efectiva indefensión para la parte proponente, toda vez que -tal y como declara la sentencia del Tribunal Suprema Español en su fallo STC 129/1998- «este derecho fundamental únicamente alcanza aquellos supuestos en que la prueba es "decisiva en términos de defensa", esto es, "que se haya generado una real y efectiva indefensión"». El derecho a la prueba es instrumental del derecho de defensa, de forma que uno y otro están íntimamente conectados por una relación de causa a efecto: la vulneración del derecho a la prueba puede dar lugar a la vulneración del derecho de defensa. Son inseparables, de tal modo que podríamos hablar del derecho de los litigantes «a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa». Así, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes forma parte integrante del derecho constitucional a la no indefensión o, si se prefiere, del «inviolable» derecho de defensa (Art. 82 CPH). También la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra, en su Artículo 8.2.f), el derecho a la prueba como parte del derecho de la defensa «a interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y obtener la comparecencia, como testigos o peritos de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos». En fin, el derecho al proceso «con las debidas garantías» (arts. 14.1 PIDCP y 8.1 CADH) exige, entre sus distintas facetas, que las partes puedan valerse de medios de prueba pertinentes para convencer al órgano de enjuiciamiento de sus respectivas afirmaciones. La sentencia del Tribunal Supremo Español número STC 187/1996, de 25 de noviembre , nos ayuda a comprender cuál es el contenido del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes: 1) Es un derecho fundamental, ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho mismo de defensa, que «garantiza a quien está inmerso en un conflicto que se dilucida jurisdiccionalmente la posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses, siempre que la misma esté autorizada por el ordenamiento». 2) No comprende, sin embargo, un hipotético «derecho de llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada», en virtud de la cual las partes se consideren facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tuvieran a bien proponer. Antes, al contrario, dada su naturaleza de derecho de configuración legal, la acotación de su alcance «debe encuadrarse dentro de la legalidad», de tal modo que es conditio sine qua non para apreciar su pretendida lesión que la prueba sé haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos. 3) La consecuencia que de todo ello se sigue es que, en ningún caso podrá considerarse menoscabado el derecho que nos ocupa «cuando la inadmisión de una prueba se ha producido debidamente en aplicación estricta de normas legales cuya legitimidad constitucional no puede ponerse en duda». Por lo tanto, siendo inobjetable que a los Tribunales de Justicia corresponde, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 303 de la Constitución hondureña, la interpretación de las normas legales aplicables, a fin de pronunciarse sobre la admisión de los medios de prueba, resulta también indudable que a través del recurso de amparo (Art. 183 CPH) sólo se podrá revisar esta actividad jurisdiccional en aquellos supuestos en que el rechazo de la prueba propuesta carezca de toda justificación, o la motivación que se ofrezca pueda tildarse de manifiestamente errónea, irrazonable o arbitraria. Por lo que se refiere a las pruebas inadmitidas por el Tribunal de Sentencia, para que un recurso de casación ante la Corte Suprema prosperase por infracción de precepto constitucional (en este caso indefensión: Art. 82 CPH), no bastaría con la simple denegación judicial sobre la petición de actividad probatoria; ni siquiera sería suficiente con la falta de una respuesta judicial razonada acerca de la omisión de una determinada prueba (ello constituiría una incontestable irregularidad formal, pero no necesariamente con trascendencia material). Lo que la indefensión requiere es un efecto material: «requiere que la actividad no practicada y solicitada en tiempo y forma sea potencialmente trascendente para la resolución del conflicto». Sería preciso demostrar, en consecuencia, «la relación entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar y las pruebas inadmitidas», así como que se argumente de modo suficiente que la resolución final del proceso podría haberse alterado si se hubiese practicado la prueba denegada, «ya que sólo en tal caso -comprobado que el fallo pudo, acaso, haber sido otro si la prueba se hubiera admitido- podrá apreciarse también el menoscabo efectivo del derecho de quien por este motivo busca amparo». Esta Sala de Casación considera necesario recordar que en la naturaleza del recurso de casación, se establece en el artículo 363 procesal como requisito indispensable, que el recurrente haya presentado su protesta ante el acto que ahora reclama como motivo de casación mediante la interposición del recurso respectivo; en el caso subjudice encontramos a folio 9422 del tomo 20, el momento procesal en que la defensa del imputado Roberto David Castillo Mejia interpuso recurso de reposición ante la denegatoria de los medios de prueba, en su exposición la togada hizo referencia a la prueba pericial de extracción de teléfonos y solicitó se repusiera la decisión del Tribunal para que sea admitida; luego se refirió a la prueba documental de información financiera de la ofendida Berta Cáceres las cuales solicitó se enmiende la decisión del Tribunal y se admita; posteriormente hizo referencia a la admisión de los medios de prueba de los acusadores privados y del Ministerio Público. Corre agregado a folio 9381 comunicación enviada al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en materia penal, por parte de la Honorable Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, en la cual solicitaban informe de la resolución dada en fecha 1 de marzo de 2021, en la que se celebró audiencia de proposición de pruebas y le fueron inadmitidos a la defensa varios medios probatorios documentales, todo en virtud del Recurso de Amparo presentado ante ese Tribunal de Alzada por parte de la defensa del señor Roberto David Castillo Mejia; en fecha 09 de abril del 2021, el Tribunal de Sentencia rindió informe (F 9316) en el cual estableció las razones de hecho y derecho para desestimar la prueba a la defensa. La Corte de Apelaciones Penal dictó Sentencia de Amparo en fecha 15 de abril de 2021 (F 9458) mediante la cual declaró inadmisible el recurso presentado por la defensa del señor Castillo Mejia, pues los alegatos expresados por los recurrentes constituían violaciones de mera legalidad y que luego de examinados los argumentos se evidenciaban que la intención era dilatar el proceso. Por lo tanto, los recurrentes han cumplido con el requisito de hacer la protesta respectiva para lograr la subsanación del acto que ahora se reclama. Esta Sala de lo Penal encuentra que al revisar el desarrollo e incidencias de la audiencia de proposición de pruebas, cuya acta aparece a folios 9397 al 9427, es posible determinar que en ningún momento se ha violentado el derecho de defensa del imputado Roberto David Castillo Mejia, pues si bien se le denegó la admisión de algunos medios de prueba documentales, el fundamento para tal denegatoria se encuentra enmarcado en ley, al establecer el artículo 199 del Código Procesal Penal, cuáles son los medios de prueba permitidos y las razones por las cuales los Tribunales de la República pueden desestimar la admisión de un medio de prueba; como primer requisito establece el referido artículo que deben cumplir con las características de ser objetivamente confiables, pertinentes, útiles y proporcionales. Al revisar la resolución que hizo el A-quo en relación a la prueba documental del Informe Financiero de la señora Berta Isabel Cáceres, el Sentenciador deniega la admisión del mismo estableciendo: [[“PRUEBA PROPUESTA POR LA DEFENSA, en cuanto a la prueba testifical; Se admite la declaración de Fabiola Esmeralda Zelaya Hernández. Se admite la declaración del señor Edgardo Benjamín Jerezano Sarmiento, por considerar que estos testigos son útiles, pertinentes y proporcionales, conforme las pretensiones que ha señalado la defensa en su estrategia en la propuesta probatoria. Se rechaza la documental 1 (Expediente investigativo 278-2016), este es un medio de prueba que encuentra el Tribunal se vuelve inútil, ese era una hipótesis, estamos aquí ante una causa que ya el Ministerio Público tendrá que acreditar. Se admite el numeral 2. Se admite el numeral 3. Se rechaza el numeral 4 (Plan de Manejo de Seguridad de DESA), esto por considerar el Tribunal que este medio de prueba se vuelve inútil, ya que lo que está escrito en ese plan de manejo se vuelve impertinente en algún momento. De las actas de allanamiento de los numerales 1, 2, y 3, del numeral 5 (Actas de Allanamiento 21-2016, 22-2016 y una sin número correlativo), también encuentra el Tribunal que las mismas son inútiles, puesto que no se encontró ningún dato relevante en ello, y por lo tanto encuentra este Tribunal que las mismas son inútiles. Del numeral 6, copia debidamente autenticada de las denuncias a, b, c, a, estas encuentran el Tribunal que son excesivas, puesto que tienen la misma pretensión probatoria, por lo tanto, el Tribunal solamente admite una, será la defensa quien escoja que medio de prueba le va a indicar al Tribunal, será el que se va a evacuar en juicio. Se rechaza el literal (e), del numeral 6, por considerar este Tribunal que este es un medio de prueba que no es objetivamente confiable. El numeral 7 (Orden Final emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América), se rechaza, por ser inútil e impertinente. El numeral 8, se rechaza, no cumple con los requisitos señalados en la Norma Procesal Penal. El numeral 9 se rechaza, en este momento, puesto que si las defensas en este momento lo que quiere hacer es someter a la Perito al contradictorio, podrá pedir que se le extienda la correspondiente copia de ese documento, pero como medio de prueba se rechaza, se vuelve impertinente. En cuanto al numeral 10, se admite, habiendo hecho las aclaraciones, el Tribunal le pidió a los Abogados defensores, los mismos fueron insumos de pericias. En cuanto al numeral 11, encuentra el Tribunal que se vuelve inútil, se declara entonces las objeciones planteadas por las partes acusadoras. En cuanto a la prueba pericial; Se ha hecho las aclaraciones que el Tribunal le pidió a la defensa, y la pericia que hicieron los señores del numeral 1, Vodde y Langtong, encontramos que se vuelve excesivo, ya que también ha propuesto una pericia que contiene esta misma información la defensa, por lo tanto, se rechaza la pericia del numeral 1. En cuanto al señor Mario Alberto Ehrler, en este momento el Tribunal considera no admitir la pericia del numeral 1, por lo tanto, también no es necesario el Traductor, y se rechaza la propuesta del señor Mario Alberto...”]] Lo agregado y resaltado en negrita es nuestro. // Para este Tribunal de Casación las razones que expuso el Sentenciador para no admitir la prueba propuesta por la defensa fueron correctas y debidamente razonadas, debemos recordar que el Tribunal de Sentencia recibió en ese día mas de 100 medios probatorios de las partes, por lo que, para celeridad procesal las razones de la inadmisión de las pruebas son bastantes escuetas pero totalmente acertadas y razonadas, por ejemplo el informe investigativo 278-2016 resulta a todas luces inútil a los fines que se planteaban en ese momento para el Juicio Oral, pues en la etapa investigativa del proceso van surgiendo varias hipótesis de las posibles formas en que ocurrieron los hechos, de sus posibles autores y de un posible móvil; pero todo ello constituye en ese momento líneas de investigación, muchas de ellas descartadas, algunas otras surgen cuando ya se cuenta con alguna prueba, como sucedió en el presente caso en el que, la prueba de vaciado telefónico y cruce de llamadas de la perito Brenda Barahona, fue dilucidando nuevas líneas de investigación y desechando otras; por tanto su inadmisión es totalmente correcta. En cuanto al Plan de manejo de seguridad de la hidroeléctrica Agua Zarca, el Sentenciador la consideró acertadamente inútil e impertinente, pues un plan escrito en papel de cómo debe regirse la empresa ante alguna amenaza a su seguridad, no tiene relación con la muerte y asesinato de una persona, en ese sentido esta prueba era inútil e impertinente, pues no era posible extraer de ella algún dato que fuese de vital importancia en la investigación de los hechos. Referente a las actas de allanamiento que fueron inadmitidas por el Sentenciador, la defensa las propuso con el fin de acreditar que en ellas no se encontró ninguna evidencia alguna que relacione al acusado Roberto David Castillo Mejia, siendo denegada por considerarla inútiles, pues no encontró en ellas ningún dato relevante, ocurriendo con ellas al igual que con el informe investigativo, pues ambas pruebas ocurren en la etapa investigativa del proceso, así que, el hecho que no encontró ningún dato que relacione al señor Roberto David no significa con ello la ausencia de algún tipo de responsabilidad penal, pues las hipótesis recién se estaban dando, por lo tanto, las razones para inadmitirla fueron correctas. También se inadmitió por parte del Tribunal Sentenciador, una orden final por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el distrito Sur de Mississippi, la defensa la presentó con el fin de acreditar que, luego de las investigaciones realizadas por los Tribunales Estadounidenses no se estableció ningún pago inusual de ninguna fuente inusual; el Tribunal rechazó la admisión de este medio de prueba, por considerarlo inútil e impertinente; pues no es requisito sine qua non que deba acreditarse el pago o no de una cantidad de dinero para determinar la responsabilidad del acusado en los hechos investigados, precisamente seria ante los Tribunal Hondureños en donde las partes podían presentar ese tipo de pruebas, pero al no existir, tampoco le eximían de responsabilidad, por tanto fue correcta la inadmisión del Tribunal de ese medio de prueba. Por último, hacen referencia al informe financiero de las cuentas bancarias de la señora Berta Isabel Cáceres, rechazado por el Tribunal como inútil e impertinente, pues se hace evidente que un informe financiero de la ahora occisa Berta Cáceres no abonaba nada en la investigación, la defensa la propuso estableciendo que ella había retirado una gran cantidad de dinero y que ese podía ser el móvil de los hechos, sin embargo los entes de investigación cuando encontraron el cuerpo sin vida de la señora Cáceres no encontraron en ningún momento que hiciese falta algo de valor, algún maletín en la casa o algún tipo de desorden que diera ha entender que los hechores buscaban algo; en ese sentido el referido dictamen financiero resultó inútil y por tanto fue correctamente inadmitido por el A-quo. Tal como lo explicamos párrafos arriba y así como lo ha establecido el Tribunal Supremo Español, cuya legislación y doctrina resultan bastante similares a la de nuestro país, para que prospere un recurso de casación en la que se alega la violación al derecho de defensa por inadmisión de prueba, no puede bastar simplemente con la denegación, tampoco basta la ausencia de un razonamiento extenso por parte del Sentenciador -tal como lo ha alegado los recurrentes- lo que se requiere en este tipo de alegaciones es que haya existido una indefensión material, esto significa que esas pruebas no practicadas por el Tribunal y que fueron solicitadas en tiempo y forma, sea potencialmente trascendente para el fallo, de tal suerte que de haberse practicado las pruebas inadmitidas, el resultado sería totalmente contrario a lo dilucidado; en ese sentido, observa esta Sala de lo Penal, que si bien el A-quo no brindó razones extensas de la admisión de los medios de prueba a la defensa, si lo hizo de manera puntual y certera, pero además, al analizar la inadmisión de los medios de prueba, ninguno de ellos resulta trascedente o de vital importancia que al evacuarse el mismo produzca un cambio radical en la decisión del Tribunal Sentenciador, así las cosas no observamos que haya ocurrido ninguna indefensión material en la inadmisión de medios de pruebas, pues estas no se constituyen como torales para determinar la no participación del señor Roberto David Castillo en los hechos y por tanto no existe ninguna vulneración a su derecho de defensa, por lo que éste motivo de casación por infracción de precepto constitucional, debe ser desestimado. