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Sentencia CP-545-17 — Registro 18117

Resumen

En primer instancia se condena al imputado por el delito de Facilitación de los Medios de transporte para el Trafico Ilícito de Droga, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El único motivo no es de recibo. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal, que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar; es decir, el ámbito propio de este recurso, queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos que hubiese descrito el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no, correcta jurídicamente. Habiendo dejado clara la postura ante la interposición del presente recurso, se procede a darle respuesta. En el caso sometido al análisis de esta Sala de lo Penal, no le asiste la razón al recurrente, dado que los hechos probados de la sentencia recurrida, encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir, con el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. Confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, este tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, ya sea que lleve la sustancia prohibida dentro del organismo o portándola dentro de una mochila o similares, cargando en una bolsa o en sus vestimentas; en el cuadro fáctico aparece en el apartado primero, cuando el sentenciador afirma que “…MARIO ALBERTO CHICAS MEDINA, quien transitaba por dicho lugar con una mochila color azul en su espalda, mismo que al ver la presencia policial se puso nervioso por lo que fue requerido y al practicarle un registro personal se le encontró dentro de la mochila una bolsa plástica conteniendo hierba seca, la cual fue decomisada, dándole detención al señor Chicas. SEGUNDO: Una vez practicada la pericia a la hierba se concluyó que daba positivo a marihuana y que tenía un peso de 310 gramos, cantidad no compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato". El elemento subjetivo por su parte, consiste en la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte que obedece a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro, facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso, lo constituyó la mochila de color azul que llevaba en su espalda el acusado y por la disposición que en su interior contenía una bolsa plástica conteniendo hierba seca, que una vez practicada la pericia a la hierba, se concluyó que daba positivo a marihuana y que tenía un peso de 310 gramos, teniendo como ultima finalidad su distribución a terceros, si bien, el recurrente ha señalado que la cantidad de droga decomisada no era para trasladarla a terceros, ni para consumo inmediato, sino en forma diferida, es decir, para varios días, no es menos cierto, que la cantidad decomisada no es compatible con el consumo personal inmediato o diferido como lo refiere la recurrente, al ser de 310 gramos de marihuana, de ello se deduce, que la misma la transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-545-2017, que literalmente dice: “ Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Francisca Villela Zavala, por excusa justificada del Magistrado Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 545-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete; dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa MDC, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Mario Alberto Chicas Medina, como autor del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras a la pena de siete años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Mario Alberto Chicas Medina a la pena principal de multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00). Tercero: Condenó al señor Mario Alberto Chicas Medina, como consecuencia de las penas principales a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Mario Alberto Chicas Medina.- Quinto: Declaró el comiso de una bolsa plástica transparente que en su interior contiene una bolsa plástica de color azul y rojo, una mochila de color azul de marca Everest y una bolsa que contiene hierba seca marihuana, misma que se encuentra en poder del Ministerio Público y que éste deberá hacer llegar al Juzgado de Ejecución competente para la ejecución de esta pena.- Sexto: Declaró la responsabilidad civil del señor Mario Alberto Chicas Medina. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Krelim Nieto, actuando en su condición de defensora pública del acusado Mario Alberto Chicas Medina. Son partes en única instancia: El Abogado Arnaldo Alcides García Alvarado, defensor público, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El día martes doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), siendo aproximadamente las tres de la tarde (3:00 pm.), Agentes Policiales Antidrogas, efectuaban diligencias en la Aldea de Amarateca, en el lugar denominado Rio Frío, cuando observaron al señor MARIO ALBERTO CHICAS MEDINA, quien transitaba por dicho lugar con una mochila color azul en su espalda, mismo que al ver la presencia policial se puso nervioso por lo que fue requerido y al practicarle un registro personal se le encontró dentro de la mochila una bolsa plástica conteniendo hierba seca, la cual fue decomisada, dándole detención al señor Chicas. SEGUNDO: Una vez practicada la pericia a la hierba se concluyó que daba positivo a marihuana y que tenía un peso de 310 gramos, cantidad no compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato, por lo que el Ministerio Público presentó el requerimiento respectivo.