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Sentencia CP-543-19 — Registro 19104

Resumen

En primer instancia se condena a los imputados por el delito de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa. Procede la aplicación retroactiva de la ley penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

". ..El motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva al escrito de impugnación presentado por los recurrentes y encuentra que han incurrido en una mala técnica recursiva en el momento de argumentar su recurso, pues no establecen la regla de la sana crítica que consideran violentada, no determinaron cuál es la valoración del a -quo que consideran errónea, no fueron capaces de señalar y desarrollar porqué esos razonamientos son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano, es decir cuál sería el silogismo judicial correcto señalando la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión correcta conforme a las reglas ya señaladas, sino que erróneamente enlistó los medios de prueba que se evacuaron en el juicio y procedió a valorarlos de manera subjetiva y exponiendo el valor probatorio que le otorgan a cada elemento de prueba. Es de tener presente que conforme a la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta, se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal, estos tres últimos requerimientos no fueron plasmas así por los censores; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-543-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-543-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Eduardo García Vásquez, como autor responsable de un delito de Encubrimiento Agravado por Animo de Lucro, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de seis años de reclusión, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo la persona condenada no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostente, ni podrá ejercer sus derechos políticos. SEGUNDO: Condenó a María Josefa Vásquez, como autora responsable de un delito de Encubrimiento Agravado por Animo de Lucro, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de seis años de reclusión, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo la persona condenada no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostente, ni podrá ejercer sus derechos políticos. TERCERO: Condenó a Fernando Varela Mendoza, como autor responsable de un delito de Encubrimiento Agravado por Animo de Lucro, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de seis años de reclusión, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo la persona condenada no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostente, ni podrá ejercer sus derechos políticos. CUARTO: Declaró civilmente responsable a Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza, por lo que su obligación civil consistirá en indemnizar al Estado de Honduras los eventuales perjuicios ocasionados mediante el delito por el cual se les condena. QUINTO: Declaró el comiso del vehículo Honda, modelo Accord, color negro, motor F23A112022590, chasis 1AGCG5654WA200716, VIN 1AGCG5654WA200716, placa PBL 6839 por haberse acreditado su utilización en la comisión del delito, salvo que pertenezca a tercera persona no participe en los hechos, por lo que ante esta eventualidad deberá acreditarse su legítima propiedad previo a su devolución. SEXTO: Absolvió a Eduardo García Vásquez, por el delito de Transporte de Munición de Uso Prohibido (art. 332 A Cod. Penal), en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado De Honduras. SEPTIMO: No procedió la condena en costas de Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza. Son partes en única instancia: Los abogados Walter Siriam Calidonio Castillo y José Conrado Laínez Reyes, en su condición de defensores privados de Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, en condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: A las tres de la tarde del martes veintiséis de julio del dos mil dieciséis, en la carretera del norte a inmediaciones del cementerio "Memorial" de Tegucigalpa, transitaba el camión marca Chevrolet placa AAA6304 color negro con su respectivo furgón blanco lleno de mercadería de la empresa distribuidora "Comercial Americana", momento en el cual tres sujetos que se conducían en un carro pick up negro interceptaron el camión, obligando con armas de fuego a bajarse a los ocupantes del camión y tomando posesión del camión en mención, siendo conducido hacia la zona sur del país, mientras unos de los autores de los anteriores hechos mantuvieron sometidos a los ocupantes del camión en un matorral aledaño al cementerio por un espacio de tiempo, siendo dejados en libertad por sus captores pasado un transcurso de tiempo bajo amenazas, lo que permitió al conductor del camión poner en aviso a la empresa que proporcionaba la seguridad y el monitoreo del gps del camión en mención para rastrear su localización y poner en conocimiento de la policía lo acontecido. SEGUNDO: Como consecuencia de la denuncia de los anteriores hechos y de la información de gps proporcionada a la policía, tanto la Policía