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva realizada por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un Recurso de Casación por Infracción de Ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser “observadas para la aplicación de la ley penal”, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que, señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal: “La reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia a considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión por parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el fáctum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Primer Motivo Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 193 del Código Penal vigente. Reclamación Ex Ante: no siendo posible su corrección ex ante al provocarse el vicio denunciado al momento de la sentencia. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se dicte un fallo absolutorio a favor del imputado. Afirman los recurrentes que resulta claro de la lectura de los hechos probados, que en los mismos no se encuentra inmersa las características que debe reunir el tipo penal de Asesinato - el dar muerte- con el agregado específico del empleo de: "alevosía" o "ensañamiento" por parte de quien ejecuta la acción de dar muerte; de igual forma como no aparecen descritos los medios de alevosía o ensañamiento, no aparece en los hechos probados que nuestro representado Roberto David Castillo Mejia ejecutare acción alguna de dar muerte, puede verse en el hecho probado tercero (primer párrafo) se refiere que: "En el año 2015, incluso después de haber terminado la relación laboral de Douglas Bustillo con la empresa DESA, se dieron una serie de comunicaciones entre Douglas Bustillo y otros directivos, uno de los cuales era el Gerente David Castillo con el fin de acabar con la oposición que realizaba Berta Cáceres y otros del grupo COPINH, y como consecuencia de tales deliberaciones se determinó acabar con la vida de Berta Cáceres, acción que se dispuso que sería desarrollada o coordinada por Douglas Bustillo, implicando la supervisión y aporte de dinero o de elementos logísticos que debían ser facilitados por el señor Roberto David Castillo". Afirmaron además los censores que en el relato descrito se deja de manera abstracta, que como consecuencia de tales deliberaciones se determinó acabar con la vida de Berta Cáceres, acción que se dispuso seria "desarrollada y coordinada" por Douglas Bustillo, implicando la supervisión y aporte de dinero o de elementos logísticos que debían ser facilitados por Roberto David Castillo, aseveración que no establece de qué forma nuestro representado habría ejecutado el hecho y que en el mismo se empleara alevosía o ensañamiento cuando le atribuye la supuesta actividad delictiva "supervisión" y aporte de dinero o elementos de logística. Del Tipo Penal de Asesinato. Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Sentencia afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La Vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65), para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Asesinato. De acuerdo con el artículo 193 del vigente Código Penal: “quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30)”. Como se ve, el Código tipifica el asesinato como delito autónomo después del de homicidio, mediante la enumeración de tres circunstancias agravantes, las dos primeras (Alevosía o ensañamiento) tiene pena distinta a la circunstancia de precio o recompensa. Tales circunstancias no son meras agravantes genéricas, sino elementos constitutivos del delito, bastando la concurrencia de una sola para que pueda calificarse de asesinato. Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo especifico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; Adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Ahora bien, puede suceder que en la muerte de una persona concurran varias de las circunstancias del artículo 193. En tal caso, cualquiera de ellas puede tomarse para calificar esa muerte como asesinato y, las restantes, dejan de ser elementos constitutivos de delito para actuar como agravantes genéricas del artículo 32. Comunes al homicidio son las cuestiones en torno al bien jurídico protegido (la vida humana independiente), los sujetos activo y pasivo del tipo básico, la causalidad y las formas imperfectas. Específica del asesinato es una rica problemática que pasamos a exponer a continuación, centrándonos en las circunstancias que constituyen elementos constitutivos del tipo. A) Alevosía. Su definición legal se recoge en el artículo 32.1 del Código Penal: Hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. De acuerdo con esta definición, la alevosía se nos presenta como equivalente a cobardía, ya que la nota fundamental (aparte del aseguramiento de la ejecución), es el aprovechamiento de una situación de indefensión, y la falta por ello de riesgo para el sujeto activo al cometer su acción. Partiendo de esta idea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo español distingue tres modalidades de alevosía. a) La llamada alevosía «proditoria», singularizada por el ataque «a traición y sobre seguro» y que incluye la asechanza, insidia, trampa, emboscada, celada, apostamiento, situaciones todas ellas en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no espera. b) La alevosía súbita, inesperada o inopinada, llamada también «sorpresiva», en la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla, actúa de forma imprevista, fulgurante y repentina. La víctima es sorprendida totalmente desprevenida, ya se encuentre de espaldas o incluso de frente, gracias a lo repentino e inopinado de la agresión. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo posible. c) La alevosía de desvalimiento (que roza el abuso de superioridad), en que el sujeto agente aprovecha una situación de absoluto desamparo de la víctima, como acontece en los casos de personas desvalidas por su edad (ancianos, niños), por su invalidez física o psíquica (enfermos graves), o por estar en estado de inconsciencia (personas ebrias en fase letárgica o comatosa, drogadas, dormidas o privadas de conocimiento)”. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala de lo Penal, en el recurso de casación por infracción de ley aplica el principio de intangibilidad de los hechos probados, esto es, el respeto irrestricto a la redacción y conformación de los sucesos que haya realizado el A-quo, toda vez que es a él a quien compete la valoración de la prueba y por tanto la elaboración de la fundamentación fáctica de la sentencia. Los censores cuestionan puntualmente “que no se encuentra inmersa las características que debe reunir el delito de asesinato -el dar muerte- con el agregado de la alevosía o ensañamiento” “… no aparece en los hechos probados que nuestro representado ejecutare acción alguna de dar muerte” “… se deja de manera abstracta referido que como consecuencia de tales deliberaciones se determinó acabar con la vida de Berta Cáceres, acción que se dispuso que sería desarrollada y coordinada por Douglas Bustillo, implicando la supervisión y aporte de dinero o elementos logísticos que debían ser facilitados por Roberto David Castillo, aseveración que no establece de qué forma nuestro representado habría ejecutado el hecho” “…En el hecho probado tercero.. no se puede adecuar al supuesto de la norma jurídica que se califica en cuenta se trata de un evento situacional previo al hecho de la muerte de Berta Cáceres…” “…el hecho tercero deja de manifiesto la no participación en la ejecución del hecho al señor Roberto David Castillo, cuando en su párrafo quinto refiere que ya en fecha 2 de marzo de 2016, siguiendo el plan determinado y con la coordinación de Douglas y lo que sería posteriormente informado a Roberto David Castillo…” “Afirmándose que de los cuatro individuos que llegaron al lugar de residencia de la víctima fueron quienes ingresaron, una vez en el interior uno disparo contra el extranjero y otro dispara en reiteradas ocasiones contra la señora Berta Isabel Cáceres, siendo claro que no se ubica en ese lugar a nuestro representado ejecutando hecho alguno” “De igual manera no se encuentra descrito en el factum, en general y menos aún en particular, acción que nuestro representado que se haya realizado ejecución del hecho con alevosía, como califica el Tribunal de acuerdo con su fundamentación jurídica numeral segundo cuando entiende que concurre el artículo 193 del delito de asesinato con alevosía.” Para esta Sala de lo Penal, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de asesinato regulado en el artículo 193 del vigente Código Penal, se encuentran perfectamente conformados en la redacción de hechos probados; si bien el recurrente ha incurrido en alguno de sus alegatos en el error de cuestionar los hechos probados al afirmar en varios momentos que no se establece de que forma el acusado ejecutaría esos sucesos, con lo cual esta demostrando su no aceptación a la fundamentación fáctica tal y como lo plasmó el A-quo, por lo cual inobserva con ello el principio de intangibilidad de los hechos probados explicado en el apartado anterior. Ahora bien, muchos de los cuestionamientos de los recurrentes fueron correctos y será sobre esa base que se dará respuesta a sus señalamientos. El primer elemento objetivo que plantea el artículo 193 del Código Penal decreto 130-2017 es “Dar muerte a una persona” en el caso sometido a análisis y conforme lo relatan los hechos probados ha quedado plenamente establecido la muerte violenta de la señora Berta Isabel Cáceres por parte de cuatro individuos al afirmar en el hecho tercero: “…Ya en fecha dos de marzo del año 2016, siguiendo el mismo plan determinado y con la coordinación de Douglas Bustillo y de lo cual sería posteriormente informado a Roberto David Castillo y a otro ejecutivo de Desa, cuatro individuos viajaron desde el norte del país hasta llegar alrededor de las once y treinta de la noche hasta la residencial El Líbano, de la Esperanza, Intibucá, donde se encontraba en su casa de habitación la señora Berta Cáceres en compañía el Testigo Protegido ABC 03-03-2016, persona extranjera que participaba en un foro en la ciudad de Intibucá. Es así como entonces dos de tales individuos ingresaron a la casa de habitación, y una vez adentro, uno disparó contra el señor extranjero visitante que se encontraba en un cuarto de habitación, dejándolo herido, en tanto que el otro encuentra a la señora Berta Cáceres en el interior de la vivienda y le disparó en reiteradas ocasiones a la señora Berta Cáceres, perdiendo ésta la vida producto de dicha acción.” Observamos por tanto que el elemento objetivo de dar muerte a una persona se cumple en los hechos probados, cuando se establece que siguiendo un plan predeterminado el día 02 de marzo se de 2016 y con la coordinación de Douglas Bustillo y siendo informado Roberto David Castillo, cuatro individuos se presentan a la casa de habitación de la señora Berta Cáceres y determinan dispararle hasta quitarle la vida, cumpliéndose a cabalidad el primer elemento objetivo. Otro elemento objetivo lo constituye que, esa acción se realice mediante “alevosía” o ensañamiento”, entendiéndose por alevosía emplear medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido; en el caso subjudice y según lo relatan los hechos probados, se presentaron cuatro individuos a la casa de habitación de la señora Berta Cáceres para ejecutarla, dos de ellos portando armas de fuego ingresaron a su hogar, específicamente a su habitación a eso de las 11:30 de la noche, disparando de manera sorpresiva contra la humanidad de la ambientalista y contra la integridad física de un testigo protegido ABC 03-03-2016; logrando herir al testigo protegido y acabar con la vida de la señora Cáceres. Desde el momento en que cuatro personas fuertemente armados, se trasladan hasta la casa de habitación de la señora Berta Isabel Cáceres Flores e ingresan dos de ellos a la vivienda para terminar con su vida, haciéndolo de noche y de manera sorpresiva, se hace patente el elemento alevoso necesario para la configuración del delito de asesinato, pues todos esos elementos aseguraron a los hechores que no existió riesgo para sus personas por alguna reacción de la ofendida, por tanto el segundo elemento lo encontramos claramente en los hechos probados. Ahora bien el elemento subjetivo del tipo penal es el dolo o la intencionalidad de querer realizar dicha acción, el cual lo constituye el hecho de que el señor Roberto David Castillo Mejia dispuso un plan para acabar con la vida de la señora Berta Cáceres por la oposición que ésta representaba para la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca, constituyéndose así su intencionalidad de terminar con su vida; es lógico que el señor Roberto David Castillo Mejia no ejecutó por propia mano la vida de la señora Berta Isabel, en ningún momento la acusación lo planteó así, pues para eso utilizó al señor Douglas Bustillo quien a su vez fue el encargado de conseguir a los hechores materiales, pero el hecho de que el señor Castillo no hubiese ejecutado por propia mano a la ahora occisa, no le resta responsabilidad penal, porque como todo sabemos hay distintas forma de participar en el delito, tal como lo establece nuestro Código Penal, pero ese tema lo discutiremos en el siguiente motivo de casación interpuesto por los recurrentes. Así las cosas, observamos que en los hechos probados conformados por el Sentenciador, se presentan los elemento objetivos y subjetivos del tipo penal de asesinato regulado en el artículo 193 del Código Penal decreto 130-2017, por lo que el presente motivo de casación por infracción de ley, debe ser desestimado. Segundo Motivo Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 25 del Código Penal vigente. Reclamación Ex Ante: no siendo posible su corrección ex ante al provocarse el vicio denunciado al momento de la sentencia. Pretensión: que se declare ha lugar el recurso y se dicte un fallo absolutorio a favor del imputado. Afirman los recurrentes que el tribunal consideró coautor del delito de Asesinato al señor Roberto David Castillo Mejia, aduciendo que la participación que tuvo en la presente causa es el de Coautor del delito de Asesinato, el cual no ejecutó acciones tendientes a su consumación, no tuvo dominio del hecho, tomando parte, cómo y dónde se ejecutaría el delito. Consideraron los censores que el Tribunal incurre en el error de calificar la supuesta participación de nuestro representado invocando indebidamente el artículo 25 del Código Penal responsabilizándolo de manera inadmisible como coautor, según el Sentenciador por su aportación voluntaria y material en los hechos, por cuanto se ejecutaron todos los actos que exige el tipo penal. Comentaron los censores que conforme lo establece el artículo 25, no es posible considerar la participación del señor Roberto David Castillo como coautor del hecho, pues la descripción que establecen los hechos probados no relata ninguna participación conjunta (mancomunada) de éste con los autores materiales. De la Coautoría y la Participación en el delito Coautoría. Es importante señalar los grados de intervención en el delito que señala nuestro Código Penal, en especial la coautoría, siguiendo la doctrina legal sentada por este Tribunal de Justicia en las sentencias: de fecha 12/12/ 2016 del Exp 402-2013, de fecha 12/12/2016 del Exp 513-2014, de fecha 12/01/2016 del Exp 025-2013, de fecha 22/09/ 2015 del Expediente 229-2014, de fecha 19/05/2015 del Exp 365-2012, de fecha 10/02/2015 del Exp 235-2012, entre otros. Fernando Velásquez Velásquez (Velásquez Velásquez, Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pág. 614) explica que el concurso de personas en el hecho punible estudia el grado de intervención en el delito, bajo la diferenciación de la autoría y participación; en la autoría se estudia la autoría inmediata o material, autoría mediata, la coautoría y la coautoría sucesiva; en cambio en el tema de los partícipes se estudia al Cómplice, al Cómplice Necesario y al inductor. Ahora bien, el legislador hondureño regula un poco diferente la intervención en el delito estableciendo en los artículos 24, 25 y 26 del Código Penal decreto 130-2017, quienes son responsables penalmente: “Son responsables penalmente de los delitos y faltas los autores y los partícipes. Es autor quien realiza la conducta punible en todo o en parte, por sí mismo o sirviéndose de otro u otros como instrumentos, sean o no penalmente responsables, así como la realizan conjuntamente. Son partícipes los inductores quienes dolosamente y por cualquier medio, determinan a otro a realizar un hecho delictivo.” Son muchas las teorías que explican y desarrollan lo relativo al concurso de personas en el hecho punible, entre estas esta la Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes, Esta teoría fue propuesta por Welzel, y “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sent. Sala de lo Penal del Exp 349-09 del 17/01/13). - Esta Teoría ha sido la que ha acogido esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (Ver Sent. de la Sala de lo Penal en Exp 376-09 del 11/04/2011, en 057-2010 del 11/04/2012, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Eugenio Raúl Zaffaroni (2000). Derecho Penal Parte General. Buenos Aires: Sociedad Anonima Editora, pag 742): a. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; b. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; c. Dominio de la Voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. En el caso particular de la Coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá de tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común. Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas: a. Coautoría por co-dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; Ejemplo: Varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y b. Coautoría por Co-dominio Funcional del Hecho o división Tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Reciproca. (En Sent. Sala de lo Penal del Exp 069-2009 de fecha 10/06/2010). Mir Puig hablando de la Coautoría explica que, son coautores los que realizan conjuntamente y de mutuo acuerdo un hecho. Los coautores son autores porque cometen el delito entre todos. Los coautores se reparten la realización del tipo de autoría. Como ninguno de ellos por sí solo realiza completamente el hecho, no puede considerarse a ninguno partícipe del hecho de otro. No rige, pues, aquí el «principio de accesoriedad de la participación», según el cual el partícipe sólo es punible cuando existe un hecho antijurídico del autor, sino un principio en cierto modo inverso: el principio de imputación recíproca de las distintas contribuciones. Según este principio, todo lo que haga cada uno de los coautores es imputable (es extensible) a todos los demás. Sólo así puede considerarse a cada autor como autor de la totalidad. Para que esta «imputación recíproca» pueda tener lugar es preciso el mutuo acuerdo, que convierte en partes de un plan global unitario las distintas contribuciones (cfr. SSTS 1339/2004 de 24 nov., 474/2005 de 17 mar. 1003/2006 de 19 oct. y 601/2007 de 4 jul.). Nuestra posición es que, autoría es pertenencia del delito; es autor todo aquél que contribuye al delito en condiciones tales que puede imputársele como suyo. Esta pertenencia no se da sólo en quien realiza por sí solo todos los actos ejecutivos en el sentido estricto de la teoría objetivo-formal. La pertenencia del hecho, la autoría, se atribuye también al autor mediato que realiza el tipo mediante otra persona a la que, en general, no puede pertenecer el delito. Más difícil es saber a quién corresponde la pertenencia del hecho cuando intervienen en él varios sujetos que no sólo lo causan, sino que además reúnen las condiciones típicas necesarias (dolo, cualificación personal). Entre el inductor y el ejecutor inmediato, éste tiene preferencia para asumir la autoría, porque su aportación causal es la más próxima a la consumación. Esto significa que el hecho se atribuye a quienes intervienen en la ejecución inmediata del hecho con preferencia a quienes sólo cooperan (mediatamente) en un momento preparatorio. Quedan entonces los que intervienen en el momento de la ejecución inmediata: ¿Son todos ellos autores o sólo quienes realizan los actos ejecutivos en el sentido estricto objetivo-formal? La fenomenología de la codelincuencia muestra que en la realización colectiva de un hecho no siempre los actos literalmente ejecutivos, constituyen la parte más difícil o insustituible y que, en cambio, el éxito del plan depende de todos quienes asumen una función importante en el seno del mismo. Lo acertado es, pues, considerar coautores no sólo a los que ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, sino a todos quienes aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva. A todos ellos «pertenece» el hecho, que es «obra» inmediata de todos, los cuales «comparten» su realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales tiene lugar. Aunque es excesiva la doctrina del acuerdo previo mantenida por la jurisprudencia tradicional, según la cual basta dicho acuerdo para la coautoría, importa subrayar la necesidad de un mutuo acuerdo para la presencia de coautoría. Debe entenderse que sólo «realizan el hecho conjuntamente», en el sentido del art. 28 CP, quienes se inscriben conscientemente en el plan conjunto, sabiendo que su intervención constituye una parte del mismo. Normalmente existirá un acuerdo precedente y expreso, en virtud del cual los coautores se repartirán los papeles. Pero basta que el acuerdo se produzca durante la ejecución (coautoría sucesiva: SSTS 1478/2001 de 20 jul., 1217/2004 de 2 nov., 1339/2004 de 24 nov., 1460/2004 de 9 dic., 251/2004 de 26 febr., 474/2005 de 17 mar., 1003/2006 de 19 oct. y 601/2007 de 4 jul.) y que sea tácito (SSTS 251/2004 de 26 febr., 1339/2004 de 24 nov., 474/2005 de 17 mar., 529/2005 de 27 abr., 1003/2006 de 19 oct. y 601/2007 de 4 jul.)." El caso límite es el de que el sujeto sepa que otro u otros están realizando un delito y contribuye a él por propia iniciativa. Si los demás advierten y aceptan, siquiera tácitamente, su intervención, no hay duda de que existe coautoría, aunque no lleguen a conocerse. No bastará, en cambio, que el sujeto sepa que contribuye, si los otros no lo saben o no lo admiten. Participación Participación es intervención en un hecho ajeno. El partícipe se halla en una posición secundaria respecto del autor. El hecho principal pertenece al autor, no al partícipe. Éste no realiza el tipo principal, sino un tipo dependiente de aquél. Puede consistir en una conducta de inducción o de cooperación. El inductor a un homicidio no «mata», no realiza el tipo de homicidio, sino sólo el tipo de inducción al homicidio, que consiste en determinar a otro a que «mate». El cooperador en un robo tampoco se apodera de una cosa ajena con violencia, sino que se limita a prestar alguna ayuda, -p. ej., el arma— al autor del robo. El desvalor de la participación procede del desvalor del hecho principal, no es un desvalor autónomo. El art. 28 CP (Código Penal España) viene a reconocer que estos sujetos no «son» autores y no «realizan el hecho», a diferencia del autor individual, del coautor y del autor mediato (párrafo primero), pero establece que el inductor y el cooperador necesario «también serán considerados autores». La inducción se halla prevista en el art. 28, a) CP (Código Penal España). Según este precepto «también serán considerados autores» «los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo» (el hecho). Se castiga, pues, al inductor con la misma pena del verdadero autor, lo que no empecé a que materialmente constituya una forma de participación accesoria del hecho del autor, a diferencia de lo que sucede con la autoría mediata, que se distingue de la inducción en que supone una posición de la persona de atrás más importante que la del inductor respecto al ejecutor material. El art. 28, a) CP (Código Penal España) no ofrece un concepto de inducción. Inducción es la causación objetiva y subjetivamente imputable, mediante un influjo psíquico en otro, de la resolución y realización por parte de éste de un tipo de autoría doloso o imprudente. Debe distinguirse, pues entre inducción a un hecho doloso e inducción a un hecho imprudente. A) La inducción a un hecho doloso requiere los siguientes elementos: a) Objetivamente, la causación objetivamente imputable, mediante un influjo psíquico en otro, de la resolución y realización por parte de éste de un tipo doloso de autoría; b) subjetivamente, que dicha causación sea dolosa. El tipo objetivo de la inducción puede descomponerse en las dos partes siguientes: a') La acusación de la resolución criminal; b') La realización del tipo de autoría. El inductor debe causar la resolución criminal en otra persona. Ello significa que su actuación debe ser condición sine qua non de la resolución delictiva del autor. No es inductor el que incide sobre alguien que estaba ya previamente decidido a cometer el hecho (sujeto éste al que se conoce con la expresión de «omni modo facturus»). No basta tampoco en este caso que se refuerce con consejos la resolución del que de todos modos iba a delinquir. Tampoco es suficiente inspirar los accidentes, los procedimientos o las circunstancias modificativas del delito, si ello no afecta a la calificación del delito que el autor ya quería cometer. Ejemplo: A convence a B de que es preferible que lleve armas para cometer el delito de robo con intimidación que éste ha decidido cometer previamente. La contribución de A no puede considerarse inducción, sino cooperación moral. La causación debe ser imputable objetivamente al inductor, lo que no sucederá si no era previsible que surgiría la resolución criminal en el otro, o si ésta no resulta realización del riesgo creado por el influjo psíquico. El influjo psíquico podrá consistir en un consejo, una solicitud, una provocación, etc., siempre que posean la suficiente intensidad para que aparezca como adecuada y pueda fundar la imputación objetiva. La presencia de precio o promesa reforzará en este sentido el influjo psíquico, pero también la mera autoridad moral, la influencia en la personalidad del autor, la insistencia, la amenaza, etc. Ejemplos: Tras reiteradas solicitudes, la mujer casada convence al amante, que al principio se resistía, a que dé muerte al marido. A ofrece una cantidad de dinero a B para que mate a C. El Código exige que la inducción sea: «directa». Una primera consecuencia de esta exigencia ha sido ya sugerida: la influencia en la psique del autor no ha de tener lugar por medios no psíquicos. Una segunda consecuencia se ha visto en la necesidad de que la inducción determine a realizar un delito concreto y a un ejecutor determinado, no bastando una mera provocación a delinquir en general o dirigida a una masa indeterminada de personas. Ver STS 11 en. 89. El tipo subjetivo de la inducción a un delito doloso requiere el dolo en el inductor. Se entiende que concurre cuando el inductor no sólo quiere causar la resolución criminal en el autor, sino que también quiere que éste realice efectivamente el hecho (doble dolo: SSTS 126/2000 de 22 mar. y 539/2003 de 30 abr.). De la Procedencia del Recurso. El Motivo es parcialmente de Recibo. Los recurrentes establecen que se ha aplicado indebidamente el artículo 25 del Código Penal vigente, el cual refiere a quienes se consideran como autores de un delito, estableciendo que no puede ser coautor el señor Roberto David Castillo Mejia porque no tuvo participación alguna en los hechos; consideran que de acuerdo con la definición legal que reconoce el artículo 25 de la coautoría, no hay forma posible de considerar participación de su representado, pues la descripción que establecen los hechos probados no relata ninguna participación conjunta (mancomunada) de éste con los autores materiales del hecho o estar siquiera presente al momento de la ejecución del hecho, así puede verse que el factum establece todo lo contrario, al señalar que el señor Roberto David Castillo habría sido informado posteriormente del suceso acaecido; consecuentemente, deviene errónea la calificación como coautor, ya que el autor debe realizar un aporte causal en la propia ejecución del hecho. Para esta Sala de lo Penal los recurrentes tiene parcialmente la razón, al advertir que al señor Roberto David Castillo Mejia no es posible encajar su accionar en una coautoría conforme lo regula el artículo 25 del Código Penal vigente, pues los coautores son aquellos que ejecutan los hechos de manera conjunta y mediante un acuerdo previo, es decir se comete el ilícito entre todos mediante la repartición de funciones, de forma tal que entre todos se realiza el tipo penal; para examinar tal posición debemos estudiar de forma detallada los hechos declarados como probados, lo cuales en resumen relatan, que al ver las acciones de oposición por parte de los miembros del COPINH liderado por la señora Berta Cáceres ante la construcción de la represa Agua Zarca, los directivos de DESA entre ellos el acusado Roberto David Castillo Mejia buscaban la forma de neutralizar la organización del COPINH, por lo que en el 2015 se realizaron comunicaciones entre el señor Douglas Bustillo y el gerente de DESA Roberto David Castillo, en donde se dispuso acabar con la vida de la señora Berta Cáceres, acción que sería desarrollada por Douglas Bustillo, pero implicando supervisión del señor Roberto David Castillo así como el aporte de dinero y elementos logísticos; es así como Douglas Bustillo se comunica con un amigo y excompañero a quien le propone el trabajo, pero este amigo a su vez se comunica con otro individuo, quien junto con 3 personas se encargarían de realizar el trabajo. Hubo un primer atentado que se llevaría a cabo el día 06 de febrero de 2016, el señor Roberto David Castillo envió un mensaje a su amigo Douglas Bustillo y le advirtió: "Recuerde de los accidentes y la escena” pero la acción no fue ejecutada esa noche, pues el señor Douglas Bustillo le informó al señor Roberto David Castillo diciéndole: "Misión abortada hoy Ayer no se pudo. Esperaré lo Que ud dijo xq ya no tengo logística estoy en cero" "Líder yo no necesito la información. Necesito lo que usted va presupuestar para el trabajo los medios idóneos y logísticos', a lo cual el señor Roberto David Castillo le respondió "Copiado, misión abortada". Es así que el día 03 de marzo de 2016 llegaron cuatro individuos a la colonia el Líbano, lugar donde residía la ambientalista, dos de ellos ingresaron a la casa de habitación de la señora Berta, quienes fuertemente armados le arrebataron la vida a la señora Berta Isabel Caceres e hirieron a un testigo protegido que se encontraba con ella, de todo lo cual fue informado el señor Roberto David Castillo mediante comunicación que tuviera con el señor Douglas Bustillo. Los hechos revelan que el señor Roberto David Castillo Mejia en ningún momento tuvo comunicación con los individuos que ejecutaron de propia mano a la señora Berta Cáceres, ni tampoco con el amigo