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Krelim Nieto, actuando en su condición de defensora pública procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 22 de la ley de Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y sustancias Psicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: La norma sustantiva infringida es el articulo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas que establece: “Se impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y Multa de cincuenta mil lempiras (Lps.50,000.00) a cien mil lempiras (Lps.100,000.00), a quien intencionalmente facilite el local o los medios de transporte, aun a titulo gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas ”. Articulo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece dicho artículo. SEGUNDO: El Tribunal en referencia declaro como probados los siguientes hechos: “PRIMERO: “El día martes doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), siendo aproximadamente las tres de la tarde (3:00 p.m.). Agentes policiales Antidrogas, efectuaban diligencias en la Aldea de Amarateca, en el lugar denominado Río Frío, cuando observaron al señor MARIO ALBERTO CHICAS MEDINA, quien transitaba por dicho lugar con una mochila color azul en su espalda, mismo que al ver la presencia policial se puso nervioso por lo que fue requerido y al practicársele un registro personal se le encontró dentro de la mochila una bolsa plática conteniendo hierba seca, la cual fue decomisada, dándole detención al señor Chicas. SEGUNDO: Una vez practicada la pericia a la hierba se concluyó que daba positivo a marihuana y que tenía un peso de 310 gramos, cantidad no compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato, por lo que el Ministerio Público presentó el requerimiento respectivo”. Al analizar el contenido de los dos hechos probados se observa que los mismos se refieren a un hecho donde nuestro representado no es un agente facilitador en vista que no quedo probado en ningún hecho la existencia de una persona a quien se le facilitara dicha droga decomisada, lo que es entendible en la práctica de la narcoactividad, véase que en tanto el agente no es a otro a quien se le facilita la actividad, sino a él mismo, entonces consideramos que en base a lo manifestado por el mismo en juicio oral y público la iba a utilizar para consumo personal no inmediato sino para varios días, en vista que en el presente caso al examen del factum podemos apreciar que no se hizo referencia a ningún destinatario de la droga encontrada en poder del imputado, solamente refiere que era transportada por una persona que transitaba por el lugar denominado Río Frío de la Aldea de Amarateca portando una mochila color azul en su espalda en la cual dentro de la misma se le encontró unas bolsa plástica conteniendo hierba seca, por lo que la ausencia de un destinatario, vacío no omitido por la jurisdicción sino delimitada por la información que brinda la prueba, hace imposible concluir que el accionar del imputado sea solamente de un facilitador, en vista que no se presenta en la declaración de hechos probados elemento alguno que permita arribar a esa conclusión. Somos del criterio que no fue suficiente el simple relato del Agente Policial Antidrogas CESAR EDUARDO LARACH, en vista que se pudo haber hecho más prueba contundente para así poder incriminar sin lugar a dudas a mi representado, derivándose del propio hecho posesión para consumo de droga, es decir que el destino final de dicha droga era para consumo personal (varios dias), considerando que el Ministerio Público en su acusación y con las pruebas evacuadas en juicio no pudo establecer que efectivamente nuestro representado el señor Mario Alberto Chicas Medina haya cometido el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Trafico Ilícito de Drogas, en vista que tal y como el mismo lo manifestó, siendo corroborado su dicho con la evaluación efectuada por la Doctora Melissa Alejandra Rivera Romero quedo acreditado cual era el destino final de la droga, en vista que la prueba de laboratorio del imputado dio positivo de canabinoides en orina y negativo en sangre, lo que indicaba que fue consumida; asimismo el Dictamen Químico Toxicológico ratificado en juicio por la Doctora Rosina morales entre otras cosas indico que no podía excluir si la droga era para consumo o no porque solo había recibido la droga sin ninguna otra documentación, además explico que el peso de un cigarrillo dependía del gusto de una persona, que llegaban desde el tamaño de un habano hasta algo mas pequeño de un cigarrillo normal, que no había un criterio para establecer el peso porque cada persona que lo consumía lo fabrica a su gusto. Cada persona consume lo que consume dentro de su patrón y que ella no evaluaba a la persona, por lo que no podía decir para cuanto tiempo estaba abastecida una persona ya que había un patrón mas personal de ingesta. Siendo así consideramos que la droga decomisada a nuestro representado no le pertenecía a una segunda o tercera persona, donde ni siquiera él se encontraba bajo ningún acuerdo con alguna otra persona. Somos del criterio que el Ministerio Público debió haber probado dicho extremo en el sentido del lugar o destino final o si se encontraba la intervención de una tercera persona en dicha acción. TERCERO: Por lo que del análisis hecho considero que en ningún momento el Tribunal debió llegar a la convicción de manifestar en la sentencia recurrida o que los condujera con la absoluta certeza de condenar a nuestro representado por facilitación de los medios de transporte para el Trafico Ilícito de Drogas en vista que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar” Consideramos que el caso sub judice corresponde a un consumo personal de nuestro representado de la droga incautada, en vista que la posición de uno de las peritos escuchado en juicio oral y publico como prueba del Ministerio Público en su peritaje y evaluación médica que la misma realizara, ella fue