Nacional Preventiva y miembros de ejercito que se encontraban en la zona sur montaron un operativo a inmediaciones de la entrada al puerto de San Lorenzo, departamento de Valle, observándose en horas de la noche y a escasos metros del operativo que el camión descrito en el acápite anterior se detuvo con las intermitentes, lo cual genero sospechas a los miembros del ejército por lo que procedieron a requerir a los dos ocupantes del camión, entre ellos FERNANDO VARELA MENDOZA (miembro activo de la Policía Nacional que iba de custodio en dicho camión), momento en el cual se acercó la señora MARIA JOSEFA VASQUEZ (miembro activo de la Policía Nacional al momento de los hechos) al lugar en donde se encontraba el camión detenido y después de identificarse como Policía Penitenciaria clase dos les pregunto a los militares el porqué del operativo y detención del camión ya que lo estaban custodiando ella, siendo detenida por los miembros de la policía al señalar uno de los ocupantes del camión que dicha mercadería era de la señora MARIA JOSEFA VASQUEZ pero el compañero de hogar y acompañante de María Josefa Vásquez (EDUARDO GARCIA VASQUEZ el cual era miembro activo de la Policía Nacional al momento de los hechos y se conducía en el vehículo marca Honda con placa PBL- 6839 el cual se había estacionado cerca del camión) señaló que el dueño de la carga era el conductor, siendo detenidos los tres imputados, encontrándose en el interior del vehículo marca Honda varios cartuchos de munición calibre 5.56 mm de exclusivo uso militar o policial.” RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes Abogados Walter Siriam Calidonio Castillo y José Conrado Laínez Reyes, en su condición de defensores privados de Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza, procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Dejo de considerar prueba de valor decisivo para nuestros representados, De lo anterior se desprende que el juzgador no valoro las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. SEGUNDO MOTIVO: si bien es cierto que el martes 26 de julio del 2016, varios individuos interceptaron un vehículo tipo camión marca Chevrolet, color negro y furgón color blanco y en la cual en su interior contenía mercadería de diferentes tipos propiedad de la Empresa Distribuidora Americana D. CASA. TERCERO MOTIVO: Dato Importante que de la mercadería que se encontraba en el Interior del Camión la misma fue recuperada en su totalidad, según manifiesto de administrador de la Empresa Distribuidora Americana D. CASA. CUARTO MOTIVO: Su señoría este Encubrimiento no sería agravado ni mucho menos con ánimo de lucro ya que ninguno de ellos se lucro del mismo en perjuicio de la Administración Publica.”. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. • Norma autorizante: artículo 362 del Código Procesal Penal; • Norma procesal que se denuncia infringida: 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: a. Que el sentenciador dejo de considerar como: 1. Prueba de valor decisivo para sus representados, de lo anterior se desprende que el juzgador no valoro las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica. b. Que, si bien es cierto que el martes 26 de julio del 2016, varios individuos interceptaron un vehículo tipo camión marca Chevrolet, color negro y furgón color blanco y en la cual en su interior contenía mercadería de diferentes tipos propiedad de la Empresa Distribuidora Americana d. casa. c. Que el dato importante que de la mercadería que se encontraba en el interior del camión la misma fue recuperada en su totalidad, según manifiesto de administrador de la Empresa Distribuidora Americana d. casa. d. Que su señoría este Encubrimiento no sería agravado ni mucho menos con ánimo de lucro ya que ninguno de ellos se lucro del mismo en perjuicio de la Administración Publica; • Reclamación ex-ante: Por haberse producido en vicio en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamo alguno; • Pretensión: Sin determinar por los recurrentes. Los recurrentes comienzan sus motivos exponiendo, que los medios de prueba no fueron suficientes para que el Tribunal arribara a la decisión de declarar la culpabilidad de sus representados, sin hacer un desarrollo de cada uno de los motivos, por lo que no se puede dar una respuesta, realizando así alegatos de instancia. Realizan su recurso anunciando cuatro motivos de casación, sin desarrollarlos, por lo que se dará respuesta como un único motivo. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime a los Recurrentes de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; los Recurrentes deben necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realizan los Recurrentes, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado: Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva al escrito de impugnación presentado por los recurrentes y encuentra que han incurrido en una mala técnica recursiva en el momento de argumentar su recurso, pues no establecen la regla de la sana crítica que consideran violentada, no determinaron cuál es la valoración del a -quo que consideran errónea, no fueron capaces de señalar y desarrollar porqué esos razonamientos son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano, es decir cuál sería el silogismo judicial correcto señalando la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión correcta conforme a las reglas ya señaladas, sino que erróneamente enlistó los medios de prueba que se evacuaron en el juicio y procedió a valorarlos de manera subjetiva y exponiendo el valor probatorio que le otorgan a cada elemento de prueba. Es de tener presente que conforme a la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta, se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal, estos tres últimos requerimientos no fueron plasmas así por los censores; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Decisión Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por los Abogados privados Walter Siriam Calidonio Castillo y José Conrado Laínez Reyes, en representación de Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; a. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y b. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el código penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el código penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados EDUARDO GARCÍA VÁSQUEZ, MARIA JOSEFA VÁSQUEZ y FERNANDO VARELA MENDOZA, una pena principal de reclusión de seis (06) años, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, asimismo no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostenten, ni podrá ejercer sus derechos políticos, por haber sido encontrado responsable del delito de Encubrimiento AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO, en perjuicio de la Administración pública. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a la persona responsable del delito de Encubrimiento (Art. 513), debe de imponerse una pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). En el presente caso los juzgadores establecieron que el delito que encubrieron los acusados fue un delito de Robo de Vehículo por Intimidación el cual conforme a la nueva legislación penal tiene una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, por tratarse de robo con intimación, (Art.361, 364, 4 párrafo) al haberse empleado armas para cometer los hechos. Debiendo de imponerse dicha pena de prisión rebajada en dos tercios (2/3) (art.513) resultando una nueva pena abstracta de un año (1) cuatro (4) meses a dos años (2) ocho (8) meses de prisión. (513 párrafo 3) En el caso los acusados, conforme a los hechos probados, realizaron la conducta siendo funcionarios públicos, resultando una nueva pena abstracta de dos años (2) ocho (8) meses de prisión e inhabilitación especial del cargo u oficio público por un periodo de dos (2) años. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta a los acusados conforme el Código Penal Decreto 144-83 al ser de dos años (2) ocho (8) meses de prisión, es menor a la pena concreta que le puede corresponder conforme las normas del código penal decreto 130-17; Por tanto corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por los Abogados Walter Siriam Calidonio Castillo y José Conrado Laínez Reyes, en su condición de Defensores Privados de Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza. - Segundo: Declara HA LUGAR la aplicación retroactiva del Código Penal bajo la reforma del Decreto 130-2017, por la conducta reprochada a los acusados Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza, por el delito de Encubrimiento Agravado, en perjuicio de La Administración Pública; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, en sus numerales Primero, Segundo y Tercero, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en los siguientes términos: 1: Que debemos condenar y condenamos al señor Eduardo García Vásquez, como autor responsable de un delito de Encubrimiento Agravado, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de dos años (2) ocho (8) meses de prisión, más inhabilitación especial del cargo por dos (2) años. 2: Que debemos condenar y condenamos a la señora Maria Josefa Vásquez, como autora responsable de un delito de Encubrimiento Agravado, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de dos años (2) ocho (8) meses de prisión, más inhabilitación especial del cargo por dos (2) años. 3: Que debemos condenar y condenamos al señor Fernando Varela Mendoza, como autor responsable de un delito de Encubrimiento Agravado, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de dos años (2) ocho (8) meses de prisión. Tercero: Se mantienen incólumes el resto de pronunciamientos de la parte resolutiva de la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintinueve de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-543-2019.Pia Cristina Mejia Nuñez. Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal“CERTIFICACION La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia recaída en el expediente del Recurso de Casación SP-543-2019, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil veinticuatro, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados, Nelson Danilo Mairena Franco, en su calidad de Coordinador, Mario Rolando Diaz Flores y Walter Raúl Miranda Sabio, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente SENTENCIA en el Recurso de Casación SP-543-2019 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a Eduardo García Vásquez, como autor responsable de un delito de Encubrimiento Agravado por Animo de Lucro, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de seis años de reclusión, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo la persona condenada no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostente, ni podrá ejercer sus derechos políticos. SEGUNDO: Condenó a María Josefa Vásquez, como autora responsable de un delito de Encubrimiento Agravado por Animo de Lucro, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de seis años de reclusión, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo la persona condenada no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostente, ni podrá ejercer sus derechos políticos. TERCERO: Condenó a Fernando Varela Mendoza, como autor responsable de un delito de Encubrimiento Agravado por Animo de Lucro, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de seis años de reclusión, junto con las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, por lo que durante dicho tiempo la persona condenada no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostente, ni podrá ejercer sus derechos políticos. CUARTO: Declaró civilmente responsable a Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza, por lo que su obligación civil consistirá en indemnizar al Estado de Honduras los eventuales perjuicios ocasionados mediante el delito por el cual se les condena. QUINTO: Declaró el comiso del vehículo Honda, modelo Accord, color negro, motor F23A112022590, chasis 1AGCG5654WA200716, VIN 1AGCG5654WA200716, placa PBL 6839 por haberse acreditado su utilización en la comisión del delito, salvo que pertenezca a tercera persona no participe en los hechos, por lo que ante esta eventualidad deberá acreditarse su legítima propiedad previo a su devolución. SEXTO: Absolvió a Eduardo García Vásquez, por el delito de Transporte de Munición de Uso Prohibido (art. 332 A Cod. Penal), en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado De Honduras. SEPTIMO: No procedió la condena en costas de Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza. Son partes en única instancia: Los abogados Walter Siriam Calidonio Castillo y José Conrado Laínez Reyes, en su condición de defensores privados de Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza, como parte recurrente y el abogado Salvador Cuestas Arévalo, en condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “PRIMERO: A las tres de la tarde del martes veintiséis de julio del dos mil dieciséis, en la carretera del norte a inmediaciones del cementerio "Memorial" de Tegucigalpa, transitaba el camión marca Chevrolet placa AAA6304 color negro con su respectivo furgón blanco lleno de mercadería de la empresa distribuidora "Comercial Americana", momento en el cual tres sujetos que se conducían en un carro pick up negro interceptaron el camión, obligando con armas de fuego a bajarse a los ocupantes del camión y tomando posesión del camión en mención, siendo conducido hacia la zona sur del país, mientras unos de los autores de los anteriores hechos mantuvieron sometidos a los ocupantes del camión en un matorral aledaño al cementerio por un espacio de tiempo, siendo dejados en libertad por sus captores pasado un transcurso de tiempo bajo amenazas, lo que permitió al conductor del camión poner en aviso a la empresa que proporcionaba la seguridad y el monitoreo del gps del camión en mención para rastrear su localización y poner en conocimiento de la policía lo acontecido. SEGUNDO: Como consecuencia de la denuncia de los anteriores hechos y de la información de gps proporcionada a la policía, tanto la Policía Nacional Preventiva y miembros de ejercito que se encontraban en la zona sur montaron un operativo a inmediaciones de la entrada al puerto de San Lorenzo, departamento de Valle, observándose en horas de la noche y a escasos metros del operativo que el camión descrito en el acápite anterior se detuvo con las intermitentes, lo cual genero sospechas a los miembros del ejército por lo que procedieron a requerir a los dos ocupantes del camión, entre ellos FERNANDO VARELA MENDOZA (miembro activo de la Policía Nacional que iba de custodio en dicho camión), momento en el cual se acercó la señora MARIA JOSEFA VASQUEZ (miembro activo de la Policía Nacional al momento de los hechos) al lugar en donde se encontraba el camión detenido y después de identificarse como Policía Penitenciaria clase dos les pregunto a los militares el porqué del operativo y detención del camión ya que lo estaban custodiando ella, siendo detenida por los miembros de la policía al señalar uno de los ocupantes del camión que dicha mercadería era de la señora MARIA JOSEFA VASQUEZ pero el compañero de hogar y acompañante de María Josefa Vásquez (EDUARDO GARCIA VASQUEZ el cual era miembro activo de la Policía Nacional al momento de los hechos y se conducía en el vehículo