del señor Douglas Bustillo, su comunicación era únicamente con el señor Bustillo, a quien le informaba de los movimientos que hacía para alcanzar su fin de quitar de en medio a la señora Cáceres, por tanto, ese requisito de que debe existir un acuerdo previo o acuerdo común y además participar en la fase ejecutiva no se cumple en las acciones que los hechos probados le asignan al señor Roberto David Castillo Mejia, resulta necesario recordar lo que Santiago Mir Puig afirmaba en la referencia anterior, nos decía: que son coautores no sólo los que ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, sino a todos aquellos que aportan una parte esencial de la realización del plan durante la fase ejecutiva. A todos ellos «pertenece» el hecho, que es «obra» inmediata de todos, los cuales «comparten» su realización al distribuirse los distintos actos por medio de los cuales tiene lugar. Concluimos, por tanto, que los censores poseen parcialmente la razón al advertir que no es posible determinar que las acciones que le atribuyen los hechos al acusado son de una coautoría. Ahora bien, esta Sala de Casación al analizar los acontecimientos que el Tribunal ha declarado como probados, es posible detectar en ellos que el imputado Roberto David Castillo Mejia si tiene un grado de responsabilidad penal en los hechos suscitados, al constituirse en un partícipe, es decir un “inductor” tal como lo había planteado el Ministerio Público en la acusación y conforme lo regula el artículo 26 del Código Penal vigente, pues se es inductor quien dolosamente y por cualquier medio, determina a otro a realizar un hecho delictivo; en el caso de marras el señor Roberto David Castillo Mejia de manera intencional y con toda su voluntad, utilizando la amistad que tenía con el señor Douglas Bustillo, en virtud de la relación laboral que habían tenido en la empresa Desa, dispuso plantearle la misión de quitarle la vida a la señora Berta Isabel Cáceres, y éste a su vez utilizando a otro amigo y excompañero de las Fuerzas Armadas, contactaron un grupo de 4 individuos que al final fueron los que ejecutaron de propia mano la misión, toda vez que el señor Roberto David Castillo Mejia le propuso al señor Douglas Bustillo ayudarlo con apoyo logístico y monetariamente, lo que en efecto así sucedió, pues así lo relatan los sucesos que se aceptan tal como los redactó el Sentenciador. Recordemos que la inducción como forma de participación, es la causación objetiva y subjetivamente imputable, mediante un influjo psíquico en otro de la resolución y realización por parte de éste de un tipo de autoría doloso; tal como ocurrió en el presente caso, pues el acusado Roberto David Castillo Mejia dispuso ofrecer al señor Douglas Bustillo la misión de liquidar a la señora Berta Cáceres, mediante el ofrecimiento de aportar medios logísticos y ayuda monetaria, tal como lo dice Santiago Mir Puig, que esa influencia psicológica puede consistir en una solicitud y si existe la presencia de precio o recompensa se reforzará más ese dominio mental. La justificación del Sentenciador para considerar coautor al señor Roberto Ramon Castillo era que su grado de responsabilidad penal era mayor y por tal razón era un coautor, pero el artículo 61 del Código Penal vigente establece que, a los inductores de un delito consumado o intentado, se les debe imponer la misma pena que la fijada por la ley para los autores del mismo delito; por lo que la pena a imponer en el presente caso, constituye la señalada en el artículo 193 del referido Código Penal, no constituyendo ningún beneficio para el imputado el que se declare ha lugar parcialmente el presente motivo de casación, pues le corresponderá imponer la misma pena que razonó e individualizó el Tribunal Sentenciador. Por todas las razones expuestas, esta Sala de lo Penal declara ha lugar parcialmente el presente motivo de casación, pues las acciones cometidas por el señor Roberto David Castillo Mejia son de un inductor y no de un coautor como lo estableció el Sentenciador, no teniendo ningún efecto positivo el presente pronunciamiento pues la pena para ambos: coautor/participe (inductor) constituye la misma. Tercer Motivo Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Aplicación indebida del artículo 32 del Código Penal vigente. Reclamación Ex Ante: no siendo posible su corrección ex ante al provocarse el vicio denunciado al momento de la sentencia. Pretensión: que se declare ha lugar el presente motivo de casación. Afirman los recurrentes que al momento de determinar la pena el Tribunal incurre en un error aplicando indebidamente el artículo 32 del Código Penal vigente referente a las circunstancias agravantes 2 y 8. Consideran los censores que, en referencia a la agravante de ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad o de confianza, el tribunal erróneamente entiende que concurre el "abuso de confianza" aduciendo que el acusado le hacía creer tener un vínculo de amistad mediante mensajes de texto, y que le simulaba amistad a la líder ambientalista hasta coordinar y planificar para que le quitaran la vida, expresan los censores que se evidencia el equívoco del Tribunal al calificar la concurrencia de abuso de confianza, señalando el significado que la RAE le da al abuso de confianza al decir: "Que consistente en engañar o perjudicar a alguien que, por inexperiencia, afecto o descuido, le ha dado crédito". Consideraron también los impetrantes, que en referencia a la agravante de cometer el delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología, religión o creencias de la víctima, edad, lengua, situación familiar, etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación sexual o identidad de género, razones de genero enfermedad o discapacidad; el tribunal también de manera errónea califica el numeral 8 del artículo 32, diciendo que quedó acreditado que "el móvil del asesinato de la señora Cáceres, surge a raíz de su ideología y que ella como coordinadora y líder lenca del Copinh se oponía a la construcción del proyecto hidroeléctrico" aduciendo también que "el móvil fue a raíz de las oposiciones ya que le causaba pérdidas económicas y patrimoniales a la empresa desarrollos energéticos". Establecieron los censores, que del análisis objetivo de la agravante, se trata de una circunstancia que se fundamenta en la mayor culpabilidad del autor por la mayor reprochabilidad del móvil que impulsa a cometer el delito, siendo por ello requisito, que la motivación ideológica sea la determinante para cometer el delito, es decir, para aplicar la agravante debe ser claro que se comente un delito por motivos ideológicos, requiere que la ideología sea la que mueve al acusado a cometer el hecho por el desprecio que nace hacia alguien por razones racistas o ideológicas; concluyen los recurrentes que ninguna valoración hace el tribunal sobre ello siendo erróneo al entender que es por ideología de la víctima, soslayando precisar la concurrencia del elemento motivacional ideológico para cometer el delito. Circunstancias Modificativas de la Responsabilidad Criminal El delito es una entidad jurídica cuantificable, no todos los delitos de homicidio tienen la misma gravedad, dado que ella depende de las circunstancias de cada hecho y de cada autor. El catálogo de agravantes y atenuantes, por lo tanto, pertenece sistemáticamente más al ámbito de individualización de la pena que al de la teoría del delito, como ya lo han hecho notar Cobo del Rosal y Vives Antón. Pero, de todos modos, se trata de circunstancias que requieren, por regla, la concurrencia de elementos objetivos y subjetivos que, en la medida en la que están especificados en la ley, completan, cuando es el caso, la descripción típica del hecho, sea incorporándose al tipo objetivo (por ejemplo, la situación de inferioridad de la víctima en el abuso de superioridad,), sea describiendo una particularidad subjetiva (cometer el delito por motivos racistas, etcétera). De esta manera es posible decir que las circunstancias agravantes y atenuantes completan accidentalmente la descripción típica y, consecuentemente, se rigen por las reglas de la tipicidad en lo referente a la subsunción y a la conexión que debe existir entre el tipo objetivo y el subjetivo". Circunstancias Agravantes La variedad de las razones que fundamentan las circunstancias agravantes ha dificultado una sistematización que las reconduzca a uno o varios principios aceptados por la doctrina y la jurisprudencia. Así, mientras algunos autores como Cerezo Mir consideran que las circunstancias agravantes no tienen relación con la culpabilidad, sino con lo injusto (el desvalor de la acción y el desvalor del resultado), Mir Puig las clasifica en objetivas (que denotan mayor peligrosidad del hecho o un ataque más extenso) y subjetivas (referidas al móvil, a los motivos y a la reincidencia). La cuestión tiene especial importancia en los casos de participación de varias personas en el delito, pues las circunstancias operarán en unos casos respecto de todos los partícipes y en otros sólo en relación a quienes concurran. Se impone una clasificación de las circunstancias según que su concurrencia en un partícipe pueda ser extendida a los que la conocieron o que la circunstancia sólo opere sus efectos agravantes en quien concurre sin posibilidad de extensión a otros, aunque éstos la hayan conocido. En la agravante: “Obrar con abuso de confianza”, el autor aprovecha el acceso a los bienes jurídicos que le proporciona la confianza que le dispensa la víctima; también aprovecha una situación que facilita la comisión del delito (cfr. STS del 20/10/88). Se trata de una agravante que tiene especial campo de aplicación en los delitos contra la propiedad o que pueden ser cometidos en el marco de relaciones laborales, profesionales, de comunidad, etcétera. En cuanto a la agravante, "obrar con motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, la religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo u orientación sexual o minusvalía que padezca". La ley penal ha querido responder de esta manera a un fenómeno criminológico que ha conmovido durante este siglo y no sólo en Europa. El holocausto antisemita ocurrido en la Segunda Guerra Mundial (1939/1945) ha tenido una fuerte influencia en el desarrollo del derecho penal de post-guerra y esta agravante es una de sus consecuencias. El TSJ de España (sentencia 369/2023, de 17 de octubre): “…estima el recurso y condena al acusado como autor de un delito leve de amenazas, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y la circunstancia agravante de discriminación ideológica porque agredió verbal y amenazadoramente a un motorista queriendo coartar su libertad y con motivo de su aversión, claramente puesta de manifiesto, a un sentimiento derivado del signo de la bandera española, guiado su propósito de amenazar e intimidar a quien chocaba con su ideología contraria…” Explica la Sala para fundamentar el caso, la procedencia de aplicar la circunstancia agravante, que ésta no sólo puede ser apreciada en el caso de delitos con bienes jurídicos sociales, colectivos o supraindividuales. La agravante se refiere a la discriminación por razones ideológicas y se debe partir de una premisa esencial: cualquier ideología que quepa en nuestro marco constitucional de derechos y libertades merece la tutela de la norma penal. De la Procedencia del Recurso. El Motivo es Parcialmente de Recibo. Los recurrentes establecen que el Tribunal Sentenciador incurrió en aplicación indebida del artículo 32 numerales 2 y 8 del Código Penal vigente, referente a las agravantes de: “ejecutar el delito mediante abuso de confianza” y “Cometer el delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología, religión o creencias de la víctima…” En relación a la primera agravante, afirman los censores que el Juzgador fundamentó la imposición de la misma pues consideró que el acusado le hacía creer a la ofendida tener un vínculo de amistad mediante mensajes de texto, y que le simulaba amistad a la líder ambientalista hasta coordinar y planificar para que le quitaran la vida, para los impetrantes no se puede considerar que si efectivamente hubiera existido intención de simular amistad (lo cual deriva como suposición el Tribunal), la víctima no se iba a dar cuenta de ello; además, si bien existía amistad no se puede precisar que fuera en un grado íntimo de confianza. Consideraron los recurrentes que, casos de abuso de confianza son aquellos, que se dan cuando el autor se aprovecha de esta circunstancia para facilitar la ejecución del hecho; siendo improcedente la agravante calificada. Respecto a la segunda agravante, los censores afirmaron que la establecida en el numeral 8 del artículo 32 del código penal, debe ser interpretada de manera restrictiva, pues, como ampliamente ha señalado y criticado la doctrina"', es una agravante subjetiva que se basa en algo que pertenece al juicio interno del autor, lo que impide encontrar razones por las que la gravedad del delito sea agravada, y delimitar, en términos de seguridad jurídica, que es un comportamiento racista, ideológico, antisemita o cualquier sentimiento discriminatorio, ya que implica introducirse en un terreno valorativo que sin duda se presta a la discrecionalidad, por tanto se trata de un elemento motivacional interno del autor que resulta difícil de ser concretado; concluyen los censores que salvo casos de manifestaciones concretas que de manera expresa palmariamente lo ponen en evidencia, no siendo el caso que nos ocupa uno de ellos, en síntesis, para aplicar la agravante penal de cometer el delito por motivos ideológicos se requiere que la ideología sea precisamente la que mueve al acusado a ejecutar su acción, situación que no se encuentra en el presente caso. Conforme lo ha señalado en reiterados fallos esta Sala de Casación, en el recurso de casación por infracción de ley se debe partir de la redacción de hechos probados que ha plasmado el sentenciador y una vez analizándolos de manera detallada, determinar si en esos sucesos encontramos de manera puntual esas circunstancias. Al analizar los hechos que el A-quo consideró como probados, no encontramos en ninguno de sus relatos que el acusado Roberto David Castillo Mejia haya actuado con abuso de confianza para cometer el ilícito por el cual fue condenado. Recordemos que el abuso de confianza se produce cuando una persona, aprovechando la confianza depositada en ella por otra persona o entidad, actúa de manera deshonesta o perjudicial para los intereses de la parte que confió en ella. En términos generales, el abuso de confianza implica una violación de la confianza que ha sido otorgada a una persona en una relación personal, profesional, comercial o fiduciaria. La confianza es la esperanza firme que se tiene en una persona o una cosa. En ninguno de los apartados de la fundamentación fáctica se establece que entre la señora Berta Isabel Cáceres y el imputado Roberto David Castillo Mejia, existiera una relación personal, profesional o de cualquier otra índole mediante la cual haya crecido entre ellos un vínculo de amistad o intimidad, de forma tal que en el caso de la señora Berta Isabel Cáceres esa circunstancia le haya servido para confiarse en que no podían atentar contra su vida; los hechos probados incluso no mencionan esos supuestos mensajes que se transmitían entre imputado/víctima y que fueron el fundamento que el Sentenciador tomó en cuenta para considerar como aplicada esta agravante; si el A-quo pretendía utilizar esa agravante o cualquier otra, debió plasmarlo así en los sucesos probados, caso contrario implica una aplicación indebida tal como lo afirman los recurrentes. En relación a la agravante del numeral 8 del precitado artículo 32 del Código Penal vigente, el Tribunal Supremo Español ha dictado la sentencia STS nº 458/2019, de 9 de octubre, que nos ayuda a poder entender y determinar cuándo se debe considerar la agravante