clara en su conclusión al establecer que efectivamente nuestro representado utilizaba droga por encontrarse presente la misma el síndrome metabólico, es decir que se encontró en la persona del imputado que había consumido droga, pero que no podía dar fe que dicha persona solo la hubiera consumido en el momento, en ese sentido el fallo no debió circunscribirse como verdad que el imputado haya cometido el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Trafico Ilícito de Drogas, lo anterior queda evidenciado con la declaración del testigo y prueba pericial de cargo antes indicada, por lo que de lo antes manifestado arribamos a lo que señala la experiencia común y la lógica, donde aplicando los principios que la rigen se ha podido arribar a la conclusión concreta de no tener la certeza después de analizar y valor en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, que mi defendido no sea el autor material del hecho que se le imputa, considerando que el fallo recurrido no esta dictado conforme a las exigencias del artículo citado debiendo declarar con lugar el recurso interpuesto y por ende solicito que se declare sin lugar la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán. INTERPRETACION PRETENDIDA Que al no subsumirse en la declaración de los hechos probados lo dispuesto en la norma penal del articulo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas por parte del tribunal de Sentencias de Tegucigalpa; en tal sentido se pretende que estos hechos probados al no ser constitutivos del delito de Facilitación de los Medios de transporte para el Trafico Ilícito de Droga como erróneamente se aplicó a nuestro representado Mario Alberto Chicas Medina, en consecuencia que se anule la sentencia dictada por dicho Tribunal de Sentencias.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. • Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. • Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del tipo penal de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. • Pretensión: Absolver de toda responsabilidad al acusado. Denuncia la recurrente, que, al analizar el contenido del único hecho probado, observa que se describe un hecho donde su representado, no es un agente facilitador, al no quedar probado la existencia de una persona a quien se le facilitaría la droga decomisada, en tanto que la facilitación era para el mismo imputado. Considera el recurrente, que el imputado no la utilizaría para consumo personal inmediato, sino para consumirla en forma diferida para varios días, a razón, que su representado es consumidor de marihuana. Concluye la recurrente, en relación a lo anterior, que la droga decomisada a su representado, no le pertenecía a una segunda o tercera persona, ni de la existencia de acuerdo previo para su traslado. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal, que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar; es decir, el ámbito propio de este recurso, queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos que hubiese descrito el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no, correcta jurídicamente. Habiendo dejado clara la postura ante la interposición del presente recurso, se procede a darle respuesta. En el caso sometido al análisis de esta Sala de lo Penal, no le asiste la razón al recurrente, dado que los hechos probados de la sentencia recurrida, encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir, con el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. Confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, este tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, ya sea que lleve la sustancia prohibida dentro del organismo o portándola dentro de una mochila o similares, cargando en una bolsa o en sus vestimentas; en el cuadro fáctico aparece en el apartado primero, cuando el sentenciador afirma que “…MARIO ALBERTO CHICAS MEDINA, quien transitaba por dicho lugar con una mochila color azul en su espalda, mismo que al ver la presencia policial se puso nervioso por lo que fue requerido y al practicarle un registro personal se le encontró dentro de la mochila una bolsa plástica conteniendo hierba seca, la cual fue decomisada, dándole detención al señor Chicas. SEGUNDO: Una vez practicada la pericia a la hierba se concluyó que daba positivo a marihuana y que tenía un peso de 310 gramos, cantidad no compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato". El elemento subjetivo por su parte, consiste en la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte que obedece a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro, facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso, lo constituyó la mochila de color azul que llevaba en su espalda el acusado y por la disposición que en su interior contenía una bolsa plástica conteniendo hierba seca, que una vez practicada la pericia a la hierba, se concluyó que daba positivo a marihuana y que tenía un peso de 310 gramos, teniendo como ultima finalidad su distribución a terceros, si bien, el recurrente ha señalado que la cantidad de droga decomisada no era para trasladarla a terceros, ni para consumo inmediato, sino en forma diferida, es decir, para varios días, no es menos cierto, que la cantidad decomisada no es compatible con el consumo personal inmediato o diferido como lo refiere la recurrente, al ser de 310 gramos de marihuana, de ello se deduce, que la misma la transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. DECISIÓN: • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado Mario Alberto Chicas Medina, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Mario Alberto Chicas Medina, la pena principal de siete (07) años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L.50,000.00), como