marca Honda con placa PBL- 6839 el cual se había estacionado cerca del camión) señaló que el dueño de la carga era el conductor, siendo detenidos los tres imputados, encontrándose en el interior del vehículo marca Honda varios cartuchos de munición calibre 5.56 mm de exclusivo uso militar o policial.” RECURSO DE CASACIÓN: Los recurrentes Abogados Walter Siriam Calidonio Castillo y José Conrado Laínez Reyes, en su condición de defensores privados de Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza, procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Dejo de considerar prueba de valor decisivo para nuestros representados, De lo anterior se desprende que el juzgador no valoro las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente Motivo de casación se encuentra comprendido en el párrafo primero del artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. SEGUNDO MOTIVO: si bien es cierto que el martes 26 de julio del 2016, varios individuos interceptaron un vehículo tipo camión marca Chevrolet, color negro y furgón color blanco y en la cual en su interior contenía mercadería de diferentes tipos propiedad de la Empresa Distribuidora Americana D. CASA. TERCERO MOTIVO: Dato Importante que de la mercadería que se encontraba en el Interior del Camión la misma fue recuperada en su totalidad, según manifiesto de administrador de la Empresa Distribuidora Americana D. CASA. CUARTO MOTIVO: Su señoría este Encubrimiento no sería agravado ni mucho menos con ánimo de lucro ya que ninguno de ellos se lucro del mismo en perjuicio de la Administración Publica.”. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. • Norma autorizante: artículo 362 del Código Procesal Penal; • Norma procesal que se denuncia infringida: 362 numeral 2 del Código Procesal Penal; • Concepto de la infracción: a. Que el sentenciador dejo de considerar como: 1. Prueba de valor decisivo para sus representados, de lo anterior se desprende que el juzgador no valoro las pruebas de acuerdo a las reglas de la sana crítica. b. Que, si bien es cierto que el martes 26 de julio del 2016, varios individuos interceptaron un vehículo tipo camión marca Chevrolet, color negro y furgón color blanco y en la cual en su interior contenía mercadería de diferentes tipos propiedad de la Empresa Distribuidora Americana d. casa. c. Que el dato importante que de la mercadería que se encontraba en el interior del camión la misma fue recuperada en su totalidad, según manifiesto de administrador de la Empresa Distribuidora Americana d. casa. d. Que su señoría este Encubrimiento no sería agravado ni mucho menos con ánimo de lucro ya que ninguno de ellos se lucro del mismo en perjuicio de la Administración Publica; • Reclamación ex-ante: Por haberse producido en vicio en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamo alguno; • Pretensión: Sin determinar por los recurrentes. Los recurrentes comienzan sus motivos exponiendo, que los medios de prueba no fueron suficientes para que el Tribunal arribara a la decisión de declarar la culpabilidad de sus representados, sin hacer un desarrollo de cada uno de los motivos, por lo que no se puede dar una respuesta, realizando así alegatos de instancia. Realizan su recurso anunciando cuatro motivos de casación, sin desarrollarlos, por lo que se dará respuesta como un único motivo. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime a los Recurrentes de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente este legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; los Recurrentes deben necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al Recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El Recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de Acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realizan los Recurrentes, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado: Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.) De la procedencia del recurso. El motivo no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha realizado una revisión exhaustiva al escrito de impugnación presentado por los recurrentes y encuentra que han incurrido en una mala técnica recursiva en el momento de argumentar su recurso, pues no establecen la regla de la sana crítica que consideran violentada, no determinaron cuál es la valoración del a -quo que consideran errónea, no fueron capaces de señalar y desarrollar porqué esos razonamientos son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano, es decir cuál sería el silogismo judicial correcto señalando la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión correcta conforme a las reglas ya señaladas, sino que erróneamente enlistó los medios de prueba que se evacuaron en el juicio y procedió a valorarlos de manera subjetiva y exponiendo el valor probatorio que le otorgan a cada elemento de prueba. Es de tener presente que conforme a la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta, se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal, estos tres últimos requerimientos no fueron plasmas así por los censores; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Decisión Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por los Abogados privados Walter Siriam Calidonio Castillo y José Conrado Laínez Reyes, en representación de Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; a. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y b. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos limites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Suplementario Señala el artículo 624 del del Código Penal 130-2017 que, en el trámite de un recurso contra una resolución definitiva, las partes podrán presentar un escrito suplementario a efecto de que el tribunal ad-quem lo tome en consideración al momento que corresponda hacer la ponderación de la norma penal más favorable entre el código penal vigente al momento del hecho (CP 144-83) y el código penal vigente al momento del juzgamiento (CP 130-2017). En el presente caso ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto, por lo que de oficio esta Sala de lo Penal procede a realizar el estudio. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los acusados EDUARDO GARCÍA VÁSQUEZ, MARIA JOSEFA VÁSQUEZ y FERNANDO VARELA MENDOZA, una pena principal de reclusión de seis (06) años, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de duración de la pena principal, asimismo no podrá ejercer todos los cargos, oficios y profesiones que ostenten, ni podrá ejercer sus derechos políticos, por haber sido encontrado responsable del delito de Encubrimiento AGRAVADO POR ANIMO DE LUCRO, en perjuicio de la Administración pública. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a la persona responsable del delito de Encubrimiento (Art. 513), debe de imponerse una pena de prisión que corresponda al delito encubierto rebajada en dos tercios (2/3). En el presente caso los juzgadores establecieron que el delito que encubrieron los acusados fue un delito de Robo de Vehículo por Intimidación el cual conforme a la nueva legislación penal tiene una pena abstracta de 4 a 8 años de prisión, por tratarse de robo con intimación, (Art.361, 364, 4 párrafo) al haberse empleado armas para cometer los hechos. Debiendo de imponerse dicha pena de prisión rebajada en dos tercios (2/3) (art.513) resultando una nueva pena abstracta de un año (1) cuatro (4) meses a dos años (2) ocho (8) meses de prisión. (513 párrafo 3) En el caso los acusados, conforme a los hechos probados, realizaron la conducta siendo funcionarios públicos, resultando una nueva pena abstracta de dos años (2) ocho (8) meses de prisión e inhabilitación especial del cargo u oficio público por un periodo de dos (2) años. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta a los acusados conforme el Código Penal Decreto 144-83 al ser de dos años (2) ocho (8) meses de prisión, es menor a la pena concreta que le puede corresponder conforme las normas del código penal decreto 130-17; Por tanto corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por los Abogados Walter Siriam Calidonio Castillo y José Conrado Laínez Reyes, en su condición de Defensores Privados de Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza. - Segundo: Declara HA LUGAR la aplicación retroactiva del Código Penal bajo la reforma del Decreto 130-2017, por la conducta reprochada a los acusados Eduardo García Vásquez, Maria Josefa Vásquez y Fernando Varela Mendoza, por el delito de Encubrimiento Agravado, en perjuicio de La Administración Pública; como consecuencia Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, en sus numerales Primero, Segundo y Tercero, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en los siguientes términos: 1: Que debemos condenar y condenamos al señor Eduardo García Vásquez, como autor responsable de un delito de Encubrimiento Agravado, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de dos años (2) ocho (8) meses de prisión, más inhabilitación especial del cargo por dos (2) años. 2: Que debemos condenar y condenamos a la señora Maria Josefa Vásquez, como autora responsable de un delito de Encubrimiento Agravado, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de dos años (2) ocho (8) meses de prisión, más inhabilitación especial del cargo por dos (2) años. 3: Que debemos condenar y condenamos al señor Fernando Varela Mendoza, como autor responsable de un delito de Encubrimiento Agravado, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de dos años (2) ocho (8) meses de prisión. Tercero: Se mantienen incólumes el resto de pronunciamientos de la parte resolutiva de la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado Díaz Flores. Notifíquese. - Firmas y Sello. Nelson Danilo Mairena Franco Magistrado Coordinador. Mario Rolando Diaz Flores Magistrado Walter Raúl Miranda Sabio. Magistrado Firma y Sello. Rina Koritza Sandoval Navas. – Receptora adscrita de la sala de lo penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintinueve de mayo de dos mil veinticinco. Certificación de la Sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, recaídos en el expediente de casación con número de ingreso SP-543-2019.

Pia Cristina Mejia Nuñez

receptora adscrita a sala de lo penal.”