de discriminación referente a la ideología de la víctima y afirma: “Señala que el artículo 22.4 del CP “hace referencia los motivos racistas, antisemitas, religiosos o creencia de la víctima, la etnia, la raza o nación a la que pertenezca, su sexo su orientación sexual, razones de género, enfermedad que padezca o discapacidad. Es decir, se trata de colectivos que presentan unas situaciones objetivas de vulnerabilidad que el legislador tiene en cuenta para proteger de forma especial y conformar un modelo social de tolerancia y de convivencia pacífica, sancionando conductas que perturban, o ponen en peligro esa convivencia pacífica, al tiempo que persigue conformar una sociedad basada en la necesaria tolerancia. La interpretación de lo que se entienda por discriminación por ideología ha de ser realizada teniendo en cuenta ese contexto de situaciones necesitadas de una especial protección para garantizar la convivencia pacífica y la tolerancia entre distintos grupos sociales a los cuales es preciso respetar.” Esta Sala de lo Penal puede concluir entonces, que esa agravante tampoco aparece en la redacción de hechos probados, pues aunque se afirme que la señora Berta Cáceres era la líder y coordinadora del grupo indígena COPINH, no se da como verdad incuestionable que esa condición haya sido el detonante para gestar su muerte; no se observa en la fundamentación fáctica ese plus en el accionar de los acusados para determinar la agravante que consideró el censor; mas bien de los hechos probados podemos detectar en ellos que el interés era estrictamente económico, por las perdidas que ocasionó para la empresa Desa las diferentes manifestaciones de la señora Berta Cáceres y el grupo Copinh. Para esta Sala de Casación, en los hechos probados que narra el Sentenciador no se plantea un contexto de enfrentamiento donde se detecten sentimientos de odio, ira o rabia, y por ende que esa sea la causa de la muerte de la señora Cáceres, por tanto, es preciso una especial valoración jurídica para lo cual nos ayudaremos de las Sentencias del Tribunal Supremo Español que refiere: “Se hace preciso constatar la existencia de un plus delictivo por el cual es preciso que la sociedad, en su conjunto, se conmueva ante lo discriminatorio de la situación porque en el delito concurre, además de la situación como la descrita en la tipicidad, un plus que afecta a la tolerancia, que afecta la convivencia pacífica, haciendo que la situación fáctica del delito conlleve además una conmoción social sobre el contenido de respeto y de quebranto de la necesaria tolerancia. De esta manera, el hecho no sólo perturba a la víctima, sino también el conjunto de la sociedad puesto que el hecho, además, pone de manifiesto un problema de convivencia por la discriminación en el que se basa”. Para esta Sala de lo Penal el asesinato de la señora Berta Cáceres en ningún momento se convirtió en un delito de odio, no se observa en el accionar del imputado ese plus delictivo que haga emerger acciones de odio o discriminación por la condición de la víctima; encontramos por tanto que el Sentenciador aplicó indebidamente la agravante del numeral 8 del artículo 32 del vigente Código Penal. Esta Sala de Casación concluye que, al recurrente le asiste la razón al afirmar que no es posible considerar las agravantes del numeral 2 y 8 del ya mencionado artículo (Art 32), pues el abuso de confianza no aparece así plasmado en la fundamentación fáctica del fallo, ni tampoco el cometer el delito por motivos racista o ideológicos, por las razones ya explicadas, por lo tanto, se debe declarar parcialmente ha lugar el motivo de casación por infracción de ley, al haber aplicado incorrectamente el A-quo el artículo 32 numerales 2 y 8 del Código Penal vigente. Al declarar parcialmente ha lugar el presente motivo de casación tendrá como consecuencia la modificación de la pena impuesta al señor Roberto David Castillo Mejia, pues los Sentenciadores fundamentaron la aplicación de la pena media del delito de asesinato, utilizando el artículo 70 del Código Penal vigente (decreto 130-2017) numeral “1”, inciso “b”; pero en el presente caso ya no subsisten la concurrencia de las circunstancias agravantes, por lo que, se debe aplicar el mismo artículo 70 en su numeral “1” pero inciso “a” que dice: “Si no concurren agravantes ni atenuantes la pena se fija dentro del marco establecido para el delito de que se trate en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho” no puede agravarse aún más la pena pues el delito cometido es bastante grave y sin contar con detalles de circunstancias personales del señor Roberto David Castillo lo que no puede valorarse en su contra, esta Sala de lo Penal considera procedente imponer la pena mínima señalada para el delito de asesinato. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a.No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b.Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: no haber observado en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia, no ha sido posible reclamar su subsanación. Pretensión: que se decrete la nulidad del fallo para ser conocido por otro Tribunal de Sentencia. Explicaron los recurrentes que el vicio denunciado ocurre, cuando los juzgadores en el fallo recurrido en Casación no ajustaron al momento de valorar la prueba, sus raciocinios al correcto razonamiento humano, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, vulnerando la lógica y la experiencia común. Consideraron los censores, que el Tribunal es erróneo al construir su conclusión general de condena, sobre premisas falsas al no derivarse de la prueba, con la finalidad de construir una pluralidad de indicios sólidos, que sean suficientes para condenar. Con lo cual, a partir de esa conclusión falsa se da su razonamiento erróneo en la indebida adecuación al tipo, alterando el contenido de los hechos derivados de la prueba, construyendo sus razonamientos con inferencias falsas, derivadas del análisis de la prueba evacuada de la cual no se desprende la participación del acusado en el hecho. Afirmaron los censores, que será válido aclarar que en esencia el vicio denunciado se enfatiza en la valoración conjunta de los medios de prueba DETECI Y EVIDENCIAS a partir de la pág. 87 y ss. de la sentencia, pues acá se valoran el contenido de los chats, intervenciones telefónicas, vaciados telefónicos etc., asimismo, el Dictamen pericial realizado por Brenda Barahona (ver acápite SEXTO pág. 95 y ss). Específicamente, detallamos que el fallo recurrido evidencia una clara vulneración a la Ley de Razón Suficiente, porque los indicios con que se pretende fundamentar el fallo no se encuentran debidamente probados; consecuentemente, no se puede establecer una conclusión lógica de culpabilidad. También consideraron lo recurrentes, que adicionalmente, se ha vulnerado el Principio de Derivación, el cual se desprende como exigencia de la Ley de Razón suficiente, que conlleva la exigencia de que el razonamiento debe constituirse de inferencias razonables deducidas de las pruebas, es decir, que su exigencia primordial es que las conclusiones arribadas por el tribunal provengan de las pruebas y sean el fruto razonado de las mismas y consecuentemente de las derivaciones que de ellas se extraen De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: … La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Procedencia del Recurso. El motivo no es de recibo. En virtud del motivo invocado por los recurrentes, esta Sala de lo Penal procedió a efectuar una revisión exhaustiva de los juicios de valor que ha externado el Sentenciador en relación a la prueba evacuada en el juicio y no encuentra en ellos violación a las reglas del correcto pensamiento humano, todo lo contrario, el Sentenciador ha razonado adecuadamente la prueba teniendo como fundamento las reglas de la sana crítica. Los censores cuestionan básicamente la Valoración de la Prueba realizada por el Sentenciador en relación a la prueba pericial de los DETECI Y EVIDENCIAS, que aparecen a folios 87 al 93 de la Sentencia recurrida, esta valoración no puede analizarse de forma disgregada o por apartados, como lo presentaron los recurrentes en su impugnación, pues plasmaron aquella valoración probatoria que interesaba a su defensa, pero al revisar dicha valoración podremos darnos cuenta que la misma se va hilvanando una con otra para que al final toda encaje como en un gran rompecabezas, pues la misma constituye prueba indiciaria, es así que esta Sala de Casación considera necesario transcribir la totalidad de los razonamientos externados por el Sentenciador en relación a la prueba pericial: “Los medios de prueba denominado periciales como ser deteci, estima este tribunal que les concede total credibilidad, puesto que fueron realizados por personas que tienen la experticia y el conocimiento en relación a esta labor encomendada, además las mismas es a través de métodos científicos que se realizan. Finalmente, no encuentra este tribunal que dichos medios de prueba, hayan tenido la finalidad de ocasionar un perjuicio, puesto que se apreció, que son objetivamente confiables. Para el caso en relación al Deteci EX 0801-2016-00164, consistente en la extracción de un aparato celular Soni Xperia E1 D2004, con Imei 35384806288311-6, este medio de prueba, es de utilidad para acreditar que el Imei que tenía este este aparato, y que fue recolectado en la vivienda de uno de la personas que planificaron la muerte de la señora Cáceres, quien no es parte en este juicio de nombre Mariano Diaz, resultó ser el mismo utilizado, para comunicarse con otros individuos en el marco de la organización y planificación del Asesinato entre ellos con Douglas Bustillo y el señor Henry Hernandez, este último fue uno de los individuos que participó directamente en la ejecución de la muerte de la señora Bertha Cáceres. Tal como fue corroborado con los vaciados remitidos de las compañías telefónicas de celulares. La Evidencia le fue puesta a la vista al ratificante, siendo este un aparato celular color negro marca Sony, quien confirmó que esa es la misma evidencia de la cual hizo la pericia, indicando además cuales fueron los procedimientos de embalaje, además consta tanto sello como su firma en lado derecho del embalaje. En cuanto a la Transcripción de Dictamen número DETECI EX 0801-2016-00120, este medio de prueba es de utilidad para acreditar, que el aparato telefónico marca de IMEI BLU modelo Jenny Il, color blanco y negro con numero 356621066437628, decomisado en una casa de habitación ubicado en la Aldea los Tarros de Trujillo Colon, fue utilizado el día que le quitaron la vida a la señora Bertha Isabel Cáceres, es decir en fecha 02 de marzo de 2016, a eso de las 23:38:46, por otro coimputado que no es parte en este proceso y que fue identificado con el nombre Henry Hernández, aparato que según antenas de esa zona fue ubicado en la residencial el Líbano de la Ciudad de la Esperanza Intibucá, aspectos que se corroboran con el reporte de llamadas según pericia emitida por la perito Brenda Barahona. Con respecto a la Transcripción del dictamen número EX 0801-2016-00155, ratificado por el perito a quien se puso la evidencia consistente en el teléfono, NYX mobile modelo QUO, color negro con rojo, IMEI 352337060053287, con chip de claro ICCID número 8950400101443525670F H1, decomisado a la señora DIANA MARTINA MEZA SEVILLA, se acredita que este fue recolectado en el allanamiento realizado en la colonia Pizzaty de La Ceiba, Atlántida, el 2 de mayo de 2016. Este dictamen si bien es cierto, está revestido de credibilidad, no obstante, en el caso de estudios se vuelve inútil, la extracción obtenida de este aparato no aporta ningún aspecto relevante a los hechos controvertidos, por lo tanto, no se le da ningún valor probatorio. Con la transcripción del dictamen número DETECI EXT -0801-2018-00047 de extracción de información de aparatos celulares de fecha 15 de agosto de 2018, ratificado en juicio por Whalter Noel Caballero queda corroborado que una vez que se hace la extracción al aparato telefónico se logró obtener los datos generales del aparato celular como ser el número +50499900946 el cual era el mismo que tenía asignado el Acusado Roberto David Castillo, quedando además que la Marca del aparato celular era Iphone, Color: Negro IMEl: desconocido, Cobertor: Negro, siendo el mismo que fue decomisado al señor Castillo, en fecha 02 de marzo de 2018. Que, si bien no se pudo extraer información propia del teléfono, en vista que el mismo estaba con patrón de bloqueo, es mediante otros medios de prueba como ser el dictamen telefónico ratificado en audiencia por Brenda Barahona, se determinó que resultó ser el mismo número utilizado para entablar comunicaciones mediante la aplicación o plataforma de WhatsApp, con los ejecutivos de la empresa DESA, tal como se puede confirmar según dictámenes de DETECI No, 00161, 00167. Es el mismo número (+5049990-0946) utilizado en el chat de seguridad Phaz, chat en el cual intercambiaban comunicaciones relacionado con los seguimientos, vigilancias, que le realizaban a la señora Bertha Caceres, así como a los integrantes del COPINH, del cual también se ventilaba la información de los informantes, tal como se puede corroborar en la extracción del teléfono del señor Sergio Rodríguez, según deteci 00167, quien era uno de los ejecutivos de la empresa Desa. Por otra parte, el número 99900946, es el mismo número utilizado por ROBERTO DAVID CASTILLO para organizar, planificar el asesinato de la señora Cáceres, en vista que al observar y ser explicado el dictamen EX 0801-2016-00166 el cual fue en relación a una extracción al aparato celular marca LG, y que tenía asignado el número 98426844, es así que este número fue utilizado por una persona que no es parte en este proceso, pero ciertamente fue identificado como DOUGLAS BUSTILLO, quien fue el enlace para coordinar de cómo, donde y cuando se daría muerte a la señora Bertha, véase chat 260, del deteci 00166 quedando evidenciado los mensajes que tenían entre los señores Castillo y Bustillo, que aun y cuando no existía una relación laboral, ciertamente se acreditó los mensajes que existían antes y durante planificaban el Asesinato de la señora Bertha Cáceres, el cual finalmente se llevó a cabo en la fecha 02 de marzo de 2016, en horas de la noche. Con el dictamen DETECI EX 0801-2016-00161, relacionado con el aparato celular IPHONE 5, modelo A1428, color negro y azul, identificado con línea de teléfono 96240728, registrado en sus mismos contactos como Daniel Atala, aparato recolectado en el allanamiento de la Empresa DESA, identificado como indicio 13, se pudo constatar al verificar la extracción, que este número tenía en su agenda los números 99900946 (David Castillo), 99926503 (Sergio Rodriguez) y 98426844 (Douglas Bustillo), apreciándose conforme a los chat 22, 32, 237, 275 y 471, que este era un aparato telefónico utilizado por parte de los ejecutivos de la empresa DESA, para comunicarse, entre ellos con el imputado David Castillo, quien fungía como Gerente de la Empresa, además estaba en uso del número 99900946, los cuales mediante la aplicación de Whatsapp y chats grupales que tenían, se comunicaban para estar al tanto de lo que estaba sucediendo, en relación a la construcción de la represa Hidroeléctrica, y así emprender las acciones correspondientes en contra de las personas que conformaban el COPINH, grupo que era dirigido por su coordinadora la Ambientalista Bertha Isabel Cáceres, quienes tenían como finalidad detener la construcción de dicha represa; además, se puede apreciar que mediante chat según este DETECI 00161, los ejecutivos de la Empres DESA entre ellos Roberto David Castillo, tenían el conocimiento las medidas o acciones que se tomaban para resguardar dicho proyecto. Transcripción del dictamen DETECI EX 0801-2016-00167, relacionado con el teléfono Samsung SM-G9251 Galaxy S6 Edge, 359030061328369 color