autor responsable penalmente de un delito de Facilitación de Medios de Transporte para para el Tráfico de Drogas, (previsto en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por el acusado Mario Alberto Chicas Medina, por el delito de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras (art.311), correspondería la imposición de las siguientes penas: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las llistas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_- PA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, el acusado realizaba un acto de posesión de marihuana para la facilitación de su consumo, sancionado con pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L.2,500,000.00, lo anterior, al considerarse la Marihuana una droga que no causa grave daño a la salud. Sin embargo, del mismo hecho probado se describe que tanto las circunstancias del hecho y personales del condenado, como el peso neto de la marihuana encontrada en posesión de Mario Alberto Chicas Medina al ser de 310 gramos, es posible deducir ser de menor gravedad; en consecuencia, al no concurrir agravantes contempladas en el artículo 312 de la misma norma penal, la pena abstracta para el delito de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, deberá ser de 1 a 3 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L. 2,500,000.00; LINK Word.Document.12 "/Users/josro/Downloads/EXP 143-2019 IL NHL 02 WRMS.docx" "OLE_LINK1" \a \r * MERGEFORMAT más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena impuesta al acusado Mario Alberto Chicas Medina, conforme la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al ser de 07 años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L. 50,000.00), es más gravosa de aquella abstracta contemplada el Código Penal 130-2017 para el mismo delito; Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado.- Sobre ello, en el acumulo judicial se encuentra constancia de antecedentes judiciales, emitida en fecha 05 de junio de 2017, en la cual se describe que Mario Alberto Chicas Medina fue condenado por un delito de la misma naturaleza el 13 de octubre de 2014 (F.95); resultando ser una circunstancia agravante de reincidencia, consignada en el artículo 32 numeral 9 del Código Penal 130-2017, sin identificarse circunstancias atenuantes. Por su parte esta Sala de lo Penal, en base a lo anterior, corresponde imponer al imputado la pena abstracta media hasta el límite máximo prevista en la codificación penal vigente: Penas principales de: i. prisión por 02 años; ii. multa de trescientos días equivalente a seis mil lempiras exactos (L.6,000.00). Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Krelim Nieto, actuando en su condición de defensora pública del acusado Mario Alberto Chicas Medina. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Mario Alberto Chicas Medina; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia impugnada en los siguientes términos: I: Que debemos condenar y condenamos al señor Mario Alberto Chicas Medina, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de la sentencia, como autor directo de un delito consumado de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, en perjuicio de La Salud Pública, imponiéndole las penas principales de: i.- prisión por 02 años; y, ii.- Multa de 300 días equivalente a seis mil lempiras exactos (L.6,000.00). Tercero: Las penas principales deberán de ejecutarse siguiendo las siguientes reglas : a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el reo haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al Señor Mario Alberto Chicas Medina, a cumplir la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena de prisión, a cumplir de manera simultánea con ésta, ello por disposición constitucional (Art. 41.2).- Quinto: Se impone al reo Mario Alberto Chicas Medina, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren interno cumpliendo la pena de prisión, en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos; Sexto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Mario Alberto Chicas Medina, civilmente responsables por las consecuencias resultantes del delito por el cual se le ha condenado.- La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Séptimo: Se declara la procedencia de la declaratoria de comiso y posterior destrucción de hierva suelta de marihuana, con un contenido total de 310,0 gramos, de los cuales se extrajo como muestra representativa 1,0 gramos para el análisis respectivo.- Octavo: No procede condenar al reo Mario Alberto Chicas Medina, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.- Noveno: Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó El Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-545-2017. RINA KORITZA SANDOVAL NAVASRECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL“ CERTIFICACION La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-545-2017, que literalmente dice: “ Sentencia En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, a los veinticuatro días del mes de julio del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Nelson Danilo Mairena Franco en su calidad de coordinador, Walter Raúl Miranda Sabio y Francisca Villela Zavala, por excusa justificada del Magistrado Mario Rolando Díaz Flores, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP 545-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha cuatro de agosto de dos mil diecisiete; dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa MDC, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Mario Alberto Chicas Medina, como autor del delito de Facilitación de Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras a la pena de siete años de reclusión. Segundo: Condenó al señor Mario Alberto Chicas Medina a la pena principal de multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00). Tercero: Condenó al señor Mario Alberto Chicas Medina, como consecuencia de las penas principales a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Mario Alberto Chicas Medina.- Quinto: Declaró el comiso de una bolsa plástica transparente que en su interior contiene una bolsa plástica de color azul y rojo, una mochila de color azul de marca Everest y una bolsa que contiene hierba seca marihuana, misma que se encuentra en poder del Ministerio Público y que éste deberá hacer llegar al Juzgado de Ejecución competente para la ejecución de esta pena.- Sexto: Declaró la responsabilidad civil del señor Mario Alberto Chicas Medina. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, la Abogada Krelim Nieto, actuando en su condición de defensora pública del acusado Mario Alberto Chicas Medina. Son partes en única instancia: El Abogado Arnaldo Alcides García Alvarado, defensor público, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El día martes doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), siendo aproximadamente las tres de la tarde (3:00 pm.), Agentes Policiales Antidrogas, efectuaban diligencias en la Aldea de Amarateca, en el lugar denominado Rio Frío, cuando observaron al señor MARIO ALBERTO CHICAS MEDINA, quien transitaba por dicho lugar con una mochila color azul en su espalda, mismo que al ver la presencia policial se puso nervioso por lo que fue requerido y al practicarle un registro personal se le encontró dentro de la mochila una bolsa plástica conteniendo hierba seca, la cual fue decomisada, dándole detención al señor Chicas. SEGUNDO: Una vez practicada la pericia a la hierba se concluyó que daba positivo a marihuana y que tenía un peso de 310 gramos, cantidad no compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato, por lo que el Ministerio Público presentó el requerimiento respectivo.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Krelim Nieto, actuando en su condición de defensora pública procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY MOTIVO UNICO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 22 de la ley de Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y sustancias Psicotrópicas. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: La norma sustantiva infringida es el articulo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Trafico Indebido de Drogas y Sustancias Psicotrópicas que establece: “Se impondrá la pena de seis (6) a nueve (9) años de reclusión y Multa de cincuenta mil lempiras (Lps.50,000.00) a cien mil lempiras (Lps.100,000.00), a quien intencionalmente facilite el local o los medios de transporte, aun a titulo gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos u otras drogas peligrosas ”. Articulo que ha aplicado incorrectamente el Tribunal de Sentencias de Tegucigalpa al no ajustarse la declaración de los hechos probados con el tipo penal que establece dicho artículo. SEGUNDO: El Tribunal en referencia declaro como probados los siguientes hechos: “PRIMERO: “El día martes doce (12) de abril del año dos mil dieciséis (2016), siendo aproximadamente las tres de la tarde (3:00 p.m.). Agentes policiales Antidrogas, efectuaban diligencias en la Aldea de Amarateca, en el lugar denominado Río Frío, cuando observaron al señor MARIO ALBERTO CHICAS MEDINA, quien transitaba por dicho lugar con una mochila color azul en su espalda, mismo que al ver la presencia policial se puso nervioso por lo que fue requerido y al practicársele un registro personal se le encontró dentro de la mochila una bolsa plática conteniendo hierba seca, la cual fue decomisada, dándole detención al señor Chicas. SEGUNDO: Una vez practicada la pericia a la hierba se concluyó que daba positivo a marihuana y que tenía un peso de 310 gramos, cantidad no compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato, por lo que el Ministerio Público presentó el requerimiento respectivo”. Al analizar el contenido de los dos hechos probados se observa que los mismos se refieren a un hecho donde nuestro representado no es un agente facilitador en vista que no quedo probado en ningún hecho la existencia de una persona a quien se le facilitara dicha droga decomisada, lo que es entendible en la práctica de la narcoactividad, véase que en tanto el agente no es a otro a quien se le facilita la actividad, sino a él mismo, entonces consideramos que en base a lo manifestado por el mismo en juicio oral y público la iba a utilizar para consumo personal no inmediato sino para varios días, en vista que en el presente caso al examen del factum podemos apreciar que no se hizo referencia a ningún destinatario de la droga encontrada en poder del imputado, solamente refiere que era transportada por una persona que transitaba por el lugar denominado Río Frío de la Aldea de Amarateca portando una mochila color azul en su espalda en la cual dentro de la misma se le encontró unas bolsa plástica conteniendo hierba seca, por lo que la ausencia de un destinatario, vacío no omitido por la jurisdicción sino delimitada por la información que brinda la prueba, hace imposible concluir que el accionar del imputado sea solamente de un facilitador, en vista que no se presenta en la declaración de hechos probados elemento alguno que permita arribar a esa conclusión. Somos del criterio que no fue suficiente el simple relato del Agente Policial Antidrogas CESAR EDUARDO LARACH, en vista que se pudo haber hecho más prueba contundente para así poder incriminar sin lugar a dudas a mi representado, derivándose del propio hecho posesión para consumo de droga, es decir que el destino final de dicha droga era para consumo personal (varios