dorado, decomisado al señor Sergio Rodríguez, el cual tenía asignado el número 9992-6503, que si bien el señor Rodriguez no es parte en este proceso, lo cierto, es que es uno los ejecutivos que está vinculado en la muerte de la señora Cáceres, quedando evidenciado a través de la extracción de este teléfono que el señor Rodríguez, tenía comunicación mediante la aplicación de Whatsapp con otros ejecutivos de la empresa Desa, entre ellos el Gerente Roberto David Castillo, de quien como se ha dicho anteriormente estaba en uso del número de teléfono 99900946. Es así que en los chats grupales que tenían estas personas, se aprecia que sostenían conversaciones, atinentes a la neutralización de los movimientos y acciones de las actividades que planificaba la señora Bertha Isabel Cáceres, junto a los miembros de la Organización Copinh, con la finalidad de poder detener la construcción de la Represa Hidroeléctrico Agua Zarca. Razón por la cual los ejecutivos de la empresa Desa, como ser Sergio Rodriguez (no esta parte de este proceso), y con conocimiento del Gerente Roberto David Castillo, tenía infiltrados a informantes, ello con la finalidad de poder confirmar todos los movimientos que realizaba la señora Berta Cáceres junto con el grupo que lideraba, y así tomar medidas para bloquear las acciones que emprendía la organización Copinh a través de su líder la señora Cáceres. Por otra parte, es importante mencionar, que en esta pericia del Deteci 00167, se evidencia que el imputado Roberto David Castillo, fungía como Gerente de la empresa DESA, creó el grupo denominado Comité Phaz, es así que para fecha 07 de octubre de ese mismo año el señor Sergio Rodríguez, cambia el nombre a Seguridad Phaz, en esa misma fecha el señor David Castillo Gerente de la Empresa DESA, en una fecha 07 de octubre, a las 11:51:42 según chat 298 (véase tomo 17) remite mensaje y dice: “Creo que existe un nivel de información que debe ser manejada entre nosotros como DESA, también existe en fecha 08 de octubre de 2015, a las 12:45:31, véase folio 8018/V, dice David: "cuando-estemos en crisis nos movemos al otro grupo para que todos estén informados. A las 12:46:52 David Castillo dice: y ahorita información estratégica y de inteligencia la manejamos nosotros. Asimismo, con dicha extracción se puede corroborar otro mensaje enviado por Sergio Rodríguez, en fecha 29 de octubre de 2015, a las 9:59:58, según chat 298, -dice: Es evidente que mientras no llegue Tomas o Bertha el movimiento se debilita y hay poca convocatoria, de ahí que contra ellos es que debemos también encaminar acciones. En tanto que el acusado David Castillo refiere en fecha 30 de octubre de 2015, siendo las 3:58:55, "COPIADO". Por lo que se puede evidenciar que los ejecutivos de DESA, entre ellos el imputado Roberto David Castillo, quien era el gerente de dicha empresa, a través de este Chat 298, denominado Seguridad Phaz, tenía pleno conocimiento de los movimientos que ejercía la señora Bertha Cáceres, junto al grupo de personas que conformaban el Copinh, ello a través de las comunicaciones entre sí y por medio de los informantes pasaban al tanto, información que servía para tomar acciones por parte de los ejecutivos de la empresa Desa y así poder bloquear las acciones que realizaban al Copinh a través de su coordinadora Bertha Cáceres, ante ello, queda evidenciado el malestar por parte de los ejecutivos de la empresa Desa ante la constante oposición para la construcción de la represa hidroeléctrica, lo cual y través de la prueba evacuada, quedo demostrado la enemistad que tenían estos ejecutivos con la señora Cáceres y los miembros que formaban parte de la organización denomina Copinh, tal como se ha corroborado por los testimonios, lo cuales se valoran en el acápite correspondiente de esta sentencia y demás prueba pericial. La defensa cuestionó, que este medio de prueba, es decir el DETECI 00167, relacionado con el teléfono decomisado al señor Sergio Rodríguez, había sido manipulado, en razón que el perito refirió que inicialmente había introducido en la memoria USB 51.8 GB, y que al confirmar el contenido advirtió que solo tenía 34.7 GB, por lo cual no coincide con el total que inicialmente tenía esa USB. Sin embargo, al momento el perito dio las explicaciones y corroboró la información contenida en el Deteci, realizando una comparación de carpetas con el respaldo de la información que tenía en su disco duro, confirmó que coincide en su totalidad la información con lo que él tiene. Explicó el perito que la integridad de esa información del archivo nativo, se asegura ya que entra a la herramienta física y se genera su respectivo hash, y ese archivo hash es el que viene en los informes de extracción. Además, de las explicaciones en juicio por parte del Perito David Amador, se corrobora que a dicha información no se le puede hacer ninguna modificación ya que esta creados en archivos PDF, y que hay medidas de seguridad que garantizan el archivo generado, siendo la misma información que tenía de respaldo en su disco duro, tal como se pudo evidenciar mediante la inmediación en juicio, ya que dichas comparaciones fueron proyectadas en juicio, incluyendo la presentación de las paginas por el especialista, lo cual fueron apreciadas por cada una de las partes procesales. Este DETECI 00167, fue utilizado como insumo por el perito de la defensa SHAUN VODDE, los cuales coinciden armónicamente en su contenido respecto a la misma información del DETECI, ratificado por el perito de la parte acusadora DAVID AMADOR, por tal razón los alegatos esgrimidos por la defensa del señor Roberto David Castillo, no le restan credibilidad a este medio de prueba, dado que la misma prueba de descargo, afirma los dichos de la prueba de cargo, puesto que la defensa dentro de su tesis, indicó que de la prueba pericial de cargo hubieron construcción de conversaciones para darle un sentido diferente, sin embargo, la misma prueba de descargo, confirma los mismos aspectos de la prueba de cargo. Es así como en relación a lo que indicó la defensa, ello quedó en meros argumentos, pues se desconoce cuál es la información que según la defensa faltó o qué tipo de información es, y lo cierto es que tales extremos no se acreditaron. Lo que, si se corroboró es que este DETECI 0167 fue utilizado como insumo para ambas partes, es decir por la parte acusadora y defensora, de lo cual quedó evidenciado que es la misma información y que coinciden en su totalidad, con el mismo contenido. En cuanto a la transcripción del dictamen número DETECL EX 0801-2016-00166, relacionada con la extracción del dispositivo LG modelo D805, color negro, IMEL 358300050363011, IMSI 708020022450507 utilizado por el señor DOUGLAS GEOVANNY BUSTILLO, el cual fue recolectado en su vivienda el 2 de mayo de 2016. Se corrobora que este aparato tenia, asignado el número 98426844, siendo mediante este número que el señor Douglas Bustillo, tenía comunicación con los ejecutivos de la Empresa DESA, entre ellos con el Gerente, el acusado Roberto David Castillo, mismos que entre otras cosas se llevó a cabo la coordinación, planificación y ejecución de la muerte a la líder ambientalista Bertha Isabel Cáceres. Se puede corroborar que, la intenciones de quitarle la vida surgen mediante chat 260 de la aplicación WhatsApp, desde fecha 22 de noviembre de 2015, a las 5:50:38, cuando Douglas Bustillo le dice a David Castillo, "buenos días señor Castillo complete el 50%", David Castillo refiere que se vean a las 6:15 en Chilis Próceres, le dice que se ponga las pilas, que tenga todo preparado, que puede ser que en el transcurso del día ocurra algo" (véase tomo 19 folio 8752). La segunda intención surge de quitarle la vida surge en fecha 05 de febrero de 2016, a las 20:58:51, mediante chat 260 fecha 05 de febrero de 2:58:51 am, el acusado Roberto David Castillo le remite mensaje a Douglas Bustillo le dice: "que recuerde los accidentes y la escena. (véase tomo 19 folio 8958). De igual manera, en esa fecha 05 de febrero de 2016, el individuo Henry Hernández quien tenía en esta fecha la misión de terminar con la vida de la líder ambientalista se ubica en Siguatepeque, Comayagua, junto a Douglas Bustillo, tal como se puede evidenciar según Extracción del teléfono LG-D805 G2, VEASE DETECI EX 0801-2016-00166, sitio donde procedió a realizar búsquedas de Internet relacionadas con movimientos y fotografías de la señora Bertha Cáceres. Asimismo, se corrobora que en fecha 6 de febrero de 2016, siendo las 9:17:15: Douglas en uso del número 98426844, le manifiesta a David Castillo: "que la misión se abortó. Se indica: "no se pudo, esperaré lo que usted dijo porque yo ya no tengo logística, estoy en cero". El 06 de febrero de 2016 a las 9:17:15, Douglas Bustillo le dice a David Castillo lo siguiente: "Líder yo no necesito la información, necesito lo que usted va presupuestar para el trabajo, los medios idóneos y logísticos." En tanto que David Castillo contesta ese mismo día 06 de febrero de 2016 a las 21:45:40 "copiado, misión abortada." Con ello se evidencia que existe una cronología o concordancia de que se trataba de dar muerte en esa fecha a Bertha, pues al relacionar las comunicaciones que se tenían con otros copartícipes entre ellos el señor Mariano Diaz y Henrry Hernández, (ver folio 8,632), hablan cuando el pez ya esté cheque, me dijo Douglas, que eran cincuenta más y otros cincuenta de él. Asimismo, se desprende según mensajes de texto a (folio 8634), en fecha 05 de febrero de 2016, a las 20:29:37 Mariano Diaz en uso del número 33281417 le pregunta a Henry Hernandez en uso del número 97755627, ¿"no se puede? ¿O qué? En tanto que Henry Hernandez, quien se encuentra en la Esperanza, Intibucá, en esa misma fecha siendo las 20:30:43 le responde: "AHÍ VASTANTE TRAFICO D JENTE", Mariano le dice que le avise, y que le avise al amigo que se entiende con él, continuaron con los mensajes de texto y ya para el 06 de febrero de 2016 a la 07:21:54, Henry le dice a Mariano Diaz que le diga al volante que para hacer la vuelta se necesita el carro, este quien aún se encuentra en la Esperanza, Mariano le dice que no sería hoy porque hay que planear diferente, Henry le pregunta y cuándo? Mariano le refiere que hay que conseguir un vehículo pando. En tanto que Henry le refiere a Mariano el 06/02/2016 a las 08:33:26 que hacía dos minutos había salido de la Esperanza (Folio 8639 tomo 19), quienes quedan de verse en Siguatepeque (F 8644), lo cual es una secuencia cronológica que en esa fecha 05 de febrero de 2016, tenían como objetivo quitarle la vida a la señora Bertha Cáceres; acto delictivo que no se llevó a cabo en dicha fecha, por las circunstancias que Henry le manifestaba a Mariano, como ser que había bastante gente, porque necesitaban un vehículo, aspectos que fueron comunicados a Douglas Bustillo y este quien a su vez le informaba al acusado ROBERTO DAVID CASTILLO, exigiéndole los aspectos logísticos para llevar a cabo el hecho criminoso, quienes siguieron el mismo plan delictivo, como se puede apreciar con la vinculación y vaciado telefónica que el número 98426844, en uso de Douglas Bustillo, después del primer intento fallido de darle muerte a la líder ambientalista, continuaron con el mismo. Y es así que mediante el 260 en fecha 20 de febrero de 2016, Douglas Bustillo le dice a David Castillo, que tenga cuidado con la visita que tendrá al proyecto, refiriéndose a la señora Bertha Cáceres, comunicaciones que se daban sin tener algún tipo relación laboral o comercial entre ambos, Luego en fecha 21 de febrero se ubica según antenas telefónicas en la Esperanza Intibucá, junto al copartícipe Henry Hernández, donde continuaba con los seguimientos y vigilancias, y según vaciado existen dos comunicaciones con el acusado ROBERTO DAVID CASTILLO, de igual manera según extracción realizado a su teléfono celular LG, D805 G2, en fecha 24 de febrero de 2016, fue creada una imagen de la vivienda de la occisa, extremo que fue confirmado que se trataba de la misma vivienda con las actas de diligencias investigativas que corre agregada a folio 693 y 694, fechas en las cuales el señor Bustillo tenía comunicación con el señor Castillo, Henry Hernandez, y Mariano Diaz, siendo los mismos individuos que habían organizado y planificado el intento fallido de darle muerte en fecha 05 de febrero de 2016, quienes no le quitaron su vida en esa fecha, por las circunstancias que hemos mencionado en esto acápite. Sin embargo, su plan delictivo seguía vigente hasta quitarle la vida a la líder ambientalista Bertha Cáceres, y para fecha 29 de febrero de 2016, Douglas Bustillo en uso del número 9842-6844, le envía mensaje al señor David Castillo en uso del número 99900946, le pregunta que como están, David Castillo le pide disculpas hablan de un préstamo y Castillo le manifiesta que se miren al siguiente día ya que por la noche le pagan y puede tener disponible el préstamo, (véase chat 260), misma fecha a las 18:44:25, en la cual Douglas Bustillo, registra comunicación con el copartícipe Henry Hernández, en uso del número 97755627, quien se ubica en Colon (folio 8420), ya para fecha 02 de marzo este individuo las antenas lo ubican a partir de las 15:54:35, que se encuentra en Intibucá, tal como se desprende según vaciado telefónico, y a partir de esa hora se comunica con el señor Bustillo en uso del número 98426844, con quien tiene un total de llamadas 21 llamadas encontrándose Henry Hernández en Intibucá. Ya para fecha 03 de marzo de 2016 a eso a las 00:32:47, se comunican ambos, es decir, cuando Henry Hernández, junto otros individuos le habían quitado la vida a líder Ambientalista Bertha Cáceres, en su vivienda ubicada en la residencial el Líbano de la Esperanza. En tanto el señor Hernández en misma fecha continuaron las comunicaciones entre ambos como se desprende en folio 8421. Un dato relevante que en fecha 03 de marzo a las 6:20:54 Henry se comunica con Douglas, con duración de 35 segundos la llamada (f-8421) y este en esa misma fecha 9 minutos después se comunica con el señor Sergio Rodriguez con una duración según vaciado telefónico de 80 segundos, horas más tarde intenta comunicarse con el imputado David Castillo, sin tener ninguna relación laboral o contractual, lo que evidencia que era para poner al tanto sobre la muerte de la señora Cáceres Es decir, que existe una cronología de eventos respecto a la dinámica del hecho criminoso, donde intervienen las mismas personas, entre ellos los ejecutivos de DESA quienes desde el 2015, le daban seguimiento y vigilancias a través de informantes, también resultan ser los mismos individuos que planificaron y organizaron darle muerte en fecha 05 de febrero de 2016, lo cual fue un intento fallido debido a la falta de logística, que exigía el señor Henrry Hernandez, lo cual fue comunicada al acusado Roberto David Castillo, por medio de Douglas Bustillo según chat 260, según extracción realizado a su teléfono celular LG, D805 G2, y como se dijo son los mismas personas que siguieron con el plan delictivo, hasta que finalmente le quitaron la vida en fecha 03 de marzo de 2016, que son aspectos que se detallan en la valoración de la pericia de Brenda Barahona, lo cual es confirmado con la pericia emitida por Shaun Vodde, medio de prueba de la defensa que confirma la participación del acusado en la muerte de la señora Cáceres. Con la pericia realizada al teléfono marca LG, color negro con gris, sin tarjeta SIM y sin memoria SD, con IMEI # 352624052456457, se acredita que al practicarle la extracción se encontró un archivo identificado como "Grabación 0035433, con duración de 30 segundos, con fecha y hora de creación: 31 de marzo de 2016, a las 7:11 P.M. Es decir, que dicho archivo fue creado con fechas posteriores a la muerte de la señora Bertha Cáceres, por otra parte de las explicaciones que dio el perito en su intervención quedó plenamente establecido que en ningún momento se habla de la muerte relacionada con la