dias), considerando que el Ministerio Público en su acusación y con las pruebas evacuadas en juicio no pudo establecer que efectivamente nuestro representado el señor Mario Alberto Chicas Medina haya cometido el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Trafico Ilícito de Drogas, en vista que tal y como el mismo lo manifestó, siendo corroborado su dicho con la evaluación efectuada por la Doctora Melissa Alejandra Rivera Romero quedo acreditado cual era el destino final de la droga, en vista que la prueba de laboratorio del imputado dio positivo de canabinoides en orina y negativo en sangre, lo que indicaba que fue consumida; asimismo el Dictamen Químico Toxicológico ratificado en juicio por la Doctora Rosina morales entre otras cosas indico que no podía excluir si la droga era para consumo o no porque solo había recibido la droga sin ninguna otra documentación, además explico que el peso de un cigarrillo dependía del gusto de una persona, que llegaban desde el tamaño de un habano hasta algo mas pequeño de un cigarrillo normal, que no había un criterio para establecer el peso porque cada persona que lo consumía lo fabrica a su gusto. Cada persona consume lo que consume dentro de su patrón y que ella no evaluaba a la persona, por lo que no podía decir para cuanto tiempo estaba abastecida una persona ya que había un patrón mas personal de ingesta. Siendo así consideramos que la droga decomisada a nuestro representado no le pertenecía a una segunda o tercera persona, donde ni siquiera él se encontraba bajo ningún acuerdo con alguna otra persona. Somos del criterio que el Ministerio Público debió haber probado dicho extremo en el sentido del lugar o destino final o si se encontraba la intervención de una tercera persona en dicha acción. TERCERO: Por lo que del análisis hecho considero que en ningún momento el Tribunal debió llegar a la convicción de manifestar en la sentencia recurrida o que los condujera con la absoluta certeza de condenar a nuestro representado por facilitación de los medios de transporte para el Trafico Ilícito de Drogas en vista que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, facilitar es “hacer fácil o posible la ejecución de una cosa o la consecución de un fin. También puede entenderse como equivalente a “proporcionar o entregar” Consideramos que el caso sub judice corresponde a un consumo personal de nuestro representado de la droga incautada, en vista que la posición de uno de las peritos escuchado en juicio oral y publico como prueba del Ministerio Público en su peritaje y evaluación médica que la misma realizara, ella fue clara en su conclusión al establecer que efectivamente nuestro representado utilizaba droga por encontrarse presente la misma el síndrome metabólico, es decir que se encontró en la persona del imputado que había consumido droga, pero que no podía dar fe que dicha persona solo la hubiera consumido en el momento, en ese sentido el fallo no debió circunscribirse como verdad que el imputado haya cometido el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Trafico Ilícito de Drogas, lo anterior queda evidenciado con la declaración del testigo y prueba pericial de cargo antes indicada, por lo que de lo antes manifestado arribamos a lo que señala la experiencia común y la lógica, donde aplicando los principios que la rigen se ha podido arribar a la conclusión concreta de no tener la certeza después de analizar y valor en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, que mi defendido no sea el autor material del hecho que se le imputa, considerando que el fallo recurrido no esta dictado conforme a las exigencias del artículo citado debiendo declarar con lugar el recurso interpuesto y por ende solicito que se declare sin lugar la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Francisco Morazán. INTERPRETACION PRETENDIDA Que al no subsumirse en la declaración de los hechos probados lo dispuesto en la norma penal del articulo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Trafico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas por parte del tribunal de Sentencias de Tegucigalpa; en tal sentido se pretende que estos hechos probados al no ser constitutivos del delito de Facilitación de los Medios de transporte para el Trafico Ilícito de Droga como erróneamente se aplicó a nuestro representado Mario Alberto Chicas Medina, en consecuencia que se anule la sentencia dictada por dicho Tribunal de Sentencias.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública. Único motivo. • Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal • Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 22 de la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. • Concepto de la Infracción: Aplicación Indebida del tipo penal de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. • Pretensión: Absolver de toda responsabilidad al acusado. Denuncia la recurrente, que, al analizar el contenido del único hecho probado, observa que se describe un hecho donde su representado, no es un agente facilitador, al no quedar probado la existencia de una persona a quien se le facilitaría la droga decomisada, en tanto que la facilitación era para el mismo imputado. Considera el recurrente, que el imputado no la utilizaría para consumo personal inmediato, sino para consumirla en forma diferida para varios días, a razón, que su representado es consumidor de marihuana. Concluye la recurrente, en relación a lo anterior, que la droga decomisada a su representado, no le pertenecía a una segunda o tercera persona, ni de la existencia de acuerdo previo para su traslado. De la procedencia del recurso. El único motivo no es de recibo. Manda el artículo 360 del Código Procesal Penal, que el recurso de casación