señora Bertha Cáceres, y que no se tratan de varios interlocutores, sino que solo hay una persona que graba dicho audio; aspectos que son corroborados con la misma pericia de la defensa, la cual se le practicó al mismo aparato telefónico, ya que coinciden de manera armónica la fecha y hora que fue creado dicho audio. Por lo cual queda descartada la estrategia de la defensa en querer desvanecer la tesis acusatoria, en el sentido que fueron otros móviles por lo cual dieron muerte a la señora Bertha Cáceres.” Al analizar la totalidad de la valoración de los medios de prueba periciales DETECI y Evidencia, fácilmente podemos detectar que el Sentenciador ha realizado un ejercicio intelectivo adecuado a las reglas del correcto pensamiento humano, pues constituye un indicio que por sí solo pareciera inofensivo, al unirlo con otros va encajando de manera perfecta y conforma en definitiva un indicio fuerte y derivado de la prueba; resulta de vital importancia los aparatos celulares decomisados en las viviendas de los otros imputados que participaron en el hecho y que no son objeto de proceso en este juicio, pues el señor Roberto David Castillo fue incoado su proceso solo, pero eso no significa que no hayan participado más personas, tal como quedo evidenciado; para el caso el celular Soni Xperia E1 D2004 decomisado al señor Mariano Diaz Chávez, uno de los implicados en el asesinato de la ambientalista, se encontraba siendo monitoreado por orden judicial por la investigación de otro tipo de delito, y en cuyas conversaciones recolectadas se encuentran unas con el coimputado Douglas Bustillo y con Henry Hernández, este último participó directamente en los hechos; este teléfono fue de vital importancia para lograr hilvanar las diferentes actuaciones y sus partícipes. Así mismo el decomiso realizado de un teléfono marca Blu Jenny II, decomisado en una casa de habitación en la Aldea los Tarros de la ciudad de Trujillo Colon, se determinó y comprobó que ese celular se ubicaba en el lugar donde asesinaron a la señora Cáceres en el 2016, en la ciudad de la Esperanza y que era utilizado por otro coimputado de nombre Henry Hernández, todo lo cual fue confirmado por el perito Brenda Barahona. Encontramos también la transcripción del dictamen DETECI 0801-2018-00047 respecto a extracción de información realizado por el perito Whalter Caballero, practicado al aparato celular número 9990-0946, el cual era el mismo que utilizaba el señor Roberto David Castillo Mejía, y mediante el dictamen DETECI 00161 y 00167 se pudo acreditar que era el mismo número utilizado para entablar comunicaciones mediante la aplicación de WhatsApp entre los ejecutivos de Desa; y ese mismo número era utilizado en el chat denominado Seguridad Phaz, en el cual se intercambiaban comunicaciones relacionado con los seguimientos y vigilancias que realizaban a la ofendida Berta Cáceres y al grupo COPINH, ahí es donde se establece también el pago de informantes. Conforme al dictamen DETECI EX 0801-2016-00166 se establece que el señor Roberto David Castillo Mejía mediante el teléfono 9990-0946, organizó y planificó el asesinato de la señora Berta Cáceres, todo lo cual queda acreditado con la extracción al aparato celular LG y que tenía asignado el numero 9842-6844, utilizado por el señor Douglas Bustillo -quien no es parte en este proceso- y mediante el chat 260 del deteci 00166 se determinó que, a pesar que no existía relación laboral entre ambos, los mensajes entre ellos determinan la planificación de atentar contra la vida de la señora Berta Cáceres, haciendo un primer intento que falló y luego consiguiéndolo el día 02 de marzo de 2016. En el dictamen DETECI EX 0801-2016-00161 realizado al aparato celular iPhone 5, registrado a nombre de Daniel Atala, aparato recolectado en el allanamiento a la empresa DESA, en la extracción, en su agenda tenía el numero 9990-0946 a nombre de David Castillo y otros ejecutivos de la empresa, teniendo grupos de WhatsApp se puede constatar las acciones que hacían contra la señora Berta Cáceres y el grupo que lideraba, quienes se oponían a la construcción de la represa agua Zarca, teniendo conocimiento el señor Roberto David Castillo de las acciones y medidas que se tomaban para resguardar el proyecto. Todos esos chats grupales, era integrado por personas que sostenían conversaciones atinentes a la neutralización de los movimientos de la ambientalista, y esos chats grupales aparece la figura activa del señor Roberto David Castillo, pues él pagaba personas que se infiltraban en el grupo COPINH con la finalidad de confirmar los movimientos de la ambientalista junto con el grupo de lideraba. Mediante el DETECI 00167 quedó acreditado que el señor Roberto David Castillo creó el grupo denominado Comité Phaz y que luego cambian el nombre a Seguridad Phaz, el señor Castillo mandó mensajes advirtiendo que había un nivel de información que debía ser manejado solo por ejecutivos de DESA y afirmó “cuando estemos en crisis nos movemos al otro grupo” de ahí se demuestra que mucha información no podía ser conocida por la totalidad de los miembros de un grupo, por eso se creó otro en el cual se podía hablar libremente de las acciones que se emprenderían contra la ahora ofendida; en ese mismo chat un ejecutivo de Desa afirmó: “mientras no llega Berta y Tomas el movimiento se debilita, contra ellos debemos encaminar acciones” a los cual el señor Castillo respondió “copiado”; se evidencia pues que el señor Roberto David Castillo planificó acciones tendientes a parar el movimiento que lideraba Berta Cáceres y al no poder detenerla con intimidaciones u ofrecimientos, al final deciden atentar contra su vida. Otro dictamen vital para determinar la responsabilidad del acusado, es el DETECI EX efectuado al aparato celular del señor Douglas Geovany Bustillo y que fue entre el señor Douglas y el señor Roberto David Castillo que se planificó y ejecutó la muerte de la señora Berta Caceres, en el chat 260 del 22 de noviembre de 2015 el señor Douglas le dice al señor Castillo, “buenos días señor complete el 50%” a los cual responde el señor Castillo que se vean en Chillis de los Próceres a las 6:15pm, además le dice que tenga todo preparado, que puede ser en el transcurso del día que ocurra algo; cita que resulta totalmente sospechosa pues entre el señor Roberto David Castillo y el señor Douglas Bustillo ya no existía ninguna relación de trabajo, pero aun así mantenían comunicación y sus conversaciones siempre hablaban en clave. La segunda intención de quitarle la vida a la señora Cáceres se dio el 05 de febrero de 2016, lo cual quedo así acreditado mediante el chat 260, el señor Roberto David Castillo le dice al señor Douglas Bustillo “recuerde los accidentes y la escena” y encajando a la perfección en esa misma fecha 5 de febrero, el señor Henry Hernández, quien ejecutaría a la señora Cáceres se ubica en Siguatepeque junto con Douglas y en fecha 06 de febrero el señor Bustillo le manda mensaje a Roberto David Castillo y le dice que la misión fue abortada y afirma “no se pudo, esperare lo que usted dijo, porque yo ya no tengo logística, estoy en cero” y agrega además “Líder yo no necesito la información, necesito lo que usted va a presupuestar para el trabajo, los medios idóneos y logísticos” en tanto Roberto Castillo respondió “copiado, misión abortada” y en esas mismas fechas el coimputado Mariano Diaz habló con el señor Henry Hernández diciéndole que “había un pez gordo, ya está cheque, me dijo Douglas que eran 50 más y otros 50 para el” sin duda alguna se referían a la señora Berta Cáceres, quedando acreditado que el señor Douglas Bustillo se comunicaba con Mariano Diaz y luego con Henry Hernández, entre ellos planificaron su muerte, todo lo cual tenía conocimiento el señor Roberto David Castillo. Esta Sala de lo Penal advierte, que la valoración de los medios de prueba deben ser observados de manera conjunta, no podemos verlos de forma aislada, sino que de manera conjunta tal como lo hizo el Sentenciador que realizó una extensa valoración probatoria, de tal forma que concluyó en la página 128 de la Sentencia recurrida, cuáles eran los indicios que había arrojado esa prueba, porque claramente no se cuenta en el presente caso con prueba directa, pero si es posible determinar con indicios fuertes, claros, concomitantes y derivados del legajo probatorio, que la tesis jurídica del ente acusador fue posible acreditarla y mediante indicios se llegó a la certeza de la culpabilidad del acusado Roberto David Castillo Mejía. Para llegar a esos indicios el juez A-quo conformó sus juicios de valor adecuados, coherentes y los cuales nacen precisamente de las pruebas evacuada en el juicio oral, la valoración probatoria del Sentenciador cumple con las características que De la Rúa establece para considerar una motivación lógica y por tanto que responda a las leyes que presiden el correcto entendimiento humano, afirma que debe ser: Congruente, pues todas las aseveraciones, hipótesis y conclusiones guardan una apropiada reciprocidad y correspondencia entre sí; además es Concordante: ya que cada conclusión asentada o negada, pertenece a un elemento de prueba que señala a cabalidad; No es Contradictoria, por vemos total ausencia de juicios de valor que se invaliden entre sí, pues sus razonamientos no manifiestan verdades incompatibles; es además Inequívoca: pues sus valoraciones no permiten debatir su trascendencia o significado, pues todos ellos derivan en sus conclusiones; y por último es Suficiente: al estar formada por un andamio de conclusiones conectadas, que proceden de una gama de cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente el convencimiento de la participación del señor Roberto David Castillo como inductor en la muerte de la señora Berta Isabel Cáceres, utilizando el Sentenciador en todo momento, las reglas de la sana crítica para conformar sus juicios de valor, razones por las cuales se desestima el presente motivo de casación. Segundo Motivo Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: motivación fáctica insuficiente y contradictoria Reclamación Ex Ante: por haberse producido el vicio en el propio acto de redacción de la sentencia, no ha sido posible reclamar su subsanación. Pretensión: que se decrete la nulidad del fallo para ser conocido por otro Tribunal de Sentencia. Explicaron los censores que la sentencia objeto de recurso incurre en un vicio latente pues no contiene una fundamentación fáctica suficiente o completa, plasmada adecuadamente en la prueba, al no realizar el tribunal un ejercicio intelectivo individual sobre toda la prueba, por ende, la explicación de las conclusiones que de manera individual se extraen de ellas. Asimismo, consideraron que adolece de motivación contradictoria cuya formulación se realiza en conjunto por la estrecha relación entre ambos motivos. Afirman los impetrantes, que este vicio fácilmente se puede apreciar en el acápite VALORACION DE LA PRUEBA donde no se hace una fundamentación intelectiva de cada medio de prueba, explicando las razones de valoración o desvaloración de cada una de ellas, es decir un examen individual de esta; siendo valorada conjuntamente por bloques por el tribunal sentenciador, causando un perjuicio a la defensa al desconocer con precisión y claridad la valoración de cada prueba para poder apreciar la coherencia de sus conclusiones. De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir que es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala, que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Houed Vega, nos recuerda que: “No hay otra tarea más delicada e importante en la administración de la justicia que destinar toda la fuerza intelectual a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos. En ese momento es donde el juez no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia sino, y, sobre todo su honestidad.” Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión; indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez/a ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez/a debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; En materia de derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el instrumento jurídico citado que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: Expresa, Clara, Completa, Legitima y Respetuosa de la Sana Crítica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán de ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación Completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación Expresa, se traduce en el vicio in procedendo de Carencia de Motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación Legítima y Respetuosa de la Sana Crítica está asociado con el Motivo de Casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez/a y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez/a defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes, entiéndase éstas como persona acusada y víctima, a quienes el Tribunal debe de responder de manera sencilla, comprensible y firme. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; La carencia puede presentarse por falta de motivación intelectiva y/o motivación descriptiva; Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los Juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los Juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de éste vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de motivación también se presenta cuando los Juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión. De la Motivación Fáctica Contradictoria La Sentencia Judicial, si bien compuesta por varias partes o apartados, constituye toda ella una sola verdad, debiendo entonces guarda coherencia entre cada parte y éstas con el todo. - La sentencia debe de contar con la cualidad de logicidad, de modo que de contener argumentos coherentes, concomitantes y derivados en toda su estructura. La Sentencia, para que se revista de validez, debe de observar una adecuada y suficiente motivación la cual es un producto intelectual de los juzgadores en el que se da a conocer los fundamentos de hecho y de derecho que cimientan cada uno de los pronunciamientos del fallo, constituyéndose una garantía constitucional de fiscalización de legalidad en el ejercicio de la jurisdicción. En la motivación los juzgadores demuestran que han estudiado el conflicto traído a ellos, el cual resuelven dentro del ámbito de la acusación, demuestran cómo ha sido el proceso de valoración de las pruebas conforme al sistema de la sana crítica y demuestran la vinculación de los hechos con normas legales que aplican, seleccionadas por ser las que de manera más propia dictan la pauta de solución al caso concreto. La motivación manifiesta su eficiencia cuando cualquier persona, incluso sin tener conocimiento alguno en la ciencia del derecho, puede saber el por qué el Órgano Sentenciador ha tomado la decisión señalada en el fallo, independientemente si comparte o no dicha decisión, enterándose del camino que siguieron los juzgadores en el razonamiento del caso y a partir del cual se plantearon una serie de argumentos asociantes cuya correspondencia entre si hacen de la sentencia un silogismo categórico coherente. Es tanta la importancia que tiene una debida motivación que el legislador determinó, en el artículo 141 del Código Procesal Penal, sancionar con nulidad las resoluciones que carezcan de una motivación clara y precisa, coherente y consecuente; nulidad que puede ser decretada, como resultado de un recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales, así el artículo 362.3 del mismo cuerpo legal advierte como vicios, entre otros, una Motivación Contradictoria. La cualidad de logicidad, exigida en las actividades particulares como la construcción de los hechos declarados probados (Art. 362.1 cpp) o en el proceso de razonamiento valorativo de la prueba (Art. 362.3), igualmente es exigido como requisito general en la construcción de la sentencia, pues esta como un todo único debe de contener pronunciamientos coherentes y articulados, concomitantes y derivados en toda su estructura. Entonces, se produce vicio in procedendo, conforme lo señala el artículo 362.3 del Código Procesal Penal, cuando la sentencia contenga argumentos judiciales que se contrapongan entre sí y que por tanto excluyan sus contenidos, ya sea que los mismos se estén desarrollados en un solo apartado de la resolución, como ser la fundamentación probatoria o la fundamentación jurídica, como cuando dichos argumentos se encuentren en distintas apartados, como ser los que se encuentren en la motivación punitiva y en la parte dispositiva del fallo. Para que el vicio sea atendible la contradicción debe de ser esencial, es pues que se trate de manifestaciones principales que por ser contrapuestas se excluyan mutuamente, dejando un vacío de información sin el cual no sea posible adoptar la decisión.