por infracción de ley debe erigirse a partir de los hechos que fueron fijados como probados; es así que el factum deberá ser considerado como una verdad histórica absoluta e incuestionable, a partir de lo cual se estudiará la aplicación del derecho sustantivo que debe gobernar; es decir, el ámbito propio de este recurso, queda limitado al control de juricidad, ósea, que lo único que en él se puede discutir, es si la subsunción que de los hechos que hubiese descrito el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado, es o no, correcta jurídicamente. Habiendo dejado clara la postura ante la interposición del presente recurso, se procede a darle respuesta. En el caso sometido al análisis de esta Sala de lo Penal, no le asiste la razón al recurrente, dado que los hechos probados de la sentencia recurrida, encajan de manera armónica con el tipo penal utilizado por el sentenciador, es decir, con el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas. Confrontando esta norma penal con los hechos probados, vemos claramente como aparecen los elementos objetivos y subjetivos, este tipo penal configura un delito de peligro abstracto, por cuanto basta se haya realizado la conducta prohibida en la norma para crear el desvalor o reproche de la acción, necesario para la antijuricidad, es decir, no requiere prueba alguna de lesión concreta al bien jurídico protegido. Este concepto de peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en la probabilidad de que un determinado bien jurídico pueda ser lesionado por un comportamiento realizado, aunque después esa lesión de hecho no se produzca. Para establecer si una acción realizada era peligrosa para un bien jurídico, es decir, si era probable que produjera su lesión, es preciso que el juzgador conozca la situación de hecho en que se realiza la acción que está enjuiciando (conocimiento ontológico) y sepa las leyes de la naturaleza y las reglas de la experiencia por las que se puede deducir que esa acción, realizada en esa forma y circunstancias, pueda producir generalmente la lesión de un bien jurídico (conocimiento nomológico). El elemento objetivo determinado por la acción del sujeto activo, lo constituyen el o los medios de transporte utilizados para trasladar droga de un lugar a otro. Por Medios de Transporte se entiende cualquier medio que permita trasladar de un lugar a otro una cantidad de droga, incluyendo dentro de la extensión de esta definición el cuerpo humano, ya sea que lleve la sustancia prohibida dentro del organismo o portándola dentro de una mochila o similares, cargando en una bolsa o en sus vestimentas; en el cuadro fáctico aparece en el apartado primero, cuando el sentenciador afirma que “…MARIO ALBERTO CHICAS MEDINA, quien transitaba por dicho lugar con una mochila color azul en su espalda, mismo que al ver la presencia policial se puso nervioso por lo que fue requerido y al practicarle un registro personal se le encontró dentro de la mochila una bolsa plástica conteniendo hierba seca, la cual fue decomisada, dándole detención al señor Chicas. SEGUNDO: Una vez practicada la pericia a la hierba se concluyó que daba positivo a marihuana y que tenía un peso de 310 gramos, cantidad no compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato". El elemento subjetivo por su parte, consiste en la posesión de la droga para la cual se facilita el medio de transporte que obedece a un fin determinado, el cual es intencionalmente trasladar la droga de un lugar a otro, facilitando el transporte para la misma, que en el presente caso, lo constituyó la mochila de color azul que llevaba en su espalda el acusado y por la disposición que en su interior contenía una bolsa plástica conteniendo hierba seca, que una vez practicada la pericia a la hierba, se concluyó que daba positivo a marihuana y que tenía un peso de 310 gramos, teniendo como ultima finalidad su distribución a terceros, si bien, el recurrente ha señalado que la cantidad de droga decomisada no era para trasladarla a terceros, ni para consumo inmediato, sino en forma diferida, es decir, para varios días, no es menos cierto, que la cantidad decomisada no es compatible con el consumo personal inmediato o diferido como lo refiere la recurrente, al ser de 310 gramos de marihuana, de ello se deduce, que la misma la transportaba a efecto de ser distribuida posteriormente. Es por lo expresado que es procedente declarar sin lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. DECISIÓN: • No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigor del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: • Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o • Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado/a, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado Mario Alberto Chicas Medina, que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Mario Alberto Chicas Medina, la pena principal de siete (07) años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L.50,000.00), como autor responsable penalmente de un delito de Facilitación de Medios de Transporte para para el Tráfico de Drogas, (previsto en el artículo 22 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas), en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, por la infracción penal cometida por el acusado Mario Alberto Chicas Medina, por el delito de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras (art.311), correspondería la imposición de las siguientes penas: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las llistas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/NarcoticDrugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_- PA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Conforme los hechos probados, el acusado realizaba un acto de posesión de marihuana para la facilitación de su consumo, sancionado con pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L.2,500,000.00, lo anterior, al considerarse la Marihuana una droga que no causa grave daño a la salud. Sin embargo, del mismo hecho probado se describe que tanto las circunstancias del hecho y personales del condenado, como el peso neto de la marihuana encontrada en posesión de Mario Alberto Chicas Medina al ser de 310 gramos, es posible deducir ser de menor gravedad; en consecuencia, al no concurrir agravantes contempladas en el artículo 312 de la misma norma penal, la pena abstracta para el delito de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, de acuerdo a la nueva legislación y en aplicación del artículo 69, deberá ser de 1 a 3 años de prisión y multa de 100 a 500 días, cuyo margen es de L. 2,000.00 a L. 2,500,000.00; LINK Word.Document.12 "/Users/josro/Downloads/EXP 143-2019 IL NHL 02 WRMS.docx" "OLE_LINK1" \a \r * MERGEFORMAT más las penas accesorias correspondientes. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, permiten determinar que la pena impuesta al acusado Mario Alberto Chicas Medina, conforme la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, al ser de 07 años de reclusión y multa de Cincuenta Mil Lempiras exactos (L. 50,000.00), es más gravosa de aquella abstracta contemplada el Código Penal 130-2017 para el mismo delito; Por tanto, en el caso particular es procedente la aplicación retroactiva del código penal 130-2017. Para efectos de la individualización de las penas, manda el artículo 70 NCP tener en consideración la existencia o ausencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y, en su defecto las circunstancias personales del condenado.- Sobre ello, en el acumulo judicial se encuentra constancia de antecedentes judiciales, emitida en fecha 05 de junio de 2017, en la cual se describe que Mario Alberto Chicas Medina fue condenado por un delito de la misma naturaleza el 13 de octubre de 2014 (F.95); resultando ser una circunstancia agravante de reincidencia, consignada en el artículo 32 numeral 9 del Código Penal 130-2017, sin identificarse circunstancias atenuantes. Por su parte esta Sala de lo Penal, en base a lo anterior, corresponde imponer al imputado la pena abstracta media hasta el límite máximo prevista en la codificación penal vigente: Penas principales de: i. prisión por 02 años; ii. multa de trescientos días equivalente a seis mil lempiras exactos (L.6,000.00). Penas a las que se le deben de unir las accesorias correspondientes y demás consecuencias penales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por la Abogada Krelim Nieto, actuando en su condición de defensora pública del acusado Mario Alberto Chicas Medina. Segundo: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas al acusado Mario Alberto Chicas Medina; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia impugnada en los siguientes términos: I: Que debemos condenar y condenamos al señor Mario Alberto Chicas Medina, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de la sentencia, como autor directo de un delito consumado de Tráfico de Drogas (marihuana) en su modalidad de transporte, en perjuicio de La Salud Pública, imponiéndole las penas principales de: i.- prisión por 02 años; y, ii.- Multa de 300 días equivalente a seis mil lempiras exactos (L.6,000.00). Tercero: Las penas principales deberán de ejecutarse siguiendo las siguientes reglas : a.- Del cómputo de la pena de prisión impuesta se deberá deducir el tiempo en que el reo haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- El lugar de cumplimiento de la pena de prisión deberá ser el centro penitenciario más próximo a su último domicilio, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Cuarto: Que debemos condenar y condenamos al Señor Mario Alberto Chicas Medina, a cumplir la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo de la pena de prisión, a cumplir de manera simultánea con ésta, ello por disposición constitucional (Art. 41.2).- Quinto: Se impone al reo Mario Alberto Chicas Medina, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentren interno cumpliendo la pena de prisión, en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad y sus respectivos reglamentos; Sexto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Mario Alberto Chicas Medina, civilmente responsables por las consecuencias resultantes del delito por el cual se le ha condenado.- La responsabilidad civil que deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Séptimo: Se declara la procedencia de la declaratoria de comiso y posterior destrucción de hierva suelta de marihuana, con un contenido total de 310,0 gramos, de los cuales se extrajo como muestra representativa 1,0 gramos para el análisis respectivo.- Octavo: No procede condenar al reo Mario Alberto Chicas Medina, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.- Noveno: Por efecto de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a sus normas, lo que incluye la resolución de cualquier solicitud de libertad condicional. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó El Magistrado Miranda Sabio. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco. Magistrado Coordinador. Mario Rolando Díaz Flores. Magistrado. Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado. Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora sala penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a cuatro días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro. Certificación de la Sentencia dictada el veinticuatro de julio de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-545-2017.

RINA KORITZA SANDOVAL NAVAS

RECEPTORA SALA PENAL.