- La consecuencia de que una sentencia contenga motivación contradictoria, con planteamientos antagónicos que se excluyen entre sí, es la imposibilidad de definir cuáles de dichos planteamientos es el correcto, o cuáles de ellos apuntalan la decisión adoptada, provocando su invalidez y consecuentemente la necesidad de declararla nula para que tal vicio sea corregido, por cuanto no puede tener vida jurídica el pronunciamiento de un Tribunal, cuyo sustento es contradictorio, dejando a los justiciables y al público en general, bajo la incertidumbre de cuáles fueron los verdaderos motivos en que se basó para tomar la decisión final. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El recurrente incurre en un error al plasmar ambos motivos en un mismo apartado, pues por un lado afirma que la motivación judicial es insuficiente y luego que es contradictoria; si bien se trata de motivación judicial, para evitar confusiones requiere del impetrante su presentación individual, tal como lo señala el artículo 363 de la ley procesal penal, pero hay ciertos argumentos de los recurrentes que son comprensibles y será a esos que se le dará respuesta. Los censores inician estableciendo que existe una motivación fáctica insuficiente, pero no es puntual al establecer a qué medios de prueba se refiere, sino que lo hace de manera general al advertir: “este vicio fácilmente se puede apreciar en el acápite VALORACION DE LA PRUEBA donde no se hace una fundamentación intelectiva de cada medio de prueba, explicando las razones de valoración o desvaloración de cada una de ellas, es decir un examen individual de esta; siendo valorada conjuntamente por bloques por el tribunal sentenciador…” Para esta Sala de lo Penal no es posible darle respuesta a este planteamiento del recurrente, pues uno de los requisitos de la casación es que el impetrante debe ser claro y preciso al establecer el punto central de su impugnación, si consideraba la sentencia como falta de motivación, tuvo que señalar de forma detallada a qué medios de prueba se refiere. Esta Sala de Casación considera además, que nos encontramos ante un caso en el que se evacuaron muchos medios de prueba, la prueba de la defensa y del ente acusador fue totalmente extensa, lo que el Sentenciador hace es conformar su fallo de manera que resulte coherente y entendible, por ejemplo realiza por bloques primero la valoración descriptiva, describiendo varios medios de prueba, sus principales incidencias, conclusiones y objeciones de las partes; luego a esos mismos medios probatorios les valora de forma individual y también conjunta, aunque el título que el Sentenciador coloca en este apartado es “Valoración Conjunta de los Medios de ….” Si bien señala la palabra conjunta, es posible darse cuenta que inicia realizando una apreciación individual acerca del medio de prueba y luego lo va hilvanando con los otros medios de prueba que ha colocado en ese apartado; esto mismo hace el Tribunal con la prueba testifical del ente acusador y de los defensores privados, así mismo lo plasma con la prueba pericial, documental etc. En fin, el Sentenciador cuidó que todos los medios de prueba evacuados en el juicio fueran valorados de forma individual y en ese mismo apartado de forma conjunta, por tanto, es errado el planteamiento del censor al decir de forma general que no exista una valoración individual, sino que solo conjunta, de ahí pues que la sentencia posee 213 páginas mediante las cuales el Juez A-quo explicó de forma detallada y conjunta el valor probatorio que le merecieron las pruebas. Al no ser específico el recurrente acerca de cuáles medios de prueba consideró que no fueron motivados suficientemente, sino que lo hace de manera general, en ese mismo sentido y contraria a la posición de los censores esta Sala de Casación advierte que de forma global el Sentenciador ha valorado bastamente y suficiente la prueba evacuada, por lo que esos argumentos se declaran no ha lugar. Referente a la supuesta motivación contradictoria, el censor fue más específico y señaló varias situaciones que a su entender son excluyentes entre sí, pero que el revisarlas esta Sala de lo Penal, puede concluir que no encontramos ninguna motivación contradictoria, para el caso afirmó: “En ese sentido, de los hechos probados se desprende que el sentenciador esgrime la participación del imputado en un inexistente plan delictivo, de la siguiente manera: implicando la supervisión y aporte de dinero o de elementos logísticos que debían ser facilitados por el señor Roberto David Castillo (hecho tercero, primer párrafo de la sentencia). Los sentenciadores se contradicen internamente en la Motivación fáctica derivada de la valoración de la prueba pág. 123 de la sentencia, al momento de situar los indicios acreditados por la prueba de Brenda Barahona OTRAS PRUEBAS, sobre conversaciones donde se habla de presupuesto, medios idóneos y logísticos, dicen: Douglas me dijo que eran cincuenta más y otros cincuenta de él... en relación con ello, el tribunal acierta por única vez en que no se encontró sustento de que dicho ofrecimiento se hubiere originado del imputado, CONTRADICIENDOSE DE SU CONCLUSION ANTERIOR SOBRE EL APORTE DE DINERO, SUPERVICION O APORTE ALGUNO”. Diremos que la referencia que hacen los censores a que la supuesta contradicción aparece en el folio 123 de la Sentencia es errónea, pues el Juzgador hace referencia al aspecto económico en la página 131 últimos párrafos, que al analizarlos esta Sala de Casación encuentra que no son excluyente entre sí, pues si bien el Sentenciador afirmó en los hechos probados: “y como consecuencia de tales deliberaciones se determinó acabar con la vida de Berta Cáceres, acción que se dispuso que será desarrollada o coordinada por Douglas Bustillo, implicando la supervisión y aporte de dinero o de elementos logísticos que debían ser facilitados por el señor Roberto David Castillo.” En la página 131, al enunciar los indicios que fueron debidamente probados el Sentenciador afirmó: “Eso resulta un indicio pues es una conversación entre coparticipes, sin embargo, no se encontró sustento de que dicho ofrecimiento en específico hubiese partido u originado del señor Roberto David Castillo que es la persona que se está juzgando” Si observamos detenidamente ese apartado de los hechos probados, el Sentenciador utilizó el verbo “debían ser facilitados por el señor Roberto David Castillo” es decir lo establece como una posibilidad, no como una afirmación, pues no dijo “fueron facilitados”, en la expresión utilizada por el A-quo en los hechos probados, no lo afirma de manera contundente, sino que lo establece como una posibilidad; ya en la determinación de los indicios, claramente afirmó que no se encontró una prueba que sirviera de sustento probatorio de que el ofrecimiento de dinero haya partido del acusado, lo que hace el A-quo de manera objetiva es establecer que no hay medio de prueba para acreditar el indicio de que el acusado aportó económicamente, sin que ambos razonamientos sean contradictorios como lo afirman los censores. También establecieron los recurrentes que: “Sumado a ello, el tribunal en la valoración del DICTAMEN DETECI EXT. 0801-2018-00047 ratificado por WALTER CABALLERO (pág. 88 de la sentencia) se relaciona:" y con conocimiento del Gerente Roberto David Castillo, tenía infiltrados a informantes, con la finalidad de poder confirmar todos los movimientos que realizaba la señora Bertha Cáceres junto con el grupo que lideraba, y así tomar medidas para bloquear las acciones que emprendía la organización Copinh". (Al respecto también ver hecho Probado SEGUNDO In fine). En otra parte de la sentencia, en la valoración conjunta de los medios de prueba denominados DETECL, pág. 87 último párrafo el tribunal expuso: "Es así que en los chats grupales que tenían estas personas, se aprecia que sostenían conversaciones, atinentes a la neutralización de los movimientos y acciones de las actividades que planificaba la señora Bertha Isabel Cáceres, junto a los miembros de la Organización Copinh, con la finalidad de poder detener la construcción de la Represa Hidroeléctrico Agua Zarca" No obstante, contradictoriamente, en la Valoración medios de prueba diligencias investigativas (pag.72 de la sentencia) se expone: "Douglas Bustillo le daba seguimiento a la señora Cáceres...de común acuerdo con los directivos de DESA, entre ellos el acusado Roberto David Castillo, con la finalidad de quitarle la vida". Siendo una conclusión, derivada de la pura suposición y no de la derivación de la prueba evacuada, pues inclusive, la perito BRENDA BARAHONA, al ser consultada si Douglas Bustillo informaba al señor David Casillo sobre la actividad del asesinato de la señora Bertha Cáceres contesto (ver pág. 118 sentencia): de la empresa no y del asesinato no en sí. Para esta Sala de lo Penal en este apartado el recurrente no es claro al advertir la supuesta contradicción, pues en primera instancia el Sentenciador afirmó y así se acreditó, que la empresa DESA contrató varios informantes e infiltrados para darle seguimiento a la señora Berta Cáceres y al grupo que lideraba; y en la otra valoración probatoria que considera el recurrente contradictoria, lo que establece es que el señor Douglas Bustillo le daba seguimiento para quitarle la vida, en ningún momento el Sentenciador afirma que Douglas era informante, desde un principio se establece que Douglas era el encargado de ejecutar junto con otros compañeros las acciones contra la señora Berta Cáceres que le llevaron a quitarle la vida. Por otra parte el recurrente no señala una supuesta contradicción, sino que concluye que: “Siendo una conclusión, derivada de la pura suposición y no de la derivación de la prueba evacuada”; entonces no está advirtiendo una contradicción, sino que la conclusión del A-quo no se deriva de la prueba, lo que implicaría por tanto violación a las reglas de la sana crítica si realmente ese fuera el caso, argumento que debió ser utilizado en el motivo anterior presentado por el recurrente, aunque no tiene razón pues dicha conclusión si se deriva de la prueba evacuada, específicamente del peritaje de Brenda Barahona. También afirmaron los censores que: “En adición, en el acápite valoración conjunta de los medios de prueba DETECI y evidencia pág. 89), contradiciéndose en lo anterior, se relaciona el fin lícito de los chats: "Es así que en los chats grupales que tenían estas personas, se aprecia que sostenían conversaciones, atinentes a la neutralización de los movimientos y acciones de las actividades que planificaba la señora Bertha Isabel Cáceres, junto a los miembros de la Organización Copinh, con la finalidad de poder detener la construcción de la Represa Hidroeléctrico Agua Zarca. Razón por la cual los ejecutivos de la empresa Desa, como ser Sergio Rodríguez (no es parte de este proceso), y con conocimiento del Gerente Roberto David Castillo, tenía infiltrados a informantes, ello con la finalidad de poder confirmar todos los movimientos que realizaba la señora Berta Cáceres junto con el grupo que lideraba, y así tomar medidas para bloquear las acciones que emprendía la organización Copinh a través de su líder la señora Cáceres". Esta Sala de Casación no encuentra realmente ninguna contradicción en el razonamiento del Sentenciador, pues se ha acreditado mediante los DETECI y el peritaje de Brenda Barahona que existían chats de la empresa DESA mediante los cuáles se hablaba de las acciones que realizaba Berta Cáceres y el grupo COPINH en pro del medio ambiente y en oposición a la construcción de la represa agua zarca; todo lo cual quedó así acreditado en esos chats grupales, pues se hablaba de informantes e infiltrados, y si bien no encontramos en esos chats ningún mensaje que afirmen que querían atentar contra la vida de la señora Berta Cáceres, al relacionar los mensajes del señor Roberto David Castillo con las conversaciones y llamadas del señor Douglas Bustillo, Mariano Chávez y Henry Hernández, si es posible deducir que a lo interno de los directivos de la empresa DESA se confabuló y planeó la muerte de la señora Cáceres, entonces el Tribunal Sentenciador en ningún momento advirtió prueba directa de la participación del señor Roberto David Castillo, pero si conformó varios indicios que unidos y relacionados entre sí, dan como conclusión que el imputado participó como inductor en la muerte de la señora Berta Isabel Cáceres. Las motivaciones del Sentenciador a pesar de que nos encontramos ante un fallo extenso y con mucha prueba, contiene suficiente motivación y la misma no es contradictoria, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación por quebrantamiento de forma. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en sus dos motivos, recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos e Infracción de Ley en su primer motivo; Se declara parcialmente ha lugar el segundo y tercer motivo de casación por infracción de ley, todos interpuestos por los defensores privados del señor Roberto David Castillo. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 140, 202, 338, 359, 360, 361, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 25, 32, 70, 193 del Código Penal decreto 130-2017. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados Ritza Yolanda Antúnez Reyes y Juan Sánchez Cantillano, en su condición de Defensores Privados del señor Roberto David Castillo Mejia a quien se le condenó por el delito de Asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por los Abogados Ritza Yolanda Antúnez Reyes y Juan Sánchez Cantillano, en su condición de Defensores Privados del señor Roberto David Castillo Mejia. Tercero: A) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su primer motivo, interpuesto por los Abogados Ritza Yolanda Antúnez Reyes y Juan Sánchez Cantillano, en su condición de Defensores Privados del señor Roberto David Castillo Mejia. B) Declara Parcialmente Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su segundo y tercer motivo, en consecuencia: i) Casa parcialmente la sentencia de fecha veinte de junio de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. ii) En consecuencia, impone al señor Roberto David Castillo Mejia la pena de veinte (20) años de prisión como autor por inductor en el delito de Asesinato en perjuicio de la señora Berta Isabel Cáceres. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinte de junio de dos mil veintidós, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. - Firmas y Sello. – Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. – Mario Rolando Diaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado - Firma y Sello. – Jose Ramon Cruz Ferrera. Secretario. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de enero de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil veinticuatro, recaída en el expediente de casación con número de ingreso SP-567-2022.
RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS
RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL